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Pensionados del Isssspea exigen que sus pensiones sean calculadas en
Pensionados del Isssspea exigen que sus pensiones sean calculadas en salario mínimo
Gabriel Soriano
TexTo y foTo Se manifiestan jubilados y pensionados de la Secretaría de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado (Isssspea) frente al Congreso del Estado exigiendo que sea votada la iniciativa que reforma la ley del instituto y así puedan recibir pensiones calculadas con base en el salario mínimo.
Desde el 2018 se aprobó una reforma a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado (Isssspea) con la que se cambiaría el cálculo de pensiones con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Fue en septiembre del 2019 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el pago de pensiones debe de hacerse con salario mínimo ya que la UMA sólo fue creada con fines recaudatorios.
En febrero del presente año, la diputada presidente de la Comisión de los Servidores Públicos, Elsa Lucía Armendaríz Silva, había adelantado que se dictaminarían las iniciativas que proponen reformas a la Ley del Isssspea para así revertir la decisión tomada por la legislatura anterior.
Razón de ello, más de veinte extrabajadores del estado se manifestaron frente al congreso del estado con pancartas para exigir que sea discutida y votada en el pleno legislativo esta iniciativa y así puedan recibir sus pensiones completas.
Francisco Javier Arellano Ureña, uno de los manifestantes, señaló que han tenido constante contacto con la diputada priista quien les había informado que iba a subir esta iniciativa en esta sesión ordinaria, aunque finalmente no estaba presente en el orden del día.
También dijo que los jubilados cuentan con el apoyo del director del Isssspea, José de Jesús Ortiz Domínguez, quien les ha dicho que para que puedan volver a recibir sus pensiones con base en el salario mínimo es necesario que se reforme la ley que rige el instituto. Todos los más de 6 mil pensionados y jubilados del estado se están viendo afectados por esa cuestión.
“Queremos que todo pensionado y jubilado que dio su vida en el servicio público tenga una pensión digna. La mayoría de los pensionados pagamos rentas, servicios, hay quienes tienen a sus hijos estudiando, que tienen otro trabajo para sostener a sus familias”, comentó.
El inconforme dijo no pertenecer a alguna organización, puntualizó que, al no llegar a un acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios de Aguascalientes (Sutema), buscaron presionar a las autoridades por su cuenta.
Señalaron que los manifestantes hay quienes han promovido demandas para que se vuelvan a calcular sus pensiones en salarios mínimos.
El año pasado, los exmagistrados y exjueces ya habían promovido demandas contra el Isssspea para así aumentar la percepción de sus ingresos.
Ahora, en marzo la segunda sala de la SCJN, en donde reiteró que las pensiones para jubilados del Issste e IMSS deben de ser calculadas en UMA, pues de hacerlo contrario pondría en peligro el fondo de pensiones. Aunque esta resolución no aplica para pensiones estatales, los jubilados aguascalentenses temen que también se aplique esta medida en el estado.
Jubilados y pensionados del IMSS se manifestarán para exigir ahorros en Afores El 43% de las mujeres en cárceles federales cometieron delitos contra la salud
Claudia rodríGuez loera
Hoy se manifestarán en las puertas de Palacio de Gobierno jubilados y pensionados del IMSS para exigir se les devuelvan sus ahorros depositados en cuentas individuales de diversas Afores; señalan que el daño patrimonial es de 23 mil millones de pesos en detrimento de 80 mil trabajadores. El plantón se realizará a las 11:00 horas y de manera simultánea en todo el país.
La Unión Nacional de Comités IMSS y el Comité UNCIMSS Aguascalientes informaron que estas organizaciones se conformaron para resolver la problemática de los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, debido a la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de entregar los ahorros depositados en cuentas individuales con nombre y apellido, en la subcuenta de cesantía y vejez que administran las 10 afores a más de 80 mil trabajadores del IMSS que se jubilaron o pensionaron en el período de noviembre del año 2015 al mes de diciembre del año 2020; aseguran que el daño patrimonial familiar es de aproximadamente de 23 mil millones de pesos.
Explicaron que la subcuenta de cesantía y vejez fue implementada por el Sistema de Ahorro para el Retiro en 1997, a ésta cuenta se han depositado las contribuciones del patrón ante el IMSS que son el resultado de la fuerza de trabajo de todos y cada uno de los trabajadores, es por eso que se depositan a su nombre y para conformar a través de los años un ahorro que forma parte de su patrimonio familiar y que se entregó a los trabajadores durante los siguientes 18 años (período de 1998 al mes de octubre del año 2015); esto mediante un procedimiento de demanda laboral con el que fueron beneficiados cientos de miles de compañeros que recuperaron mediante ese procedimiento su patrimonio.
En noviembre del año 2008 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia que fue publicada el 1º de marzo del año 2009, que establece que los ahorros de la subcuenta de cesantía y vejez deben de ser entregados al gobierno federal y no a los jubilados y pensionados del IMSS, a pesar de esa publicación, durante los siguientes 7 años, las juntas especiales de Conciliación y Arbitraje federales continuaron laudando a favor de los jubilados y pensionados sin que la AFORE XXI BANORTE se amparara en contra de estos laudos. En el mes de noviembre del año 2015 se dio la indicación al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por parte del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, para que todas las juntas federales especiales laudaran en contra de los jubilados del IMSS aplicando la jurisprudencia 185/2008 e impidiendo que se continuara entregando los ahorros de dicha subcuenta a los jubilados y pensionados.
Durante el año 2019 y principios del año 2020 la Unión Nacional de Comités IMSS tuvo mesas de diálogo con diferentes instituciones, sin tener una solución favorable, todos los funcionarios informaron que los trabajadores no tienen derecho a esos recursos, por lo que ahora las preguntas son: ¿por qué los ahorros de cesantía y vejez sí se entregaron durante 18 años a cientos de miles de compañeros jubilados y pensionados del IMSS?, ¿por qué no se aplicó la jurisprudencia en el período del 2009 al 2015?
Por todo lo anterior los trabajadores solicitarán la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que establezca un puente de comunicación entre la Secretaria de Hacienda y crédito Público y una comisión de la organización con la finalidad de buscar alternativas de solución a su demanda, “los ahorros de la subcuenta de cesantía y vejez no son presupuesto federal, son nuestro patrimonio familiar”, señalan. Actualmente son 31 grupos los que conforman la Unión Nacional de Comités IMSS. El principal motivo en México para el que las mujeres, en el ámbito federal, son privadas de su libertad es por delitos contra la salud en un 43%, informó Isabel Erreguerena de la organización civil EQUIS Justicia para las Mujeres, la mayoría de ellas por posesión de drogas con fines comerciales, las mal llamadas “mulas”, quienes además se encuentran hasta abajo de la pirámide delincuencial y cuyos perfiles, supuestamente, estaban considerados en la Ley de Amnistía,
“La mayoría de ellas son cuidadoras, primodelicuentes, es decir que antes no había cometido ningún delito, cometen el delito sin violencia y son principalmente cuidadoras”, detalló la activista.
Consideró que la Ley de Amnistía justo buscaba reconocer a estas mujeres, ya que cuando comenzó en el país la guerra contra las drogas, las personas que han sido más sancionadas son ellas, así como a las indígenas y discapacitadas, al ser las más criminalizadas y de las quienes existen muchas demandas para acogerse a la Ley de Amnistía, al cumplir con el perfil que señala esta legislación, por ser los eslabones más bajos de la cadena delincuencial y de los más frágiles al momento de un operativo policiaco.
“La Ley de Amnistía no está sacando a personas de la prisión y los números evidencian que sí funciona para ingresar a más personas a las cárceles, incluyendo a las mujeres, mientras que los mecanismos con están funcionando, a lo que se suma el cierre de los poderes judiciales por la pandemia”, expuso.
Además, señaló que es necesario sumar otro elemento: la criminalización de las personas usuarias de drogas, pues es evidente el discurso social de criminalizar sin considerar el tipo de uso ni de sustancia, contrario a lo previsto en la ley.
“Son de los grupos más marginados y vulnerados, y al no haber un mecanismo para la implementación de la Ley de Amnistía, urge que se transparente, se le asignen recursos y sepamos cómo están funcionando; además saber cómo funciona el Poder Judicial para que se vuelva operante, pues es posible que en un año, en medio de la emergencia sanitaria con personas en prisión, en especial vulnerabilidad que hace imposible la sana distancia, y debido a las condiciones de insalubridad, esta ley sólo haya liberado a cinco personas”, señaló la activista. Consideró urgente que se den de inmediato cambios estructurales en la implementación de la Ley de Amnistía y que no se quede como una legislación de papel.
Norma Don Juan Pérez Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) consideró que esta situación es un ejemplo más de cómo el Estado mexicano le está fallando a las mujeres, pues si bien no esperan de la 4T una varita mágica, la expectativa era que al menos se viera materializada la voluntad política, y que las personas encargadas de implementar la ley se rijan bajo principios de derechos humanos, de género y multiculturalidad; funcionarios con sensibilidad y compromiso, con quienes sea posible la interlocución y el diálogo.
