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Jueves 23 de abril de 2015
México. Y papeles, cajas de papeles y objetos que fueron tantos, incluso, que difieren de acta policial en acta. Todo lo que la empresa de las drogas necesita –recibo y producción, transporte y defensa de rutas– estaba contenido en esa bodega. Hándal Saybe fue encontrado culpable en noviembre de 2014 y aún está en espera de su pena.
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Un investigador antilavado de dinero de Honduras declaró en el proceso judicial contra Banegas Ciles y Hándal Saybe que todo comenzó cuando el colombiano Gino Brunetti fue arrestado en México en 2001, y posteriormente enviado a Estados Unidos por narcotráfico. El colombiano buscó en ese momento reducir su sentencia a cambio de volverse soplón contra varios carteles del narco de México. Según la apelación 376 F.3d 93, de la Corte de Apelaciones del segundo circuito del Distrito Sur de Nueva York, Brunetti involucró a varias personas en el negocio de las drogas, a pesar de que nunca se le ofreció un trato claro de reducción de pena. Entonces salió a relucir el cartel de los Nava Valencia. La estructura, denominada también como el cartel del Milenio, era considerada en México como cooperante del cartel de Sinaloa en los estados de Michoacán, Jalisco y Nayarit, y queteníaentresussociosa Ignacio“Nacho”Coronel y a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “el Chapo”, el narco más famoso de México, detenido en Mazatlán (Sinaloa) el 22 de febrero de 2014 por la Marina mexicana. Los investigadores antilavado de Honduras habían logrado comprobar –y así lo declararon en la audiencia contra Hándal Saybe– que Juan Carlos Nava Valencia, alias “el Tigre”,era lacabeza delcartel delMileniopara elaño 2010,después del arresto de su hermano Óscar Orlando Nava Valencia, alias “el Lobo”, y que había ingresado a Honduras con su nombre propio en 2005, según registros de inmigración. Dos fotos que constan en el expediente certifican tal declaración. “El Tigre” encontró buen nicho en Honduras. Adquirió documentosfalsos comohondureño. Sunuevo nombre,na-
cido en el departamento de Cortés, fue Marco Antonio Ortiz Morales, con número de identidad 0506197201121, de oficio comerciante al por menor. Otro nombre que se agregaba a sus otras tres identidades falsas: Francisco Javier Orozco Villaseñor, Víctor Hugo Nava López y Víctor Hugo Valencia. Nava Valencia se sentía tan cómodo en Honduras que, desde 2004, había fundado una empresa bajo número #45 del tomo 372 del Registro de la Propiedad Mercantil de San Pedro Sula, según el instrumento #2374, con el mismo notario que había certificado documentos para Hándal Saybe. La empresa se llamó Empresas Gastronómicas de Honduras, S. de R. L. y fue inscrita el 7 de julio de 2004 por el empresario Carlos Alberto Yacamán Meza y por Nava, a través de un poder. Las pesquisas de un caso paralelo, por lavado de dinero, demostraron que Hándal Saybe tenía firma autorizada en una cuenta bancaria a nombre de esta empresa. A esta estructura fueron a parar 14 lanzacohetes Law del Ejército salvadoreño. Son, precisamente, los 13 con número de lote RAN-87B001-013 y uno más con lote RAN-85F-001-006 que estaban inventariados en el Destacamento 3 (DM-3) del departamento de San Miguel. Documentos oficiales en juzgados de San Pedro Sula y oficios en juicios contra militares salvadoreños en La Paz, alguno de ellos confidenciales, a los que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso, certifican la procedencia de los lanzacohetes. Para hacerse una idea de la potencia de este tipo de armamento basta leer el informe técnico que la 105 Brigada de Infantería de Honduras envió al MP el 22 de marzo de 2011, como parte del análisis del arsenal incautado en Río Bermejo: “Rocket HE 66 milímetros, antitanque M72 A3, de fabricación estadounidense. Este tipo de munición puede penetrar hasta un pie (30.4 centímetros) de placa de acero, 2 pies (60.8 centímetros) de concreto reforzado y 6 pies (1.8 metros) de suelo. Alcance efectivo máximo: blanco inmóvil, 200 metros. Blanco móvil, 165 metros”. Un mes y 10 días después de los allanamientos de Río Bermejo hubo otro hallazgo, sin investigación previa de por me-
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dio, aproximadamente a 400 kilómetros de San Pedro Sula. En Tapalhuaca, departamento de La Paz, en la hacienda El Ángel, militares encontraron bolsas y cajas con granadas industriales de mano M-67: 1,812 granadas para ser precisos. El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de El Salvador identificó a siete militares como responsables y los arrestó. Las capturas, sin embargo, no fueron hechas públicas hasta un mes después. El 30 de junio de 2011, un informe de carácter “confidencial”, como la mayoría de documentos que pertenecen al Ministerio de Defensa Nacional, reseñaba: “En fecha 17 de marzo de 2011 la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de Honduras allanó un local en San Pedro Sula, donde se decomisó abundante armamento y material de guerra, incluyendo 39 cohetes Law, con número de lote RAN-87-B001-013 y RAN-85-F001-006, ambos cohetes Law inventariados en el depósito número 3 (DM-3) bajo la custodia de la Fuerza Armada de El Salvador bajo el mando del capitán José Mario Mejía Rivera”. El documento tiene número de oficio 0533, dependencia CII/SRIA, clasificación Confidencial, código C4A-102 y no era público. Hasta ahora. Lo único conocido de ese proceso era lo que el entonces ministro de Defensa, David Munguía Payés, dijo en mayo de 2011, cuando aseguró que se detectó “una célula”de militares que estaban “intentando traficar granadas” con el cartel de Los Zetas, en Guatemala. Fue enérgico y dijo que se les aplicaría la legislación militar. El caso fue desmoronándose, poco a poco, en etapas consecutivas: el Juzgado de Primera Instancia Militar, el único que aplica el Código de Justicia Militar, pero bajo jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los absolvió a todos; y posteriormente fueron condenados a penas mínimas en dos juicios distintos en instancias penales comunes, ya que el primer juicio fue anulado. La acusación penal común inició en 2012 y, desde entonces, el caso tuvo “reserva total”a solicitud de la Fiscalía General de laRepública (FGR).Una sentenciarelacionada conel caso,no obstante, ilustra una cantidad de evidencias, datos e involucrados que se desconocieron públicamente.