Seminario Internacional de Contraloría Social by ele silva

Seminario Internacional de

CONTRALORÍA SOCIAL

Seminario Internacional de

CONTRALORÍA SOCIAL Una herramienta para la democracia participativa

Elías Jaua Luz Patricia Mejía Luis Velásquez Alvaray Clodovaldo Russian Enrique Rodríguez y Vanessa Farías Daniel Faraco y Oscar Bastidas Francisco Becerra Teresa Mora de Albornoz Deyanira González Maritza León y Carlos Rivas Yadira Córdova Alberto Contreras Rafael Hidalgo Daniel Jadue Carlos Molina (Coordinador)

FIDES Caracas, 06 y 07 de mayo de 2004

HUGO CHÁVEZ FRÍAS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela JORGE GIORDANI Ministro de Planificación y Desarrollo ELÍAS JAUA MILANO Presidente del Fides

FONDO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN (FIDES)

Gerencia de Participación Ciudadana Seminario Internacional de Contraloría Social Caracas, 06 y 07 de mayo de 2004 Impreso en Venezuela / Printed in Venezuela

Contenido

Instalación del Encuentro

ELÍAS JAUA / Presidente del FIDES

Defensoría del Pueblo

LUZ PATRICIA MEJÍA / Directora Nacional de Servicios Jurídicos

Asamblea Nacional

LUIS VELÁSQUEZ ALVARAY / Diputado a la Asamblea Nacional

Contraloría General de la República

CLODOVALDO RUSSIAN / Contralor General de la República

Seguimiento y control de proyectos

ENRIQUE RODRÍGUEZ Y VANESSA FARÍAS / Escuela de Gerencia Social

Ronda de preguntas 1

Descentralización comunitaria y contraloría social La experiencia del FIDES

CARLOS MOLINA / Gerente de Participación Ciudadana, FIDES

Fortalecimiento de la participación ciudadana en el ejercicio del control social

DANIEL FARACO Y OSCAR BASTIDAS / Jefe de la Dirección de Participación Ciudadana y Coordinador de la Contraloría Ambiental, respectivamente

Contraloría Social El Ingenio. Guatire, estado Miranda

FRANCISCO BECERRA / Dirigente social del sector de El Ingenio

Contraloría Social del Estado Mérida TERESA MORA DE ALBORNOZ / Contralora de Clase Media en Positivo de Mérida

Una ordenanza para la Contraloría Social

DEYANIRA GONZÁLEZ / Consejal del Municipio Libertador

Contraloría Social Salud y Vida Maternidad de Valencia, estado Carabobo

106

MARITZA LEÓN Y CARLOS RIVAS

Ronda de preguntas 2

112

La Contraloría Social como una herramienta de participación ciudadana

119

YADIRA CÓRDOVA / Ministra de Ciencia y Tecnología

Veedurías ciudadanas

129

ALBERTO CONTRERAS / Veedurías Sociales, Colombia

La participación del pueblo cubano en la vigilancia y control de las inversiones públicas del Estado

146

RAFAEL HIDALGO / Consejero político de la Embajada de Cuba

Plan de desarrollo comunal

158

DANIEL JADUE / Chile

Ronda de preguntas 3

171

Instalación del Encuentro ELÍAS JAUA Presidente del FIDES

BUENOS DÍAS, ciudadano Contralor General de la República y demás autoridades presentes, invitados especiales y particulares, especialmente a las comunidades organizadas que han plenado este auditorio como una muestra más de que el proceso de organización popular no es sólo un artículo de la Constitución ni de las leyes, sino una realidad que anda a paso de vencedores por todo el país. Para nosotros este evento es de vital importancia porque es un peldaño más en el desarrollo de una de las misiones y del objeto del Fondo Intergubernamental para la Descentralización, pero también fundamentalmente porque es un paso más en el desarrollo y avance del espíritu de nuestra Constitución y de las leyes que han sido aprobadas en el contexto del proceso de transformación revolucionario que vivimos. Cuando nos tocó asumir el FIDES, recuerdo que me expresé al Presidente de la República y le dije: Usted está colocando en el FIDES a una persona que no cree en el modelo de descentralización que gestiona este Fondo, pero voy a intentar gestionar y convertirlo en una institución que se corresponda con el modelo de descentralización democrática y popular que está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ; creo que la incorporación de importantes contingentes de comunidades organizadas a la elaboración de los proyectos, la conformación de los Consejos Comunitarios, de los Consejos Locales de Administración, son ex-

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presión de nuestra voluntad, no de Elías Jaua sino de todo el equipo que me acompaña en el FIDES para hacer de la participación el sujeto fundamental del proceso de descentralización democrático y popular que establece la Constitución; y en esto quiero hacer mucho énfasis y siempre lo reiteraré porque nosotros, quienes creemos en un proyecto nacional de transformación, tenemos que dejar bien claro a cual modelo de descentralización estamos apostando, y de cual definitivamente tenemos que separarnos porque es contrario a los postulados de la Constitución de la República y del espíritu que anima este proceso. En 1989 la descentralización que se inició en el país no fue el resultado de una decisión política para darle más poder al pueblo y para acercar el poder del pueblo como el discurso, sino que la matriz de opinión y el modelo de descentralización que en aquel momento se difundió, en Venezuela como en toda América Latina, no fue otra cosa que el cordelato o el componente político del modelo económico neoliberal. El modelo de descentralización apuntaba fundamentalmente a debilitar al Estado Nacional para que éste no tuviese ninguna capacidad de negociación frente a las trasnacionales, ninguna capacidad de resistencia frente a la subasta que se pretendía y que en algunos casos se hizo como en Viasa, CANTV y frente a la privatización de las empresas estratégicas. Por otro lado o como segundo elemento, el modelo de descentralización pretendía abrir los espacios para una privatización disimulada, a través de una transferencia de competencias a las comunidades y a las localidades sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de participación de éstas en la toma de decisiones políticas y, por lo tanto, el resultado lógico fue la creación de las fundaciones en los hospitales para cobrar los servicios de salud, de las fundaciones en las escuelas para cobrar los servicios de la educación, es decir la privatización. El Estado abandonaba su responsabilidad social frente a la sociedad y con un falso discurso democrático le decían Es que

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ahora tienes el poder de administrar las escuelas , ¿con qué dinero y con qué poder? Es la pregunta que nos hacemos evaluando retrospectivamente ese proceso de descentralización. El tercer elemento considero que el más peligroso era delimitar la unidad territorial, la unidad del tesoro público, la unidad política de la nación para poder implantar la tesis de la soberanía compartida emanada en el proceso de Washington en función de que estados débiles, estados fragmentados, estados sin Fuerza Armada Nacional pues, como lo acabamos de ver en Haití, definitivamente tenían que estar tutoriados policial y militarmente por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese fue el proceso de descentralización que se instauró en Venezuela a partir de 1989, ese fue el proceso de descentralización que fue sometido a debate durante el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente en el que no se pudo avanzar lo suficiente para romper con el modelo neoliberal. Los elementos que allí estaban como quintas columnas defendieron a capa y espada y chantajearon para dejar todavía los niveles de irracionalidad en los modelos de descentralización, irracionalidad que se expresa en ausencia de criterios para la inversión, irracionalidad que se expresa en la ausencia de mecanismos reales de control sobre la administración de alcaldes y gobernadores, irracionalidad que se expresa en autonomías mal entendidas de los cuerpos policiales que responden a los estados y municipios que se han convertido en elementos de desestabilización política para la democracia venezolana. Esos elementos lamentablemente no pudieron ser superados plenamente durante el proceso constituyente, sin embargo avanzamos algo y avanzamos en algo fundamental: si bien no pudimos derribar los elementos discrecionales de los que disponen gobernadores y alcaldes para, digamos, no responder a nivel del proyecto nacional ni responder a ningún elemento de control fuerte, seguro y confiable, pudimos avanzar entonces en transferir o dotar al pueblo de más poder para que sea el propio pueblo el

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que pueda equilibrar los desequilibrios que la descentralización neoliberal introdujo en nuestro país. Y esto tiene que ser entendido de esa manera, sólo el poder del pueblo organizado, con responsabilidad, con conciencia política, con madurez política, podrá hacer que la descentralización sea realmente democrática; la descentralización será realmente democrática no en la medida en que el gobierno central transfiera más competencias a los alcaldes y gobernadores sino en la medida en que el pueblo organizado tenga mayor y total capacidad de decisión en los asuntos de su localidad y de su estado, tal como lo expresa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 166 cuando habla de que la descentralización como política nacional debe profundizar la democracia acercándole el poder a la población y creándole mejores condiciones tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los comitivos estadales. Eso es definitivamente el espíritu que ha animado las gestiones del FIDES, además amparados en la competencia que nos da la propia Ley del FIDES que establece que si bien el Fondo es el órgano de transferencia de apoyo para el proceso de descentralización desde el punto de vista financiero y administrativo, también nos da como mandato incorporar a los ciudadanos al pleno ejercicio de la democracia participativa y protagónica. Es decir, el Fondo Intergubernamental para la Descentralización no es un banco para transferir solamente dinero a los alcaldes y gobernadores, es un órgano del Estado venezolano para acompañar el proceso de descentralización, un órgano que debe dejar de existir cuando los estados y municipios tengan la institucionalidad suficiente para poder responder a la gestión de lo público, cuando las comunidades tengan el poder suficiente y la organización suficiente para controlar a las entidades públicas, estadales y municipales, cuando esos estados tengan la capacidad de desarrollo económico y social suficientes para no depender de órganos de financiamiento del gobierno central, sin que éste implique por

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supuesto ninguna misión destinada a la fragmentación del tesoro público, ni destinada a la fragmentación de la unidad político-territorial del país, que debe ser, y es así como lo manda la Constitución, una premisa fundamental en cuanto al proceso de descentralización. Los principios que hay en el proceso de descentralización en el país tienen que ser la unidad de la nación y la solidaridad inter-territorial, es decir aquí no hay estados autónomos, que puedan desarrollarse más que otros, ni municipios que puedan desarrollarse más que otros, tiene que haber un desarrollo armónico y fundamentalmente un principio de corresponsabilidad social que es el mandato de gobernar con el pueblo, gobernar bajo la directriz del pueblo y el conjunto de leyes que se han venido aplicando, quizá todavía con limitaciones, con errores, con omisiones, pero definitivamente han significado un avance en función de darle al pueblo el poder que necesita para gestionar una sociedad donde podamos vivir todos con mayor calidad de vida, con justicia, con dignidad, que es definitivamente el fin último de este proceso de transformación nacional. Para nosotros, entonces, la misión del FIDES pasa en primer lugar por orientar la inversión, y ahí la contraloría social tiene que jugar un papel importante, porque la contraloría social no puede ser vista como un proceso a posteriori, posterior a los procesos, porque ya el daño está hecho, ¡Ay! se está cayendo el puente y lo denuncias, tiene que ser un proceso desde la génesis de los proyectos, sobre dónde definitivamente se van a invertir los recursos y para qué. He venido insistiendo con mucha vehemencia frente a los alcaldes y gobernadores en todas las discusiones que hemos tenido, en el sentido de que el FIDES tiene que retomar su visión general; el FIDES en estos momentos es un gran ministerio de obras públicas estadales donde 65% de su presupuesto se va en la construcción de aceras y calles, cuando la misión y el objeto del FIDES, como decíamos, principalmente se trata de darle mayor institucionalidad a estados y municipios. Entonces estamos hablando de planes de desarrollo urbano

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local, estamos hablando de sistemas de recaudación de impuestos municipales, estamos hablando de catastros urbanos, estamos hablando de fortalecimiento de las competencias transferidas, estamos hablando de fortalecimiento de las redes sociales y de la organización popular como sustento y sujeto fundamental de la descentralización. También nos habla la ley que nos regula de que debemos potenciar el desarrollo económico y social de la región; y allí, entonces, estamos hablando de potenciar políticas destinadas al turismo, a la industria, a la agricultura y a los problemas sociales fundamentales como lo son la educación, la salud y atención a los sectores vulnerables. Éste es el objeto del FIDES y estas prioridades, claramente definidas en la Ley del FIDES, representan entre 0,1 y 5% de la inversión del FIDES. Hay una desviación total del objeto y de la misión de este fondo. Hemos dado debates porque no hay que imponerle a nadie una nueva visión, que es una visión constitucional que no es el capricho de Elías Jaua ni del Presidente de la República sino que es un mandato constitucional, es un mandato del Estado venezolano a través del plan de desarrollo de la misión. ¿Cuáles son las áreas de inversión? Para ello hemos establecido una política de financiamiento de acuerdo a lo pautado o preestablecido en el artículo 8 de la Ley del FIDES, donde priorizamos el financiamiento como aporte entre 90 y 99% para las áreas que he señalado; y para las áreas no prioritarias, 50% debe aportar la entidad y el 50% debe aportarlo el FIDES. De manera que podamos orientar la inversión por esa vía del co-financiamiento, del estímulo y la restricción en materia de financiamiento. De acuerdo a las prioridades establecidas en nuestra Constitución, en el plan de desarrollo de la nación y en la Ley del FIDES, la contraloría social tiene entonces que comenzar desde el propio proceso de formulación de los proyectos en los Consejos Locales de Planificación donde los haya; y donde no los haya, el pueblo tiene que

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presionar para que sean constituidos. El pueblo tiene que participar activamente en la decisión o en la toma de decisiones o en las discusiones para orientar la inversión, pero el pueblo también tiene que tener mucha madurez porque no sólo la inercia de la vieja cultura se anida en alcaldes y gobernadores y en funcionarios públicos nacionales, sino que en el propio pueblo. A veces uno va a comunidades absolutamente empobrecidas donde hay carencias de cualquier tipo, y lo que te pide allí el grupo organizado es Construye una plaza aquí , Elías presidente del FIDES, constrúyenos una placita ; y yo les pregunto ¿Y no les hará falta como un comedor popular, y no les hará falta como un módulo de salud con un médico de Barrio Adentro, y no les hará falta sembrar un organopónico, y no les hará falta como un saneamiento ambiental...? . Nosotros y el pueblo organizado también tenemos que superar la vieja cultura del asfalto y el concreto, porque, siendo cierto que es una necesidad por supuesto que no es lo mismo andar por una calle enfangada que por un asfalto , en el fondo lo que se escuda es una concepción de un desarrollismo que se nos implantó y un modelo de vida al estilo de las sociedades europeas y norteamericanas. Entonces todo el mundo cree que teniendo la calle asfaltada y una acera, Este barrio está echando pa lante, no importa que los niños se estén muriendo de desnutrición pero tenemos la calle asfaltada, y una placita . Porque hay un modelo de desarrollo anidado en cada uno de nosotros, ese modelo de desarrollo tenemos que superarlo, tenemos que saber que un país con graves carencias tiene que tener prioridades, y frente a que la gente tenga que caminar sobre el barro y mojándose los pies ante que un niño coma, yo me quedo con que un niño coma, entonces hay financiamiento para los oligopónicos y no para el asfalto y para el concreto. Y después que produzcamos, y después que logremos generar valor agregado en nuestro país podemos pensar entonces en asfaltar las calles y adornar las aceras. Pero cuando

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haya niños comidos, con escuelas, con salud, cuando haya equilibrio social, esa es la palabra y es el reto que ustedes tienen como comunidad organizada y que nosotros tenemos como gobierno. Lo tenemos todos. El otro elemento fundamental sobre el cual tiene que actuar la contraloría social es en el uso del 20% de los recursos para las necesidades de las comunidades, sobre los cuales éstas deciden. A tal efecto, le podemos hacer una solicitud a nuestro buen amigo y revolucionario, Contralor General de la República Clodovaldo Russian, a quien agradecemos su presencia aquí. Contralor, hay alcaldes y gobernadores que se resisten a transferir estos recursos a las comunidades que quieren ejercer su derecho a decidir sobre sus propios proyectos. Ése no es el espíritu, el espíritu es que los proyectos salgan del seno de las comunidades y las comunidades se las presenten al alcalde, y el alcalde entonces lo someta al Consejo Local de Planificación y lo refieran al FIDES. Pero, cuando los proyectos vienen de las comunidades, Contralor, ellos dejan que se mueran en el silencio administrativo; ahora hay otras a las que ni siquiera le reciben los proyectos. En estos casos, cuando se produce un silencio administrativo, el FIDES puede recibir el proyecto de acuerdo a lo que establece la ley, pero los recursos tienen que ser transferidos a través de las alcaldías y gobernaciones y, entonces, el gobernador y el alcalde, como castigo político ( Ah! como tú te fuiste directamente al FIDES yo no te bajo los recursos ) retienen los fideicomisos, entonces nosotros prácticamente no podemos hacer nada. Ante esta situación, orientamos a las comunidades para que establezcan los mecanismos jurisdiccionales, apelen a la justicia en términos de que estos recursos tienen que ser por ley otorgados y transferidos de acuerdo a lo establecido en la Ley del FIDES. El pueblo tiene que movilizarse y organizarse de manera disciplinada, cívica, pero contundente frente aquellos que representan al

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pueblo. Igualmente tenemos que lograr que en respuesta a quienes no reciben los proyectos, el pueblo se instale en una asamblea de ciudadanos con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Más adelante Luz Patricia Mejía, de la Defensoría del Pueblo, disertará sobre los mecanismos que puede utilizar una comunidad a la cual ya ni siquiera el alcalde quiere recibir el proyecto, para que dejen constancia de que no se les recibió. Estoy haciendo un estudio para saber si esto puede ser considerado también como un silencio administrativo; porque si alguien no me recibe el proyecto, ni siquiera me está dando la oportunidad de que el proyecto sea considerado. Por lo tanto, hay un conjunto de reformas legales sobre las que hay que actuar y que me gustaría contar con la Contraloría General de la República para poder potenciar de manera organizada, de manera coherente y disciplinada el proceso de participación de las comunidades en la administración de sus recursos, en la elaboración de sus proyectos, de manera que se vean obligados quienes no terminan de entender que en Venezuela ya no se va a poder gobernar de la vieja manera de la descentralización de 1989 donde bajo la supuesta crítica a los caudillos de Caracas se crearon 24 caudillos y 335 más que no los controla nada ni nadie . Ese espíritu tiene que ser superado. Existen muchos alcaldes y gobernadores que participan y están comprometidos con la democracia participativa y protagónica, pero todavía quedan muchos más que no lo están y de todas las posiciones, tanto los que comparten y participan de este gobierno como efectivamente los que no lo son, los que son abiertamente de la oposición, que sería entendible; lo que uno no entiende es que alcaldes que pertenecen al proyecto bolivariano, a veces, no quieran transferir poder al pueblo; que le tengan miedo al pueblo. Hay compatriotas que le dicen a uno Es que, mira, si convoco al Consejo Nacional de Planificación los adecos se me van a meter . Bueno, si a un alcalde el adversario político le toma un Consejo Local de Planificación es porque el alcalde no tiene liderazgo en el pueblo; porque si un alcalde tie-

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ne liderazgo, no va a perder una elección del Consejo Local de Planificación, ni del Consejo Comunal ni de ninguna de las instancias de participación, porque allí estarán los bolivarianos. Ahora, si pierde, habrá que revisarlo y tendrá que revisarse él. Pero el compromiso, como dije al comienzo, no hay manera, es: o gobiernan con el pueblo o no van a poder gobernar, porque este pueblo tiene cada día más conciencia política y mayor decisión a tomar las riendas de su propio destino. Finalmente, quiero expresar que también el pueblo debe tener mucha conciencia y mucha madurez política. Estos instrumentos de control comunitario, de participación, de contraloría, tienen que empezar por nosotros mismos, por las propias comunidades, porque nosotros no podemos permitir que estos instrumentos, y estos espacios de poder decisivos para crear la nueva sociedad, sean pervertidos por quienes en el seno del pueblo también se les ha anidado la corrupción. Porque como señalaba el Presidente en estos días con mucho dolor: es cierto que hay gente de los mercalitos, por ejemplo, que saca los paquetes de arroz y los vende al detal a su propio vecino. Está robando a su propio vecino, a su hermano, aunque no está robando a nadie particularmente. Entonces la corrupción sigue estando y debemos combatirla. Los revolucionarios no podemos aceptar la corrupción como un hecho natural, hay gente que dice Es que la corrupción es muy difícil combatirla, siempre va a haber corrupción . No, con corrupción no hay revolución, una revolución no se puede dar con corrupción, la corrupción tiene que ser extirpada de la revolución. Entonces en el seno de la comunidad comencemos. En primer lugar la contraloría social no puede ser vista como un instrumento punitivo ni como un comisariato político, etc., porque puede terminar en desviación. Mucha gente me pide Dame un carnet de contralor , y yo le tengo mucho miedo a eso de los carnets porque después de eso puede venir el chantaje: Bueno, yo soy el contralor social del

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FIDES, hiciste mal la cosa pero si me das una platica me quedo calla-

do . Eso puede pasar. También, en el uso de los recursos pueden crearse las llamadas comunidades de maletín, se les trasfiere un recurso y la persona desaparece, atraviesa la selva y se pierden con el maletín lleno de billete. Esto sólo podrá ser evitado, por supuesto, por la acción del Estado venezolano, de la Contraloría General de la República. Sabemos que el Contralor viene haciendo esfuerzos importantes por afinar esos mecanismos, pero fundamentalmente quien puede evitar la corrupción es el propio pueblo, el pueblo honesto y decente que es la mayoría de este país y en el cual confiamos plenamente.

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Defensoría del Pueblo LUZ PATRICIA MEJÍA Directora Nacional de Servicios Jurídicos

MUCHAS GRACIAS por la invitación. De verdad es bien emocionante ver tanta gente en un evento como éste. No tengo mucho tiempo trabajando porque soy bastante joven pero quiero decirles que hace siete o diez años, cuando nos reuníamos en algún lugar para hablar de participación, de derechos humanos, éramos diez a quince personas y nos emocionábamos, habíamos logrado juntar en una comunidad a más de diez personas que querían escuchar de estos temas; y, de verdad, venir a un salón como éste donde debe haber más o menos quinientas personas, ver a tanta gente emocionada por este proceso de participación que se está dando es muy emocionante. Para mí es un gran placer hablar para ustedes el día de hoy. Voy a tratar de ser concreta existe como una predisposición de que los abogados somos aburridos, y aquí hay bastantes abogados; por lo tanto si me pongo aburrida, le pido a alguien que me haga un seña de Apúrate que se duerme la gente o se lo piden a la gente de FIDES para que la haga. Basaré esta exposición en los conceptos de participación que se van desarrollando en la Constitución: cómo se genera a partir de la Constitución del 99 el cambio de paradigma entre eso que nosotros antes llamábamos democracia participativa y la democracia participativa de hoy en día que nos acaba de plantear el compañero

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Elías Jaua, que es este proceso que nosotros estamos viviendo y que se está dando. Para empezar, creo que debemos plantear en nuestro marco constitucional la incidencia del proyecto que se plantea. Aunque deberíamos abordar unos elementos vinculados a este cambio de paradigma. Lo primero que tenemos que decir es que a partir de 1989 se inicia un proceso de descentralización que se concreta en un modelo rejuvenecido del año 1942 con la creación de las juntas parroquiales. La Ley Orgánica Municipal establece que estas juntas parroquiales nazcan con el objetivo de transferir a las manos del ciudadano, a las manos del pueblo hablando en los términos que se planteó, al menos discursivamente, en ese momento , los primeros elementos de poder. Ahí se estaba generando un nivel de transferencia de poder no como lo establecemos ahorita, pero sí un cierto nivel de transferencia hacia las localidades. No podemos olvidar que la creación de las juntas parroquiales también fue el resultado de la presión de grupos vecinales que habían establecido la necesidad de generar un proceso de descentralización de poder. Quizás en ese momento no se planteó como se plantea actualmente (que es distinto, como veremos más adelante), pero efectivamente ahí se inicia un cambio de paradigma. Este hecho que no ocurre aisladamente, confluye con importantes factores que van a ser determinantes en el cambio en términos de participación que se generarán en la Constitución del 99; entre ellos podemos mencionar como fundamental y en primer lugar la deslegitimación de los poderes públicos. Los poderes públicos, llamados a cubrir las necesidades de la población, estaban totalmente deslegitimados de hecho en 1992. Porque fue con el golpe de Estado encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez Frías que se inicia el rompimiento de esa deslegitimación del poder para establecer una esperanza de cambio para muchísima gente. En segundo lugar tenemos el debilitamiento absoluto de los par-

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tidos políticos, que eran las instancias de participación originarias de mucha gente; allí se ejercitaba la participación. Actualmente esos partidos políticos no tienen vida, la gente no cree en ellos. Por lo tanto, no existe ya el elemento fundamental de la participación porque la gente no está dispuesta a participar en partidos políticos que no representan a nadie. Por otro lado, tenemos un creciente impacto del ajuste estructural y todas las políticas neoliberales que son tomadas y hechas al margen de las necesidades de la población. Estos tres factores confluyen directamente en el nacimiento de lo que se dio a llamar la sociedad civil organizada. ¿Cómo nace esta sociedad civil organizada? Esta sociedad civil hoy le damos otro nombre, hoy hablamos de colectivos organizados nace con el propósito de plantear unas necesidades que no se estaban escuchando. A finales de los 90 se empieza a hablar de la sociedad civil organizada que plantea cosas distintas a las de los partidos políticos, que habla de temas que nos interesan a nosotros como ciudadanos y que no se veían reflejados en las políticas públicas que se empezaban a diseñar. Así vemos como entonces la democracia participativa, no sólo en Venezuela sino en América Latina, empieza a perder poder, no sólo por la escasa vinculación de esos representantes con la realidad, sino también porque se empiezan a generar otros espacios de debate que son cubiertos por los medios de comunicación y que van impactando en diversos lugares, en las comunidades organizadas, en los grupos estudiantiles, generando movimientos organizativos que cada vez van tomando más fuerza. Surge entonces lo que se conoce como las Organizaciones No Gubernamentales, importantes en aquel momento para responder a algunos elementos sociales a los que no se les estaba dando respuesta, y se empiezan a tener algunos logros, como son los legislativos. La Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia es el logro

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definitivo del movimiento femenino de base que ha empezado a trabajar y a identificar como un problema en la sociedad venezolana los problemas de violencia contra la mujer. Se logra generar un proceso legislativo donde se crea la Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer y la Familia. La propia Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, se promulga después de un proceso de discusión amplísimo, donde muchísimos grupos que trabajan con niños y adolescentes plantean los nuevos paradigmas que se establecen en el tratamiento de los niños y adolescentes. Luego tenemos otros logros en materia jurídica, no sólo los avances legislativos, tenemos decisiones judiciales importantes donde grupos organizados, que además habían sido tradicionalmente afectados, empiezan a tener logros en sentencias; como por ejemplo los enfermos de VIH SIDA que empiezan a tener tratamientos a través de decisiones judiciales, por procesos judiciales que ellos mismos han iniciado. Así pues, tenemos logros legislativos, logros en materia de grupos específicos, que generarán una cantidad de logros a finales de los 90 que definitivamente empiezan, paralelamente con una cantidad más de factores que todos ustedes conocen, a generar la necesidad inmediata de un cambio y de una transformación profunda y que se va a concretar, definitivamente, en el proyecto de país que establece la Constitución del 99. Así pues, la Constitución del 99 nos plantea un cambio claro de paradigma: cambiamos de una democracia representativa y netamente liberal a una democracia combinada entre representación y participación, pero fundamentalmente participativa. Vamos a ver cómo la propia Constitución es producto de un proceso que incluye la realización de un referéndum, de la elección de una asamblea constituyente por el voto popular, de la realización en el marco de esa asamblea de un amplísimo debate (recuerdo que para aquel momen-

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to incluso nosotros participábamos, se hacían foros y videoconferencias y la gente iba, la Asamblea Nacional Constituyente estaba llena de gente permanentemente, muchísimos pueblos indígenas tomaron las instalaciones de la Asamblea, los bomberos, cualquier unidad organizada se había acercado y hacían llegar sus propuestas), proposiciones que hoy en día vemos reflejadas en la Constitución. De tal manera que nosotros podemos identificarnos inmediatamente en ella. La Constitución es en sí misma la experiencia viva de un proceso participativo y protagónico de los venezolanos. He allí el primer elemento real y contundente del cambio de paradigma. Vamos a analizarlo más adelante en algunos artículos concretamente. Pero la Constitución enfatiza la importancia de la participación como eje transversal y fundamental para la realización del proyecto de país que se plantea. No es posible, y lo vamos a leer más adelante en el Preámbulo, que exista la refundación de la República si no hay un proceso protagónico y participativo del pueblo venezolano. Es un poco lo que se planteaba antes, no hay política de gobierno que haga efectivo el proyecto de país que plantea la Constitución si no va acompañada de un proceso participativo y protagónico. Si esa ciudadanía no cobra vida, entonces no estamos hablando de una transformación profunda y real de las bases de este país, transformación que todos queremos y que, de verdad, con la que todos los aquí presentes estamos totalmente comprometidos en su realización. ¿Cuál es la diferencia que se plantea cuando la Constitución combina la democracia participativa con la democracia representativa? Esta democracia participativa, combinada con la netamente representativa que había en el 61 resultará en lo planteaba Elías Jaua en su intervención. La actual plantea un proyecto distinto porque no se asume la representación en términos netamente liberales sino que va acompañada de un proceso protagónico, que ejercerá el control de

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esa representación. Es una combinación donde el Estado no se debilita, no pierde sus cualidades, no deja que otros ejerzan sus atribuciones; por el contrario, se busca el fortalecimiento del Estado, entendiendo que el pueblo forma parte del Estado y que el pueblo como tal va a generar una relación de gobernabilidad con todos los actores del Estado. Por lo tanto, es totalmente distinta la relación que se plantea: antes nosotros escogíamos nuestros representantes y eran ellos los que decidían todo, y si no nos gustaban esperábamos el lapso necesario y los volvíamos a escoger o escogíamos a otros. Lo que estamos planteando actualmente es que nosotros no sólo escogemos a nuestros representantes, sino que con ellos cogestionamos el poder, controlamos el poder que ellos tienen; y, además de eso, si ese poder no está bien gestionado, revocamos ese poder que hemos delegado. De tal manera que es una combinación entre aquel concepto liberal donde yo sólo votaba para ejercer la tradición republicana: yo formo parte del colectivo, yo formo parte del Estado y como parte del Estado decido cómo se gestiona el Estado. Es un cambio radical de paradigmas entre lo que plantea la Constitución del 61 y esto que plantea la Constitución Bolivariana del 99. ¿Cómo se concreta en términos normativos? Vamos a ver cómo algunos artículos de la Constitución establecen con claridad los cambios de paradigma. La Constitución tiene doce ejes transversales que son fundamentales y que son los que le dan vida al proyecto de país. Primero y principal, los Derechos Humanos son el eje transversal y fundamental que, conjuntamente con la participación, es el núcleo vital del proceso de transformación. Esta participación la identificamos de diferentes maneras. En primer lugar: el Preámbulo de la Constitución apoya las bases de la refundación de la República en el desarrollo de una sociedad participativa y protagónica (repetimos, no vale refundación de la República sin participación protagónica del pueblo). En segundo lugar, el artículo 6 señala que el gobierno de la

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República Bolivariana y de las entidades políticas que la componen será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, etc., etc. Este mandato es radicalmente distinto al de la Constitución de 1961 que definía al gobierno como representativo. Ahora veremos cómo la Constitución Bolivariana plantea la participación como un Derecho Humano fundamental: el artículo 70 nos dice que el derecho de la participación se concreta en primer lugar en el derecho de elegir y ser elegido. Cómo se combina con el criterio republicano de colectivización y asunción de protagonismo, cuando además de ese concepto de elegir y ser elegido el mismo artículo establece la consulta popular, la iniciativa legislativa, la revocatoria de mandato, el cabildo abierto, la iniciativa constituyente, la asamblea de ciudadanos, el referéndum consultivo en materia legislativa, en materia de tratados internacionales vinculantes, la abrogatoria de leyes y decretos como fuerza real, etc. etc., todos éstos considerados derechos humanos. Yo tengo el derecho humano de participar en un proceso legislativo, yo tengo como derecho humano inherente a mí el derecho no sólo de votar, de ser elegido, sino también de participar en una consulta popular, derechos que nadie me puede quitar; tenemos además el derecho de solicitar la rendición de cuentas, contemplado en la obligación correlativa; también de eso se trata el control social que señalamos anteriormente; así como del derecho de rendir cuentas como obligación del gobernante, pero el gobernante no las rendirá si nosotros no se las pedimos, o nos las rinde mal si nosotros no nos montamos realmente en la lógica de solicitar una rendición de cuentas, tal como está previsto en el artículo 66 de la Constitución. Esa participación que nos plantea la Constitución no sólo está vista como un derecho humano sino que está vista como la garantía para el ejercicio efectivo de otros derechos humanos, y de eso hablaba Elías Jaua: de cómo nosotros debemos establecer criterios y prioridades en nuestras propias comunidades para determinar efectivamente la existencia del derecho a un ambiente sano, pero también el

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derecho a que los niños estén atendidos. De aquí que nos toca considerar cómo la Constitución diseña que todo lo que tiene que ver con los derechos sociales: derechos de los trabajadores, derecho de la salud, derecho de la educación, derecho de un ambiente sano, derechos de las personas con discapacidades. Cuando revisen la Constitución, deben pasar todos esos derechos por el tamiz de que su pleno ejercicio depende de la participación protagónica de todos los ciudadanos, si no participamos en las políticas vinculadas con estos derechos, el ejercicio prolijo y efectivo de nuestros derechos, definitivamente, va a ser desde una perspectiva asistencialista que era lo que teníamos en la Constitución del 61: lo que el gobierno nos podía dar . Ahora se plantea que el ejercicio pleno y efectivo de estos derechos depende de nuestra propia participación, del control que yo ejerzo sobre las políticas públicas Luego tenemos la participación en el control directo que, considero, es el más importante de todos los cinco poderes públicos. Básicamente sabemos que tenemos una incidencia en materia del Poder Ejecutivo no sólo para escoger y ser electo, sino también para todo lo antes expuesto y, sobre todo, con lo relacionado al control social, previsto en los artículos 128, 141 y 299, que incluye la posibilidad de participar en el régimen económico de la República en el artículo 299. Tenemos también que todos los mecanismos de servicios públicos que están establecidos en el artículo 184 que supone todos los procesos de cogestión, ejecución y control de obras y servicios públicos por parte de las comunidades organizadas. Tenemos todo lo que tiene que ver con el Consejo Federal de Gobierno y los Consejos Locales de Planificación Pública. Todo lo relacionado con el control de las actuaciones directas del municipio. Con respecto al Poder Legislativo, la Constitución se refiere a que nosotros no sólo tenemos derecho a participar en los asuntos legislativos vinculados a procesos de leyes, sino que también tenemos derecho a participar en el control que tiene la Asamblea sobre la Admi-

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nistración Pública, así planteado en el artículo 187. La participación es un eje central del proceso que se genera en la Asamblea Legislativa, tenemos allí una incidencia no sólo del proceso legislativo, sino también en los procesos de control, con respecto al Poder Electoral, al Poder Judicial y al Poder Ciudadano. Los tres poderes pasan por una participación ciudadana directa en lo que se refiere a la elección de sus miembros (recuerden ustedes que en el Poder Electoral tres de sus miembros son escogidos por la sociedad organizada). En el Poder Judicial hay participación directa de los comités de postulación judicial, igualmente en el Poder Ciudadano donde hay participación directa en el comité de evaluación de postulación. Ahora bien, ¿cómo se inserta la Defensoría en estos procesos de participación? La Defensoría tiene tres ejes fundamentales de trabajo: la promoción, la defensa y la vigilancia de los derechos humanos establecidos en la Constitución. ¿Qué hacemos en materia de promoción? Generar procesos educativos donde nosotros logremos que la gente entienda cuáles son sus derechos y que viva claramente el ejercicio de ellos. ¿Por qué? Porque efectivamente si el ciudadano no asume un rol protagónico en la defensa de sus derechos, no logrará conseguir efectivamente que se realice ese proyecto, como hemos venido diciendo, porque no puede haber un defensor del pueblo por cada ciudadano. Habrían muchos defensores del pueblo si tuviéramos todos los recursos necesarios, pero nunca vamos a hacer lo suficiente para abordar todas y cada una de las problemáticas individuales o colectivas del pueblo venezolano. De tal manera que el plan de educación que generamos en la Institución tiende a generar el proceso protagónico del que estamos hablando. En materia de defensa, quisiera dar ejemplos concretos de casos en que hemos participado: actualmente tenemos ante el Tribunal Supremo de Justicia tres nulidades por ordenanzas en caso de Consejos de Planificación debido a que muchos alcaldes han emitido ordenanzas donde ellos establecen unilateralmente quiénes son los que

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participan en los Consejos Locales de Planificación Pública, siendo éste un proceso participativo. Además actuamos de manera directa, no sólo en estos procesos judiciales sino en la vigilancia del proceso de elección de los Consejos Locales de Planificación, por dos razones, porque la ley nos lo establece (somos testigos de ese proceso) y, por otro lado, porque consideramos que es necesaria la participación activa de la Defensoría del Pueblo en el proceso de elección popular que se genere allí. También debemos cumplir una labor educativa, porque está ocurriendo que muchísima gente no conoce realmente la naturaleza de los Consejos Locales de Planificación. Y, señores, en la medida en que la gente no conozca la naturaleza de los Consejos Locales de Planificación, nos meterán gato por liebre, porque quienes saben son los que se quedan allí. Por lo tanto, tenemos que impulsar ese proceso de participación entre las comunidades. Por último, les invito a ustedes que en este proceso de control social a la vez generen un control social hacia las Defensorías del Pueblo, porque nosotros como órganos del Estado necesitamos los aportes que puedan darnos como comunidades organizadas. Somos una institución muy pequeña, que está naciendo, con muy pocos recursos; además, tenemos que estar en todo el país con muchísimas atribuciones. Sin lugar a dudas, el mayor fortalecimiento que nosotros podemos tener es contar con el apoyo de las comunidades, en el entendido de que además de alertarnos sobre nuestros problemas, nos informen sobre lo que está sucediendo allá afuera, porque nosotros no podemos estar en todos lados. En la medida en que nosotros conozcamos la situación allá afuera, seguramente podremos participar más radicalmente en todas estas esferas de promoción, defensa y vigilancia de este proceso de transformación del país a través de la participación. Muchísimas gracias.

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Asamblea Nacional LUIS VELÁSQUEZ ALVARAY Diputado a la Asamblea Nacional

BUENOS DÍAS, quiero felicitar a los organizadores de este importante evento que ayuda a la difusión de un importante problema como lo es la participación que tenemos en el país. Voy a utilizar el tiempo justo que se me ha concedido; primero, porque así debe ser y, segundo, porque tengo que irme a la Asamblea porque ahorita tenemos sesión y tengo que ir a pelear como lo estamos haciendo. Les voy a anunciar lo que vamos a hacer, vamos ahora con todos los hierros a la Ley de Medios. Debido a que hay poco tiempo, voy a centrar mi exposición en dos grandes vertientes que tienen que ver con el ejercicio del control social. En primer lugar, para entender el control social, veremos su diferenciación con respecto a los restantes tipos de control que puedan presentarse; por ejemplo, su diferencia con respecto al control jurídico o, por ejemplo, con el control político que debe tenerse en el modelo legislativo. Aunque el Derecho juega un papel sumamente importante en el control social, aunque menos extenso que en el resto de los poderes, no regula ningún instrumento en los medios de control. Se trata entonces, de un control no institucionalizado donde no existen procedimientos regulados de control social y éste opera de manera difusa. Con respecto al concepto de participación ciudadana como categoría importante para entender el control social, la defini-

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mos como el proceso mediante el cual la ciudadanía interviene individual y colectivamente en las instancias de toma de decisiones sobre asuntos públicos que le afectan en lo político, económico y social. La participación ciudadana y el control social tienen como objeto, en primer lugar, fortalecer la participación ciudadana en el ejercicio de control social; en segundo lugar, vincular a la ciudadanía, en forma directa a través de organizaciones civiles, a la orientación y control de los recursos públicos en forma transparente; en tercer lugar, la obligación legal de generar una cultura ciudadana para el control del patrimonio público. Ahora bien, la contraloría social debe ser vista como un sistema. Por lo tanto, la organización de ese sistema deriva de las siguientes vertientes: en primer lugar, de la primera gran vertiente que es informar a la sociedad; la segunda que sería la organización para el control; la tercera sería la interrelación gobierno-sociedad; la cuarta, programas de formación; la quinta, atención a quejas y denuncias; y la sexta, evaluación al gobierno. En torno a la primera vertiente, la contraloría social como un sistema debe informar a la sociedad sobre aspectos como la operatividad de los programas, las características de las obras, los proyectos y el presupuesto. En lo que se refiere a la organización para el control, en la cual se presentan distintas variables por ser una figura nueva impulsada a raíz de la Asamblea Nacional Constituyente, mediante la nueva Constitución, están surgiendo un poco libremente distintas formas de organización para establecer el control en la sociedad, aunque podemos destacar el surgimiento en el país de los contralores comunitarios, contralores ciudadanos, comisiones de transparencia, auditores ciudadanos, etcétera. Nosotros en Mérida yo soy de Mérida a raíz del propio desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente y de la organización que teníamos en la Contraloría General del Estado (yo cumplía en

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ese momento la función de Contralor General del Estado Mérida) y como consecuencia de una resolución que promulgaba la creación de los contralores comunitarios, realizamos una experiencia de participación que logramos informar posteriormente a la Comisión encargada de la Asamblea Nacional Constituyente y que fue atendida en diversos aspectos para darle rango constitucional a este tipo de participación. Los principios para la organización comunitaria que más se han popularizado en relación a este aspecto que estamos tratando el segundo, la organización para el control son los contralores comunitarios, bajo las siguientes premisas, que son básicas para entender la organización comunitaria: primeramente, respeto y libertad de organización de la población sin distinción de clases sociales, políticas, religiosas o de cualquier otro orden; en segundo lugar, promover la participación organizada de la comunidad para asegurar que la inversión se destine para alcanzar los objetivos y metas previstos en condiciones de economía, eficiencia y eficacia; en tercer lugar, fortalecer la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la solución a los problemas más agudos en las comunidades; en cuarto lugar, propiciar la transparencia, honestidad y eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de tiempo destinados a la inversión social, lo que nos llevaría a una definición de contralor comunitario entendido como el vigilante idóneo de la gestión de gobierno que supervisa la ejecución correcta y cabal de los proyectos. En tal sentido, esta figura se perfila como un apoyo al objetivo de sanear la administración pública y contrarrestar posibles desviaciones de recursos. A partir de la nueva Constitución se ha popularizado la figura del contralor comunitario en el país, así como las distintas formas de organización para establecer el propio control de las comunidades. Incluso, creo que nuestra experiencia la están adoptando otros países de América Latina. Es más, considero que hemos superado en gran

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medida a otros países en este tipo de organización y en este tipo de experiencia. Por lo tanto, según la experiencia que tenemos, como primeros objetivos que se perfilan en el contralor comunitario están: incentivar la confianza ciudadana en la inversión social a través de la vigilancia ejercida por la comunidad; detectar en forma oportuna cualquier desviación de los recursos destinados a obras de beneficio social; promover la participación objetiva, independiente y sistemática de la ciudadanía en la vigilancia y cumplimiento de los requisitos establecidos en la ejecución de los proyectos; motivar a todos los sectores de la comunidad organizada a que participen en la vigilancia permanente y oportuna del proyecto. La tercera vertiente del sistema: la interpelación gobierno-sociedad, tiene que ver con la opinión de la ciudadanía sobre la gestión, promover los intereses de la sociedad y proyectar las necesidades sociales. La cuarta vertiente tiene que ver con el programa de formación de la contraloría social vista como un sistema, atañe primero a la entrega de herramientas a la ciudadanía para el control; segundo, la generación de actividades para proyectar conocimientos generales y especializados; y en tercer lugar la participación democrática como eje y base fundamental para todos estos proyectos. La quinta vertiente, tenemos la contraloría social aplicada a la atención de las quejas y denuncias, lo cual se sintetiza en crear mecanismos de atención y recepción, utilizar la información recibida para mejorar servicios; tenemos numerosos ejemplos: a través de atención telefónica, modelos informáticos, internet, guías ciudadanas. Incluso la Contraloría General de la República inició una Oficina de Atención Ciudadana que se ha proyectado a todas las contralorías de los estados, incluso a las contralorías municipales. El Contralor tendrá oportunidad de hablar sobre esta experiencia. La vertiente de la contraloría social vista como sistema la consti-

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tuye la evaluación al gobierno; trata en primer lugar de medir el grado de satisfacción ciudadana, el cumplimiento de los programas y comprobar su eficacia, además de identificar la percepción ciudadana sobre la transparencia de su gobierno. En síntesis, los objetivos de este sistema serán, en primer lugar, ofrecer información completa, oportuna y confiable a la sociedad; en segundo lugar, impulsar la corresponsabilidad gobierno-ciudadanía; en tercer lugar, fortalecer los procesos de autogestión; en cuarto lugar, contribuir al cumplimiento de los programas de gobierno, promover la participación activa de la comunidad, y la escogencia democrática de los representantes comunitarios, que también son experiencias novedosas, puesto que anteriormente todos estos organismos estaban asaltados por el bipartidismo existente en el país, tergiversando, por ejemplo, la función de la junta de vecinos y de todas las organizaciones comunales que se convertían en apéndices de Acción Democrática y Copei; y finalmente, promover los valores éticos y cívicos en la ciudadanía. Concluimos con este punto para proseguir con la segunda fase de mi exposición que tiene que ver con las bases constitucionales y legales. Decíamos que a partir de la Asamblea Nacional Constituyente se ha generado una serie de propuestas en el país que tienen su base en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fundamentalmente están en los artículos 51, 62, 178 y 184 de dicha Constitución. En el artículo 51, por ejemplo, se plantea el derecho a representar o a dirigir peticiones ante cualquier autoridad o funcionario público sobre asuntos que sean de su competencia y de obtener oportuna y adecuada respuesta. El artículo 62, por ejemplo, proclama el derecho que tienen los ciudadanos de participar libremente en los asuntos públicos directamente o por medio de su representante elegido o elegida; resaltar la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública, garantizando la obligación del Estado como deber a

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la sociedad, de facilitar la generación de las condiciones más favorables para todas esas prácticas. Luego tenemos el artículo 178 donde se establece las competencias del municipio y la serie de facultades que la Constitución otorga al municipio. Por cierto, nosotros en la Asamblea tenemos una deuda con la Ley Orgánica de Poder Público Municipal que está en discusión y es uno de los elementos claves para el desarrollo de la participación ciudadana, de las contralorías sociales en el país. Lamentablemente, con el saboteo que hemos tenido en la Asamblea ha sido muy difícil trabajar; pero sin embargo, a más tardar un mes, debemos estar aprobando la Ley del Poder Público Municipal para adaptarla a toda esta situación. Finalmente el artículo 184 que, a mi manera de ver, requiere ser desarrollado íntegramente en los distintos órganos públicos, tiene que ver con el problema de la descentralización. La descentralización en el país ha sido mal entendida, mal enfocada, mal utilizada y ha sido tomada sólo como bandera política, aunque no es tal en el proceso de descentralización; porque de descentralización se habló con el surgimiento de los gobernadores, quienes luego se convirtieron en centralizadores del estado, incluso en oportunidades negando los recursos a los municipios. Nosotros no creemos en este tipo de descentralización y creo que debemos establecer perfectamente en la legislación que se avecina y en el desarrollo institucional que tenemos todavía pendiente, una verdadera aplicación de este artículo 184 para que se creen los mecanismos, planteados constitucionalmente, en busca de un proceso de descentralización en el país que tenga como base fundamental el municipio y los distintos grupos sociales que hacen vida local. Como bases legales tenemos una serie de instrumentos que han comenzado a aplicarse en el país y, aunque todavía son incipientes, son una buena base para constituir un desarrollo comunitario en el país, un verdadero desarrollo de las contralorías sociales, para evitar la

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corrupción tan amplia que se ha expandido en Venezuela durante tanto tiempo. Tenemos, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Administración Pública, fundamentalmente en sus artículos 1, 135 y 138. La Ley Orgánica de Planificación Pública, en sus artículos 14, 51 y 59. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República del Sistema Nacional de Control Fiscal fundamentalmente en sus artículos 1, 6, 14, 19, 35, 37, 75 y 76 aquí me voy a extender un tanto debido a que tuvimos que aplicar a la Ley de la Contraloría General de la República el mismo procedimiento que aplicamos para aprobar la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, esto le consta al Contralor General. El hecho era que los medios estaban un poco menos alborotados en ese momento y creían que existía la posibilidad de seguir legislando para que la corrupción siguiera expandiéndose. Según informaciones que hemos recibido, incluso en diversos países, la Ley de Contraloría (seguramente el Contralor va a hablar) se considera un instrumento moderno, como un instrumento que ha comenzado a aplicarse en el país y que veremos sus frutos oportunamente, como sucede en todos los procesos sociales y jurídicos, que no pueden ser de un día para otro. Esta Ley en su artículo 75 señala que el contralor general a través de una resolución dictará normas destinadas a fomentar la participación de los ciudadanos; y resalta allí los siguientes aspectos: atender las iniciativas de las comunidades y control fiscal; ordenar, dirigir, sistematizar y evaluar las denuncias ciudadanas; promover mecanismos de control ciudadano en proyectos de alto impacto económico, financiero y social. A partir de estas iniciativas y propuestas constitucionales, se está desarrollando en la Contraloría General de la República un plan que alcanza ahora a las contralorías estadales y a las contralorías municipales. Porque, recuerden ustedes, esta Ley unificó todos los procesos de control en el país, y que también provocó una lucha bastante fuerte en el parlamento, aunque no tuvo tanta trascendencia como la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justi-

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cia. He ahí el comienzo de una gran transformación para hacer la justicia accesible a todos los sectores de la población, para hacerla llegar a los sectores más necesitados, a los que no tienen recursos o a los que nunca han podido llegar por obra de los grandes bufetes del país. La ley que hemos aprobado del Tribunal Supremo de Justicia también prevé el control ciudadano sobre la administración de justicia en el país. Ustedes saben bien que 95% de los jueces son jueces corruptos o adecos y copeyanos; y son jueces que han establecido una mafia que existe en todos los estados del país, y que usted para poder acudir a la justicia tiene que pagar alcabala comenzando por el juez, pagarle al alguacil para que le cite, a la secretaria, a los escribientes, a todo el mundo. Entonces nosotros hemos dicho y voy a decirlo aquí porque es parte de lo que venimos desarrollando en las comunidades de control del poder judicial que aquí vamos a dar una verdadera revolución en el poder judicial tipo PDVSA. Y por eso es que están tan nerviosos con la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, porque sin ella no podemos avanzar en el país. Sin la transformación del sistema judicial no hay avance del proceso transformador y revolucionario que dirige nuestro Presidente de la República. Éste es mi planteamiento, y ahorita me voy para la Asamblea Nacional para participar en la Ley de Contenidos. Además, llevo en mi maletín la ley para regir la jurisdicción contencioso administrativa que es la que también atañe a la relación entre lo que es la administración pública y los ciudadanos. Los ciudadanos siempre han estado abandonados allí, y esta ley plantea entre otras cosas llevar la jurisdicción contenciosa administrativa a nivel de los municipios para que la gente, para que los grupos sociales que hacen vida en ese municipio, los grupos locales, tengan realmente respuestas rápidas y eficientes del sistema judicial en torno a la jurisdicción municipal, allí mismo donde actualmente estamos desasistidos: si se comete un atropello contra una persona, ¿quién va acudir a un tribunal de un estado como Mérida por ejemplo, o Barinas o de un estado como Lara, como Por-

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tuguesa, con las circunscripciones que existen actualmente?, porque es la mafia que se aplica allí, a las dos cortecitas de aquí donde se consideran dioses, a los cuatro o cinco bufetes que siempre han manejado la administración de justicia en el país. De tal manera que ustedes verán que en lo que lean esta ley se va a armar otra vez el escándalo porque se acabó la injusticia en Venezuela. Resulta que la señora que sale diciendo que es un golpe de estado la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, no dijo nada cuando Carmona dijo Se elimina el Tribunal Supremo de Justicia, se elimina la Asamblea Nacional . Entonces si usted agarra su vehículo y cae en un hueco y no tiene a quien reclamarle, ahora tiene ante quien hacerlo y el juez tiene que atenderlo inmediatamente en un juicio breve, brevísimo, y en 72 horas tiene que darle respuesta a su reclamo; y el juez tiene que ocuparse de resolver el problema a la persona inmediatamente, contra el organismo que sea, organismo público, sea del gobierno nacional, sea del gobierno municipal, sea del gobierno estadal, pero el ciudadano no puede seguir huérfano de un sistema judicial que siempre ha actuado más bien contra él. De tal manera que ese es el segundo paso que daremos. El tercer paso que vamos a dar será con los fiscales del ministerio público que tenemos, 95% de estos fiscales son saboteadores que no consideran la participación de las comunidades, que se han constituido en cotos cerrados para que la corrupción siga imperando y ellos seguir gobernando en el sistema judicial venezolano. Eso se acabó, por eso hemos dicho que necesitamos aproximadamente diez mil abogados comprometidos con las comunidades, comprometidos con este proceso de transformación, para que tomen las riendas del poder judicial en todo el país y podamos, entonces, incorporar el poder judicial al proceso de contraloría social, al proceso de búsqueda de equidad y de justicia; que se cumplan los fines del derecho, que no son otros que la justicia; que se cumpla la seguridad jurídica, pero

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que sea verdad, que no se quede en un papel, que no se quede sólo en la letra constitucional. Finalmente quiero hablarles rápidamente del proyecto que tenemos de Ley de Participación Ciudadana. Ese proyecto que se discute actualmente en la Asamblea Nacional y que vamos, Dios mediante, a aprobar en los próximos días. Tiene como objeto general desarrollar principios constitucionales, entre los cuales se destacan: el establecimiento de mecanismos directos de participación ciudadana, prevé los fines fundamentales de dicha participación, el desarrollo de la persona humana, la consolidación de la sociedad democrática, participativa y protagónica, el fomento y desarrollo de la organización social, la superación personal de los ciudadanos, la eficiencia y la toma de decisiones de los órganos públicos, el control de los ciudadanos hacia la gestión pública, la incorporación del pueblo al efectivo ejercicio de la democracia participativa, la defensa de las libertades democráticas y de los derechos humanos. Es esta la razón que nos mueve como proyecto político transformador en el país, darle fuerzas a las comunidades en la actuación a través de las contralorías sociales, fortalecer el concepto de participación ciudadana. Estos son elementos que tenemos que construir con la dinámica social, con la dinámica del pueblo, con la lucha del pueblo, la defensa de su Constitución, en la búsqueda de mejorar, de denunciar, de protestar cuando hayan decisiones injustas sea de quien fuere y de despartidizar definitivamente todos estos actos. Lo único que puede salvar la democracia y que puede salvar el proceso revolucionario es establecer esa dinámica de transformación estructural en el poder judicial y es el compromiso que hemos hecho ante Venezuela y que yo ratifico hoy ante todos ustedes. Muchas gracias.

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Contraloría General de la República CLODOVALDO RUSSIAN Contralor General de la República

DESPUÉS de las intervenciones tan claras y tan precisas de Luz Patricia Mejía y de Luis Velásquez, vamos a tratar de pensar algunas cosas que tienen que ver con este apasionante tema del control social. Cuando en enero del 2000 asumimos la Contraloría General de la República, planteábamos la necesidad en que estábamos de tener 24 millones de contralores en el país yo no sé si efectivamente tenemos 23 y medio o 24 millones de habitantes pero siempre hay una holgura por allí de cifras negras que nos coloca por encima de los 24. Por eso saludo con gran beneplácito este Seminario de Contraloría Social como una herramienta para la democracia participativa. Pero también cuando asumimos la Contraloría tratamos de poner en correspondencia el discurso con el cual nos hemos identificado y los postulados que establece la Constitución Bolivariana. Es por eso que en el proceso de reestructuración de la Contraloría para tratar de adecuarla a las normas establecidas en al Constitución del 99, volvimos a crear a la Dirección General del Control de Estados y Municipios, porque no es posible que se tenga un discurso descentralizador, municipalizador, y consecuencialmente para profundizar la democracia, y se niegue precisamente la colaboración o la participación de organismos para que puedan contribuir en aquello. Nosotros estamos muy lejos de aquellos que hablaban de la descentralización pero que luego, cuando asumieron gobernaciones, dijeron La des-

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centralización llega hasta mí. Olvídense los municipios y olvídense las comunidades de la descentralización . Pero claro, este proceso de descentralización, de municipalización, de transformación del país, de participación de las comunidades en el control que se debe ejercer, tiene necesariamente que superar algunas de las dificultades de tipo legal que se han generado; porque, ciertamente la Ley de Elección de Gobernadores es del 89, pero esa fue una ley concebida, tal como lo habían explicado tanto el doctor Elías Jaua, como Luz Patricia Mejía y Luis Velásquez, una descentralización muy concebida a seguir manejando los hilos y los resortes del poder sin que éstos pudiesen drenar hacia la comunidad. Otro tanto ocurre con la Ley Orgánica de Régimen Municipal, también del 89, que es peor que la del 84, y ésta peor que la del 78, ...hemos tenido allí un proceso involutivo. Nosotros, si alguna cosa tenemos que hacer afortunadamente es la nueva ley de participación política a nivel de los municipios. Velásquez nos señala la posibilidad que en breve tiempo podremos tenerla, precisamente porque está trabada por las dificultades que allí se imponen. Y sin duda alguna que el modelo de desarrollo que nosotros concebimos tiene que apuntar hacia la observación que nos hacía el doctor Jaua en cuanto a la distribución de los recursos. Claro, esto también hay que manejarlo con la suficiente ponderación para evitar que cada uno de nosotros quiera tener un parque o una plaza frente a su casa, esto también evidentemente hay que armonizarlo. Pero ya llegaremos a eso y también veremos cuáles pudieran ser algunas de las vías para lograrlo. También hemos querido traer acá algunas de las disposiciones constitucionales y legales. Nos importa que nosotros manejemos las disposiciones que al fin y al cabo nos facultan a ejercer esos derechos, así como saber dónde tenemos que utilizarlos. Por eso digo que la participación ciudadana tiene una disposición extraordinaria en el artículo 62 de la Constitución Bolivariana, Todos los ciudadanos y ciudadanas tiene el derecho de participar li-

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bremente en los organismos públicos directamente o por medio de su representante elegido o elegida. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica ; y luego en el artículo 70, como medios de participación ciudadana, tiene en lo político: la elección de los cargos públicos, el referéndum, las consultas populares, la revocatoria de mandato, la iniciativa legislativa, el cabildo abierto; en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas, las cajas de ahorro. Esto nos permite, precisamente, en la medida en que nosotros lo vayamos conociendo y lo vayamos manejando, un instrumental que nos va a permitir ir haciendo realidad nuestra aspiración, como lo es una democracia participativa en donde las decisiones tengan un contenido esencialmente social por cuanto nacen de las colectividades. Luego está también lo de la gestión pública, el control de la gestión pública. Efectivamente cada gestión pública está en la obligación de tener nuestro control en lo gerencial. En Venezuela hemos avanzado lo suficiente como para haber dejado atrás todo el control por parte de los organismos de control público, tanto para los compromisos y para los pagos. Afortunadamente hoy la propia gerencia, la propia administración, el propio gobierno tiene que autocontrolarse. En consecuencia, también forma parte de las enseñanzas que tenemos que asumir como funcionarios. Si nosotros somos gerentes de cualquier dependencia pública, tenemos que tener y ejercer el control sobre las actividades que realizamos y no sólo sobre la utilización de los recursos, porque no sólo se quedó atrás el control numérico legal, ahora hay el control de gestión y tiene rango constitucional. En la ley del 75 la Contraloría tenía un articulito, en la del 73 tenía

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tres y ahora tiene rango constitucional, por eso importa mucho cuáles son los resultados de una gestión, y quien tiene precisamente que controlar en primer grado no es el órgano de control externo, es la propia administración. Si la compra es al precio justo, si los precios son razonables, si la obra que va a hacer efectivamente se corresponde, se compagina, con las necesidades que ha tenido la sociedad, que ha tenido la colectividad porque aquí es donde mejor se expresa la información del poder y los órganos encargados de ejecutar esas acciones para la contratación de las obras, la prestación de servicios que necesariamente tienen que estar vinculados con la comunidad, con la colectividad, para que entonces los planes allí aprobados nazcan de las mismas necesidades colectivas, y puedan entonces diversificar los recursos para satisfacer las necesidades realmente más apremiantes o en todo caso las que brinden la mayor suma de felicidad posible. Es más, así como nosotros tenemos que internalizarlo, saber cómo ejercer una función gerencial a nivel nacional, a nivel estadal, a nivel municipal, administración central, administración descentralizada, también tiene que saberlo nuestra comunidad. Es importantísimo que las comunidades puedan hacer el seguimiento porque la obra que se va a hacer tiene que haberse discutido con la comunidad. Además, no basta con el viejo afiche que despliegan las empresas contratistas indicando la obra en construcción, sino que en ellos hay que añadir la discriminación de los datos: ejemplo, si es en la carrera 20, entre calle 32 y 33 de Barquisimeto, tienen que informar de cuántos metros será la construcción, el espesor que tendrá el concreto que van a poner allí, etc., así no hay que ser ingenieros para que las comunidades puedan hacer un seguimiento de las obras que les están haciendo. Aun más, tenemos que dotar a las comunidades de la información necesaria para que sepan a dónde van a reclamar. La comunidad tiene que saber que es el contratista a quien primero debe reclamar, que tiene que pedirle una identificación y llevárselo reportado;

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igual pasa con los servicios, de transporte o de lo que sea. Si no encuentra la respuesta adecuada aquí, entonces se irá a la dirección correspondiente o presentar la queja al Ministerio de Infraestructura, de forma tal que haya posibilidades de una respuesta. Cuando no se tiene esta información ocurre, en muchos casos, la frustración por parte de la comunidad. La vía expedita es la que estamos señalando, por eso es necesario que nosotros informemos a la colectividad de todos estos mecanismos para que puedan ejercer sus derechos pese a que tenemos la mayoría de medios de comunicación social, sobre todo los periódicos y las televisoras en general en contra nuestra, que no van a permitir precisamente el que estos señalamientos los conozca la comunidad. Tenemos que inventar, tenemos que ingeniárnosla, pero nuestra colectividad tiene que tener el debido conocimiento de estos mecanismos. Las contralorías a nivel de la República, de los estados, de los municipios, las contralorías internas también tienen que manejar toda esta información, porque todos nosotros estamos en el deber de saber orientar a la gente, hay que acabar con aquello de Vaya por acá sin saber si efectivamente usted está mandando a esa persona al sitio adecuando. Entonces tenemos que nutrirnos todos, la única forma de que opere un control social en profundidad y con eficiencia está en la medida en que haya suficiente información y suficientes conocimientos del colectivo, del sector público y del sector privado. Para mí es muy fácil hablar de estas cosas porque al fin y al cabo provengo de movimientos vecinales, organizaciones no gubernamentales donde nosotros somos pagados para ser dirigentes, no como ahora que inventan una ONG para que les den unos dólares por allí y no tiene nada que ver la cosa que se planifica; de aquí que es muy importante que veamos qué tipo de organización utilizamos. Yo no tengo ningún prejuicio por una o otra, pero creo que la clave para ejercer estos controles viene dada por la organización comunitaria o vecinal, porque es la que tiene al fin y al cabo una relación muchísimo más directa.

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Claro, también podemos enumerar algunos órganos de control vital: está la Contraloría General de la República, las contralorías de los estados, las contralorías de los municipios, la Contraloría General de las Fuerzas Armadas, la contraloría del cuerpo constitucional y las unidades de auditoría interna de toda la Administración. Lamentablemente, por el retardo mismo de la Ley del Régimen Municipal, la contraloría municipal aún sigue ejerciendo el control previo de las alcaldías y las unidades de contraloría interna todavía están en su fase de creación, aún no cuentan con los instrumentos o el soporte legal para que puedan operar, agilizando y facilitando así muchísimo más lo que corresponde al control. Está también la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, que es un órgano adscrito a la Vicepresidencia de la República de acuerdo con la Ley del Sistema Financiero, que la Asamblea dejó adscrita al Consejo Directivo Nacional, y que está cumpliendo un papel bien importante porque ha venido dotando a los órganos de control interno de estas instituciones mediante concursos cuyas bases son dictadas por la Contraloría General de la República. Porque el contralor en primer grado de la hacienda pública nacional es el Presidente de la República. Antes esto no se veía así, pero el contralor de primer rango del FIDES no es el contralor interno, es el doctor Jaua, porque esa es precisamente la responsabilidad en cuanto al manejo de los recursos. La máxima autoridad, como decíamos, es el presidente del FIDES y los ciudadanos, en el ejercicio de su derecho, deben participar en el control de la gestión pública. Esto está en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Contralorías. Nosotros, evidentemente, necesitamos también motivar la participación ciudadana como un instrumento de control eficaz; y no hay otra forma que divulgando el conocimiento de los derechos que asisten a la sociedad al menos así lo consideramos nosotros , los derechos que tienen los ciudadanos para controlar, de manera individual

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o colectiva, la gestión de los organismos, sean éstos nacionales, estadales o municipales e independientemente de la rama del poder a la que pertenecen. Lo que quiere decir que no solamente es aplicable a la rama del ejecutivo, también es perfectamente aplicable a la rama legislativa, a la judicial, a la electoral y a la rama donde estamos nosotros que es la del Poder Ciudadano. Consecuentemente, esto implica formación y educación. Nosotros estamos estableciendo convenios a través del Poder Ciudadano no por la vía de la Contraloría con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en este sentido, porque nos importa que esta formación la reciba toda nuestra colectividad; y dentro de esta colectividad los niños juegan un papel, en algunos casos, mucho más importante al que se pudiese imaginar. Está el ejemplo de los semáforos en que son los niñitos quienes le reclaman al padre y a la madre que no se pueden comer la luz, porque lo aprendieron en la escuela. Por ende, cualquier mecanismo que nosotros implementemos, si no tenemos la debida formación ética y moral, desde el punto de vista de los principios, los resultados no van a ser los mejores. Cuando nos tocó actuar como contralores del municipio Sucre del estado Miranda, establecimos que no se podía autorizar ninguna orden de pago a los contratistas que no tuviesen el aval de la junta de vecinos de la zona donde se había construido; nos funcionó de maravilla durante un mes, entonces tuvimos información de una persona de la asociación de vecinos que pedía la incorporación de un familiar a la nómina para que le pagaran sin trabajar. Recuerdo lo que ocurrió en 1958 ustedes son jóvenes en su mayoría y no tienen por qué recordar , muchas asociaciones, que en esa época se llamaban las juntas pro-fomento o pro-mejora de los barrios, negociaban los camiones de arena, los camiones de cemento y demás con los contratistas. Por eso es de vital importancia el nivel de conciencia de cada uno de nosotros, para garantizar que el control que se va a ejercer sea precisamente el que nos corresponde como ciudadanos. Simplemente seña-

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lamos estas prácticas para alertar que en cualquier situación siempre existe el peligro de cometer cualquier error o desviación. De ahí la importancia de los instrumentos legales y de la aplicación de los mismos para que, cada vez más, a nivel municipal o a nivel estadal, las comunidades conozcan los presupuestos: conocer cuál es la distribución que ahí se está haciendo, qué es lo que está asignado a sueldos y salarios del personal, qué es lo que se ha establecido como gastos de inversión; con respecto a los gastos de inversión, saber qué es lo que se destina para educación, qué es lo que va para salud; así como conocer la identificación y la ubicación del sitio donde se construirán las obras y dónde se van a prestar los servicios. De esta forma, la comunidad puede, oportunamente, introducir cualquier elemento correctivo, evitando que ocurra lo que nos advertía el doctor Jaua, de que ya el hecho está consumado. Esto es importante que se tenga presente. Por otro lado, atendiendo a sus inquietudes, creo que será necesaria una reforma importante en cuanto a la institución de los recursos del ejecutivo nacional, no sólo en el FIDES sino también en el mismo Estado constitucional. Habría que ver cómo se implementa una distribución directa, que no tenga que pasar indefectiblemente por las alcabalas, y digo alcabalas porque lamentablemente algunos de los gobernadores y algunos de los alcaldes la han convertido en eso. Entonces el esfuerzo se pierde en gran proporción y no se corresponde con los recursos emanados a nivel nacional para satisfacer estas necesidades. Para cumplir con lo establecido por los organizadores y porque creo que es sumamente importante, quiero que ustedes intervengan y hagan preguntas, lo que nos permite tener una relación directa con ustedes y poder expresar algunos de los criterios y algunas de las inquietudes que nos acompañan, aprendiendo y enriqueciéndonos con el conocimiento que ustedes tienen y que con toda seguridad nos pueden trasmitir con el mayor gusto. Muchas gracias.

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Seguimiento y control de proyectos ENRIQUE RODRÍGUEZ Y VANESSA FARÍAS Escuela de Gerencia Social

ENRIQUE RODRÍGUEZ. Buenas tardes. Primero deseo agradecer a los organizadores por habernos invitado a Vanessa y a mí a participar en este evento; nos sentimos contentísimos de estar compartiendo con ustedes, entre otras cosas por la posibilidad que nos dan de aportar algo de lo que hemos venido desarrollando en la Escuela de Gerencia Social en el tema de la contraloría social. Pero también me siento contentísimo porque veo cantidad de gente que ya uno conoce, líderes comunitarios y líderes de grupos sociales y nacionales, a quienes apoyamos en su formación dentro de este campo de la gerencia social. Ahora nos encontramos acá, eso nos da gran satisfacción, porque vemos que ya pasó el tiempo en que se formaba gente y esa gente se perdía, ahora se forma la gente y sigue militando y sigue guerreando en estos temas que tienen que ver con este proceso de transformación social. Hace apenas unas tres semanas, se llevaron a cabo las mesas técnicas sobre contraloría social en las cuales participaron personas vinculadas al sector de la Contraloría General de la República, algunos profesores, investigadores en ese tema, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Esta experiencia nos ha permitido empezar a construir un módulo formativo en el campo de la gerencia social en el cual descubrimos varios aspectos importantes que tienen que ver con la contraloría social.

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El primer aspecto se refiere al basamento jurídico, tanto constitucional como de otras leyes, como la de la Contraloría General de la República, la Ley de Planificación y la Ley de Administración Pública, como en un basamento legal que le da piso jurídico al ejercicio de la contraloría social. Luego analizamos lo referente a la institucionalidad de la contraloría social, dirimir la necesidad de que a nivel de las comunidades o a nivel de los proyectos se constituya o se legalicen instancias y contralorías. Esta fue una discusión interesante donde privó entre los expertos el criterio de que la contraloría social debe ser un ejercicio ciudadano libre; más allá de cualquier institucionalización, debe ser un ejercicio automático, cotidiano y libre de los ciudadanos, de los individuos y sobre todo de la gente de nuestras comunidades. Otro punto que tratamos fue la presentación de experiencias en los distintos campos de la cultura y de la salud. Es sorprendente cómo hay experiencias en campo de la contraloría social, algunas de ellas relatadas en este seminario. La Escuela se comprometió a desarrollar una línea de trabajo para sistematizar estas experiencias con la intención de divulgarlas, de manera que podamos socializarlas con el objeto de que la Escuela tenga un área de apoyo en este campo. El último aspecto que tocamos fue lo relativo a cómo construir un módulo de formación en el campo de la contraloría social. La contraloría social tiene una historia, tiene base jurídica, tienen una institución legal, hay prácticas ya en desarrollo, por ende, se puede reforzar esa práctica cotidiana de contraloría social a través de módulos formativos; y en ese aspecto estamos trabajando. Con respecto a nuestra participación en este seminario, se nos solicitó un aporte técnico y quisimos orientarlo hacia lo que es el papel de la contraloría social en el control y la gestión del proyecto. Por tanto, vamos a tratar de hacer una presentación técnica, no será política ni jurídica sino más bien enfocada a los instrumentos o técnicas que

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deben utilizarse para tener un ejercicio efectivo de la contraloría social. Estamos conscientes de la importancia del compromiso político, sabemos que es importante la vigilancia que deben tener las comunidades sobre las inversiones, sobre los programas que se llevan a cabo; pero también es necesario contar con unos elementos técnicos para que esa contraloría social sea realmente eficaz. Trataremos de vincular la contraloría con el seguimiento y control de proyectos. ¿Qué entendemos por seguimiento? En el marco de la gestión de proyectos es el proceso de verificación y ejecución de las actividades y la consecución de los productos del mismo, de acuerdo con un plan previamente establecido. ¿Qué significa eso? Todo proyecto para que pueda tener éxito y para que pueda tener resultados e impacto en el problema que se quiere intervenir, que se quiere transformar, tiene que suponer la formulación de un plan, si no hay una planificación difícilmente se pueden conseguir resultados, así como tampoco se puede conseguir los impactos que se quieren. En este sentido nosotros asumimos que toda obra de inversión o programa social debe partir de un proyecto, es la primera condición para la efectividad de las intervenciones en el campo de la gestión pública. Por lo tanto, debemos concebir el seguimiento como la capacidad de hacerle acompañamiento, de ver el desarrollo de las distintas actividades y de los productos que el proyecto se propone alcanzar. Si no hay previamente una formulación de un proyecto difícilmente podemos hacerle seguimiento. El control es la capacidad que tenemos de retroalimentar o de intervenir en el desarrollo del proyecto. El seguimiento constituye la verificación de las distintas etapas, actividades, resultados, metas, productos del proyecto y el control es la capacidad que tenemos de incidir sobre el desarrollo del proyecto. Estas dos categorías son suma-

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mente importantes: poder visualizar cómo se desarrolla el proyecto y tener la capacidad de incidir sobre el desarrollo de ese proyecto. Desde esta perspectiva, la contraloría social no solamente debe ser un elemento de vigilancia, sino también tiene que ser un elemento de acompañamiento del proyecto. No debe animarnos solamente la visión del control interno de vigilancia, de supervisión, incluso de denuncia que es un elemento susceptible de aplicar por supuesto , sino también la de acompañar el desarrollo del proyecto; es decir, si se decide una inversión en un territorio determinado, debemos tener la capacidad de ver cómo se está ejecutando y de incidir en el desarrollo del proyecto, de tal manera que se logren los resultados del proyecto que se están buscando. Por lo tanto, el seguimiento y el control son elementos de la contraloría social, no son contradictorios ni mucho menos. Desde el punto de vista técnico, ¿qué cosas debe conocer una comunidad para ejercer la contraloría social? Lo primero que debemos hacer es darle nombre al proyecto. Es importante saber cómo se llama el proyecto y que el nombre que se maneje para identificarlo sea el nombre con el cual fue formulado, o fue aprobado. Segundo elemento, ¿en qué consiste el proyecto? Pudiese parecer obvio, pero yo les aseguro que no lo es. Lo recomendable es preguntar ¿qué es eso que se está haciendo allí?, ¿es la construcción de una cancha?, ¿es la construcción de una escuela?, ¿cuántas aulas va a tener?, con el objeto de tener una idea clara de lo que se está haciendo. La comunidad tiene el derecho de solicitar al ejecutor del proyecto que le explique exactamente en qué consiste el proyecto en cuestión. Tercer elemento, ¿quién es el responsable de ese proyecto?, ¿quién es el responsable ejecutor? e, incluso, uno podría preguntar ¿quién decidió ese proyecto?, ¿dónde se está haciendo ese proyecto?, ¿cuál es la institución responsable de ese proyecto?, por supues-

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to, un elemento fundamental es ¿cuánto cuesta ese proyecto? La simple comparación entre lo que consiste el proyecto y el costo del proyecto nos da un elemento importante para estar precavido, para poder acompañar el proyecto. Si a nosotros nos dicen que el proyecto cuesta dos millardos de bolívares para construir una cancha, o una cancha de bolas criollas, vemos allí como una disonancia. Entonces el objeto del proyecto y el costo del proyecto debe tener una relación de consecuencias, deben ser consistentes estas dos informaciones. Este es un buen elemento para considerar desde punto de vista de la contraloría social. Otro es el responsable del proyecto, es una información muy valiosa para ver si el que está ejecutando el proyecto tiene competencias para ejecutarlo, porque muchas veces sucede que se le asigna la ejecución de un proyecto a alguien que no tiene nada que ver con ese ramo. Por lo tanto es importante ese tipo de información porque nos permite a nosotros ver si el proyecto está bien concebido, bien encaminado. Luego, la duración del proyecto; ya veremos lo importante que es esto cuando pidamos el programa de ejecución del proyecto. Producto o resultado, aquí hay dos elementos importantes que es necesario considerar desde el punto de vista metodológico. Los productos son las metas tangibles, aquellos objetos tangibles que van a emanar de la ejecución del proyecto. Pongamos el caso de una comunidad donde existe una atención deficitaria en el área de atención preescolar, o sea, hay una cantidad de niños que no forman parte de la matrícula de educación preescolar: el objetivo del proyecto no es construir un preescolar, el objetivo del proyecto es darle atención en el área de preescolar a los niños que están desescolarizados, pero el producto es la construcción de algunas aulas. Entonces, es importante saber que el producto es construir unas aulas, a eso le vamos a hacer seguimiento; pero el resultado esperado del proyecto es incrementar la matrícula de la educación preescolar, puede ser que tengamos el aula y no resolvamos el problema que es elevar la matrícula en

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educación preescolar. De aquí que es necesario manejar esas dos categorías con cierta precisión: cuáles son los productos físicos y cuáles son los resultados que se van a alcanzar con el proyecto. Puede ser que una sola contratista lleve el proyecto, pero puede ser que la contratista a la que se le asignó el proyecto esté responsabilizada de la construcción de las aulas y también de lograr incrementar la matrícula en la educación preescolar en esa zona, entonces es obligatorio que la gente que está ejecutando un proyecto, ya sea a través de un consejo local, de una alcaldía o de una gobernación, nos informe para qué se está haciendo eso, qué vamos a lograr, qué se va a alcanzar con ese proyecto. Otro elemento importantísimo es el plan de actividades para lograr incrementar la matrícula de preescolar y para lograr la producción de 2, 3, 4, 10 aulas para preescolares. ¿Cuál es el plan de actividades que se tiene que realizar para lograr los objetivos de ese proyecto? Lo primero es identificar el terreno; segundo, sanear legalmente el terreno; tercero, tener una propuesta arquitectónica de esas instalaciones; pero también, por el otro lado, debe llevarse a cabo una campaña de promoción a nivel de la comunidad, para lograr que la población se incorpore a ese preescolar. Por lo tanto, si no tenemos claro las actividades, puede que pase el tiempo sin que la obra se haya construido, llegamos a los seis meses y no sabemos en qué nivel de desarrollo está el proyecto. Entonces interesa, para hacer un acompañamiento al proyecto, saber cuáles son las distintas fases o las distintas actividades que supone la consecución de los productos y de los resultados del proyecto; y finalmente debemos tener el cronograma del proyecto, colocar estas actividades dentro un horizonte temporal, por ejemplo, que tenemos que lograr la primera fase de actividad a los quince días de la contratación del proyecto. En resumen, ¿cómo vincular la variable del tiempo con las distintas actividades que tienen que ejecutarse? Si nosotros no tenemos un plan de actividades, difícilmente podremos hacerle seguimiento o acompañamiento a ese proyecto.

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Desde el punto de vista de la gerencia de los planes sociales, debemos superar la idea de que la evaluación es, según la expresión popular, nosotros los esperamos en la bajadita . No se debe esperar para ver si se hizo o no se hizo, eso es lo que llamamos en evaluación de proyectos una evaluación post mortem, debemos tener una actitud proactiva. Si se logró que una obra fuese presupuestada para una comunidad, montarnos enseguida en ese proyecto, montarnos con el contratista, con el proyectista o con la persona que va a ejecutar eso y exigirle el cumplimiento del plan de actividades y exigirle el cumplimiento del cronograma de trabajo. El énfasis que queremos hacer con esto es que tenemos que formarnos como líderes comunitarios, como gerentes sociales, como gerentes de asuntos públicos, de lo que es la gestión pública, debemos formarnos un poquito en el área de formulación, seguimiento y evaluación del proyecto, no solamente en el campo de contraloría social haciendo énfasis en la denuncia, en la fiscalización, en la vigilancia, sino también ser muy proactivo, con una visión positiva. Si se lograron por presión de la comunidad, por participación de la comunidad, vamos a aprovecharlo y vamos a montarnos en el seguimiento de esos proyectos haciendo las correcciones y la retroalimentación para lograr que los objetivos y metas del proyecto se cumplan. La formación en el área de la formulación del proyecto o en la de seguimiento y control pudiese parecer muy difícil a estos distintos niveles; pero, en definitiva, la síntesis de esto que hemos planteado sobre el seguimiento es: producir información acerca de la gestión del proyecto; control: la capacidad que tenemos de retroalimentar el proyecto; evaluación: evaluar los impactos finales que el proyecto va a tener, no debemos evaluar el proyecto cuando éste termina, tenemos que evaluarlo durante su ejecución. Existe un elemento enmarcado dentro de este tema que debemos tener presente previo a la ejecución del proyecto, hay un aparte en la ley que establece que las comunidades pueden apelar al princi-

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pio de la oportunidad del proyecto y de la pertinencia del mismo. A veces nosotros podemos decir ese proyecto es pertinente o esa inversión es pertinente que se haga en esta comunidad , pueden haber opiniones varias, ¿para qué hay que hacer una escuela si aquí hay una escuela? . Ahora bien, si no sabemos cuál es el problema que existe, no podemos opinar. Tenemos que tener algún elemento diagnóstico sobre el problema en cuestión para poder decir si esta obra es pertinente o no lo es, o si esta obra es oportuna o no lo es en ese momento, porque en el país estamos llenos de inversiones que no se terminan; o se comienza a construir un hospital, y resulta que no era un hospital lo que necesitábamos sino más bien ambulatorios o consultorios populares eran la principal necesidad, porque la demanda era de una atención primaria. Quiero decir con esto, la oportunidad, la pertinencia y las características de seguimiento y del control del proyecto son elementos muy importantes para ejercer una contraloría social efectiva, eficiente, eficaz. No se debe tratar únicamente de una contraloría que se oriente hacia la vigilancia y la denuncia, que, repito, son elementos inherentes a esa función, pero que solos podrían convertirla en una contraloría social post mortem. Vamos a la denuncia, vamos a lograr que las cosas se hagan, vamos a acompañar los procesos, vamos a acompañar las inversiones, vamos a lograr que lo que esté presupuestado se ejecute. Muchas gracias.

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Ronda de preguntas 1

LUZ PATRICIA MEJÍA. Me preguntaba el profesor: ¿Cuál es el procedimiento para anular las ordenanzas municipales en los casos donde los alcaldes controlan los Consejos Locales de Planificación? Hay que revisar las ordenanzas, las ordenanzas necesitan una formalidad legal que muchas veces se incumple y que evidentemente cuando las ordenanzas plantean directamente quienes son los que van a conformar los Consejos Locales de Planificación Pública están violando no sólo la ley sino la Constitución, porque la idea es que sea una participación activa de los sectores organizados, no imponer cuales van a participar. La Defensoría del Pueblo tiene ese reto y está trabajando directamente en eso; yo les recomiendo que en aquellos casos donde la ordenanza sea formalmente inconstitucional e ilegal pues acudan a la sede de la Defensoría del Pueblo, que ya debería estar en conocimiento, porque la Defensoría del Pueblo, como les señalaba, participa por mandato legal en la propia constitución pública de los Consejos de Planificación Pública como testigo del proceso de elección. Entonces se supone que la Defensoría, al ir, debe conocer el centro de las ordenanzas. En muchos casos su contraloría puede detectar este tipo de vicios, entonces, en estos casos ustedes deben ir y denunciar directamente. Ya tenemos muchas ordenanzas y tres están ante el Tribunal Supremo de Justicia, ya que hay ordenanzas que formalmente están legales digamos desde la formalidad que debe con-

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tener la ordenanza pero que han originado mellas para que la conformación del Consejo de Planificación Pública burle la ley o burle la ordenanza: se hacen asambleas que no son tales o se generan votaciones que no fueron tales. Se han presentado problemas, porque por ejemplo la gente nos plantea ¿Qué hacemos en aquellos casos donde queremos impugnar la votación que se generó? (uno de los principales casos que se ha planteado). Nosotros en un primer momento tuvimos la necesidad de relacionarnos directamente con la gente del Consejo Nacional Electoral a nivel regional, porque entendíamos que el órgano que se encarga directamente de todo lo que supone el control de los procesos electorales es el Consejo Nacional Electoral a través de sus órganos regionales, sin embargo el Consejo Nacional Electoral rebotaba eso a la Defensoría del Pueblo; lo que acordamos fue establecer organismos de coordinación, pero ya la Sala Electoral paralelamente se había pronunciado y dijo que ella era la competente para la impugnación de las elecciones en los casos de los Consejos Locales de Planificación Pública. Evidentemente la comunidad no se puede trasladar a la Sala Electoral, entonces allí la Defensoría juega un papel, pero en el caso de las elecciones no puede asumir el rol de demandar directamente. ¿Por qué? Porque la Defensoría es parte de ese proceso, como ella levanta testimoniales en ese proceso puede dejar constancia, Este es un proceso sin unidad , Este es un proceso donde no participó toda la comunidad, sólo un sector porque el resto no fue informado , La asamblea se convocó tarde , etc., pero allí la Defensoría no puede asumir el rol protagónico de la demanda, como en el caso de las ordenanzas, pero sí puede asumir el rol de acompañamiento de la comunidad organizada que está denunciando la irregularidad. Es un poco lo que yo les hablaba: la Defensoría genera un proceso de acompañamiento, pero sí tienen que ser las comunidades organizadas las que asuman el protagonismo de la demanda, y esos son los niveles de acompañamiento que generan las Defensorías.

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Por último, evidentemente hay un nivel de control social que deben ejercer ustedes como comunidades, en los casos como en los Consejos de Planificación pareciera que están jugando a hacerle el juego a los alcaldes para facilitar procesos de solo un partido y que no responden a las necesidades ...y ahí debe haber un proceso de contraloría social. ¿De qué manera los niños y niñas y adolescentes pueden ejercer de contralor y contralora de su comunidad como sujetos de pleno derecho? Y, por otro lado, ¿puede una organización no registrada denunciar irregularidades que observen? Por supuesto, la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, la LOPNA, establece claros derechos de participación, donde ésta no necesita formalidad esencial. Nadie necesita registrar una asociación para hacer una denuncia, yo la registro para tener un carácter legal que facilite otros procesos (procesos de distribución de recursos, procesos de mayor cohesión en el propio grupo), pero para generar denuncias, para participar, no se necesita estar registrado, no lo pide la ley. La LOPNA pide para algunos casos registro de organización, pero para hacer denuncias, las denuncias están abiertas tanto en la Defensoría como en los demás órganos de la administración y del Estado venezolano, para todos los ciudadanos y, sobre todo, para niños y adolescentes, porque lo que hace la LOPNA es generar un proceso de ciudadanía progresiva en niños y adolescentes. ¿Por qué tardan en atender a los visitantes o miembros de un organismo público?, ¿hay privilegios en la Defensoría? Yo les informo que nosotros en la Defensoría a nivel nacional somos 600 funcionarios; no quiero excusar con esto que las personas sean mal atendidas porque nosotros tenemos una clarísima obligación como funcionarios públicos de servir y esa obligación no es ser-

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vir de mala gana, es servir con gusto, porque nosotros estamos y formamos parte de ese proceso de transformación. Para ello nosotros tenemos una dirección de fiscalización y disciplina, porque aquellas personas que sienten que fueron maltratadas, que a su caso no se le dio respuesta, que su expediente se engavetó, que puede pasar lamentablemente puede pasar porque nosotros tenemos que generar una cultura a lo interno y trabajamos controlando nuestra propia gestión, pero también se nos puede escapar de las manos que algunas personas o en algunos casos sucedan situaciones de este tipo , nosotros los invitamos a que denuncien esto, porque creemos y de eso le hablaba yo, que era necesario que exista contraloría social formal tanto por parte de ustedes como por parte de nosotros como servidores públicos. Entonces yo invito a las personas que formularon esta pregunta que se lo planteen a la Defensoría. Ahora, el problema de tardar o no tardar en atender a la gente evidentemente depende de la cantidad de gente que acuda a la Defensoría, y diariamente acuden más de 100 personas a plantear diversos casos, y cada caso es muy específico, y evidentemente no tenemos 100 personas para atender esos casos; tenemos pocas personas para recibirlos, y eso da a suponer que se retrase un poco el proceso, lo cual no significa que sea mal atendido. Yo los invito allá a que hagan su comentario y además a hacerle seguimiento a su denuncia. ¿Cómo se haría para solicitar un defensor del pueblo en la comunidad? Bueno, nosotros decíamos que no pueden haber tantos defensores del pueblo institucionalizados como ciudadanos hay, pero sí puede ser que cada miembro del pueblo sea un defensor de la Constitución y de los derechos que allí están establecidos. La Defensoría tiene 23 sedes a nivel nacional y en cada sede trabajan entre 6 y 10 personas, entonces en aquellos casos en que ustedes quieren que la Defensoría acuda o por casos concretos o por procesos educativos en

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cada una de sus regiones, ustedes tienen que acudir a la Defensoría y hacer ver el caso con el defensor delegado. Hay estados como Zulia, Apure y Miranda que tienen más de una sede porque el objetivo es hacer que la Defensoría llegue a varios municipios, y nosotros justo ahora en Miranda hemos abierto dos sedes, una en Guatire y una en Los Valles del Tuy. Los invitamos a todos a que trabajen directamente con la sede que les quede más cerca, porque muchas veces pasa que la gente se viene a Caracas, paga pasaje y tarda cuatro horas en un viaje para hacer una denuncia que pudo haber hecho allá. Nosotros los invitamos a todos a que fortalezcan también nuestra propia institución en cada una de las regiones, así que acudan a la Defensoría del Pueblo en su región y, si ustedes necesitan un proceso formativo más grande, pues se coordina desde la región con la sede nacional. ¿Qué hacer cuando el alcalde desvía los fondos que envía el FIDES hacia una obra que no se realizó en su totalidad? Aquí hay un rol de contraloría social, no sólo ustedes como comunidad lo ejercen sino donde participan todos los órganos de los que hablaba el doctor Clodovaldo Russian, la Contraloría Municipal, la Contraloría Estadal, la Contraloría General de la República, los órganos internos de los municipios y, sobre todo, el rol de ustedes como contralores sociales. ¿Cómo pueden los Consejos Locales de Planificación Pública funcionar para que sean asignados los integrantes de la asamblea? Todo se conjuga, en todos estos casos es necesario que hagan el planteamiento en el órgano que corresponde, en este caso el municipio, y en caso de que el municipio no les dé respuesta, es necesario que ustedes acudan a la Defensoría. Es obligación del municipio darles respuesta y una respuesta oportuna, si esa respuesta no se da, evidentemente que la Defensoría del Pueblo entra a un proceso que

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suponga un amparo o una acción legal, o acompañar un proceso de reelección donde se puedan identificar cuales son los problemas que está generando el municipio en las organizaciones. CONTRALOR CLODOVALDO RUSSIAN. La mayor cantidad de interrogantes son puntuales y tienen que ver con las preguntas hechas hasta ahora a Luz Patricia, relacionadas con los presupuestos reconducidos. Éste no es más que el presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal anterior con los créditos adicionales, funcionan con eso y a principios de abril aprueban otro presupuesto. En todo caso, cuando esos presupuestos son reconducidos hay que tratar que esos recursos que estaban destinados a los diferentes créditos presupuestarios en el ejercicio anterior, es decir, si fuese un reconducido del 2000 que decreta el 2004, que en el 2004 se apliquen en la misma proporción estos recursos para poder satisfacer los requerimientos y las necesidades. En cuanto a un señalamiento que tiene que ver sobre la revolución y la corrupción: Yo creo que es incompatible, yo creo que no es posible que haya una revolución propiamente dicha, una revolución que implique la transformación de la sociedad y que dignifique al ser humano, en donde a su vez se exprese la corrupción; yo creo que por el contrario la corrupción es una tendencia totalmente desviada, es alguien que se destina para un cargo público por un nombramiento y que está traicionando a las personas que creyeron en él para designarlo, y comete actos totalmente incorrectos que terminan dañando netamente lo social. La corrupción siempre implica un precio para los ciudadanos, porque son menos servicios, menos bienes que pueden ser adquiridos porque los corruptos se quedan con parte de los recursos. Peor aun si son funcionarios electos por votación popular, universal, directa, secreta; allí hay una traición hasta por partida doble, a la comunidad que lo eligió y luego por la conducta que asumieron.

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¿Qué se ha hecho para controlar la administración pública, se ha hecho un esfuerzo serio y sostenido? Sin lugar a dudas, este es el Estado que en menos tiempo ha implementado o tratado de implementar el mayor número de medidas posibles para que los recursos de la administración publica sean controlados. Les recuerdo que en diciembre de 1999 el Presidente de la República produjo un decreto mediante el cual conminaba a todos los titulares de todos los órganos de institución pública nacional, centralizada y descentralizada, que incorporasen a un representante de la superintendencia regional de control interno para que formase parte del jurado. Luego en el año 2000 el Consejo Legislativo, mal llamado Congresillo, aprobó la Ley del Sistema Financiero que tenía varios años engavetada. También la Asamblea Nacional aprobó en enero del 2002 la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal en correspondencia con lo establecido en la Constitución Bolivariana. Es por eso que a nivel mundial, a nivel planetario, Venezuela tiene el sistema constitucional y legal más avanzado y de aquí la importancia que ha adquirido nuestro país en los distintos organismos internacionales, algunos de ellos incluso precedidos por venezolanos. Está también la Ley Contra la Corrupción de conformidad con lo establecido en la Comisión Interamericana Contra la Corrupción que se aprobó en 1996 en Caracas, este es otro de los instrumentos que permite una mayor posibilidad de controlar la gestión pública. Y el último instrumento que podemos mencionar es el de noviembre del 2003, que es la primera convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, es a nivel global y firmado por Venezuela, y vale señalar que algunos de los planteamientos ofrecidos que hizo Venezuela fueron recogidos en esta convención. Allí se estableció la posibilidad de extraditar a personas en el exterior que hayan sido condenadas por corrupción después de su gestión, incluso la repatriación de capitales, elemento este que por lo regular se oponen los países industrializados, porque no es

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secreto para nadie que estos son países donde van a parar esos capitales que nos roban a nosotros, basta oír al último presidente del Chase Manhattan cuando en 1998 decía Vengan los venezolanos a depositar . Ese flagelo contra la humanidad, porque nosotros señalamos a la corrupción como terrorismo social, hoy por hoy se discute y hay quien combate este tipo de flagelo. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden utilizar los amigos y amigas para hacer las denuncias sobre el incumplimiento? Repito esto, muy rápidamente se los digo, ante los contratistas, hay que tratar de que ellos den una explicación de la responsabilidad que puedan tener sobre el particular, luego ver si es parte de una obra nacional o municipal. Hay que tratar de hacer el señalamiento de forma que el órgano municipal lo asuma, de lo contrario dirigirse a los órganos de control regional, si allí eso no prospera, al órgano de control general de la República (previamente pasando por la Superintendencia Nacional de Auditoría...); es decir, utilizar todos los instrumentos y todos los mecanismos. En Venezuela, como en el resto del mundo, los organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (que financiaban sobre todo a los sectores privados para la denuncia), han llegado a la conclusión de que se han perdido los reales; esa gente aparece en la radio, en la prensa denunciando cosas, pero sin contar con suficientes elementos de juicio; acá en Venezuela tuvimos algunos amigos que fueron parlamentarios durante 15, 20 o 25 años cuya única labor era denunciar corrupción (teniendo o sin tener pruebas), y eso le permitía ser un punto de referencia y sacar la cantidad de votos suficientes para permanecer en el parlamento; y eso termina entonces por degradar a una institución tan importante como lo es la denuncia, porque se convirtió entonces en un elemento común para enfrentar al adversario. Eso lamentablemente se ha venido manejando con mucha insistencia.

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Descentralización comunitaria y contraloría social La experiencia del FIDES CARLOS MOLINA Gerente de Participación Ciudadana, FIDES

LA EXPERIENCIA del FIDES como institución pública al servicio de las comunidades es de reciente data y para ser más exactos parte de la actual gestión iniciada en junio de 2003. Para muchos y, sobre todo, por parte de quienes nos antecedieron en la gestión, las inversiones se han hecho con el propósito de satisfacer las demandas y necesidades de la población, razón por la cual nuestro argumento carecería de sentido. No obstante, demostraremos que, más allá de la apariencia benéfica y eficiente, en la institución han prevalecido determinados intereses y funciones que toman distancia de la misión institucional, es decir, de la descentralización como solidaridad interterritorial y de la participación ciudadana. Si bien es cierto que la misión FIDES determina en su Ley que esta institución se crea con la finalidad de promover la descentralización administrativa, la solidaridad interterritorial y el desarrollo de los estados y los municipios, así como propiciar la participación ciudadana para un mejor logro de tales fines , la orientación tecno-política imperante hasta meses recientes había estado distanciada con creces de su razón institucional, a saber, del ciudadano común y las comunidades. No se trató, ni aún se trata (en el entendido de que dicha orientación todavía sobrevive en los corredores de la institución) de una ac-

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titud ex profesa en los términos de un voluntarismo político a los fines de atentar contra los grandes propósitos de la institución. Se trata, por el contrario, del carácter determinante de las coyunturas sociopolíticas. El FIDES, como todo sector del Estado, ha estado inmerso en los avatares de una sociedad segmentada socialmente y dividida políticamente, por lo tanto, su gestión debe ser entendida en el contexto de tal complejidad sociopolítica: quienes han conducido y quienes ahora conducimos la institución lo hacemos respondiendo a determinados intereses y fuerzas sociopolíticas en pugna, o bien, colocando la balanza hacia los intereses de grupos hegemónicos, o por el contrario, inclinándola a favor de las mayorías populares. Tales opciones tecno-políticas por parte de quienes han conducido y de quienes ahora lo hacemos, poseen su expresión en el marco de las orientaciones político-ideológicas que adquiere la gestión pública. A nuestro modo de ver, la gestión pública se corresponde con las orientaciones y matices que adquiere la descentralización y su relación funcional con respecto a determinado proyecto de país. La pregunta de rigor es pues, ¿a quién favorece la gestión pública y en particular, la descentralización? Tal interrogante es menester responderla partiendo de dos momentos históricos fundamentales que, a nuestro juicio, han signado los distintos procesos descentralizadores, a saber, el momento de la COPRE con la Reforma del Estado y el momento del proceso constituyente iniciado en 1999. El momento de la modernización neoliberal Este proceso tuvo dos escenarios que lo sustentaron históricamente y que, gracias a ellos, la descentralización de aquel contexto adquirió un carácter fuertemente instrumental y autoritario. Por un lado el escenario internacional, signado por la globalización económica, exigía un estado fragmentado y reducido que abriera paso a las libres fuerzas del mercado. Es así como la descentralización se coloca

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al servicio de la privatización y de un proceso modernizador del Estado que apuntalaba su abolición en el marco de una racionalidad política comprometida con la reducción del gasto público y el aumento de la rentabilidad económica, modernización entendida como mero crecimiento económico y corrección de los desajustes macroeconómicos, postergando para un futuro hipotético la equidad y el desarrollo social. Este enfoque de la Reforma del Estado, condujo a una visión tecnocrática de la misma donde los aspectos centrales son la formalidad técnico-instrumental de la descentralización: descentralizar para fragmentar y viabilizar la privatización de la esfera pública. Un segundo escenario del momento de la COPRE refiere a la crisis interna del sistema político venezolano que obliga de manera imperiosa a emprender una reforma del Estado que permitiera relegitimar la desprestigiada reputación del sistema político partidos-Estado. Dada la naturaleza descentralizadora, sesgada por la modernización privatizadora del Estado, logra aun así fortalecer actores políticos sólo en términos de su diversidad territorial. Si bien la descentralización impulsada por la COPRE logró diversificar los liderazgos políticos en el nivel de regiones y municipios, no es menos cierto que sufrió un estancamiento en términos de la ampliación de las bases de la democracia, ya que se limitó a las fronteras de los poderes económicos y políticos, tales como partidos, líderes individuales y la gran empresa. Se produce así una distorsión de los fines de la descentralización en el sentido de reducirse a una descentralización de la cultura centralista. Naciendo así los centralismos regionales y, en menor medida, municipales, ya que, por lo general, los actores políticos regionales han demostrado poca simpatía por la descentralización hacia los municipios, y éstos, a su vez, poco interés en descentralizar hacia los vecinos.

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El momento constituyente, del proceso bolivariano No obstante a las tentativas de la reforma del Estado impulsadas por la COPRE, el sistema político no logra la relegitimación aspirada dando lugar a una serie de movimientos sociales y políticos que bregaban por un Estado más democrático y participativo. Emergen así nuevos actores y subjetividades políticas que pluralizan el sistema político y crean las bases para la constitución de un nuevo Estado Federal. Cabe destacar las luchas sociales, como la del 27 de Febrero y las rebeliones del febrero y noviembre del 92. El proceso constituyente permitió el diseño de una nueva Constitución que contiene las bases de un nuevo proyecto de país que aspira pasar de una democracia formal y representativa a una democracia social y participativa donde lo fundamental son los derechos sociales. De esta manera, la Constitución Bolivariana le brinda soporte a un proyecto de Estado Federal que trasciende la tesis tradicional, pues halla su base en una característica esencialmente cooperativista, y ello se expresa de manera meridiana en su artículo 4º que reza: La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. (Cursivas nuestras.) A los fines de dar cumplimiento a esta sensible misión se designa a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República como responsable de presidir al Consejo Federal de Gobierno, figura establecida en el artículo 185 para planificar y coordinar políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios. Adicionalmente se promueven los Consejos Regionales y Locales de Planificación como bastiones de este proceso, entendiendo que de esta manera de instituye la participación de los grupos organizados y de vecinos, ar-

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ticulándolos de manera directa a la gestión municipal y ampliando sus atribuciones en la posibilidad de adoptar responsabilidades de gestión, siempre y cuando estén en capacidad de asumirlas. La discusión conceptual que está de fondo en este momento constituyente y que le brinda un carácter revolucionario a la nueva cultura de gestión pública es la transferencia de poder directamente al ciudadano. Así, el artículo 184 de la Constitución, en su numeral sexto contempla la creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales . Este principio es intrínseco a los cinco equilibrios territoriales que contempla el Plan de la Nación cuando en lo político persigue construir la democracia con la participación corresponsable de la ciudadanía, en lo económico prevé desarrollar la economía social y productiva, así como alcanzar un crecimiento sostenido y diversificado, en lo social tiene los objetivos de superar las desigualdades sociales, fortaleciendo la participación social y generando poder ciudadano en los espacios públicos y en el aspecto internacional pretende fortalecer la soberanía nacional y promover un mundo multipolar. El FIDES y la descentralización La influencia del programa neoliberal marcó desde sus inicios el perfil de gestión FIDES bajo un estilo tecnocrático, funcional al proyecto modernizador del Estado, es así como se minimiza su capacidad político-técnica a la mera gestión de proyectos bajo la sombra de la racionalidad técnico-formal, subestimando la dimensión social como fundamento en la gestión de proyectos de inversión pública. En este sentido, el FIDES adquirió un estilo tecnocrático de ges-

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tión reducido al financiamiento de proyectos de infraestructura, como una clara estrategia para el fortalecimiento de intereses económicos y políticos de partidos, líderes individuales y grandes corporaciones económicas, particularmente en el área de la construcción. De este modo, se consolida, mediante mecanismos de financiamiento, un enfoque formal e instrumental de la descentralización, claramente comprometido con sectores hegemónicos. La transferencia de recursos a la luz de la descentralización neoliberal excluyó sistemáticamente de la inversión FIDES en particular y de la pública en general las iniciativas y necesidades de las bases populares. Enfoque descentralizador que se venía aplicando aún en el nuevo marco constitucional iniciado en 1999. Es a partir de la gestión emprendida por Elías Jaua en junio del año 2003 donde se da inicio a una revisión de la institución a fin de enmarcarla en los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007 y, a su vez, impulsar un nuevo paradigma de la descentralización caracterizado por la democracia participativa y protagónica de las comunidades. Entre los nuevos desafíos asumidos por el FIDES en esta gestión, está la de revisar el concepto de proyecto de inversión social o de inversión pública a fin de superar la ya desgastada perspectiva tecnocrática que aún sobrevive en la institución. En este sentido se ha venido incorporando un nuevo concepto de proyecto de inversión social donde se enfatiza el desarrollo humano y subordina lo técnico económico en función de las necesidades sociales. Invertir socialmente es desarrollar las capacidades humanas en todas sus dimensiones tanto espirituales como materiales. La inversión social ha de incorporar la noción de proceso social como mecanismo para la construcción de ciudadanía entendida como la conformación de sujetos responsables de sí mismos y de su comunidad. Como parte de este proceso el FIDES ha redimensionado sus políticas de inversión, enfatizando la importancia y ampliando sus re-

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cursos al financiamiento de proyectos de inversión productiva, como una manera de impulsar el desarrollo endógeno de las comunidades, considerando sus potencialidades, su vocación productiva y a su vez garantizando la fuerza laboral sostenible y sustentable con sentido de autodeterminación. El compromiso fundamental de esta gestión ha sido la profundización de la democracia, llevando la descentralización hacia los ámbitos territoriales inmediatos de las vecindades, mediante el impulso de programas comunitarios para la creación de sujetos de descentralización comunitaria. FIDES, participación comunitaria y contraloría social Es precisamente bajo la influencia de este emergente programa descentralizador donde tiene cabida, desde una perspectiva orgánica, la Contraloría Social como eje transversal de la gestión pública. La socialización del Estado, implica a su vez, la socialización en la toma de decisiones produciendo un sentido de responsabilidad hacia la cosa pública, aun más, da lugar a un sentimiento de pertenencia en el que lo público es objeto de preocupación colectiva. Este sentido de pertenencia estimulado por una descentralización progresiva, la cual tiene como meta final el ciudadano, dinamiza la ética autónoma de responsabilidad ciudadana, en otras palabras, la conciencia de responsabilidad hacia los asuntos de interés público. Este programa descentralizador que viene construyendo la actual gestión del FIDES, y que responde al nuevo proyecto de país emanado de la Constitución de 1999, hace posible que la Contraloría Social adquiera un estatus de subjetividad colectiva, de referente valorativo en el ámbito de las imágenes colectivas. Arribamos pues a la constatación empírica de que la Contraloría Social constituye un acto de responsabilidad de todo ciudadano por garantizar la transparencia en el manejo de los recursos del Estado.

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Considerando este enfoque, nuestra experiencia se ha abocado a su promoción como cultura política, sobre el entendido que ha de ser un eje transversal de toda gestión pública. Siendo así, la Contraloría Social refiere al proceso de constitución de lo que ciertos autores denominan sociedad contralora. En tal sentido, la Contraloría Social no se agota en la mera fiscalización y control de lo que otros (en especial los funcionarios públicos) hacen o dejan de hacer, sino fundamentalmente en lo que cada uno de nosotros hace o deja de hacer respecto a los asuntos públicos. En consecuencia, más importante que las tentativas de formalizar institucional y administrativamente la Contraloría Social como ente burocrático, lo es como principio ético-moral. La formalización de la Contraloría Social promovida desde las instituciones a nuestro juicio no es recomendable en virtud a que tienden a instrumentalizarse, a transformarse en residuos institucionales subordinados a la dinámica burocrática. Así mismo, pueden desencadenar en posiciones autoritarias y persecutorias, dado el carácter discrecional que les confiere la institución al transferirles este atributo de poder. La Contraloría Social ha de ser fruto de un proceso de construcción social en el que los ciudadanos van albergando la conciencia de responsabilidad y la vivencia organizativa. Por el contrario, cuando la decretamos desde las instituciones socavamos la posibilidad de construcción de ciudadanía, consecuencia de un procedimiento tecnocrático. Más que la imposición de productos acabados e impuestos desde el Estado, nos deben interesar aun más los procesos construidos desde las bases de la sociedad. Las primeras experiencias en materia de Contraloría Social impulsadas por nosotros generaron expectativas y demandas desde el seno de las comunidades, incongruentes con la verdadera esencia democrática, a la cual nos refiriéramos con anterioridad, tales como

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la solicitud de acreditaciones para su ejercicio, como arma de autoridad sobre los otros. Es por ello que a partir de esta experiencia inicial entendimos que la Contraloría Social debía emprenderse como un proceso pedagógico, razón por la cual la hemos asumido como una propuesta educativa que requiere de espacios y metodologías para su instrumentación. La experiencia de los Consejos de Economía Social como estrategia de corresponsabilidad Nuestra experiencia concreta se ha desarrollado a partir de la aplicación de un programa denominado Economía Social y Descentralización Comunitaria el cual busca, a través de la creación de sujetos de descentralización desde las comunidades, promover la consolidación de formas de autogobierno en las que hemos ido diseñando conjuntamente con las comunidades una base institucional enclavada en el seno de la propia vida cotidiana de la gente. Esta iniciativa ha facilitado la democratización de la información institucional, porque establece un contacto directo con la gente en las asambleas populares que se celebran para la presentación del programa. A partir de allí, y en una serie de reuniones sucesivas, democratiza el acceso a los recursos porque le transfiere conocimiento y herramientas metodológicas al pueblo, permitiéndole a éste apropiarse de los recursos que le corresponden por derecho constitucional. La construcción del proyecto de forma colectiva facilita a su vez la jerarquización democrática de las prioridades, ya que éstas son establecidas por la comunidad focalizando la inversión de manera participativa y superando las trabas burocráticas al acercar la gestión directamente a la base. El programa empodera a la comunidad y estrecha los lazos institucionales entre los Consejos Locales de Planificación Pública, los gobiernos municipales o regionales y el colectivo, brindándole

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fluidez a la sistematización y priorización de las necesidades sentidas de la comunidad, pero además garantiza la responsabilidad que tiene el poder constituido de lograr que el colectivo disfrute de manera equitativa y justa la riqueza que produce la nación. Se trata de un proceso de construcción de ciudadanía que fortalece la conciencia de responsabilidad de las comunidades hacia los asuntos públicos. Es así como tiene lugar la contraloría social como correlato práctico de la gestión pública y en particular de las inversiones ejecutadas por el FIDES. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CONTRERAS, Miguel, Vicisitudes de la Política Territorial en Venezuela , en

Carlos MASCAREÑO (Editor), Las políticas del siglo XXI , Temas de Docencia, U.C.V., CENDES, 2003. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999.

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Fortalecimiento de la participación ciudadana en el ejercicio del control social Experiencias y logros de la División de Participación Ciudadana en la Contraloría del Municipio Iribarren en el estado Lara DANIEL FARACO Y OSCAR BASTIDAS Jefe de la Dirección de Participación Ciudadana y Coordinador de la Contraloría Ambiental, respectivamente

DANIEL FARACO. Buenas tardes, un saludo a las autoridades presentes y a los participantes en este evento tan importante. También quiero darle las gracias a todos los organizadores del FIDES, al profesor Elías Jaua, al licenciado Carlos Molina y a Coromoto Ortiz por habernos invitado a un programa de tanta significación que nos atrae a todos y aquí estamos presentes para intercambiar experiencias. Primero, quiero hacer una introducción de la contraloría del municipio Iribarren del estado Lara, aclarar qué somos las contralorías municipales. En nuestra ponencia expondremos las experiencias de las contralorías sociales dentro de los municipios. Apoyados en tres años de investigación y análisis, la ponencia recopila todas nuestras vivencias en torno a la constitución de los controles sociales en el municipio Iribarren. Hecho ocurrido desde el año pasado. La demanda de contralorías sociales es una vivencia nueva, es un proyecto nuevo zonal que no se ha terminado de consolidar y del cual tenemos distintas visiones. Comparto algunos criterios con los

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demás ponentes, pero también hay diversidad de opiniones que ameritan una consulta popular. Considero necesaria la creación de una ley de contraloría social a posteriori, que se tiene que hacer contando con la voluntad de las comunidades. Consecuentemente, ya introdujimos un anteproyecto de ley de contraloría social en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Contraloría, y en la Contraloría General de la República. Éste es un proyecto cuya implementación se ha iniciado en distintas partes a nivel nacional. En realidad, cada experiencia es distinta, por lo que debemos buscar un consenso unificando algunos criterios, dado a que hay algunos vacíos. He observado que muchas personas preguntan y quieren conocer más de las contralorías sociales y de aquí mi opinión de que no queremos una contraloría social tutelada por organismos públicos, o por órganos de control. La contraloría social, que es un mecanismo dentro de la participación ciudadana, tiene que ser libre, tiene que ser para todos: todos somos contralores sociales. Pero, indudablemente, tampoco queremos un sindicato ni una contraloría anárquica, por eso proponemos una ley para su buen proceder. Tenemos que hacer esta reflexión cuando hablamos de un tema que, aunque contemplado en la Constitución, debe investigarse más. Debemos contar con bases legales para conformar un acuerdo, una organización y ejercer el control. Es más, la contraloría social se puede enmarcar en diferentes ámbitos y adaptase a diferentes sectores, también esto forma parte de nuestra ponencia. Ahora voy a dejarlos con el licenciado Oscar Bastidas, coordinador de la Contraloría Ambiental, organismo que está estudiando cómo adaptar ese control al patrimonio ambiental, hacia la contraloría ambiental. OSCAR BASTIDAS. Buenas tardes, es un placer para mí y para mi equipo estar con ustedes, estamos sumamente complacidos de estar

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participando. Somos un pueblo, tenemos el poder y esa ha sido nuestra misión y la misión que tiene el ciudadano, el poder lo tienen ustedes y ustedes pueden hacer que seamos la Venezuela que queremos. Efectivamente, nuestra ponencia se llama Fortalecimiento de la participación ciudadana en el ejercicio del control social y queremos compartir con ustedes las experiencias y logros de nuestra división. Nosotros venimos del estado Lara, uno de los principales estados de la región centro occidental, con grandes atractivos ambientales, turísticos, económicos, producimos 60% de las hortalizas que se consumen en el país y podemos ser uno de los estados pilares fundamentales de la descentralización; también somos vía obligatoria para el paso occidental. Estamos en el municipio Iribarren, somos territorio bolivariano y pertenecemos a la contraloría del municipio Iribarren del estado Lara. El municipio Iribarren tiene una población aproximada de un millón doscientos mil habitantes y es donde se ejerce el poder del estado. Nosotros en la contraloría, acatando el mandato constitucional, en su artículo 62, hemos creado dos mecanismos para ejercer este control social y esta participación ciudadana: primero, en el año 2002 creamos la División de Participación Ciudadana; segundo, planteamos el proyecto de redes de contraloría social. La División de Participación Ciudadana integra al ciudadano al ejercicio de control, vigilancia y técnicas de fiscalización del patrimonio público, incluido el patrimonio ambiental. Nuestra visión es lograr que realmente se haga efectiva esta participación; uno de nuestros objetivos es fortalecer los medios de participación y comunicación para el ejercicio efectivo de este proceso de control social dentro de la administración pública: integrar las comunidades. ¿Cómo las integramos? Capacitamos a las comunidades a través de talleres y las vamos formando. Porque este proceso de control social no es sui generi, no se da solo, tiene que ser fomentado, tiene que

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ser desarrollado para que el ciudadano pase a ser un ciudadano completo y pueda lograr ejercer efectivamente esa vigilancia. Otra forma de integración es canalizando debidamente las denuncias y solicitudes de los ciudadanos. Con estas dos modalidades podemos organizar la vía autónoma de lo que es el ejercicio de control social. La División de Participación Ciudadana está estructurada de la siguiente manera: una oficina de atención al ciudadano que es nuestra primera cara al ciudadano, la imagen con la que se encuentra el ciudadano al momento de necesitar la institución; nuestro propósito es, aunque no escrito, brindar una atención esmerada, sin que el ciudadano tenga que esperar más de diez minutos para ser atendido, nuestro propósito es que el ciudadano se vaya diciendo Nunca me habían atendido así , nos sentimos muy orgullosos de que la gente sale diciendo Ojalá todos los organismos públicos fuesen así . Dentro de este primer mecanismo, también tenemos el Área de Contraloría Ambiental que se encarga de procesar todos aquellos casos que tengan relación con el ambiente dentro de la administración de los municipios. Es el área de contraloría social que se encarga de procesar los casos (denuncias y solicitudes) relacionadas al ejercicio local de obras y programas de carácter social. Y un área de comunicación institucional que establezca convenios para realizar este tipo de nexos con otras instituciones. El área de contraloría social es una instancia interna de la institución responsable de hacer valer los derechos de los ciudadanos, de canalizar todas sus denuncias y todas sus solicitudes en cuanto al control social con respecto a los problemas comunitarios, proyectos, presupuestos, obras que vayan a ser dirigidas hacia las comunidades donde ellos tengan interés en ejercer sus derechos. En líneas generales, de aquí en adelante vamos a enfocar lo que ha sido nuestra experiencia y nuestros logros. De 60 casos en el área de control a nivel social hemos cerrado 30 casos, 50% de efectividad.

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Cuando digo que quedan 30 casos por fuera no es que están abiertos y que no los hayamos solucionado, es que están en pleno proceso y los llevaremos a su culminación. Ahora vamos a citar dos ejemplos de la importancia de la contraloría social: la primera situación, bastante polémica y no crean que la tenemos agarrada con la iglesia católica sino que éste es un padre que valiéndose de su investidura ha ocasionado algunos problemas en relación a la administración de los giros municipales es la ampliación de una iglesia que se llama Clínica del Alma. El párroco de la iglesia quiso ampliar cierta parte de la estructura, crear un estacionamiento, ocasionó algunos problemas ambientales ya que taló algunos árboles y afectó unas áreas verdes, aparte de que se apropió ilegalmente de unas áreas comunales y de giros municipales. Él considera que por su investidura no tiene que rendirle cuentas a nadie más que a Nuestro Señor y no quiere aceptar el control que tienen los organismos públicos, esto es muy delicado para los organismos públicos municipales que están procesando este caso. Hemos logrado el paro parcial de la obra, después que los organismos públicos competentes, la dirección de Planificación y Control Urbano y la Dirección de Catastro, conjuntamente con la Cámara Municipal, se pronunciaron sobre el caso. Este hecho generó la promoción de nuestra red de control social en esa comunidad y se eligieron sus contralores sociales. Más adelante explicaremos con más detalles este caso. El segundo ejemplo es la construcción ilegal de una iglesia; la iglesia que sube a Misericordia. Ésta está en otra zona de la ciudad y es el mismo párroco quien ha propiciado la situación. No estamos en contra de la institución Iglesia sino contra estos hechos que están provocando el desmejoramiento de la vida cotidiana en el municipio. Es importante acotar que en esa zona donde se está desarrollando esa iglesia había sido dispuesta para la creación de una iglesia artesanal, ya que la comunidad está caracterizada por ser de artesanos; tendría financiamiento del MINFRA, conjuntamente con otras partidas. Hubo

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una reunión comunitaria donde estuvo el párroco; como a las tres semana él llegó e invadió esa zona a pesar de que no cuenta con la aprobación de la comunidad. Aparte de eso, hay una zona que ha abarcado para sí que estaba destinada para un mercado comunal y una zona de convivencia comunitaria. Hemos puesto en conocimiento de causa a los organismos competentes y estamos haciendo una labor comunal. Sobre el Área de Contraloría Ambiental, que es mi campo, es muy poco conocida, es una variable muy nueva que se ha anexado a la contraloría de la gestión pública, a la gestión fiscal. El control ambiental es un conjunto de actividades que ejecutan los órganos públicos conjuntamente con la participación activa de la comunidad para la vigilancia y el control del patrimonio público ambiental; además de evaluar la gestión y el desempeño de los organismos con competencias ambientales. Es algo muy nuevo, debemos ponernos a nivel de otros países como España, Costa Rica, Colombia que en sus constituciones contemplan esto como un principio de la gestión fiscal. Su objetivo, aplicar medidas de control desde los órganos de control para así poder generar algún efecto vinculante en las decisiones, orientar y capacitar a las comunidades. Para lograr esto nos tomamos la tarea de dictar talleres comunitarios, ya sean en las zonas rurales como en las zonas urbanas y, por otro lado, canalizar las denuncias y las solicitudes que los ciudadanos formulen dentro de nuestra división. Voy a comentar un caso que tengo entre manos: En mis años de estudio nunca me imaginé que las aves migratorias podrían causar tantos problemas; Barquisimeto es ruta obligada y natural de la migración de las golondrinas, por efecto del desarrollo urbanístico anárquico se ha talado gran parte de la vegetación que era su corredor natural, los árboles, y ello las ha obligado, cuando vienen año tras año, a ubicarse en pequeños espacios, con una gran población. Resulta que esta vez las aves se ubicaron en el patio de una escuela y han generado una cantidad de afecciones en la piel y en los ojos tanto de

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estudiantes como de profesores y personal administrativo; habían piojos por las paredes, acumulación de desechos, los olores eran muy fuertes, generándose así un problema de salud pública. Nosotros como contraloría ambiental no solucionamos el caso directamente, pero lo canalizamos hacia el organismo que asume esa responsabilidad dentro de la administración publica local, realizando todos los oficios pertinentes encaminados a la solución y controlamos que los recursos que se administren para la solución de este problema sean eficientes, transparentes, efectivos, tal como lo dicen nuestros principios. Ahora vamos a hacer una evaluación de la gestión en el caso del IMAU, Instituto Municipal de Aseo Urbano, al cual hicimos una auditoría en su aspecto operativo. Éste es otro caso que tenemos, que demuestra la dimensión de los problemas que debemos enfrentar como contraloría ambiental; y éstas no las vemos nosotros, son productos de denuncias, que nos llegan y, conjuntamente con los ciudadanos, hacemos seguimiento y control al caso. Otro es el de un pilón de arena propiedad de una ferretería que está puesto al aire libre y afecta al vecino directo de hecho, ya que sus hijos sufren afecciones respiratorias por el polvo que produce el movimiento de arena. También se está violando la ordenanza de convivencia ciudadana en sus articulados. Nuestro deber es hacer cumplir las ordenanzas que obligan a los organismos competentes, en este caso la Policía Municipal, Dirección de Planificación y Control Urbano y la Prefectura a tomar cartas en el asunto, porque ya es un problema comunitario. Otro caso, el del bosque más nublado cercano a Barquisimeto; a un lado está rodeado de árboles pero al otro lado vemos que no hay vegetación. Este caso no nos ha llegado, está muy fresco. Pero ya nosotros estamos trabajando en calidad de promotores de un proyecto para crear una reserva biológica privada, sustentado en un estudio. ¿Cuáles son los logros de la gestión de participación ciudadana? Tenemos 50% de los casos de contraloría social resuelto, 63% de

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los casos de contraloría ambiental resueltos, lo que nos da un total de 62% de efectividad de gestión en la división; y 38% por resolver, cifra que consideramos bastante significativa; más que todo, como les dije, no son casos sin resolver, sino que siguen en su proceso y, por sus características, es difícil cerrarlos de la noche a la mañana. Hemos dictado una cantidad de 500 talleres comunitarios en lo referente a los temas de participación ciudadana, control social, contraloría ambiental, constitución de cooperativas y formulación de proyectos. Contamos con un cuerpo de profesionales que trabajan en contraloría junto a otros ad honorem que hacen esta labor comunitaria. A continuación el licenciado Daniel Faraco, quien es el jefe de la Dirección de Participación Ciudadana y les hablará del proyecto de redes de control social. DANIEL FARACO. Gracias. Seré bastante breve, voy a disertar sobre la importancia del control social. Partimos reflexionando sobre la Constitución, su artículo 62 dice: Todos los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en los asuntos públicos, en la formulación, ejecución y control de la gestión pública . Se refiere a la constitución de las contralorías sociales por vía autónoma, pero también estipula que es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación y el deber de informar a estas comunidades y de organizarlas en este proceso participativo. Se necesita la participación del Estado y de las instituciones de formación para que se puedan desarrollar estas contralorías en la forma más idónea. También tenemos la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en sus artículos 21, 24, 25, 75, 76 y demás artículos, de los cuales uno de los más importantes es el 75, donde se estipula que el contralor general de la República encarará las medidas y las normas para integrar a la sociedad civil en los mecanismos de control

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social para el fortalecimiento del control fiscal. Ésta es la ley, de ahí nace y se deriva el derecho constitucional de las contralorías sociales. Luego se crea la figura del contralor social como un representante comunitario ad honorem; no es un funcionario público sino un representante comunitario, que debe tener sensibilidad por la comunidad e identificarse con ella; tiene la responsabilidad de velar por los derechos y protección de su comunidad; es elegido por las comunidades a través de las asambleas de ciudadanos (esta vía es la idónea). También existen otras vías comunitarias para nombrar al contralor social, sería el caso cuando el contralor social es acreditado por el ciudadano contralor a través de una resolución. Esto sucede cuando el representante elegido por la comunidad, además de su compromiso con ella, también lo tiene con la institución, por lo que ésta no puede dejar de darle algunos parámetros o resolución de identificación; primero para que se identifique como enlace entre la comunidad y los otros organismos oficiales o particulares, facilitando así la comunicación; y, luego, tiene que haber una normativa de parte y parte para que no se perjudique la institución por las actuaciones de este ciudadano. Ahora nos referiremos a la fase de ejecución de la contraloría social. En esta fase de ejecución el contralor social será el garante y vigilante de los ingresos y egresos de la hacienda pública municipal. ¿Cuáles son los pasos de la fase de ejecución? Primero, la elección de la persona por las comunidades; segundo, la acreditación, que no es un carnet nosotros no contamos con eso , sino simplemente un acta de compromiso con la institución que firma la persona electa, donde se compromete a utilizar honestamente la información. Luego, la fase de formación del contralor social. Nosotros formamos a esta persona en los aspectos básicos que le permiten actuar con visión de contralor en la fase de actuación. Todo ciudadano puede elaborar denuncias, pero no todo ciudadano puede sustanciarla sin tener una visión clara de lo que va a controlar, qué es lo que va a sus-

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tanciar y cuáles son las fallas que puede tener la situación planteada en ese momento. La sustanciación debe ser hecha por el contralor en presencia de la comunidad, así se conocerá de hecho la sustancia del caso, con todas las pruebas pertinentes, al igual que la medida que será aplicada por la Contraloría (este último paso no le corresponde al contralor social). Pero, en la aplicación de esta medida debemos tomar en cuenta las recomendaciones de este representante comunitario; después se le hace seguimiento a la medida que aplicó el órgano contralor. Seguidamente, viene una conformación de red, esa conformación de red es la visión que nosotros tenemos de abajo hacia arriba. Comienza con la sociedad civil organizada-comunidades, luego viene el control social apoyado por las ONGs y diferentes organizaciones comunitarias, llámense provivienda, prosalud, prodefensa, círculos, en fin, toda organización comunitaria e instancias auxiliares. ¿Cuáles son las instancias auxiliares? Desde nuestra visión del proyecto debería constituirse una contraloría social sectorial que le brinde apoyo al contralor social en cada comunidad, con su suplente. Así como la conformación de un CPC, Centro de Participación Ciudadana, a nivel parroquial que debe estar enlazado, mediante un sistema de internet de avanzada, con el nuevo contralor, para que sirva de flujo de información para el control social e interlocución entre los diferentes sectores involucrados; el ciudadano interesado puede acudir al CPC para conocer todos los movimientos de la alcaldía, todo lo que es la gestión en la comunidad, sin tener que acudir a otras instancias. Y por último, el enlace final, que es la División de Participación Ciudadana del órgano contralor. Ésta es más o menos la conformación de red que nosotros estamos iniciando en el municipio. ¿Cuáles son los aspectos de la contraloría social? Dependiendo de las circunstancias, la contraloría social se adecúa al área de salud, a la social, la de deportes, de proyectos, etc. Como venía diciendo, la instancia parroquial es un CPC que interacciona con los organismos

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públicos, con los contralores sociales, con las alcaldías; es un centro de acopio y de concurrencia comunitario a nivel parroquial, por donde se canalizan las denuncias. Después vienen los procedimientos de ejercicio de control, que es la actuación del CPC en las contralorías parroquiales. Para la ejecución de una denuncia, se tramita la solicitud, pasa a la inspección, luego se sustancia un expediente, se lleva a la División de Participación Ciudadana, allí se analiza, se dictan las medidas, se consulta al contralor para conocer sus recomendaciones y se le hace seguimiento al caso. En su ámbito de acción, las contralorías sociales deben actuar en diferentes sectores: social, de educación y deportes, ambiente, obras e infraestructuras, entes administradores de recursos públicos, seguridad. Es necesario crear contralorías sociales en todos los proyectos y programas que incidan en esas áreas, en resumen en todas las áreas donde pueda haber un control social. He aquí un ejemplo positivo de los contralores sociales que tenemos en el municipio Iribarren, se trata de un contralor social en el barrio Los Pocitos, parroquia Juan de Villegas, donde este contralor social ha procesado todo tipo de denuncias: falta de alumbrado, falta de cloacas; en general, es un barrio muy deprimido que ha pasado por mucha inseguridad. Este contralor lo ha hecho bien. Otro ejemplo, esta vez negativo, es una experiencia piloto. Es el caso de un contralor social que fue electo por la comunidad de Lomas del Norte y ya electo se comportó anárquicamente; entre otras cosas, secuestró unos camiones de agua cisternas, le quitó la autoridad al presidente de la asociación de vecinos, dividió la comunidad, no respeta ni al Padre Nuestro. En vista de este comportamiento, la comunidad ahorita lo repudia y quiere impugnar esta elección. Concluimos con los logros de este proyecto implantado en el municipio. La División de Participación Ciudadana de la contraloría del municipio Iribarren ha logrado integrar al ciudadano a la ejecu-

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ción del control y vigilancia sobre la gestión pública local en su comunidad, considerando la completa resolución de un total de 52 casos y la de 95 denuncias formuladas ante la división por parte de las comunidades, a través de la aplicación del artículo 62 de la Constitución. La segunda conclusión importante es el desarrollo de un proceso de formación, capacitación y concientización de los ciudadanos del municipio Iribarren, generando impacto positivo en los niveles de participación en el control de la gestión pública. Esto es producto de 500 talleres dictados en diferentes comunidades, municipios a nivel del estado. Hemos elaborado ya una base de datos referente al tiempo de respuesta a las denuncias generadas por los ciudadanos, de la calidad de servicios prestados por los organismos públicos sujetos al control, que permitirá fortalecer el desarrollo de las auditorías sociales; ya estamos hablando sobre auditoría social. Como reflexión, primero tenemos la certeza de que las instituciones gubernamentales tendrán la disposición y voluntad para fortalecer la participación ciudadana en el control de la gestión pública; segundo, es fundamental la creación de una Ley Nacional de Contraloría Social; tercero, identificar qué se necesita para impulsar este derecho y deber constitucional en los diferentes ámbitos sociales; cuarta y última, anteriormente la sociedad venezolana asumió patrones de conducta paternalistas que han ocasionado efectos negativos en su desarrollo socio-comunitario, esto nos ha obligado a crear nuevos mecanismos participativos tales como las contralorías sociales. Gracias.

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Contraloría Social El Ingenio Guatire, estado Miranda FRANCISCO BECERRA Dirigente social del sector de El Ingenio

EN EL MUNICIPIO Zamora venimos desarrollando un trabajo a través de la Contraloría Social El Ingenio, me acompañan Eduardo Villalobos, el director de planificación y medios de contraloría social, Liliana Medina y Orlando Contreras. Primero que nada agradecemos al FIDES por habernos invitado nuevamente, así como el impulso que le está dando a la participación ciudadana y a las contralorías dictando talleres, foros y seminarios. Felicitamos al equipo técnico del FIDES y a Carlos Molina, gerente de participación ciudadana, que merece un aplauso de todos ustedes. Gracias por el Primer Seminario de Contraloría Social. Tenemos que darle otro aplauso y la bienvenida a las contralorías sociales internacionales. Señores, esta pregunta nos la tenemos que hacer todos, ¿nosotros estamos aquí para defender nuestra Constitución? Éste es el camino, compatriotas, aquí esta la luz, aquí esta el marco constitucional con aproximadamente 34 artículos de participación ciudadana, la Contraloría Social Comunitaria El Ingenio es practicante de la participación ciudadana y del protagonismo a través de los instrumentos legales que nos da la Constitución Nacional, somos estudiosos de la Constitución Nacional y las leyes de la República, por eso, en estos momentos la Contraloría Social El Ingenio se ha mantenido a través del tiempo; tenemos tres años de fundada, fue creada el

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6 de junio del año 2002. Recuerdo que cuando se creó la Contraloría Social El Ingenio, una experiencia muy novedosa, a los miembros de la contraloría social comunitaria nos decían ¿Ustedes de dónde salieron?, ustedes están locos, no van a avanzar más allá , no estaba el boom de las contralorías sociales. Teníamos una visión muy clara de lo que queríamos, era una visión de participación y de fortalecimiento de la sociedad para buscar los cambios que nosotros queremos; porque la única manera de buscar los cambios es a partir de la participación, participando a través de los gobiernos municipales, locales y estatales. La única manera de cambiar nuestra sociedad es que impulsemos la participación y el protagonismo del pueblo, porque el poder es para el pueblo, el poder es de todos, todos nosotros somos contralores sociales; aun sin darnos cuenta, somos contralores sociales. Ahora deseo exponer las experiencias de la Contraloría Social Comunitaria El Ingenio. Como dije esta contraloría fue fundada el 6 de junio del 2002 a través del proyecto de inversión pública, aprobado en favor de la comunidad de El Ingenio, 1.479 millones de bolívares a través de un crédito adicional de CONAVI. El ente ejecutor de ese proyecto fue la alcaldía del municipio Zamora, inclusive allí se manejó a través de una unidad-oficina de Vivienda y Hábitat, la cual hasta los momentos no ha aclarado al municipio, ni a nuestra comunidad, ni al país lo referente a sus funciones específicas. Como tal, la Contraloría Social Comunitaria El Ingenio se fundó conforme a los instrumentos legales: la Ley de la Contraloría General de la República, el control fiscal, la Ley de Corrupción y la Ley de Comparecencia de Funcionarias y Funcionarios Públicos y Particulares e, igualmente, nos manejamos también a través de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, etcétera; existe otra serie de leyes que hemos manejado basados en nuestra experiencia. Nos creamos a través de una asamblea de ciudadanos, se aprobó el proyecto de créditos adicionales 1.479 millones de bolívares, como a-

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punté anteriormente , siendo este crédito la inversión pública más alta que se ha entrado en el municipio Zamora hasta la fecha. A medida que avancemos en la exposición explicaremos cómo se manejaron estos recursos. Para el año 2000 esta comunidad no tenía asociación de vecinos; luego se formó una asamblea de ciudadanos, los vecinos participaron masivamente en ella, se involucraron con el proyecto comunitario para formalizar la rehabilitación de los edificios de El Ingenio, un total de nueve edificios. Este hecho fue de lo más resaltante, porque nuestra comunidad era muy apática. Llegaron los recursos y en el 2002 se fundó la contraloría social mediante una asamblea donde participaron más de 160 vecinos. Todo lo hicimos según la ley, no trabajando empíricamente sino apegados a la ley, estudiándolas y recibiendo formación ciudadana, de la que carecíamos porque el pueblo no tiene cultura de participación. Agradecemos por esto a la Dirección de Educación y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, ya que nos ha formado a nosotros como ciudadanos; igualmente al FIDES, al Ministerio de Desarrollo y Planificación, donde están los licenciados Pedro Contreras, Efraín Calderón, Freddy Guzmán, Simón Colmenares, Félix Velásquez, etc. De aquí que les hago una recomendación a todos los presentes, acérquense a la Asamblea Nacional, Mezzanina, Dirección de Educación y Participación Ciudadana, allí nos hemos formado como dirigentes sociales, a través de esos cuadros sociales nos hemos fortalecido para avanzar en nuestro proyecto como contralores sociales. Para ser un contralor social la persona debe estar domiciliada en la comunidad, tener una reconocida solvencia moral, ser electo por asamblea de ciudadanos, independiente, apolítico, imparcial y ser una persona mesurada. Con respecto a la obra de rehabilitación de los nueve edificios: ésta consiste en la cobertura exterior en piedras, la impermeabilización de las nueve azoteas, aguas negras y aguas blancas, pintura in-

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terna, arreglo de las bombas hidroneumáticas, etcétera. Pero en ese proyecto se presentó una desviación de partida, a lo cual hemos hecho seguimiento permanente, mediante denuncias sistemáticas a través de los medios de comunicación, hasta la presente fecha. Algunas instituciones del Estado han sido bastante receptivas en lo referente a nuestro problema provocado por esta desviación de fondos. Le corresponde a la Contraloría Social Comunitaria ejercer las funciones que le atribuye el artículo 62 de la Constitución. La estructura de la Contraloría Social Comunitaria El Ingenio es la siguiente: un contralor, un sub-contralor, un secretario, un planificador, un asesor legal, un asesor contable, un asesor técnico y fiscales contralores. Hay que resaltar que los fiscales contralores somos todos; es toda la comunidad que planificadamente evalúa y fiscaliza los proyectos, todas las partidas. Por lo tanto, conocemos los presupuestos de las partidas, su monto y tenemos bastante documentación referente al manejo del proyecto de El Ingenio. Tomando en consideración la magnitud de la inversión, hemos dialogado con ingenieros, quienes opinan que con esta cantidad de dinero se puede hacer un levantamiento urbanístico. Como verán, los contralores actuales son personas que deben tener vocación de servicio, ganas de trabajar, ser honestos, responsables y tener entusiasmo en seguir adelante con este proyecto. ¿Por qué nosotros ahora somos gobierno? Porque nosotros tenemos una Constitución y unas leyes, que nos respaldan para avanzar dentro de este proceso de las contralorías sociales. Con ellas arrancó el proyecto, se creó la comisión electoral para elegir la asociación de vecinos de El Ingenio, y a través de esa asociación de vecinos surge el proyecto de la Contraloría Social. Cuando arrancaron las obras no existía la Contraloría Social, la alcaldía del municipio Zamora, sin planificación alguna, intervino de manera arbitraria en nuestra urbanización. En vista de esta acción por parte de ellos, nosotros nos movimos inmediatamente y convo-

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camos la asamblea de ciudadanos para formar nuestra contraloría social, siendo ésta la primera organización de este tipo creada en todo el país, esto fue el 24 de junio del 2002. Ya ejerciendo nuestras funciones de contraloría social, no nos quedamos con supervisar la ejecución de las obras superficialmente; fuimos más allá, utilizando técnicas administrativas de control, escudriñamos el manejo de los recursos, de cómo se estaban realizando los desembolsos. Como respuesta a nuestro control varias empresas amenazaron con paralizar las obras, como siempre pasa en estos casos. Después, la Contraloría intervino en CONAVI, concertó una conciliación entre la Contraloría Social de El Ingenio y la alcaldía porque había pugna entre la alcaldía, los vecinos y la Contraloría Social, inclusive no querían reconocer la Contraloría Social El Ingenio porque, según ellos, era una contraloría autónoma. Déjenme decirles que todos nosotros tenemos derecho a organizarnos, que todos nosotros tenemos derecho de participar. Inclusive un ciudadano común y corriente puede denunciar una obra, cualquier proyecto que no esté bien ejecutado. Las obras estuvieron paralizadas en cuatro oportunidades en respuesta a nuestras denuncias sistemáticas. Mediante denuncias por los medios de comunicación de la zona, que nos han ayudado mucho en esta labor, solicitamos la continuación de las obras; nosotros estamos encima del proyecto, no cejamos en nuestro trabajo para llevarlo a cabo. Es más, la alcaldía nunca respondía a nuestras denuncias por el incumplimiento del proyecto de rehabilitación El Ingenio; se hacían la vista gorda, no querían explicar los motivos por los que la obra estaba paralizada. Luego intentaron disolver la Contraloría Social El Ingenio, con presiones que nosotros calificamos de políticas. La pugna fue bastante fuerte allí ya que habían vecinos que estaban apegados a los lineamientos políticos, traicionando así el derecho de nuestros vecinos, traicionando nuestra participación, queriendo quitarnos nuestros espacios. Los calificamos de vecinos traidores, porque

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nosotros venimos haciendo un trabajo comunitario, un trabajo social, sin recursos del Estado; los recursos los hemos sacado nosotros mismos de nuestro peculio, para poder avanzar en el proyecto. Entonces estos vecinos convocaron una asamblea de ciudadanos totalmente ilegal que ni siquiera llegó a dieciséis personas. Acto seguido la Contraloría Social denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo el fraude fraguado en El Ingenio. Recientemente reiteramos esta denuncia de fraude nuevamente. Porque no le tenemos miedo al poder económico, no le tenemos miedo al poder político, porque nosotros vamos a buscar la verdad. Porque, precisamente, han pasado muchas cosas en muchos años hasta hoy en día, y nosotros no podemos callar; tenemos que echar el miedo atrás, no podemos ser cobardes entre nosotros mismos, tenemos que denunciar las cosas que no funcionan; y por eso es el cambio, es combatir la corrupción. Sí se puede, debemos tener confianza en lo que estamos haciendo. Igualmente pedimos no entregar más recursos a la alcaldía para la construcción de viviendas hasta tanto no se aclaren las obras de El Ingenio. La alcaldía de Zamora pretende, mediante la Dirección de Vivienda y Hábitat, manejar recursos de aproximadamente 400 millones de bolívares que serían adjudicados a través del proyecto Viviendas por Petróleo. Si no pudieron manejar los 1.479 millones de bolívares, cómo pretenden ellos ahora levantar las obras con 400 millones de bolívares. Por lo tanto, queremos solicitar la comparecencia de todos los funcionarios involucrados ante la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional. Incluimos alcaldes, concejales, etc., tenemos sus nombres de aquí. Ellos tienen que asumir su responsabilidad porque nosotros cumplimos como ciudadanos, como personas, como venezolanos, cumplimos y estamos cumpliendo con nuestra comunidad. Ahora les toca a ellos asumir su cuota de responsabilidad, tienen que responderle a nuestra comunidad, a la nación. A nosotros no nos van

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a callar, no nos van a amedrentar, porque no les tenemos miedo, los revolucionarios que estamos en avanzada y que estamos peleando por nuestros derechos no les vamos a tener miedo. Para culminar compatriotas, hay mucho material aquí que explicar, tenemos documentos importantes, los tengo en mis manos, documentos originales, certificados. Nosotros no fuimos solamente a supervisar las obras superficialmente, nosotros fuimos a supervisarlos administrativamente, porque el dirigente social tiene que prepararse a los nuevos tiempos, tiene que ser un gerente social, una persona con dinamismo, una persona que tiene que avanzar hacia una lucha para lograr los nuevos cambios. Déjenme decirles compatriotas, sí se puede, pero hay que tener ganas, convicción y confianza. Y termino citando estas palabras: Lo malo no es la voz de los malos, lo malo es el silencio de los buenos . Me despido.

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Contraloría Social del Estado Mérida TERESA MORA DE ALBORNOZ Contralora de Clase Media en Positivo de Mérida

DEBO MANIFESTARLES con saludo del pueblo revolucionario de Mérida el deseo de participar, agradeciendo a los organizadores del evento por la invitación que tuvieron al proyecto de Contraloría Social en el Estado Mérida. Nuestra ponencia tiene dos partes, una parte que razona el por qué es necesario constituirnos en contraloría social; y la otra parte, nuestra experiencia propiamente de lo que estamos llevando a cabo en la ciudad de Mérida. Decimos entonces que un jurista antiguo dejó para la posteridad el pensamiento que dice Justicia es dar a cada quien lo que le pertenece . Valiéndonos de esta máxima de tan antigua data que es menester señalarla como norte de proceso revolucionario que lideriza nuestro Presidente, haciéndola efectiva. Justicia, la reina de las virtudes republicanas, es dar a cada quien lo que le pertenece para pagar la deuda social acumulada por tantos años, para llevar la mayor suma de felicidad posible a los estratos más débiles de nuestra sociedad de manera que el soberano reciba del Estado el bienestar colectivo a través de esa justicia, orientada al cumplimiento de sus fines. Ahora bien, iniciamos esta intervención invocando la justicia porque ella es garantía de bienestar y de verdadero equilibrio, denotando que con la aparición del comandante Hugo Chávez como líder de un cambio, quien se constituye en la esperanza de un pueblo oprimi-

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do y decepcionado que asume como principio de su actuación la justicia y la equidad y que enrumba al país hacia un proyecto revolucionario de esperanza y bienestar, se reivindica a ese pueblo de la profundidad de su decepción en que estaba sumido y se le asigna el sitial que debe tener, cual es ser protagonista de su propio destino. Como asidero para iniciar la marcha, pone en nuestras manos una Constitución mediante la cual el pueblo comienza a ser actor entre otras muchas formas de protagonismo y participación; se le otorga la facultad de ser vigilante y guardián, que participa y exige, que vigila y colabora, que se hace receptor pero a la vez copartícipe de todas las actuaciones del Estado y así contribuye a un mejor cumplimento de su finalidad. El artículo 62 de la Constitución establece: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica . Vemos como se pone de manifiesto el control ciudadano como mecanismo para lograr el protagonismo que garantice un desarrollo pleno del individuo y de la patria y el cual es expresamente considerado en el artículo 66 constitucional cuando señala el derecho ciudadano a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas de su gestión y de acuerdo a un programa previo . En su desarrollo partimos del concepto de ciudadano pasando por el control que ejerce el Estado para asegurar el cumplimiento de sus objetivos a través de su estructura organizativa, para llegar así al nuevo enfoque de dicho control por parte del ciudadano en lo que hemos denominado sistema de control ciudadano o contraloría social. Este control social busca ante todo que el pueblo participe acti-

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vamente en el empoderamiento del pueblo en el ejercicio de sus derechos y co-ayudando con los entes contralores en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué el control social? No podemos hablar de control sin hacer un somero enfoque de lo que la corrupción puede dañar a un país y, por ende, a su pueblo (beneficiario de los servicios de aquél). A lo largo de la historia, las instituciones del Estado se fueron convirtiendo en focos de corrupción, sobre todo aquellas instituciones destinadas al servicio de la comunidad donde se conjugaban el tráfico de influencias pareado con el nepotismo, el soborno, los sobreprecios, el cobro de comisiones, la irresponsabilidad de funcionarios, la malversación de los fondos del Estado, el gasto excesivo, el robo de los insumos materiales y herramientas; lo que se convirtió en un cáncer que vino destruyendo hasta lo más profundo de la sociedad; y no sólo a las instituciones públicas sino también a las instituciones privadas, llegando incluso a dañar hasta el núcleo más esencial de la sociedad como lo es la familia. Ante estas prácticas que llegaron a constituirse en cotidianidad, hoy por hoy tenemos elementos a nuestro alcance, especialmente lo atinente a los derechos otorgados al pueblo a través de la Constitución Bolivariana, que nos permiten emprender el camino hacia el asentamiento de las instituciones y a la recuperación de los valores de honestidad, responsabilidad, honradez, transparencia y disciplina, para reconstruir esta hermosa patria de Bolívar, de Sucre y de otros tantos héroes que nos la legaron para amarla, cuidarla y hacer de ella el mejor hogar para nuestros descendientes. Este camino es difícil porque sabemos que luchar contra el fenómeno de la corrupción constituye un reto y, por qué no decirlo, un gran riesgo; pero es posible transitarlo con valentía y honradez y con la ayuda de la herramienta que es la Constitución que ponga en marcha los mecanismos de control y a la vez permita llegar a la acción. Es por ello que estamos animados a echar adelante esta herramienta como lo es la

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contraloría social, a continuación la experiencia de lo que es el proyecto de Contraloría Social en Mérida. Hechas estas consideraciones, pasamos a esbozar la experiencia del estado Mérida acerca del control social. Por los años 95-96 un grupo de ciudadanos sin saber que estaban gestando la contraloría social colocaron la primera piedra para su desarrollo; y es así como en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes un grupo conformado por médicos, enfermeras, trabajadores y gentes del pueblo se constituye la Asociación Civil Comité Pro-defensa de la Salud para el Estado Mérida, el cual realizó un trabajo maravilloso ayudando a los pacientes, contribuyendo para el mejoramiento de los servicios, la dotación de insumos y medicamentos; pero lo más importante dentro de esa función contralora, la investigación y la canalización de denuncias de actos de corrupción, malas praxis médica, y otras tantas cosas que venían llevándose a cabo en este centro asistencial: fundaciones privadas que cobraban por la prestación de los servicios con la figura de recuperación de costos y cuyo dinero nunca se sabía donde iba, las partidas que el Ministerio de Sanidad destinaba al pago de nómina pasaba largo tiempo engordando con los intereses las cuentas particulares de algunas personas, los equipos necesarios para la atención de los pacientes como por arte de magia desaparecían sin dejar rastros, entre otras muchas cosas. Con las pruebas y soportes correspondientes se formulaban las denuncias ante la propia Presidencia de la República, ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía del Ministerio Público en el estado, ante la Procuraduría General, a la Contraloría General de la República, incluso a la Contraloría de Estado de aquella época, pero que nunca tuvieron respuesta, mucho menos se realizó la investigación correspondiente y menos aun el castigo a los culpables. Aquí debo hacer una breve disgresión para decirles que en este momento todas estas denuncias reposan en las fiscalías y hasta este momento no se han ejecutado porque hay elementos políticos, inclusive que se

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tildan de revolucionarios, que en este momento están boicoteando y no permiten que se investigue. Es así que con el impulso del Comité Pro-defensa de la Salud en el Estado Mérida se crea la Contraloría Interna del Hospital Universitario de Los Andes, dirigida con acierto y valentía por la abogada Luz Marina Zambrano y respaldada por un grupo de personas que como héroes ignotos se constituyeron en el germen de esta nueva figura de control social. Esta lucha se libraba en la Cuarta República con un gobierno regional corrupto como el de William Dávila Barrios y, sin embargo, por la posición valiente y decidida de sus gestores, se obligó a las autoridades del hospital de aquel entonces a no evadir su apoyo. El comité y la contraloría interna se constituyeron en una verdadera revolución hasta el punto de que los diferentes distritos sanitarios solicitaban su ayuda y asesoramiento para organizarse. El Comité Pro-defensa de la Salud estaba tomando fuerza y realizando una labor en defensa de las clases más humildes, hurgando en muchos vericuetos que comprometían a las autoridades de la institución y a otros que, como cómplices o encubridores, tenían su cuota de responsabilidad. Entonces comenzaron un ataque tremendo, incluso, y aquí hay que decirlo valientemente, quienes estaban al frente de este trabajo al llegar a Mérida un gobierno revolucionario, se sintieron alegres y felices porque creyeron tener el respaldo; sin embargo no fue así y tanto la doctora Luz Marina Zambrano como el doctor José Verdi presente aquí en esta sala , y otros, pero especialmente la primera, fueron perseguidos y vejados y al fin como no encontraron eco en las instituciones ante las cuales se habían formulado las denuncias no les quedó otro remedio que replegarse a la espera de una nueva oportunidad. Pero el germen que por un tiempo quedó dormido, vuelve a resurgir en Mérida y para el mes de junio del año 2003, en la ciudad de El Vigía, municipio Alberto Adriani, las comunidades se organizan y

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en él constituyen la Asociación Sistema Integral de Contraloría Social la cual viene realizando un trabajo en esa comunidad. Pero faltaba buscar la fórmula para retomar lo dejado atrás, ahora contamos con la herramienta legal, la Constitución Bolivariana, y claros del derecho a ejercer el control social, se organiza un grupo comunitario que, fundamentado especialmente en los artículos 62 y 66, comenzamos en el municipio Libertador del Estado Mérida a realizar asambleas de ciudadanos en las comunidades, para enseñar al pueblo que la Constitución ponía en nuestras manos una herramienta importantísima para la defensa de nuestros derechos a través del control y la fiscalización de los bienes y servicios. Convocamos a asambleas de ciudadanos en la misma sede del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, a las que concurrían gran número de personas, asistencia que fue disminuyendo y cuando se investiga el porqué nos encontramos con algunos que, disfrazados de revolucionarios, no quieren contraloría social porque saben que con esta herramienta se les frenarán sus desmanes; y entonces llaman la atención a aquellos que quieren participar diciéndoles que tengan cuidado porque el grupo que convoca para organizar esa tal contraloría es un grupo contrarrevolucionario y enemigo del proceso, ¿qué tal les parece? Nos preguntamos, ¿es que acaso ser revolucionario es seguir admitiendo viejas fórmulas de acomodo para manejar las instituciones?, ¿ser revolucionario es hacerse de la vista gorda para que las cosas pasen por debajo de la mesa? Ahí quedan esas preguntas para la reflexión y el análisis; lo que buscamos es, como ya dijimos, que el pueblo se empodere de su derecho a controlar y fiscalizar y a exigir a sus autoridades que rindan cuentas públicas transparentes y periódicas de acuerdo a un programa previo, programa que debe ser realizado con el verdadero pueblo, no con el grupo escogido a dedo, sino que haya democracia participativa como lo quiere nuestro Presidente. De esta manera se ha podido consolidar un grupo de ciudadanos comprometidos con sus

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comunidades, con la Revolución Bolivariana y con el país, en la población de Mucurubá del municipio Rangel, pueblo enclavado en el corazón de Los Andes donde, a través de una asociación civil de gestión comunitaria, se crea una contraloría social adscrita a la asociación civil. Como ven, ya hay dos contralorías sociales trabajando en Mérida y los integrantes de la contraloría de la parroquia Mucurubá aquí nos están acompañando hoy. Pero seguimos con la ciudad de Mérida, seguimos la lucha, alimentamos aquel germen del Comité Pro-defensa de la Salud y, pese a los obstáculos que pudimos encontrar, no vamos a dejar nuestro propósito, el próximo paso será constituir la Contraloría Social del municipio Libertador, la cual, retomando la experiencia del Comité Pro-defensa de la Salud, centrará su trabajo en esta área donde esperamos contar con comités de contralores sociales en cada una de las parroquias del municipio. Además la contraloría social para la Misión Mercal que aún no ha cristalizado en nuestro estado, con la cual y con el apoyo de los círculos bolivarianos buscaremos darle el impulso, de manera que este programa sea llevado a las comunidades para que preste el servicio para el cual fue creado. Los que conformamos este equipo promotor no perseguimos fines políticos, no perseguimos fines de otra naturaleza que no sea el de apoyar a las comunidades y al proceso revolucionario, ejercitar el deber de ciudadanía. Somos estudiantes en el programa de los domingos, nosotros como Bolívar y nuestro comandante y presidente, como Samuel Robinson, en donde aprendemos cada semana a admirar más a nuestro Padre Libertador, a amar más a nuestra gran patria Venezuela y a sentirnos comprometidos con el señor Presidente de la República como el gran líder y seguiremos apoyando hasta la victoria siempre. Debo decirles, para terminar, que nosotros como revolucionarios no podemos desmayar en este propósito, quizás hoy la organización de este primer seminario nos va a dar el impulso y va a hacer que nos

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conozcan. Hay que tomarlo en cuenta y pedirle a los funcionarios públicos y a las autoridades, a los gobernadores de estado para que no bloqueen nuestra acción del control social, nosotros tenemos que trabajar porque Venezuela sea el país que todos queremos, ese país sano, ese país libre, ese país democrático, ese país revolucionario que el presidente Chávez quiere. Con el corazón, de verdad, desde Mérida, les decimos que vamos a luchar para que la Contraloría Social en Venezuela sea una verdadera realidad. Gracias.

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Una ordenanza para la Contraloría Social DEYANIRA GONZÁLEZ Consejal del Municipio Libertador

BUENAS TARDES, antes que nada quiero agradecer la invitación al equipo que organizó este evento y la asistencia masiva que el mismo tiene, que refleja el interés que las comunidades tienen por este tema tan importante como es la contraloría social. Yo quisiera dar una introducción necesaria sobre nuestro proceso revolucionario que creo que comenzó en el año 89, el 27 de febrero, cuando nuestro pueblo salió a la calle y muchos no sabíamos lo que queríamos, pero estábamos seguros que lo que estaba no era. Hubo un desbordamiento social y todos conocemos lo que ocurrió allí ese día. No hubo liderazgo, no hubo orientación, pero desde ese momento este pueblo salió a la calle y no ha regresado, se encuentra en las calles construyendo una patria. En el momento que se presentan las elecciones del 98, cuando Hugo Chávez Frías llega a la Presidencia de la República, nosotros comenzamos a soñar juntos y tenemos allí la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que recoge un sueño de país en los sectores vanguardistas, de los sectores populares que se han venido reuniendo desde hace muchos años clamando por esa participación ciudadana, pero todavía no sabíamos expresarla. Desde ahí hemos transitado un largo camino, aunque corto para la historia, donde hemos tratado de hacer definiciones sobre nuestra revolución.

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Todos decimos que queremos participación, y hemos venido participando en elecciones tras elecciones, marchas, espacios comunitarios, asambleas; aunque hasta ahora, hasta este momento preciso de la revolución, esto no había sido protagónico porque para que la participación sea protagónica, ella debe definirse o debe expresarse en lo que dice nuestra Constitución: en que nuestras comunidades participen en la definición, ejecución, control y evaluación de la gestión pública; y es ahora en este justo momento cuando se está creando la nueva institucionalidad que va permitiendo que esa frase mil veces dicha de participación protagónica comience a hacerse una realidad que nos compromete a todos. Nosotros desde el municipio bolivariano Libertador, la cámara municipal, estamos adelantando una iniciativa; es la Ordenanza de Contraloría Social Comunitaria. Hasta ahora es un proyecto, pero ya está en su segunda discusión, solamente estamos esperando la promulgación por parte del alcalde para que esto sea una realidad (que será pronto, porque es una inquietud de él y es una exigencia de que esto sea creado). En ese sentido es necesario decir que el derecho no crea instituciones, no se trata de que nosotros estamos haciendo una ordenanza para crear una contraloría social, eso no es verdad, el derecho regula hechos y los hechos están a la vista de todos; y son ustedes los que han venido a través de sus iniciativas bueno, estoy oyendo muchas exposiciones aquí y la experiencia data de años antes de que el presidente Chávez llegara al poder y experiencias de contralorías sociales, lo que pasa es que no le habíamos denominado así, simple y llanamente, incluso, después que el comandante entra a ocupar posiciones de gobierno. Nosotros vemos cómo algunas instituciones han venido adelantando iniciativas que yo tengo que destacar, entre algunas las labores que ha hecho Hidrocapital con las mesas técnicas de agua, son una excelente contraloría social en materia de la distribución del agua; pero no solamente eso, los comités de gas, los

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AmiGas, que también son contraloría social. En lo que respecta a PDVSA, hay una iniciativa que se desprende desde allí. También tenemos Barrio Adentro, excelente experiencia en contraloría social donde las comunidades también han asumido su rol protagónico y se han reapropiado de funciones que antes le correspondían al Estado, y yo creo que esa es la clave. Entonces compatriotas no se trata de que a unos inteligentes allí de la cámara municipal se nos ocurrió hacer un instrumento y vamos a crear una contraloría social a través de ese instrumento. No. Estamos recogiendo, estamos regulando situaciones de hechos que existen en este proceso revolucionario y de lo que se trata es de darles instrumentos, de cómo se come la contraloría social , cómo se concreta el ejercicio del control social; y entonces necesitamos una normativa legal que lo permita; porque una de las situaciones con las que se han conseguido las contralorías sociales que hasta ahora se han constituido, es que de hecho y de plano le niegan su legalidad, Ustedes no son competentes , Ustedes no están en ninguna ley . Yo llamaría a todos los municipio a que se embraguetaran en esta idea de conformar las ordenanzas independientemente que aún no haya una ley de participación ciudadana; nosotros tenemos autonomía municipal y también tenemos nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que nos lo permite. A mí me parecía tarde que nos llegara esta Ordenanza de Contraloría Social, hemos trabajado mucho por esto; sin embargo, creo que esta ordenanza está en la calle en el preciso momento, porque eso nos ha permitido enlazar con muchos factores, con muchas organizaciones comunitarias, recoger experiencias, no ha sido posible con todas, sabemos que tiene deficiencias pero que en la medida que eso esté en la calle y que la activemos en ese sentido, nosotros podemos mejorar ese instrumento jurídico y hacer un proyecto de reforma de la ordenanza. No es fácil la no institucionalidad, es difícil en medio de un proce-

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so tan complejo como el que vivimos, lo señalaba la compañera que me antecedió. Estamos construyendo revolución en paz, eso tiene sus dificultades, estamos derribando un sistema de la Cuarta República y estamos construyendo uno nuevo. En medio de dificultades enormes, un imperio que nos ataca sin clemencia con todos los instrumentos que ellos tienen y que sabemos que son poderosos; pero entonces ese es el reto, cómo dentro de este proceso tan complejo y en paz construir la Revolución Bolivariana, destruir al viejo régimen y defendernos a la vez. Tenemos que acostumbrarnos a eso, porque no es un problema de hoy, será un problema del día a día que la oligarquía y el imperio no van a resistirse, van a seguir reaccionando y nosotros tenemos que seguirlos enfrentando. La idea es que después de cada batalla que nosotros demos salgamos fortalecidos; no es que la demos para salir del paso, tenemos que salir fortalecidos y que ellos queden más débiles y nosotros más fuertes. Pero para poder edificar la no institucionalidad, es necesario que nosotros comencemos a crear nuevas formas organizativas que permitan ir desmantelando el viejo régimen; Chávez nos lo señala todos los días en su actuar, en su accionar. Nosotros vemos cómo han sido posibles nuestras misiones, porque él se ha saltado toda la institucionalidad y ha tenido que crear entes paralelos, Comisiones Nacionales de Barrio Adentro, Comisiones Nacionales de Vuelvan Caras, Comisiones Nacionales de Misión Sucre, Misión Robinson, etcétera, etcétera. Solamente de esa manera ha sido posible que se rompa con al estructura burocrática y que realmente los programas sociales lleguen al pueblo y que el pueblo se los reapropie como efectivamente debe ser. Entonces podremos decir que, como lo han dicho mucho, la contraloría en nuestro criterio es una herramienta para el ejercicio concreto del control social sobre la planificación, ejecución y vigilancia de la inversión y el gasto público que se expresa a través de la par-

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ticipación y el protagonismo popular. La construcción del orden que soñamos pasa por la construcción de una identidad local, por eso es importante el ámbito en que se aplica la contraloría social, tiene que pasar por el rescate del espacio local, que logre concentrar la fuerza suficiente que permita a través de su propio protagonismo derrumbar, desmontar la vieja estructura y, sobre su ruina, construir y edificar la nueva institucionalidad democrática fundamentada en la aplicación de la ley y el ejercicio de la democracia directa. Por tanto es tarea fundamental el rescate del espacio local, sea comunitario, parroquial, municipal, son esos espacios los propicios para el ejercicio del mecanismo constituyente originario. Porque es allí donde nosotros podemos reapropiarnos de esas funciones que nos ha quitado la mal llamada democracia representativa, que nos usurpó y nos puso una mascarada cuando nos decía que nosotros participábamos; sí, participábamos cada cinco años eligiendo un presidente y unos poderes públicos, pero después teníamos que calárnoslo y esperar hasta que nos engañaran nuevamente; entonces la corrupción rondaba por todas partes y nosotros no éramos ajenos a ella, participábamos porque nos daban dádivas y nos daban cosas y nos mantenían allí enajenados. Por eso es importante que este proceso que ha venido a rescatar lo nuestro, que ha venido a darnos esperanzas no es un caudillo que nos lo trae, como estábamos acostumbrados, cada cinco años , amerita de nosotros el rol protagónico, el nuevo proyecto histórico es la construcción de la democracia participativa que sólo se hará realidad mediante esas nuevas instituciones. Sin duda la contraloría es una de esas instituciones fundamentales que se constituirá en el nuevo tejido social que fuerce la disolución del viejo orden y la vieja democracia mediante mecanismos de cogestión reales, efectivos, dando impulso a nuevos espacios políticos. Por tanto, el control social debe ser asumido y respetado por to-

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dos, sin ninguna excusa, todos los mecanismos tienen que facilitar este proceso y tenemos que constituirnos en eso, en facilitadores de la incorporación del pueblo en la gestión pública, esa es una tarea fundamental y el viejo esquema no lo permite. Efectivamente, ser escrutado no es fácil, lo sabemos; por eso es necesario que las instituciones del Estado que yo creo que en muchas oportunidades lo están haciendo pero no en la totalidad depongan su actitud y acepten ser escrutados porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo dice como un mandato constitucional y así debemos acatarlo. Entonces la contraloría social es una forma de organización social y política cuya ideología fundamental es promover y estimular la confianza social y la generación de una ciudadanía activa con compromiso de futuro con la creación de una nueva sociedad que recoja la diversidad de experiencias humanas. En este mismo sentido está enmarcado nuestro proyecto de ordenanza. Nuestro proyecto de ordenanza le da autonomía a la Contraloría Social, autonomía basada en que esa Contraloría Social fue electa en asamblea de ciudadanas y ciudadanos; y cuyo mandato, se ve, no es en sí mismo autónomo sino que lo es en la medida en que tiene una delegación funcional por parte de la asamblea de ciudadanos; y la única que controla esa contraloría sería esa asamblea de ciudadanas y ciudadanos comunitaria, que en un momento le dio el mandato y que a ella debe responder. Nosotros, como órgano de la administración pública, nos queda la tarea de tutelar, de facilitar, de dar las herramientas, del control previo, del control posterior, de ayudar a que se elabore un informe, de preparar al equipo de contralores sociales de tal manera que sean capaces de llevar a feliz término la labor que le encomendó la asamblea de ciudadanos y ciudadanas; y para eso la ordenanza lo hace como mandato y así lo asumimos también. Realmente considero que es importante esta ordenanza que ustedes tienen en sus manos. Yo no quisiera detallar mucho sobre la or-

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denanza, son 34 artículos. Sí partimos de fundamentaciones constitucionales, psicológicas, filosóficas, sociológicas. Hay un folletito por allí que si no lo tienen se va a repartir, allí está todo el contenido de las ordenanzas. Quería aprovechar el espacio porque nosotros hemos salido con un libro sobre contraloría social comunitaria, este libro no está bautizado y yo quisiera aprovechar esta ocasión para hacerlo entre ustedes y que ustedes se constituyan como padrinos, para que no sea un acto protocolar aislado de las realidades sociales sino en función de que el mismo cumpla su cometido.

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Contraloría Social Salud y Vida

Maternidad de Valencia, estado Carabobo MARITZA LEÓN Y CARLOS RIVAS

MARITZA LEÓN. Buenas tardes compatriotas, ante todo quiero dar un saludo solidario y revolucionario al Seminario Internacional de Contraloría Social. Aquí estamos compatriotas, saludos en nombre de la Contraloría Salud y Vida. Quiero que el equipo esté presente antes de comenzar, porque los trabajos de contraloría, aun cuando una sola persona esté hablando, es trabajo de un equipo. Por eso invito a los miembros de esta contraloría que hagan acto de presencia acá. Estamos trabajando en la contraloría social del Hospital Maternidad Central de Valencia. Primero quiero darle las gracias al presidente Hugo Chávez Frías por impulsar la participación protagónica y participativa del pueblo a través de artículo 62 de nuestra Constitución. Las contralorías le damos vida a esa Constitución porque si no le damos vida es palabra muerta. ¿Quiénes somos? La Contraloría Salud y Vida está conformada por un equipo multidisciplinario: por comunidades organizadas, por ONGs, por asociaciones de vecinos, por grupos culturales y, entre ellos, médicos, abogados, ingenieros que nos dimos a la tarea de defender nuestros derechos en lo que se refiere a la salud y la vida. Denunciamos como contraloría responsable el caso de un proyecto que pretende impulsar en nuestra maternidad el gobernador

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Salas Feo, el terrorista y fascista, después que le metió candela; de esto tenemos las pruebas. Nosotros somos responsables cuando decimos que el gobernador de Carabobo le metió candela a nuestra maternidad sin importarle que mujeres y niños estuvieran allí el 31 de marzo de 2001, no le importó, es una conducta piromaníaca y fascista de los Salas. Nos quemaron la maternidad y después queman autobuses, queman carros, participan en la guarimba. En fin, eso es una política fascista de ellos que nosotros denunciamos ante la Asamblea Nacional. Lamentablemente, como uno más de estos casos, duerme en las gavetas de la Asamblea Nacional. En esta denuncia solicitamos la intervención del sistema de salud del estado Carabobo y la interpelación a Salas como culpable de la quema de la maternidad. Es un hecho demostrado. Uno de los objetivos primordiales de esta contraloría social es, primero, defender nuestro derecho a la salud y la vida, contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; segundo, defender el derecho a la Maternidad, porque con su proyecto pretenden eliminarla en el estado Carabobo, dejando una sola y en la que además se está cobrando. Otro de los objetivos que tenemos como contraloría social es impulsar la participación ciudadana, sin la participación de ese pueblo no puede ser posible que nosotros ejerzamos el poder de la contraloría, es imposible informar a las comunidades de lo que está pasando. Es más, pido al FIDES como ente financiero y al Ministerio de Salud y Desarrollo Social que se dirijan a las comunidades antes de avalar un proyecto. Muchos proyectos han pasado sin satisfacer nuestras necesidades, sin consulta previa. Sabemos que llegan acá mediante todas las marramuncias, pagando dinero. En las instituciones que están al servicio de la revolución, al servicio de este pueblo sabemos que en FIDES hay puertas abiertas , sabemos que hay mucho infiltrado todavía que sabotea nuestra gestión de participación ciudadana, de consenso.

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Pero de verdad, nosotros como contraloría, lo único que les vamos a pedir a las instituciones hoy es que nos incluyan dentro de sus partidas, no tenemos recursos: nosotros venimos aquí con nuestros pasajes y vamos a los barrios con las pequeñas cosas que tenemos. Las plataformas institucionales deben aprobar recursos para estas contralorías: las copias salen de nuestro bolsillo, todo las láminas, el video de cuando se quemó la maternidad, las fotos las tomamos nosotros, las cámaras las ponemos nosotros, los videos los ponemos, todo lo ponemos y lo seguiremos poniendo y pondremos la vida si es necesario por esta revolución. Pero si hay gente en las instituciones que asuman su corresponsabilidad, deben asignar recursos, no para nosotros, nosotros no queremos cobrar nada, pero sí para apoyar institucionalmente a estos contralores que estamos en la calle de día y de noche. Entonces yo en nombre de este equipo, que nos hemos comprometido mucho, y que ha sido muy difícil porque no es fácil hacer los equipos, aceptarnos con nuestras debilidades, con nuestras virtudes, con nuestros fracasos, con nuestro llanto, con nuestra risa. Creo que hemos hecho un equipo y seguiremos siendo un equipo para defender y lograr que en Carabobo los fascistas de los Salas salgan, se pongan de rodillas y se construya nuestra maternidad; y no vamos a dar descanso en ningún momento. Estamos en espera de julio, fecha en que cambiaremos y Carabobo cambiará. Tenemos el deber de cambiar, como están cambiando las cosas y está cambiando nuestro país. Quiero dejar la palabra al doctor Rivas, médico comprometido con este proceso más que yo, aun cuando soy mujer. Recibe en sus manos diariamente a los niños que mueren, nuestros niños, nuestras mujeres. Eso nos duele a nosotros y, más que un proyecto, más que un edificio, más que 5 millardos de bolívares, estamos defendiendo la vida de nuestras mujeres. No sabemos cuántas mujeres están en un salón frío, en un pasillo, en una camilla ahorita, muriendo; ni cuántos niños están muriendo mientras nosotros estamos aquí cómodamen-

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te sentados. Pero allá hay muerte que exige justicia, por eso quiero dejar la palabra al doctor Rivas que es quien más autoridad tiene para hablar de eso. CARLOS RIVAS. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme presentar algo de Carabobo. La maternidad del estado Carabobo fue quemada y se reabre la Maternidad del Sur, que creo que muchos de ustedes conocen a través de la propaganda oficial, sobre ella hablaré después. Se quema la maternidad y pasamos, porque soy médico de la Unidad Hospitalaria Enrique Tejera, a ser recluidos en un sitio infame. La maternidad actual es la Venezuela de lo posible que no sale en ninguna parte: dos mujeres en una cama, mujeres mal atendidas, desaseado totalmente, donde la mortalidad materna y la mortalidad infantil es una de las más altas de Venezuela, creo que también de Latinoamérica. En el año 2001 la mortalidad infantil en el estado Carabobo fue de un 16,49 x 1000, en el 2002 un 16,57 x 1000; de estos bebés muertos más del 70% son niños recién nacidos; son los niños que nacen prematuros, que nacen con problemas; son los niños que no están siendo atendidos en nuestro estado Carabobo porque no hay instrumentos ni equipos. Ésa es la realidad del estado Carabobo. En esta maternidad que actualmente tenemos no la Maternidad del Sur sino la del Hospital Central hay una disponibilidad de 63 camas. Durante el año 2000 nacieron más de 2.000 bebés y hubo 129 muertos, con una tasa de mortalidad de cincuenta y tanto por mil, una barbaridad, ésta es la tasa de mortalidad neonatal de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera en el estado Carabobo. El hacinamiento, la suciedad y la falta de higiene del retén es la causa de estas muertes, no existe norma que prohíba la entrada del público en general a esta zona. ¿Qué ha pasado? Para los Salas, su estandarte es la Maternidad

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del Sur. La Maternidad del Sur se lleva 25% del presupuesto de Insalud del estado Carabobo. Entre otras cosas, en esta maternidad solamente se permite la hospitalización de madres por tres días, al tercer día dan de alta a la madre o se refiere para el Hospital Central, porque no se permiten complicaciones en esta maternidad. En esta maternidad no se atienden niños con problemas quirúrgicos, es un problema para ellos, por lo que son referidos a nosotros. En esta maternidad no se permite la entrada a los familiares que quieran visitar a la madre parturienta, porque los familiares son unos monos que se guindan de las rejas y hay que sacarlos afuera. En esta maternidad se cobra a los pacientes; y es más, hay compañías de seguros que están incluidas para cobrar a sus asegurados la atención en esta maternidad. Es más, hace poco el jefe de obstetricia y el jefe de pediatría de la maternidad recibieron una visita del director de la Maternidad del Sur quien les informó que van a mandar los niños prematuros a esta maternidad del Hospital Central a ese mismo retén hacinado que ya describí , porque ellos no quieren tener más problemas con niños prematuros. Ahora bien, existe un proyecto para la remodelación de la maternidad del Hospital Central presentado por los Salas y que fue aprobado por el FIDES, donde se plantea dejarle un solo piso de los tres pisos con que contaba anteriormente. Por esto y porque no cumple con las expectativas de la comunidad, protestamos este proyecto. Por lo tanto, quiero que nos acompañen en esta protesta, porque es una protesta no sólo en contra de la gobernación del estado Carabobo, también es una protesta dirigida al FIDES, que gracias a Dios nos dio esta tribuna popular. El FIDES aprobó el proyecto de remodelación de la maternidad del Hospital Central de Valencia por un monto de tres mil y tantos millones de bolívares. El proyecto en cuestión se lo aprobaron a los Salas sin hacer ningún tipo de consulta con la comunidad. Mediante esta denuncia que estamos haciendo, aspiramos que el FIDES revise

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la aprobación de este proyecto de remodelación, basándonos en que el proyecto no fue consultado con la comunidad; y que tampoco cumple con las exigencias que requiere la adecuada prestación del servicio a los usuarios. No podemos permitir que la salud materno infantil del estado Carabobo siga en las condiciones actuales. Repetimos, exigimos al FIDES que no baje los recursos para ese proyecto; ese proyecto tiene que ser modificado totalmente porque el edificio que se quemó debe ser destinado todo a la maternidad del estado Carabobo. MARITZA LEÓN. Ahí podrán ustedes ver cual es la visión de país que tiene Salas y pretende ser presidente de Venezuela, eso es lo que ellos quieren reproducir en todo el país. Traemos un video sobre lo que es un poco la trayectoria de la contraloría social, porque nuestra contraloría social tiene un procedimiento que llega desde el 2001 hasta ahora, es decir que no nacimos por obra y gracia sino que traemos un proceso, nacimos como una organización, consejo de participación ciudadana, hicimos las tomas, solicitamos el proyecto al FIDES la reconstrucción de la maternidad y resulta que el gobernador a espaldas solicita ese financiamiento por 4 millardos de bolívares. No sé si está el video de cuando nosotros comenzamos, ahí se vuelve a ver toda la realidad de lo que pasó en Carabobo.

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Ronda de preguntas 2

ALCALDÍA IRIBARREN. ¿Cómo hacemos para conocer el anteproyecto de Contraloría Social? El anteproyecto que nosotros presentamos reposa en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, está en archivo, de todas maneras nosotros a través de este material que estamos entregando (que es un tríptico) tenemos correo electrónico que con mucho gusto se lo podemos facilitar. ¿Cómo se puede obtener material y apoyo de su trabajo? Tenemos la página Web de la Contraloría y los correos institucionales, tenemos nuestro teléfono (0251-7101884) directo de mi oficina y en lo que nos hagan las solicitudes nosotros les damos las informaciones y el fax 0251-7160026, y con mucho gusto les enviamos la información. ¿Una ley y ordenanzas de Contraloría Social amarrará todas las iniciativas del que desee controlar alguna inversión del Estado? En ese sentido, es como dije al principio, tenemos diversidad de pensamientos y criterios y la Constitución lo dice: es una participación libre de todos los ciudadanos. Pero según las experiencias que se han vivido, debería haber una ley aprobada por la voluntad del

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soberano o unos reglamentos, unos estatutos, para que tengas deberes y derechos para poder proceder, porque si no como dice la concejal la Constitución explica generalmente nada más las líneas de participación pero no las profundiza, no dice cómo te obliga o cómo las instituciones públicas te van a cumplir si no tienen un reglamento administrativo, una normativa. Hay que partir de algo y eso es la ley para hacerla cumplir. Dentro de la participación ciudadana como contralor social, jugando ese rol tan relevante, ¿cómo se integra uno en ese tipo de liderazgo, con tantas instancias como juntas vecinales, parroquiales y los Consejos Locales de Planificación Pública? Bueno, uno de los objetivos de las contralorías sociales es ganar y tomar espacio en estas asociaciones de vecinos, organizaciones comunitarias; puede haber contralorías sociales trabajando con estas ONGs y ejerciendo ese seguimiento a esta administradora de recursos públicos o vigilante de estos recursos, o del patrimonio municipal a través de estas contralorías autónomas que se crean, o a través de las contralorías que las instituciones como ministerios, sectores como salud, deporte, seguridad, pueda convocar para realizarlas. ¿Cómo puede participar el ciudadano en esas contralorías? El ciudadano se tiene que organizar y hacer sus estatutos con la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, con la Ley de Participación Ciudadana, con la Ley del Poder Público Municipal, Ley de Presupuesto y Planificación, Ley de Administración y Estatutos del Funcionario Público y demás leyes, que nos conllevan al modo de participación, los procedimientos administrativos y los deberes y derechos del ciudadano. De ahí es que ustedes van a sacar sus propios lineamientos para ejercer esa contraloría social con la voluntad del soberano y la mayoría de la comunidad.

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¿Cuáles son las organizaciones nacionales de apoyo para ejercer la contraloría ambiental? A nivel nacional tenemos el Ministerio de Ambiente, tenemos la Fiscalía Ambiental, que es un organismo novedoso en ambiente que procesa casos ambientales en el país. Anteriormente había uno o dos fiscales a nivel nacional para los casos de lo que era ambiente, y no se cumplía con la normativa ambiental. Entonces hoy están estos organismos como Fiscalía Ambiental, Ministerio de Ambiente y también con la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional (que permite canalizar todo lo que es la parte de legislado), como las comisiones del Concejo Municipal (que deben tener una comisión de ambiente), además de los institutos municipales, como el de basura, y que tienen que ver con la gerencia ambiental. ¿Qué están haciendo actualmente para proteger los árboles que viven alrededor del Obelisco? En ese caso nosotros leímos la solicitud. De verdad no nos ha llegado ninguna denuncia del caso de los árboles, de todas maneras le invito a la persona que realizó la denuncia que se llegue a la Oficina de Participación Ciudadana, en la Torre Municipal, Contraloría Municipal de Iribarren, piso 4. Nosotros le procesamos la denuncia y vamos a la inspección, si se requiere de dos o tres inspecciones y un seguimiento de este caso, con la sustentación y la ayuda de los vecinos de este expediente, nosotros actuaremos. En el ejemplo de las aves migratorias, ¿qué decidió la comunidad: matar las aves, cortar los árboles o crear más espacios migratorios? Ahí nosotros propusimos un plan, conformamos la integración de varios organismos estadales y municipales, así como con los grupos proambientalistas. Nosotros hicimos la propuesta de que se celebrara un festival de las golondrinas y que utilizáramos unos espacios acorde para que ellas en su ruta pudieran llegar en esa época de in-

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vierno, así, ellas viajarían y podrían llegar a ese sitio que se va a forestar, hacia la parte de La Ribereña, si conocen las personas que han viajado a Barquisimeto, que es una parte del Valle del Turbio que cuenta con estos árboles y con la capacidad para que lleguen allí. También debemos concienciar a la ciudadanía sobre la importancia que tienen estas aves migratorias. Lo que se resolvió en ese momento fue que el instituto que estuvo a cargo del problema migratorio de estas golondrinas utilizaran unas técnicas especialistas en aves para tratar de movilizarlas a otro sitio, y se logró tal movilización de estas aves para ese entonces. CONTRALORÍA SOCIAL EL INGENIO. En la alcaldía Zamora de Guatire se va a crear un instituto pro-viviendas, las cuales no están suficientemente claras; entonces queremos que nos expliquen alrededor de esto. Referente al instituto de pro-vivienda no estamos muy claros; precisamente aquí tenemos una documentación donde se indica que la oficina o la fundación Hábitat y Vivienda es la que está promoviendo las soluciones habitacionales del municipio Zamora, allí indica que hay una oficina pro-vivienda que se va a crear; entonces tenemos que organizarnos en el municipio Zamora, voy a dejar mi número telefónico, que es el 0414-127.83.31. Muy importante, porque en nuestra comunidad, a través de las averiguaciones que hemos tenido, se creó una asociación civil de hábitat y vivienda a espaldas de la comunidad, cuyos representantes se perdieron de nuestro conjunto residencial, porque no los vemos por ningún lado. Entonces hay que estar pendientes con las asociaciones civiles creadas por la alcaldía Zamora y las de pro-vivienda; es importante reunirnos. ¿Cómo podemos apoyar a la Contraloría Social El Ingenio? Hay una persona del municipio Libertador que desea ayudar a la Contraloría Social Comunitaria de El Ingenio, muy agradecido, ser solidario es lo más importante en este proceso. La revolución necesi-

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ta en este momento que todos seamos solidarios en un solo equipo, porque no es fácil trabajar con las uñas; hemos trabajado en esto durante tres años y es un sacrificio pero a la vez un logro, necesario para impulsar este proceso de todos. Agradecemos a esta persona del municipio Libertador, aceptamos tu propuesta, anota mi número, muchas gracias compatriota por esa solidaridad con la Contraloría Social El Ingenio y tenemos que avanzar. SIMÓN BOADA (moderador / coordinador de Política Territorial de la Vicepresidencia de la República). En relación a las preguntas sobre la relación entre las contralorías sociales y las instituciones del Estado, nosotros queremos decir lo siguiente: el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece entre otras cosas el control de la gestión pública; pero además hay otras leyes, la de la Contraloría General de la República y el sistema de control fiscal en su capítulo séptimo así como el artículo 24 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública establece la competencia contralora y fiscalizadora a las Contralorías Municipales, a la Contraloría General de la República, a las comunidades organizadas, las cuales podrán vigilar, controlar y evaluar la ejecución del presupuesto de inversión municipal en los términos que establezca la ley nacional que regule la materia. El artículo 14 de la Ley de Planificación establece: Se entiende por control social la participación de los sectores sociales en la supervisión y evaluación del cumplimiento de las acciones planificadas y la proposición de correctivos cuando se estimen necesarios . El control social desde este punto de vista tiene inherencias sobre actividades vinculadas a la planificación, promueve el crecimiento del protagonismo de los sectores populares como actores públicos en la supervisión y evaluación del cumplimiento de las acciones planificadas. Nosotros creemos que desde ese punto de vista el control social debe hacerse conjuntamente con las instituciones del Estado. De

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modo que la institución a la que yo pertenezco, que es la Vicepresidencia de la República, conjuntamente con el FIDES, conjuntamente con el Ministerio de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con todos los ministerios que tienen que ver con el área de la contraloría social, logremos implementar y desarrollar los Consejos Locales de Planificación Pública. Creo que aquí han surgido muchas formas de control social, pero de alguna manera tiene que haber algún eje conductor. Los Consejos Locales de Planificación Pública deben ser el ente donde el control social se inserte de manera institucional y organizada, cosa que ustedes saben muy bien no ha ocurrido y por eso precisamente es que la gente ha tenido que organizarse de manera independiente a las instituciones. Pero nosotros debemos seguir presionando para que se cumpla la ley; es decir, uno de los pocos países del mundo donde el control social tiene rango constitucional, es Venezuela y, sin embargo, aquí hay un conjunto de funcionarios que se empeñan en que las cosas no ocurran como demanda la Constitución; y precisamente ahí es donde comienza el control social. Desde ese punto de vista, la forma de organización que ustedes puedan desarrollar, tiene que ver precisamente el control social, en primer lugar, con la planificación y la ejecución de las obras que se hacen desde el Estado venezolano. ROJAS (Contraloría de Nagua Nagua). Buenas tardes. Nosotros somos la Contraloría Social del municipio Nagua Nagua, del estado Carabobo, fundada en enero de este año. Queremos hacer la siguiente denuncia: El Consejo Nacional de la Vivienda aprobó 1.700 millones de bolívares para la rehabilitación física de 8 edificios. Como órgano contralor hemos denunciado a los organismos competentes una serie de irregularidades con las que comenzó la obra. No obstante, ningún organismo del Estado ha respondido, a pesar de que hemos acudido a la Contraloría General de la República, a la presidencia del

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INAVI, a la presidencia del CONAVI, a la Comisión de Contraloría de

la Asamblea Nacional, a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. La obra está por culminar y falta por ejecutar 500 millones de bolívares; y 35% de lo ejecutado está en muy malas condiciones. Por lo tanto, aprovechamos este escenario para decir lo siguiente: ante la sordera de los organismos del Estado, ante la complicidad de muchos que usan boinas y chalecos rojos, ante la irresponsabilidad de esa cultura política que atenta contra el desarrollo de la participación de la gente, queremos dejar claro que de cometerse un ilícito más en el país es responsabilidad de los organismos encargados de velar por el cumplimento de la ley. En consecuencia, desde Nagua Nagua nosotros reiteramos el compromiso para que en el país puedan existir instituciones horizontalmente democráticas, nosotros pugnamos por la construcción de una nueva ética y de una nueva cultura política y es una obligación de todos los venezolanos, y especialmente los comprometidos con la transformación social, no dejarse chantajear con el expediente de que si se denuncia se está con la oposición, de que si se denuncia es porque se es contrarrevolucionario. Repetimos una vez más que en Las Palmeras falta una semana para que culmine la obra, hacemos responsables por negligencia al Contralor General de la República, a la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional, a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, al presidente del INAVI y al director del INAVI de la región Carabobo, quienes han hecho caso omiso de las denuncias de los vecinos. Nosotros estamos al tanto de toda esta discusión sobre la contraloría, y reivindicamos el derecho de la gente de ejercer el gobierno directo. Impugnemos las alcabalas institucionales para que podamos ejercer, desde la democracia de la calle, una nueva cultura política. Muchas gracias.

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La Contraloría Social como una herramienta de participación ciudadana YADIRA CÓRDOVA Ministra de Ciencia y Tecnología

BUENOS DÍAS. Nosotros hemos sido luchadores sociales, y lo seguimos siendo y por eso estamos acá, para compartir con compatriotas que están haciendo el esfuerzo precisamente por avanzar en la lucha para llevar adelante el sueño de país que nos ha acompañado toda la vida. Para quienes hoy tenemos algunas tareas, algunas funciones de carácter burocrático, el mayor reto es conciliar nuestro compromiso social, nuestro modo de trabajar con la gente y a la vez poder movernos dentro de las camisas de fuerza que significan nuestro aparato burocrático. Eso es parte de los retos, parte de los desafíos que tenemos por delante, de allí que agradezco considerablemente tener esta oportunidad para conversar con ustedes. Valoro el tema no sólo por lo que me ha tocado trabajar al respecto en la práctica, por la vía de los hechos, sino que lo valoro en el sentido de que realmente considero que la contraloría social resulta un instrumento fundamental, un instrumento a través del cual verdaderamente podemos concretar lo que significa la participación protagónica, eje de nuestra Constitución. Si bien podemos visualizar la contraloría social en varias dimensiones y podemos decir que tiene una dimensión legal, que está prevista en la Constitución de la República y que aspiramos que avance con la Ley Orgánica de Participación, a nivel de proyecto en este

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momento, ésta es una dimensión formal: cómo se concibe la contraloría social en términos formales, cuáles son las atribuciones que están previstas por la ley, cómo comienza la ley a reflejar dentro de ella lo que está concebido en la Constitución como eje fundamental. Es una dimensión que debemos ver no sólo en la Ley de Participación Ciudadana sino que debe irse expresando en cada una de las leyes orgánicas que dan vida y que van avanzando en todo aquello que nos dejó plasmado la Constitución. La otra dimensión es la de la realidad y de los hechos, la política del proceso, es la dimensión que hizo posible y que está haciendo posible este proceso independientemente de las leyes: cuando nosotros abrimos paso hacia delante y comenzamos a salir a la calle incluso gente de otras generaciones que por diferentes vías ha estado luchando por construir este país , algunos todavía sin tener certeza de lo que estábamos buscando pero con una intuición de lo que tenía que ver con la justicia social, lo que estábamos haciendo en realidad era un ejercicio de la participación y un ejercicio de la contraloría social. Esta dimensión política, además de la importancia que tiene el hecho de que la gente ejerza la participación y la contraloría, significa una fuerza para provocar los cambios, para direccionar los cambios. Una fuerza que verdaderamente se concrete en estos términos muy específicos: provocar e impulsar los cambios y exigir eficiencia en las acciones, y así garantizar la direccionalidad del proceso. Este es el valor de la contraloría social y, por eso, hago énfasis en ello, porque nosotros podríamos quedarnos atrapados exclusivamente en los instrumentos formales. Tenemos que luchar para que esos instrumentos formales terminen de salir y que avancen, que expresen precisamente lo que es nuestra expectativa, nuestra ambición. Es lo que realmente requerimos como instrumentos de trabajo cotidiano para que la contraloría represente un instrumento para la transformación; pero ningún instrumento legal por amplio y avanzado que

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sea puede dar cuenta de la fuerza contenida en la realidad que la gente convertida en sujeto histórico es capaz de imprimirle a cada momento. En ninguna ley ha estado contenida la lucha que el pueblo venezolano ha dado; en ninguna ley ha estado contenida la pelea por el control de PDVSA; en ninguna ley ha estado contenida la expectativa y la aspiración por realmente controlar nuestras instituciones públicas. La Constitución que hoy tenemos plantea los fundamentos del nuevo proyecto de país y define con mucha claridad desde su preámbulo y durante el desarrollo de todo el articulado que ésta es una democracia participativa. Aun así una constitución no va a describir con exactitud todo lo que nosotros aspiramos sea la expresión de participación, tampoco que sea ese instrumento de la contraloría convertido en una realidad. La Constitución es un marco, no una ley. Por eso la contraloría social, instrumento de esa transformación, es por una parte la expresión de ese país soñado y luego plasmado en la Constitución, ahora convertido en herramienta fundamental de lo que ella representa; por la otra, la contraloría social es fundamentalmente una fuerza organizada que requiere de la organización de la gente y que exprese cuáles son las expectativas, los sueños y los mecanismos para que se garantice la participación protagónica; pero que también garantice la posibilidad y la realidad para que el pueblo pueda ejercer su participación y su control sobre la formulación de las políticas y definición de las trayectorias de esa política; sobre la definición de los programas y acciones que se requieren para cambiar una realidad por pequeña que ella sea. Este es el primer momento en que se ejerce la participación, es aquí cuando debemos diferenciar la participación en la formulación y el acto de contraloría. El otro momento es durante la ejecución. Tanto en la Constitución como en el proyecto de ley que está en la Asamblea está prevista la participación durante la ejecución de los programas, los cuales deben exponer las políticas.

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Es durante esta etapa de ejecución cuando tenemos realmente que convertir en ejercicio efectivo de participación la presencia de nosotros como sujetos históricos. Cuando hago esta puntualización me estoy refiriendo a que cuando en un organismo cualquiera, en un programa o proyecto tenemos la participación de la gente participación de la comunidad que es el sujeto de ese proyecto , no es toda la comunidad la que está presente, estará representada por algunos seleccionados que forman parte de una directiva, equipo de trabajo, o cualquier otra forma de organización; pero tenemos que entender que esa persona no está como individuo, es un vocero que representa un proyecto de esa comunidad, los intereses de un colectivo. Por lo tanto, si bien por un lado tenemos que exigir esa concreción en las leyes, tenemos que exigirnos conocimiento concreto y específico en cada uno de esos espacios. Al mismo tiempo tenemos que garantizar que quienes hemos seleccionado para que nos representen consideren que solamente son nuestros voceros, este es otro elemento bien importante. Ahora bien, cuando nos referimos a la formulación, a la ejecución, al seguimiento, al monitoreo, a la evaluación de la ejecución de esos programas o proyectos, es el momento en que cobra significado la contraloría social. No basta con que tengamos nuestros representantes participando en esos equipos de trabajo, sino que tenemos que definir y generar los mecanismos específicos a través de los cuales podemos verificar el cumplimiento de los propósitos, de los objetivos, de las metas y, sobre todo, comprobar si nos estamos aproximando y manejando dentro de la direccionalidad prevista: ¿a dónde vamos con este proyecto, a quién benefician las acciones que se están generando a partir de un proyecto, cuáles son los beneficios, cuáles son los impactos para nuestra comunidad? No basta que un proyecto, plan, o programa tenga un enunciado muy enamorador, muy empalagador, es en las acciones concretas donde nosotros podemos verificar su direccionalidad: ¿para dónde vamos con esto, a quién se

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parece este proyecto, realmente refleja nuestras expectativas en lo que se está haciendo? Nosotros podríamos decir que tenemos un proyecto participativo y cuando vamos a ejecutarlo resulta que no tiene nada que ver con la gente involucrada, actor fundamental de ese proyecto. Por lo tanto, el ejercicio de la contraloría, que es un brazo de la participación y que es un instrumento de la transformación, no se concreta solamente en las leyes sino que incluye todo el proceso de construcción y definición de los espacios, de las operaciones y de las acciones hasta sus resultados. El Presidente ha venido diciendo que nosotros hoy no podemos solamente seguir hablando de la equidad, la equidad habla de igualdad de oportunidades y no es posible que haya igualdad de oportunidades cuando no tenemos igualdad de condiciones para optar por esas oportunidades. Él esta diciendo que tenemos que luchar por igualdad de resultados y eso supone una participación entendida desde lo que es el sujeto histórico; no es una participación azarosa, no es una participación en la cual nosotros salimos desde nuestra voluntad a marchar, a pelear, a discutir, a exigir; eso es válido, ése es un nivel de la participación, pero además nosotros tenemos que saber para dónde vamos con un proyecto que está buscando igualdad de resultados; con un proyecto que se basa en la inclusión social y en la participación protagónica para el desarrollo endógeno sustentable. Esto es bien importante, por endógeno nos referimos a un desarrollo que se construye desde adentro, desde abajo, con nuestras potencialidades, con nuestra gente incluida para garantizar que el desarrollo brinde igualdad de oportunidades e igualdad de resultados para todos nosotros y para las próximas generaciones. Simplemente de eso estamos hablando y eso implica que nosotros como parte de este proceso, responsables de este proceso, actores protagónicos de este proceso, no lo podemos dejar en manos de nadie. Quienes estamos en funciones burocráticas hoy, simplemente es-

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tamos ejerciendo un rol momentáneo, antes que nada somos sujetos de este proceso; un proceso que se da dentro de un ministerio, dentro de una oficina, dentro de una comunidad, que se da en la calle, que se da en el mercado, que se da en mi casa, que se da en la televisión, que se da en todas partes, pero es un proceso que debe caminar en el mismo sentido. En la medida que tengamos conciencia clara del proyecto que estamos construyendo, nuestra fuerza de participación y nuestra fuerza contralora se convierte realmente en un instrumento de transformación. Es decir, ¿para qué queremos ejercer contraloría? Para poder decir un día que no queremos a un maestro en una comunidad, que no nos gusta un jefe civil, que no nos gusta el ministro de turno. Esto es posible y vale, pero no es suficiente, porque el proyecto no lo hacen las personas individualmente, lo hacen los grandes lineamientos que deben ser garantizados y respetados, conducidos e impulsados por quienes estamos haciendo gobierno y quienes estamos afuera en la calle. Por tanto, la contraloría social va más allá de la denuncia. Debemos convertir a la contraloría social en un ejercicio para direccionar la política pública, para discutir concretamente hacia donde van los planes, programas y proyectos; hacia dónde se inclinan las operaciones; cuál es el contenido político, cuál el contenido social, cuál el soporte administrativo; cuáles son los elementos gerenciales que requerimos para que se cumpla el objetivo; cuánto se está asignando como presupuesto a un proyecto, cuánto se ha gastado de ese presupuesto, en qué se ha gastado; cuáles son las metas que tiene ese proyecto, cuáles han sido cumplidas; cuáles son los indicadores de la situación que queremos modificar con ese proyecto, cuál es el punto de partida; y en qué situación nos encontramos hoy para saber si estamos avanzando, si estamos modificando realmente la situación que dio origen al proyecto. Esos son elementos concretos. Fíjense que me estoy paseando desde el sueño general grande de

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lo que significa la contraloría, implícita en nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana como un hecho, como una fuerza vital para empujar la transformación cuando comenzamos a denunciar lo que ocurría con todos los gobiernos anteriores, pasando por cómo se articula en la Constitución, en las leyes, en los proyectos, pero sobre todo cómo se expresa en nuestra fuerza cotidiana para actuar en cada espacio. Para mí es importante que reflexionemos sobre lo que significa la contraloría más allá de la formalidad, más allá de lo que puede estar contenido en una ley; es lo que nosotros como sujetos colectivos, como sujetos históricos, somos capaces de imprimirle a nuestro ejercicio cotidiano de participación. La contraloría son las personas que están adentro formando parte de los equipos que llevan los proyecto y quienes estamos afuera vigilando, exigiendo, presionando hacia esa direccionalidad que buscamos. La contraloría se convierte en el eslabón que articula la participación en función de ese proyecto histórico con el ejercicio de gobierno. Sin embargo todavía tenemos grandes dificultades. Si bien el pueblo ha avanzado considerablemente en la organización, aun cuando nos falta alcanzar niveles de conciencia y de calidad política, que se irán dando en la medida que vayamos avanzando y profundizando. Indiscutiblemente el avance en organización y en conciencia política ha sido de orden cualitativo, pero los instrumentos burocráticos del gobierno y del Estado nos quedamos atrás, debido a que la burocracia en sí misma es una camisa de fuerza. Ésta se rige por un conjunto de leyes que todavía no han sido cambiadas, aunque vamos al paso y ustedes saben la lucha que se está dando a nivel de la Asamblea Nacional. Muchísimas veces quienes estamos haciendo gobierno nos montamos en un sueño de participación, de forzar las barreras, e inmediatamente las leyes se te paran al frente como una pared y, entonces, empieza la lucha entre tu conciencia política y el

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riesgo de cometer algún error de orden legal que no puedes cometer. Esto constituye una gran dificultad, está allí y es real. Existen otros obstáculos de orden subjetivo, que tienen que ver precisamente con la poca audacia que tenemos como funcionarios. Muchos de nosotros venimos de una lucha muy cuestionadora de lo que fue la administración pública y el desorden de dicha administración y, ahora, a veces siento en los compañeros un freno a acciones que tengo que empujarlos a hacer, es más por un miedo que porque realmente no lo quieran hacer; por la otra, el inmenso número de personas de oposición que tenemos en nuestras estructuras que no ha sido posible hasta ahora resolverlo y, digo resolverlo, porque no basta con que nos planteemos simplemente que vamos a salir de esa gente, no somos un proyecto para perseguir y para excluir eso lo ha dicho muy claramente el Presidente , nosotros no podemos negarle el derecho al trabajo a alguien porque sea de oposición; yo se lo digo a mis trabajadores: una cosa es ser de oposición y otra cosa es ser conspirador. Todas las personas tienen derecho al trabajo independientemente de su posición política, pero resulta y tengo que decirlo aquí porque estamos hablando de la participación y de la contraloría que nosotros tenemos la conspiración repartida entre gente de la oposición y, muchas veces, entre nuestra propia gente; entonces, cuando a mí algunos compañeros me dicen que hay que presionar a X porque es de oposición, yo le digo Dime cuál es su perfil de actuación, si cumple con su trabajo, hace un trabajo de calidad, se ha mantenido firme en las cosas que hace, no lo puedo sacar . En cambio a veces los casos de personas que vienen dividiendo, intrigando, que no construyen sino que destruyen constantemente lo que se está haciendo porque lejos de tener el espíritu, la energía, la mirada puesta en el proyecto grande que nos estamos jugando, nos estamos jugando el país, nos estamos jugando la vida, no la de nosotros que tal vez sea una vida individual que en el conjunto no vale nada, sino la vida de las próximas generaciones, la vida de un

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pueblo que se ha entregado a esto y que cuando nos ponemos en las pequeñeces grupales de los intereses personales, echamos eso a un lado, aun cuando andemos en la calle dándonos golpes de pecho , son inherentes a la contraloría; porque la contraloría no es solamente un hecho jurídico, es fundamentalmente un hecho político. Es un elemento de carácter ético, ético-político: lo que tú haces con tus acciones, para dónde vas, a qué nos conduce, si realmente nos fortalece o no nos fortalece. Y cuando digo lo que tú haces, digo lo que tú haces como institución, lo que tú haces como oficina, lo que tú haces como departamento, lo que tú haces como grupo y lo que tú haces como persona coherencia y consistencia. Eso no significa que no nos equivoquemos, no tenemos una varita mágica para no equivocarnos, pero cuando estamos hablando de la acción de un colectivo que ejerce ese poder contralor, las posibilidades de equivocarnos, las posibilidades de rectificar, pero siempre avanzando, son posibles, están a la vuelta de la esquina. Pero cuando estamos hablando de intereses individuales y personales, de personas que incluso usan el concepto de contraloría social para justificar sus intrigas y sus daños, estamos cayendo en una perversión que nos distancia de los objetivos del proyecto de país. Entonces compatriotas, la contraloría social tiene una dimensión político-jurídica expresada desde la Constitución hasta las leyes, no sólo en la participación sino en cada una de las leyes que se van aprobando. Tenemos que garantizar que queden previstos los mecanismos, los espacios, las figuras que garantizan la participación, la responsabilidad compartida y la visión compartida de los proyectos; la segunda previsión la constituye los elementos concretos de participación, seguimiento, control de la formulación de las políticas, de la ejecución de los programas y de los resultados que obtenemos de esos programas y de esos proyectos; la tercera y la más importante es la dimensión ético-política de la cual acabo de hablar: ¿qué somos?,

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¿para dónde vamos?, ¿cuál es la historia que estamos construyendo?, ¿cuál es la que queremos construir y qué significa tu acción? Por lo tanto, no reduzcamos la contraloría simplemente a los actos formales: es un proceso político del cual el pueblo ha dado todas las enseñanzas que puede dar y las va a seguir dando. Nosotros tenemos que verificar que en cada proyecto estemos de acuerdo primero con el proyecto, con la dirección que tiene, conocer cuáles son los indicadores que expresan la situación que queremos cambiar y luego tener acceso a esos indicadores, para verificar si se está produciendo el cambio. Esto supone que, además de las herramientas jurídicas, la contraloría requiere de procesos de formación y capacitación muy importantes; requiere de procesos organizativos y de comunicación; de desarrollar elementos de comunicación tanto en lo formal como en lo no formal. De modo que tenemos que apropiarnos social y colectivamente de todas esas herramientas: las jurídicas, las sociales, las políticas, las comunicacionales, las educativas, para poder convertirnos en esa fuerza transformadora de nosotros mismos, pero sobre todo del Estado venezolano. Mientras el Estado no se transforme, estaremos un paso atrás con relación a la fuerza y a la velocidad con que está cambiando el pueblo. Se está transformando el pueblo, y esto es posible a partir de la participación protagónica y, sobre todo, de la contraloría social como eslabón entre las acciones del gobierno y el pueblo. Muchas gracias.

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Veedurías ciudadanas ALBERTO CONTRERAS Veedurías Sociales, Colombia

BUENOS DÍAS. En primer lugar debo presentar mis agradecimientos a FIDES, CEMEX (Cementos Mexicanos), al pueblo bolivariano que nos recibe para poder comentar la experiencia de las veedurías ciudadanas en Colombia, forma de ejercer los derechos y deberes previstos en la constitución política de 1991, pero que sus antecedentes se remontan a una década atrás donde, ante la falta de presencia del Estado, la presidencia hacía algunas inversiones en zonas de alta exclusión social, programa que se denominó el Plan Nacional de Rehabilitación. Estamos hablando de 1984-1986, como primeros antecedentes de este novedoso mecanismo de participación democrática. La vinculación de la población no sólo en la orientación y planeación de esos micro-proyectos en zonas de alta conflictividad fue un factor estructural orientador en la nueva Constitución; y es así como en varios artículos de la misma se motiva a ejercer este derecho ciudadano de vigilancia activa en todos los planos del quehacer de lo público, desde el diseño de políticas públicas, la planeación y la presupuestación hasta la contratación. Por iniciativa de ciudadanos y ante evidentes casos de corrupción en una localidad donde se concentra mayoritariamente la pobreza en Bogotá, denominada Ciudad Bolívar, hoy allí se reúnen más de millón y medio de habitantes, en 1992 se realizó un cabildo abier-

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to, precisamente para hacer una evaluación de un plan social financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, de cerca de 250 millones de dólares, que había tenido graves problemas de vinculación, de legitimidad social, exponencial corrupción... entonces de una manera clara la gente se apropió de la Constitución. Hubo la atención que se da en esos procesos con la administración del distrito capital de ese entonces, puesto que decían que las veedurías ciudadanas no estaban reglamentadas, pero la gente decía que la Constitución es la norma de normas y es el eje orientador y por lo tanto podían hacer la veeduría ciudadana. Es así como surgen en ese cabildo abierto, donde se reunieron más de tres mil pobladores, las veedurías populares que los medios de comunicación inicialmente vieron con una gran expectativa, y otros acompañaron con suspicacia, pero revelaron cómo la gente comenzaba a darle cuerpo a ese pacto de convivencia que era la Constitución del 91. Posteriormente, ese ejercicio en una de las localidades con más carencias motivó a otros distritos y municipios que invitaban a este primer grupo de veedores ciudadanos elegidos en asamblea popular, quince personas, que pidieron orientación a organismos como la contraloría de la capital, a la personería, a la defensoría del pueblo y a organizaciones civiles. Ha sido una ruta de progresivo aprendizaje y de búsqueda de su identidad; primero porque recogió la legítima preocupación de personas que no entendían que su escenario para la realización de los derechos humanos era un bipartidismo que, en el caso de Colombia, con el Frente Nacional, rotaba cada cuatro años, fenómeno de corrupción y de grave exclusión social y que precisamente con la Constitución del 91 se buscó cambiar ese tipo de valencia; buscando que la democracia fuera incluyente, realizara los derechos sociales, económicos y culturales y ambientales de la población. Coincide igualmente esa apropiación no sólo con las dinámicas y el orden nacional

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sino global de hacer la gente más organizada para la defensa del patrimonio público, para la defensa de la moral administrativa. En esa ruta, en el 96 se realiza el Primer Encuentro Nacional de Veedurías Ciudadanas a la cual se invitaron diversos organismos, tomando esa iniciativa algún cauce que influyó en el diseño institucional de las oficinas de control interno, de las oficinas de atención al usuario. Es bien importante comentar esto porque la iniciativa de las veedurías iba delante de la reflexión burocrática, de los diseños metodológicos que planteaba la tecnocracia; y esto es positivo puesto que los primeros pasos del ensayo y error fueron, digamos, un objeto de una curva de aprendizaje donde las mismas personas entendían que construir la autonomía social frente a lo público no es un hecho acabado sino que tiene que ver con repensar el modelo de democracia de participación, donde haya validación de unos presupuestos que están en la Constitución; de un Estado social de derecho que señala que debe haber vida digna para todos los colombianos. Esa es una de las acciones del quehacer de las veedurías, insertarse en las garantías de los derechos humanos vía la reflexión de la alerta temprana de desvíos de la función pública, puesto que la corrupción es una de las expresiones de la violencia, y más en Colombia donde aún hace pocos días escuchábamos entidades que se preocupan porque la cifra del monto de recursos que se dilapidan, que se van por cauces distintos del bien común, está cercana al 2,5 del Producto Interno Bruto. Se ha venido desarrollando normas que orientan un poco más el cómo hacer las veedurías. Inicialmente algunas entidades señalaban que la veeduría era posterior a los contratos o posterior a la discusión de un plan de desarrollo, de un presupuesto; eso cambió sustancialmente, afortunadamente lo digo, con la sanción de las veedurías estatutarias de veedurías ciudadanas en diciembre el 2003, después de haber pasado en una discusión por dos legislaturas y ante denuncias de corrupción de parlamentarios que fueron escuchadas. El acer-

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bo probatorio tan sólido llevó a que el Consejo de Estado tomara la máxima sanción contra estos congresistas que habían quedado incursos en casos de corrupción, como es la muerte política o la exclusión del panorama de lo político en Colombia; las veedurías han participado en más de veinticinco pérdidas de investidura de congresistas. Por eso, cuando sale una ley estatutaria de esta categoría que tuvo una revisión previa de constitucionalidad por la honorable corte, se pudo hacer una mejora para que las veedurías ciudadanas, aun vía convocatoria de audiencias públicas, puedan incidir en el diseño del presupuesto, en la democratización del mismo, no sólo a nivel de los ministerios, sino de los departamentos y municipios. ¿Dónde se concentra más el esfuerzo de la acción de veeduría? La descentralización que se organizó en Colombia algunos expertos y tratadistas han dicho que fue un arreglo entre el bipartidismo para democratizar la corrupción , en vez de acercar el ciudadano al gobernante para lograr una pertinencia, una priorización de la inversión, obviamente, para atender las necesidades básicas fundamentales, lo que hizo fue un reparto del presupuesto, vía los grupos de intereses que se capturan en el Estado. Pues bien, las mismas veedurías se han concentrado mucho más en los entes municipales, por la alta visibilidad o la correlación entre el desvío de presupuesto de educación, de salud, de vías y los altos colchones de pobreza; pero a nivel nacional, digamos, el ejercicio tampoco ha quedado ausente de acciones de llamados de atención por parte de las veedurías ciudadanas, que se han entendido como un derecho y deber de todo colombiano de ejercerlo de manera individual u organizada, para propiciar la pertinencia del presupuesto y de las acciones de la función pública con ese marco constitucional. Ya hay herramientas mucho más prácticas para el quehacer de las veedurías y el derecho de iniciativa, utilizando por ejemplo el derecho de petición. El acceso a la información ha generado unos niveles

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significativos de entrega de información documentada, estructurada para ejercer un control oportuno y eficaz sobre todos los planos donde está en discusión un interés público, un derecho colectivo; y por ello la Ley de Veedurías Ciudadanas no necesita, como señalaban algunos, mayor reglamentación puesto que, además, las veedurías, al haber contrastado en los entes territoriales las fallas, los vacíos de eficacia de muchos entes de control, plantearon mecanismos más audaces como las acciones populares. La Constitución permite que los ciudadanos puedan defender la moral pública y otros derechos e intereses colectivos ante los tribunales en una figura denominada las demandas de acciones populares . Ha sido tan eficaz este mecanismo en la defensa del patrimonio público, de la moral administrativa, que la semana pasada entidades como el Ministerio de Hacienda, departamento de la función pública, la misma Contraloría y la Fiscalía, se unen para colocar una acción popular. Las entidades públicas utilizando una herramienta que su nombre lo dice es un recurso ciudadano para que en un plazo breve los magistrados analicen las pruebas, el acervo documental que aportan los ciudadanos y se pronuncien; son mecanismos que no sólo amplían la esperanza de que esta patología de una democracia recortada y de fallas internas en la organización política del país se superen, sino que construir más democracia directa motiva a una revisión de las conductas, de la cultura política de los ciudadanos. No necesariamente se ha dejado atrás un trabajo de construcción de tejido social como son las juntas de acción comunal, pero en Colombia la mayoría fueron instrumentalizadas por los partidos para todas estas prácticas de clientelismo, de reparto del presupuesto por fuera de los intereses generales. De allí que las mismas comunidades le exigen más a las veedurías ciudadanas que a las otras organizaciones sociales, respondiendo como a ese anhelo de que haya una identidad distinta. Recuerdo que ha habido situaciones paradójicas como en la ciu-

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dad de Cali donde una personera municipal pensó clientelizar las veedurías y repartió carnets, los cuales están prohibidos puesto que el único elemento para ejercer la veeduría es tener la cédula al día, y es un aspecto que no está restringido. Ese reparto de carnets llevó a un uso clientelista que ya fue superado precisamente por la deliberación ciudadana de que no se podían cerrar las puertas a otros compatriotas para producir un encausamiento de la buena función del Estado. La Ley 850 está en la página Web www.redveedurías.net, nos da varios recursos para poder ejercer una vigilancia eficaz sobre el ejecutivo, sobre el legislativo, el judicial, sobre todos los planos en que se ha dividido el poder público. Asimismo, al observar en el caso de Colombia una práctica que ha sido bastante cuestionada, la entrega en bloque del presupuesto público a organismos internacionales para que se hagan las contrataciones por fuera de los principios de transparencia, de imparcialidad, de objetividad, planteamos un artículo, que es el primero de la Ley 850, que permite ejercer el control aun sobre estos organismos. Voy a leer la definición que está en la ley, brevemente, que dice: Se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático que le permite al ciudadano o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política y del artículo 100 de la Ley 134, de mecanismos de participación ciudadana, se ejercerán aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial se empleen los recursos públicos con sujeción a lo dispuesto en la presente ley. Los represen-

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tantes legales en las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o prestación de un servicio público deberán por iniciativa propia u obligatoriamente, a solicitud de un ciudadano o de una organización civil, informar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a través de un medio de amplia difusión en el respectivo nivel territorial para que ejerza la vigilancia correspondiente . Trajimos una presentación breve que da luces de cómo se capacitan las veedurías, cómo se hace una reflexión del deber ser de la veeduría. Esta guía busca que cualquier comité de veeduría ciudadana comprenda muy bien que se trata de un derecho y un deber no cerrado a que en el proceso mismo de vigilancia, por ejemplo un contrato de obra pública, se vinculen otros comités, otro grupo de ciudadanos con distinto nivel, o saber técnico, pero con el principio de la buena fe, procurando la mejor distribución del presupuesto público. Ese nivel de conciencia que debe ganar la población necesariamente lleva a una repolitización del ciudadano en el buen sentido, de que el marco constitucional lo invita a ejercer una categoría mayor de injerencia en lo público, no residual, no en el acto del voto cada cuatro años; porque, además, la ley señala que se vota por un programa de gobierno, hay un contrato entre la sociedad y el gobernante que, en caso de incumplimiento, como acá y en otros países, puede ser revocado, pero hay otros momentos o instancias en el cual se va desarrollando esa democracia directa. La participación comunitaria señala igualmente que no se puede dejar de lado la incidencia, aun la democratización de los medios de comunicaciones, que hasta en el caso Colombia ejercen una captura inusual del Estado en defensa de grupos de intereses económicos que han capturado el bienestar común. El animador, gestor o promotor de iniciativas de veedurías ciudadanas toma herramientas muy prácticas como son la cartografía social, el diagnóstico de estas formas de participación en lo público y se

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producen reflexiones sobre el deber ser de esa participación en la vigilancia de lo comunitario; por ejemplo, en el plan de desarrollo se ha ganado un nivel mayor de injerencia, dado que con más anticipación y en virtud de la Ley 190 (que es el estatuto anticorrupción de Colombia muy cercano a la Convención Interamericana Contra la Corrupción pero más práctico en sus herramientas de hacerlo más vivenciable por la comunidad ), señala que el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior de la ejecución de un presupuesto tienen que estar todos los estudios de conveniencia, los estudios técnicos, los objetivos a alcanzar por cada comunidad, las estrategias para llegar a esos objetivos, los responsables de cada programa y los indicadores. Se ha ganado la eficacia en participación para que ese factor de denuncia, que obviamente no se va a acabar como una de las herramientas de intervención de las veedurías ciudadanas, vaya trasladándose a una cultura mayor de la prevención, de la alerta temprana de riesgos sobre el deber ser de la función pública. Estos diagnósticos (que deben ser motivo de una categoría distinta de la ética de lo público) son los que posteriormente se van a volver en mandato que influye y que debe ser validado en audiencias públicas al momento de consolidar un plan de desarrollo o presupuesto participativo, tomando el modelo de ciudades como Puerto Alegre o de otros países, pero con un nivel de incidencia mayor en cuanto a que se fijan actas que consolidan una participación real, una incidencia mayor sobre el gasto público. Como se promueve la acción de la veeduría ciudadana con una tarea permanente que es la democratización del Estado, los estudios que se han hecho sobre la corrupción en Colombia señalan que hay altos niveles de captura captura quiere decir apropiación indebida de grupos económicos o grupos que han hecho del presupuesto un botín, una situación de reparto y la corrupción en sí es el desvío de la ética de lo público, la distribución de lo que ha sido construido colectivamente para unos pocos , fácil acepción pero que lleva a hacer un

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trabajo mucho más alto, de mayor grandeza en las comunidades excluidas donde necesariamente el texto de la Constitución es una guía. Pero que en el caso de Colombia, por los fenómenos de violencia, del cierre de mecanismos democráticos de participación, se requiere la articulación con más organizaciones sociales para no concentrar el riesgo de la denuncia o de la acción democrática de reforma, sino igualmente los citadinos, las personas que tienen el privilegio de estar en una ciudad, así lo vemos en Colombia, ejerzan solidaridad con las veedurías ciudadanas que están en el campo, que están en las regiones y donde los factores de riesgo son de otra categoría; donde la política de la exclusión del egoísmo magnificado lleva a claras violaciones de derechos humanos. Desde la Constitución se le da voz a distintas formas organizativas que no buscan competir con las juntas de acción comunal, que fue una figura que creó el Frente Nacional para organizar a la población de acuerdo a los intereses de los partidos. Los líderes comunales cayeron en el juego de ese clientelismo, de la compra-venta de votos, de una serie de malas prácticas que hoy tienden a cambiar precisamente porque la sociedad comenzó a organizarse por sectores, como los comités de participación comunitaria en salud, las veedurías en salud, los grupos de veedurías en lo ambiental, los de defensas de los derechos de los estudiantes, los de democratización del sistema educativo y de aquellos que atienden a la población infantil como las madres comunitarias. De aquí que hay un mapa amplio de organizaciones civiles que han llevado, indudablemente como en una sana competencia, a las juntas de acción comunal a hacer, por ejemplo, planes de trabajo, diagnósticos validados en las asambleas populares y jugarse en el día a día su legitimidad social. Se busca más sociedad civil pero, igualmente, con un patrón de ética diferencial al que hoy todavía es una conducta lasciva al sistema de partidos políticos en Colombia. A pesar de haber una reforma política reciente que habla de un trabajo en

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bancadas más organizado, creemos que esos son intentos fallidos puesto que la población accede a más información. En Colombia el derecho de petición tiene una sanción muy fuerte, cuando cualquier ciudadano eleva una carta respetuosa: Señor funcionario, ministro, alcalde, comedidamente solicito copia del contrato... ; por ley tiene quince días para entregar esa información y las medidas han sido ejemplarizantes porque ha habido destituciones de alcaldes. Además, se puede utilizar la acción de tutela, la acción de amparo para que se entregue esa información y eso ha llevado a que se resuelva el principal nivel de la participación que realmente incide: información de calidad, información estructurada, la información que permita que opere una razón colectiva sobre el deber ser del Estado. Pero no sólo con ese tipo de información se va a evaluar lo público sino que la comunidad va avanzando en la construcción de un futuro mucho más pertinente con los postulados de esa Constitución y que es lo que estamos observando sobre la práctica: que en el diseño de las organizaciones de ese Estado, las instituciones deberían responder más al modelo de democracia de participación. Llevamos trece años, pero el diseño jerárquico exclusivo, o la misma forma en que llegan los funcionarios en respuesta a recomendaciones de los partidos políticos tradicionales, ha generado que vayan vaciando la legitimidad social. Ahí hay un aspecto por resolver porque, mientras el Estado liberal del presente gobierno busca fuertemente cerrar el Estado, el mecanismo de la justicia social del Estado social de derecho necesariamente busca que haya un equilibrio entre la descentralización, la eficacia y la economía o pertinencia social de la realización del presupuesto público. La cultura de la resolución pacífica de conflictos ha avanzado en paralelo a llenar de pertinencia el tema de la resolución del conflicto histórico que necesariamente se explica por la cerrada de espacios a otras formas democráticas, a otras ideas pero, igualmente, a la forma

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en que construyeron esa vieja Constitución dos partidos políticos para resolver los intereses propios y no los de la comunidad. Hoy vemos que hay regiones donde dan ejemplo de macroveeduría; y hablamos de regiones como el oriente de Antioquia, donde existen las asambleas legislativas comunitarias, donde cada cuatro meses el alcalde se reúne no sólo a hablar con el consejo, sino con los voceros que se han elegido democráticamente por las veredas para estar actualizando la agenda de lo público, presentando rendiciones de cuentas. Este modelo ha jalonado cambios a nivel central, el Estado central produjo los últimos cuatro años fuertes restricciones a las transferencias o aportes de recursos de la nación para resolver las inequidades sociales en los territorios: y esa es parte de las tensiones que igualmente en el quehacer de la agenda programática de las veedurías se va tomando en cuenta, no sólo es prevenir el desvío del dinero público en un contrato donde los términos de referencia o los pliegos de condiciones no han sido legitimados socialmente, sino también en el diseño de políticas que van generando colchones de pobreza y de exclusión mayoritarias. Se ha pensado igualmente que la acción de las veedurías es una ruta de aprendizaje que no sólo tiene que estratificarse, porque hay un esquema de estratificación socioeconómica que organizó el Departamento Nacional de Planeación y que su diseño de por sí genera mala identidad de las poblaciones que tienen carencias, fallas del mismo modelo estadístico, pero necesariamente esa estratificación se va revisando cuando existen este tipo de ejercicios de macroveedurías como son las asambleas populares, que ratifican consultas populares en sus decisiones y que son mandato para cualquier nivel de gobierno; y cuando han sido bien hechos los ejercicios, cuando se han superado esas problemáticas culturales del protagonismo, del liderazgo, del individualismo, de la falta de concreción de propósitos de los líderes con sus comunidades, necesariamente esos ejercicios son un referente para el nivel central (donde más debe trabajar la

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veeduría ciudadana porque es donde más se diseñan las políticas que en muchos casos no atienden el mandato que fijó la Constitución). Por ejemplo, cuando se habla de mercados de la salud en Colombia: las veedurías hicieron múltiples denuncias sobre un modelo de privatización de la salud; yo recuerdo que inauguramos en 1997 con las denuncias en un Encuentro Nacional de Salud en la Fiscalía General de la Nación, en lo que ellos denominaron la unidad de régimen suicidado de la salud de la Fiscalía General de la Nación, se han logrado algunas cosas y los indicadores no pueden ser que las entidades corruptas se han cerrado, las entidades privadas correspondientes, sino que hemos aprendido que podemos caer en un juego donde se hacen las denuncias, se genera una situación de castigo a algunos trabajadores o altos funcionarios pero no habíamos incidido en el modelo mismo. Recientemente ante la evidencia del fracaso del modelo privatizador de salud, las administradoras del régimen subsidiado (que son las empresas intermediarias, grupos que toman los recursos públicos y pagan los servicios a la red hospitalaria), ahora tienen que trabajar de manera conjunta; era una petición, creo, desde que se creó la Ley 100 y que es una ganancia no sólo de las veedurías, sino de la articulación con las organizaciones defensoras en general de los derechos humanos y de la salud. Este es un aspecto donde las veedurías, al tener más información, van ayudando a construir escenarios de mayor incidencia para la realización de un estado social y democrático. Nosotros hemos observado que la acción de la veeduría no sólo debe buscar lo punitivo, puesto que en Colombia el alto nivel de corrupción se explica igualmente por niveles mayúsculos de impunidad. El problema de la justicia en Colombia es muy alto, pero cambiaría en algo si la veeduría se apropia desde el diseño mismo de las políticas, desde los términos de referencia de un contrato (y ahí me voy a detener para que se observe la incidencia proactiva, propositiva de las veedurías). Después de mucho tiempo que se expi-

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dió la Ley 80 de contratación (en su artículo 66 se señalaba que todo contrato debe tener control social), y que lo que podíamos hacer las organizaciones era poner carteleras en las entidades, recordándoles ese artículo a los funcionarios o colocarles derechos de petición, sólo hace dos años se logró un decreto que reitera que todo contrato tiene que tener un comité de veeduría ciudadana como mínimo; y que la veeduría tiene que incidir en estas tres etapas, la etapa pre-contractual, por ejemplo en la elaboración colectiva de términos de referencia o de los pliegos de condiciones de cualquier tipo de contrato o de convenio, ahí hay un aspecto estratégico muy alto en el caso de Colombia porque se ha buscado que se democratice el acceso a Internet. Ustedes afortunadamente tienen esa facilidad de la gratuidad, pero asimismo se busca que el funcionario, la contraparte, el departamento jurídico, el área de planeación que plantea un primer borrador de los términos de referencia, sea más cuidadoso cuando la misma comunidad le está pidiendo los estudios de conveniencia, las preguntas elementales que hace cualquier ciudadano veedor: ¿a quién va a beneficiar?, ¿cómo esto atenúa los niveles de pobreza y de exclusión?, ¿qué alternativas estudiaron ustedes para que este proceso sea sostenible?, ¿cómo va a participar la comunidad en la ejecución y en el mantenimiento de las obras, de las vías?... Entonces, este tipo de preguntas, hechas de manera reiterativa y cruzadas a través de bancos de preguntas y respuestas de los comités de veedurías, es un nuevo saber, es una transferencia de un saber popular que se están apropiando los funcionarios. Muchas veces es curioso cuando los mismos funcionarios envían cartas a la red de veedurías pidiendo que los mismos veedores les den conferencias, ¿cómo hacen ustedes esto? Ellos también saben que la veeduría puede incidir en la evaluación anual del desempeño de los servidores públicos, y ahí más que el efecto sanción se busca que haya un ejercicio

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de construcción colectiva para hacer más con lo público y con los servidores públicos, como lo dice la norma. Se van dando rutas de mejoramiento continuo, bajo esa expresión de que Tenemos que anticiparnos a los famosos creadores de políticas públicas excluyentes , que en Colombia podríamos señalarlos con los dedos de la mano. En algún caso se decía que una universidad privada de renombre en Colombia era básicamente la que diseñaba las contrareformas de la Constitución, ahora es muy difícil revertir el proceso de validación de la Constitución, puesto que las veedurías no sólo han jugado con el efecto disuasión, de la eficacia de sus instrumentos, de los llamados de atención que se hacen a través de los medios de comunicación, sino igualmente han producido una reflexión de la ética de distintos tipos de organizaciones. Las veedurías son las que han llamado a las universidades a hacer veedurías o seguimiento a proyectos de alguna complejidad. Recuerdo que con la Sociedad Caucana de Ingenieros, después de una conferencia, estos profesionales decidieron capacitar las veedurías para formar una alianza, unirnos en una cooperación eficaz, en un solidaridad realizable; pues bien, el modelo de la Sociedad Caucana de Ingenieros fue copiada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Los cambios tienen que surgir de esos microescenarios donde se entra a corregir las conductas erráticas de un centralismo, de unas formas de ver el Estado sólo para dar respuestas o las multinacionales que no han entendido muy bien su responsabilidad social, o de los grupos que han estado en partidos políticos de corte capturador del Estado. Esa función del animador, gestor cultural, líder porque el veedor es un líder que tiene que estar probando su coherencia, su plena identidad con el marco constitucional día a día , no sólo es ejercer un liderazgo que desborda su saber técnico, sino que igualmente propicia alianzas estratégicas con otro tipo de organizaciones sociales que,

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por haber estado favorecidos con el sistema educativo superior, deben hacer más por la sociedad. Es aquí cuando surgen reflexiones muy interesantes en el tema de los servicios públicos. Ahora recuerdo una iniciativa que llamó bastante la atención: el Congreso de la República estaba discutiendo una nueva ley del agua de pronto el compañero chileno me corregiría , el modelo de privatización de los organismos públicos del agua fue cuestionado en primera instancia por las veedurías ciudadanas que, con la información, veían que ese proyecto sólo iba a favorecer a las grandes empresas de los servicios públicos, y entonces se dejó constancia en el trámite del proyecto legislativo. La veeduría ciudadana, ustedes lo verán con mayor detalle en la Ley 850 de veedurías, busca que la cultura de la rendición de cuentas no responda a los guiones que da el establecimiento o la entidad pública como se ve en las consultas que se dan en los debates legislativos cuando se cita a un ministro o a un responsable de la entidad , sino que sea en escenarios donde la comunidad pueda constatar o validar; de aquí que ya son múltiples las audiencias públicas que se están realizando por iniciativa comunitaria. Recuerdo un caso muy reciente sobre una cuenca hidrográfica que causó una inundación en el río Tunjuelo; la propuesta inicial de la empresa de servicios públicos era construir una represa seca de muchos millones de pesos, entonces la comunidad convocó a una audiencia pública fue en la biblioteca de la entidad , indagó y encontró que habían otras alternativas que no se habían planteado, advirtiendo de por sí la existencia de una conducta que ha tenido últimamente mucha incidencia: el uso indebido de información privilegiada. La reciente convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, o la misma Ley 190 del 97 en Colombia, sanciona esa apropiación indebida de información que reposa en una entidad pública o que se direcciona para favorecer un interés privado. Consideramos que ésa es una de las áreas donde se encuentran mayores vacíos de

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interpretación sobre el deber ser de los servidores del Estado. Y es la pregunta consecuente que se da en los medios, ¿está la entidad entregando la información necesaria para que la comunidad ejerza una participación real y efectiva sobre lo público? Este dilema no sólo se resuelve poniendo más información en Internet, nosotros llegamos a hacer mesas de trabajo con los que diseñan las páginas Web, los que cargan las bases de datos de las entidades, y les decimos que hagamos encuestas para ver si la información que van a colgar en las páginas es la que requiere la gente para estar actualizada; a veces se necesitan boletines electrónicos diarios para vigilar proyectos complejos, como el Transmilenio. En la Ley de Veedurías se creó una red de apoyo a las veedurías, y en su formulación hubo que ir dos veces a luchar en el Congreso por el cambio de una frase que decía Las veedurías colaborarán con los organismos de control . No señores, insistíamos, en la democracia de participación directa las entidades se deben a los ciudadanos y la palabra apoyo implica reflexionar sobre los niveles de articulación, de colaboración de los organismos de control a esa labor de acompañamiento y de vigilancia de las veedurías; éstos incluyen la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior. ¿Cómo se financian las veedurías? Se creó el Fondo para la Participación y el Desarrollo de la Democracia, igualmente los alcaldes pueden invertir hasta el 1% del presupuesto para promover la organización de veedurías; y lo más curioso es que hay una entidad que se denomina Escuela Superior de Administración Pública, y que ha comenzado a llamar a las veedurías para hacer un currículo pertinente. Porque se ha aprobado que las veedurías hicieran sus propias metodologías de incidencias, y ahora son ellas las que deben guiar el quehacer de esta entidad de capacitación a los funcionarios públicos. Por lo tanto, estamos siendo consecuentes con eso. Ahora, cuando se discutía el proyecto de ley pedimos la inclusión de un artículo

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que decía La red de veedurías deberá entregar anualmente un informe al Congreso de la República de su gestión . ¿Para qué se hizo? Para dar ejemplo de que las veedurías, igualmente, tienen que estar abiertas al escrutinio ciudadano, rendir cuentas; y los veedores de los veedores curiosamente son los medios de comunicación. Pero como aquí y en otros países, se está reflexionando sobre una ley de revisión de la democracia comunicacional. En Colombia es un camino fuerte que tenemos que allanar para revisar esa problemática donde los comunicadores allá responden a la clase política o a pocos intereses y no se comunica y no se respeta el derecho de libre expresión de muchas comunidades. Bien, por último quería compartirles una musicalización, el himno de las veedurías ciudadanas.

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La participación del pueblo cubano en la vigilancia y control de las inversiones públicas del Estado RAFAEL HIDALGO Cuba / Consejero político de la Embajada de Cuba

YO QUISIERA antes que nada agradecer la invitación del FIDES y sobre todo agradecer la presencia de un pueblo, y aquí voy a utilizar el discurso político, Martí dijo Deme Venezuela en qué servirle, a ella me debo . Me siento profundamente cómodo al punto de que me quité el traje, sobre todo por ver cómo se está desarrollando la actividad y como están tomando nota. Debería estar acá no un representante de la Embajada que es mi caso, soy consejero político de la embajada, sino un dirigente del poder popular. Pero como ustedes se podrán imaginar, en estos años hemos tenido que aprender como en los juegos de pelota a tener un bateador emergente para situaciones emergentes. Entonces yo he improvisado y reconozco que el amigo colombiano me ha puesto en un aprieto porque ha venido con una excelente exposición que ha facilitado que las personas tomen nota. Voy a recordar los tiempos de profesor y voy a leer tres cuartillas donde condensé elementos conceptuales, político-éticos y funcionales del sistema político cubano. Incluso me voy a salir del tema por lo siguiente: yo podría explicar de manera práctica cómo se produce el control de la gestión pública en Cuba y creo que haría un aporte parcial. ¿Por qué digo parcial?, porque con respecto a Cuba hay una

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combinación muy compleja de desinformación y desconocimiento que impiden ver las particularidades del proceso político cubano y del sistema político cubano. Preferiría hacer un ejercicio contra el tiempo para mostrarles las particularidades esenciales del sistema político cubano y después, en cinco minutos, podemos hablar del tema de las inversiones. Entonces ahorrando tiempo voy a leer. La experiencia política cubana, en materia de desarrollo de la democracia, no sólo es con frecuencia desconocida, sino que como regla pasa por múltiples esfuerzos de desinformación y también de simplificación. Para nosotros el desarrollo de auténticas formas de participación científicas (no estoy utilizando conceptos, los estoy utilizando con toda la intención del mundo), auténticas formas de participación, resultan elementos vitales para el mantenimiento y desarrollo de un sólido consenso a favor de las ideas socialistas que seguimos manteniendo. No hay proyecto social que sobreviva y se consolide en medio de las adversidades de un bloqueo de más de 45 años si no está anclado sobre un consenso social real, activo, creativo y permanentemente insatisfecho con sus propias realizaciones. Dicho esto así, para los que no conocen la historia cubana por la libertad, la justicia y la igualdad, lo que he dicho hasta ahora es una abstracción, es clave entrar en otros temas. Aquí añadí otras ideas. La experiencia de estos años nos indica: Uno, que el auténtico ejercicio democrático puede lograrse sin pluripartidismo, aunque el socialismo inevitablemente no tiene por qué construirse desde una experiencia unipartidista. En el caso de Cuba, el unipartidismo es el resultado de una trayectoria histórica muy particular y que puedo explicar; nuestra experiencia democrática se orienta a materializar con total control popular la distribución de la riqueza nacional. ¿Desde qué criterio? Por el pueblo y para el pueblo. Pueden imaginarse cuando hablo de pueblo, ustedes que están viviendo la experiencia bolivariana, a qué pueblo me estoy refiriendo,

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porque dichas riquezas son del pueblo. Recuerden aquella definición de Lincoln: La democracia es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo , en Cuba se materializa este criterio. La experiencia democrática cubana está en continuo desarrollo. Los cubanos partimos del criterio de que la insatisfacción bien administrada es factor de desarrollo, estamos convencidos absolutamente de que para tener democracia es esencial y primario tener patria libre, soberana y digna. Ustedes se preguntarán, ¿este discurso qué sustento constitucional tiene? Pues aquí lo tienen y no es casual que el primer artículo de la constitución de la República de Cuba afirme: Cuba es un estado socialista de trabajadores independientes y soberanos, organizados con todos y para el bien de todos como república voluntaria democrática y para el bienestar individual . No es casual tampoco que el tercer artículo diga: La soberanía reside en el pueblo [me dio la impresión de que estaba leyendo la bolivariana], del cual dimana todo el poder del Estado ; y que luego afirma: Ese poder es ejercido directamente o por medio de las asambleas del poder popular . Cuando discutimos con los adversarios sobre la democracia cubana solemos afirmar lo siguiente: Las formas democráticas son una cosa, el ejercicio democrático consecuente y la práctica democrática real es otra . Si no hay adecuada redistribución de las riquezas y si no hay formas concretas de participación del ejercicio del poder desde los asuntos cotidianos hasta los asuntos estratégicos, estamos hablando de cualquier otra cosa o de una noción abstracta de democracia o de una concepción formal que es la que se nos aplica; no es casual que la Constitución en su artículo 7 diga: El estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masa y sociales surgidas en el proceso de desarrollo histórico . ¿Qué significa esto? Significa que sin una sociedad organizada, lo voy a decir en cubano, no hay socialismo que valga; no hay sociedad que pueda resistir las adversidades y el bloqueo si no hay con-

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senso. Eso de las poleas de transmisión donde las personas piensan a partir de las orientaciones que vienen de un estado supremo y abstracto no funciona en un país que ha hecho varias guerras de independencia. Eso no funciona con un pueblo que es capaz de movilizar tres millones de hombres y mujeres en cuestión de horas con las armas en las manos. Todo esto que estoy diciendo tiene traducciones muy concretas, estoy dando lo general para poder ayudar al debate, no es una mera formalidad constitucional que el artículo 68 incorpore como principios de la democracia socialista que todos los órganos representativos del poder del Estado son electivos y renovables; que las masas populares en su artículo B controlan la actividad de los órganos estatales de los diputados, de los delegados y los funcionarios todos; y no es casual que diga Los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación ; y oigan esto: pueden ser revocados en cualquier momento si no son eficientes y si no se corresponden sus acciones con la ética que el pueblo pide . No se puede tener funcionarios corruptos y autoritarios cuando un pueblo se sacrifica día a día, ese es nuestro criterio. De las cosas que voy a leer, ésta es la última: Somos, como ven, una experiencia, no un modelo , es muy común hablar del modelo cubano, del modelo ruso, del modelo neoliberal. Nosotros partimos de un elemento conceptual: en política no hay modelos. Los habrá en la química, en la física y en otras ciencias exactas, en política hay experiencias y las experiencias son una combinación complejísima de aciertos, de errores, de interrogantes, de búsquedas; y eso es Cuba: una combinación de todo eso. Voy a decirles a ustedes lo que les dije en Sao Paulo a un grupo de estudiantes de ciencias políticas el año 94 en un momento muy difícil de confrontación política, cuando se había planificado una conferencia que estaba concebida desde sectores de la derecha brasileña para hacernos, como diríamos en cubano y venezolano, una

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encerrona : ¿Por dónde quieren empezar, por los errores, por las interrogantes o por los éxitos, que aquel libro que está allí los tiene en abundancia, en la salud, la educación, la cultura, los valores? ; y recuerdo que me dijeron Por los errores , y por ahí arranqué. No es el caso acá. Quiero explicar lo siguiente para entrar en el núcleo del tema del poder popular. ¿Qué particularidad singular tiene el sistema político cubano, dónde se empieza a ver que hay democracia y ejercicio pleno de los derechos? En el nivel de base, nosotros lo llamamos circunscripción, donde está el barriecito, donde 2.000 habitantes aproximadamente constituyen una circunscripción, esa circunscripción se multiplica en 7 u 8 grupos de 300, 400 personas y van a elegir a los representantes populares. ¿Cuál es la particularidad de este proceso de postulación? Que ahí no puede intervenir el Partido Comunista de Cuba, prohibido constitucionalmente. ¿Cuál es el significado práctico y político de este sencillo detalle? Que el día que nosotros perdamos credibilidad, que el día que la obra de la revolución no colme las expectativas de la población, el día que aparezca alguna tendencia negativa, ese mismo día vamos a perder el consenso; porque no hay forma constitucional de cambiarle la mente a 11 millones de cubanos rebeldes, que cuando no les gusta algo, aunque lo compartan dicen No me gusta ; y ése es uno de los avances culturales que hemos tenido. ¿Esto por qué lo subrayo? Por algo que está hoy formando parte del debate político con los Estados Unidos y con la llamada disidencia cubana, que no es otra cosa que un grupo (y pongan en duda lo que estoy diciendo para que lo comprueben algún día) de mercenarios en casi su totalidad. Ahora, el día hipotético en que esos mercenarios tuviesen mayoría estarían en el gobierno (no hay forma legal de pararlos). Como no tienen mayoría, no tienen una sola circunscripción en su poder. Ahora, una vez electos esos delegados se configura la asamblea municipal por un mecanismo de elección directa, ese proceso se hizo hasta el nivel municipal hasta el año 92.

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¿Qué nos pasó entre el momento de institucionalización del movimiento popular y el año 92? Que nos dimos cuenta recuérdense lo que decía: es una democracia en desarrollo que no funcionaba bien el sistema de elección indirecta de diputados provinciales y nacionales; que este tipo de elección indirecta a veces desvinculaba funcionalmente a este diputado provincial o a ese diputado nacional de esa tan saludable demanda continua que son las rendiciones de cuentas. Había que dar un salto; y ese salto era que el diputado nacional y que el diputado provincial respondieran directamente a una base electora. Nos dimos cuenta de otra insuficiencia, para seguir utilizando los términos con propiedad, y es que fruto de ese rechazo cultural que habían generado las prácticas políticas prerrevolucionarias donde teníamos 54 partidos que prometían puentes donde no había una quebrada pero bueno, hacía falta un puente y se hacía un puente, lo de Cuba en ese aspecto da para un libro de chistes, porque esos pícaros que le dieron la victoria a Bush fueron los mismos que se fueron de Cuba en el año 59, así que se podrán imaginar hasta donde son capaces de llegar o llegaron ; ahora bien, había un rechazo a la promesa y al no cumplimento de la promesa. Al punto que pasó lo siguiente: en el sistema electoral estaba prohibido ir a un barrio y decir Quiero ser delegado , porque desde ese momento se enterraba la candidatura; pero no por un problema constitucional sino por la reacción popular a esa práctica, que es común por lo demás en el resto de los países; esa mezcla, esa combinación de rechazo a una práctica política que habíamos enterrado, que después se incorporó a la cultura política. Cuando la empezamos a juzgar dialécticamente nos dimos cuenta que también entrañaba una falla y es cómo demostrar la capacidad del candidato, porque si tú eliges un diputado de manera indirecta y no buscas el mecanismo para que ese diputado convenza a los electores de que es un hombre capaz porque la conducta ética es verificable, los méritos históricos se pueden confirmar , pero, ¿y la capacidad?

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En las primeras elecciones de los años año 76, de los años 80, elegimos a muchos hombres con grandes méritos históricos, porque eso tiene su explicación, el peso del mérito en el sistema de ascenso social; y lo vamos a ver dentro de la sociología tradicional. Allí es el mérito, el esfuerzo, la capacidad de entrega. Esto puede verse muy bien en el hombre y en el socialismo en Cuba, pero no bastaba con eso, muchos de esos hombres no eran buenos gerentes. Cómo lograr combinar ambas necesidades y que el pueblo dijera Yo tengo tres hombres meritorios, pero el que es capaz de dar respuestas prontas, respuestas precisas, respuestas convincentes con argumentos es éste y no aquél . Entonces hicimos esta rectificación en el año 92, y después se votó en el 93. ¿Cuál es la particularidad del contexto en que esta rectificación se hace? En el Período Especial cuando Cuba perdió 35% de su Producto Interno Bruto, cuando perdimos muchas de las cosas vitales para la vida cotidiana, cuando perdimos el ciento por ciento del ingreso petrolero amanecimos en el 90 sin el petróleo soviético que era el 100% , perdimos 88% de las importaciones petroleras; en este momento además nuestros amigos del Norte vienen con la Ley HelmsBurton, dentro del criterio están mal, vamos a terminar de apretarlos para que se caigan , aplicando la teoría del dominó. Y en muchos casos, queridos hermanos venezolanos, tuvimos que hacer cosas que en el siglo XIX hicieron los mambis: inventamos jabones con cebo de res, inventamos picadillo con la cáscara del plátano. Ustedes no se imaginan. Yo les colocaba estos ejemplos y muchos más a los brasileños en aquella época, Por favor, si quieren ser objetivos no miren a Cuba desde Morumbi que era como una lagunita, miren a Cuba desde San Bernardo Do Campo , donde estaba Douglas en aquella época. Si ustedes quieren saber lo que es democracia y consenso político, para no hablar de teoría abstracta, vamos a hacer el rosario de limitaciones materiales que está pasando mi pueblo. Para que se den

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cuenta de que se es capaz de vivir sin muchas cosas fundamentales con tal de que la vida se haga y se tenga con el decoro necesario. El decoro no se paga. Ahora, ¿qué hacen esas rectificaciones?, ¿qué hemos tenido que hacer en la última etapa? En Cuba todas las estructuras del Estado, todos los ministerios, todas las organizaciones sociales y todos los órganos del poder popular, asamblea provincial, asamblea municipal, asamblea nacional funcionan en sistemas; el momento clave: el presupuesto nacional (qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace y con qué dinerito se hace), que por lo general en el caso de Cuba suele ser muy poco y hay que aprovecharlo. Esta discusión se hace y se lo explicaba a un periodista en una dialéctica que no es tan compleja. La gente propone lo que necesita, los ministerios juzgan lo que es posible y la asamblea, a los distintos niveles, deciden realmente la posibilidad; y se trata de una inversión con recursos municipales de hacerse o no, a veces hay que consultar, ¿qué es más importante, el policlínico o la carretera? A veces nos vemos en la necesidad de decidir, ¿qué es más importante, el medicamento o el arroz? Miren, yo me alegro de que hagan esos comentarios porque, aunque ustedes no lo crean, en Cuba a veces tenemos que resolver entre dotar de leche a los muchachos hasta los 7 años y quitársela a los ancianos. Qué drama. Ese drama lo hemos vivido nosotros. Cuando se produjo el período especial hubo que decidir restringir muchísimos alimentos; y, ¿saben cómo se hizo esta discusión?, con las manos. A todos los niveles se les dio información sobre la situación material del país y detalles como la dotación de leche tiene que pasar por una discusión política; de la misma manera que el presupuesto es discutido hasta en los detalles por estos tres factores: organizaciones sociales, ministerios y asamblea nacional, municipal y provincial. Las leyes del país no se pueden aprobar si no han pasado por un

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proceso de consulta a veces hasta en dos oportunidades con los sectores sociales afectados; las asambleas locales tienen el derecho a interpelar a un ministro y ¡ay! del ministro que se niegue. Las asambleas locales ya no estoy hablando ni de las provinciales ni de las municipales son capaces de remover a un ministro si fundamentan su posición. Las asambleas locales tienen el derecho de promover políticas de Estado si las fundamentan bien. Hoy es muy difícil hacer política en Cuba cuando uno tiene una población en su mayoría con nivel universitario, que le dice tranquilamente a un dirigente Eso que usted dijo económicamente no es viable . En los centros de trabajo tenemos lo que algunos administradores temen con razón, que son las asambleas de producción y servicios; donde a ese gran administrador y los administradores, ustedes saben, que aunque estén en el socialismo después de 45 años tienden a ser autócratas y a creerse que lo dominan todo, porque eso pasa, es parte del ser humano se le lleva a una asamblea donde tiene que rendir cuentas de los recursos de su empresa, de cómo los utilizaron, con qué grado de eficacia, etc. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y eso funciona tan bien? Yo les diría con honestidad: no; y esa es la gran batalla que tenemos hoy porque hay sindicatos particulares que no están aprovechando todos los derechos que tienen para promover, para decidir políticas; ahí entra el factor humano, ahí entra el nivel de perfeccionamiento de las leyes, que no es suficiente para nuevas realidades, ahí entra la calidad del administrador. Ahí entra la nueva ética que no en todos los casos lo hemos logrado, al punto que hoy nosotros en la actual fase de la revolución estamos metidos de lleno en una especie de revolución ética y cultural, porque la vida nos demostró, hasta por esa gente que se nos ha ido para Miami, que no basta a veces tener todas las necesidades materiales resueltas. Pronto nos dimos cuenta, fruto de esa contraloría social, que sucede que esos jóvenes nuestros, que nacían y cuyos primeros balbuceos los tenían en el círculo infantil ya garantizado, con dieta balan-

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ceada con un pago casi simbólico de los padres, esos niños que llegaban a la escuela sin pagar nada, a la primaria, a la secundaria, y que se les regalaba los libros, sin embargo a veces no cuidaban esos libros, a veces no cuidaban el uniforme, a veces no estudiaban suficientemente y entonces empezamos una nueva revolución diciendo: la gente que no participa no defiende la obra que tiene . Esa es una meta política a hechos concretos si pierdes el libro no vas a tener otro, o no te vas a graduar , es una discusión colectiva, no se puede resolver por decreto. Ahí es donde entra la sociedad a jugar un papel que es una combinación compleja de presión, coacción y educación, donde combina con la misma eficiencia estímulo y llamados de atención. La sociedad cubana en casi todas sus esferas combina eso, nosotros hemos aplicado con más fuerza la concepción del Che, de que el socialismo no se mide por la cantidad de kilogramos de carne que consumamos, sino por la medida de la nueva ética que logremos expresar. Esos valores ustedes los van a ver en la Federación de Mujeres Cubanas, en la Unión de Pioneros de Cuba, en la Organización de Jóvenes Comunistas. Todas esas organizaciones hoy están con responsabilidades directas en el desarrollo; por ejemplo, a la Unión de Jóvenes Comunistas se les ha dado la principal inversión del país y el secretario de la Juventud Comunista, además de responder por la formación de los integrantes de la Juventud, tiene que responder por obras que son sensibles para el bienestar de la población. ¿Qué valor educativo tiene eso? Que estos jóvenes, dirigentes o no, desde el principio son actores de las obras que vivirán sus hijos después, y las van a cuidar mejor. En nuestras escuelas hemos logrado que los estudiantes se involucren en la limpieza, en el mantenimiento. Hemos logrado resultados que no se han tenido en lugares donde lo hemos dado todo. Conclusión, la vida nos enseñó que justicia sí, paternalismo indebido, no. Cuando hablábamos de inversiones, me decía ayer Augusto

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Montiel del Foro de Constitución y Paz: Oye, no vayas a hablar de inversiones así, porque se puede entender que se trata de inversiones especulativas . No, estoy hablando de hospitales, de la ejecución del presupuesto. Hoy se está funcionando de una manera que uno se siente entusiasmado, porque las asambleas nuestras funcionan; hay un funcionamiento de las comisiones de trabajo y un desarrollo de las llamadas audiencias públicas que nos han ayudado a resolver a tiempo millones de problemas; porque esas comisiones van a los barrios, a las provincias, a los municipios y empiezan a cruzar información. ¿Qué se ha detectado con esto? Que lo que informó el ministerio no era cierto, no era exacto, entonces en este momento nosotros estamos enfrascados, y aquí voy a terminar, en un proceso de optimización de las inversiones. ¿Qué supone eso muy en concreto? Que un país para el cual los fletes se multiplican hasta en un 50% porque los barcos que llegan a Cuba 6 meses después no pueden entrar a puerto norteamericano, no se puede dar el lujo de perder un centavo, ese es el gran problema. Han aparecido conductas indebidas, fenómenos nuevos como el de las drogas, inducidas desde los Estados Unidos. Existe un término que probablemente algunos no han escuchado, los recalos, que es droga que lanzan los narcotraficantes para que lleguen a las costas de Cuba. Algunos pícaros, que siempre los hay, empiezan a venderlo en un mercado que tiene casi 2 millones de turistas. Esto se nos ha convertido en un problema y en un estímulo para esa contraloría social. En esta última etapa hemos resuelto muchos casos de narcotráfico por la acción de los CVR, la Federación de Mujeres Cubanas y por todo el sistema de vigilancia nuestro. ¿Cuál es la particularidad de ese sistema de vigilancia? Es el pueblo informado, esa es nuestra concepción. ¿Qué quiere decir eso? Que todos formamos parte del sistema defensivo nacional. Ayer yo le explicaba a unos amigos que se ha recrudecido peligrosamente el esquema norteamericano de reproducir un golpe mili-

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tar quirúrgico, como dicen ellos, contra Cuba. ¿Razón? Las elecciones. ¿Razón? La crisis que tienen en Irak. ¿Razón? La necesidad que tienen de desviar la atención norteamericana. Todo ese juego que ustedes han visto de México, de Perú, de algunos señores de la oposición acá, incluso de algunos que se decían amigos de Cuba, no es gratuito. Es crear todo un esquema de preparación psicológica de la opinión pública para decir en cualquier momento Vean ahí, esa Cuba jadeada, a esos peligrosos bolivarianos, son un peligro para la seguridad interamericana, para la seguridad nacional de los Estados Unidos . Estamos hoy, lo digo con orgullo, en el mismo barco por la dignidad de América Latina y sobre todo para demostrar que sí puede haber eficiencia pública en la gestión cuando el pueblo de verdad participa de la gestión y la controla. Muchas gracias.

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Plan de desarrollo comunal DANIEL JADUE Chile

QUIERO PARTIR saludando a todos los presentes, a los organizadores, pero además un saludo muy fraterno, muy bolivariano y muy solidario del Partido Comunista de Chile, partido al que tengo el honor de pertenecer. Quiero partir haciendo este saludo porque deseo que ustedes sepan que el gobierno actual que tiene nuestro país, a pesar de las acotaciones que lo hacen aparecer como democrático y representativo, no representa a todos los chilenos. El voto que apoyó la sanción contra Cuba no representa todos los chilenos; tampoco representa a todos los chilenos la actitud que ha tenido el gobierno chileno en el golpe de Haití; y muchas otras más que representan una vergüenza nacional para la gente de izquierda de nuestro país. Por lo mismo, quiero hacer una explicación que es muy importe y tremendamente sensible. Da pena venir a hablar de contraloría social viniendo de Chile, puesto que en Chile no hay experiencias institucionales de contraloría social. Las experiencias que yo vengo a compartir con ustedes son experiencias de la gente de izquierda en Chile, que ha intentado construir sistemas populares de contraloría social en todos los ámbitos de la vida cotidiana de Chile, como una forma de incrementar la conciencia del pueblo chileno para que sea capaz de volver a pararse después del impacto generado por la dictadura mili-

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tar y reconquistar su futuro, porque hoy en día no lo tenemos en nuestras manos. Estaré saltando de una presentación a otra, voy a hacer primero la ponencia, más la presentación política y dar algunos ejemplos que antes quiero mencionar. ¿Cuáles son los ejemplos más fundamentales de contraloría social que se han hecho en mi país hoy día? Comenzaré de lo más masivo a lo menos masivo. Las Funas en el sistema de justicia: Como ustedes saben en mi país no existe justicia hoy día, los torturadores, los violadores de los derechos humanos, los que hicieron lo que quisieron, los que se robaron al país, viven impunemente y caminan por las calles; y como la justicia no tiene ninguna posibilidad de ser una justicia que dé cuenta al pueblo, el pueblo de Chile diseñó junto con la izquierda y guiados por el pueblo comunista el sistema de Funas, como le decimos nosotros. Las Funas son manifestaciones populares que ubican dentro de la sociedad a los torturadores y médicos que colaboraban con los torturadores. Los visitábamos en sus casas con una manifestación de 200 a 500 personas, pegábamos en sus barrios afiches y fotos de ellos por todos lados para que quienes les rodean sepan quiénes son, qué hicieron, cuáles son los cargos contra ellos y cuán injusta ha sido la sociedad civil en general y la política chilena en particular al permitirles que sigan viviendo con todos los méritos de un ciudadano; mientras los familiares de las víctimas o los familiares de los detenidos desaparecidos, o de los familiares de la gente que piensa distinto, hoy día no puede ni siquiera tener acceso a la justicia. Por lo mismo, hemos organizado en la base social comités de defensa de la salud, comités de defensa de la educación pública, pues salud y educación no existen. Quiero contarles que hace tres semanas el hijo de uno de los músicos más importantes que tenemos en nuestro país se nos murió en un hospital público porque no tenía un cheque en garantía para poder sustentar su atención médica. Éste es

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el país del milagro económico del que tanto se habla. Por lo tanto, sí ha sido necesario armar comités de defensa de cuanto hay en nuestro país: el comité de defensa del cobre que sigue siendo el supuesto sueldo de Chile , del que hoy día se adueñan las trasnacionales de manera directa. Durante 20 años de la política de privatización la empresa estatal pasó de controlar 100% de la producción del cobre en Chile a no tener más de 27%; hoy día el 73% del producto se lo apropian las empresas multinacionales, empresas privadas que no le han pagado al Estado de Chile ni un peso en impuestos; porque como son parte del consorcio que compran el cobre en el exterior, le venden a su empresa multinacional el cobre a menor precio del que cuesta extraerlo, más bajo que el precio de costo; por lo tanto declaran ser utilidades y no pagan ni un peso a la nación con un cálculo meridiano, general. Consideramos que hemos perdido en nuestro país cerca del 20 mil millones de dólares en estos años sólo por concepto de los posibles impuestos que se habrían recolectado por estas riquezas. Esto es tan importante que la diputada esconde una de las mineras más importantes que se acaba de vender hace dos años en nuestro país, que ha declarado su no utilidad en los últimos veinte años y no ha pagado un peso en impuestos, se vendió en 1.600 millones de dólares. Nadie que sea capitalista podría explicar cómo una empresa que tiene más de veinte años de no declarar utilidades se vende en 1.600 millones de dólares, esto es una demostración de lo que hoy en día acontece en nuestro país. De la democracia burguesa a la democracia popular participativa. Deseo hacer algunas de las consideraciones históricas y políticas sobre la situación que se vive actualmente en Chile. No hay democracia, no hay representatividad; quiero comentarles por ejemplo que en mi país la fuerza política que saca 30% de los votos tiene exactamente la misma representación del que saca 60% de los votos. Es una forma, que es intolerable para la gente, de entender la democracia y la representación, pero el sistema ya está muy consolidado , no

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tenemos la posibilidad de revocar a nadie y ninguna autoridad pública da cuenta jamás de sus actuaciones, y menos de los manejos de fondos que tienen. Tenemos dos socios en el poder que son la derecha y la concertación conformada por la concertación de partidos donde están la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia , se han repartido tan bien el poder al que están acostumbrados que han perdido toda voluntad política, han renunciado al programa de restauración democrática que impulsaron cuando salieron elegidos y, hoy día, han traicionado al pueblo con todo este mito de la alternancia del poder. También, quiero decir que en el ámbito económico no han hecho absolutamente ningún cambio al modelo económico que impuso y que hasta el día de hoy nos heredó la dictadura, aunque el discurso de la participación en Chile está presente todos los días en todos los medios, pero ¿cuál es la participación que nos ofrece? Es la participación para entrar en esa tendencia. El gobierno chileno está lleno de mesas de diálogo, lleno de mesas donde coptan a los trabajadores, mesas donde coptan a los dirigentes sociales, incluso ofreciéndoles sueldos; quienes terminan siendo reductos para que el gobierno les explique lo que quiere hacer, en qué se encuentra, las limitantes que tiene para cambiar las cosas y terminan firmando las hojas que el gobierno lleva. No hay nada más que pueda llamarse participación; quizás de la única participación de la que se puede hablar son las elecciones que, además, por no ser democráticas no constituyen realmente un derecho a la participación. A diferencia de eso, la izquierda chilena lo que quiere es instalar la participación para transformar, para cambiar la forma. Estamos muy distantes de eso todavía. Entendemos que ustedes tienen más avances institucionales y que en Latinoamérica hay países con mucho más instituciones que nosotros. ¿Cuáles han sido los mitos que deberían servir para dar una discusión más profunda acá en Venezuela acerca del proceso? Uno de

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los mitos más grandes que ha vendido el modelo en Chile es la gestión local del desarrollo como variable técnica. Esto ha generado una serie de continuidades que son imposibles de detener, hoy día; y algo que sucede también: 70% del aparato del Estado está en manos de los funcionarios de la dictadura militar, que hasta hoy en día no ha habido forma de sacarlos debido a la inamovilidad laboral o estabilidad en el empleo tema que quizás en algún momento se pueda entender y justificar ; sin embargo, nosotros pensamos que en un gobierno revolucionario la inamovilidad laboral o seguridad y estabilidad laboral en el ámbito público debe estar en entredicho y amerita discusión. Considero que en cuanto el Estado pasa a ser un instrumento al servicio de la revolución y al servicio de la transformación de la sociedad, no deben pertenecer a él quienes no tengan capacidad técnica y compromiso político para estar ahí. Es un tema que en Chile lo sufrimos hasta el día de hoy y lo sufre esta concertación de partidos para la democracia, que no ha tenido la voluntad de desarrollar los cambios. Actualmente seguimos con 70% de los cargos públicos en manos de los funcionarios de la dictadura. Ustedes podrán entender que con eso nada se ha podido hacer, o muy poco para no ser tan taxativo. Se ha renunciado a considerar la gestión local del desarrollo como una variable política y, contrariamente, nosotros opinamos que sí debe entenderse exclusivamente como una variable política; es decir, que quien llegue al gobierno tenga la capacidad de instalar en el aparato de gobierno a gente que comparta el proyecto político, puesto que es absolutamente imposible avanzar en un proyecto político de transformación con gente que está todo el día y a cada minuto atornillando al revés , como decimos en Chile, y haciendo contrarrevolución en todos los minutos; y hablo no sólo de los directores de servicio, sino también de los mandos medios, incluso de la secretaria que es capaz de guardar un decreto que debe ser firmado con mucha prontitud por semanas hasta que se pierda; también hablamos de la

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incapacidad absoluta; esto de considerar como invariable técnica el concepto de que no importa la posición política de quienes están en los aparatos del Estado, que pueden seguir ahí porque el Estado es una administración técnica, es la tecnocracia con diversos nombres. Llegamos a la conclusión de que la gestión local del desarrollo son los frutos de una variable técnico-política, y eso nos plantea una serie de desafíos tremendos en Chile. Como los comunistas chilenos no tenemos cuotas de poder ni cuotas de participación en los aparatos del Estado, hemos tenido que dedicarnos simplemente a formarnos y a capacitarnos desde la base para gobernar; tenemos a todos nuestros militantes estudiando y efectuando educación popular en las comunas; nuestros profesionales y técnicos más importantes no militan en asociaciones profesionales porque ¿qué sentido puede tener que un abogado en derechos humanos en Chile milite o se reúna, o participe en una organización de derechos humanos, si no tienen nada que transformar, a nadie a quien convencer? Más bien hemos estimulado la necesidad de instalar células de trabajo y fortalecimiento de las organizaciones en el territorio; contrariamente a la intención del Estado en Chile de potenciar las organizaciones funcionales por sobre las territoriales. Las organizaciones funcionales trabajan para obtener unos objetivos específicos y cuando éstos se cumplen dichas organizaciones dejan de tener una misión y por tanto se pierden en el tiempo. El gobierno actual, la política actual en Chile, favorece a todas estas organizaciones, quitándole el apoyo a las organizaciones territoriales, a las juntas de vecinos, a las parroquias, como le dicen acá, porque éstas que son las que permanecen en el tiempo y las que podrían tener proyectos políticos de transformación en el territorio son definitivamente las peligrosas; son las que pueden encarnar los futuros candidatos a concejales, a alcaldes, que hoy día nosotros tenemos absolutamente. No ha habido renovación alguna y eso es dramático. También la entendemos como una variable democrática y revolucionaria y, en este sentido, estamos conscientes de que el pueblo

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debe cumplir un rol de mayor protagonismo, donde el rol de los técnicos y los profesionales debe ser fusionarse con su pueblo. La verdad es que actualmente la izquierda en Chile lo digo en el buen sentido de la palabra ha comenzado a sospechar de aquellos técnicos y profesionales que viven en el mundo de los técnicos y profesionales; o sea, los profesionales y técnicos que no sean capaces de fusionarse con su pueblo, de traspasar sus conocimientos técnicos y de comprometerse con la posición política del pueblo, no nos sirven en la Chile hoy día, no son funcionales para ningún proyecto. ¿Cómo entendemos y cómo tratamos de construir la democracia popular participativa que todavía para nosotros es un sueño en nuestro país? Primero, propulsar con un énfasis absoluto la formación político-ideológica de la base social. Y porque creemos que esta etapa es fundamental, consideramos que los partidos tienen una deuda profunda con la historia. Lo admito como autocrítica: nosotros llegamos a ser aburridos en algún momento, porque los comunistas chilenos éramos los únicos que íbamos a reuniones todas las semanas que duraban 6 horas, que discutíamos con una profundidad ideológica increíble, pero nunca llegábamos a nada nuevo, terminábamos todos agotados y nos íbamos felices, pero pocos se entusiasmaban en militar en este partido. Hoy en día este partido está creciendo porque está desarrollando e incorporando instrumentos de la gestión actual como son la planificación y la gestión estratégicas, desde la base social. Estamos hoy día discutiendo qué es la gestión por objetivos, estamos elevando las bases técnicas no sólo de los partidos sino de la base social; y la base social comienza lentamente a despertar a lo que entendemos como la toma de decisiones. Hoy en día estamos avanzando, y hemos logrado llevar a cabo una experiencia similar a la que ustedes han legislado, hecho que me llamó mucho la atención. Pero el que haya participación no es materia de atribución ni de legitimidad política, sino que es materia de voluntad política. Entendemos que la democracia popular participativa se basa en

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que es el pueblo quien planifica y realiza la gestión. En este sentido queremos aclarar lo siguiente: si consideramos como de hecho lo hacemos nosotros al Estado como un instrumento de dominación, también consideramos que el Estado debe ser saltado en esta etapa de transición. ¿Cómo pensamos nosotros que debe saltarse al Estado? Llevando la inversión social en forma directa a la organización social. En Chile de las 351 comunas una sola es gobernada por un comunista, gracias a un gran esfuerzo de años de trabajo. Aplicando los planes de desarrollo con la metodología que nosotros hemos implementado logramos transformar la sociedad. Nuestro alcalde ha agarrado toda la gestión pública y la ha traspasado a la gente, en contra de lo especificado por la ley pero en la línea de la ley, y ha hecho que todos los fondos de inversión social sean fondos concursables, es la única comuna que ha asegurado salud y educación gratuita a sus habitantes. Actualmente subsidia a las comunas de alrededor de San Fernando, y ha incrementado las matrículas de los colegios a 1,6 veces la cantidad de habitantes en edad escolar; también, el partido comunista de San Fernando atiende a muchos estudiantes y escolares que no tienen posibilidad de estudiar en sus comunas; pero el traspaso del manejo de los recursos ha sido una de las metas fundamentales. En San Fernando, hoy día, todos los fondos son concursables y debidamente separados por géneros. Tenemos la inversión comunitaria y la inversión de los municipios, fondos concursables para mujeres adultas y para mujeres adultas mayores; al igual que para los hombres según el ámbito de acción. También hemos separado fondos concursables para proyectos culturales y deportivos, lo que ha generado una dinámica de participación en la gente, de avanzar, de aprender a elaborar proyectos. En respuesta a esto, desde hace seis años comenzamos a instalar mesas técnicas de apoyo y comisiones comunales de planificación. Esta última iniciativa ha sido rechazada por muchos alcaldes, quie-

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nes han tratado de disolver las comisiones debido a la decidida actitud de participación que generan en la gente. A esas comisiones comunales de planificación les hemos puesto al lado mesas técnicas, que consisten en núcleos de profesionales cuya misión es apoyar a la gente en la elaboración de proyectos de inversión para concursar a los fondos concursables. Porque allá no podemos destinar la plata directamente, pero en la medida en que nos hemos ido saltando al Estado, hemos logrado que sea la gente la que administre sus recursos. Acá, tengo entendido, que el FIDES aporta un mínimo del 20% de los recursos; pensamos que eso debe incrementarse mucho más, llegar a 50% de destinación directa; e incluso estudiar la posibilidad de que el FIDES pudiera traspasar directamente a la organización, sin pasar por el municipio, una cantidad de fondo directo. Hay que hacer un trabajo con los funcionarios que son proclives al proceso en lo referente a la inamovilidad laboral. El Partido Comunista en Chile ha incluido este tema como objeto de discusión, porque entendemos que para avanzar hoy día en la democracia de nuestro país no podemos tener inamovilidad laboral en el Estado. A pesar de que el Estado sigue siendo el instrumento de dominación, nos encontramos con el tapón que genera la reacción de ciertas corporaciones que defienden determinados intereses. Llevamos doce años sin lograr una reforma constitucional dura porque el sistema es demoníaco: se requieres de más de 67% de los votos del senado y de la cámara de diputados para transformar la Constitución, a pesar del sistema nominal que dice que el 30% empata con el 60% de los votos; aquí hay un candado sin solución, nunca una fuerza política en Chile podrá tener 67% de los votos, a no ser que se produzca una alianza tan amplia de los sectores democráticos, cosa que es imposible hoy día con la configuración política existente. Por lo tanto, donde somos gobierno hemos entregado el manejo de los recursos por la vía de fondos concursables; también hemos entregado el control de la gestión pública a la comisión comunal de pla-

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nificación. Hemos planteado que la evaluación de los cargos debe ser pública, abierta e informada. Otra situación que nos tranca es que no existe evaluación funcionarial de los servicios públicos ni de las cuentas de gestión; no existe evaluación de los técnicos ni de los políticos, tampoco hay construcción de variables, dimensiones, indicadores que permiten evaluar la gestión. A este respecto, hemos tenido pequeños avances que han empezado a dar frutos, por lo menos para abrir una discusión que para nuestro país es imprescindible. Por último, la evaluación de los resultados y la reformulación cotidiana de la política es un derecho que debe asistirle a todo el pueblo organizado. En nuestro país no existe la participación como atribución legal. Quiero comentarles que la única participación legislada en los cuerpos legales del país, es la que se refiere a los planes reguladores comunales, que ordenan que el proyecto, después de terminado, debe ser expuesto durante 15 días en un lugar público de la comuna, con el objeto de que el gobierno comunal reciba las observaciones de la comunidad por escrito; y, a puerta cerrada, decide si las incorpora o no, luego informa a la comunidad a través de los diarios. Esta es la única participación comunitaria que hoy día está legislada, todo lo que esté fuera de eso es simplemente voluntad política de algunos alcaldes, de algunas esferas del poder político, que han decidido abrirse, porque entienden que esto está mal. Basados en nuestra experiencia, consideramos que la participación nace de la voluntad política de poder, de la vocación de poder; la ley no sólo en Chile sino que en todas partes ni siquiera es el punto de partida, menos el punto de llegada de la participación. Creemos que en un proceso revolucionario la voluntad política de poder y la participación sólo debe tomar como punto de partida lo que está legislado y no como punto de llegada. Es decir, las organizaciones sociales deben ser capaces de desarrollar mecanismos de participación hasta más profundos que los que están escriturados en la Constitución y las leyes, haciendo de la metodología una discusión de todos

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los días, en el entendido de que no hay nada que esté planificado que no pueda cambiarse; e ir incorporando elementos de la gestión y planificación estratégicas a la actividad cotidiana de las organizaciones sociales. Entendemos la participación como una herramienta para una democracia real; pero una democracia real no tiene que ver con los votos, tiene que ver como lo conocen ustedes, como lo viven hoy día ustedes acá con la democracia política, con la democracia económica, con la democracia cultural y recreativa; y por lo mismo, entendemos el desarrollo sustentable como aquel que toma en cuenta fundamentalmente las necesidades de las personas y del sistema en su conjunto, tanto natural como no natural, y que la participación es uno de los objetivos que debemos alcanzar para lograr el desarrollo sustentable, tal como lo consagra la Constitución de ustedes. Consecuentemente, ¿qué acciones hemos tomado en Chile para lograr los objetivos inherentes a lo que ustedes llaman contraloría social y que para nosotros recién empieza a ser participación ciudadana? Primero, generar la dualidad de poder; es decir, hoy día el Partido Comunista, las organizaciones sociales donde nosotros estamos incorporados, están dedicadas a tratar de responder y satisfacer las necesidades que el Estado no es capaz de resolver, porque no le interesa; por ejemplo, estamos trabajando en la equidad dentro la educación pública universitaria, que no existe. En la universidad estatal, que es la más barata de mi país, la carrera más económica cuesta alrededor de 200 dólares mensuales, y el sueldo mínimo está en 160 dólares mensuales, así que el 90% de mi país no tiene acceso a la universidad. Cuando hablamos de dualidad de poder nos referimos al establecimiento, por ejemplo, de los universitarios populares, que son escuelas para aquellos que van a presentar la prueba de aptitud para ingresar a la universidad, porque es tan distinta la educación pública de la educación privada que sin estudio preuniversitario los jóvenes de escasos recursos de mi país no pueden acceder a la universidad.

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Con esta iniciativa hemos recibido un respaldo grande a nivel de la juventud, lo que no pasa en otras esferas de la política chilena. Desde hace bastantes años contamos con las federaciones estudiantiles de forma indiscutible en el ámbito de la izquierda política chilena; éstas no tienen expresión en el parlamento pero sí en el mundo social y en los colegios profesionales. Entendemos que ésta es la forma para construir el poder popular, responder a lo que no responde el Estado. Hemos generado una red de asistencia médica y hemos tratado de reproducir y digo hemos tratado, porque es muy difícil el sistema del médico de la familia que nos enseña el sistema de la revolución cubana, a través de médicos y de alumnos de últimos grados de medicina que visitan constantemente y que actúan como apoderados de un sector de la población, practicando la medicina preventiva más que la curativa. Además de aliviar la carga al Estado, por otra parte, construye poder popular, al demostrarle a la gente que es capaz de resolver sus problemas prescindiendo del Estado. Aquí apuntamos a la suplantación del Estado como instrumento de dominación. Ya tenemos la experiencia del proceso de Salvador Allende, que una vez en el poder no tuvimos ni la fuerza ni la voluntad para llevarlo a cabo, porque no podíamos destruir o transformar radicalmente aquel Estado que nos tocaba administrar para poder satisfacer las necesidades de la gente. Yo creo que ustedes están mucho más adelantados, más maduros, más desarrollados. Considero que las misiones representan esta realidad, en el sentido de que lo que no ha hecho el Estado, debido a todas las trabas que conlleva, lo puede hacer la revolución en forma paralela; saltándose al Estado que no permite avanzar porque todavía es un Estado de la Cuarta República y no de la Quinta República. Esperamos que en el breve plazo puedan ustedes planificar. Ahora quiero presentar el siguiente cuadro de evaluación funcionarial, que se podría dar para una buena discusión. La gente elaboró una tabla de evaluación para los funcionarios municipales, en la cual

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se definían dimensiones, variables e indicadores. Dicha evaluación valorará la formación técnica profesional, la formación cualitativa, la disciplina profesional, la participación social, el grado de cumplimento del rol subjetivo en su entorno social, la contribución a la elaboración de un diagnóstico acertado de la realidad social y política. Quiero hacer énfasis en que esta forma de evaluar la impuso la gente, no los técnicos. Quiero destacar, por ejemplo, la pregunta número 25 de dicha evaluación: ¿El funcionario sostiene y defiende públicamente las posiciones y la política municipal en los lugares donde se desenvuelve? Y a esto le ponían nota. O ¿expresa públicamente su función de funcionario municipal en el ambiente donde se desarrolla?, o ¿disputa abiertamente el liderazgo del lugar donde se desarrolla?, o ¿contribuye a difundir públicamente la línea política del municipio? La verdad es que la primera evaluación resultó un desastre político, ya que más del 90% de los funcionarios públicos reprobaron, no estuvieron a la altura de las expectativas de la gente. Sería interesante atreverse a construir variables, dimensiones, indicadores de evaluación de los funcionarios públicos del gobierno revolucionario de Venezuela, quizás con esto nos ahorraríamos mucho tiempo. Quiero agradecerles la paciencia y la posibilidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias.

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Ronda de preguntas 3

RAFAEL HIDALGO / Cuba. Voy a comenzar por una pregunta que me parece muy interesante: Los imperios no van a ceder su poder y su fuerza, no se van a doblegar, ¿cómo hacer que los hermanos cubanos puedan disfrutar un poco más de las cosas de la vida manteniendo los mismos ideales? Yo quiero precisar un concepto. Socialismo en la concepción nuestra no es reproducción justa de la miseria, como concepto para nosotros debería ser amplia y creciente satisfacción de las necesidades materiales y espirituales, y la estrategia cubana de desarrollo va en esa dirección. Socialismo es otra cosa, es racionalidad en el consumo, no irracionalidad. ¿Por qué fijo estos tres conceptos?, porque con frecuencia juzgan nuestras dificultades materiales como si se tratase de algo estructural, inherente al tipo de sociedad que construimos. Yo le respondería que nos quiten el bloqueo, como dijo el ministro, y ustedes van a ver lo que va a pasar. Yo quiero significar lo siguiente: Cuba era un país monoproductor en el año 59, un país con un deterioro social que no era comparable con el que tenían otros países latinoamericanos de la época, pero sí con un alto grado de subdesarrollo y desigualdad; solamente en el campo teníamos 600.000 desempleados, en una población que no llegaba a los 6 millones de habitantes. ¿Qué ha logrado Cuba en materia de desarrollo

material? Aquí quisiera fijar ese elemento fundamental porque son muchas las cosas. ¿La estrategia nuestra cuál fue?, ¿utilizar los ingresos que llegaban en divisas para satisfacer las necesidades materiales? Eso se pudo haber hecho, ahora, eso nos hubiera impedido tener lo que hoy tenemos (un sistema de salud a nivel del primer mundo...), porque hay que invertir, no consumir; si hubiéramos priorizado el consumo individual hoy no tuviéramos una industria de biotecnología que nos va a permitir con la vuelta de los años, cuando no haya bloqueo porque algún día va a desaparecer , competir en el mercado sin necesidad; nosotros tenemos ramas y producciones que podría satisfacer con amplitud las necesidades de consumo y más; sólo en el área biotecnológica, no hablemos ya de la informática (que tiene dos universidades dedicadas solamente a ella), Cuba puede competir hoy día con una tecnología de punta, pero ¿qué ha significado eso? Una restricción material al consumo, esa es una realidad. ¿Limitan de alguna forma ustedes la creación de ideas para hacer una contraloría social? No, lo único que nosotros limitamos en Cuba es la acción contrarevolucionaria. Para nosotros cualquier idea, surja de donde surja, que ayude a elevar la eficacia social no solamente es bienvenida sino que es estimulada, porque de lo contrario no avanzamos al ritmo que necesitamos. Los famosos disidentes no están detenidos por sus ideas políticas, están detenidos por estar realizando acciones comandadas por la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba, de lo contrario no estarían detenidos. Personas que no comulgan con el socialismo y con la revolución, existen miles, 200.000, 300.000, no sé, yo les puedo dar las cifras de participación en las elecciones nuestras que están en el 99% en algunos casos 97%, 95%. Quiere decir que hay decenas de personas pero no han cometido delitos contrarrevolucionarios. Si algún elemento restrictivo existe en Cuba y lo digo

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con orgullo es que no permitimos que ellos por vía artificial logren lo que por vías del consenso no han sabido ganar, sencillamente. Hay una pregunta muy compleja: Nuestra administración pública está podrida, ¿con qué herramientas ustedes la sanearon? Voy a responder con aquella gloriosa expresión de Benito Juárez: El respeto al derecho ajeno es la paz ; por respeto a ustedes me voy en blanco, no respondo, no le corresponde a ningún diplomático hablar de la realidad interna del país en que actúa, son los venezolanos a la venezolana. ¿Les ha hecho falta a ustedes crear una ley de contraloría? Yo no me siento capacitado para responder esta pregunta, desde el punto de vista especializado, porque es que realmente en las condiciones de Cuba toda la legislación está orientada a consolidar diversos grados de participación sectorial o general; quizás en otro contexto, en otro sistema político quizás lo sea, nosotros hemos hecho una ley de defensa de los derechos del niño y la familia, tenemos leyes de esta naturaleza que lo que buscan es consolidar los avances de la revolución en el plano social, pero sobre todo garantizar desde el punto de vista institucional que los distintos segmentos puedan ejercer sus derechos. ¿Cuál es la estructura de los comités de defensa? Primero, constituyen la organización social mayoritaria en el país, surgen como respuesta a una necesidad de la defensa nacional, en los años 60, después que nos hicieron estallar un barco y comenzó una lucha de guerrillas urbanas contra el gobierno revolucionario. En aquella época no teníamos servicio de seguridad a la altura del grado de agresión que había, ¿cómo se resolvió? Llevando a la práctica los conceptos que yo les leí: si la revolución es una asociación de hom-

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bres libres dispuestos a consolidarla, esos hombres libres en asociación deben defenderla y eso fue lo que se hizo. ¿Cómo se organizaron? En cada cuadra, donde habían diez familias revolucionarias, las diez se organizaron, hoy están todas organizadas. Una vez que logramos derrotar a la contrarrevolución, a finales de los años 60, se gastaron miles de millones en una sierra que está en el centro del país, porque era abastecida por avión por los Estados Unidos. Primero los penetramos, les quitamos su base social y después comenzamos a dedicarnos a la obra de construcción en otros terrenos; no quiere decir que no haya habido un trabajo de realizaciones sociales concretas, nos dimos cuenta que ese instrumento que había surgido y que se había diseminado y se había multiplicado en millones de células era un instrumento vital no sólo para la defensa contra los mayameros, sino que era un instrumento de control social insustituible. No hubiéramos podido hacer en los primeros años de la revolución procesos de vacunación masiva en cuestión de días si los responsables de salud de los CDR no lo hubieran garantizado, no hubiéramos podido erradicar la polio, no hubiéramos podido erradicar otras enfermedades, no hubiéramos podido lograr un control de las enfermedades de la mujer como hoy existe, no tendríamos hoy un control del cuadro epidemiológico del modo que existe, no tendríamos como tenemos hoy un control de los jóvenes que necesitan una pensión social priorizada, nombre a nombre, no tendríamos hoy el trabajo que estamos haciendo con las familias, hay familias irresponsables, sí, con esas familias hay que trabajar, hay que enseñarlas a educar a sus hijos, nosotros hemos dicho que mientras tengamos presos por delitos comunes nuestra sociedad no es totalmente lo que queremos y ese es un planteamiento que nos hacemos todos los días, mientras haya un joven que comete un delito, algún problema tenemos que resolver. Con ese criterio los CDR están haciendo junto a la Federa-

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ción de Mujeres Cubanas un enorme trabajo profiláctico y educativo, la estructura tiene frente de defensa, de salud, de organización. Yo era presidente de un CDR, ¿qué hicimos? Un CDR infantil, ellos limpiaban; porque el problema no era que tuviéramos que limpiar el césped del edificio de microbrigadas, sino que los muchachos no participan en su cuidado y entonces era una locura todos los días. Así, los organizamos y cuando venía un muchacho de otro edificio, siempre había alguien peleando defendiendo para que no le destruyeran su jardín; incluso, empezamos a descubrir formas de que cuidaran, de que se instruyeran en los centros de computación, con amas de casa... Los CDR constituyen una mina por explotar en posibilidades de que la comunidad actúe integralmente en todos los terrenos, salud, educación, formación, cultura. Ante la última amenaza de Estados Unidos a Cuba para amedrentar al pueblo venezolano, ¿cuál es la respuesta que unidos debemos dar? Si todos logramos que esas misiones que nos han hermanado funcionen bien le vamos a demostrar a Estados Unidos y a los latinoamericanos que en América Latina es posible y necesario crear formas alternativas de integración eficiente. Si se da una agresión, no tengo la menor duda que ser hijo de Bolívar no es cualquier cosa. Les quiero decir que hay un gran problema con la cubanización y se lo he dicho a gente de la oposición en uno que otro momento: nosotros estamos venezolanizados desde que empezamos a estudiar, cuando a nosotros los cubanos nos empiezan a hablar de los tres héroes, resulta que esos tres héroes comienzan con Bolívar, y cuando comenzamos a estudiar historia, comenzamos con la historia de Venezuela. Ojalá estemos venezolanizados todos, chilenizados todos o colombianizados todos, porque ese día América Latina va a ser distinta.

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¿Por qué un miembro del partido no puede participar de la asamblea popular? Yo no dije eso, no puede llegar un militante del partido a decir Yo como militante propongo a Gabriela que la quiero mucho , él puede decir Yo como ciudadano propongo a Gabriela . Porque un partido en condiciones de una sociedad como la nuestra tiene que buscar mecanismos funcionales para poder actuar de factor de equilibrio de la sociedad. Nosotros venimos de una tradición que no es marxista en ese sentido, tiene que ver incluso con conceptos que se debatieron hace más de 135 años, en la Asamblea de Guáimaro el 11 de abril del 1869, donde se discutió si en las condiciones de Cuba de aquel momento debía darse la división de poder o de unicidad de poder con funcionamientos asegurados a los distintos órganos de poder estatal. Esa fue una tesis que defendió Pablo Manuel de Céspedes. Principalmente uno de los problemas que tuvimos en la primera guerra de independencia es que el proceso de la toma de decisiones dentro de una concepción democrática liberal de la época no permitía que lo que se decidía en Guáimaro se llevara a los campos de batalla con la prontitud que requería. Era mando único, y eso fue generando toda una concepción de cómo garantizar ese poder único del pueblo pero con la garantía plena al funcionamiento adecuado de las instituciones y en respeto a los derechos humanos e individuales de la población. Dejo claro, el partido como organización no postula, se supone que los integrantes participan. ¿Actualmente cuál es el mayor problema y cuál es el mayor éxito? Mayor problema: El bloqueo que no nos ha dejado desarrollar el país del modo que lo vamos a hacer el día que no lo tengamos, los que dicen que el socialismo es intrínsecamente perverso y esencialmente ineficiente, les lanzo un reto: quiten el bloqueo y vamos a ver qué es el socialismo.

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Mayor éxito: La dignidad que tenemos, el sentido del orgullo nacional que hemos consolidado en 45 años, el que no nos baja la cabeza ni nada ni nadie, el que hemos aprendido a rectificar con honradez cuando nos equivocamos, el que no tenemos miedo a decir tenemos que cambiar, el haberle dado a la mujer el papel que tiene, como decía Martí, La mujer culta y virtuosa funge la obra con su sonrisa , la obra es inmortal y ustedes lo están demostrando y en Cuba se ve. Y el otro éxito es el sentido de solidaridad en que nos hemos educado, solidaridad no es distribuir lo que sobra, solidaridad es dar lo que casi no se tiene. Muchas gracias. ALBERTO CONTRERAS / Colombia. ¿Cuál ha sido el apoyo que el gobierno de Uribe les ha prestado en la aplicación de las veedurías y cuál ha sido el papel de las veedurías en la aplicación del Plan Colombia, cómo ha afectado la aplicación de ese plan el desarrollo de esas veedurías? Bueno, les comentaba que la Ley Estatutaria de Veedurías tuvo dos debates de legislatura y por casualidad le tocó a este gobierno sancionarla, porque si no lo hacía previo aval de la Corte Constitucional le tocaba sancionarla al presidente del Congreso. Lo hizo, pero, paralelo a ello, en el Ministerio del Interior organizaron un proceso de veedurías diseñadas a su medida, lo cierto es que no les ha resultado muy bien porque ya hay una identidad: la población exige una coherencia en el quehacer de las veedurías ciudadanas y les pide informes; por ejemplo en el caso del Plan Colombia ha habido mucha corrupción en el componente social, se han denunciado, ha habido informes de la Contraloría General de la República sobre el desvío de estos recursos. Debemos llamar aquí la atención a un frente que igualmente se tiene que trabajar mucho más, y es sobre la reflexión ética al interior de las organizaciones no gubernamentales, ejecutoras de los recursos del Plan Colombia. ¿Por dónde se han hecho estos proyectos? Con ONGs que conforman organizaciones digamos avaladas

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por representantes o políticos y ya es muy evidente que ha habido desvíos, que se han denunciado a través de comités de veedurías y que la Contraloría igualmente ha sancionado. Pero el otro componente que es el componente militar del Plan Colombia, que es una imposición de una estrategia que no tiene legitimidad para resolver un problema global, el narcotráfico. Aquí ya se habla de hacer una veeduría inter-social, al interior de las Naciones Unidas, sobre ese principio de corresponsabilidad. Hay que ser muy abiertos y creativos frente a la magnitud de un problema que es el primer o segundo negocio ilícito más grande del mundo; cuando se hacen decomisos de precursores químicos, éstos vienen de países desarrollados; igualmente se llama la atención sobre estas sociedades, sobre los controles que operan en esta sociedad consumidora de estos alucinógenos, para que se solidaricen con este drama muy profundo que hay en la sociedad, de padecer una guerra impuesta al pueblo colombiano, drama al que se suma el deterioro enorme de los recursos naturales. ¿Por qué los veedores ciudadanos no participan en controlar el Plan Colombia que cada día logra distraer más a Colombia en su soberanía en general? Sí hay organizaciones muy ligadas a la defensa de los Derechos Humanos; desde el ángulo de la veeduría se ha vigilado cómo se orientan los recursos a través de muchas ONGs, organizaciones que han descuidado su ética, su pertinencia social. Por eso hay un trabajo muy fuerte de llamado de atención a este tipo de organizaciones, que están asumiendo el papel de una labor residual de desmonte del estado soberano. Por eso ha habido cuestionamiento en las veedurías y por eso en muchas ocasiones hemos recibido confrontamientos de ONGs de corte neoliberal, que han manejado recursos de condonación de la deuda externa para proyectos como medio ambiente des-

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cuidando estos mecanismos de deliberación de legitimación de esas inversiones con la población. ¿Qué opinan las veedurías ciudadanas sobre el Plan Colombia y la presencia de las tropas? Es un tema donde el mismo Congreso y donde voces democráticas han sido calladas, han sido marginadas del debate de su pertinencia. El conjunto de la población no acepta ese tipo de intromisiones, pero aquí estamos observando que se tiene que pensar como comunidad andina, como bloque americano. Por ejemplo en Ecuador las organizaciones exigieron una medida de control sobre las fumigaciones y sobre otros tipos de intromisiones en el área de frontera, y no debe ser sólo sobre esa área o corredor de alta biodiversidad sino igualmente sobre otros ecosistemas que son vulnerados y agredidos. ¿La oligarquía colombiana ha saboteado de alguna manera esa veeduría? Pues les cuento algo bien particular. Hay una organización que se llama Trasparencia Internacional, hace cerca de diez años ex funcionarios del Banco Mundial, en nuestro criterio tal vez un poco preocupados sobre lo que habían dejado de hacer, crearon esto con sede en Berlín, Alemania. En el caso de Colombia es una ONG que, cuando surge la veeduría, ellos aparecen en los medios de comunicación organizando una veeduría muy oficial, pero lo cierto es que al momento de mostrar resultados ellos no encuentran nada; dicen que su función no es denunciar sino propiciar una reflexión política en el gobierno sobre la política anticorrupción; la discusión con ellos es de este corte. La Constitución y las leyes nos señalan obligaciones a todos los ciudadanos, más aun cuando tengamos indicios graves sobre hechos delictivos debemos denunciarlos, porque ellos no lo hacen, y sí lo hacen ciudadanos que aun no han pasado muchas veces por las uni-

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versidades. Esas son formas de paralelismo que se encuentran obviamente en una sociedad tan compleja como la colombiana. ¿La exclusión, el egoísmo magnificado, ha funcionado de alguna manera en la organización de la corrupción en Colombia? Pues yo pienso que es evidente, hay una frase de Ghandi que colocamos, que guía mucho el quehacer de la veeduría y dice: Los bienes de la naturaleza son para satisfacer las necesidades básicas del hombre y la mujer, más no su ambición y egoísmo . Luchar contra el egoísmo es una tarea que diariamente se tiene que realizar, una práctica cultural para entender la grandeza de realizar la solidaridad. Al respecto hay formas novedosas de interpelar, por ejemplo, la sociedad rural a la sociedad urbana frente al problema evidente que se viene con el TLC (Tratado de Libre Comercio): han surgido formas de llamar a contratos de solidaridad para que esa producción agrícola, esa producción aún con algún nivel de transformación de la sociedad rural sea puesta en consideración en atención a los consumidores y no dejar en los medios de comunicación todo el aparato de publicidad. ¿Cómo los ciudadanos pueden hacer contralorías en aquellos departamentos donde los paramilitares y guerrillas tienen el control sin que éste salga asesinado? Ha habido asesinatos, ha habido situaciones muy riesgosas, desapariciones. Puedo citar al Norte de Santander, en el Tolima, porque estos actores armados para decirlo en esos términos indudablemente buscan que las organizaciones sociales tomen partido; no respetan los ritmos democráticos ni las acciones que con base en la Constitución realizan las veedurías ciudadanas y otras organizaciones sociales; ese es un riesgo evidente en Colombia. ¿Cómo se busca atenuar ese riesgo? Vía las redes, que las denuncias no la hagan en los municipios donde, digamos, hay una presencia alta de la delincuencia paramilitar, sino que la asuman organizaciones que tengan

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niveles de seguridad en las ciudades capitales, otra es las denuncias vía Internet, buscando obviamente proteger la vida de estas personas. ¿Qué programas sociales en salud tiene Colombia y ha desarrollado con éxito? El sector salud sufre gravísimos problemas; recientemente el gobierno habla de un crédito con el Banco Mundial de 250 millones de dólares para la reforma del sector hospitalario. Son situaciones muy contradictorias porque la ciudadanía se ha protegido de esa agresión utilizando masivamente la acción de tutela, para que la gente que tenga distintos tipos de patologías, de complicaciones, tenga acceso al derecho humano de la salud, es un derecho humano fundamental. ¿Cómo las veedurías manejan la presión que ejerce la subversión y el mismo Estado o sus representantes? Son los mismos factores de riesgo, no se puede ocultar sus incidencias, pero aquí la sociedad ha sido particularmente creativa. Quiero comentar por ejemplo el caso del plan de desarrollo de la región del Somapaz. ¿Por qué hay gran interés de que se hagan rápidamente los planes de manejo de estas áreas? Pues indudablemente hay recursos naturales, pero también derechos adquiridos de una población que, vía la incomprensión de las élites del país, los llevaron a habitar zonas de más de 3800 metros de altura; hoy en día se plantean formas de compensación. Debo señalar que en los planes de desarrollo de Bogotá, de Cundinamarca, en la región estratégica central del país, se aprobaron formas de compensación a los pobladores rurales por una función que se ha comenzado a denominar la de los cultivadores del agua , es decir que es una forma de darle una connotación diferente a esa labor que realizan los campesinos de cuidar los ecosistemas.

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¿Qué están haciendo las veedurías con respecto al ALCA y también con la intromisión de las Fuerzas Norteamericanas? Debo comentar que hasta la semana pasada se hablaba de un TLC, Colombia con Estados Unidos, y sorprendió que se vincularan rápidamente Perú y Ecuador. Hay un llamado de atención a la comunidad andina porque los riesgos son muy altos. Estados Unidos sigue teniendo unos subsidios agrícolas que premian la ineficiencia de sus productores y la falta de solidaridad. Aquí estamos hablando que la ruralidad en Colombia y la respuesta social del Estado es estructural, debe ser muy responsable si se quiere resolver el conflicto social y el conflicto armado en Colombia. Por eso la actuación debe ser en bloque y en esto el Tratado de Libre Comercio busca el libre mercado en beneficio de los intereses de los exportadores de trigo a los Estados Unidos, avalados por las altas transferencias de los mismos contribuyentes norteamericanos que aplastan al aparato productivo de nuestros países. En materia de corrupción, contraloría social y justicia, ¿cuál es su opinión de la muerte de un alcalde en Perú ajusticiado por una población? Indudablemente que no estamos de acuerdo con ninguna forma de violencia para resolver, como se ha denominado en Colombia, un problema cultural y sistémico. El problema de la corrupción debe verse también como el problema de un modelo económico que premia el egoísmo, la ambición por encima de la solidaridad; aquí deben construirse o elaborarse propuestas aun para invitar en el marco de los Derechos Humanos aquellas conductas desviadas del verdadero propósito. Además, está en la Constitución el privilegiar el interés general sobre el particular. ¿Existe algún plan de emergencia para asistir a la gente muy pobre e indígenas de las poblaciones más deprimidas?

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Vía las orientaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, el gobierno insiste en la focalización del gasto público. Todo tipo de focalización es una actuación contraria a los principios constitucionales, porque el tomar una fotografía o alguna muestra representativa sobre algunos pobres, siempre genera imperfecciones y conflictos de distribución entre los que han sido favorecidos con la bolsa de mercado o los que han recibido una beca y eso no se corresponde a los estados de derecho. ¿Cree usted que el gobierno pueda ceder a la compra de armas de guerra con la excusa de hacer cacería de guerrilleros y no utilizar esa cantidad de dólares en la ayuda a las necesidades del país? Son dilemas muy fuertes porque hay una guerra muy evidente contra las organizaciones sociales, contra todo lo que señale cauces democráticos. Igualmente se debe motivar un llamado de atención directo a esas bases norteamericanas que con sus impuestos promueve que la industria armamentista genere sus rentas a costa de la vida y de los derechos humanos en Colombia. Pero igualmente no estamos muy lejos de avanzar en formas muy novedosas de interpelar a la sociedad desarrollada sobre sus compromisos en cuanto a la discusión del presupuesto, vía concepto de gobernabilidad y de homogeneidad, que impone un capitalismo por fuera del respeto de la soberanía y de avances normativos que se han dado los pueblos. ¿Cuándo los colombianos tendrán un gobierno revolucionario teniendo a la FARC y ELN que luchan por esa causa? La veeduría ciudadana cree que la revolución es suficientemente revolucionaria; no estamos de acuerdo con ninguna forma de violencia, ni de derecha ni de izquierda. Estamos en veedurías de respeto a los derechos humanos, sociales y culturales en regiones como el Tumapaz, bajo una comprensión distinta de la solidaridad entre la sociedad rural y la sociedad urbana. Pero aquí tenemos que mencio-

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nar igualmente que hay un pasado de exclusión, de marginación, de castigo de las ideas de la diferencia que sólo con gran generosidad y con respeto a la tolerancia se pueda evidenciar que hay cauces democráticos. Aquí los invito a todos, somos pueblos que hemos tenido un trazado, una orientación similar en la historia. En Bogotá, una ciudad de 7 millones de habitantes, hay un experimento político muy singular de las fuerzas de la izquierda democrática, el polo democrático; seguramente podrá avanzarse para que se ejerzan gobiernos de corte democrático, de corte socialista, para que se resuelvan los conflictos de forma pacífica. Pero ahí hay una veeduría, yo pienso que no podemos dejar que fallen ellos; sabemos que el gobierno está comenzando, llevan 100 días y no podemos hacer balances, pero qué bueno que en la reflexión ética de los padres de la sociedad democrática y socialista se llamen la atención cuando existan dudas sobre el deber ser, sobre la coherencia de este tipo de organizaciones. Yo estoy abierto vía correo electrónico a compartir este tipo de ejercicios de desarrollo de la democracia. Nuevamente gracias a FIDES y a todos los que hicieron posible el transmitir estas ideas y comentarios, muy amables. DANIEL JADUE / Chile. Agradeciendo saludos que han hecho llegar, voy a partir con dos preguntas que tienen que ver con la realidad de lo que llaman familia militar en mi país. Una de ellas es si una asamblea popular a nivel nacional podría juzgar a Pinochet evitando la burla de la oligarquía chilena y que se venza la mortandad de los años 70. Debo decir que el pueblo chileno hace mucho rato que juzgó a Pinochet. A esta altura no tiene la expectativa de juzgar a Pinochet porque se han concertado los intereses tanto de la derecha como del centro democrático para establecer un pacto de lo que ellos llaman gobernabilidad y que tiene como eje central dejar tranquilo al asesino, al dictador, y no sólo a él sino también a varios de los que con él

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robaron siendo civiles que estuvieron en el gobierno. Mi país sufre de una amnesia delicada y no creo que llegara a ver que alguien sufre a Pinochet. No obstante les quiero dar una noticia: Pinochet pertenece a una familia longeva, sus padres ambos murieron bastante pasados los 100 años y, por lo tanto, esperamos que en Chile viva bastante más porque los comunistas, por lo menos, no lo vamos a dejar tranquilo y vamos a seguir presentando las querellas que sean necesarias mientras esté vivo. ¿Por qué la sociedad colectiva de Chile ha permitido que los militares les quiten sus derechos siendo la mayoría? Yo creo que aquí hay que entender un poco la configuración y la historia de Chile. Nosotros no tenemos la suerte (para nosotros es un sueño) de contar con eso de militares democráticos, incluso de militares de izquierda, para nosotros eso es un eufemismo. En mi país existen las fuerzas armadas divididas por segmentos: hay una escuela de oficiales que son los que pueden llegar a comandar el ejército, es una escuela de clases donde tú para poder ingresar tienes que hacer un depósito en una cuenta corriente de las Fuerzas Armadas de cerca de 8.000 dólares, para garantizar todos los valores que significan poder estudiar, los útiles, los uniformes, de partida... Entonces no sólo está separada sino vedada en Chile tanto para la clase media, como de la clase baja. Nosotros no tenemos militares del pueblo que lleguen a generales. La escuela de suboficiales es muy parecida en cuanto a su discriminación, la tropa y esto es increíble se define cerca de un 40% de izquierda, pero la cultura chilena y la cultura de la familia militar impone la obediencia, la verticalidad del mando y esto es bastante dramático. Yo les quiero decir que en mi país, yo que soy del Partido Comunista de Chile, independientemente de mis títulos y de mi condición de académico profesional y de trabajar con mucha gente y de ser asesor de planificación de todos los sectores políticos, yo sigo siendo un

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enemigo interno. Así está definido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Doctrina de Seguridad Nacional, que sigue vigente en mi país. Los comunistas somos enemigos internos y estamos sometidos en cualquier minuto a que se nos pueda reprimir (como se nos sigue reprimiendo en nuestras manifestaciones). Los militares no son una mayoría, pero están ligados estrechamente a los poderes fácticos de mi país, y faltan todavía procesos de democratización muy amplios tanto de la sociedad como de las fuerzas armadas para poder llegar a ver fuerzas armadas, ni siquiera proclives a izquierda, sino democráticas. Así que no lo veo viable por ahora. Además aquí hay que hacerse un autocrítica muy seria, sobre todo los partidos de izquierda que durante años hemos adolecido de no tener una política militar seria, coherente y de mediano y largo plazo. No hablo sólo de la oportunidad de estudiar seriamente en aparatos que nos permitan defender a nuestro pueblo de una situación similar a la del 73, sino que también de una política de intervención, de infiltración, de difusión hacia las fuerzas armadas para intentar cambiar su historia y su cultura institucional. Agradezco a los compañeros socialistas chilenos que están aquí presentes. En Chile los comunistas sentimos que estamos condenados a reeditar la unidad de la izquierda con el protagonismo de los comunistas y los socialistas; quiero decir que esperamos paciente pero ansiosamente que los socialistas abandonen la concertación de partidos por la democracia y vuelvan a optar lo antes posible por la unidad de la izquierda y por un proyecto alternativo al neoliberalismo en Chile, porque sabemos los chilenos que juntos podemos hacer muchos cambios trascendentales para nuestro país. Agradezco los saludos y los devuelvo con toda fraternidad a mis hermanos socialistas. Hay dos preguntas que hablan sobre el conflicto con Bolivia. Para nosotros sigue siendo un conflicto pendiente el de la salida al mar. Quiero hablar primero a título personal: además de chileno soy de origen

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palestino y no acepto las anexiones de territorio por la fuerza, ni las actuales ni las pasadas, personalmente, y mi partido también lo cree así, estamos convencido de que Chile debió hace rato entrar en conversaciones con Bolivia para dar una solución definitiva que incluya una sesión o un intercambio de soberanía. En Chile, y lo dije cuando estuve aquí en Venezuela en el Encuentro Mundial de Solidaridad, también hay quienes soñamos bañarnos en una playa boliviana, y eso no significa ser menos patriota ni menos chilenos. No obstante eso, creo es la aspiración que tiene mi partido y yo en lo personal que una solución de esa característica no es más que un paso intermedio para una integración real de todos los países del continente, porque la verdad es que en este siglo, un siglo de una mundialización bárbara, los comunistas chilenos estamos convencidos que el estado nacional es parte del pasado, es parte de la historia nacional y lo que viene son los bloques regionales. Necesitamos tener una Latinoamérica fuerte y unida, hemos incluso pensado en trasnacionales estatales y en una serie de apuestas que nos permitirían como pueblo y como gobierno revolucionario cuando lo tengamos afrontar de una manera más adecuada este proceso que es bastante bárbaro e inequitativo. Lo vuelvo a decir y lo sintetizo, para que quede clara la posición del Partido Comunista Chileno: es sumamente proclive a entregar una salida al mar a Bolivia y a desarrollar un proceso integrador no sólo con ella sino con todos los países del continente. Aquí hay una pregunta que dice que si en el proceso que vive Chile no existen líderes con voluntad de acabar con esa pseudo democracia. Existen, pero somos todavía una minoría muy grande y quienes están disfrutando del bienestar de un gobierno que les permite hacer uso de muchos recursos han abandonado o han olvidado temporalmente las promesas que le hicieron a su pueblo y a su partido. Hoy

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día los que se dicen demócratas en Chile y a mí me da mucha risa y dolor a la vez , miembros del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, opinan que Chávez es un tirano y que acá no hay libertad de expresión; los hemos confrontado incluso en la televisión chilena y les hemos preguntado si ellos estarían dispuestos a someter a referéndum la Constitución del 80 (que es la Constitución de Pinochet), o si ellos estarían dispuestos a someter sus cargos a un revocatorio del pueblo y no ir a mentir cada cuatro años cuando están en elecciones. Les hemos preguntado si son capaces de hacer la décima parte de lo que ustedes tienen aquí como proceso democrático: sabemos que no están dispuestos. Hoy día no hay líderes que logren acarrear a mucha gente, y es lamentable que el pueblo socialista y de la izquierda en Chile tenga una confusión histórica pero que es trascendental: se piensa que hoy tenemos en Chile al segundo presidente socialista en los últimos cincuenta años, lo que no es cierto; se piensa que defender a Lagos de la derecha es lo mismo que defender a Allende, y no es cierto. Se piensa que Lagos puede ser algo así como continuador de la noble tarea del noble compañero Salvador Allende y esa falta de memoria y esa confusión vital tiene a mi país paralizado y espero las superen lo antes posible. La última pregunta. ¿Qué elementos de la sociedad deben cambiar para lograr cambios a nivel de la gente? Una sociedad se estructura, primero, en una base material y luego en una base valórica que convergen de manera dialéctica para establecer la realidad social. Nosotros los comunistas creemos que lo primero que hay que cambiar en la sociedad para poder pasar a cambios más de fondo es la base material; si primero no aseguramos un bienestar mínimo a todo nuestro pueblo, difícilmente podemos soñar con tener valores distintos. Ahora, creemos que quienes tiene los problemas básicos resueltos tienen la misión de comenzar a trabajar por un cambio a nivel valórico en la sociedad que se oponga a los antiva-

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lores que nos promueve el sistema. Es decir, hay que acabar con el individualismo imponiéndole a él la solidaridad y la responsabilidad social. Hay que acabar con el consumismo aprendiendo que somos un poco de naturaleza y de donde vienen los conceptos de desarrollo sustentable. Marx en el Manuscrito Económico Filosófico del 44 que se llama El trabajo en el senado , define la naturaleza como el cuerpo inorgánico del hombre; muchos dicen que Marx no se preocupaba del medio ambiente, yo tengo un opinión bastante distinta: Marx define la naturaleza como el cuerpo inorgánico del hombre, como esa parte indirecta de su propio cuerpo con el cual debe mantenerse en constante intercambio para sobrevivir. Si uno mira y aprende de la naturaleza veremos que no conocemos árboles gordos y animales que nacen domesticados y que consuman más de la energía libre que necesiten para producir su ciclo vital; y esto lo digo porque es una discusión histórica; son discusiones que pareciera que se han olvidado, nadie lo habla porque parece que está vedado, prohibido. En un mundo finito que es redondo y con una superficie determinada, cuando alguien consume más de lo que necesita, necesariamente alguien está quedando con un consumo menor del que requiere. Creemos en la limitación necesaria de la riqueza, creemos en la equidad, creemos en la distribución equitativa de los recursos; no es que no creamos en la propiedad privada pero ahí tenemos una discusión profunda: ¿cuál es la única fuente legítima de la propiedad privada?, no existe y eso es necesario discutirlo y establecerlo. No hay propiedad privada que venga de Dios, de los cielos ni de algún extraterrestre, la propiedad privada proviene única y exclusivamente del trabajo. Los comunistas de Chile preguntamos ¿entonces quién destruye la propiedad privada? Nosotros no somos contrarios a la propiedad privada, en Chile somos el único país que defiende la propiedad privada porque entendemos que los únicos que destruyen la propiedad privada son aquellos empresarios que pagan a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo y genera, a partir de la destrucción de la

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propiedad privada de aquéllos, su gran propiedad privada. Somos enemigos de lo que lesiona la propiedad privada de los trabajadores y esos son los valores que hay que empezar a reconstruir y a discutir, porque históricamente se nos ha presentado como los diablos que estamos en contra, no, lo que queremos es que cada trabajador tenga ni un peso más ni un peso menos de lo que vale su trabajo, y que todos tengan acceso a una vida digna. Esos son valores que tenemos que empezar a instalar en la sociedad, la solidaridad, la justicia, la equidad, el respeto a la propiedad privada pero entendida en todas sus definiciones y no la propiedad privada que proviene de los enviados divinos o de aquellos representantes que todavía creen que bienaventurados son los pobres. Siento que hay una doble responsabilidad, resumo, los que tienen asegurado su bienestar y sus necesidades básicas pueden comenzar a trabajar fuertemente en lo valórico y comenzar a instalar desde el gobierno (porque acá lo tienen democrático) una realidad material distinta para que la totalidad del pueblo venezolano pueda acceder a condiciones materiales que les permitan desarrollar valóricamente una sociedad que no tenga un pie atrás, y eso es lo formidable. Muchas gracias.

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