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Lunes 28 de febrero de 2011

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! " # " $ Carlos Miranda y cinco personas mĂĄs enfrentarĂĄn a partir de hoy un nuevo juicio. Esta vez acusados de secuestro agravado en contra de la menor Katya Miranda, asesinada en 1999. Mauricio BolaĂąos/ Estela HenrĂ­quez

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l Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca se prepara para instalar este dĂ­a la vista pĂşblica contra Carlos Miranda y cinco personas mĂĄs, acusados del delito de secuestro agravado en contra de Katya Miranda, hecho que sucediĂł en abril de 1999. El secretario del Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca explicĂł que el proceso consta de 40 piezas, conteniendo cada una 200 folios. Las partes, FiscalĂ­a y defensa, han ofrecido mĂĄs de medio centenar de testigos, tanto de cargo como de descargo, para que acudan al tribunal a rendir su declaraciĂłn. Empero, en el tribunal no se pudo establecer si se trata de los testigos que fueron dejados fuera del proceso por el Juzgado de InstrucciĂłn. Con estas acciones sobre la mesa y las que puedan generarse en el proceso del juicio, se prevĂŠ que se constituya en el juicio mĂĄs largo en la historia jurĂ­dica del paĂ­s. En el tribunal de sentencia ya hay quienes estiman que por lo voluminoso del proceso y el desfile de pruebas, mĂĄs las intervenciones de las partes, se asegura dure por lo menos tres semanas. En el tribunal, tres jueces de Sentencia tendrĂĄn bajo su responsabilidad la aplicaciĂłn de justicia. Dos de ellos en calidad de suplentes, luego que la CĂĄmara de la Tercera SecciĂłn del Centro de San Vicente aceptara la solicitud de recusaciĂłn presentada por la FiscalĂ­a General de la RepĂşblica. El ministerio pĂşblico presentĂł esta solicitud para el juez presidente de dicho tribunal, Rafael

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Delcid Castro, y su auxiliar, AnĂ­bal Alfaro Ojeda. El primero por haber sido compaĂąero de estudios universitarios con el acusado Carlos Miranda y el segundo por tener amistad con el apoderado de la familia JimĂŠnez. Los dos profesionales del derecho aceptaron la recusaciĂłn de la FGR para que, segĂşn ellos, el proceso sea llevado en “total transparenciaâ€?. En sustituciĂłn de ambos jueces, la CĂĄmara asignĂł a los suplentes durante el juicio, pero por razones de seguridad no dieron a conocer

sus nombres. ! La muerte y violación de la niùa Katya Miranda ocurrió el 4 de abril de 1999, en un rancho de la playa Los Blancos, jurisdicción de San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz. Los acusados –ademås del abogado y el abuelo de la niùa, Carlos Miranda– son Luis Alonso López, Juan Francisco Ramos Rosales, Alejandro Caùenguez, Santos Ricardo Soriano Martínez y Nicolås Martínez Roque. Todos ellos en-

frentaron en 2000 un proceso por el delito de homicidio agravado en la menor, caso que llegĂł hasta la fase de la audiencia preliminar, realizada en el Juzgado de InstrucciĂłn de San Luis Talpa. La jueza Ana MarĂ­a GuzmĂĄn Morales dictĂł sobreseimiento definitivo a favor de los imputados por falta de pruebas contundentes de parte de la representaciĂłn fiscal, y porque el ministerio pĂşblico no logrĂł individualizar la participaciĂłn de cada uno de ellos en el hecho. El 21 de marzo de 2009, a solo 15 dĂ­as que expirara el plazo de 10

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WWW.LAPRENSAGRAFICA.COM SĂĄbado 5 de marzo de 2011

NaciĂłn : Judicial

ContinĂşan declarando en el caso Katya M. Suchit ChĂĄvez

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Los atacantes lesionaron tambiĂŠn a otra persona, quien fue llevada por particulares a un hospital. En enero ocurriĂł un hecho similar en otro cantĂłn del mismo municipio. Mauricio BolaĂąos departamentos@laprensa.com.sv

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res agricultores fueron asesinados ayer a eso de las 7:30 de la noche por dos sujetos desconocidos en el caserĂ­o El Pital, cantĂłn La Longaniza, jurisdicciĂłn de San Juan Nonualco, en La Paz; una cuarta vĂ­ctima resultĂł con diversas lesiones producto del ataque con arma de fuego. Los fallecidos fueron identificados como Mario Alberto Quinteros Pacheco, JosĂŠ Alexander BernabĂŠ, ambos de 17 aĂąos, y JosĂŠ Luis Merino LĂłpez, de 31 aĂąos. La persona lesionada de bala, identificada como Marvin Alexander Cruz, fue trasladada al Hospital Santa Teresa, de Zacatecoluca. SegĂşn las investigaciones preliminares realizadas por elementos de la PolicĂ­a Nacional Civil (PNC), los agricultores se encontraban departiendo con bebidas embriagantes sobre la calle principal del caserĂ­o cuando de forma sorpresiva aparecieron dos sujetos. Estos pasaron a pie frente al grupo y dispararon sin mediar palabras, falleciendo al instante tres de las vĂ­ctimas y siendo asistido

Cuatro testigos mĂĄs abonaron ayer con sus declaraciones al juicio que el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca lleva a cabo contra seis imputados en el caso de Katya Miranda. SegĂşn los involucrados, las declaraciones sirvieron para establecer ubicaciĂłn del lote y de las personas que el 3 de abril de 1999 departĂ­an, un dĂ­a antes de que la menor apareciĂł asesinada en la playa Los Blancos, La Paz. Un ex miembro del Instituto de Derechos Humanos de la UCA declarĂł que fue a travĂŠs de esta instituciĂłn que el testigo principal –“Camilaâ€?– estableciĂł contacto con la FiscalĂ­a, y es el Ăşnico que ha relatado sobre un plan del abuelo de la menor, Carlos Miranda, para secuestrarla e implicar a Doroteo Maradiaga.

Denuncian a juez por violencia intrafamiliar Suchit ChĂĄvez judicial@laprensa.com.sv

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Cruz por particulares. La PNC montĂł un operativo de bĂşsqueda en la zona para dar con los presuntos culpables, pero al cierre de esta nota los resultados eran negativos. Las vĂ­ctimas no presentaban en su cuerpo seĂąal alguna que indicara su pertenencia a algĂşn grupo pandilleril, ademĂĄs que en esta zona especĂ­fica no es comĂşn escuchar de homicidios.

El lugar donde ocurriĂł la masacre no cuenta con alumbrado elĂŠctrico, aunque en el caserĂ­o sĂ­ hay servicio de energĂ­a. Este hecho ocurre a casi dos meses de que en el cantĂłn vecino, El Golfo, dos jĂłvenes murieron y otros tres fueron lesionados en un ataque ocurrido en horas de la noche. En este caso, cuatro hombres se coordinaron para atacar a varias

personas que volvĂ­an a sus viviendas despuĂŠs de haber compartido una cena de despedida con una vecina que regresaba a Italia, tras pasar en el paĂ­s el fin de aĂąo. Las vĂ­ctimas mortales fueron en esa ocasiĂłn RenĂŠ Ernesto Cruz y RenĂŠ Orlando Portillo LĂłpez. TambiĂŠn resultaron lesionados Jenny Araceli MarroquĂ­n de Ventura, Manuel de JesĂşs MancĂ­a Cruz y JosĂŠ JesĂşs PĂŠrez Rivas.

El juez de InstrucciĂłn de Mejicanos (San Salvador), Gilberto RodrĂ­guez Melara, fue denunciado el jueves en la noche por su esposa en la FiscalĂ­a General de la RepĂşblica (FGR) por el delito de lesiones que habrĂ­an sido producidas durante una discusiĂłn de pareja. SegĂşn fuentes judiciales, la denuncia detalla que la esposa del juzgador llegĂł el 2 de marzo, aproximadamente a las 10 de la noche, a su hogar debido a una reuniĂłn de trabajo. En la casa encontrĂł a RodrĂ­guez Melara supuestamente con los ĂĄnimos violentos. La denuncia detalla que el juez Melara empezĂł a reclamarle por problemas personales, y que la incriminĂł debido a que en su perfil de una red social en internet habĂ­a cosas que lo hacĂ­an pensar que ella le era infiel. Tras discutir, el juez la habrĂ­a agarrado del cuello y abofeteado varias veces.


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Jueves 17 de marzo de 2011

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“DespuĂŠs de tanto tiempo se ha logrado justicia esta noche, toda esta espera no fue en vano.â€?

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“A pesar de los seĂąalamientos (de los jueces), la investigaciĂłn sobre este delito de secuestro ha sido irreprochable.â€? "#$ %& '$( )*(+,'&( %&' +,($

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El abuelo de la menor asesinada en 1999 recibiĂł 13 aĂąos y cuatro meses de cĂĄrcel. Los otros cinco imputados fueron condenados a ocho aĂąos y 10 meses de prisiĂłn. Fernando Romero/ Suchit ChĂĄvez judicial@laprensa.com.sv

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arlos Miranda, abuelo de la menor Katya Miranda y principal acusado de secuestro en contra de ella, fue condenado ayer a purgar 13 aĂąos y cuatro meses de cĂĄrcel, ademĂĄs de pagar $100,000 a Hilda JimĂŠnez, madre de la menor, por decisiĂłn del Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca (La Paz). Miranda fue procesado junto a cinco personas mĂĄs por el secuestro en contra de su nieta.

Antes de dar el fallo, los jueces de Sentencia cambiaron el delito por intento de secuestro agravado y determinaron que el Ăşnico autor del hecho era el abuelo de la menor. La FiscalĂ­a General de la RepĂşblica (FGR) habĂ­a acusado de coautores al resto, pero los jueces los condenaron como cĂłmplices en la ejecuciĂłn del intento de rapto, a ocho aĂąos y 10 meses de cĂĄrcel. Katya Miranda fue vejada sexualmente, y asesinada el 4 de abril de 1999. Aunque su abuelo; su padre, Edwin Miranda; y dos empleados del primero fueron procesados por violaciĂłn, homicidio, y abandono, pero fueron exonerados en 2000.

El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca rechazĂł que existiera un doble juzgamiento, planteamiento que fue realizado por la defensa para el abuelo de la menor, Carlos Miranda; y los dos empleados de este, Luis Alfonso LĂłpez y Juan Francisco Rosales. El fallo, que fue dado cerca de las 7 de la noche, llevĂł fuertes cuestionamientos hacia la FiscalĂ­a. Los jueces detallaron que la declaraciĂłn de “Camilaâ€?, testigo con identidad protegida y el Ăşnico que sostuvo la hipĂłtesis de secuestro en contra de la menor, dejĂł entrever que la FGR cometiĂł “fallos en la investigaciĂłnâ€?, ya que no se indagaron datos aportados por es-

te, algunos que hablaban hasta de trĂĄfico de drogas. El tribunal tambiĂŠn puso sobre aviso a la FGR a investigar la develaciĂłn de la identidad real que un medio escrito realizĂł del testigo. Aunque “Camilaâ€? fue desacreditado en mĂşltiples ocasiones por la defensa, los jueces de Sentencia afirmaron que sĂ­ se le daba credibilidad a este, y que “no entrĂł en contradicciones fundamentalesâ€?. Los juzgadores, ademĂĄs, calificaron de “inactivaâ€? y “negligenteâ€? a la FGR, pues era evidente que existiĂł un grave daĂąo moral, y no se presentĂł prueba alguna para cuantificarlo. Por ello, el tribunal fijĂł un pago de $100,000 para Hilda

JimĂŠnez, de parte de Carlos Miranda, y de $20,000 cada uno, para el resto de imputados. Los juzgadores ademĂĄs calificaron de “insĂłlitoâ€? el hecho de que la menor Katya Miranda haya sido vĂ­ctima cuando su familia “estaba en capacidad de dar seguridadâ€? a todos los que durmieron en el lote 152 el 3 de abril de 1999 en la noche, debido a las profesiones de las personas que ahĂ­ pernoctaron: el entonces jefe de la DivisiĂłn de InvestigaciĂłn Criminal (DIC) de la PNC, Godofredo Miranda, y miembros de la seguridad del BatallĂłn Presidencial (BAPRES), en el caso del padre de la menor, Edwin Miranda.


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WWW.LAPRENSAGRAFICA.COM Viernes 18 de marzo de 2011

NaciĂłn : Judicial

“Hay ilĂ­citos que en esta investigaciĂłn pasaron frente a la representaciĂłn fiscal y no hubo investigaciĂłn. No hay informes.â€?

“Este tribunal quiere ser enfĂĄtico en advertir a los tres fiscales, en que si vuelven a presentar un caso en este tribunal, que lleguen preparados.â€? ĂĄ

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laprensagrafica.com

Queda la sospecha de que el caso fue manipulado

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En esa ediciĂłn se develĂł la identidad real de Camila. Para el 20 de marzo de 2009, Camila ya era testigo protegido, por lo que para el juez hubo una violaciĂłn de la ley y la FiscalĂ­a no tiene resultados de esa investigaciĂłn, si es que existe, manifestĂł Iraheta. “Tenemos derecho a la informaciĂłn, pero ese derecho no nos faculta ni nos pone en un peldaĂąo arriba para violentar otros derechos, en este caso, la identidad de una persona protegida. Hay ilĂ­citos que en esta investigaciĂłn pasaron frente a la representaciĂłn fiscal y no hubo investigaciĂłnâ€?, dijo. El tribunal aclarĂł que si en todo caso Camila, por voluntad propia, accediĂł a mostrarse en pĂşblico, la FiscalĂ­a ya no tenĂ­a ninguna razĂłn para mantener el rĂŠgimen de protecciĂłn. Pero si fue de forma contraria, exigiĂł a la FiscalĂ­a que “investigue y deduzca responsabilidadesâ€?. Por Ăşltimo, el juzgado lamentĂł el comportamiento de las partes tĂŠcnicas en lo que durĂł el juicio. “Este tribunal fue demasiado tolerante: hubo expresiones corporales no verbales que fueron soportadas por los jueces, esto no va acorde con la ĂŠtica de los profesionales. Fue demasiado evidente la falta de respeto a este tribunal. Es necesario que revisen sus actuaciones ĂŠticas. ModĂŠrenseâ€?, reclamĂł el tribunal. El caso de Katya Miranda se resolviĂł el miĂŠrcoles pasado con la condena del abuelo de la niĂąa, Carlos Miranda, a 13 aĂąos y cuatro meses de prisiĂłn por intento de secuestro. Otras cinco personas, entre ellas dos empleados de Miranda, fueron condenadas tambiĂŠn a ocho aĂąos y 10 meses de cĂĄrcel por ser cĂłmplices. Miranda tendrĂĄ que pagar por responsabilidad civil un total de $100,000 a Hilda JimĂŠnez, la madre de Katya. Los otros cinco condenados pagarĂĄn a la madre $20,000 cada uno.

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Los jueces de Sentencia de Zacatecoluca, durante la resoluciĂłn del caso Katya Miranda, abordaron la “supuesta manipulaciĂłn del procesoâ€? de la que acusĂł la FiscalĂ­a a Carlos Miranda. “Es una circunstancia, una situaciĂłn preocupanteâ€?, dijo el juez Mauricio Enrique Iraheta, al referirse a que entre varios seĂąalamientos alrededor del caso se nombra a organismos de inteligencia del Estado, “como la extinta DivisiĂłn de InvestigaciĂłn Criminal (DIC) de la PolicĂ­a Nacional Civil (PNC), ahora DivisiĂłn Élite contra el Crimen Organizado (DECO), y la FiscalĂ­a mismaâ€?. Godofredo Miranda, tĂ­o de Katya Miranda, era subjefe de la DIC en 1999. Él durmiĂł en el lote 152 de Los Blancos, el mismo lugar de donde su tĂ­o, Carlos Miranda, sacĂł a Katya de su tienda de campaĂąa y se la llevĂł a la playa. El sobrino de Carlos Miranda, luego

de esa subjefatura, pasĂł a ser el jefe de la DivisiĂłn AntinarcĂłticos (DAN) de la PNC, hasta 2009, cuando fue suspendido. Ahora es investigado por la InspectorĂ­a General de la PolicĂ­a por varios casos de omisiĂłn de funciones. Godofredo Miranda fue testigo en favor de la parte acusadora en el caso contra Carlos Miranda. En su testimonio, admitiĂł que le fue ordenado indagar sobre el crimen de su sobrina. El padre de Katya, Edwin Miranda, pertenecĂ­a a la seguridad militar del entonces presidente de la RepĂşblica, Armando CalderĂłn Sol. El padre de la niĂąa tambiĂŠn durmiĂł en ese lote el dĂ­a del crimen. Para el juzgado, que se hubiera dado ese hecho con personalidades de ese calibre en un mismo lugar resulta “insĂłlitoâ€?. El caso por violaciĂłn y asesinato se perdiĂł y todos los acusados fueron librados de cargos.


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Al sentenciado por el secuestro de Katya Miranda se le venciĂł su plazo mĂĄximo de detenciĂłn en marzo. Defensa dice hay ocho casos similares donde la Sala Constitucional ha favorecido al reo. Suchit ChĂĄvez

OTROS CASOS SIMILARES

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as interpretaciones disĂ­miles respecto a los plazos mĂĄximos de detenciĂłn entre dos salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrĂ­an beneficiar a Carlos Miranda, condenado a 13 aĂąos de prisiĂłn por el secuestro de su nieta Katya Miranda, ya que podrĂ­a recuperar su libertad mientras se resuelven un recurso de exhibiciĂłn personal (habeas corpus) y la apelaciĂłn de su sentencia (casaciĂłn) que han sido presentados por sus defensores. La Sala de lo Constitucional notificĂł ayer a los involucrados en el caso que admitĂ­a el habeas corpus a favor de Miranda, el que fue solicitado por su defensa el 21 de marzo pasado. Ese mismo dĂ­a se vencieron los 24 meses que la legislaciĂłn salvadoreĂąa establece como perĂ­odo mĂĄximo de detenciĂłn para una persona sin que se le resuelva su situaciĂłn judicial cuando estĂĄ siendo procesada. Miranda fue condenado cinco dĂ­as antes por el secuestro de Katya por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca (La Paz) a 13 aĂąos y cuatro meses de cĂĄrcel, junto con cinco personas mĂĄs quienes recibieron ocho aĂąos y 10 meses de prisiĂłn. Sin embargo, tanto para el abogado defensor de Miranda, Luis PeĂąa, como para la Sala de lo Constitucional, cuando las sentencias de un caso son casadas, o impugnadas, no pueden considerarse en firme. AdemĂĄs, segĂşn la interpretaciĂłn de los magistrados constitucionalistas para otros casos, el hecho que exista una condena de un tribunal de Sentencia no interrumpe que el tiempo estipulado como mĂĄximo para la detenciĂłn siga corriendo, mientras la Sala de lo Penal no resuelva la apelaciĂłn, y lo ha considerado como un encarcelamiento ilegal.

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Tal desacuerdo llevĂł a los magistrados de la Sala de lo Penal a pedir a la Asamblea Legislativa una “interpretaciĂłn autĂŠnticaâ€? del artĂ­culo 6 del CĂłdigo Procesal Penal, que establece los plazos mĂĄximos de detenciĂłn.

Los legisladores aprobaron que el perĂ­odo de encarcelamiento deja de correr cuando hay condena por un tribunal de Sentencia. La situaciĂłn se volviĂł mĂĄs agria dĂ­as atrĂĄs cuando cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional condenaron de nuevo a la Sala de lo Penal por retardaciĂłn de justicia, desoyendo la “interpretaciĂłn autĂŠnticaâ€? hecha por los legisladores, y adujeron que ya existĂ­a jurisprudencia sobre su posiciĂłn. Luego de transcurrido mĂĄs de un mes de los 24 meses de detenciĂłn para Carlos Miranda el expediente ni siquiera ha ingresado para su estudio a la Sala de lo Penal, confirmĂł PeĂąa. En este caso, los demandados son los jueces de Sentencia de Zacatecoluca porque,

segĂşn el abogado, rechazaron revisar la medida de prisiĂłn de Miranda, y el resto de condenados. “Nos acaban de confirmar que se le corriĂł traslado a la FiscalĂ­aâ€?, dijo el abogado haciendo referencia a la opiniĂłn que los fiscales deben emitir ante la apelaciĂłn, y que debe ser contestada al Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, para posteriormente remitir el caso a la Sala de lo Penal. El caso podrĂ­a ralentizarse aĂşn mĂĄs. Los defensores de Miranda han pedido, ademĂĄs, que los magistrados de la Sala de lo Penal no conozcan la casaciĂłn. Esto debido a que ya habĂ­an sido demandados por el caso el aĂąo pasado. AdemĂĄs, “el magistrado Ulices GuzmĂĄn fue

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#!# ' ! #! .% ( ' #'#- !# )# í# ' ! " (#" " !#" #$ 3 !#( " .% (+#2#'#" abogado del seùor Miranda, lo representó en una demanda�, detalló el defensor Peùa. Para el abogado, aunque el recurso de exhibición personal acaba de ser admitido, existen grandes posibilidades que se ordene la liberación de Miranda, ya que la Sala de lo Constitucional ha establecido antecedentes jurídicos con ocho casos similares. En algunos, se ha ordenado liberaciones. Para Peùa ello implicaría resolver contra lo que ellos mismos han resuelto. Pese a que se solicitó reiteradamente la valoración a la Fiscalía General respecto a este caso, no contestaron. ! " # $% & ' (%)$! ' & ( ó )å* )# å! "


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WWW.LAPRENSAGRAFICA.COM Jueves 29 de septiembre de 2011

Nación : Judicial

FGR pide cárcel para acusados de golpiza Estela henríquez judicial@laprensa.com.sv

“Este hecho es igual o más violento como los que producen las estructuras denominadas pandillas y otras de crimen en el país.” Romeo Barahona, fiscal general de la República

la jefe fiscal en una conferencia de prensa en la que se admitió que dos de los acusados son parientes de empleados de la Fiscalía. “No hemos establecido grado de parentesco porque es irrelevante para la investigación. El derecho penal es personal”, respondió de Ortega ante la posibilidad de un trato preferencial a los detenidos por esta razón. El fiscal general, Romeo Barahona, también se pronunció al respecto. “Independientemente de quien se encuentre involucrado, no vamos a tolerar la im-

Escuche declaraciones de fiscal general de la República.

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EL CASO WILLIAM RIVAS (IZQ.) Y G. PORTILLO FUERON GOLPEADOS LA MADRUGADA DEL DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE. OCURRIÓ A LA SALIDA DE UN CENTRO COMERCIAL DE ANTIGUO CUSCATLÁN.

Barahona reclama a ministro de Defensa Entre los acusados de golpear a los dos jóvenes hay un estudiante de la Escuela Militar. El fiscal general de la República, Romero Barahona, reclamó ayer que el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, asegure tener una investigación propia sobre el caso: no cree que la Fuerza Armada esté facultada para hacerlo, pues es una atribución de la FGR. “Es lamentable que un funcionario diga eso, él no tiene la

facultad de investigar. Es lamentable que no se respete el estado de derecho”, expresó al hacer referencia a las palabras pronunciadas por Munguía Payés en una entrevista televisiva. El ministro dijo que existe un video en el que, según él, se demuestra que el aspirante a militar no participó en la golpiza. “La Fiscalía va a solicitar los videos en los que se tienen los eventos del antes, durante y des-

Sin comunicación. Hilda Jiménez, madre de Katya, detalló que hasta ayer en la tarde no había tenido comunicación con la Fiscalía General de la República.

Madre de Katya Miranda pide otra investigación Jiménez dice que su exesposo, que será deportado de EUA, aún no responde por el crimen. Suchit Chávez judicial@laprensa.com.sv

FOTO DE LA PRENSA /ARCHIVO

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a acusación será por homicidio agravado imperfecto, delito no excarcelable ni por acuerdo de conciliación, y no por lesiones. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó ayer el caso contra cinco personas acusadas de vapulear la madrugada del pasado domingo a William Rivas y G. Portillo, menor de 18 años. La jefe de la oficina fiscal de Santa Tecla, Marina de Ortega, dijo ayer que la institución trabaja en “robustecer la acusación”, que será llevada mañana al tribunal de Paz de Antiguo Cuscatlán. “Este tipo de delito no tiene salida alterna. Como Fiscalía, no vamos a tolerar ese tipo de hechos de intolerancia social y se le va dar respuesta a las víctimas”, resaltó

punidad. Ningún funcionario, autoridad o empleado está por encima de la ley”, dijo el fiscal. Barahona asegura haber dado instrucciones precisas sobre otras diligencias que tienen que hacerse para sustentar la acusación: “Peritajes, verificar los acontecimientos de antes, durante y después de los hechos y las imágenes de las cámaras que registran los primeros conatos de violencia”. La Fiscalía anunció que el estado de salud de las víctimas sigue siendo delicado, lo que les impediría presentarse al tribunal. La fiscal Zulma Mendoza dijo que Rivas, de 19 años, sigue en estado de coma. Al otro joven, menor de edad, se le ha realizado un examen que determinará si perdió la retina de un ojo.

FOTO DE LA PRENSA /ARCHIVO

Dos de ellos tienen parentesco con empleados de la FGR. No habrá trato especial, según fiscal general.

pués de los incidentes”, dijo Barahona. El fiscal admitió que no tienen en sus manos esa evidencia que ya fue vista por la Fuerza Armada. Barahona dijo que los videos serán proporcionados por los establecimientos con cámaras de vigilancia en el centro comercial de Antiguo Cuscatlán, donde inició la discusión. “Yo no se si él lo solicitó, lo vio o le han contado, pero es evidencia de la Fiscalía”, agregó.

Hilda Jiménez calificó como un “Ese es otro de los grandes acto “de justicia divina” la de- vacíos de la Fiscalía y como portación a la que se enfrenta su madre me indigna. Este es exesposo Edwin Miranda, padre de otro crimen que quieren su hija Katya Miranda. La noticia olvidar.” Jiménez, de la deportación fue revelada hace Hilda madre de Katya y exesposa de Edwin Miranda dos días por la primera dama de la República, Vanda Pignato. Jiménez, quien reside desde ha- de Edwin Miranda”. Pese a la declaración que los ce varios años como asilada política en Estados Unidos, mani- familiares brindaron, la FGR optó festó que esperaba que su ex- por presentar cargos contra el cónyuge fuera investigado por los abuelo de Katya, Carlos Miranda, presuntos abusos sexuales que por un fallido intento de secuestro. El hombre fue condenado a 13 años ejerció sobre su hija menor. Katya fue agredida sexualmente de prisión junto a cinco personas y asesinada el 4 de abril de 1999. más en marzo de 2011 por el intento de secuestro. El resto de Luego de un fallido proinvolucrados recibió ceso judicial en 2001, los ocho años. parientes de la niña busJiménez lamentó: “Si caron que el caso se rea- Hasta el momento no hay cargos, él (Edwin) briera en 2008. Presen- no han trascendiregresa al país y se va a taron a la Fiscalía una de- do detalles acerca su casa tranquilo. Y otra claración de la hermana de la deportación vez, mi hija burlada”. menor de Katya en la que de Edwin MiranAunque sin certeza se aseguraba que ambas da. La primera plena, Jiménez dijo que niñas habían sido tocadas dama, Wanda Pignato, dijo que su hija menor podría depor su padre. se encontraba ileHace dos días, cuando galmente en Esta- clarar de nuevo, en el supuesto de que exista se hizo pública la próxima dos Unidos. un nuevo juicio en condeportación de Edwin Miranda, se consultó a la Fiscalía tra de Edwin Miranda. “Sería bueGeneral de la República (FGR) si no, ella necesita sanar”, manifestó. había alguna investigación pen- Tanto Jiménez como su hija menor diente en su contra. La respuesta, a rindieron su testimonio, en años través de la unidad de comuni- anteriores, por el caso de secuescaciones, es que la Fiscalía no in- tro. Lo hicieron en Estados Unidos y El Salvador. dagaba ningún delito a la fecha. “Ese es otro de los grandes vacíos de la Fiscalía y como madre Escuche declaraciones me indigna”, dijo Jiménez vía tede Hilda María Jiménez. lefónica. Agregó: “Este es otro crilaprensagrafica.com men que quieren olvidar de parte

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WWW.LAPRENSAGRAFICA.COM Sábado 5 de abril de 2014

Nación : @LPGSocial

Conmemoran los 15 años del asesinato de Katya Miranda El colegio donde estudió celebró una misa. La otra semana lanza su fundación

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Byron Sosa social@laprensagrafica.com

Fundación

FOTO DE LA PRENSA /MELVIN RIVAS

En los planes de la Fundación Katya Miranda Jiménez, por el momento, no se resguardará a menores de edad abusados; el trabajo será vocería, defensoría, asesoría y acompañamiento de los casos.

Recuerdo. Hilda Jiménez (der.) participó de la misa en honor de su hija, Katya, 15 años después de haber sido asesinada y violada. Katya sigue presente.

LPG QR ANIVERSARIO DE MUERTE DE KATYA MIRANDA.

hijos o hijas son asesinados”, agregó Jiménez. La madre de Katya recordó que el jueves inaugurarán la Fundación Katya Miranda Jiménez. La fundadora de la nueva ins-

titución aseguró que hay delitos que no deben prescribir. Recordó que el asesinato y la violación de su hija habían prescrito y Carlos Miranda enfrentó la justicia nuevamente por intento de secuestro agravado, luego de quedar libre por la acusación del asesinato. Jiménez detalló que el objetivo de la fundación es “querer ser una defensoría de la niñez; queremos llegar a los rincones donde no se llega ya que tenemos un equipo de voluntariado de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales que están dispuestas a ayudarnos”. Además de que la fundación

ADS presentó el informe de un estudio El conocimiento sobre cáncer cervicouterino y el VPH fueron algunos temas estudiados. Byron Sosa social@laprensagrafica.com

La Asociación Demográfica Salvadoreña (ADS), junco con la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer (ASAPRECAN), y el apoyo técnico y financiero de otras instituciones, presentó el “Informe de conocimientos, actitudes y prácticas

sobre el cáncer cervicouterino, el Virus del Papiloma Humano (VPH) y sus formas de prevención en los departamentos de Santa Ana y Sonsonate”. “Se hizo para saber el estado del conocimiento que tienen, en particular las mujeres, sobre el cáncer cervicouterino, que es una de las mayores causas de muerte en mujeres. Hay poco conocimiento de esto porque no se previene”, dijo el presidente de ADS, Mario Andino. En El Salvador, la tasa de incidencia de cáncer del cuello uterino es de 35.4 casos por 100,000 mujeres. El estudio realizado por ADS

contó con una muestra de 838 mujeres de 25 a 64 años. Según la investigación, solo una de cada ocho mujeres (solo el 12.4 %) tiene conocimiento adecuado respecto a la utilidad de citología cervical. El estudio de ADS reflejó que una de cada cinco mujeres en el país nunca se ha hecho la citología o se la hizo hace tres años o más. Del VPH solo 34 % tiene conocimiento de qué se trata; sin embargo, un 70 % ha oído hablar del cáncer cervicouterino, sus causas y prevención. Pero al consultar si sabían las causas que lo originan, el conocimiento baja a un 25 %.

brindará todo el apoyo legal y psicológico, pretende desarrollar campañas educativas para que tanto padres como hijos conozcan sus derechos y deberes. “Sabemos que cuando se entra en ese círculo de la violencia es difícil salir de ahí, y los niños son amenazados y por eso tienen miedo a hablar. Queremos que eso sea lo primero que se rompa”, explicó una de las abogadas de la organización, Ana María de Sol. Jiménez está comprometida en trabajar en el marco de la LEPINA, de la mano con el CONNA, el ISNA, la PDDH, la FGR y la PNC.

“Venimos a unir esfuerzos en lo que están haciendo; y lo que no están haciendo bien, se los vamos a recordar”, enfatizó. Por el momento la fundación no cuenta con fondos, por lo que solicitan apoyo. “No importa cuánto sea... pero es para la niñez salvadoreña; estamos dispuestas a trabajar, no importa lo que tengamos. No quiero que solo sea recordada (Katya) como el símbolo de la niñez abusada sexualmente, sino como una niñez denunciante, conocedora de sus deberes, de sus derechos”, finalizó Jiménez.

FOTO DE LA PRENSA /JAVIER APARICIO

Estoy aquí por nuestras madres y como decía Monseñor Romero: ‘la voz de los sin voz’; porque otras madres quisieran denunciar y no pueden, pero aquí estamos... la justicia no solo fue para Katy, sino para todos aquellos que en un momento de su vida fueron violentados en sus derechos como seres humanos”, dijo Hilda Jiménez al finalizar una misa ayer en conmemoración de los 15 años del asesinato y la violación de su hija Katya Miranda. El Colegio Sagrado Corazón, donde estudió Katya hasta 1999, la recordó con una misa entre alumnos, maestros y personas cercanas a la familia. El sacerdote que ofició la ceremonia pidió a Dios por Katya, porque “su recuerdo sigue vivo en medio de nosotros; te pedimos que le estés concediendo tu presencia amorosa”. Ayer se cumplieron 15 años cuando la niña fue asesinada y violada en la playa Los Blancos, en 1999. El principal imputado fue su abuelo, Carlos Miranda. “¿Por qué estamos aquí 15 años después? Porque este dolor que siento como mamá, que me perdone la Virgen María pero en lo único que me puedo comparar un poquito es cuando le anuncian que una espada le atravesará su corazón. Eso sentimos todas las madres del mundo cuando nuestros

Muy completo. ADS, ASAPRECAN, UICC, IPPF/RHO presentaron los resultados del estudio, realizado con una muestra de 838 mujeres de Santa Ana y Sonsonate.

El gerente de evaluación y desarrollo de ADS, José Mario Cáceres, comentó: “El estudio nos está diciendo que tenemos que revisar la información que estamos

brindando, porque es una información incompleta. Uno de los principales hallazgos es que la información que se brinda es superficial, es elemental”.


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WWW.LAPRENSAGRAFICA.COM Sábado 12 de abril de 2014

Nación : @LPGSocial ESCANEE LA FOTO COMPLETA CON SU MÓVIL

Fundación Katya Miranda lista para iniciar funciones

LPG QR resultaron con lesiones tras el percance.

Continúan muertes en percances viales La PNC registra más muertes en accidentes viales durante el presente año. También hay más lesionados. Ernesto Pérez social@laprensagrafica.com

U

n hombre falleció luego de ser arrollado por un vehículo particular ayer en la madrugada, en la avenida Castro Morán y 5.ª calle poniente, del barrio El Centro, en el municipio de Mejicanos. La víctima, quien vestía indumentaria de una mujer, no fue identificada, ya que no portaba documentos de identidad personal. El cuerpo fue llevado por Medicinal Legal. Sobre el responsable del hecho, la policía notificó que huyó del lugar y no se pudo obtener las placas del vehículo. La causa del accidente se manejó como distracción del conductor, de acuerdo con la fuente policial. La Unidad de Tránsito Terrestre de la Policía informó que el caso es el primero en esta zona, entre las tragedias contabilizadas desde el 1.º de enero al 10 de abril de este año. Para el mismo período se cuantifican 15 personas fallecidas en accidentes de tránsito en los municipios de Mejicanos y Ayutuxtepeque.

Por otra parte, ayer a las 2:20 de la madrugada, en el bulevar Francisco Castellanos de la carretera de San Vicente hacia Zacatecoluca, dos hombres resultaron lesionados luego de que la moto en la que se conducían se fue a estrellar contra una valla publicitaria. Posteriormente y tras el impacto, la motocicleta con placas M-1-1987 se incendió. Los lesionados fueron Daniel Ortiz Aguilar y Fidel Antonio Zometa, de 27 años, quienes resultaron con heridas leves y fueron llevados en un vehículo policial hacia el Hospital Nacional de San Vicente. También, el jueves por la noche, en el kilómetro 15 de la carretera Panamericana, en el sector de Los Chorros, en Colón (La Libertad), un autobús de la ruta 79 volcó y dejó saldo de 17 personas lesionadas. MÁS PÉRDIDAS HUMANAS La Subdirección de Tránsito Terrestre de la PNC notificó que del 1.º de enero al 10 de abril de 2014 se han registrado 294 muertos a escala nacional por accidentes, en comparación al mismo período del año pasado en el que fueron 285. Asimismo, se detalla que las personas lesionadas en todo el país este año son 2,911; el año pasado eran 2,232, representa un incre-

CAUSAS DE LAS TRAGEDIAS La Policía Nacional Civil identifica las principales causas de los percances viales en el país.

LA VELOCIDAD f El exceso de velocidad está entre las principales causas. También la invasión al carril contrario al sobrepasar.

DISTRACCIÓN f La distracción del conductor,

Mario Enrique Paz social@laprensagrafica.com

mo APAS, así como brindar apoyo técnico para la conformación de los comités locales”. Esa sería una de las primeras acciones tomadas por la Fundación Katya Miranda, pero también tratan de fortalecer a los “comités locales y la elaboración de políticas locales de niñez y adolescencia”.

“La Fundación Katya Miranda Jiménez nace para promover el cumplimiento de los derechos de UN DESAFÍO las niñas, niños y adolescentes “Estoy lista y tengo una misión, como una estrategia para reducir una tarea pendiente de cumplir. el uso de la violencia en la so- He decidido romper las cadenas ciedad a través de alianzas y el de miedo y de la amenaza, para diálogo social principalmente”, dar lugar a un esfuerzo que estoy dijo ayer Hilda Jiménez al inau- impulsando junto a un equipo gurar la fundación que lleva el multidisciplinario de profesionanombre de su hija, violada y ase- les voluntarios que creemos en los derechos de la niñez y la sinada hace 15 años. La fundación tiene entre sus adolescencia”, dijo Jiménez en el principales objetivos brindar discurso inaugural. La fundadora de la apoyo a la niñez y adonueva institución ya halescencia del país, pero bía adelantado días atrás Jiménez ya había adeque hay delitos que no lantado anteriormente que ese respaldo se Los padres deben prescribir, al retraducirá en segui- Se desarrollará un cordar que el asesinato y violación de su hija, el 4 miento, apoyo, respal- programa de formación de derede abril de 1999, había do legal y psicológico, cho a padres y pues la fundación no madres responsa- prescrito y Carlos Miranda, el abuelo de la nicuenta con el respaldo bles, como un ña, enfrentó la justicia financiero suficiente componente en para crear centros de una formación de nuevamente por intento resguardo. derecho en el ám- de secuestro agravado, luego de quedar libre por “Vamos a trabajar bito familiar. la acusación del asesipara que se agilice el proceso de denuncia y la ob- nato de la infante. Miranda fue condenado a patención de una pronta y cumplida justicia en los casos de agresión gar 13 años de cárcel el 16 de abril sexual”, explicó la fundadora el de 2011, 11 años después de la jueves por la noche durante los muerte. “Hoy estoy compartiendo con actos inaugurales. La fundación tiene entre sus ustedes el despertar a un nuevo proyectos la creación de un cen- amanecer, a un camino renovado tro de capacitación “para apoyar de fuerzas donde volveré a cala conformación de las Asocia- minar, a pensar, a vivir para ayuciones de Promoción y Asisten- dar y defender a nuestras niñas, cia a los Derechos de la Niñez y niños y adolescentes”, señaló JiAdolescencia, que se conocen co- ménez.

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que tiene que ver con el uso de aparatos electrónicos y hasta el comer mientras conduce.

OTRAS CAUSAS f La distracción de los peaFOTO DE LA PRENSA /VÍCTOR PEÑA

Impacto. Un bus de la ruta 79 volcó en la carretera a Los Chorros; 17 personas

IMÁGENES DEL ACCIDENTE EN LOS CHORROS.

FOTO DE LA PRENSA /FRANCISCO ALEMÁN

Fue inaugurada oficialmente el jueves en la noche. Apoyará la niñez y la adolescencia.

tones igualmente es señalada entre las causales, también la ingesta de bebidas alcohólicas.

mento de 679 más en 2014. En todo El Salvador se han contabilizado desde el 1.º de enero hasta ayer, 6,710 percances viales, mientras que el año pasado la cifra era de 5,917.

Ya es oficial. Hilda Jiménez, familiares y amigos participaron el jueves por la noche en el lanzamiento de la Fundación Katya Miranda.


WWW.LAPRENSAGRAFICA.COM Jueves 25 de septiembre de 2014

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Crimen de Katya Miranda quedará en impunidad Sala de lo Penal decretó libertad para las seis personas condenadas por crimen

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Nelson Rauda/ Cecilia Ortiz judicial@laprensagrafica.com

Recurso

C

La secretaría de la Sala de lo Penal argumentó que la ley obliga a ejecutar inmediatamente la puesta en libertad de un imputado, sin tener que esperar la interposición de recursos de la defensa o la FGR. “Queda a criterio de cada litigante la interposición de algún recurso”, según la sala. FOTO DE LA PRENSA /ARCHIVO

arlos Antonio Miranda González fue condenado el 16 de marzo de 2011 a 13 años y cuatro meses de cárcel por el secuestro de su nieta, Katya Miranda. Ayer salió libre del centro penal de San Vicente. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo absolvió a él, y a otros cinco imputados, por los hechos del 4 de abril de 1999, cuando la menor de nueve años fue violada y asesinada en un rancho de playa en La Paz. Con la absolución de ayer se desvanece la posibilidad de que alguien sea condenado penalmente por el homicidio de Katya. “En primer lugar, la sala resuelve casar el fallo condenatorio que dictó el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca. En segundo lugar, absolver a los imputados y, en tercer lugar, ordenar la libertad de todos. Los seis estaban en prisión: unos en Mariona y unos en el centro penal de San Vicente”, explicó ayer la secretaría de la Sala de lo Penal a LA PRENSA GRÁFICA. La sala giró las cartas de libertad para Miranda y para Luis Alonso López, Juan Francisco Ramos Rosales, Alejandro Cañénguez, Santos Ricardo Soriano y Nicolás Martínez Roque. Miranda y López salieron juntos de prisión, cerca de las 5 de la tarde de ayer. “Es algo que esperábamos desde el principio (la libertad), no hemos cometido delito alguno. Para mí se ha hecho justicia en lo que a nosotros respecta, pero no en cuánto al suceso, la señora (Hilda Jiménez, madre de la menor) buscó mejor que nosotros estuviéramos presos y no presionó a la Fiscalía para que siguiera las investigaciones”, dijo Miranda a su salida del penal. Según Luis Peña, el abogado defensor de Miranda, la absolución de los seis imputados se sustenta en dos puntos: en una violación al principio de doble persecución y

Libertad. Carlos Miranda (segundo desde la derecha) y otros cinco imputados recobraron su libertad ayer tras la absolución de la Sala de lo Penal.

OTRO CAPÍTULO DE IMPUNIDAD La decisión de la Sala de lo Penal es el segundo fallo judicial con que Miranda elude responsabilidad por el caso. EL CRIMEN

EXONERADOS

NUEVO JUICIO

ABSUELTO

f Katya Miranda fue violada y asesinada a la edad de nueve años en un rancho propiedad de su abuelo, Carlos Miranda González.

f Cuatro imputados, incluido Carlos Miranda, fueron absueltos de homicidio y violación, tras una cuestionada investigación fiscal.

f Carlos Miranda y otros cinco imputados fueron condenados por el delito de secuestro, por el mismo crimen que había quedado impune.

f La Sala de lo Penal resolvió, tres años después de admitirla, una casación por la condena de Miranda y anuló la sentencia previa.

ambos delitos en 2000. La resolución absolutoria de ayer fue firmada por los magistrados suplentes Ricardo Alberto Zamora Pérez, Ramón Iván García y Juan Antonio Durán. Una de las magistradas propietarias de la Sala de lo Penal, Rosa María Fortín, explicó ayer que ella y sus colegas se excusaron de conocer el caso “porque la señora de don Carlos Miranda nos demandó a nosotros en la Sala de lo Constitucional. Para

evitar que se cuestionara nuestra imparcialidad preferimos apartarnos”, explicó Fortín. Horas después de conocer la decisión, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, anunció que revisará si “hubo afectaciones al debido proceso” en este caso. Morales recordó: “El tío de la víctima (Godofredo Miranda) era el segundo jefe de la división de investigación criminal y, pese a su

04/04/1999

que, según él, no hubo secuestro. “(Se estaba) juzgando el mismo hecho dos veces. La anterior fue por violación y homicidio. Nunca hubo un desplazamiento de la víctima para ningún lado y no se pidió ningún tipo de rescate”, dijo. Peña se refiere al primer juicio por los delitos de homicidio y violación que se realizó por este crimen. Ana Marina Guzmán Morales, jueza de Instrucción de San Luis Talpa, absolvió a Miranda por

15/04/2000

16/03/2011

09/24/2014

presencia en el lugar de los hechos, se permitió la contaminación de la escena. El vestido de la niña fue lavado, el cuerpo fue manipulado también y la primera evidencia científica que podía recuperarse fue alterada, aparentemente de manera deliberada. Luego no se establecieron responsabilidades por esta alteración”. Se intentó conseguir una reacción de la Fiscalía, pero no hubo respuesta a la petición.


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WWW.LAPRENSAGRAFICA.COM Viernes 26 de septiembre de 2014 WWW.LAPRENSAGRAFICA.COM Viernes 26 de septiembre de 2014

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Familia de Katya Miranda presionará por caso ante CIDH Hilda Jiménez, madre de Katya Miranda, dijo que retomará la demanda por el caso de su hija ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ONU y Amnistía Internacional cuestionan la impunidad sobre violaciones.

Nelson Rauda Zablah judicial@laprensagrafica.com

E

l último recurso que tiene la familia de Katya Miranda, la niña que fue violada y asesinada el 4 de abril de 1999, para procurar conocer la verdad sobre el crimen está detenido desde hace siete años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. Hilda Jiménez, madre de Miranda, aseguró ayer que no tiene “interés en hacer algo más” con respecto a la decisión de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña, que el miércoles absolvió definitivamente a Carlos Miranda, el abuelo de la niña, y a otros cinco personas, quienes fueron condenadas en 2011 por el secuestro de Katya. “¿Qué le podemos decir a los niños y a los jóvenes que queremos empoderar a denunciar cuando vemos que los violadores, asesinos y secuestradores van para la calle con absoluta libertad?”, se cuestionó la madre de Miranda. Jiménez manifestó que retomará una demanda “por negligencia (y) por falta de justicia en contra del Estado Salvadoreño por la injusticia que se cometió en el caso de mi hija”.

La petición ante la CIDH fue realizada el 22 de octubre de 2007 por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA). La entidad pidió a la corte internacional que admitiera la petición “contra el Estado de El Salvador por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, las garantías judiciales y a la protección judicial” de Katya Miranda. Además, solicitó que se respetara una serie de convenciones de derechos humanos y de erradicación de violencia contra la mujer, que se habrían violado a Jiménez y a su otra hija, Gina Marcela Miranda Jiménez. La CIDH no ha contestado ni siquiera una de esas peticiones. “La CIDH tiene muchos casos atrasados. Se queda uno esperando la

“¿Cómo podemos empoderar a denunciar a los niños cuando vemos que los asesinos van para la calle con libertad?”

“La CIDH por lo menos mete presión a los Estados para que sean responsables en cuánto a derechos humanos”.

Hilda Jiménez,

Érika Guevara Rosas,

madre de Katya Miranda

directora para América Latina de Amnistía I.

respuesta que puede durar cinco o 10 años”, explicó Luis Monterrosa, actual director del IDHUCA. Tres magistrados suplentes de la Sala de lo Penal concluyeron que “las acciones reprochadas a Carlos Miranda, Luis López y Juan Ramos en este proceso penal (por secuestro) guardan una esencial identidad histórica con la que se les atribuyó en el primer proceso (por violación y homicidio) de las que fueron sobreseídos”, en 2000. La única variante que identificaron los magistrados entre las dos acusaciones que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) –con 11 años de diferencia entre sí– fue “la posible motivación: el invocado secuestro agravado”, dice la sentencia. Esa situación constituye una doble persecución, es decir, que

una persona sea procesada penalmente más de una vez por el mismo delito, algo que la Constitución de la República prohíbe. Ese argumento bastaba para la liberación de los tres imputados. Sin embargo, no fue el único error que la Sala de lo Penal encontró en el fallo condenatorio que el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca emitió el 16 de marzo de 2011. “Los hechos probados no determinan los elementos constitutivos del delito de secuestro agravado ni describen acciones de complicidad necesaria de los imputados Nicolás Martínez, Alejandro Cañénguez y Santos Soriano”, se lee en la sentencia. Según la sala, Cañénguez, Soriano y Martínez incurrieron en “actos preparatorios”, es decir, que reflejaron “una consensuada re-

EL CASO EN BREVE

Según la narración de los hechos que consta en el proceso penal, Katya Miranda viajó junto a su familia el 3 de abril de 1999 a vacacionar a un rancho en el cantón Los Blancos, de San Luis La Herradura, La Paz. Según Medicina Legal, murió entre la medianoche de ese día y las 2 de la madrugada del 4 de abril. Fue violada y posteriormente asfixiada. Había al menos 12 adultos y ocho niños más en el rancho en el momento de su muerte. Un testigo dijo a la Fiscalía que Carlos Miranda, abuelo de la niña, la sacó del rancho “un cuarto a las 2 de la mañana”. Su cadáver fue encontrado por personas particulares entre las 2:30 y las 2:45 de ese día.

solución criminal” para cometer un secuestro. Ese delito se frustró y devino en una violación y homicidio en la que ellos ya no habrían participado. La misma sentencia aclara que “los actos preparatorios son impunes”, es decir, que esa fase de preparación para un delito no se penaliza en El Salvador. MÁS CRÍTICAS El coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en El Salvador, Roberto Valent, dio un discurso ayer en un evento de Amnistía Internacional en el que abogó contra la impunidad en los casos de violaciones a mujeres. “Aproximadamente cada cuaCONTINÚA EN PÁGINA 10


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Nación : @LPGJudicial

tro horas una niña o adolescente (de 0 a 19 años) sufre violencia sexual. El 75 % de los agresores sexuales contra mujeres son familiares o conocidos de la víctima”, dijo Valent, citando datos del Instituto de Medicina Legal. “Si miramos al tema de la impunidad en este número de violaciones vamos a ver que los hombres que están detrás no son llevados a la justicia de la manera debida y cómo se esperaría”, recalcó el representante de la ONU. Los representantes de Amnistía Internacional (AI), que están en el país para presentar un informe, precisamente, sobre violencia contra las mujeres en El Salvador, se pronunciaron por el caso. Érika Guevara, directora para las Américas Afiliación de AI, expresó: “El El Salvador suscricaso de Katya no bió la Convención es el único que se Americana de Deha llevado a la rechos Humanos CIDH, que por lo el 23 de junio de 1978, por lo que menos mete preestá obligado a sión a los Estados atender los fallos para que cumplan de la CIDH. sus responsabilidades en materia de derechos humanos”. Guevara agregó que ese tipo de “resoluciones ha generado un precedente importante, una jurisprudencia que los Estados deben cumplir (y que) se convierte en ley internacional”. Aunque la CIDH no puede coercer penalmente a que se reabra el caso, sus sentencias usualmente “tienen que ver con temas de reparación” a las víctimas, expresó Guevara. Sin embargo, esa resolución podría no llegar nunca. El director del IDHUCA explicó que existe un inconveniente procesal con la solicitud ante la CIDH. “Cuando se puso el recurso (en 2007), el supuesto es que el sistema interno ya no te responde y acudís a instancias internacionales para procurar justicia. Aquí el caso siguió”, dice Monterrosa, sobre el segundo proceso que se tramitó. “La CIDH puede decir: ‘el caso no es procedente’ porque siguió y el proceso desembocó en la sentencia de la Corte. Eso podría pasar”, vaticinó Monterrosa. El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, insistió en su postura y denunció “una actuación reiteradamente parcial de juzgadores y trabajadores de justicia que impulsan los casos reproduciendo estereotipos de género”.

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LPG QR VIDEO CON LAS DIVERSAS POSTURAS POR CASO

OPINIÓN DE LECTORES

“¿Cuántos casos de gente humilde no le han hecho justicia?” Lectores de LA PRENSA GRÁFICA se quejaron acerca de la impunidad en el caso de Katya Miranda y en general del país. “A todos los que tuvieron la responsabilidad de aplicar la ley y hacer prevalecer la justicia, les faltó el coraje para enfrentar a los responsables. Les fue más fácil a unos callar y volverse cómplices de una aberración y crimen en contra de una indefensa criatura”.

IMPU

NIDAD. AÑO TRAS AÑO, ESTUDIANTES DEL COLEG IO SAGRADO CORAZÓN, DO NDE ESTUDIÓ KATYA MIRANDA, HAN DEMANDADO JUSTICIA. LA IMAGEN ES DE 2008.

Atilio Arbaiza FOTO DE LA PRENSA /ARCHIVO

“La Fiscalía tuvo que haber determinado responsabilidades contra el tío de la niña ya que se manipuló la evidencia, volviendo este caso más confuso. Además ¿quién lavó el vestido? Aquí se quedó corta la Fiscalía de ese tiempo”. Juan

“Este caso ganó notoriedad porque la familia pertenecía a policías, militares en casa presidencial y una madre que hizo un gran escándalo internacional. Pero ¿cuántos casos de gente humilde no han podido hacerle justicia a sus hijos(as) que han sufrido violaciones físicas y mentales? Todos esos casos han quedado sin castigar a los culpables porque al sistema judicial lo mueve el interés de dinero; los jueces se venden al mejor postor y los culpables salen libres por falta de pruebas que ellos mismos se encargan de desaparecer”. Jeaneth12

“Creo que hoy en adelante a todos los salvadoreños nos dará vergüenza decir que hemos nacido en este país, si esto queda en la impunidad. Este caso es una deuda de todos para con nuestra niñez ante la mirada internacional y nuestra conciencia. ¿Cómo es posible que, siendo el padre parte del cuerpo de seguridad de casa presidencial y el tío de la niña jefe de investigaciones de la PNC de ese entonces y tantos testigos familiares y empleados de la familia, todo esto haya quedado desde un inicio en la impunidad?”. Carlos Castro

“Tras corneada y apaleada la pobre señora. Yo me uno a su sufrimiento, señora Jiménez y la admiro por su valentía para encarar este verdadero dolor que la embarga”. Guest

Asesor de la Fiscalía General firmó fallo en caso Miranda Ramón Iván García decidió en contra de la actuación de la entidad que asesora. La Fiscalía aún no se pronuncia sobre la decisión de Sala Penal. Nelson Rauda/ Jessica Ávalos judicial@laprensagrafica.com

Uno de los tres magistrados suplentes de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que decretaron la absolución de los seis condenados por el secuestro de Katya Miranda es actual asesor del fiscal general de la República: Ramón Iván García. Ayer, por segundo día consecutivo, la Fiscalía se negó a pronunciarse sobre el fallo absolutorio contra Carlos Miranda, abuelo de la víctima, y otros cinco imputados por el crimen ocurrido el 4 de abril de 1999. La unidad de comunicaciones de la Fiscalía expresó que se encontraban revisando la resolución de la Sala de lo Penal, que solo consta de 14 páginas. También se le preguntó al fiscal general, Luis Martínez, a través de su cuenta de Twitter, su opinión acerca de que uno de sus asesores haya decidido en contra de la actuación de la FGR hecha en 2011, año del fallo recientemente impugnado por los magistrados. Sin embargo, hasta las 8 de la noche, no había respuesta. La actuación de la fiscalía en la investigación inicial del caso ha

sido duramente criticada a través fiscalía, sino también de la Policía de los distintos procesos judi- Nacional Civil (PNC). ciales, y con mayor intensidad “El homicidio de Katya Mitras la decisión de la CSJ. randa fue objeto de impunidad a Hilda Jiménez, madre de Mi- favor de los responsables. Desranda, recordó esos reclamos pués un proceso por secuestro, ayer, en conversación telefónica que también arrastraba graves vicon LA PRENSA GRÁFICA. “Los cios de parte de las autoridades primeros culpables fueron ellos del sistema de justicia, y ahora (los fiscales) en no hacer un buen estamos viendo este resultado”, caso, en dejarse engaexpuso Morales. tusar de Carlos Miranda El director del ID(abuelo de la víctima). HUCA, Luis MonterroEstaba también el poder Debilidad sa, también amplió los que tenía Edwin Miran- El IDHUCA señaló cuestionamientos al rol da”, dijo Jiménez. Edwin que la debilidad de la PNC. “El caso en su Miranda pertenecía a la institucional en la inicio tenía vinculado a seguridad militar del PNC no es nueva. un subdirector de inentonces presidente de “El problema es vestigaciones de la Poque en 15 años no la República, Armando existe la fortaleza licía (Godofredo MiranCalderón Sol. da), a gente del batallón para investigarlo”, Jiménez, por otro la- dijo su director. presidencial, hubo vido, libró de responsacios en la cadena de cusbilidad a “las fiscales en el caso (de todias de las pruebas de evi2011), por el trabajo que hicieron. denciaba. La lógica dice que el Los que fallaron realmente fueron hechor estaba dentro de ese grufiscales de aquel entonces (1999- po”, opinó Monterrosa ayer. 2000)”, añadió la madre de la Godofredo Miranda, actual víctima. Belisario Artiga era ti- miembro del tribunal de ascensos tular de la FGR en ese momento. de la PNC, pidió a Morales que David Morales, procurador fuera más “prudente” respecto a para la Defensa de los Derechos sus declaraciones y que “no abuHumanos, ha seguido la línea de sara del Estado de Derecho en algunos de sus antecesores en dañar a otras personas”, y declinó atacar el trabajo, no solo de la hablar sobre “un acto juzgado”.

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Un reportaje de Héctor Silva Ávalos* FOTOGRAFÍAS DE ARCHIVO

KATYA: EL LARGO ALIENTO DE LA IMPUNIDAD Nadie paga sentencia por el asesinato y la violación de Katya Natalia Miranda Jiménez. Los vicios que han desbordado toda la investigación desde el resguardo de la escena han culminado el pasado miércoles en la absolución de Carlos Miranda y otros cinco imputados. Este es un recuento de los momentos más significativos del caso. 6 Séptimo{Sentido} 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014

28 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Séptimo{Sentido}

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l miércoles pasado, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema selló, de una vez y para siempre, la pesada lápida de injusticia –de ausencia de justicia– impuesta por el Estado salvadoreño sobre la tumba de Katya Natalia Miranda, violada y asesinada el 4 de abril de 1999 en la playa Los Blancos de La Paz, donde vacacionaba con su familia paterna. La historia de este asesinato y violación, así como de las actuaciones de buena parte de agentes del Estado que estuvieron relacionados con las investigaciones, las acusaciones fiscales y los procesos judiciales, es ahora icónica: habla de la incapacidad del sistema de justicia para, por negligencia o incompetencia, condenar a los asesinos y violadores, a los criminales. La historia de Katya explica la impunidad, explica por qué en El Salvador el porcentaje de condenas por homicidios es tan bajo (entre 2011 y 2013 fue apenas del 6.2 %). Y la historia de Katya Miranda nos explica, también, que una de las razones de esa impunidad es que a quienes el Estado paga por investigar y procesar judicialmente el crimen son, muchas veces, sus principales cómplices. Esta es esa historia del asesinato y la violación de Katya Natalia Miranda Jiménez. Esta es esa historia, la de la impunidad (tomada del libro “Infiltrados: crónica de la corrupción en la PNC”).

LA FISCAL KARLA ESTELA BARQUERO MORÁN, destacada en la subregional de Zacatecoluca, llegó a la playa Los Blancos pensando que iba a ver a un ahogado. Era el Sábado de Gloria de 1999, penúltimo día de la vacación. “Todo mundo va de bajada ya y reza porque no salgan casos complicados”, dice un abogado que trabajó casi una década en la Fiscalía, alguien que conoció tanto a la fiscal Barquero como el caso Katya Miranda. Antes que la abogada, horas antes, habían estado paradosen esepedazode playaotraspersonas; almenos tres hombres, entre ellos dos empleados de la familiadelafalleciday unsocorrista,elprimeroquellegó a la escena tras recibir una alerta que había escuchado en el radio de onda corta sobre el ahogado de Los Blancos. Al llegar al lugar, la fiscal Barquero empezó a levantar información. Habló con la familia y con otros testigos, como si se tratara de una víctima que murió ahogada; nadiele insinúo algodiferente. “Ellame dijo quehabía hastatranquilidaden elrancho,que sedaba por hecho que la niña se había ahogado”, cuenta un excolega de la fiscal Barquero con quien ella habló de lo ocurrido aquella mañana. En las investigaciones posteriores, una de las decenas de preguntas que saltarían entre los investigadores sería cómo una niña tímida —como la describieron sus parientes—yrodeada deunadocenadesus familiaresmás cercanos,incluidos supadre,sus tíosy sus abuelos paternos, salió de la propiedad sin que nadie se diera cuenta, pasó junto a dos empleados que hacían guardia junto al alambrado de púas que daba a la playa y caminó hasta el mar... Fue hasta que se le acercó el forense asignado a la escena, quien hacía los primeros exámenes —en realidad, una inspección ocular, porque la escena estaba ya demasiado contaminada cuando la Fiscalía y Medicina Legal llegaron—, cuando la fiscal Barquero se percató de que algo muy grave había pasado en ese rancho. Lo supo, pero no hizo mucho por descubrirlo. “Está jodido esto, a esta niña la violaron y la mataron”, dijo el forense . Él y la fiscal Barquero fueron haciaelcadáver, yelladescubrió,selo mostróelforense, que los genitales de la niña estaban lastimados y que había sangre. Ahí supo que Katya Miranda, de nueve años, no se había ahogado, sino que la habían violado

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Una tía política de Katya dijo que había visto a Edwin, el padre de la niña, besarla como “a una novia”, pero la Fiscalía nunca volvió a entrevistar a esa testigo. y luego la asesinaron enterrándole el rostro en la arena hasta que dejó de respirar. La autopsia final diría que la tráquea y otros conductos respiratorios de Katya Natalia estaban llenos de arena, y que en sus pulmones no había agua. Dos agentes de la PNC destacados en Zacatecoluca que llegaron a la escena también asumieron que se trataba de una niña ahogada y se limitaron a cuidar el cadáver. Tampoco aseguraron la escena. A eso de las 10 de la mañana, la fiscal Barquero sumó unairregularidad más atodas las quehabían ocurrido desde que la niña murió —hora que un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) fija entre la 1 y las 3 de la madrugadadel 4de abril—:permitió queelabuelo yel padrede la niña se llevaran el cadáver de la escena hasta un recinto judicial en Zacatecoluca. El abuelo, Carlos Miranda, sería procesado semanas después por asesinato y violación; y el padre, Edwin Miranda, por abandono de menor. Esa mañana, además, las autoridades permitieron que la familia se llevara la ropa que la niña vestía. Cuando las prendas aparecieron en el Laboratorio Científico de la PNC, 28 días después, habían sido la-

vadas. Ninguna prueba de ADN, serología o de otro tipo fueron efectivas para encontrar rastros del violador y asesino. Todas las irregularidades ocurrieron a pesar de que Godofredo Miranda, segundo al mandode la DIC y tío dela niña,durmióenel rancholamadrugadaen laque su sobrina fue asesinada, y a pesar de que estuvo presente cuando se realizaron las primeras diligencias. Doce años después de aquello, declaró ante un juez que él trató de instruir a los primeros policías que llegaron —los agentes Luis Ernesto Barrera Trejo y José Simeón Gámez Mejía— para que cuidaran la escena, pero no le hicieron caso. Sus palabras son difíciles de creer por dos razones: por un lado, porque era el segundo al mando de la DIC, uno de los hombres más poderosos e influyentes de la institución, alguien además formado militarmente, por lo que cuesta pensar que dos agentes rasos, destacados en una delegación del interior del país, hubiesen ignorado una orden de ese tipo; y por otro lado, porque los agentes creyeron en un inicio estar ante un ahogamiento y no ante un asesinato, como le pasó a la fiscal Barquero, a la familia y al primer socorrista que llegó. “Al parecer, cuando los agentes llegaron al lugar del hecho, ya diferentes personas permanecían en este, incluso curiosos, lo que implicaba que la escena del crimen estaba siendo contaminada. Presuntamente en ese momento todo apuntaba a que la menor se había ahogado, por lo que los referidos agentes se limitaron únicamente a custodiar el cadáver y permitieron que la escena del crimen se continuara contaminando”, dice la resolución final de la PDDH. La omisión de Godofredo Miranda, su falta de supervisión de la escena, fue la primera garantía para la impunidad en el asesinato y la violación de su sobrina. La omisión es atribuiblea la PNC y a laFiscalía, pero el informe destaca como “circunstancia especial” la presencia del segundo de la DIC y el hecho de que una relación familiar lo uniese con la víctima. Esto eslo que la PDDHconcluyó sobre lacadena de irregularidades atribuidas a policías y fiscales aquel 4 de abril de 1999: el actuar negligente de la Fiscalía y la Policía afectó irreparablemente el desarrollo de la investigación del homicidio y la violación de la menor Katya Miranda, dado que la inspección ocular en la escena del delito constituye un pilar fundamental de la investigación, por su carácter irreproducible y que en esta se recaban las primeras evidencias tendientes a identificar al autor o los autores del ilícito.

LA OPERACIÓN DE ENCUBRIMIENTO incluyó, además de las omisiones iniciales, irregularidades como que el laboratorio forense de la PNC llegó formalmente al rancho familiar de playa un mes después del asesinato. Aun así, en enero de 2000, la Fiscalía inició un proceso penal contra el abuelo Carlos por violación y asesinato, contra el padre, Edwin, por abandono, y por complicidad contra los dos empleados de Carlos a quienes unatestigo ubicóen laescena delcrimen junto al cadáver antes de la llegada del primer socorrista y de cualquier autoridad. La investigación fiscal y el proceso judicial también estuvieron plagados de irregularidades. Como que la subregional de la Fiscalía en Zacatecoluca no envió en el tiempo adecuado la ampliación de la autopsia, en la que se determina que la niña murió deasfixia porsofocación. Comoque unode losinvestigadores fiscales que trabajó en el caso meses después dijo que la jueza que conoció del crimen descartó el testimonio del socorrista que llegó primero a la escena porque algunos familiares de Katya Miranda, presentes en el rancho cuando la niña fue sacada

LIBRES. Hilda Jiménez, madre de Katya, se pregunta cómo se va a empoderar a los niños en un país en que “los violadores, asesinos y secuestradores van para la calle con absoluta libertad”.

para asesinarla, dijeron que los empleados no habían estado junto al cadáver. Como que la jueza del caso retrasó varias veces las declaraciones de testigos en la sede judicial. Como que el OIE participó en algunas pesquisas, algo que quedó certificado en el informe de la PDDH y que luego confirmaron fiscales asignados al caso, citando a testigos que se negaron a declarar ante ellos, diciendo que ya habían dado declaraciones a los agentes del OIE. El presidente Francisco Flores negó en público estas investigaciones paralelas. Como que el 18 de enero de 2000 el fiscal general Belisario Artiga citó a varios miembros de la familia Miranday ala madreen lasoficinas dela UnidadTécnica Ejecutiva del Sector Justicia en la colonia Escalón, en San Salvador. Ahí, según un investigador que estuvo presente, pasaron tres cosas que podrían haber sido definitorias: una, que una tía política de Katya dijo que había visto a Edwin, el padre de la niña, besarla como “a una novia”, pero la Fiscalía nunca volvió a entrevistar a esa testigo; dos, que otro familiar político de la niña, un hombre, se mostró muy afectado en la reunión, al punto que el investigador asegura que mostró “remordimientos”, por lo que su testimonio sobre lo que pasó en el rancho también pudo haber sido vital, pero tampoco hubo entrevistas de seguimiento;y tres, que GodofredoMiranda mostró empatía con la madre, aunque luego, cuando la defensa de supadre y de su hermano lollamó para que repitieraloquedijoenesa reunión,seescudóenqueel fiscal general Artiga lo había coaccionado. Como que el fiscal general Artiga adelantó en aquella reunión del 18 de enero que capturaría al abueloporquehabíandetectado queestehabíahecho movimientos bancarios y había comprado boletos aéreos hacia Costa Rica. Pero ninguno de esos elementos fue introducido por la Fiscalía ante el tribunal. Cuestionado al respecto, uno de los agentes auxiliares delfiscal generalArtiga dijoque “había resultado muy difícil probarlo”. Como que, al final, la mayor parte de los indicios de prueba ofrecidos en la reunión “extraoficial” en la colonia Escalón fueron desechados por la jueza Ana Marina Guzmán. Lajusticia,eneste caso,tambiéntuvoqueenfrentarse a una investigación paralela, una dirigida por Godofredo Miranda con la autorización de su jefe, el

La mayor parte de los indicios de prueba ofrecidos en la reunión “extraoficial” en la colonia Escalón fueron desechados por la jueza de Instrucción de San Luis Talpa.

director de la Policía Mauricio Sandoval, según confirmó el oficial de la PNC en una declaración como testigoen sedejudicial quedioen 2011,cuando laFiscalía reabrió el caso para acusar a Carlos Miranda de secuestrar a su nieta. En esa investigación paralela, a diferencia de la desidia que mostró en la investigación oficial, Godofredo Miranda mostró gran diligencia. Para mayo de 2000, cuando en un tribunal se ventilaba el proceso contra su padre y su hermano, ya tenía una hipótesis delcrimen enla quesus familiaresno aparecíancomo victimarios. Esa hipótesis, dicen agentes fiscales y policías que estuvieron en reuniones sobre el caso, circuló en forma de presentación de Power Point, por despachos de la Fiscalía, entre periodistas e incluso en oficinas de organizaciones de derechos humanos. El equipo al que Godofredo Miranda encomendó investigar la muerte de su sobrina concluyó que un grupo de pandilleros, comandados por Rafael Cuenca, (a) Palo, había sedado a toda la familia, había entrado al inmueble y se había llevado a la niña. El móvil, dijoelabueloalos mediosenapoyoalasinvestigacionesquerealizaba suhijo,teníaquever conunadisputa por un terreno con un individuo llamado Doroteo Maradiaga. Otros miembros de la familia Miranda también declararon, en junio de 2000, que habían sentido unas gotas en los ojos, supuestamente el sedante que aplicaron los mareros. Al final, sin embargo, esa investigación nunca fue judicializada, ni siquiera tomada en serio por la Fiscalía; no pasó de ser un relato periodístico sin mucho fundamento o, como concluyó la PDDH, “una hipótesis insostenible”. El 18de octubre de 2000,la jueza deInstrucción de San Luis Talpa, Ana Marina Guzmán, exoneró a los Miranda. Un año después, la Fiscalía no había presentado nuevas pruebas, y el caso se cerró. En 2009, a pocos días de que venciera el plazo que la ley le da para reabrir un caso penal, la Fiscalía presentó una nueva acusación contra el abuelo, esta vez porsecuestro, yfuecondenado a13años.Para lajusticia salvadoreña, sin embargo, la violación y el asesinato de Katya Miranda han quedado en la impunidad. {S} * EL AUTOR ES INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS DE AMERICAN UNIVERSITY EN WASHINGTON, D. C.

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WWW.LAPRENSAGRAFICA.COM Martes 30 de septiembre de 2014

Nación : @LPGJudicial

Fiscalía no apelará la absolución en caso Miranda

Extitular de la CCR solicita amparo

Fiscal cree que resolución de Sala de lo Penal “endereza el caso”

Rosalío Tóchez presentó demanda en CSJ contra fiscal general de la República.

Jessica Ávalos judicial@laprensagrafica.com

L

Suchit Chávez judicial@laprensagrafica.com

FOTO DE LA PRENSA /ARCHIVO

a Fiscalía General de la República (FGR) no buscará que se revierta la absolución a favor de Carlos Miranda, abuelo de Katya Miranda, la niña que a sus nueve años, el 4 de abril de 1999, fue violada y asesinada en un rancho de playa en el departamento de La Paz. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) absolvió el pasado miércoles a Miranda y a otros cinco imputados, quienes en 2011 habían sido condenados por el secuestro de la niña. La sala consideró que Carlos Miranda debía salir de prisión porque una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho, ya que en 2000 fue juzgado y absuelto por los delitos de homicidio y violación de su nieta. “El caso Katya Miranda es un caso que en su momento sirvió de símbolo a casos de impunidad, de debilidades de las instituciones. Con esta resolución creo que el caso se endereza, porque la Fiscalía no puede ser utilizada en una forma arbitraria, ni generar casos sin fundamentos contra nadie”, declaró ayer el fiscal Martínez. La madre de la niña, Hilda Jiménez, ha cuestionado el proceder de la Fiscalía entre 1999 y 2000, durante la gestión de Belisario Artiga. “Los que fallaron realmente fueron los fiscales de aquel entonces”, dijo recientemente en una entrevista vía telefónica con LA PRENSA GRÁFICA.

Libre. Carlos Miranda recuperó su libertad el mismo día en que los suplentes de la Sala de lo Penal acordaron absolverlo.

“El caso Katya Miranda es un caso que en su momento sirvió de símbolo a casos de impunidad, de debilidades de las instituciones. Con esta resolución creo que el caso se endereza, porque la Fiscalía no puede ser utilizada en una forma arbitraria, ni generar casos sin fundamentos contra nadie”. Luis Martínez, fiscal general de la República

El fiscal general dijo ayer que la familia de Katya está habilitada para recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “La fuerza de la justicia no es vengativa, no puede ser prepotente ni violadora de derechos humanos por más que sea un delincuente al que tengamos que respetarle sus derechos. Aquí nadie está sobre la ley y ese caso tendrán los familiares, los ofendidos, el camino hacia la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros no vamos a apelar esa resolución”, afirmó Martínez. Jiménez ha dicho que no tiene “interés en hacer algo más” con respecto a la decisión de la Sala de

lo Penal, pero que sí retomará una demanda “por negligencia (y) por falta de justicia en contra del Estado salvadoreño por la injusticia que se cometió en el caso”. La absolución a favor de Carlos Miranda fue decretada por tres magistrados suplentes: Ricardo Zamora, Juan Antonio Durán y Ramón Iván García, quien es actual asesor del fiscal general. Miranda y el resto de imputados fueron puestos en libertad el mismo día de la resolución. La secretaría de la sala explicó que la ley les obligaba a ejecutar inmediatamente la liberación, y que quedaba a criterio de cada litigante la interposición de algún recurso.

FGR: no hay lavado de dinero en caso Taiwán Luis Martínez insiste en que hay conspiradores en el caso contra Francisco Flores. Jessica Ávalos/Jessel Santos judicial@laprensagrafica.com

El fiscal general de la República (FGR), Luis Martínez, dejó entrever ayer que no agregará cargos de lavado de dinero contra el expresidente de la República Francisco Flores, quien actual-

mente guarda prisión en la DAN por tres delitos: peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares. “Aquí el que investiga el delito es el fiscal. El caso de Francisco Flores mucho chambre, mucho rumor, muchos conspiradores andan ahí hablando más de la cuenta. El expresidente Flores está sometido a la justicia y ahí es donde se tiene que debatir todo el proceso”, respondió Martínez, cuando periodistas le mencionaron la solicitud que hacen diferentes ONG para que Flores sea

procesado por lavado de dinero. Flores ha sido acusado por la Fiscalía del desvío de $15 millones donados por Taiwán para proyectos sociales. En el requerimiento fiscal, se plantea que esos fondos fueron usados para la campaña presidencial de 2004. ¿Y quién dice que hay delito de lavado de dinero?”, contestó Martínez cuando un periodista le preguntó si la FGR no ha encontrado indicios de lavado de dinero. En cambio, el ministro de Seguridad, Benito Lara, dijo que, como exintegrante de la comisión

legislativa que investigó el caso, considera que sí existen elementos para procesar a Flores por blanqueo de capitales. Respecto a otro caso, el fiscal general mencionó que ya se reunió con el coronel retirado Carlos Rivas Najarro, quien le ha pedido al presidente de la República que le ayude a determinar si su hijo Carlos Rivas Molina fue asesinado por miembros del Ejército. “Hemos conversado con él para conocer su caso. Vamos a hacer nuestro trabajo como la ley ordena”, afirmó Martínez.

El expresidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR) Rosalío Tóchez (2013-2014) presentó una demanda de amparo ayer ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con la que, con base en el artículo 18 de la Constitución, busca saber qué tipo de investigaciones se sigue en su contra. El abogado Nelson García, quien representa a Tóchez, explicó que el pasado viernes presentaron un recurso de exhibición personal (hábeas corpus) de carácter preventivo a favor del exfuncionario. El demandado directamente es el fiscal general de la República, Luis Demandado Martínez. El demandado, García extanto en el proceplicó que desde so de hábeas cordías atrás Tópus como en el de chez se enteró amparo, es el fisde que fiscales cal general de la están destacaRepública, Luis dos en las insMartínez, según talaciones de la los documentos. Corte de Cuentas. “No solo andan averiguando casos de diversos expedientes, sino también presionando para que declaren en su contra”, aseguró García. El abogado añadió que Tóchez envió dos escritos a la Fiscalía General de la República (FGR) para ser informado de posibles investigaciones en su contra, pero, según él, la institución no le respondió. En el amparo presentado ayer señalan que los escritos fueron enviados el 10 y el 18 de septiembre. El artículo 18 de la Constitución establece el derecho de cualquier ciudadano de enviar correspondencia a las instituciones y obtener una respuesta. En el documento de hábeas corpus presentado el pasado viernes, García plantea que lo que se busca evitar es “uno de los métodos tradicionales de represión como es la orden de captura administrativa generada por la Fiscalía”.

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