Si tienen duda razonable, deben exonerar a García Luna: Brian Cogan al jurado

/ J. JeSúS eSquivel

“Ustedes son los jueces y sin temor deben emitir una decisión”, instruyó el juez Brian Cogan a los integrantes del jurado del juicio por narcotráfico en contra de Genaro García Luna, cuyo veredicto podría conocerse este viernes 17 de febrero. “Los miembros del jurado quieren sesionar el viernes 17 de febrero porque no quieren venir el martes (21 de febrero)”, informó el juez Cogan a la parte acusadora y defensora, dando una pista de que posiblemente este viernes 17 de febrero se declarará culpable o no culpable al acusado.

Tras concluir las audiencias con la presentación de testigos y pruebas de cargo, Cogan inició la sesión número 14 del juicio instruyendo al jurado sobre los estatutos de la ley federal con respecto a los cargos al acusado. “Si por alguna razón tienen duda razonable de lo que aquí han observado y escuchado” deben exonerar al señor García Luna, explicó Cogan a las siete mujeres y cinco hombres que integran al jurado en el proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York.

“Ahora, si el gobierno estadounidense, aunque no presentara pruebas de cargo en contra del acusado, pero para ustedes es suficiente el testimonio de los testigos, lo deben declarar culpable”, matizó, Cogan exhortando al jurado a utilizar el sentido común para emitir un “fallo imparcial”.

Luego de casi tres horas de instrucción y detallar uno a uno los cinco delitos que el gobierno de Estados Unidos le achaca a García Luna, y lo que implica ser declarado responsable de cometer las imputaciones, el jurado comenzó a deliberar.

No existe jurídica ni legalmente en Estados Unidos un plazo para que los integrantes de un jurado calificador en juicio federal emitan su veredicto que debe ser unánime; en este proceso, las siete mujeres y cinco hombres podrían incluso pasar meses deliberando hasta llegar a un acuerdo. “Desechen prejuicios, la presunción de inocencia del acusado es suficiente para exonerarlo, a menos que ustedes consideren que el gobierno presentó, sin duda razonable, las evidencias para declararlo culpable”, subrayó Cogan a los integrantes del jurado.

A García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, el gobierno de Estados Unidos le imputa cuatro delitos de conspiración internacional con el Cártel de Sinaloa para trasegar drogas, y uno más: mentirle a un agente federal migratorio.

Si no hay unanimidad en la decisión del jurado, el juicio se considerará descartado, pero García Luna no podría quedar en libertad, ya que el Departamento de Justicia inmediatamente pediría su detención para reiniciar la imputación de cargos bajo otro proceso judicial.

Si el jurado por unanimidad lo considera no culpable, García Luna quedaría inmediatamente en libertad y el gobierno estadounidense podría restablecerle su estatus de residencia legal y rehabilitarle su solicitud de ciudadanía por naturalización.

Ahora, si el jurado lo marca como culpable de cualquiera de los delitos, especialmente de los cuatro de narcotráfico, García Luna podría recibir una sentencia de cadena perpetua como pena máxima, o de 20 años en prisión como castigo mínimo, para luego ser extraditado a México, en donde le achacan varios delitos sobre delincuencia organizada.

“La responsabilidad del gobierno es siempre la demostración sin duda razonable de la culpabilidad del señor García Luna”, añadió Cogan al jurado, que en la sesión del jueves 16 de febrero solicitaron al juez algunas aclaraciones sobre las audiencias del juicio.

Entre las peticiones del jurado estuvo la de pedir los argumentos de apertura y cierre del Departamento de Justicia y de la defensa legal de García Luna, no obstante, Cogan se las negó tras explicarles que jurídicamente su pedido no es considerado como causa probatoria.

Expertos de la ONU pidieron al gobierno del presidente Andrés Manuel López

Obrador información detallada sobre los asesinatos de periodistas en 2022 así como ofrecer explicaciones sobre el descrédito a periodistas en el marco de las conferencias matutinas, a lo que la 4T respondió a medias.

En una carta enviada el 17 de octubre de 2022 por Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, urgen al gobierno a contestar de manera detallada y exhaustiva a sus preguntas sobre los asesinatos a periodistas en el contexto de violencia que se vive en el país.

“Quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de su Excelencia la información que hemos recibido en relación con los asesinatos de numerosos periodistas que podrían estar relacionados con su actividad periodística desde el principio del año vigente”, cita el documento al que tuvo acceso Proceso

“Estos asesinatos se enmarcan en un contexto sumamente preocupante para los periodistas en México. Durante el año 2021, se registraron al menos ocho asesinatos y dos desapariciones de periodistas que pudieron derivar o estar relacionados con la actividad periodística y las condiciones en las que la ejercen”, observa.