Gobernantes & Posconflicto 2 by Luis Carlos Gómez

#2 LOS ACUERDOS DE PAZ: DE LA HABANA A LOS TERRITORIOS

INTRODUCCIÓN

|GOBERNANTES & POSCONFLICTO|

SUMARIO 01

INTRODUCCIÓN

¿Qué encontrará en estas cartillas?........4

Los acuerdos de paz: de la Habana a los territorios...................................................................5

03 PARTICIPACIÓN POLÍTICA 02 TIERRAS

Reforma Agraria Integral.......................6

Un campo en el que cabrán más colombianos..............................................................8 Certeza sobre la tierra para evitar conflictos.........10 Editor Luis Carlos Gómez Díaz Productora general de Semana Angélica Sánchez Coordinadora de proyectos Especiales Jeanette Colorado Cuestas Periodistas Mónica Jaramillo Arias, Angie Palacio Sánchez Director de Arte Hernán Sansone Diseño y diagramación Gabriel Peña Nicolás Salamanca www.inf0.graphics

El plan para romper la brecha entre el campo y la ciudad...........................................................12

Gerente de circulación Natalia Peinado Bustamante Director de producción Orlando González Preprensa digital Semana Impresión Printer Colombia S. A. Sede: carrera 11 77ª-65, Bogotá D.C., PBX 6468400

Los jóvenes, la participación política y la construcción de la paz..................................... 19 Seguridad de quienes participen en política.... 20 "El país se está reacomodando a lo que debe ser".................................................................. 21

drogas....................................................24

Municipios claves en la sustitución de cultivos ilícitos......................................................................26 El riesgo de que surjan nuevos grupos armados...28

JUSTICIA La comisión para el esclarecimiento

de la verdad, la convivencia y la no repetición.................................................................32 El sistema de justicia para la paz...........................34

DEL CONFLICTO E 06 FIN IMPLEMENTACIÓN

Zonas de normalización.................................. 38

¿Cómo se hará la verificación del fin del conflicto?.40 Así será la dejación de armas.......................... 41 ¿Cómo funcionará la desmovilización de las FARC? ............................................................ 42

Corrección de estilo Luz Marina González

Gerente general Elena Mesa Zuleta

Nuevos espacios de participación................... 18

NARCOTRÁFICO Un nuevo modelo de lucha contra las

Ilustraciones MICO

Archivo fotográfico Kelly Fernanda Pizarro, Yolanda Parra y Carlos Rocha

El significado histórico del acuerdo sobre participación política....................................... 16

07 OTROS ACUERDOS

Encontrar a los desaparecidos, una tarea que deja el conflicto.............................45

Un plan para sacar a los niños de la guerra...........46 Un acuerdo pensado para las mujeres...................48

DIRECTORIO

El plan para limpiar a Colombia de minas............50 Paz: por qué sí y por qué no...................................52 Liderar la construcción de paz desde las regiones..................................................................54

Entidades y organizaciones que pueden ser sus aliadas en la construcción de paz.......55

PRESENTACIÓN

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LLEVAR LOS ACUERDOS A LA REALIDAD El liderazgo local será clave en la construcción de paz en todos los rincones del país.

En el calor de la jornada electoral previa a la votación del plebiscito, el país se debate entre una esperanza desbordada y las miradas apocalípticas. Hay quienes piensan que la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc solucionará por sí sola gran parte de los problemas del país. Otros, en cambio, no ven en sus 297 páginas más que motivos de desconfianza. La verdad es que si bien alcanzar el fin del conflicto con la guerrilla más antigua del continente y dejar atrás décadas de violencia abre una gran ventana de oportunidades, aún queda un largo y tortuoso camino por recorrer. El acuerdo contiene unas estrategias en materia de tierras, participación política, lucha contra las drogas, reparación a las víctimas, entre otros temas, que buscan superar las causas estructurales que contribuyeron a la existencia del conflicto armado y su permanencia en el tiempo. Pero son solo eso: ideas, planes y propósitos. Son las acciones que surjan de ese acuerdo, que deberán ponerse en marcha en los próximos años en todos los territorios de Colombia, de las que dependerá en realidad que nuestro anhelo de paz se cumpla, o que nos encontremos ante una nueva esperanza frustrada. En ese propósito, alcaldes y gobernadores de todo el país tendrán en sus manos una enorme responsa-

bilidad. Su liderazgo regional y local es esencial en la construcción de una paz sostenible. La democratización y formalización de la tierra, las garantías para que haya una verdadera participación política, la sustitución de cultivos ilícitos, la reparación a las víctimas y la reintegración de antiguos combatientes, son, todas ellas, tareas que no pueden cumplirse sin la participación y el compromiso de las comunidades. El país que visualizan los acuerdos de La Habana es uno en donde las decisiones no se toman en las altas esferas del poder y se transmiten a los territorios, sino en donde se construyen colectivamente con la participación de todos, y es ahí donde el liderazgo de los gobernantes es determinante. Esta segunda edición de Gobernantes y Posconflicto hace un repaso del contenido del Acuerdo de Paz, pero con una lectura diferente: no solo lo que está allí escrito, sino cómo eso impactará en su gestión y en la vida de sus comunidades, las oportunidades que se abren para su territorio y las responsabilidades que se derivan de él. Durante cuatro años, los negociadores del Gobierno y las Farc trabajaron para alcanzar lo que Humberto de la Calle denominó “el mejor acuerdo posible”. Ahora, ese acuerdo está en manos de todos los colombianos, para que entre todos transitemos el camino que nos lleve a la mejor paz posible.

Alejandro Santos

DIRECTOR DE REVISTA SEMANA

INTRODUCCIÓN

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¿QUÉ ENCONTRARÁ EN ESTAS CARTILLAS? Con ejemplos tomados de la realidad, esta serie de tres publicaciones le dará información útil para liderar a su comunidad en esta trascendental etapa para el país. Gobernantes y posconflicto es una serie de tres publicaciones en las que usted, señor alcalde o gobernador, encontrará información y herramientas útiles para enfrentar el reto de la construcción de paz en los territorios. No existen fórmulas mágicas y estas cartillas no pretenden ser un manual de instrucciones o pasos a seguir. Cada municipio y departamento del país tiene sus propias circunstancias, problemáticas y oportunidades y sus alcaldes y gobernadores son las personas en quienes sus habitantes han confiado para guiarlos por un camino de convivencia pacífica y desarrollo. Pero un mayor conocimiento de aspectos esenciales de la administración pública y del contexto nacional y regional puede serle útil en momentos en que se requiere todo el liderazgo, la capacidad de gestión y la creatividad de los gobernantes locales. La inclusión, la superación de la pobreza, la restitución de tierras, la reparación de las víctimas, la reintegración, la participación, la transparencia y la solución pacífica de conflictos, entre muchas otras, son responsabilidades que no surgen de un acuerdo de paz, sino que están a cargo de los mandatarios de todos los niveles, desde el día mismo de su posesión. Conocer estas responsabilidades y las múltiples herramientas con las que cuenta para cumplirlas es esencial para que todo mandatario local pueda estar a la altura de las exigencias que le impone el posconflicto.

Las cartillas

Cada una de las tres cartillas está dedicada a un tema crucial en la etapa que se avecina. La primera habla del papel de los alcaldes y gobernadores en el posconflicto, y cómo principios esenciales de la administración pública como la planeación, la participación y la rendición de cuentas son fundamentales, tal vez en este momento más que nunca.

La segunda hace un repaso de los acuerdos alcanzados en La Habana, con un enfoque orientado al efecto que tendrán en la labor de alcaldes y gobernadores y cómo podrán contribuir los mandatarios locales en la implementación de los acuerdos. Y la tercera estará dedicada a las víctimas y a la reconstrucción de la confianza en las comunidades. Todos los alcaldes y gobernadores del país tienen una responsabilidad con los más de 8 millones de colombianos que han resultado afectados por el conflicto, la cual no se limita a la entrega de una suma económica como reparación. Además, deben promover la reintegración de quienes en el pasado hicieron parte de grupos armados ilegales y la reconciliación de toda la sociedad. Aunque su estilo es pedagógico, las cartillas no se limitan a consignar unos contenidos teóricos. Testimonios reales de mandatarios locales destacados por sus labor e historias concretas de comunidades servirán para ilustrar la información expuesta en estas publicaciones.

Una serie de conversatorios que realizarán las entidades que apoyan estas cartillas profundizarán los temas planteados en ellas Usted, señor alcalde o gobernador, tendrá un papel muy importante en este momento histórico para el país. Un momento al que se llega con una gran cantidad de lecciones aprendidas, después de recorrer un largo y difícil camino, pero en el que quedan aún muchas cosas por aprender.

20 PLANEACIÓN

PLANEACIÓN 21

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Una buena medición debe facilitar las decisiones que se tomarán con base en ella y reflejar la magnitud de lo que se quiere medir.

BUENOS INDICADORES PARA MEDIR BIEN SU GESTIÓN Medir la gestión pública permite entender los avances y retrocesos en la aplicación de una política. Además, el resultado de la evaluación es punto de partida para tomar decisiones asertivas. Algunas pistas para construir indicadores.

Los indicadores son el principal instrumento para evaluar programas, proyectos y actividades. Los resultados de estos dan luces para la formulación de futuras políticas públicas, que ayuden al país a avanzar hacia el desarrollo territorial. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), una buena medición debe facilitar las decisiones que se tomarán con base en ella, y reflejar la magnitud de lo que se quiere medir. Para lograrlo, hay dos reglas infalibles: la medición debe estar lista en el periodo de tiempo en que la información es importante y relevante para tomar decisiones, y ser económica, en el sentido de que los beneficios, deben ser mayores al costo de inversión.

Los indicadores, cualitativos o cuantitativos| , permiten describir características, comportamientos o fenómenos a través de la evolución de una variable, o de la relación entre ellas. Estas variables, comparadas con períodos anteriores o respecto a una meta, permiten conocer el desempeño de una gestión. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), tienen una serie de instrucciones para construir buenos indicadores. Esto es lo que hay que tener en cuenta para hacer mediciones que sean efectivas para reportar una situación y elaborar líneas de base, para saber hacia dónde debe apuntar un proyecto.

3. SELECCIONAR MI INDICADOR CÓMO CONSTRUIR BUENOS INDICADORES

Los criterios para seleccionar el indicador correcto son: la pertinencia, la funcionalidad, la disponibilidad, la confiabilidad y la utilidad. Las siguientes preguntas ayudan a saber si se están cumpliendo cada uno de ellos. •¿El indicador expresa qué se quiere medir, de forma clara y precisa? •¿Se puede monitorear? •¿La información del indicador está disponible?

Indicadores efectivos • Tasa de escolarización, es decir, número de niños y niñas en la escuela, versus población infantil total. • Porcentaje del presupuesto local invertido en cobertura educativa entre 2016 y 2019. • Número de niños y niñas desescolarizados que ingresaron al sistema educativo entre 2016 y 2019. • Incremento anual de la cobertura educativa.

Indicadores ambiguos • Número de niños y niñas que asisten a la escuela en el municipio. • Presupuesto asignado a la educación entre 2016 y 2019. • Esfuerzos aunados para el ingreso de la infancia al sistema educativo. • Garantías brindadas para el incremento de la cobertura educativa.

•¿De dónde provienen los datos? •¿Es relevante para lo que se quiere medir?

1. SABER QUÉ QUIERO MEDIR Lo primero que se debe establecer en cualquier evaluación, es qué se va a valorar y para qué. Por ejemplo, si se crea un programa cuyo objetivo es garantizar el acceso de la población infantil a la educación básica, el objeto a evaluar será la cobertura educativa para la infancia.

2. ¿Y CÓMO LO MIDO?

4. RECOLECTAR LA INFORMACIÓN Para diseñar y analizar indicadores es preciso acceder a datos económicos, sociales, políticos y ambientales. No olvide: • Evaluar la información disponible. • Definir métodos de recolección. • Recolectar los datos de la misma fuente. Así se evitan sesgos causados por cambios en la metodología de la medición. • Verificar en la fuente que los datos sigan la misma metodología.

Cuando ya sé qué medir, defino las variables que conformarán el indicador, si mi objeto a evaluar es la cobertura educativa, las variables pueden ser: población infantil del municipio, población total de niñas y niños escolarizados, tasa de ingreso a primer grado, porcentaje de deserción.

5. ASEGURAR QUE MI INFORMACIÓN ES CONFIABLE La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señala los criterios necesarios para asegurar que la información que se recolecta y se pone a disposición de los organismos de control y de la comunidad, es rigurosa: Relevancia: la información debe ser útil. Credibilidad: la información debe estar soportada en estándares estadísticos apropiados y que los procedimientos de recolección, procesamiento, almacenamiento y difusión, sean transparentes.

Accesibilidad: ¿cómo se ponen estos datos a disposición de la comunidad, de manera que sean de fácil acceso? Oportunidad: el tiempo transcurrido entre el evento que se evalúa y la disponibilidad de la información, no puede ser tanto como para que los resultados pierdan valor. Coherencia: para lograr ser consistente y coherente, el proceso estadístico debe estar sujeto a una revisión previsible.

INDICADORES CUANTITATIVOS: Son aquellos que se pueden expresar de forma numérica, como la cantidad de personas beneficiadas por un programa o el número de egresados de una entidad educativa. INDICADORES CUALITATIVOS: Son los que miden percepciones, puntos de vista y actitudes. Aunque no siempre se pueden expresar en cifras, son importantes porque recogen la reacción de individuos o grupos humanos frente a un hecho.

CONTENIDOS QUE ENCONTRARÁ EN ESTA CARTILLA Nuestro Gobernante Modelo Esta imagen lo representa a usted. Es cualquier alcalde o gobernador del país, que se ha destacado por su conocimiento de la administración pública, su capacidad para gestionar proyectos o por promover la participación de su comunidad. Cuando lo encuentre en esta cartilla es porque hay una información útil que vale la pena recordar. Los mitos En los últimos meses, han ido haciendo carrera muchas falsas creencias sobre lo acordado en el proceso de paz. Estas mentiras, repetidas una y otra vez, han llegado a ser creídas

por muchas personas. En cada uno de los puntos del acuerdo desvirtuaremos algunas de las más difundidas. Infografías A lo largo de esta cartilla, usted encontrará gráficas, cuadros y diferentes tipos de ayudas visuales, que le ayudarán a comprender de una manera más didáctica todos los temas. Enlaces de interés En Internet, usted puede encontrar gran cantidad de información útil para el desempeño de su labor. En esta cartilla, le contaremos dónde puede encontrarla.

INTRODUCCIÓN

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Cartilla 2

LOS ACUERDOS DE PAZ: DE LA HABANA A LOS TERRITORIOS Los alcaldes y gobernadores serán protagonistas de primer orden en la implementación de lo acordado entre el Gobierno y las Farc. En esta publicación encuentre una guía sobre cómo se traducirán las decisiones de la Mesa de Negociación en acciones concretas en los territorios. Nada de lo acordado entre el Gobierno y las Farc en La Habana podría hacerse realidad si no se pusiera en práctica en cada una de las regiones de Colombia, en especial, aquellas que han sido más afectadas por el conflicto. Luego de cuatro años de conversaciones, bajo la premisa de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, la firma final de los acuerdos marca el inicio de una ardua y prolongada etapa de implementación en los territorios del país. La decisión que tomemos los colombianos en las urnas acerca de respaldar o no los acuerdos de paz será solo el primer paso de esta etapa. Alcaldes y gobernadores están muy lejos de ser ‘convidados de piedra’ en lo que viene de aquí en adelante. La transformación estructural del campo que prevén los acuerdos, la ampliación y perfeccionamiento de los espacios de participación política, las medidas de verdad, justicia y reparación que contemplan, entre muchas otras responsabilidades, exigirán la participación activa de mandatarios locales, así como su creatividad. Será una oportunidad para traducir el fin del conflicto con la guerrilla más antigua de Latinoamérica en mayores espacios de inclusión para las comunidades, una distribución más equitativa de la tierra, una estrategia más eficaz y sostenible de lucha contra el narcotráfico y otras formas de economía ilegal y una justicia restaurativa que contribuya a alcanzar la verdad, la justicia y la reparación que exigen las víctimas. La segunda entrega de Gobernantes y Posconflicto hace un recuento de los acuerdos alcanzados por el Gobierno y las Farc en La Habana, haciendo especial énfasis en las responsabilidades concretas que se derivan de ellos para alcaldes y gobernadores de todo el país.

¿EN QUÉ SERÁN CLAVES ALCALDES Y GOBERNADORES? Formalización de la tierra y democratización de la propiedad agraria. Todos los municipios del país deben mantener actualizada su información catastral para darles seguridad jurídica a los propietarios de predios y establecer un sistema de tributación orientado a que el que tenga más pague más. Además, alcaldes y gobernadores deberán contribuir a que los campesinos que carecen de tierra o no tienen la suficiente, puedan acceder a ella. Construcción de programas de desarrollo integral para transformar el campo. Para superar la brecha que hoy en día existe entre las zonas urbanas y rurales del país, las comunidades, de manera participativa y concertada con las autoridades locales, deberán definir planes que les permitan superar sus carencias en materia de vías, infraestructura, educación, salud, vivienda, alimentación, etc. Apertura de espacios de participación política. Los acuerdos de La Habana prevén medidas para garantizar el ejercicio de la oposición política, permitir la movilización y la protesta, sin estigmatizaciones, y fomentar una cultura de democracia y participación. En el ámbito local, alcaldes y gobernadores serán los primeros responsables de hacer efectivos estos derechos. Puesta en marcha de un programa exitoso de sustitución de cultivos ilícitos. Alcaldes y gobernadores deberán trabajar coordinadamente con el Gobierno nacional en la implementación de una solución sostenible y definitiva al problema de los cultivos ilícitos. Además, deberán cerrarle espacios a la economía ilegal en sus territorios.

Aplicación de sanciones retributivas a responsables de crímenes de lesa humanidad. Si bien el Tribunal para la Paz creado por los acuerdos de La Habana será el responsable de definir las sanciones que se impondrán a quienes se sometan a su jurisdicción, será en los territorios en donde estas se harán efectivas y alcaldes y gobernadores deberán velar porque tengan verdaderamente un efecto reparador para las víctimas. Contribuir a la reincorporación a la vida civil de los miembros de las Farc. En 23 veredas del país operarán las zonas de normalización definidas por los acuerdos de La Habana. Sus alcaldes, así como los mandatarios locales de todo el país, tendrán la responsabilidad de velar porque sea posible la reintegración de antiguos combatientes en un clima de reconciliación y convivencia pacífica.

TIERRAS

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LO ACORDADO

REFORMA RURAL INTEGRAL El primer punto sobre el que Gobierno y Farc llegaron a un acuerdo, implicarรก una enorme transformaciรณn del campo y una distribuciรณn mรกs equitativa de la tierra.

TIERRAS

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Los 12 miembros y dos relatores que hicieron parte de la Comisión Histórica del Conflicto, convocada por los negociadores de La Habana, coincidieron en señalar el problema agrario como una de las principales causas de la violencia en el país. No solo existe una gran brecha entre el desarrollo de los sectores urbano y rural, sino que buena parte de las tierras productivas del país están concentradas

y subutilizadas y en muchos casos, no existe claridad sobre sus verdaderos dueños. No es gratuito que haya sido este el primer punto en la Mesa de Negociación entre el Gobierno y las Farc. De hecho, el nacimiento de este grupo guerrillero estuvo vinculado a reivindicaciones de sectores campesinos. El acuerdo de La Habana sobre el tema agrario, firmado el 26 de mayo de

2013, busca sentar las bases para una transformación estructural del campo colombiano. “Una verdadera transformación requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular su formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso a la propiedad rural de los habitantes del campo”, reza el acuerdo.

1. DISTRIBUCIÓN MÁS EQUITATIVA DE LA TIERRA

es la escasa titulación y formalización de los predios rurales. En el acuerdo sobre tierras, el Gobierno se compromete a poner en marcha un Sistema General de Información Catastral, Integral y Multipropósito que les dé seguridad jurídica a los propietarios de tierras en el país. El Gobierno también deberá brindar apoyo técnico, administrativo y financiero a los municipios del país para que formalicen, actualicen y conserven el catastro municipal. La meta fijada por el acuerdo es que sean formalizadas 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural y que en un plazo máximo de 7 años se haya concretado la formación y actualización del catastro rural. La formalización de predios deberá verse reflejada en una liquidación y recaudo de impuestos más efectivo y equitativo: grandes latifundios, que hoy en día no pagan impuestos o pagan sumas ínfimas, deberán tributar de acuerdo con su extensión. El propósito, dice el acuerdo, es que en el impuesto predial se aplique el principio de progresividad: el que más tiene que pague más.

munidades rurales del país en materia de vías, infraestructura, salud, educación, etc. Estos planes, que el acuerdo denomina Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), serán concertados con las autoridades locales y las comunidades y se construirán en todas las zonas rurales del país, priorizando las que requieran su implementación con mayor celeridad. Deberán ir de la mano con Planes Nacionales para Vías Terciarias, de Riego y Drenaje, de Electrificación, Conectividad, Salud, Educación y Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural, entre otros. “La superación de la pobreza no se logra simplemente mejorando el ingreso de las familias, sino asegurando que tengan acceso adecuado a servicios y bienes públicos”, dice el acuerdo.

El acuerdo entre Gobierno y Farc prevé la creación de un Fondo de Tierras, que incorporará los predios sometidos a extinción de dominio, los que hayan sido expropiados por razones de interés social o utilidad pública, los baldios apropiados ilegalmente que hayan sido recuperados y las zonas de reserva forestal que tengan vocación agricola, entre otras. Con el Fondo, que dispondrá de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 10 años de creación, se busca desarrollar una reforma agraria que permita el acceso a la tierra a campesinos que no la tienen o que la tienen de manera insuficiente, así como a comunidades que la perdieron como consecuencia del conflicto armado. El Fondo otorgará a los campesinos subsidios y créditos especiales para la compra de tierras, priorizando a mujeres cabeza de familia y a población desplazada. Las tierras tendrán el carácter de inalienables e inembargables, de modo que no podrán ser vendidos por sus beneficiarios en un periodo de 7 años. Los predios que no sean explotados también podrán ser retomados por el Fondo de Tierras.

2. FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL

Uno de los mayores problemas que ha incentivado la violencia en el campo y facilitado el despojo de tierras en el país

3. DESARROLLO INTEGRAL DEL CAMPO

La verdadera transformación del campo que prevé el acuerdo de La Habana no está solo en la entrega de tierras a campesinos, sino en la construcción de planes participativos que busquen superar los rezagos que existen en la mayoría de co-

4. SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Gobierno pondrá en funcionamiento un Sistema Especial de seguridad alimentaria y nutricional para la población rural, que buscará garantizar el derecho a una alimentación sana, erradicar el hambre y fomentar el acceso y consumo de alimentos de calidad nutricional. Este punto implica la creación de un Consejo Nacional de alimentación y nutrición y consejos departamentales y municipales que coordinen todos los planes y monitoreen riesgos. Deberá haber, además, planes de choque para mejorar la situación de la población rural más vulnerable y en pobreza extrema.

TIERRAS

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UN CAMPO EN EL QUE CABRÁN MÁS COLOMBIANOS El punto 1 del acuerdo de La Habana busca facilitar el acceso a la tierra de los campesinos que carecen de ella o la tienen en cantidad insuficiente, pero eso no significa que habrá una cacería contra grandes propietarios; solo que unos y otros trabajarán juntos por un agro más productivo.

LA REFORMA RURAL INTEGRAL SIGNIFICARÁ ACABAR CON LA PROPIEDAD PRIVADA EN EL PAÍS. FALSO. El acuerdo reconoce la propiedad privada, lo que se hará es un gran esfuerzo para que haya un mayor acceso de campesinos a la tierra.

“Históricamente, en Colombia, la tierra fue un factor de división; en el posconflicto, va a ser un factor de unión”, afirma el Director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, al explicar cuál será el efecto que tendrá el acuerdo sobre el tema agrario en la distribución de la propiedad de la tierra en el país. “Es paradójico, por decir lo menos, que se afirme que los acuerdos buscan implementar un modelo socialista o castrochavista, cuando el punto uno de La Habana es la ratificación del papel de la propiedad privada en el Estado colombiano”, agrega. El acuerdo prevé la creación de un Fondo Nacional de Tierras, que buscará promover una distribución más equitativa de la propiedad rural y llevar a cabo de una manera integral la reforma agraria que en Colombia se ha postergado por décadas. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2014, apenas el 2 por ciento de las tierras dedicadas a la producción agrícola del país se reparte entre el 71,2 por ciento de las unidades de

producción, de menos de 5 hectáreas de extensión, mientras que el 0,4 por ciento de las propiedades, con más de 500 hectáreas, comprenden el 77,6 por ciento del área rural del país. “Esta ha sido una característica del desarrollo agropecuario del país. Si usted mira los estudios de los cincuenta, sesenta o setenta, todos los historiadores económicos coinciden en señalar esa característica”, explica el Director del Dane, Mauricio Perfetti. Superar esta deuda histórica con los campesinos colombianos no significa que la estrategia se vaya a orientar a perseguir a los dueños de grandes extensiones de tierra. “El objetivo de la Agencia – explica Samper – no es ir expropiando a los grandes propietarios del campo, sino prevenir que haya una especulación con el valor de la tierra. Cuando se acumula ilegalmente la tierra, su valor tiende a subir, pero eso es un valor inflado, ficticio, que no corresponde con la realidad. Y eso va en contra de los intereses de todos, del empresario del campo y del pequeño propietario”.

TIERRAS

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Además de las tierras que sean objeto de extinción administrativa de dominio por no cumplir la función social y ecológica de la propiedad, el acuerdo de La Habana prevé que el Fondo se nutra de diversas fuentes: de las tierras arrebatadas a delincuentes, a través de la figura de extinción de dominio; de la que se sustraiga de las reservas forestales, por el avance de la frontera agrícola, y de la adjudicación de baldíos, entre otras. El número de hectáreas de las que dispondrá el Fondo se había dejado pendiente cuando se logró el acuerdo sobre el punto de tierras en 2013, pero en el Acuerdo Final se estableció que será de 3 millones durante los primeros 10 años.

Cumplir esta meta dependerá de varios factores: de una actualización de las zonas de reserva forestal, dado que la frontera agrícola del país se ha ido expandiendo con los años; de un inventario oficial de las hectáreas de baldíos, que aún no existe, y de la capacidad que tenga el Estado de perseguir las tierras que estén en manos de delincuentes. Sólo en baldíos, se han adjudicado en los últimos 50 años, 23 millones de hectáreas, mientras que a través de otros mecanismos se han entregado 1’200.000 hectáreas. Eso hace prever, según lo ha reconocido también el Gobierno, que la adjudicación de baldíos continuará

siendo la principal herramienta para garantizar el acceso de los colombianos a la tierra, pero también será cada vez más fuerte la exigencia de que quien tenga tierra la utilice para producirla. “Aquí no se va a privilegiar a unos en perjuicio de otros. El punto está diseñado de tal forma que se pongan a trabajar en conjunto los factores productivos para que haya un mayor desarrollo rural. Es un modelo absolutamente incluyente, en el que uno junta los inversionistas privados, los grandes empresarios del campo, con los pequeños propietarios, para poner a producir de mejor manera el campo colombiano”, concluye Samper.

DOS MODELOS DE PRODUCCIÓN DE LA TIERRA QUE NO SON INCOMPATIBLES El acuerdo de La Habana sobre el tema agrario está orientado a promover el acceso a la tierra, pero no toma partido por ningún modelo de producción en particular: ni privilegia al gran propietario rural ni promueve una colectivización de la tierra. En ese escenario, no es de extrañar que puedan coexistir en el posconflicto dos modelos aparentemente contradictorios sobre los

que ha habido una intensa polémica, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económica y Social (ZIDRES). Mientras que las ZRC (que no fueron creadas por el acuerdo, sino que existen desde 1994) buscan impedir la acumulación de tierras y favorecer la asociación y la planeación participativa de los pequeños productores, las ZIDRES (creadas este año, pero no como parte del acuerdo) buscan poner en contacto el capital con la tierra, en especial en esas zonas del país alejadas de los centros urbanos y en los

que la producción agrícola requiere una gran inversión. Según las circunstancias de cada región, podría operar un modelo u otro, o incluso formas distintas de asociación o producción de la tierra, sin que esto contradiga el acuerdo de La Habana. “Las dos figuras son válidas en un esquema de ordenamiento de la propiedad. Las dos funcionan y en encontrar el balance de en qué áreas se aplica una y en qué áreas se aplica otra, está la clave de que la tierra sea un factor de unión y no de división”, afirma Samper.

10 TIERRAS

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CERTEZA SOBRE LA TIERRA, PARA EVITAR CONFLICTOS Uno de los grandes retos para Colombia en el posconflicto será reducir la informalidad en la tenencia de la tierra, que hoy en día es supremamente alta. No solo es fuente de conflictos y ha facilitado los casos de despojo, sino que ha frenado la inversión en el campo.

Las cifras sobre la informalidad de la propiedad de la tierra en Colombia son un síntoma de la situación que ha vivido hasta ahora el campo del país. Según la Agencia Nacional de Tierras, solo el 6 por ciento de los municipios colombianos, incluidas las principales ciudades capitales, tiene plenamente formalizadas las propiedades en su territorio. Lo más preocupante es que un 16% está por completo en la informalidad. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 63,9 por ciento de los más de 4 millones de predios rurales del país tienen un catastro desactualizado, y el 28,5 por ciento carecen de él. Para poner fin a este problema estructural del campo colombiano, que no es admisible en un escenario de posconflicto, el Gobierno Nacional ha decidido no quedarse esperando a que los campesinos acudan a él para formalizar sus tierras.

A través de una estrategia de barrido “predio a predio”, la Agencia Nacional de Tierras, el IGAC, la Superintendencia Nacional de Registro, irán, acompañados por las alcaldías, a cada terreno de cada municipio del país, a solucionar los problemas de propiedad que tenga. En su visita, evaluarán si el predio está registrado, si hay discrepancias entre lo que aparece en los mapas y lo que está en el registro (que podrán ser solucionadas directamente por la Superintendencia y el IGAC) o si se presentan conflictos entre sus dueños o con los vecinos, caso en el cual se buscará conciliarlas o que sean resueltas por la justicia. “Es el programa más ambicioso que se ha visto en Colombia en materia de formalización”, asegura el Director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper. El programa, de manera progresiva, se irá extendiendo a todo el país, con la meta de cubrir todo el territorio en un plazo de entre 8 y 10 años. La meta fijada por

LAS ETAPAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO PRUEBA PILOTO. Durante 2016, el catastro multipropósito se está implementando en 11 municipios: Santa Marta (Magdalena), San Vicente del Caguán (Caquetá), Lebrija (Santander), San Carlos (Antioquia), Armenia (Quindío), Puerto Gaitán (Meta), Topaipí (Cundinamarca), Dibulla (La Guajira), Puerto Leguízamo (Putumayo), Buenaventura (Valle) y Barranquilla (Atlántico).

FASE 1

Fueron seleccionados, entre otras razones, porque representan las diferentes condiciones geográficas del país y porque han resultado afectados por el conflicto armado. Comprenden 390.991 predios rurales, que corresponden al 2,1 por ciento del país. EXPANSIÓN AL 25% DEL TERRITORIO NACIONAL. Se estima que este porcentaje del país deberá estar cubierto en 2018. En esta etapa se

FASE 2

priorizarán los municipios rurales que hayan sido altamente afectados por el conflicto armado, así como los que formen parte de planes estratégicos del Gobierno Nacional. EXPANSIÓN AL 100% DEL TERRITORIO NACIONAL Para 2023, Colombia deberá contar con un catastro multipropósito actualizado, completo y que esté conectado con la información con que cuenta la Superintendencia de Registro.

FASE 3

TIERRAS 11

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el Acuerdo Final es que sean formalizadas 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural. Este esfuerzo de formalización va de la mano con la implementación de un catastro multipropósito, que permita tener información fidedigna sobre todos los predios, tanto urbanos como rurales, no solo para mejorar el recaudo de impuestos en el territorio, sino para priorizar mejor la inversión pública en las regiones y garantizar el cumplimiento de las funciones económica, social y ambiental de la propiedad. Hace algunas semanas, fue expedido el documento Conpes 3859, que establece un plan de acción a ocho años, hasta 2023, para que el catastro multipropósito alcance cobertura total en el país. El documento prevé que la política tendrá un costo de 2,6 billones de pesos e incluirá, entre otras acciones, el mejoramiento de la cartografía del país, la capacitación y certificación de técnicos en levantamiento catastral y el fortalecimiento del IGAC. Pero el cambio más importante será que municipios, departamentos u otros esquemas de asociación territorial podrán operar el catastro. Aunque el IGAC cuenta con unos recursos muy limitados, tiene a su cargo actualmente el catastro de 995 de los 1102 municipios del país. “La idea es que el catastro multipropósito se ejecute u opere en los territorios; de ahí la figura de la delegación de funciones catastrales. Municipios y departamentos serán actores fundamentales en el modelo financiero para la conformación y actualización del nuevo catastro”, explicó Juan Antonio Nieto, Director del IGAC. El plazo que fijó el Acuerdo de La Habana es que la formación y actualización del catastro rural se concrete en un máximo de 7 años.

LAS VENTAJAS DE LA FORMALIZACIÓN DE TIERRAS Los municipios podrán aumentar su tributación El documento Conpes 3859, que establece el plan de acción para la implementación del catastro multipropósito en el país, calcula que entre 2017 y 2023 esta herramienta podría generar ingresos adicionales para los municipios del país de alrededor de 4,1 billones de pesos. Contar con un avalúo catastral confiable les va a permitir a las administraciones locales cobrar unos tributos que sean acordes con las características físicas y económicas de los inmuebles y evitar lo que ocurre hoy en día, que muchos predios pagan menos de lo que en realidad les corresponde. Podrán hacerse mayores inversiones sobre los predios rurales Aunque para los trabajadores del campo la actualización del avalúo catastral puede significar un incremento en el pago de impuestos, a la larga los beneficios que obtienen de la formalización son muchos mayores: podrán, respaldados en su propiedad, acceder a créditos, participar en programas de acompañamiento técnico, capital semilla o vivienda rural, entre muchos otros, con los cuales harán más rentables sus propiedades. Pero la formalización no solo beneficiará a los predios privados. La Agencia Nacional de Tierras ha detectado que hay 1.200 bienes públicos rurales, en su mayoría escuelas veredales, que no tienen título. Al formalizar la propiedad sobre ellas, los alcaldes y gobernadores podrán hacer inversiones para mejorar su infraestructura, que hoy en día no se están haciendo precisamente por falta de un título. Y lo más importante, habrá certeza sobre la propiedad Al contar con un título, los propietarios de predios tendrán muchas más herramientas legales para oponerse a intentos de despojo de sus tierras como los que han ocurrido en Colombia, en medio del conflicto armado. El proceso de formalización, por sí mismo, puede contribuir a solucionar aquellos conflictos por linderos que surgen entre vecinos y que en algunos casos pueden terminar en situaciones de violencia.

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EL PLAN PARA ROMPER LA BRECHA ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son la principal estrategia que prevé el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc para impulsar el desarrollo de las zonas que han sido especialmente afectadas por el conflicto armado, la pobreza, la economía ilícita y la falta de presencia estatal. Una oportunidad para que ellas mismas decidan sobre su futuro.

Todos los indicadores coinciden en señalar las grandes diferencias que existen en Colombia, en materia de desarrollo, entre el campo y la ciudad. De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), el porcentaje de personas en situación de pobreza en las zonas rurales del país, en 2015, era de 40,3%, mientras que el promedio nacional era de 27,8%. El mismo índice, con respecto a las 13 principales ciudades del país, incluidas áreas metropolitanas, era de 15,4%. Estas diferencias se traducen en materia de educación, servicios públicos y vivienda, entre muchos otros aspectos. Según el Censo Nacional Agropecuario, realizado por el DANE en 2014, alrededor del 60% de las personas a cargo de una unidad productiva en el campo no había estudiado más allá de la primaria, y el 18% no tenía ningún nivel educativo. El 16,4% de las viviendas rurales carecía de servicios públicos. “Lo rural no es per se sinónimo de peores condiciones de vida. Pero en Colombia ha sido cada vez más difícil alcanzar un nivel de vida digno permaneciendo allí. Por acción u omisión, el mensaje que la sociedad colombiana ha enviado a los pobladores rurales ha sido que su progreso o el de sus familias dependen de abandonar el campo”, afirmó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe

Nacional de Desarrollo Humano de 2011, dedicado a la Colombia rural. Por esta razón, la solución adoptada en la Mesa de Negociación para enfrentar el problema agrario no se limita a la entrega de tierras a campesinos que carecen de ella o a formalizar la propiedad sobre sus predios, sino que incluye una estrategia integral que busca que las zonas rurales del país puedan superar las deficiencias que tienen en materia de vías, infraestructura eléctrica y de acueducto, condiciones de vivienda, oportunidades de educación, etc. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son el eje que va a integrar la mayor parte de la implementación de los acuerdos en el territorio, explica Diego Bautista, asesor del Alto Comisionado para la Paz en asuntos de paz territorial. “Lo importante es entender que no son planes y programas. Es una estrategia de acción en el territorio, que incluye planes y programas, pero que tiene unas dimensiones de participación ciudadana enorme, de movilización de la ciudadana, para lograr que se reconstruyan tejidos sociales”, explica Bautista. Los PDET serán el espacio en el que las comunidades y las autoridades locales y nacionales podrán ponerse de acuerdo sobre cuáles son sus principales necesidades y la estrategia para encontrar, por sí mismos, soluciones a sus problemas.

Zonas priorizadas

Aunque la implementación de lo acordado en La Habana va a tener efectos en todas las zonas rurales del país, la Mesa de Negociación previó priorizar las 16 que lo requieran con mayor urgencia para que entren en funcionamiento los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Los criterios definidos por el acuerdo sobre tierras para esa priorización son: El impacto que ha tenido el con flicto armado en la zona, no solo en los últimos años, sino con una perspectiva histórica. En este punto, se tienen en cuenta temas como la presencia de grupos armados ilegales, el número de víctimas afectadas y los avances en materia de reparación. La presencia de economías ilega les. En especial, la existencia de cultivos ilícitos en la zona, pero también las actividades de minería ilegal y contrabando. Condiciones de pobreza. Necesi dades básicas insatisfechas y pobreza multidimensional. Debilidad de presencia estatal. La definición de las 16 zonas que serán priorizadas para la implementación de los PDET fue dejada por el Acuerdo Final en manos de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación. Sin embargo, de acuerdo con los criterios mencionados es posible prever que regiones como el Magdalena Medio, Montes de María, el Norte del Cauca, Caquetá y Putumayo, serán algunas de ellas.

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¿EN QUÉ VAN A SER IMPORTANTES LOS PDET? SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS Los acuerdos de tierras y narcotráfico tendrán muchos puntos de contacto en su implementación. Diego Bautista explica que los PDET son el espacio en el que se va a hacer esa coordinación. “No se trata simplemente de que los cultivadores sustituyan un producto por otro, sino de enmarcar eso dentro de una estrategia rural más amplia”, afirma Bautista. Esta perspectiva más integral de la sustitución permitirá que el campesino no se vea abocado a asumir por su cuenta los riesgos de un cultivo que podría no ser tan rentable como la coca, sino que comunidad y autoridades podrán hacer planes y emprender acciones que hagan verdaderamente competitivos sus productos. REPARACIÓN DE VÍCTIMAS Y REINTEGRACIÓN Comunidades y autoridades locales y nacionales podrán implementar, en el marco de los PDET, acciones de reparación colectiva en favor de grupos u organizaciones que hayan resultado afectados como consecuencia del conflicto armado. La reparación colectiva es uno de los ejes principales de esta política, pues les permite a las comunidades reconstruir los lazos sociales que destruyó la violencia así como facilita los procesos de reintegración de antiguos combatientes en el territorio. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE Si bien el posconflicto implica una atención especial a dos poblaciones diferentes, víctimas y desmovilizados, la acción en el territorio tiene que incorporar a toda la población vulnerable. Las estrategias que en materia de vivienda, infraestructura, educación, salud o servicios públicos se definan en el PDET deberán ser un factor que contribuya a la inclusión y la cohesión social.

UNA MESA CON CINCO PATAS

Los PDET son mecanismos de decisión y participación plurales e incluyentes. Serán conformados por una convocatoria abierta y en ellos estarán presentes todos los actores que pueden aportar en el territorio, sin que ninguno prevalezca sobre los demás. AUTORIDADES ÉTNICAS

GOBIERNO NACIONAL

Los PDET serán también un espacio de concertación con los pueblos y comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y Rrom, que permitirá incorporar su perspectiva étnica y cultural en los planes de desarrollo deﬁnidos por la comunidad.

Los Planes de Transformación Regional que se acuerden en los PDET deberán articularse con los planes de desarrollo adoptados por los municipios y departamentos y los planes en materia de infraestructura, servicios públicos y otros, que tiene a su cargo la Nación.

COMUNIDAD Y SOCIEDAD CIVIL A los PDET podrán incorporarse los procesos de construcción de tejido social y las iniciativas de paz que de tiempo atrás vienen trabajando las organizaciones sociales y el sector privado.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

GOBIERNOS MUNICIPALES

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LO ACORDADO

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Uno de los retos que tendrán alcaldes y gobernadores será crear los espacios necesarios para que haya una participación efectiva y garantizar, a todos los ciudadanos, su derecho a la oposición.

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Alcaldes y gobernadores tienen una gran responsabilidad para contribuir a generar un clima favorable al diálogo, la reconciliación y la apertura de espacios de participación.

Desde el principio de las negociaciones, el Gobierno y las Farc tenían claro que este punto hacía parte de la esencia de los acuerdos, pues en últimas, lo que se busca con la negociación, es que ese grupo pueda hacer política, pero sin armas. Las partes se demoraron cinco meses en llegar a una concertación. Finalmente, el 6 de noviembre de 2013, se dio a conocer el acuerdo, que está orientado a garantizar una apertura democrática y fomentar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad en el país, para forjar las bases de una paz estable y duradera.

1. GARANTÍAS PARA LA OPOSICIÓN

En el posconflicto, los movimientos sociales adquirirán una dinámica más fuerte. Para garantizar su ejercicio político con plenitud de condiciones, el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana que fortalecerá la intervención de grupos políticos de oposición en las instancias más importantes. También se acordó crear un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia con sedes territoriales que tendrán la función de asesorar y acompañar al Gobierno en la puesta en marcha de mecanismos y acciones orientados a la reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización. Entre los proyectos que se impulsarán se encuentra la implementación de un sistema de educación pública y privada que garantice la difusión del acuerdo en todos los niveles del Estado, cátedras de cultura política y paz y campañas de divulgación masiva sobre el desarrollo de la democracia.

2. SEGURIDAD PARA QUIENES PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA

3. MAYORES ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con el fin de garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, las partes acordaron crear el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política. Una instancia dependiente de la Presidencia de la República que deberá mantener comunicación constante con los partidos y movimientos de oposición. Entre las tareas de la entidad estará situar y disponer los recursos necesarios para investigar, judicializar y castigar, de manera efectiva, a quienes atenten contra el ejercicio de la política sin armas. Además, los mandatarios locales deberán crear una oficina que gestione el Sistema de Alertas Tempranas, el Despliegue Preventivo de Seguridad y el Sistema de Coordinación Incluyente y Auditable, que se estipulan en el acuerdo.

En el centro del acuerdo se encuentra la intención de establecer medidas efectivas para promover mayor participación de todos los sectores en la política nacional, regional y local, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad. En este punto, las partes estipularon que las regiones más afectadas por el conflicto tendrán derecho, entre otras cosas, a unas curules especiales que les permitirán contar con un mayor número representantes a la Cámara. También, podrán obtener financiación especial y un mayor acceso a medios locales y comunitarios. También se crearán veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, instancias en las que los ciudadanos podrán vigilar la implementación de los acuerdos.

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EL SIGNIFICADO HISTÓRICO DEL ACUERDO SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA Lograr romper, para siempre, el vínculo entre política y armas será uno de los retos más significativos del Acuerdo. Un vínculo que ha estado presente por décadas, desde la violencia entre liberales y conservadores hasta el exterminio de la UP.

Desde nuestro nacimiento como nación, la violencia ha estado ligada a la práctica de la política. A las nueve guerras civiles que el país vivió en el siglo XIX, las siguió la violencia entre liberales y conservadores en el siglo XX, que estalló con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, en Bogotá. Aunque a finales de los años cincuenta, el Frente Nacional buscó poner fin a esta violencia bipartidista, la inexistencia de canales institucionales para expresar el inconformismo social propició la toma de las armas por parte de un sector de la población. El narcotráfico y las economías ilegales provocaron, más tarde, que la violencia se disparara a esos niveles

de tragedia humanitaria que el país ha conocido. Esto llevó, incluso, a convertir a Colombia en el único país del mundo en el que en un mismo año (1989-1900) fueran asesinados tres candidatos a la presidencia de la República: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Ha sido tal la relación entre violencia y política en el país, que se llegó a acuñar una expresión eufemística para justificarla: “la combinación de todas las formas de lucha”. El Acuerdo sobre Participación Política alcanzado en La Habana es por eso tan significativo, porque implica un esfuerzo por romper, definitivamente, el vínculo entre violencia y política, que nos ha caracterizado por años.

Como ha afirmado en varias ocasiones Humberto de La Calle, jefe negociador del gobierno, “es compromiso de todos que nadie más recurra nunca al proselitismo armado. Y que nadie que participe en política y juegue con las reglas vuelva a ser víctima de la violencia”. El Acuerdo, y sobre todo el punto sobre participación política, busca construir una nueva apertura democrática para la paz en este aspecto, que brinde las garantías para que política y armas nunca vuelvan a estar ligadas, pero sobre todo, que cree las condiciones para que, en Colombia, todos aquellos que decidan ejercer su derecho a hacer política, vuelvan a tener oportunidades de participación en diferentes sectores y espacios de la sociedad.

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“Es compromiso de todos que nadie más recurra nunca al proselitismo armado. Y que nadie que participe en política y juegue con las reglas vuelva a ser víctima de la violencia”.

LAS 16 CURULES QUE HACEN PARTE DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ESPECIALES DE PAZ SERÁN PARA LAS FARC. FALSO. Las circunscripciones especiales de paz están destinadas a organizaciones sociales con arraigo en el territorio, y no a partidos políticos, incluido el de las Farc.

“El corazón de una negociación es el desarme de una guerrilla a cambio de hacer política” Usted es un ejemplo de que es posible llegar a hacer política sin armas, ¿Cómo llevó el M-19 ese proceso y cómo podría hacerlo las Farc? Lo primero que hay que decir es que nosotros nos dimos cuenta hace 27 años, y esto es fundamental, de que las armas eran una herramienta ineficaz para conseguir los objetivos que nos proponíamos. Ese reconocimiento por parte de una guerrilla es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr la paz. Tiene que haber también una contraparte dispuesta a negociar. Cuando el M-19 encontró ese escenario las Farc aún creían que iban a ganar con la lucha armada y por eso fracasó la negociación del Caguán. Hoy, se dieron cuenta de que es ineficaz.

Uno de los temas más sensibles es la forma en que las Farc llegarían a hacer política…

Hay que entender que el corazón de una negociación es el desarme de una guerrilla a cambio de la posibilidad de hacer política y poder ser elegidos. Las ideas políticas seguirán iguales, vigentes, pero cambia el método en el que se busca que una idea se concrete. De eso se trata la paz. Le han metido miedo a la gente de que si las Farc participan en política vamos a llegar el castrochavismo, como si fueran a ganar las elecciones de un día para otro. Las experiencias de América Latina demuestran todo lo contrario ¿Cuánto se demoró Pepe Mujica en Uruguay en ganar las elecciones? Más de 30 años. ¿Cuánto se demoraron en El Salvador? ¿Cuánto

el M-19? 26 años y no hemos ganado las elecciones aunque lo hemos intentado. De manera que esa idea de que si se les da elegibilidad ellos van a ganar de un día para otro, es solo para confundir a los ciudadanos. La verdad es que, yo mismo se los dije a las Farc el año pasado: estoy a favor de que participen en política, pero en unas elecciones no votaría por ellos, no me han convencido. Votar en un plebiscito Sí, no es votar por las Farc, es votar por la paz.

Ha dicho anteriormente que ganarse el corazón de la opinión pública es fundamental para lograr un buen ejercicio de participación política?¿Cómo hacerlo en el caso de las Farc? Nosotros entendimos la importancia de ese aspecto desde el primer día y nos dedicamos a hacer actos de paz. En ese momento no nos creían absolutamente nada, había una total desconfianza de lo que iba a ser un proceso de paz después de los fracasos del 82 y 85. Las Farc ahora lo están empezando a entender, pero durante tres años, creyeron que lo que había que hacer era demostrar fuerza para fortalecer su posición negociadora, eso es un acto de guerra que los alejaba más de la opinión pública. Ahora, con el cese de fuego unilateral definitivo, que han cumplido de manera bastante seria, están empezando a entender que lo que viene es depender de la opinión pública, del apoyo de los ciudadanos, pero van despacio.

¿Cree que el incidente que tuvo en Medellín (cuando fue insultado por un opositor del proceso de paz en julio pasado) puede dar indicios de cuánto les costará a las Farc ejercer la política? Lo que me sucedió en Medellín hace parte de los gajes del oficio porque estamos expuestos a la opinión pública. A las Farc les va a costar mucho más que a nosotros recuperarla y ganarse un espacio importante porque tiene una historia más larga donde han ofendido a más gente, han hecho cosas que los han alejado, pero sobre todo porque hay una oposición importante de sectores políticos a las actuales conversaciones de paz. Pero de eso se trata, de buscar el apoyo de la población sin armas. Es un reto.

Antonio Navarro Wolff SENADOR DE LA REPÚBLICA Y EX MIEMBRO DEL M-19.

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NUEVOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN En el corazón de los acuerdos de La Habana se encuentra el ideal de transformar los mecanismos de participación: fortalecer las vías de escucha, darle visibilidad a los sectores olvidados y propiciar espacios donde se pueda hacer oposición en paz.

Es importante que las autoridades se preparen para generar verdaderos mecanismos de interlocución con las comunidades durante el posconflicto, pues “el diálogo entre administración y movimientos sociales será esencial para cumplir con los acuerdos de La Habana”, explica Mario Puerta, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En este sentido, la Federación Nacional de Departamentos identificó dentro del punto de Participación política, algunas de las tareas y las oportunidades de incidencia que tendrán los mandatarios regionales y locales respecto del punto de participación.

1. Circunscripciones especiales de paz

Como estipulan los acuerdos, las regiones más afectadas por el conflicto armado tendrán derecho a elegir representantes adicionales en el Congreso, durante un tiempo determinado. Serán 16 Circunscripciones Transitorias Especiales y tendrán un carácter regional que en algunos casos agrupará a varios departamentos. Aunque no se sabe aún en qué territorios específicos funcionarán, los beneficiarios solo podrán ser ciudadanos adscritos a organizaciones

sociales con arraigo en los territorios, que además, trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones de la región. Según Novoa, las circunscripciones tendrían un carácter regional que agruparía a diferentes departamentos. Los beneficiarios serían organizaciones sociales con arraigo en los territorios y serían diferentes a las de las Farc. En este aspecto, los gobernantes deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la participación política de sus habitantes, teniendo en cuenta los desafíos de la reintegración de excombatientes y su decisión de hacer política en las regiones.

2. Veedurías y observatorios de Transparencia

Una vez firmado el acuerdo final, deberán crearse y fortalecerse las veedurías ciudadanas a nivel departamental y municipal. Lo que se busca es garantizar una participación activa, pertinente y dirigida por parte de la ciudadanía con el objetivo de hacer control social sobre la implementación de los acuerdos. Desde las alcaldías y gobernaciones, se deberán garantizar principios básicos

para la labor de las veedurías, como la posibilidad de acceder a información pública y el derecho a expresar libremente sus opiniones. Esta vigilancia de los presupuestos y su eficacia y eficiente ejecución, favorecerá una exitosa política de paz.

3. Estatuto de garantías para la oposición

Según estipulan los acuerdos, tras la firma del acuerdo final, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica serán convocados para definir los lineamientos de este estatuto. Las alcaldías y gobernaciones. siempre han tenido entre sus funciones y competencias, garantizar el derecho a la oposición política, la participación ciudadana y la protesta social. Espacios que seguramente tendrán una dinámica mucho más fuerte durante la implementación del posconflicto. Por parte de los mandatarios locales, deberá haber mayor disposición de interlocución, como también una creación de espacios pertinentes de diálogo social, para prevenir o gestionar pacíficamente la solución de conflictos a nivel regional y local.

¿CÓMO SERÁ EL TRÁNSITO DE LAS FARC A LA POLÍTICA? Una vez formalizados los acuerdos, las Farc podrán alcanzar la personería jurídica de su nuevo movimiento o partido político ante el Consejo Nacional Electoral. Este tendrá algunos beneficios económicos y políticos durante los próximos diez años, que los ayudará a facilitar

su tránsito a hacia vía política. Entre ellos, beneficios económicos, un mínimo de 5 sillas en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes desde el 2018 hasta el 2026, y la exoneración del umbral de votación para alcanzar la personería, hasta el 19 de julio de 2026.

Adicionalmente, a partir de la firma y hasta elecciones de 2018, las Farc tendrán tres voceros en la Cámara y tres en el Senado con el fin de participar en la aprobación de los proyectos que garantizarán la implementación de los acuerdos.

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LOS JÓVENES, LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Corpovisionarios tiene una larga experiencia en el análisis de temas de cultura ciudadana y participación. Uno de sus investigadores explica cómo el posconflicto debe ser una oportunidad para incluir a los jóvenes en el ejercicio de la democracia. La participación política es uno de esos elementos democráticos que son difíciles de entender. Participar políticamente es hacer política electoral, por supuesto, presentarse como candidato para una dignidad del Estado; pero participar también incluye hacerse presente en los espacios que el Estado ha diseñado para escuchar y poner a consideración de la ciudadanía temas específicos de la agenda y la política pública. Participar implica, además, realizar control político de los gobernantes, veedurías ciudadanas y apoyar el trabajo de los organismos de control del Estado. Finalmente, participar también puede entenderse como estar inmerso en el debate político y público sobre los temas importantes para todos los colombianos. Como es tan amplio el espectro de posibilidades de participación, muchas veces es muy difícil afirmar, de manera fuerte, que la participación de los ciudadanos en Colombia no es buena. De hecho, si uno ve la mayoría de los espacios de participación, podrá observar que muchas veces hay concurrencia como para justificar su realización. Es decir, tenemos participación que puede ser masiva, pero cuya calidad deja mucho que desear. Un problema grave de los procesos de participación tiene que ver con el contenido de los espacios en los que se invita a los ciudadanos a participar. En muchos casos, la invitación se hace para que las personas avalen una políti-

ca o proyecto que ya está definido. Por lo tanto, la participación se convierte en un espacio en el cual los ciudadanos no dicen nada nuevo, no pueden opinar ni tomar decisiones. En otros casos, incluso cuando pueden opinar, no se recogen sus sugerencias y al final no ven reflejada su participación en los textos de los proyectos y de la política pública puesta a su consideración. Estos problemas ocurren también con los espacios de participación de los jóvenes, con el agravante de que estos ciudadanos se encuentran en formación, es decir, que están aprendiendo que su voz y sus votos sólo sirven para cumplir con formalidades legales y no tienen una incidencia real en la agenda pública de su municipio, de su departamento y de la nación. He estado en algunas de las mesas de participación locales de jóvenes en algunos municipios del país, en los municipios en donde existen, y he visto con sorpresa que en la mayoría de municipios acuden pocos jóvenes; y que además, estos pocos jóvenes son convocados para mostrar proyectos terminados y que las hojas de firmas tienen nombres de proyectos diferentes de los que son presentados. Estos vicios de algunas administraciones públicas deslegitiman la participación ciudadana, preparan a nuestros jóvenes a ser útiles sólo para cumplir con un número de personas y amenazan la construcción de una cultura de paz.

Por Eduardo Ignacio Gómez Carrillo

COORDINADOR DE PROYECTOS CORPOVISIONARIOS

La construcción de la cultura de paz incluye una buena dosis de democracia, de personas que sean incluidas en los procesos políticos como ciudadanos, con una voz decisoria y concluyente, con personas que vean en la administración pública aliados para realizar sus proyectos de vida y que sean capaces de construir acciones colectivas, que participan, dialogan y se apoyan en los funcionarios públicos y en los planes de desarrollo. Los jóvenes y los niños deben estar en ese contexto democrático desde el principio de sus vidas; desde los entornos familiares, colegios, universidades y asociaciones de jóvenes. La democratización de toda la vida de los jóvenes, así como la de toda la sociedad, es indispensable para la construcción de una cultura de paz. Y en este sentido, la participación efectiva, incluyente, con poder de decisión, vinculante para los gobernantes, verdaderamente democrática, se hace absolutamente indispensable. Si fracasamos en proveer estos entornos participativos, muchos de estos jóvenes se encontrarán con que puede ser más fácil entrar en grupos ilegales delincuenciales que participar en la construcción de una sociedad pacífica. La sustentabilidad y la posibilidad de vivir en paz tienen como eje central permitir a los jóvenes y niños ser protagonistas de primer orden en la construcción de la sociedad en la que quieren vivir.

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SEGURIDAD DE QUIENES PARTICIPAN EN POLÍTICA Teniendo en cuenta experiencias negativas como la de la Unión Patriótica, blindar el proceso de paz será esencial para garantizar la sostenibilidad de lo acordado con las Farc. Como alcalde o gobernador, usted podrá contribuir a fomentar un clima en el que se pueda controvertir sin temor a la violencia.

LA PROTECCIÓN A MIEMBROS DE LAS FARC Las garantías de seguridad son una condición necesaria para afianzar la construcción de la paz y la convivencia. Por eso, los acuerdos de La Habana buscan asegurar que cualquier persona pueda participar en la vida política sin poner en riesgo su vida. La Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio de Defensa son los organismos encargados de proteger a personas o colectivos que estén en riesgo de persecución o violencia política. En un trabajo conjunto, ambas entidades identificaron cuatro posibles escenarios de riesgo que es necesario tener en cuenta en el posconflicto: derivados de la seguri1. Riesgos dad en general. Son aquellos que

eventualmente serían provocados por actores ilegales que quieran reclutar a las personas que en algún momento pertenecieron a las Farc. Los desmovilizados también pueden ser víctimas de persecución por parte de grupos o personas vinculadas con narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y otras actividades criminales. derivados de la conviven2. Riesgos cia ciudadana. Aquellos que están

enmarcados en el rechazo social o estigmatización que se pueda producir hacia antiguos combatientes por parte de otros integrantes de la comunidad a la que se integran. Pueden ser actitu-

des hostiles de algunas personas, bien sea frente al individuo, frente al movimiento político o simplemente porque se sabe que en algún momento pertenecieron a las Farc. Riesgos derivados de la participación política. Los que pueden provocar personas que no quieran permitir que los desmovilizados participen en procesos electorales en determinada zona.

derivados de la participa4. Riesgos ción social. Es decir, los que surjan

por el ejercicio del liderazgo social en general, pero no necesariamente vinculado a actividades políticas. Esto implica cualquier intención que puedan tener otros actores dentro de la sociedad, de limitar la libertad de expresión, la libertad de asociación o simplemente el ejercicio del liderazgo en comunidades en las cuales estarán estos excombatientes. Todas las iniciativas que busquen mitigar estos puntos aportarán a la construcción de una mejor seguridad. Sin embargo, también jugará un papel importante la articulación de esfuerzos institucionales para la identificación y persecución de actores armados ilegales. Y finalmente, para el logro de todos estos objetivos es vital la creación de espacios políticos de participación por parte de alcaldes y gobernadores, que faciliten el reconocimiento de ellos como actores políticos legítimos dentro de la participación social.

Según los puntos de Participación Política y Fin del Conflicto, adicionalmente, deberá crearse un Sistema Integral de Seguridad y una Mesa Técnica, compuesta por representantes del Gobierno, la ONU y las Farc, que fijarán los parámetros para la protección especial de los desmovilizados de ese grupo. A cargo de la implementación de estos sistemas estará una nueva subdirección de la UNP. La experiencia que tiene la entidad en protección de grupos desmovilizados como el M-19, el Epl, la Crs y el Quintín Lame, ha dejado muchas lecciones, entre ellas, que la seguridad está muy relacionada con la confianza. Por eso, en los esquemas de protección se incluye siempre a personas en las que los protegidos puedan confiar. Se van a “generar unos esquemas mixtos, integrados por excombatientes de las Farc, personal de la UNP y enlaces de la Policía Nacional. Además, habrá un componente adicional garantista, que es el análisis y seguimiento permanente de cada caso en la Mesa Técnica”, explica Diego Mora, director de la entidad. Agrega que, “en la medida en que las autoridades regionales y locales reconozcan y promuevan la participación social de los excombatientes, se va a lograr que disminuyan los niveles de exposición a los riesgos identificados”.

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“EL PAÍS SE ESTÁ REACOMODANDO A LO QUE DEBE SER” El Alto Consejero para las Regiones, Carlos Correa, asegura que en la medida que alcaldes y gobernadores se involucren, la inversión y proyectos sociales que vendrán con el posconflicto van a ser más efectivos, porque ellos son los que conocen sus territorios.

Alcaldes y gobernadores tendrán un papel fundamental en el posconflicto, ¿Cómo se están articulando con ellos? Lo más importante que estamos haciendo es establecer una buena comunicación informándoles en qué va cada una de las etapas del proceso. A veces hay mucha ansiedad en las regiones porque algunos movimientos sociales y políticos hacen pedagogía de forma no oficial. Nuestro objetivo es establecer canales de comunicación directos, lo más frecuentemente posible para darles tranquilidad e informarles en qué va el proceso. Todos quieren saber las respuestas a todas las preguntas, pero algunas aún no las tienen.

¿Qué papel deben jugar los mandatarios locales en este proceso? El objetivo principal de la Consejería es que los mandatarios locales empiecen a empoderarse también de este proceso y no simplemente digan “aquí me pusieron un campamento o zona y ahí está”. Si ellos se involucran, toda la inversión y proyectos sociales que se van a hacer allí, durante el posconflicto, van a ser más efectivos, pues ellos conocen sus territorios. Por ejemplo, qué centros de salud y educación hay cercanos para brindar servicios o qué hace falta. A las regiones y municipios llegarán nuevas mujeres, hombres y niños que deberán ser censados y que requerirán de salud, alimentación y educación.

La seguridad también es una de las preocupaciones de los mandatarios locales. ¿Cuál es el mensaje en este sentido que transmite la Alta Consejería? Primero, la autoridad siguen siendo el alcalde y el gobernador en todo momento. Segundo, en el caso de las zonas de normalización, el Ejército va estar acordonando las zonas y los campamentos, asegurando a la población y al territorio. También van a estar delegados de las Naciones Unidas como veedores, y por supuesto, desde la Consejería les hemos

dicho que deben estar tranquilos, porque dentro de los equipos de verificación, ellos van a poder tener un enlace. En esos puestos de mandos tendrán a quienes estimen, para que de primera mano les informe qué es lo que está pasando.

¿Luego de los 180 días de desarme qué pasará? Una vez concluyan los 180 días, yo diría que a los excombatientes los absorberá la sociedad civil. Habrá personas en un campamento del Putumayo que son de Córdoba y querrán volver a su hogar. Habrá otros que querrán estudiar, entonces a través del SENA vamos a poder darles educación técnica. Otros querrán simplemente volver al campo, cultivar. Todo eso es lo que vamos a identificar durante los seis meses para saber cómo va a ser la migración de gente.

¿Sobre qué tema cree que hay que hacer pedagogía para la paz? Lo más importante es acercar cada vez más el lenguaje a las regiones, porque el común de la gente no sabe lo que es la justicia transicional. La gente dice: ¿qué es eso? Son lenguajes técnicos muy poderosos que finalmente son las herramientas que usaremos para construir paz. Lo que debemos hacer es explicar cómo les va a servir. Decirles que cuando la paz se dé, mucha gente se va a atrever a ir a sus territorios y que con la paz va a haber más turismo. No podemos decir ‘la competitividad va a crecer, va a haber más turismo’ porque no todo el mundo entiende que tiene que ver paz con competitividad, además cada región tiene su diversidad.

Los acuerdos implican unas obligaciones del Gobierno Nacional con los territorios. ¿Cómo se van a integrar esas responsabilidades nacionales con las de los territorios? Yo digo a alcaldes y gobernadores que, efectivamente, las regiones van a tener una

inversión y un desarrollo, pero no en un año. El déficit de vivienda de 30 años no se cubre en uno o dos. Se hace a largo plazo. Pero son compromisos del Estado y poco a poco se irá cerrando esa brecha. Pienso que el país se está reacomodando a lo que debe ser. Desafortunadamente, los departamentos más críticos se acostumbraron a vivir en un sistema de vacuna, extorsión y violencia. Muchos niños nacieron en ese modelo, sí, pero no es el correcto. A veces la gente dice ¿Qué va a pasar con la paz? Es porque tienen en su inconsciente que la vida es así.

¿Cuál será el mayor reto para las regiones? Creo que va a ser entender el cambio que va a sufrir nuestro país y el reenfoque de muchas políticas territoriales. Siempre hago un llamado a alcaldes y gobernadores a tener claro qué es lo básico, qué necesita su región, que los pocos o muchos recursos que tengan hay que redireccionarlos a que esos sectores con mas necesidades se puedan cubrir. Una de las prioridades es cerrar la brecha urbanorural. Tenemos deudas históricas con el campo, claro, y hay que ponernos al día. Alcaldes y gobernadores deben ver cómo lo hacen. Desde el gobierno esto también se está redefiniendo con las nuevas agencias de agricultura, etc. Las cosas ya están pasando.

Carlos Correa ALTO CONSEJERO PARA LAS REGIONES

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LO ACORDADO

NARCOTRÁFICO Colombia lleva más de 30 años de guerra contra las drogas ilícitas, con base en una estrategia de carácter policial y punitivo. El negocio, sin embargo, está lejos de desaparecer. El acuerdo de La Habana contempla un modelo diferente, en el que la participación de las comunidades será fundamental.

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El mayor riesgo es que otro grupo armado ilegal ocupe el espacio dejado por las Farc.

Las drogas ilícitas y otras formas de economía ilegal son una de las principales preocupaciones en varios departamentos del país y podrían ser uno de los grandes obstáculos para el posconflicto si no se ofrece una alternativa, dentro de la legalidad, a sectores de la población que hoy dependen de este tipo de negocios. Un 60 por ciento de los cultivos de coca del país están ubicados en zonas de influencia de las Farc, según el estudio La

microeconomía de la producción y tráfico de cocaína en Colombia, hecho por los economistas Daniel Mejía Londoño y Daniel Rico en 2011. El acuerdo sobre narcotráfico, hecho público el 16 de mayo de 2014, significa el retiro de las Farc de este negocio y la creación de un plan para que autoridades y comunidades trabajen conjuntamente en la erradicación de los cultivos ilícitos en el país. Si el acuerdo se implementa con éxito

en las zonas en donde las Farc tienen actualmente influencia, se podría reducir significativamente el negocio de las drogas ilícitas en el país. Si no se obtienen los resultados que se buscan, el mayor riesgo es que otro grupo armado ilegal ocupe el espacio dejado por las Farc. Según María del Pilar Barbosa, miembro del equipo del Acuerdo sobre drogas ilícitas, enfrentar esta situación es la punta de lanza para la transformación de los territorios.

1. UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA LA ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS

2. LUCHA CONTRA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN En los territorios se crearán planes

de trabajo que permita hacer la transición lo antes posible. El Gobierno apoyará el sustento de las comunidades, mientras logran vivir de los nuevos proyectos productivos. En aquellos lugares donde la comunidad decida no participar en la sustitución se recurrirá a la erradicación manual.

Se acordó la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y Desarrollo Alternativo (PNIS). Hasta 2014, la política pública contra los cultivos ilícitos era la fumigación con glifosato. Este nuevo modelo optó por la sustitución voluntaria, por parte de los sembradores y toda la comunidad, en los territorios cocaleros. En caso de que no haya acuerdos con la comunidad para remplazar esta siembra, la erradicación manual será la opción priorizada y no está claro todavía si, en caso de que no se pueda llegar a alguna zona por problemas de seguridad, la fumigación aérea sería la tercera alternativa. El Programa es también un capítulo especial de la Reforma Rural Integral, por ser parte de la inclusión social del campo colombiano. Esta será la autoridad nacional encargada de promover la sustitución voluntaria en las comunidades y definir con ellas, de manera concertada, cuál será la ruta para abandonar los cultivos ilícitos, incursionar en otras economías, acordar que no se volverá a sembrar y establecer las garantías para esto.

integrales municipales y comunitarios de sustitución, que se diseñarán con la participación de asambleas comunitarias. Estas asambleas, de la mano del Gobierno, harán diagnósticos, definirán cuáles serán los nuevos cultivos y priorizarán sus necesidades. Estos serán los insumos para la construcción de los planes municipales, que deberán tener un plan de atención inmediata y desarrollo de proyectos productivos, obras de infraestructura de ejecución rápida para garantizar la viabilidad de los proyectos, un componente de sostenibilidad y recuperación ambiental y un plan de formalización de la propiedad. En esta línea, el objetivo es garantizar la judicialización efectiva de las redes de producción, dando un trato diferencial a cultivadores y consumidores, teniendo presente que estos últimos constituyen el eslabón más débil de la cadena. El programa nacional y los planes municipales deberán trabajar articuladamente. El reto para los mandatarios locales es fortalecer la articulación entre alcaldías, gobernaciones y Gobierno Nacional y establecer una metodología

3. CONSUMO DE DROGAS, UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Según afirmó el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, el día en que se anunció el acuerdo, la estrategia integral acordada en La Habana reforzará y ampliará lo que hoy ya hace el Estado contra las organizaciones narcotraficantes. Se creará el Programa nacional de intervención integral frente al consumo de drogas, que tendrá enfoque de Derechos Humanos y de salud pública, enfoque diferencial y de género. Se articularán las instituciones del Estado y se coordinará un proceso con las comunidades y familias, para realizar acciones de rehabilitación del consumidor. También habrá un programa presidencial para atender y prevenir el consumo de drogas, y un sistema nacional de atención al consumidor de drogas.

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UN NUEVO MODELO DE LUCHA CONTRA LA DROGA Aunque en el corto plazo, los resultados negativos en materia de erradicación de cultivos ilícitos han llevado a algunos sectores a proponer el retorno de las fumigaciones, un proceso de sustitución de la mano con las comunidades podría tener efectos más sostenibles en el largo plazo. Colombia pasó de tener 69.000 hectáreas sembradas de coca en 2014, a 96.000 en 2015. Este incremento fortaleció las críticas contra la suspensión de las fumigaciones y contra el modelo de sustitución de cultivos que se viene adelantando en las regiones más afectadas por el narcotráfico. Esta mirada pasa por alto que la suspensión de fumigaciones se hizo en octubre del 2015, es decir, tres meses antes del corte del estudio del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), que presenta cifras del año completo. Según el director del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y Desarrollo Alternativo (PNIS), Eduardo Díaz, no es cierto que por dejar de fumigar se siembre más. “En 2007,

que tiene un pico de cultivos superior al de 2015, fue el año en el que más se fumigó”, según datos del SIMCI. Para el funcionario, son otras las razones a las que obedece el aumento de cultivos ilícitos. Por un lado, la expectativa generada por el proceso de paz, pues muchas personas no saben que los programas de desarrollo que se adelantarán en las regiones no son exclusivos para quienes siembran, son para todas las personas del municipio. “La gente a veces cree, equivocadamente, que para tener beneficios del Estado tiene que tener cultivos y eso es falso. Por eso la estrategia es de desarrollo regional”. De otro lado, Colombia lleva más de 30 años fumigando con glifosato yno se lograron cambios importantes: seguimos siendo el principal país pro-

ductor. “El propio presidente ha dicho que esa estrategia es la de la bicicleta estática. La fumigación no cambia ni la estructura, ni la voluntad de la gente, no transforma los territorios”. El Programa de Sustitución, en cambio, argumenta Díaz, enfrenta problemas estructurales de la cultura de la ilegalidad y del acceso de los campesinos a oportunidades reales, porque reconoce que la presencia de cultivos es también una consecuencia de la vulnerabilidad social, el atraso, el aislamiento y no solo de la presencia de mafias. La meta es que en un año y medio los cultivos empiecen a disminuir y recuperar la tendencia con la que veníamos hasta 2014. “La gran diferencia es que esta vez las Farc están de este lado y eso cambia totalmente el panorama”, concluye el funcionario.

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DROGAS 25

"La gran diferencia en la sustitución de cultivos ilícitos, es que esta vez las Farc están de nuestro lado y eso cambia totalmente el panorama”,

UN CASO EXITOSO DE SUSTITUCIÓN Entre 2008 y 2012 se adelantó el programa La construcción de confianza “Sí se puede”, para la sustitución de cultivos entre el Estado y la ciudadanía en los municipios de Leyva y El Rosario, Naries clave para lograr esa volunño. El Gobierno Nacional no fumigó durante tad. Mucho del “Sí se puede” este periodo de manera que se pudo evaluar se debe a que la gente creía la efectividad de la estrategia. en la gobernación, porque ambas administraciones cumplieron los compromisos. El resultado: los cultivos ilícitos disminuyeron en 52 por ciento en promedio en el país; un Es fundamental la articula74 por ciento, en el resto de Nariño, y un 85 ción entre los tres niveles por ciento, en las zonas intervenidas. del Estado. Los acuerdos también lo dicen. Es imposible Raúl Delgado, exgobernador de Nariño y desconocer el papel de los asesor de la Federación Nacional de Dealcaldes y gobernadores como líderes de partamentos, explica que el incremento en sus territorios. Esto debe estar acompañaestos dos municipios en 2015 fue menor al do de procesos de participación ciudadana del resto del país. “Eso quiere decir que el y de control social. programa echó raíces, que es una estrategia sostenible y a largo plazo”. Los nuevos programas deben adelantarse como parte de un El programa “Sí se puede”, que empezó en conjunto de inversiones encala administración de Navarro Wolf y conminadas a la transformación tinuó en la de Raúl Delgado, tuvo algunos estructural de los territorios de los criterios que coinciden con los del afectados, al tiempo que se combate y judiPrograma Nacional pactado en La Habana: cializan las estructuras criminales ligadas a ganar la voluntad de las personas y diseñar la cadena de narcotráfico. el plan de manera participativa con la comunidad, lo cual, señala el exgobernaSe debe evitar a toda costa dor Delgado, implica un hondo trabajo de el tiempo muerto entre la pedagogía para reflexionar sobre la cultura sustitución del cultivo y la de la legalidad y garantiza la sostenibilidad. llegada de las ayudas para la población, porque hasta ahí llega la confianza. Si las personas no tiene Estas son algunas de las lecciones de qué vivir, vuelven a sembrar. aprendidas en esta experiencia: Se debe contar con recursos La presencia de la Fuerza Púsuficientes para la permanenblica, en su papel de garante cia de los programas hasta de la seguridad, es necesaria lograr la sostenibilidad de los para impedir que otros grucultivos o actividades econópos ilegales tengan el control micas legales. territorial que antes tenían las Farc. Propiciar acuerdos comerPara que el programa tenga ciales que garanticen precios arraigo, el compromiso de las rentables para los productos comunidades con la sustitusustitutos e implementar ción debe ser un proceso de estrategias como los seguros participación deliberativa y de de cosechas, porque es muy difícil poner a formación ciudadana. No solo es decir que competir a los campesinos con las econohay que salir de la coca porque así se acordó. mías más avanzadas.

UN LLAMADO A LOS MANDATARIOS LOCALES

El director del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y Desarrollo Alternativo (PNIS), asegura que en los territorios empieza a sentirse el cambio. En El Orejón, la vereda del corregimiento de Briceño (Antioquia), donde se adelanta el plan piloto “vemos que hay voluntad, pero este es un reto que rebasa la intervención del gobierno. Necesitamos a los académicos, las organizaciones, la comunidad y los mandatarios locales trabajando juntos para que esto, que ha alimentado la guerra, se cambie por cultivos que alimenten la paz”. Por su parte, Raúl Delgado, como exgobernador, alienta a los alcaldes y gobernadores a liderar la oportunidad de hacer una transformación integral en sus municipios. “Esta es una oportunidad de ganar mayor gobernabilidad. Infórmense, lean los acuerdos, conversen con las comunidades sobre la manifestación de voluntades. Así cuando se firmen los acuerdos, estarán adelantados a la posibilidad de estar en el centro de esa transformación”.

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MUNICIPIOS CLAVES EN LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS

De los 32 departamentos de Colombia, 20 tienen sembrados cultivos ilícitos. Estas serán las regiones claves durante la estrategia de sustitución de cultivos después de la firma de Los Acuerdos.

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y Desarrollo Alternativo (PNIS), se adelantará en todo el territorio nacional; sin embargo, hay regiones que requieren intervenciones más grandes y urgentes por ser históricamente las más afectadas por este mercado ilegal. El 81 por ciento de los cultivos de coca están concentrados en cinco departamentos: Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Caquetá. Si hablamos de municipios, los 10 más afectados concentran el 47 por ciento de toda la siembra: Tumaco, Barbacoas y Olaya Herrera-Bocas de Satinga, en Nariño; Puerto Asís, Valle del Guamuez, Orito y San Miguel-La Dorada, en Putumayo; Tibú y El Tarra, en Norte de Santander, y El Tambo, en Cauca.

960 Ha.

Chocó 300 Ha.

300 Ha.

Istmina

Medio San Juan (Andagoya)

2.402 HECTÁREAS

Tarazá 884Ha.

1.448 HECTÁREAS

8.860

Cauca Argelia

Antioquia

El Tambo

HECTÁREA

Patía (El bordo)

3.468 Ha.

1.666 Ha.

Timbiquí

907 Ha.

Nariño

Barbacoas

2.453 Ha.

29.755 HECTÁREAS El Charco

Ipiales

1.471 Ha. Magüay

861 Ha.

887 Ha. Olaya Herrera

2.176 Ha.

Roberto Payán

1.938 Ha.

17.6%

de todos los cultivos ilícitos del país están concentrados en Tumaco. Solo este municipio tiene más hectáreas que cualquier departamento, excepto Nariño y Putumayo: 16.960 Ha.

Putumayo Orito

Puerto Caicedo

Puerto Asis

Puerto Guzmán

2.189 Ha. 6.052 Ha.

1.481 Ha. 1.298 Ha.

Puerto Leguízamo

1.804 Ha.

San Miguel

2.338 Ha. Valle del Guamuez

3.660 Ha. Villagarzón

1.131 Ha.

Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, de la Oﬁcina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).

20.06 HECTÁRE

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Bolívar

1.043

Santa Rosa del Sur 307Ha.

HECTÁREAS

Norte de Santander

Convención

El Tarra

855 Ha.

11.527 HECTÁREAS

2.074 Ha.

Sardinata

866 Ha.

Teorama

1.770 Ha.

Tibú

4.379 Ha.

Vichada

Meta

Cumaribo

La Macarena

683 Ha.

1.333 Ha.

Puerto Rico

1.619Ha.

Vistahermosa

1.353 Ha.

683

Anti

Guaviare

HECTÁREAS

8.860 HECTÁREAS

San José del Guaviare

5.002

1.501 Ha.

Caq

Cau

Miraﬂores

HECTÁREAS

Bolí

1.851 Ha.

Córd

El Retorno

Cho

1.615 Ha.

5.423

Met

Nar

HECTÁREAS

Nor

7.712

20.067 HECTÁREAS

HECTÁREAS

Departamentos con menos hectáreas sembradas

Santander 20 Ha.

Amazonas

Valle del Cauca

111 Ha.

Guainía

18 Ha.

Arauca

36 Ha.

Caquetá

Cartagena del Chairá

948 Ha.

San José del Fragua

1.083 Ha.

Montañita

1.503 Ha.

San Vicente del Caguán

1.285 Ha.

Vaupés

32 Ha.

Cesar 33 Ha.

17 Ha.

Boyacá 7 Ha.

Magdalena 7 Ha.

Putu

Gua

Vich

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EL RIESGO DE QUE SURJAN NUEVOS GRUPOS ILEGALES 88 municipios de Colombia se encuentran en riesgo extremo tras el fin del conflicto con las Farc. Según la Fundación Paz y Reconciliación, los grupos 'neoparamilitares' son la principal amenaza para departamentos como Nariño, Chocó, Antioquia, Cauca, Putumayo y Bolívar.

EL PROCESO DE PAZ INCLUIRÁ UNA REDUCCIÓN DEL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS. FALSO. El posconflicto significará una reorientación de la labor de la Fuerza Pública, pero sin que eso signifique dejar de enfrentar las amenazas que continúan existiendo para la seguridad de los colombianos.

El riesgo inminente de que nuevos paramilitares, las bandas criminales y otros grupos al margen de la ley tomen el control de los territorios que hoy dominan las Farc, es una amenaza para el éxito de la sustitución de cultivos ilícitos y la erradicación del narcotráfico en Colombia. Raúl Delgado, asesor de la Federación Nacional de Departamentos, explica que la seguridad es una de las prioridades para la buena salud del posconflicto, pues si en los territorios permanecen y se expanden otros actores armados con control territorial, “será imposible lograr tanto la sustitución como el desarrollo integral de los municipios y, lo más grave, habremos nacido a un nuevo conflicto”. El asesor, quien fue Gobernador de Nariño y estuvo al frente del programa para la sustitución voluntaria de cultivos en el departamento, explica que a ese riesgo se le suma, además, la migración a otras economías al margen de la ley, como la minería ilegal, lo cual ya se evidencia en muchas regiones del país. “Parte de la integralidad que debe tener el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y Desarrollo Alternativo(PNIS), es salir de todas las economías ilegales, y esto podría ser más viable ahora que no tendremos conflicto”, explica.

Frente a esto, Eduardo Díaz, director del PNIS, dice que su experiencia en los municipios más afectados por el narcotráfico le ha mostrado que la población está tomando conciencia de que esos otros grupos van a querer iniciar negocios que, finalmente, no favorecen a los campesinos. El funcionario asegura que la presencia armada ilegal es una piedra en el zapato para el proceso de paz. “Por eso estamos trabajando con la comunidad para hacer pedagogía frente a la cultura de la ilegalidad, en general, y para fortalecer la confianza. Esta es la garantía de que no vuelvan a sembrar cultivos ilícitos”. La presencia institucional es otra de las garantías. “Hace poco llegamos a un territorio en el que nos recibió la guardia indígena. Nos dijeron: ‘Es la primera vez que aterriza un helicóptero militar y ocurre algo diferente a una plomacera’. Esas personas ya saben que no están solas”. Raúl Delgado coincide en que promover la cultura de la legalidad es fundamental, haciendo especial énfasis en que las comunidades deben saber que, más allá de los beneficios económicos, hay unos valores que les garantizan los principios de convivencia. Asegura que es clave que los campesinos entiendan que forman parte de una cadena productiva que fomenta la violencia y causa profundos daños en la salud de las personas.

DROGAS 29

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GARANTÍAS PARA UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA

Los acuerdos insisten en que la presencia de cultivos ilícitos está ligada a las condiciones de pobreza y débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Por eso, la apuesta del Programa de Sustitución es fortalecer no solo la presencia estatal, sino también su capacidad para proteger a la comunidad, “en especial frente a cualquier tipo de coacción o amenaza”, y la capacidad de interdicción y judicialización de las redes territoriales de narcotráfico.

¿Y la seguridad?

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ha explicado que el fin del conflicto va a significar que la capacidad de las Fuerzas Militares y la Policía se empeñe en la protección de todas las personas. “En la paz necesitamos una Policía y unas Fuerzas Militares cada vez más fuertes y contundentes”, dijo el presidente Santos, y aseguró que el Gobierno aprendió de los errores de otros procesos de paz en el mundo, en los que se desmantelaron las Fuerzas Armadas. De otro lado, el Programa de Respuesta Rápida del Gobierno también contempla la garantía de la seguridad, para lo cual les ofrece a los mandatarios locales jornadas móviles de casas de justicia y convivencia ciudadana, la creación y fortalecimiento de los comités locales de justicia, asistencia en la formulación de nuevos planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana

para promover una agenda de seguridad comunitaria, capacidades y metodologías en investigación criminal y judicial frente al problema de la extorsión, y promoción de actividades de denuncia y prevención a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Raúl Delgado considera que, aunque la voz cantante en cuanto a seguridad la tiene el Gobierno Nacional, alcaldes y gobernadores pueden aportar en la lucha contra los nuevos grupos armados. “Los mandatarios pueden aprovechar sus planes y consejos de seguridad, desde el enfoque de la aplicación de los acuerdos. Pueden pasar informes al Gobierno sobre la presencia de la ilegalidad, comprometerlo para que actúe. Los líderes políticos en las regiones son una fuente de información muy importante. Sería un error no consultar con ellos cómo está la situación”, concluyó el exgobernador.

El Gobierno pondrá en marcha una política criminal y una estrategia de lucha contra la corrupción, que contempla la creación de grupos interinstitucionales que investiguen las estructuras y las dinámicas locales de la violencia para prevenir la aparición del crimen organizado, y el fortalecimiento de la cooperación internacional para identificar redes, sistemas de comercialización y rutas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Parte de esta lucha es la estrategia contra el lavado de activos, para la cual se desarrollará un proceso de mapeo que permita identificar la cadena de valor del narcotráfico. Así mismo, conformará una comisión de expertos y mesas de trabajo territoriales, que permitan crear un nuevo estatuto de prevención para la persecución de los eslabones fuertes de la cadena. También fortalecerá, rediseñará o creará instancias de investigación, supervisión y control financiero y de lavado de activos, y pondrá en marcha una estrategia para la implementación efectiva de la extinción de domino.

30 JUSTICIA

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LO ACORDADO

VÍCTIMAS Garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición es la razón de ser del quinto punto acordado en La Habana.

JUSTICIA 31

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No se puede lograr la paz real y duradera sin satisfacer los derechos de más de ocho millones de personas que han sufrido las consecuencias directas del conflicto armado en Colombia. Según las cifras de la Unidad para las Víctimas, tenemos un número de víctimas mayor que países como Sudán, Sierra Leona y Ruanda. Por eso, las víctimas han sido el centro del proceso de paz desde la fase exploratoria. Para diseñar todo el andamiaje para la justicia transicional, un concepto que se refiere a la garantía de la verdad, la justicia especial, la reparación y la no repetición, la Mesa recibió 27 mil propuestas de todos los lugares y sectores del país. Finalmente, se acordó la creación del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que con-

templa mecanismos judiciales y extrajudiciales para garantizar esos derechos mencionados y la seguridad jurídica para quienes causaron daños. Según Juanita Goebertus, coordinadora de justicia transicional de la OACP y parte de la delegación del gobierno en la Mesa durante la discusión de este punto, el acuerdo sobre justicia tiene cinco elementos claves: la integralidad, que se refiere a la articulación entre todos sus mecanismos; la condicionalidad, es decir, que no habrá tratamientos especiales como amnistías o indultos si no hay contribución para esclarecer la verdad y reparar; la participación, para escuchar a víctimas y a quienes participaron en el conflicto armado, incluyendo a agentes del Estado que cometieron delitos y excombatientes paramilitares; la imparcialidad, y el enfoque diferencial y de género.

1. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN Será temporal y de carácter extra-

situaciones jurídicas para quienes no tuvieron amnistías; la Unidad de investigación y acusación, y el órgano de cierre, que es el Tribunal para la Paz. Para los delitos no amnistiables se determinarán las penas, dependiendo de si hay o no reconocimiento de los hechos por parte de los infractores.

judicial, es decir, no penal. Por tanto no está ceñido al procedimiento de un tribunal y se convierte en un escenario para escuchar todas las voces que aportarán a esclarecer qué pasó, cómo y por qué. Su objetivo es contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las víctimas. Las comisiones de la verdad se han creado en varios procesos de transición en el mundo para esclarecer los patrones de violencia.

2. JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Este es el mecanismo judicial del Sistema Integral que investigará, juzgará y sancionará, para garantizar que no haya impunidad. Estará compuesto por la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas; la Sala de amnistía e indulto; la Sala de definición de

3. UNIDAD PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

La Unidad deberá dirigir, coordinar y contribuir a la “implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales para la búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, para su localización y la entrega digna de sus restos”. Estas acciones se harán de manera paralela a los procesos penales para este caso, pues la desaparición forzada es uno de los delitos no amnistiables.

4. MEDIDAS DE REPARACIÓN

La idea es fortalecer el programa de reparación integral de víctimas,

27 mil

propuestas hechas por las víctimas fueron recibidas en la mesa de todos los lugares y sectores del país.

creado por ley, garantizando que todas las personas que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto contribuyan a la reparación de las víctimas. Para esto se establecieron tres tipos de medidas: actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, concertados con las comunidades;acciones concretas de contribución a la reparación, como la participación en desminado, sustitución de cultivos ilícitos o construcción de obras en las comunidades afectadas, y en tercer lugar, fortalecimiento de la reparación colectiva, como los procesos de retorno, la restitución de tierras y la atención psicosocial.

5. GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

Estas garantías serán el resultado de la implementación de todos los mecanismos mencionados del Sistema Integral, más las medidas acordadas en el punto tres, Fin del Conflicto, y demás acuerdos que contribuirán a reversar los efectos de la guerra y a modificar las condiciones que sostienen la violencia en cada territorio.

32 JUSTICIA

|GOBERNANTES |GOBERNANTES&&POST-CONFLICTO| POSCONFLICTO|

LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN Los mandatarios locales serán claves para la efectividad de la Comisión en los municipios. Este mecanismo hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, acordado para satisfacer los derechos de las víctimas.

CÓMO FUNCIONARÁ

El reto es lograr un proceso en el que haya participación masiva y, sobre todo, diversa, en la que se escuchen muchas voces de diferentes sectores de la sociedad y de todas las regiones. Para eso, se crearán espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial que serán, sobre todo, audiencias públicas, pero también, “escenarios públicos de discusión y reflexión o ceremonias culturales”, que faciliten los actos de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón, ofrecer explicaciones, contribuir a la reparación.

La verdad sobre los horrores cometidos durante el conflicto no es solo una forma de reparación, sino también un camino para entender la historia de una guerra, de la que aún nos queda mucho por descifrar. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se creó para contarle al país qué fue lo que pasó en 52 años de conflicto, develar las “prácticas y hechos que representen graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, sobre todo los que representen o sean de carácter masivo”, según dice el acuerdo. Su tarea es explicar la complejidad del conflicto, especialmente de los aspectos más desconocidos hasta ahora, como el impacto en los niños y en las mujeres, las responsabilidades colectivas del Gobierno, de las Farc, de los paramilitares y de los demás grupos armados.

Este es un mecanismo extrajudicial porque garantizar que su testimonio no tendrá ningún efecto judicial es la única forma de lograr que quienes infringieron daño cuenten la verdad. Eso también garantiza a las víctimas que su relato no les implicará amenazas ni riesgos personales. Lo que allí se diga no podrá ser usado como prueba de nada y contra nadie. En ese camino, la Comisión deberá alentar el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos los que participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, al tiempo que promueve la convivencia en los territorios. Más allá de compartir un espacio, la idea es que logre crear un ambiente que permita “la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia”, según dice el acuerdo.

La Comisión tendrá 6 meses para preparar todo su funcionamiento y después de eso, tendrá vigencia de 3 años. Una vez cumplido ese plazo, tendrá un mes para la entrega del informe final, en el que refleje las investigaciones, las conclusiones y las recomendaciones.

Este mecanismo estará conformado por 11 comisionados que incluye un presidente, que será elegido de común acuerdo entre el Gobierno y las Farc. Los otros 10 comisionados los podrán postular diferentes sectores de la sociedad y un comité de escogencia tomará la decisión final.

Se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el informe final.

Durante todo el proceso, la Comisión debe asegurar la transversalidad del enfoque de género, con la creación de un grupo de trabajo de género.

JUSTICIA 33

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LAS AUDIENCIAS REGIONALES Si bien el acuerdo establece que se harán audiencias regionales, la forma en que se adelantarán será decisión de los comisionados, quienes tendrán completa autonomía para establecer la metodología que se utilizará. Los líderes políticos regionales tendrán un rol fundamental para el buen funcionamiento de las audiencias, pues aunque esta es una tarea del Gobierno Nacional, los alcaldes podrán ser los mejores aliados si contribuyen a propiciar espacios en los cuales se puedan escuchar todas las voces, si, una vez se firmen los acuerdos, empiezan campañas pedagógicas para que en sus municipios no se estigmatice a ningún grupo y se preparen para los diálogos pacíficos: desarmar la palabra.

Los asuntos logísticos dependerán de La Comisión, pero las regiones pueden poner su grano de arena. El pasado 23 de junio, cuando se firmó el acuerdo del Fin del conflicto, en muchas ciudades se transmitió la rueda de prensa en pantallas gigantes ubicadas en lugares públicos concurridos. Lo mismo podría pasar con las audiencias en las regiones, como una manera de movilizar a toda la sociedad, motivar la participación y la solidaridad de todas las personas con el proceso de esclarecimiento de la verdad. Otra acción clave desde los territorios es adelantar el proceso de recolección de todos los esfuerzos de reconstrucción de memoria que se han llevado a cabo en sus municipios. Dado que la Comisión no pretende hacer un proceso centralista, recibir una información organizada, que dé cuenta del trabajo político, social y comunitario, es un gran avance, una forma de preparar el camino para cuando llegue La Comisión. Pero, sobre todo, los mandatarios locales tiene una responsabilidad particular: pensar cómo, desde sus administraciones, se adelantan procesos para reconocer la responsabilidad de la institucionalidad en las audiencias. No son responsabilidades personales, pero sí institucionales, sobre las violaciones de derechos humanos del pasado.

34 JUSTICIA

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EL SISTEMA DE JUSTICIA PARA LA PAZ La Jurisdicción Especial para la Paz investigará, juzgará y sancionará los crímenes más graves y representativos cometidos en el marco del conflicto. Solo se otorgará tratamiento especial a las personas que acepten su responsabilidad y contribuyan con la verdad y la reparación y se comprometen con las garantías de no repetición.

Tribunal especial para la paz Juzgará crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad: genocidio, toma de rehenes, privaciones graves de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violencia sexual, desplazamiento forzado o reclutamiento de menores.

: 1 A T A S RU R TO A P LI E AD O STI N I M . ADES BL

Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas Recibirá informes de la justicia ordinaria por conductas cometidas en el contexto del conﬂicto armado y de organizaciones de víctimas y de derechos humanos colombianas.

Estará compuesta por magistrados colombianos, aunque podrá haber algunos extranjeros.

O E T D EN A I L IM A S OC N O C E R

Determinará si los delitos son o no amnistiables y si hay reconocimiento de responsabilidad.

JUSTICIA INDÍGENA Quedó acordado que los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos (guardia indígena y guardia cimarrona) se fortalecerán y respetarán.

RUTA2: OTROS DELITOS ADMISTIABLES

PARA DELITOS ADMISTIABLES.

DELITOS POlÍTICOS & CONEXOS

2. 1 Sala de Definición de Situación Jurídica Asumirá casos, por ejemplo, como los de miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en el contexto del conﬂicto y que no hayan participado en los delitos más graves y representativos. Podrían recibir tratamientos como la cesación de procedimiento y otras resoluciones jurídicas. Se devolverá el caso a la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad.

SI EL DELITO NO ES AMNISTIABLE

JUSTICIA 35

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Restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años. Un mecanismo nacional o internacional hará el monitoreo y veriﬁcación. Con derecho a residencia y movimiento.

SI RECONOCE SU RESPONSABILIDAD

Unidad de Investigación y Acusación Investigará, imputará y acusará ante el Tribunal Especial para la Paz.

SI NO RECONOCE SU RESPONSABILIDAD

Será sometido a un juicio ordinario en el que el Tribunal decidirá su responsabilidad. Si se halla culpable, recibirá una pena de 15 a 20 años de cárcel.

SI NUNCA RECONOCE RESPONSABILIDAD DURANTE EL PROCESO

Recibirá una sanción de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años, en condiciones carcelarias ordinarias.

SI HAY RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD DURANTE EL PROCESO

Sala de Amnistía e Indulto Analizará la conexidad entre la rebelión y los delitos cometidos. Por ejemplo, el homicidio de un combatiente durante un enfrentamiento. Ese es un delito amnistiable internacionalmente. Los delitos relacionados con ser guerrillero, como el porte ilegal de armas, serán amnistiados automáticamente. Los más atroces, nunca serán amnistiados. Delitos como el narcotráﬁco, se deﬁnirán en esta Sala caso por caso.

SI EL DELITO ES AMNISTIABLE

Se otorgarán indultos y amnistías.

LAS SANCIONES QUE SE CUMPLIRÁN EN LOS MUNICIPIOS

El acuerdo sobre las víctimas del conflicto establece que quienes cometieron los delitos no amnistiables y reconozcan su responsabilidad, tendrán restricción efectiva de la libertad entre 5 y 8 años. Eso quiere decir que los sancionados no estarán en condiciones carcelarias ordinarias, sino en un lugar específico, en lo que podría ser algo parecido a una granja agrícola, con vigilancia y un perímetro delimitado. El Tribunal Especial para la Paz deberá establecer todas las condiciones del procedimiento, como en qué zonas del país estarán, cómo se garantizará la no repetición y cuál será el mecanismo de verificación y monitoreo. Estas personas también tendrán que cumplir una sanción que contribuya a la reparación de las víctimas. Para esto, podrán presentar un proyecto individual o colectivo de los trabajos a realizar, que debe incluir un mecanismo de consulta con los representantes de las víctimas del lugar, para recibir su opinión y asegurarse de que no se oponen al procedimiento. Los mecanismos específicos que administrarán este programa están por discutirse: cómo y cuándo recibirán capacitación, la forma de monitorear el cumplimiento de actividades y la manera precisa en la que se concertará con víctimas y mandatarios locales. Sin embargo, alcaldes y gobernadores pueden abonar terreno si promueven conversaciones con las víctimas para tratar de acordar si quieren o no recibir esa reparación y qué tipo de trabajos priorizarían de acuerdo con las necesidades de su municipio. El acuerdo establece un listado de sanciones que podrán ser impuestas por el Tribunal Especial para la Paz. En zonas rurales, por ejemplo, se habla de ejecución de programas de reparación efectiva para los campesinos desplazados, de protección medio ambiental de zonas de reserva, de desarrollo rural, de eliminación de residuos, de mejora de la electrificación y conectividad en comunicaciones, de sustitución de cultivos de uso ilícito, construcción y reparación de escuelas, carreteras, centros de salud, viviendas, centros comunitarios, entre otros trabajos. En la lista de las zonas urbanas aparecen también los trabajos de infraestructura, además de programas de acceso a agua potable y construcción de redes y sistemas de saneamiento y programas de limpieza y erradicación de restos explosivos de guerra y municiones sin explotar.

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LO ACORDADO

FIN DEL CONFLICTO E IMPLEMENTACIÓN

El objetivo último de los acuerdos de paz en La Habana es que las Farc abandonen, definitivamente, las armas y se reincorporen a la vida civil. Este paso requiere la generación de confianza y seguridad para ex combatientes y comunidad en general.

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1.234 días sin tomas de poblaciones, 580 días sin retenes ilegales, 236 días sin secuestros atribuidos a las Farc y 361días sin ataques a infraestructuras petroleras dan cuenta de la disminución de las acciones de las Farc.

Según informes del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto (CELAC), solamente con el acuerdo bilateral de desescalamiento de hostilidades vigente desde 2015, la confrontación entre las Farc y el Estado colombiano se redujo a los niveles más bajos de los últimos 52 años. Las acciones de las Farc cayeron en un 98 por ciento al igual que las muertes de civiles. Los combates entre la Fuerza Pública y las Farc se redujeron en un 94 por ciento. Y para julio

de 2016, colombia logró 1.234 días sin tomas de poblaciones, 236 días sin secuestros atribuidos a las Farc y 361 días sin ataques a infraestructuras petroleras. Con el anuncio del Fin del Conflicto, el 23 de junio de 2016, el país dio el paso necesario para que estos avances se mantuvieran de forma definitiva. Mientras que el 24 de agosto de 2016, con la ratificación del Acuerdo Final, Integral y Definitivo, se cerraron por completo las negociaciones, lo

que da lugar al inicio de las etapas de refrendación, verificación e implementación de los acuerdos. El fin del conflicto puede significar que estos avances se mantengan de forma definitiva. El acuerdo, originalmente previsto como punto tres en la agenda, pero quinto en ser aprobado, es el que implica los efectos más tangibles: el silencio y destrucción de los fusiles de la guerrilla más antigua del continente. Esto es lo que se acordó:

2. ZONAS VEREDALES HOSTILIDADES, BILATERAL TRANSITORIAS DE DEFINITIVO Y DEJACIÓN DE ARMAS NORMALIZACIÓN

3. GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA DESMOVILIZADOS Y CIUDADANOS

Sobre la base del acuerdo está el compromiso de que las Farc tendrán 180 días para dejar la totalidad de las armas. El proceso estará organizado en tres fases en las que los miembros del movimiento irán dejando los fusiles, de manera gradual. Será un proceso técnico y verificable en el que la ONU recibirá la totalidad del armamento para destinarlo a la construcción de monumentos en homenaje al fin de la guerra. Las Farc entregará datos detallados sobre su organización con el fin de facilitar la planeación del Monitoreo y Verificación. La ONU estará a cargo de este proceso y podrá presentar recomendaciones, generar reportes y dirimir controversias. El número de equipos de monitoreo dependerá, entre otras cosas, del área, número de personas y factores de riesgo de cada una de las zonas.

El Gobierno, de forma paralela y posterior a la dejación de armas, intensificará el combate contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estas medidas de seguridad incluirán a todos los habitantes y las comunidades en el territorio nacional, movimientos y partidos políticos, incluyendo el que surja del tránsito de las Farc a la actividad política legal, como también para todos los integrantes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida civil. Para el cumplimiento de estas garantías de seguridad, ambas partes elaboraron una serie de protocolos a seguir, entre ellos, el de Seguridad a Personas, Seguridad en Desplazamientos, Seguridad en Dispositivos en el terreno y en las zonas de normalización.

1. CESE AL FUEGO Y

Como parte del acuerdo se estableció la creación de 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos, que estarán ubicados a lo largo y ancho del país. Las zonas veredales garantizarán el cese al fuego bilateral y la dejación de las armas para iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de los miembros de las Farc. Solo funcionarán durante el proceso de dejación de armas. Cada zona tendrá facilidades de acceso por vía terrestre o fluvial, como también una extensión razonable que permitirá el monitoreo, verificación y cumplimiento de los objetivos de desarme. De esta manera, se permitirá la salida de combatientes de los campamentos sin armas y en condición de civiles.

38 FIN DEL CONFLICTO

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ZONAS DE NORMALIZACIÓN Las Farc dejarán las armas e iniciaran su proceso de reincorporación a la población civil. Estos serán los lugares en donde el fin del conflicto se hará una realidad.

Durante seis meses funcionarán en el país las zonas de normalización donde se desmovilizarán las Farc. Estas tendrán algunas condiciones con las que operarán para garantizar la seguridad de la comunidad y de quienes intervienen en ellas. Los alcaldes de los municipios en donde operen, serán actores fundamentales en todo este proceso. Por eso lo primero que deben tener en cuenta es que después de la firma del acuerdo general, la Fuerza Pública reorganizará sus tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las Farc a las zonas definidas. Una semana después, las Farc empezarán a movilizarse a estos territorios, según las rutas acordabas por el Gobierno. Y entradas en vigencia, cada

vereda y campamento, contará con un equipo de Monitoreo y Verificación, que se encargará de garantizar que no se viole ningún derecho, ni se afecte la cotidianidad de los ciudadanos. Aunque es cierto que los mandatarios no podrán ingresar a las zonas, las autoridades del territorio seguirán siendo el alcalde y el gobernador. En este sentido, podrán tener una persona de confianza que ingrese a la zona y les dé información de primera mano. Para este proceso, los mandatarios no van a tener que usar recursos de sus entes territoriales. La manutención de los desmovilizados se cubrirá en su totalidad con recursos de la cooperación internacional que están destinados a mantener a esas personas durante los 180 días. Durante este tiempo, las Farc se harán

responsables de sus combatientes. Por otra parte, la entrada y salida de los campamentos solo la tendrá permitida un grupo de 60 integrantes de ese grupo previamente seleccionados. Lo harán sin armas, vestidos de civil y en casos excepcionales. Estos seis meses servirán, además de recolectar las armas, para que el Estado pueda realizar jornadas de salud, cedulación de los excombatientes y una serie de capacitaciones a los integrantes de las Farc en temas de labores productivas o nivelación de educación. Una vez expire el tiempo de vigencia de las zonas de concentración, los miembros de las Farc iniciarán formalmente su proceso de reintegración a la vida civil, de acuerdo con lo acordado sobre esta materia.

LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS ZONAS DE NORMALIZACIÓN Y EL CAGUÁN En el Caguán:

Zonas de normalización:

1 Después de tres años de negociaciones, el proceso terminó sin que se hubiera llegado a ningún acuerdo definitivo.

Era un solo territorio de 42.000 km cuadrados de extensión, que abarcaba cinco municipios.

El Caguán fue la sede de la negociación, mientras en el resto del país continuaba la confrontación militar.

La zona de distensión no tuvo verificación internacional, aunque sí contó con el acompañamiento de otros países y la ONU.

Las Farc nunca dejaron las armas mientras permanecieron en el Caguán. Se desplazaban armados por la zona.

El 24 de agosto de 2016, Gobierno y Farc dieron por terminada la negociación de todos los puntos de la agenda. Son 23 zonas veredales y ocho campamentos, en 16 departamentos.

El cese al fuego bilateral definitivo en todo el país inició el 29 de agosto de 2016. Antes de que las zonas entraran en operación, luego de la firma del Acuerdo Final.

4 5 6

Todas las zonas tendrán acompañamiento y verificación internacional. Las zonas solo operarán durante 180 días.

Las Farc iniciarán el proceso de dejación de armas en octubre. No podrán desplazarse con ellas ni adentro ni afuera de las zonas de normalización. Sus fusiles deberán permanecer en los campamentos.

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FONSECA (Guajira) LA PAZ (Cesar)

TIBÚ (Norte de Santander)

TIERRALTA (Córdoba) ITUANGO (Antioquia)

RIOSUCIO (Chocó)

REMEDIOS (Antioquia)

DABEIBA (Antioquia)

ARAUQUITA (Arauca) TAME (Arauca)

VIGIA DEL FUERTE (Antioquia)

CORINTO (Cauca)

PLANADAS (Tolima)

BUENOS AIRES (Cauca) CALDONO (Cauca) TUMACO (Nariño)

MONTAÑITA (Caquetá) POLICARPA (Nariño) PTO. ASIS (Putumayo)

VILLARICA (Tolima)

MESETAS (Meta) VISTAHERMOSA (Meta)

LOSADA (Meta) MACARENA (Meta)

CARTAGENA DEL CHAIRÁ (Caquetá)

CUMARIBO (Vichada)

MAPIRIPÁN (Meta) SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (ESTE Y OESTE) (Guaviare)

PTO. COLOMBIA (Guainía)

SAN VICENTE DEL CAGUÁN (Caquetá)

Zonas veredales

Las zonas veredales transitorias de normalización ocupan el territorio de una vereda y en ellas se establecerán dos o más campamentos. Esto quiere decir que durante la dejación de armas llegarán al lugar más de un frente de las Farc. La extensión de estas zonas dependerá de las condiciones del terreno, la cantidad de combatientes dentro de la misma y las medidas de monitoreo y veriﬁcación.

Zonas campamentarias

Estos territorios tendrán una extensión máxima de cuatro hectáreas y se compondrán de un solo campamento. Igual que una zona veredal, contará con la veeduría de la ONU y la presencia del Estado en todo momento. Se caracterizarán por estar en los puntos más apartados del territorio nacional, donde no podrán entrar civiles. Fuente: Oﬁcina Alto Comisionado para la Paz

40 FIN DEL CONFLICTO

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¿CÓMO SE HARÁ LA VERIFICACIÓN DEL FIN DEL CONFLICTO? Representantes del Gobierno Nacional, las Farc y la ONU serán los encargados de monitorear el avance del cese al fuego y de hostilidades y la dejación de las armas.

En caso de que se presente algún incidente entre el Gobierno y las Farc que comprometa el cumplimiento de los acuerdos en las zonas de normalización, usted como mandatario local, debe saber que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación será el ente encargado de intervenir y dirimir las controversias que se den en los territorios. Este organismo tendrá la tarea de recoger información sobre cualquier violación a los acuerdos y de enviarla a las instancias regionales y nacionales para que desde allí se de una correcta resolución a los hechos. El Mecanismo estará conformado por tres instancias: nacional, regional y local. Todas tendrán que cumplir con diferentes tareas. Así se compone el organismo: SEDE NACIONAL: el Mecanismo de Monitoreo y Verificación contará con una sede nacional que funcionará en Bogotá. Será la máxima instancia y allí se tomarán las decisiones finales sobre lo que ocurra

en las zonas de normalización. SEDE REGIONAL: las ocho sedes regionales del organismo se ubicarán en: Valledupar, Bucaramanga, Medellín, Quibdó, Popayán, Florencia, Villavicencio y San José del Guaviare. Serán las encargadas de desplegar las comisiones de monitores a las sedes locales y de mantener la comunicación entre las otras dos instancias. SEDE LOCAL: las comisiones locales serán las encargadas de ir a los territorios de normalización y llevar a cabo el monitoreo. Cada una de las instancias estará compuesta por 35 personas: 15 del componente internacional (ONU), 10 del Gobierno Nacional y 10 de las Farc. La preparación para el despliegue del organismo empezará dos meses antes del Acuerdo Final. El Gobierno realizará capacitaciones del personal del Gobierno Nacional y Farc y entregará información detallada sobre las zonas verificadas.

personas 35 integrarán el mecanismo de Monitoreo y Verificación. 15 de la ONU, 10 del Gobierno y 10 de las Farc.

¿QUÉ OCURRIRÁ EN CASO DE UNA VIOLACIÓN A LOS ACUERDOS? Los monitores deberán documentar hechos sospechosos y podrán recibir denuncias de la población civil, alcaldes, organizaciones, líderes sociales, Farc, entre otros. En este caso, el organismo deberá realizar el reporte respectivo y acudir, según el protocolo, a la instancia regional y nacional, para esclarecer los hechos. Estos son los tres tipos de documentos que el Mecanismo está autorizado a producir y los pasos que seguirán para informar sobre el proceso a la población civil: Reportes privados: serán documentos de carácter interno donde se consignarán los hechos relevantes que se presenten en los terrenos de normalización. Si en un caso de posible violación a los acuerdos, Gobierno y Farc consideran que no está claro lo sucedido, podrán solicitar más insumos o incluso, enviar una comisión al terreno para precisar la

información. Una vez esclarecido el hecho, la ONU finalizará el reporte y emitirá las recomendaciones y pasos a seguir. Informes públicos: los elaborará la ONU. Contendrán avances del proceso y se harán cada mes. Reflejarán la información recolectada en los reportes y solamente la instancia nacional podrá hacer las declaraciones públicas de estos informes.

Material pedagógico: el organismo deberá elaborar piezas didácticas. El propósito será facilitar el entendimiento del Mecanismo, sus funciones y su metodología de trabajo. Serán de circulación permanente dentro de las zonas, durante el tiempo de funcionamiento de las mismas.

FIN DEL CONFLICTO 41

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ASÍ SERÁ LA DEJACIÓN DE ARMAS 16 departamentos del país concentrarán en sus territorios las armas de más de 7.000 hombres de las Farc. Alcaldes y gobernadores deben asumir la responsabilidad histórica de ser los líderes de esta transición. Así será el proceso: Con la formalización del Acuerdo Final, comienza el proceso de entrega de fusiles por parte de las Farc. Los territorios de normalización serán los puntos donde concentrarán su armamento y la ONU será la organización encargada de recolectarlo. Aunque no se conoce con precisión el número de artefactos que entregarán, el informe más reciente del Ministerio de Defensa apunta a que cada miembro de las Farc cuenta con

un arma pequeña y otra de largo alcance. Estos datos permiten calcular que, en promedio, la organización tendría unas 14.000 armas. Esto sin contar el armamento de acompañamiento como granadas y municiones, ni tampoco las armas de las milicias urbanas. Como se contempla en los acuerdos, el procedimiento de desarme será minucioso y verificable. Este se dará en tres fases en las que las Farc entregarán paulatinamente las armas. Estará compuesto de los siguientes pasos: 5 Entre el primer y segundo mes se destruirá el armamento inestable.

MES 2

3 Pasados cinco días de la reorganización, los miembros de las Farc empezarán a llegar a las zonas con su armamento individual.

MES 1

1 Una vez firmado el acuerdo final, se dará inicio al proceso de dejación de armas y se iniciarán las labores de Monitoreo y Verificación.

2 Al día siguiente, la Fuerza Pública se reorganizará para que las Farc puedan desplazarse a los campamentos.

4 Entre la primera y cuarta semanas se hará el transporte de armas de acompañamiento, como granadas y municiones. 7 Para el tercer y cuarto mes, el 30 por ciento de las armas individuales, ingresarán en los contenedores.

6 En el comienzo del segundo mes, se almacenará el armamento de acompañamiento en contenedores de control exclusivo por los mecanismos de monitoreo y verificación.

MES 4

8 Para el cuarto y quinto mes el 60 por ciento de las arma individuales estarán en contenedores. MES 5 9 Para el quinto y sexto mes, el 100 por ciento de las armas estarán almacenadas y habrán salido bajo la custodia de ONU de las zonas. MES 6

10 Finalizados los 180 días, las zonas de normalización desaparecerán y se habrá alcanzado el fin del conflicto.

MES 3

¿Cómo aprovechar las regalías? 42 FIN DEL CONFLICTO

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¿CÓMO FUNCIONARÁ LA DESMOVILIZACIÓN DE LAS FARC? Construir e implementar eficazmente el programa de reintegración en los territorios será fundamental para garantizar el camino de los excombatientes a la vida civil.

LAS REGLAS CON LAS QUE SE HARÁ LA DESMOVILIZACIÓN DE LAS FARC: 1 Durante los primeros 60 días de

Un estudio de la Fundación Ideas para la paz (FIP) destaca que hace algunas décadas se creía que el éxito de la reincorporación a la vida civil de excombatientes se limitaba al desarme y la desmovilización. Sin embargo, procesos como los de Camboya, Nueva Guinea, Chad y Uganda, en los que se ha recrudecido la violencia después de un acuerdo de paz, demuestran que no es suficiente abandonar las armas. Lograr que un grupo de excombatientes supere los obstáculos de la desmovilización, depende en gran medida de que el gobierno y la población civil estén dispuestos a propiciar las condiciones necesarias para su reintegración, pues un proceso mal planeado o implementado podría llevar a que la población reincida en nuevas formas de violencia. En Colombia, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) es el organismo encargado de prevenir e impulsar proyectos para desmovilizados. Con una experiencia de más de una década, ha demostrado que con programas flexibles y humanos, es posible lograr que los excombatientes

reconstruyan su cotidianidad. Desde 2003 a la fecha, 13.797 personas han culminado con éxito su proceso de reintegración. Un 73,9 por ciento se encuentra trabajando, y al menos 11.000 planes de negocio han sido impulsados a través de los beneficios económicos que brinda la ACR. Frente al actual proceso de paz, es indispensable que alcaldes y gobernadores comprendan la importancia que significará reabsorber a la comunidad desmovilizada. No solo porque construir una especie de red de seguridad transicional con incentivos económicos y sociales, ayudará a los excombatientes a sobrevivir y construir un plan de vida integral, sino porque, en el fondo, garantizará que no se reactive el conflicto.

EXCOMBATIENTES RECIBIRÁN SUELDOS DE $1.800.000 MENSUALES. FALSO. Cada miembro de las Farc recibirá por 24 meses una suma mensual equivalente al 90 por ciento del salario mínimo, lo que hoy en día significan, 620 mil pesos.

las zonas de normalización, la Universidad Nacional de Colombia realizará un censo socioeconómico que definirá las aspiraciones de los excombatientes para facilitar su proceso de reincorporación.

2 Con estos resultados, el Consejo

Nacional de Reincorporación identificará los posibles programas y proyectos a los que se vincularán el mayor número posible de hombres y mujeres de las Farc.

3 En el momento que terminen las

zonas de normalización, cada ex combatiente recibirá dos millones de pesos.

4 Aquellos que inicien y finalicen todo

el proceso tendrán derecho, una sola vez, a una suma de 8 millones de pesos para iniciar un proyecto productivo individual o colectivo.

5 Durante dos años, el Estado les

garantizará un pago mensual equivalente al 90 por ciento de un salario mínimo, es decir unos 620 mil pesos.

6 El pago de seguridad y pensión, para

quienes no se encuentren vinculados a actividades remuneradas, será cubierto por el Gobierno Nacional durante 24 meses.

FIN DEL CONFLICTO 43

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Desde 2003 a la fecha, 13.797 personas han culminado con éxito su proceso de reintegración. Un 73,9 por ciento se encuentra trabajando, y al menos 11.000 planes de negocio han sido impulsados a través de los beneficios económicos que brinda la ACR

“Los desmovilizados son una solución, no una carga para el territorio” ¿Cuáles son las lecciones que han aprendido sobre reintegración en Colombia? Primero, que esto requiere un enfoque técnico y una aproximación rigurosa y metodológica que permita entender las potencialidades y las dificultades que tienen las personas que dejan las armas. Dos, que el modelo de reintegración tiene que ser un modelo condicionado al esfuerzo, logros y avances. Tres, que tiene que ser justo y equiparable con las demás poblaciones en condición de vulnerabilidad. Cuatro, que es fundamental el aporte y la participación de las autoridades regionales y locales. Finalmente, es indispensable enmarcar el proceso en una orientación humanista que se consolide sobre los pilares de la reconciliación y las garantías de no repetición de la violencia.

Usted mencionaba el tema de la participación de alcaldes y gobernadores, ¿En qué pueden contribuir ellos al éxito de este proceso? Uno de los aprendizajes de estos años de trabajo es que la construcción de paz ocurre en los territorios, en las zonas rurales y urbanas golpeadas por el conflicto. La reintegración tiene que tener una capacidad de flexibilidad y adaptación a los contextos de cada uno de estos lugares. Por ejemplo, en el Chocó, donde el empresariado no es muy robusto, sin el involucramiento directo del sector público, difícilmente va a haber reintegración en términos productivos. Cosa distinta ocurre en Barranquilla, donde hay un sector privado muy fuerte. Desde 2011 venimos haciendo un esfuerzo enorme con las comunidades y autoridades de los entornos territoriales. Actualmente trabajamos con 29 departamentos y 272 municipios que consideraron la política de la reintegración como parte inherente de sus planes de desarrollo, y adicionalmente tuvimos una estrategia que fue muy eficiente: las acciones de servicio social, 80 horas de tiempo no remunerado que tienen que donar las

personas en proceso de reintegración para facilitar la reconciliación, superar las barreras de estigmatización y visibilizarse como actores de cambio.

Asimismo, con la estrategia mambrú no va a la guerra más de 3000 niños, niñas adolescentes y jóvenes de distintas regiones se acercaron al deporte y la cultura, alejándose de las dinámicas de la violencia. Esto demuestra que una reintegración bien realizada no es una carga para el territorio sino un aporte directo para sus metas de convivencia y desarrollo.

¿Cómo vincular al sector privado para que los empresarios superen la desconfianza y aporten al proceso? Desde hace unos doce años empezamos a aproximarnos a los empresarios para evaluar diferentes alternativas de apoyo, inicialmente muy ligadas a la empleabilidad y a las cadenas productivas. Hoy tenemos una relación fluida con más de 650 empresas que generan más o menos 1500 empleos formales y acompañan por lo menos, 350 emprendimientos. Tenemos una serie de mecanismos que hemos explorado con el sector privado, tales como el encadenamiento productivo, el voluntariado, la empleabilidad, el apoyo a escenarios de reconciliación, entre otros. Por mencionar algunos casos Coca-Cola contrata excombatientes y los tiene como ejemplo de su ecosistema productivo. Más de 26.000 personas han pasado por el SENA y actores como Terpel y la Cámara de Comercio de Bogotá han sido absolutamente exitosos en darle la oportunidad a estas personas en empleos a largo plazo.

¿Cómo se está preparando la ACR para lo que viene? El enfoque humanista y con horizonte de reconciliación de la ACR ha beneficiado a más de 49.000 excombatientes, logrando tasas muy bajas de reincidencia. Una de las características de la entidad

ha sido el tener la capacidad de innovar y adaptarse a los nuevos retos y contextos. En la actualidad estamos fortaleciendo los esquemas asociativos y la reintegración temprana. En ese marco nos venimos preparando de la mano con diferentes actores expertos como el Sena, Panaca, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle y todos nuestros aliados internacionales. Estamos trabajando en iniciativas y programas que nos permiten llevar a la gente y prepararla en el campo para que se pueda formar bajo metodologías de aprender haciendo. Queremos generar oportunidades y capacidades para que estas personas se puedan quedar en los territorios donde quieren desarrollar su proyecto de vida.

¿Cuál ha sido la participación de la Cooperación Internacional en este proceso? Aunque la ACR funciona con un 94% de recursos propios, hemos consolidado una serie de alianzas con los expertos mundiales en materia de reintegración. Muchos de nuestros proyectos emblemáticos, como por ejemplo el modelo de formación para adultos, han sido posibles gracias al aporte de otros países y organizaciones internacionales. Asimismo, gracias a nuestra experiencia la entidad se ha consolidado como un referente de cooperación técnica, adelantando proyectos con países como Corea del Sur, El Salvador, Filipinas, Brasil, entre otros.

Joshua Mitrotti DIRECTOR DE LA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN

44 OTROS ACUERDOS

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LO ACORDADO

OTROS ACUERDOS Además de los seis puntos principales que hacían parte de la negociación, Gobierno y Farc lograron otros avances como la búsqueda de desaparecidos, la aplicación de un enfoque diferencial de género, la desvinculación de niños del conflicto y la erradicación de las minas antipersona.

OTROS ACUERDOS 45

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ENCONTRAR A LOS DESAPARECIDOS, UNA TAREA QUE DEJARÁ EL CONFLICTO En 1977 se registró en Colombia el primer caso de desaparición forzada. Desde entonces, diferentes estimativos hablan incluso de más de 100 mil, víctimas de este delito. Una herida que puede tardar años en sanar. El acuerdo de La Habana contempla algunas medidas que buscan contribuir con esa búsqueda. Lo primero que aspiran a encontrar los familiares de los desaparecidos es la verdad: saber qué pasó con su ser querido, quién se lo llevó y por qué. En algunos casos, luego de muchos años, logran recuperar unos restos que les permiten hacer su duelo, y en otros, muchos menos, que los responsables sean llevados a la justicia. En Colombia, no existe una cifra exacta sobre el número de personas que han sido víctimas de desaparición forzada. Según el Sistema de Información de la Red de Cadáveres, NNs y Desaparecidos (Sirdec), entre 1970 y el 2012 se registraron 78.329 desapariciones, de las cuales el 25 por ciento, 19.254, fueron clasificadas como presuntamente forzadas, mientras que en el Registro Único de Víctimas que lleva la Unidad para las Víctimas, aparecen reportadas 46.204 víctimas directas de este delito. La búsqueda de cada una de ellas es un proceso complejo. Se requiere información precisa sobre lo ocurrido, que en muchos casos, como ha pasado en buena parte de los procesos de Justicia y Paz, solo se conoce cuando la suministran los mismos victimarios; deben emplearse herramientas científicas modernas y procesos dispendiosos, para encontrar la verdad, oculta en un fragmento de hueso o una gota de sangre, y debe hallarse la conexión, por lo general muy tenue, entre los cadáveres sepultados como N.N. en fosas comunes, en condiciones que no siempre son las adecuadas, y las personas a las que alguien está buscando. En Argentina, un país que tiene una larga historia de búsqueda de desaparecidos, en los últimos años han sido encontrados más de un centenar de hijos de personas asesinadas durante la dictadura y que fueron entregados irregularmente en adopción.

Estos hallazgos fueron posibles gracias a la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos, que, de manera sistemática, ha recogido las muestras biológicas de las personas desaparecidas y ha permitido contrastarlas con las de aquellos jóvenes que tienen alguna duda sobre cuál puede ser su ori-

gen y voluntariamente se presentan para ser examinados. El acuerdo entre el Gobierno y las Farc busca fortalecer las herramientas que existen en Colombia para lograr que esa búsqueda, que en la mayoría de los casos sigue siendo infructuosa, pueda concluir con éxito.

ENTREGA DE INFORMACIÓN Gobierno y Farc se comprometieron a suministrar toda la información que tengan en su poder, que pueda facilitar la búsqueda de desaparecidos. En especial, el grupo guerrillero revelará la ubicación de restos de víctimas de los que tenga conocimiento y contribuirá a su entrega digna. El Gobierno, por su parte, acelerará la identificación y hará lo propio con los restos de personas muertas en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública y que hayan sido sepultados como N.N. CREACIÓN DE UNA UNIDAD ESPECIAL PARA LA BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS Esta entidad, que tendrá autonomía administrativa y financiera, será la encargada de coordinar la implementación de las acciones para la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado y la entrega de sus restos, en los casos en los que se compruebe su fallecimiento. En todo el proceso, deberá estar garantizada la participación de los familiares de los desaparecidos, a quienes la Unidad deberá entregar un informe de las labores hechas en el proceso de búsqueda. CONFESIONES SIN CONSECUENCIAS JUDICIALES El acuerdo entre el Gobierno y las Farc establece que la información recibida por la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos no podrá ser utilizada para establecer responsabilidades judiciales. Esto permitirá al organismo, entre otras cosas, realizar entrevistas confidenciales y voluntarias con personas que hayan participado directamente o indirectamente en las hostilidades y puedan tener información, sin que lo que cuenten los involucre en los procesos a cargo del Tribunal para la Paz. CRUCES DE INFORMACIÓN La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos deberá establecer conexiones entre herramientas que ya existen como el Registro Nacional de Desaparecidos y el Banco de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas, y otras nuevas como el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas y hacer acuerdos con organizaciones de víctimas y de derechos humanos para tener acceso a la información de que ellos dispongan.

46 OTROS ACUERDOS

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UN PLAN PARA SACAR A LOS NIÑOS DE LA GUERRA El Gobierno y las Farc acordaron un protocolo que dará tratamiento especial a los menores de edad desvinculados de ese grupo guerrillero. La vigilancia que se dé a su cumplimiento será esencial. Una de las grandes dificultades que tiene desvincular a los niños del conflicto está en que los grupos armados ilegales ni siquiera están dispuestos a reconocer que tienen menores de edad en sus filas. Varios informes sobre el proceso de desmovilización de los paramilitares han puesto al descubierto que estos grupos desvincularon, al margen de la negociación, a buena parte de los niños y niñas que estaban en sus filas, para que no quedaran registrados en las cifras oficiales. Sin ningún tipo de atención, los devolvieron a sus lugares de origen y en muchos casos, terminaron vinculados con bandas criminales. Pese a que existían estimativos de que 3 de cada 10 combatientes de las Autodefensas eran menores de edad, en junio de 2006, la Procuraduría advirtió que en más de 30 mil desmovilizados de ese grupo, solo se reportaron 101 niños. Se busca que algo así no ocurra en el proceso de paz con las Farc. Por ese motivo, los negociadores del Gobierno y el grupo guerrillero llegaron a un acuerdo para la creación de una hoja de ruta que regule la salida de los menores de edad y un programa integral especial para su atención. El acuerdo incluye, entre otros, el compromiso de las Farc de entregar toda la información disponible sobre los menores de 15 años que saldrán de sus campamentos. El Gobierno, por su parte, se encargará de definir un plan transitorio de acogida para la garantía de los derechos de los niños que salgan de las Farc y elaborar un programa integral, que deberá ser aprobado por la Mesa,

para garantizar la restitución de sus derechos. Estos planes contarán con el apoyo de UNICEF y OIM, que se encargarán de acompañar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Aunque el acuerdo significa un gran avance en el propósito de dejar a los niños por fuera del conflicto armado, el hecho de que no existe claridad sobre el número de niños que hacen parte de las filas guerrilleras es preocupante. El Gobierno ha reconocido que no tiene cifras oficiales sobre el número de niños, niñas y adolescentes reclutados por las Farc, aunque cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) muestran que de cerca de 6 mil menores de edad que se han desvinculado en los últimos 17 años, el 60 por ciento, alrededor de 3.600, pertenecían a las Farc. Los cálculos que existen al respecto, si bien extraoficiales, están muy lejos de los 21 menores de 15 años que ‘Iván Márquez’, jefe del equipo negociador de las Farc, reconoció que están en poder de las Farc. En los días previos a la firma del Acuerdo Final, las Farc comenzaron, con un primer grupo de 15 niños, la entrega al Comité Internacional de la Cruz Roja, de los menores de edad que se encontraban en sus filas. Si el número final de niños desvinculados del grupo corresponde a la realidad de los que se encontraban en ese grupo, es algo que las autoridades tendrán la obligación de verificar. Garantizar que lo mismo que pasó con los paramilitares no ocurra será uno de los retos de la implementación y verificación del proceso.

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¿QUÉ OCURRIRÁ CON LOS NIÑOS QUE SALGAN DE LAS FARC? No basta con que un niño deje de empuñar las armas. De allí en adelante, el Estado es responsable de adelantar un proceso con él para que pueda recuperar, en la medida de lo posible, lo que perdió por haber sido reclutado por un grupo armado ilegal.

El protocolo definido por el Gobierno y las Farc en La Habana, sobre la salida de menores de 15 años de las filas de las Farc, establece los aspectos que deben tenerse en cuenta para restituir sus derechos. Estos son algunos de ellos:

DEFINICIÓN DE SU SITUACIÓN PENAL

REINTEGRACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA

De acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, los menores de 14 años de edad no pueden ser declarados, en ningún caso, como penalmente responsables. Los que tengan entre 14 y 18 años podrán ser beneficiados con indulto, por delitos de rebelión y conexos, mientras que los que hayan estado involucrados en delitos no amnistiables deberán someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz para que determine su responsabilidad.

Los niños tienen derecho a que, en la medida de lo posible, y en un tiempo razonable, se les reintegre con sus familias o sus propias comunidades, o al menos con comunidades culturalmente similares. Siempre la opinión y el interés del menor de edad serán tenidos en cuenta.

Además, todos los menores de 18 años de edad desvinculados de grupos guerrilleros son considerados víctimas y tienen derecho a la reparación integral.

Además, según lo establecido en el acuerdo, uno de los compromisos es incluir a sus familias en la oferta estatal y de cooperación internacional de proyectos productivos y vivienda digna.

SALUD Y EDUCACIÓN Además de ser vinculados al sistema de atención en salud, los niños deben recibir alternativas para comenzar o continuar sus estudios, desde la primaria en adelante, incluidas becas y otras facilidades para acceder a la Universidad. El programa cubrirá a todos los menores de 18 años que hayan salido de las Farc, incluidos los que se hayan desvinculado en los últimos meses, desde que las Farc anunciaron la salida de menores de 15 años de sus filas, como gesto unilateral.

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UN ACUERDO PENSADO PARA LAS MUJERES

No se puede olvidar que las mujeres fueron las más afectadas por el conflicto armado y que su papel en la construcción de paz será fundamental. Estos son los acuerdos definidos por la Subcomisión de Género, para un posconflicto que le apuesta a la equidad.

Las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc son las primeras en el mundo que incluyen el enfoque de género, en un proceso de paz. A mediados de 2014, los negociadores anunciaron la creación de la Subcomisión de Género, como respuesta a la exigencia del movimiento nacional de mujeres de que no debían ser pactadas, sino “pactantes” y que “la paz sin mujeres, no va”. El organismo se instaló para garantizar que las necesidades de las mujeres se hicieran explícitas en los acuerdos que se habían alcanzado hasta entonces, y en los que vendrían. Tuvo cinco representantes de cada parte, incluidas María Paulina Riveros, que en-

cabezó la delegación gubernamental, y Victoria Sandino, la de las Farc. Cerca del 60 por ciento de las víctimas vivas que deja la guerra colombiana son mujeres, sin contar los altos índices de subregistro. Pero más allá de la cifra, organizaciones como La Ruta Pacífica de las Mujeres, La Casa de la Mujer y el Centro de Memoria Histórica han establecido que hubo un efecto desproporcionado sobre ellas, por hechos como la violencia sexual, la esclavitud doméstica, el desplazamiento forzado, siendo la mayoría cabeza de familia, entre otros. Aun así, ellas ya han mostrado el papel clave que van a cumplir en las etapas de posconflicto. Por la manera en que hemos construido culturalmen-

te los roles masculino y femenino, las mujeres tienen una gran resiliencia: capacidad para sobreponerse a las situaciones más adversas y contribuir a que las personas a su alrededor hagan lo mismo, es decir, son tejedoras de lazos sociales que aportan a la reconciliación y a la construcción de una paz duradera. Muchas de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y otros vejámenes de la guerra se convierten en líderes comunitarias que jalonan su comunidad hacia la resistencia pacíficas y hacia el desarrollo. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) invertir en el desarrollo de las mujeres puede reducir la pobreza en un 30 por ciento, pues ellas reinvierten un 90 por ciento de sus ingresos, en educación y salud de las familias y las comunidades, mientras que los hombres solo reinvierten entre el 30 y el 40 por ciento. La Subcomisión, como los demás equipos de la Mesa de Negociación, trabajó de la mano de la sociedad civil y expertas en temas de género: además de que el 60 por ciento de las víctimas que fueron a La Habana son mujeres, los negociadores escucharon a 18 organizaciones femeninas y LGTBI, entidades internacionales como ONU Mujeres, así como expertas en violencia sexual y exguerrilleras de países como Sudáfrica, Irlanda del Norte y Guatemala.

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Las mujeres tienen una gran resiliencia: capacidad para sobreponerse a las situaciones más adversas y contribuir a que las personas a su alrededor hagan lo mismo.

1. LAS MUJERES RURALES

El acuerdo de la Reforma Rural Integral reconoce que las mujeres rurales, a pesar de ser claves en el desarrollo del campo, están en desventaja frente a los hombres a la hora de acceder a la tierra y explotarla. Por esto, el acuerdo incluyó acceso especial de las campesinas al Fondo de Tierras, al subsidio integral y al crédito especial para la compra de predios. Se privilegia el acceso a proyectos de economía solidaria y se acordó promover la autonomía económica y la capacidad organizativa de las mujeres rurales, brindar asesoría legal y formación especial sobre sus derechos y el acceso a la justicia, y otorgar becas con créditos condonables e incrementar los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios para las mujeres que viven en zonas rurales. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos fortalecerá la participación y las capacidades de las organizaciones campesinas de mujeres.

2. LA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA 3. JUSTICIA CON ENFOQUE

Entre las medidas específicas que logró la Subcomisión de Género para la participación política de las mujeres se cuentan la asistencia legal y técnica para la creación, promoción y fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales de mujeres, jóvenes y población LGBTI, así como protección para las mujeres elegidas popularmente y para defensoras de Derechos Humanos y líderes sociales. Esto se logrará con diagnósticos de riesgo que consideren las amenazas a las que están expuestas. También se acordó hacer una campaña nacional de cedulación masiva, con prioridad en las zonas marginadas de los centros urbanos y en las zonas rurales, y particularmente en las más afectadas por el conflicto armado, para garantizar el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.

DE GÉNERO

La Comisión sobre el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición será clave para determinar de qué manera el conflicto afectó a las mujeres. Por eso, se creará dentro de ella un grupo de trabajo de género que tendrá tareas técnicas de investigación, como la preparación de las audiencias de género, en las que se escuchará a víctimas y responsables sobre la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado. La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá un equipo de investigación para casos de violencia sexual. Para analizar estos hechos será obligatorio incorporar las pautas del Estatuto de Roma sobre práctica de pruebas. Entre ellas, no admitir pruebas sobre el comportamiento sexual de una víctima e inferir su no consentimiento si el perpetrador utilizó un entorno coercitivo. Para las víctimas de desplazamiento que viven fuera del país se implementará procesos colectivos de retornos que incluyan su grupo familiar.

LOS CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO QUEDARÁN IMPUNES. FALSO. Los delitos de acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, como la esclavitud sexual, no son amnistiables.

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EL PLAN PARA LIMPIAR A COLOMBIA DE MINAS Gobierno y Farc vienen trabajando, desde hace varios meses, en un plan conjunto de desminado humanitario que deberá llevar a erradicar este tipo de artefactos del territorio colombiano. De acuerdo con las cifras de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma), más del 60 por ciento de los municipios del país, 693, han registrado, al menos, un hecho relacionado con la explosión de uno de estos artefactos. Entre 1990 y marzo de 2016 se registraron 11.405 víctimas, de las cuales, el 61 por ciento eran miembros de la Fuerza Pública, y 39 por ciento, civiles. El 26 por ciento de estos últimos eran menores de 18 años de edad. El proceso para despejar todo el país de estas trampas mortales es lento y riesgoso, pero va por buen camino. Actualmente, ya hay cinco municipios libres de sospecha de contaminación por minas antipersonal, San Carlos y San Francisco (Antioquia), El Dorado (Meta), Zambrano (Bolívar) y San Vicente de Chucurí (Santander), y se avanza en operaciones de desminado humanitario en 25 municipios de siete departamentos: Antioquia, Bolívar, Caldas, Meta, Santander, Sucre y Tolima.

Según el Daicma, se han destruido 5.286 artefactos explosivos y se han despejado más de 2,5 millones de hectáreas de tierra. En la vereda El Orejón, del municipio de Briceño (Antioquia), lugar designado por la Mesa de Negociación para llevar a cabo el proyecto piloto de desminado humanitario, en 7 meses de trabajo se desactivaron 33 artefactos explosivos y se despejaron 14 mil metros cuadrados de territorio. Frente a lo que falta, el Gobierno se ha fijado un plan para que antes de 2020, se hayan iniciado operaciones en todos los municipios que están clasificados como de alta afectación por minas antipersonal (Ver mapa). En menos de dos meses se espera haber iniciado operaciones en 52 de estos municipios, que están ubicados en 14 departamentos del país y que corresponden al 43 por ciento del área del país que se encuentra actualmente contaminada por este tipo de artefactos.

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MUNICIPIOS CON PRESENCIA DE MINAS ANTIPERSONA Afectación ALTA

- Aquellos en donde se han reportado accidentes con minas antipersona o municiones sin explotar, en los últimos cinco años. - 199 municipios, en 24 departamentos, incluido Bogotá.

Sin afectación

Afectación MEDIA

- En estos municipios no se han presentado accidentes en los últimos cinco años, pero sí anteriormente. - 291 municipios, en 28 departamentos del país.

17.7%

del total de municipios del país.

- En ellos no ha habido ningún registro de eventos. - 429 municipios en 28 departamentos.

25.9%

del total de municipios del país.

Afectación BAJA

- Allí no se han presentado reportes de accidentes con minas o municiones sin explotar, pero ha habido incidentes, sin víctimas, relacionados con operaciones de desminado militar e incautaciones. - 183 municipios, ubicados en 27 departamentos del país.

38.2%del total de municipios del país.

16.3%del total de municipios del país.

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PAZ: ¿POR QUÉ SÍ Y POR QUÉ NO? El acuerdo entre el Gobierno y las Farc deberá ser refrendado por los ciudadanos. Independientemente de cuál sea el sentido de su voto, su derecho y su deber es conocer a fondo lo que están votando. Los mandatarios locales tendrán un importante papel en esa labor pedagógica.

La Corte Constitucional falló a favor de llevar a cabo un plebiscito como mecanismo de refrendación de los Diálogos de Paz. Esto quiere decir que los colombianos podrán votar si facultan o no al presidente Juan Manuel Santos para que implemente los acuerdos con las Farc. En el plebiscito deberán votar al menos cuatro millones y medio de colombianos y, para que la iniciativa se apruebe, la mayoría deberá votar por el “Sí”. Muchos sectores del país están polarizados frente a las dos opciones, pero más allá de los discursos o las cadenas en redes sociales, los argumentos claros y la información precisa son los factores que deben orientar la decisión de voto de cada colombiano. Los opositores del proceso de paz aducen dos razones principales para votar “No”: el proceso de paz puede llevar

a otorgarle impunidad a antiguos miembros de las Farc, que han cometido delitos de lesa humanidad, y les permitirá participar políticamente y acceder a cargos de elección popular. Los defensores del “Sí”, por su parte, se basan en tres argumentos: que en el primer año de desescalamiento del conflicto armado, las ofensivas del grupo guerrillero disminuyeron en 98 por ciento, los combates en 91 por ciento y las muertes civiles en 98 por ciento; que el modelo de “arrasar al enemigo” solo llevaría a más muertes y más víctimas, y que el modelo de justicia transicional acordado no lleva a la impunidad: habrá penas alternativas para los miembros de las Farc que cometieron delitos de lesa humanidad, con las que retribuirán el daño que le hicieron a la sociedad. Este es un breve panorama de lo que está en juego en el plebiscito.

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CONSECUENCIAS DEL “SÍ”

Sí

CONSECUENCIAS DEL “NO”

Si el 13 por ciento del umbral electoral participa en el plebiscito y, además, la mayoría de los electores votan por el “Sí”, la ciudadanía dará vía libre a la negociación entre el Gobierno y las Farc.

Esto quiere decir que se pondrían en marcha las propuestas de reformas legales, constitucionales y demás trámites necesarios para implementar todos los acuerdos sobre participación política, víctimas y justicia transicional, el campo colombiano, drogas ilícitas y fin del conflicto, que se han detallado a lo largo de esta publicación.

En el fallo en el que la Corte Constitucional se pronunció sobre el Plebiscito por la Paz, el alto tribunal manifestó que una victoria del ‘No’ no implicaría el fin de los diálogos de paz con las Farc.

Lo que significaría, según manifestó, es que el acuerdo, tal como está, no podría ser implementado. El Presidente, dentro de las competencias con las que cuenta para mantener el orden público y buscar la paz, podría adelantar nuevas negociaciones o buscar diferentes alternativas.

Los del sí y los del no Mil días en La Habana para que narco Farc no sean extraditados ni tengan cárcel en Colombia; habría bastado una hora .

Aunque no estamos de acuerdo con su visión política y económica para el país, lo que se reconoce hoy es la posibilidad de disentir y tener posiciones opuestas sin necesidad de enfrentarse por medios violentos .

Juan Manuel Santos

Álvaro Uribe Vélez

PRESIDENTE DE COLOMBIA.

No hay unos mejores acuerdos que los que tenemos. Llevamos 36 años tratando por distintas formas de desmovilizar y acabar con la guerrilla y no hemos podido. Esta vez no sólo logramos que acepten sino que asuman su responsabilidad .

SENADOR.

Preparémonos para ver libres, posando de estadistas, a los responsables de crímenes de lesa humanidad; y preparémonos para enterarnos de que el acuerdo de paz también patrocina un gran lavado de recursos multimillonarios derivados de actividades delincuenciales .

Habiendo firmado los acuerdos, se reafirma el precedente de que la violencia se justifica, que los crímenes, aún los de lesa humanidad, se justifican y perdonan, y por lo tanto, no hay que pagar cárcel por ellos .

Juan Lozano

Paloma Valencia

Claudia López

SENADORA

ABOGADO Y PERIODISTA.

Es nuestro compromiso ético y político pasar la página de la violencia y la destrucción para escribir la página de las oportunidades .

Sergio Fajardo

SENADORA

(El acuerdo) no comprende de forma clara y expresa el compromiso de las Farc y de sus miembros de reparar a las víctimas con su propio patrimonio y riqueza ilícita .

Alejandro Ordóñez

EXGOBERNADOR DE ANTIOQUIA.

EXPROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Claro que las Farc haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por los medios legales y pacíficos y con los mismos derechos que los movimientos y partidos .

Timochenko

JEFE NEGOCIADOR DE LAS FARC.

Voy a votar Sí por la paz para que las Farc sean un partido por el que se pueda votar, así yo nunca vaya a votar por ellos .

Héctor Abad Faciolince ESCRITOR Y PERIODISTA.

Tu paz con los de las Farc no ha sido sino una cortina de humo para ocultar el hundimiento del país. Hoy te pegas de un barco naufragado, mañana te pegarás de una visita de papa. La naufragada es Colombia .

Fernando Vallejo

ESCRITOR

54 OTROS ACUERDOS

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LIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ DESDE LAS REGIONES Con el anuncio del acuerdo de paz, Colombia abre una nueva era de posibilidades.

Mientras que la imagen popular del proceso de paz y las negociaciones de La Habana giran alrededor del reto y la promesa de terminar con el conflicto armado, el mayor desafío radica en la labor de construir una sociedad digna y respetuosa, en medio de la diversidad. Recuperar el sentido ciudadano y hacer una política digna significa que las personas en posición de liderazgo, a nivel local y regional, como son los alcaldes y los gobernadores, se encuentran en el meollo de la construcción de paz. Mientras el Alto Comisionado de la Paz, Sergio Jaramillo, abrió el reconocimiento de la paz territorial y el Acuerdo mismo la contempla, los líderes a nivel local determinarán la viabilidad y la sostenibilidad de las paces, en plural, que reclaman forjarse en tantos lugares del país. Aunque Colombia ha estado a la expectativa de este acuerdo histórico e importante, la paz no es una especie de milagro que con una firma se entrega, ni es un servicio que desciende de Bogotá o La Habana a una población en espera. Las paces se elaborarán desde la calidad de relaciones y el valor de abrir caminos diferentes en hacer política pública, que crearán el día a día de la convivencia emergente, a nivel local y regional. Abrir estos caminos y tener el valor de caminarlos supone, por lo menos, tres desafíos para estos pioneros que liderarán la construcción de paz local:

(Re)humanizar el conflicto. Empecemos con lo fundamental. La violencia y la

guerra deshumanizan. Que el acuerdo firmado logre, en los próximos meses y años, una implementación robusta, elimina el conflicto armado, pero no por sí solo asegura que desaparecen los patrones deshumanizantes, ni la polarización social. Colombia es un país fuertemente marcado por la huella de roscas, desconfianza, y prevención. El liderazgo que (re)humaniza tiene una visión a largo plazo de lo que se quiere construir, como calidad de relaciones que señalan quiénes somos y cómo convivimos en este rincón de Colombia. Como líderes, significa que desarrollemos la capacidad de imaginarnos envueltos en una telaraña de relaciones que incluyen al enemigo. Podríamos llamarlo la visión de nietos y nietas: la imaginación colectiva se plasma en la comprensión de que el bienestar de mis nietos y nietas está íntimamente ligada con el bienestar de los demás, incluyendo a los preciosos bebés de ellos, que no entendemos y no nos entienden. Es recordar y poner en marcha la disciplina de que aquí cabemos todos.

Convivir en la conflictividad.

Tenemos que ser muy conscientes de que firmar un acuerdo de paz no termina la conflictividad social. Aunque está muy de moda hablar del ‘posconflicto’, la imagen es inexacta. La era en que se entra es la de posacuerdo, y esperamos posguerra. La conflictividad social, la polarización política, y la sutil, pero poderosa disparidad vivida, que ha legado abismos hondos de memorias no com-

Por John Paul Lederach

SENIOR FELLOW EN HUMANITY UNITED. PROFESOR DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ INTERNACIONAL DEL KROC INSTITUTE, UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME (INDIANA, ESTADOS UNIDOS).

partidas, seguirán presentes. Como decía el filósofo africano John Mbiti, “el pasado está delante de nosotros”. Lo que sí entrega el acuerdo son oportunidades de construir las condiciones de caminar juntos hacia una política sin violencia, y de reaprender a convivir en la diversidad sin armas. Pero este camino necesita pioneros que abran la cultura de convivir en la conflictividad, de manera constructiva, digna y no violenta.

El diálogo sostenido: Recuperar el espacio público.

Medio siglo de conflicto armado ha impactado profundamente las instituciones y la política pública en Colombia. Para ser más específico, en muchos lugares del país la guerra no sólo debilitó la institucionalidad del Estado, ha logrado que se encuentre entre los desaparecidos. Como triste resultado, la guerra legó una desconfianza en la capacidad de la política pública de crear espacios seguros y procesos fiables, que respeten y respondan a los anhelos y las necesidades de las comunidades, que en principio deben servir. El pionero de forjar las paces tiene que reabrir y sostener diálogos más eficaces en el espacio compartido y público que ha sido, repetidamente, golpeado y repartido. Buscar la fórmula que permita reunir a unas personas claves alrededor de un interés común, crea la posibilidad de tender un puente de conversación diferente y que pueda servir de plataforma para construir relaciones no marcadas por el conflicto.

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ENTIDADES Y ORGANIZACIONES QUE PUEDEN SER SUS ALIADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Agencias de Cooperación Internacional, instituciones académicas y organizaciones sociales, con las que usted, señor alcalde o gobernador, puede trabajar por su comunidad.

ORGANIZACIONES SOCIALES Planeta Paz

El proyecto, fundado por el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos -ILSA-, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, promueve la participación activa de líderes de sectores sociales en los procesos de negociación entre el Gobierno Nacional y los grupos alzados en armas. |(1) 3402300 | www.planetapaz.org

Forjando Futuros

Organización con más de 10 años de experiencia en el fortalecimiento y consolidación de procesos sociales que apunten al desarrollo económico, social, cultural y político de los colombianos, dentro de un marco pacífico y democrático. |(4) 4143572 |forjandofuturos.org

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes)

Organización no gubernamental de carácter internacional, que promueve el ejercicio pleno y la vigencia integral de los derechos humanos de las personas desplazadas, refugiadas y migrantes. | (1) 2325666 |www.codhes.org

Casa de la Mujer

Organización feminista que desde 1982 se dedica a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres, con el propósito de contribuir al ejercicio de su ciudadanía plena.

|(1) 2218785 - (1) 2229176 |www.casmujer.com/

Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep )

Creada en 1972 por la Compañía de Jesús, es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja por una sociedad más justa y equitativa, mediante la promoción del desarrollo humano integral y sostenible. En 1987, nació su “Programa por la Paz” con el objetivo de aportar a la construcción de una paz justa y duradera en el país. |(1) 2456181 |www.cinep.org.co/

Observatorio de restitución y regulación de derechos de propiedad agraria

Nació de una convocatoria de Colciencias, para crear una red de conocimiento destinada a hacer seguimiento a las políticas públicas en materia de restitución de tierras. El Observatorio busca seguir, apoyar y contribuir teórica y técnicamente a la implementación de los procesos de restitución. |(1) 2970200 Ext. 7770 |www.observatoriodetierras.org/

Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas

Este espacio, creado por varias organizaciones femeninas, trabaja por la implementación de la Ley 731 de 2002, que estableció medidas para mejorar la calidad de vida de las mujeres que viven en el campo, y la creación de una agenda pública en favor de esta población. |(310) 4812733 - (313) 4258456 |www.mujeresruralescolombianas.org/

Oficina Internacional de los Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO)

Es una red de organizaciones europeas e internacionales, dedicada a la incidencia política ante las instituciones de la Unión Europea, sus Estados miembros, Suiza, Noruega y las Naciones Unidas para promover el Estado de derecho, la democracia, el respeto integral de los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible en Colombia. |www.oidhaco.org

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)

Es una ONG, conformada en 1984, por personas que han construido relaciones de colaboración en la actividad por la paz de Colombia. Acompaña iniciativas de organizaciones sociales y realiza un monitoreo del conflicto y de la recomposición de grupos armados. |(1) 2552672 - 2552675. |www.indepaz.org.co/

Corporación Viva la Ciudadanía

Es un acuerdo programático de 8 organizaciones no gubernamentales, que buscan trabajar por una democracia más moderna, plural y diversa, cuyo actor central sea la sociedad civil. Para ello, busca la reforma de las costumbres políticas, mayor pedagogía y la democratización de partidos e instituciones públicas, entre otros. |(1) 2496303 – (1) 3480781 |viva.org.co/

Conciudadanía

Fundada en 1991, busca promover acciones pedagógicas y de movilización en el Departa-

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mento de Antioquia, la convivencia pacífica, la construcción de la paz, la planeación del desarrollo y el fortalecimiento de la democracia local, mediante el ejercicio de la ciudadanía plena. |(4) 2849546 |conciudadania.org/

Corporación Región

Es una organización de la sociedad civil, comprometida con la realización de los derechos humanos, las libertades y una buena vida para todas las personas. Busca incidir en las transformaciones necesarias para la construcción de una sociedad justa, democrática, equitativa y en paz. |(4) 2542424 |www.region.org.co/

Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes)

Surgió el 4 de febrero de 1983, ante la falta de respuesta sobre el paradero de personas detenidas-desaparecidas. Dan apoyo moral y físico a los familiares de las personas desaparecidas y promueven su búsqueda, el rastreo y exhumación de cuerpos encontrados como N.N. y la sanción de los responsables. |(1) 2577997 |www.asfaddes.org.co/

Campaña Colombiana contra Minas

Nació en 1999 como una iniciativa ciudadana, voluntaria e independiente. Impulsa los valores de Seguridad Humana y Desarrollo, mediante el fortalecimiento de las políticas nacionales, asistencia a las víctimas y mitigación del impacto por el empleo, almacenamiento, producción, transferencia y destrucción de armas y artefactos regulados o prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario. |2843601 |colombiasinminas.org/

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia

Creada en 1999, es un espacio de confluencia y articulación de organizaciones de la sociedad civil, que a través del monitoreo, incidencia política, defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, busca transformar positivamente las situaciones generadas por el conflicto armado, particularmente las relacionadas con el uso, reclutamiento y vinculación de la niñez a los grupos armados. |(310) 200 1719

|GOBERNANTES & POSCONFLICTO|

|coalico.org/

Save the Children Colombia

Esta organización está presente en 119 países, desde el final de la Primera Guerra Mundial, con el propósito de construir un mundo en el que cada niño y niña tenga derecho a la vida, la protección, el desarrollo y la participación. En Colombia, está presente desde 1991 y ha centrado sus esfuerzos en defender los derechos de la niñez más vulnerable. |(1) 7444867 |www.savethechildren.org.co/

Fundación Plan

Es una organización de la sociedad civil, miembro de Plan Internacional. Trabaja desde hace más de 50 años en Colombia, en la promoción de los derechos de la niñez, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de niñas y niños que viven en situación de extrema vulnerabilidad. |(1) 2362186 |plan.org.co

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Con el objetivo de reforzar la política exterior estadounidense, la USAID, como se le conoce por sus siglas en inglés, es la institución encargada de distribuir la ayuda internacional que ofrece el país. En Colombia, su principal objetivo es ayudar a construir la paz y apoyar iniciativas para promover el desarrollo social y económico de las poblaciones vulnerables y el medio ambiente. |(1) 275 2000 |www.usaid.gov/es/colombia

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

El principal interés de esta corporación es contribuir al fortalecimiento de una paz estable y duradera. Entre 2011 y 2014, invirtió más de 93 millones de Euros en proyectos de cooperación: en construcción de paz han apoyado 16 iniciativas por un valor de 19.4 millones de Euros, mientras que en el sector de género han realizado aportes por 5.5 millones de Euros. |(1) 744 1001 |www.aecid.org.cot

Agencia Alemana de Cooperación (GIZ)

Brinda apoyo a contrapartes políticas a través de programas bilaterales y regionales. Apoya a Colombia en procesos de construcción de paz, fortalecimiento del Estado de derecho, la implementación de la Ley de Justicia y Paz y la prevención de la violencia contra la mujer. También, apoyan la formulación y acompañamiento de proyectos de impacto social, en temas de paz y medio ambiente. |(1) 6012424 |www.bogota.diplo.de

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI)

Sus líneas prioritarias de cooperación en Colombia son la protección de la niñez y la adolescencia, la prevención de la explotación sexual, atención a víctimas de minas antipersona y el desarrollo económico. Uno de los mecanismos de apoyo de la ACDI en Colombia es el Fondo Canadiense para la Niñez a través del cual, desde el 2008, han apoyado 11 proyectos con presencia en 40 municipios de 14 departamentos. |(1) 657 9800 |www.mapeo-rse.info/promotor/agenciacanadiense-de-desarrollo-internacional-acdi

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)

Su interés principal es ayudar a contrarrestar el desplazamiento forzado y los desastres naturales del país. Los territorios priorizados son Sucre, Chocó, Valle de Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo. Por intermedio de ONG y COSUDE seleccionan proyectos, a través de los cuales se otorga cooperación. |(1) 349 7230 Ext: 250 |www.eda.admin.ch/colombia

Embajada del Reino Unido en Colombia

Los mecanismos de cooperación que ofrecen funcionan a través de fondos comunes, proyectos y programas, cooperación técnica, contribuciones generales a organismos multilaterales, entre otros. Sus líneas prioritarias son la prosperidad, seguridad, derechos humanos, medio ambiente y cambio climático. Uno de sus fondos, por ejemplo, apoya el fortalecimiento de las instituciones colombianas en la lucha contra la droga y el delito. |(1) 6012424 |www.reinounido.embajada.gov.co/

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)

Apoya en Colombia proyectos ligados al for-

OTROSDirectorio ACUERDOS 57

| COLOMBIA en tiempos de paz |

talecimiento del Estado de derecho, respeto de los derechos humanos, lucha contra la corrupción, procesos para salir de crisis e, igualmente, acciones de sensibilización y educación para el desarrollo. Los proyectos de transporte urbano, agua y saneamiento, vivienda y biodiversidad también son sus prioridades. |(1) 621 32 99 |www.colombia.afd.fr

Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)

Se enfoca en el mejoramiento de la infraestructura económica, el fomento de las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo local y rural. A lo largo del año, las alcaldías pueden presentar sus propuestas directamente a la Embajada, para proyectos de infraestructura en temas relacionados con servicios básicos de salud, educación elemental, paliación de la pobreza, bienestar público y medio ambiente. |(1) 742-7719 |www.jica.go.jp

Cooperación Italiana para el Desarrollo

Recibe iniciativas del orden nacional, presentadas al Gobierno italiano a través de ONG de Italia. Sus líneas prioritarias de trabajo son: apoyo a la democracia y procesos de paz, lucha contra la droga, asistencia a poblaciones vulnerables y desplazadas, promoción al desarrollo local y la educación. Las ONG italianas contactan a las colombianas, para presentar proyectos que serán financiados por el Gobierno italiano. |(1) 6012424 |coopit-acc.org/

Embajada de Finlandia en Colombia

El Gobierno de Finlandia rea liza su trabajo a nivel de la Región Andina (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia). Es un socio importante en temas forestales, ambientales, de energía y fortalecimiento institucional. Aportan al país en temas como la promoción de democracia y Derechos Humanos; economía verde, inclusión y creación de empleo. Funcionan a través de APC Colombia. |(1) 6012424 |www.finlandia.embajada.gov.co

Embajada de Israel en Colombia

Ofrece actualmente cooperación a Colombia, a través de cursos cortos y actividades de formación en temas estratégicos para el país, como agricultura, desarrollo local, educación

diferencial, ciencia y tecnología y derechos humanos. A través de la Embajada de Israel en Colombia se realiza la convocatoria para la participación de colombianos en los cursos que ofrece. |(1) 3277500 |www.embassies.gov.il/bogota

Embajada de Bélgica en Colombia

La política de trabajo en materia de cooperación internacional que aplica la embajada belga se centra en estrategias con fundaciones empresariales. Las coordinan través de ONG o fundaciones tanto colombianas como belgas. Ayudan en la formulación de proyectos y el diseño e implementación de programas socialesempresariales. Buscan fortalecer, mediante el compromiso empresarial, la generación de ingresos y sostenimiento de familias de escasos recursos. |(1) 6012424 |www.belgica.embajada.gov.co

Embajada de Países Bajos en Colombia

Operan a través de fondos comunes o cestas de donantes. Las líneas prioritarias son: construcción de la paz, derechos humanos, gobernabilidad y medio ambiente. Su programa ‘Derechos Humanos, Paz y Gobernabilidad’ brinda apoyo financiero a iniciativas locales. Presta especial atención a la situación de la población desplazada. |(1) 638 4200 |www.paisesbajos.embajada.gov.co

Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOIKA)

Ofrece cooperación técnica, apoyo a proyectos y capacitación, a través de becas y cursos cortos, no reembolsables, con costos entre 500 mil y 5 millones de dólares. Cada año se negocian entre 2 y 3 proyectos como máximo, enmarcados en las áreas priorizadas por el gobierno. |(1) 743 2123 |www.koikacolombia.com.co .

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (PNUD)

Contribuye a la erradicación de la pobreza y la reducción significativa de la desigualdad y la exclusión en el mundo. En Colombia, tiene presencia en 25 territorios y trabaja en alianza con el gobierno, el sector privado y organizaciones sociales. A la fecha, ha impulsado 2.200 emprendimientos en el

país (70 por ciento liderados por mujeres) y ha ayudado al mejoramiento de cultivos en más de 3.500 hectáreas, en 11 departamentos. |(1) 488 9000 |www.co.undp.org/

Organización Internacional para las migraciones (OIM)

La cooperación que ofrece está enmarcada en el tratamiento del problema del desplazamiento. Su programa ‘Migración y desarrollo’ financia proyectos que buscan propiciar el desarrollo en regiones altamente afectadas por la migración. Tiene especial cobertura en departamentos como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Chocó, Córdoba, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Santander y Valle del Cauca. |(1) 6397777 Ext. 1224 |www.oim.org.co

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Trabaja en cinco áreas programáticas: alimentación y lucha contra la malnutrición; recursos naturales y gobernanza de los bosques; innovación social y tecnológica; agricultura familiar y gestión del riesgo. Provee asistencia técnica, a través del convenio que tiene con la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC). |(1) 346 5101 |www.fao.org/colombia/es/

Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y la Prevención del Delito (UNODC)

Algunos de sus ejes prioritarios son: sustitución de cultivos ilícitos, comercialización de productos de paz, fiscalización de sustancias precursoras, lucha contra la trata de personas, el terrorismo y la corrupción y la prevención del uso indebido de drogas. Brinda transferencia de tecnologías, conocimientos y habilidades. |(1) 646 7000 Ext. 203 |www.unodc.org/colombia

Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (UNCRD)

Brinda asistencia técnica, capacitación, investigación, cooperación y difusión de información especializada. Realiza cooperación sur-sur en temas de seguridad humana y desarrollo regional como objetivos principales. En Colombia, sus territorios priorizados son An-

58 Directorio

tioquia, Atlántico, Bogotá D.C, Bolívar, Cesar, Córdoba Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Risaralda y Sucre. A solicitud, se estudia cada caso y se acuerda el tipo de cooperación a llevar a cabo y el presupuesto a ser asignado. |(1) 629 2808 - (1)629 2819 |www.uncrdlac.org

Banco Interamericano de desarrollo (BID)

Las entidades públicas interesadas en acceder a esta línea, deben presentar su solicitud a APC-Colombia, en el formato precisado por el BID. Dependiendo de cada fondo, el BID suele apoyar en préstamos y preparación de programas y proyectos de desarrollo. |(1) 325 7000 |www.iadb.org/es/paises/colombia/colombia-y-el-bid,1026.html

INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz

Universidad Nacional de Colombia Busca generar espacios de reflexión y debate con la participación de diversos sectores de la sociedad civil, para analizar, hacer diagnósticos y propuestas sobre las temáticas que hacen parte de la agenda de diálogo, que puedan hacerse llegar como insumos a la Mesa de La Habana. |(1) 316 5000 |pensamiento.unal.edu.co/cp-paz

Observatorio de Paz y Conflicto

Universidad Nacional de Colombia Espacio académico con énfasis investigativo, orientado al monitoreo, estudio y análisis de los procesos y las problemáticas relativas a la construcción de paz y las dinámicas del conflicto, así como al seguimiento de la pluralidad de esfuerzos encaminados a apoyar el fin del conflicto. |(1) 316 5000 |www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto

Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración

Universidad Nacional de Colombia Es un espacio de monitoreo, estudio y análisis de los procesos y las problemáticas de quienes han abandonado, de manera indivi-

|GOBERNANTES & POSCONFLICTO|

dual o grupal, las organizaciones guerrilleras y paramilitares. También hace seguimiento de la pluralidad de esfuerzos encaminados a apoyarlos. |(1) 316 5000 |www.observatorioddr.unal.edu.co

Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC)

Fue gestado por un grupo de académicos afiliados a universidades colombianas y universidades e instituciones académicas de Gran Bretaña, Suiza y los Estados Unidos, con el objeto de crear una plataforma de investigación sobre la violencia armada, el análisis de conflictos y su impacto sobre el desarrollo. |(1) 217 0200 |www.cerac.org.co/

Instituto Popular de Capacitación (IPC)

Es una institución de promoción popular que lleva a cabo iniciativas de investigación, capacitación y formación, opinión pública, asesoría, consultoría, acompañamiento y promoción con comunidades (académicas, rurales, urbanas, solidarias y afines), movimientos sociales y políticos, medios de comunicación y organizaciones estatales, en sus diferentes escalas territoriales. |(4) 571 80 20 |www.ipc.org.co

Observatorio de la Democracia

UniPaz

Es un espacio de investigación académica que busca establecer criterios necesarios para la construcción de paz, basándose en la recolección y análisis de acciones colectivas por la paz, en Barrancabermeja y el Magdalena Medio. |informacion@unipaz.edu.co |www.unipaz.edu.co/

Observatorio Javeriano para la Reconciliación y el Perdón

Universidad Javeriana Con este espacio, la universidad participa en la construcción, seguimiento y acompañamiento de las dinámicas de construcción de paz en el país, de manera que el diálogo y la reflexión permitirán aprender de otros procesos de reconciliación y perdón en el mundo. |(1) 3208320 |cpri.javeriana.edu.co/investigacion/ observatorios

Utopía

Universidad de La Salle Es un laboratorio de paz que integra la generación de oportunidades educativas y productivas para jóvenes de sectores rurales, de escasos recursos económicos, y que han sido afectados por la violencia, para convertirlos en líderes capaces de lograr la transformación social, política y productiva. |(1) 348 8000 |www.lasalle.edu.co/wps/portal/utopia/ Home/Inicio

Universidad de los Andes Se creó en el año 2004 como respuesta a la necesidad de fomentar la investigación académica en los temas de opinión pública y de comportamiento político, y de promover la difusión de sus resultados. Por el actual proceso de paz que se vive en Colombia, este centro de pensamiento le apunta especialmente a las temáticas del posconflicto.

Instituto de Estudios Políticos

Observatorio de Construcción de Paz

Observatorio Pacífico Colombia

|(1) 3394949 |obsdemocracia.org/

Universidad Jorge Tadeo Lozano Es una instancia de búsqueda, sistematización, análisis, realización y divulgación de producción académica sobre la paz, y una plataforma de interacción y seguimiento a la información, iniciativas, políticas y agendas ciudadanas y estatales de paz en el país. |(1) 242 7030 |www.utadeo.edu.co/es/micrositio/ observatorio-de-construccion-de-paz

Universidad de Antioquia Promueve, orienta y lleva a cabo la investigación, docencia y extensión en el campo de los estudios políticos. Desde una perspectiva interdisciplinaria, su propósito central es el análisis de las formas peculiares que adopta la dinámica política colombiana. |(4) 219 8332 |www.udea.edu.co

Enfoca sus esfuerzos a estudiar y reflejar las amenazas y los logros de la defensa de los territorios colectivos afrocolombianos y de los resguardos indígenas, así como de los territorios colectivos aún no reconocidos por el Estado. Monitorea la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como los derechos de carácter político. |(2) 553 1255 |pacificocolombia.org

INTRODUCCIÓN 59

| COLOMBIA en tiempos de paz |

• CARTILLA # 3

EN LA TERCERA EDICIÓN DE GOBERNANTES Y POSCONFLICTO: Los alcaldes y gobernadores y la construcción de comunidad después del conflicto. La reparación de las víctimas. Recuperar la memoria desde el territorio. Los retos de la restitución de tierras. ¿Cómo generar proyectos productivos para víctimas y desmovilizados? El proceso de reintegración y la recuperación de la confianza. El reto de que lo ocurrido en el conflicto, no se repita.

Y MUCHOS TEMAS MÁS.

¡ESPÉRELA!