Los operadores del servicio de telefonía móvil en El Salvador, ante los señalamientos de ciertos funcionarios públicos, queremos aclarar e informar a la opinión pública y a todos nuestros usuarios lo siguiente:
San Salvador, El Salvador, 30 de septiembre de 2015 - En las últimas semanas, ciertos representantes del gobierno salvadoreño han vertido algunos señalamientos en contra de los operadores de telefonía móvil en El Salvador, entre los cuales expresan la falta de voluntad de nuestras empresas a colaborar con el gobierno en diferentes temas, tales como: una reducción en las tarifas de nuestros servicios; la oposición al contenido del proyecto de Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia; y el incumplimiento a la Ley Especial contra el Delito de Extorsión. Al respecto, los operadores Telefónica, Tigo, Claro y Digicel aclaramos: 1. Que los operadores no hemos desaprobado ni aprobado las tarifas propuestas. 2. Señalamos que el proceso de aprobación de cargos y tarifas máximas no penden de la voluntad o conformidad de las empresas, sino del proceso definido en la normativa creada al efecto. 3. Ahora bien, sobre el proceso antes mencionado, reiteramos a las autoridades nuestra inconformidad acerca del procedimiento que está llevando a cabo la Gerencia de Telecomunicaciones de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Esta inconformidad ha sido comunicada a la Junta de Directores de la SIGET de forma transparente y oportuna, a través de los canales que legalmente han sido habilitados al efecto. 4. Que de conformidad con la Ley de Telecomunicaciones, la SIGET debe aprobar el pliego de cargos y tarifas máximas el día 1 de octubre de cada año. En consecuencia, a la fecha no hemos sido notificados de la decisión de la SIGET de aprobar la tan mencionada reducción de cargos y tarifas. Al igual que el resto de los salvadoreños conocemos que existe una propuesta, misma que ha sido difundida por algunos funcionarios del gobierno a través de las redes sociales y otros medios. 5. Todas las actuaciones que los operadores hemos realizado, con motivo de, o en relación con el proceso de costeo que desarrolla SIGET, han sido requeridas, y en su caso, expresamente avaladas por esa Institución. De igual forma, aclaramos, que toda la información que hemos entregado a SIGET para el desarrollo del proceso de costeo, ha sido con base a los criterios técnicos que la Gerencia de Telecomunicaciones de SIGET definió puntualmente, en apego a la normativa vigente.
6. En este sentido, el realizar un pronunciamiento de industria, sobre las omisiones en que ha incurrido la Gerencia de Telecomunicaciones para la ejecución del proceso de costeo, bajo ningún supuesto constituye o representa una práctica oligopólica. 7. Además, en cuanto a las supuestas prácticas “oligopólicas” que se presentan en el mercado salvadoreño aclaramos que, tanto la Superintendencia de Competencia y organismos internacionales, han destacado el elevado nivel de competencia que existe en nuestro mercado, lo cual se ve reflejado en atractivas ofertas para los usuarios y un constante nivel de inversión en infraestructura. 8. Ante los señalamientos sobre la falta de voluntad en cumplir con la obligación de bloquear la señal de telefonía celular en los centros penales, manifestamos que los operadores hemos colaborado ampliamente dentro de los parámetros de factibilidad técnica, realizando ajustes en la medida en que ha sido requerido por las autoridades de gobierno. Asimismo, hemos expresado a las autoridades de gobierno, que el tema de la señal no es la solución definitiva sino que forma parte de un trabajo integral en el que además, necesita hacer buen uso de los bloqueadores de señal que ya existen dentro de los centros penales e intensificar el control de la entrada de los dispositivos a estos centros. 9. Sobre la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia manifestamos que no sólo golpeará a todos los salvadoreños, y muy especialmente a los menos favorecidos, sino que este tipo de impuestos constriñe el desarrollo del sector de las telecomunicaciones e impiden mayores inversiones en nuevas tecnologías y en servicios de última generación. 10. Finalmente, deseamos expresar que lamentamos que la industria de telecomunicaciones sea señalada y atacada con este tipo de pronunciamientos públicos que lesionan nuestra imagen ante la opinión pública a pesar de ser uno de los gremios que más invierte en el país y contribuye al desarrollo económico y social de este a través de la tecnología, la generación de empleos, impuestos, inversión, proyectos de responsabilidad corporativa, entre otros.
Reiteramos nuestra disposición a continuar trabajando en consenso con el gobierno salvadoreño en la creación de un mejor país, con servicios de telecomunicaciones modernos y a precios asequibles, en el que se garantice la seguridad jurídica, la institucionalidad y el respeto a la integridad privada que debe existir en todo sistema democrático.