Gobernantes & Posconflicto 3 by Luis Carlos Gómez

#3 CONSTRUIR COMUNIDAD DESPUÃ&#x2030;S DEL CONFLICTO

INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ENCONTRARÁ EN ESTAS CARTILLAS?

Las cartillas

Cada una de las tres cartillas está dedicada a un tema crucial en la etapa que se avecina. La primera habla del papel de los alcaldes y gobernadores en el posconflicto, y cómo, principios esenciales de la administración pública, como la planeación, la participación y la rendición de cuentas, son fundamentales, tal vez en este momento, más que nunca.

La segunda hace un repaso de los acuerdos alcanzados en La Habana, con un enfoque orientado al efecto que tendrán en la labor de alcaldes y gobernadores y cómo podrán contribuir los mandatarios locales, en la implementación de los acuerdos. Y la tercera, está dedicada a las víctimas y a la reconstrucción de la confianza en las comunidades. Todos los alcaldes y gobernadores del país tienen una responsabilidad con los más de 8 millones de colombianos que han resultado afectados por el conflicto, la cual no se limita a la entrega de una suma económica como reparación. Además, deben promover la reintegración de quienes en el pasado hicieron parte de grupos armados ilegales y la reconciliación de toda la sociedad. Aunque su estilo es pedagógico, las cartillas no se limitan a consignar unos contenidos teóricos. Testimonios reales de mandatarios locales destacados por su labor e historias concretas en comunidades, servirán para ilustrar la información expuesta en estas publicaciones.

CONSTRUIR COMUNIDAD DESPUÉS DEL CONFLICTO Una serie de conversatorios que realizarán las entidades que apoyan estas cartillas, profundizarán los temas planteados en ellas. Usted, señor alcalde o gobernador, tendrá un papel muy importante en este momento histórico para el país. Un momento al que se llega con muchas lecciones aprendidas después de recorrer un largo y difícil camino, pero, en el que quedan aún muchas cosas por aprender.

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Una buena medición debe facilitar las decisiones que se tomarán con base en ella y reflejar la magnitud de lo que se quiere medir.

BUENOS INDICADORES PARA MEDIR BIEN SU GESTIÓN Medir la gestión pública permite entender los avances y retrocesos en la aplicación de una política. Además, el resultado de la evaluación es punto de partida para tomar decisiones asertivas. Algunas pistas para construir indicadores.

Los indicadores son el principal instrumento para evaluar programas, proyectos y actividades. Los resultados de estos dan luces para la formulación de futuras políticas públicas, que ayuden al país a avanzar hacia el desarrollo territorial. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), una buena medición debe facilitar las decisiones que se tomarán con base en ella, y reflejar la magnitud de lo que se quiere medir. Para lograrlo, hay dos reglas infalibles: la medición debe estar lista en el periodo de tiempo en que la información es importante y relevante para tomar decisiones, y ser económica, en el sentido de que los beneficios, deben ser mayores al costo de inversión.

Los indicadores, cualitativos o cuantitativos| , permiten describir características, comportamientos o fenómenos a través de la evolución de una variable, o de la relación entre ellas. Estas variables, comparadas con períodos anteriores o respecto a una meta, permiten conocer el desempeño de una gestión. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), tienen una serie de instrucciones para construir buenos indicadores. Esto es lo que hay que tener en cuenta para hacer mediciones que sean efectivas para reportar una situación y elaborar líneas de base, para saber hacia dónde debe apuntar un proyecto.

3. SELECCIONAR MI INDICADOR CÓMO CONSTRUIR BUENOS INDICADORES

Los criterios para seleccionar el indicador correcto son: la pertinencia, la funcionalidad, la disponibilidad, la confiabilidad y la utilidad. Las siguientes preguntas ayudan a saber si se están cumpliendo cada uno de ellos. •¿El indicador expresa qué se quiere medir, de forma clara y precisa? •¿Se puede monitorear? •¿La información del indicador está disponible?

Indicadores efectivos • Tasa de escolarización, es decir, número de niños y niñas en la escuela, versus población infantil total. • Porcentaje del presupuesto local invertido en cobertura educativa entre 2016 y 2019. • Número de niños y niñas desescolarizados que ingresaron al sistema educativo entre 2016 y 2019. • Incremento anual de la cobertura educativa.

Indicadores ambiguos • Número de niños y niñas que asisten a la escuela en el municipio. • Presupuesto asignado a la educación entre 2016 y 2019. • Esfuerzos aunados para el ingreso de la infancia al sistema educativo. • Garantías brindadas para el incremento de la cobertura educativa.

•¿De dónde provienen los datos? •¿Es relevante para lo que se quiere medir?

1. SABER QUÉ QUIERO MEDIR Lo primero que se debe establecer en cualquier evaluación, es qué se va a valorar y para qué. Por ejemplo, si se crea un programa cuyo objetivo es garantizar el acceso de la población infantil a la educación básica, el objeto a evaluar será la cobertura educativa para la infancia.

2. ¿Y CÓMO LO MIDO?

4. RECOLECTAR LA INFORMACIÓN Para diseñar y analizar indicadores es preciso acceder a datos económicos, sociales, políticos y ambientales. No olvide: • Evaluar la información disponible. • Definir métodos de recolección. • Recolectar los datos de la misma fuente. Así se evitan sesgos causados por cambios en la metodología de la medición. • Verificar en la fuente que los datos sigan la misma metodología.

Cuando ya sé qué medir, defino las variables que conformarán el indicador, si mi objeto a evaluar es la cobertura educativa, las variables pueden ser: población infantil del municipio, población total de niñas y niños escolarizados, tasa de ingreso a primer grado, porcentaje de deserción.

5. ASEGURAR QUE MI INFORMACIÓN ES CONFIABLE La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señala los criterios necesarios para asegurar que la información que se recolecta y se pone a disposición de los organismos de control y de la comunidad, es rigurosa: Relevancia: la información debe ser útil. Credibilidad: la información debe estar soportada en estándares estadísticos apropiados y que los procedimientos de recolección, procesamiento, almacenamiento y difusión, sean transparentes.

Accesibilidad: ¿cómo se ponen estos datos a disposición de la comunidad, de manera que sean de fácil acceso? Oportunidad: el tiempo transcurrido entre el evento que se evalúa y la disponibilidad de la información, no puede ser tanto como para que los resultados pierdan valor. Coherencia: para lograr ser consistente y coherente, el proceso estadístico debe estar sujeto a una revisión previsible.

INDICADORES CUANTITATIVOS: Son aquellos que se pueden expresar de forma numérica, como la cantidad de personas beneficiadas por un programa o el número de egresados de una entidad educativa. INDICADORES CUALITATIVOS: Son los que miden percepciones, puntos de vista y actitudes. Aunque no siempre se pueden expresar en cifras, son importantes porque recogen la reacción de individuos o grupos humanos frente a un hecho.

CONTENIDOS QUE ENCONTRARÁ EN ESTA CARTILLA Nuestro Gobernante Modelo Esta imagen lo representa a usted. Es cualquier alcalde o gobernador del país, que se ha destacado por su conocimiento de la administración pública, su capacidad para gestionar proyectos o por promover la participación de su comunidad. Cuando lo encuentre en esta cartilla, es porque hay una información útil que vale la pena recordar. Glosario Hay conceptos que se usan con frecuencia en la administración pública, pero que en ocasiones no se comprenden del todo. Cuando vea este símbolo ( ) en medio de un texto, es

Cartilla 3

Con ejemplos tomados de la realidad, esta serie de tres publicaciones le dará información útil para liderar a su comunidad en esta trascendental etapa para el país. Gobernantes y posconflicto es una serie de tres publicaciones en las que usted, señor alcalde o gobernador, encontrará información y herramientas útiles para enfrentar el reto de la construcción de paz en los territorios. No existen fórmulas mágicas y estas cartillas no pretenden ser un manual de instrucciones o pasos a seguir. Cada municipio y departamento del país tiene sus propias circunstancias, problemáticas y oportunidades y sus alcaldes y gobernadores son las personas en quienes sus habitantes han confiado para guiarlos por un camino de convivencia pacífica y desarrollo. Pero un mayor conocimiento de aspectos esenciales de la administración pública y del contexto nacional y regional puede serle útil en momentos en que se requiere todo el liderazgo, la capacidad de gestión y la creatividad de los gobernantes locales. La inclusión, la superación de la pobreza, la restitución de tierras, la reparación de las víctimas, la reintegración, la participación, la transparencia y la solución pacífica de conflictos, entre muchas otras, son responsabilidades que no surgen de un acuerdo de paz, sino que están a cargo de los mandatarios de todos los niveles, desde el día mismo de su posesión. Conocer estas responsabilidades y las múltiples herramientas con las que cuenta para cumplirlas es esencial para que todo mandatario local pueda estar a la altura de las exigencias que le impone el posconflicto.

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porque al final del artículo podrá encontrar una breve explicación del concepto que acaba de leer. Infografías A lo largo de esta cartilla, usted encontrará gráficas, cuadros y diferentes tipos de ayudas visuales, que le ayudarán a comprender, de una manera más didáctica, todos los temas. Enlaces de interés En Internet, usted puede encontrar gran cantidad de información útil para el desempeño de su labor. En esta cartilla, le contaremos dónde puede encontrarla.

Superar las heridas que dejó la confrontación armada será una de las prioridades del país en los próximos años. Alcaldes y gobernadores deberán trabajar con sus comunidades para recuperar la confianza perdida.

Hay daños que dejó el conflicto cuya magnitud es imposible de calcular. Además de la muerte, las lesiones físicas y las pérdidas económicas que tuvieron que sufrir las víctimas, hay un dolor que muchas llevan consigo, en silencio, sin que nadie lo sepa. Los antiguos combatientes, a su vez, aún después de culminar su proceso de reintegración, deben seguir afrontando el rencor o la desconfianza que muchos sienten hacia ellos. Y el resto de la sociedad, incluídos aquellos que no fueron afectados directamente por la confrontación, también padece sus secuelas: la desconfianza y la prevención siguen marcando las relaciones en algunas comunidades. Esas heridas invisibles serán las que tendremos que sanar los colombianos durante el posconflicto y este proceso tendrá que llevarse a cabo en cada una de las comunidades. Esta tercera edición de Gobernantes y Posconflicto hace un análisis de la labor que usted, como alcalde o gobernador, está llamado a cumplir en la reconstrucción de los lazos sociales destruidos por el conflicto. En especial, dos grupos poblacionales deberán estar en el centro de sus esfuerzos: víctimas y desmovilizados. Frente a las víctimas, el Estado, con la Ley 1448 de 2011, se fijó unas metas ambiciosas, que incluyen, entre muchas otras responsabilidades, la reparación, tanto material como simbólica, de más de ocho millones de colombianos, la restitución de tierras, la recuperación de la memoria y la realización de acciones que garanticen que lo ocurrido no se vuelva a repetir. Con las personas que llevan a cabo su proceso de reintegración, el objetivo es de doble vía: darles la oportunidad de convertirse en personas útiles para la sociedad

y propiciar que esa sociedad esté dispuesta a abrirles las puertas. Pero no habría una reconstrucción efectiva de los lazos sociales si no se contara con el resto de la comunidad. En este sentido, serán fundamentales los esfuerzos de reconciliación que de tiempo atrás ya se vienen dando para superar antiguas des-

confianzas y buscar caminos para resolver las controversias sin recurrir a la violencia. Reconstruir la confianza perdida a causa del conflicto es una responsabilidad que todos los colombianos tenemos en los próximos años. Alcaldes y gobernadores son los llamados a liderar a sus comunidades en ese camino.

LOS ACTORES SOCIALES DEL POSCONFLICTO El fin de una confrontación armada no significa que se acaben las controversias o las discrepancias dentro de una comunidad. Al contrario, es posible que muchas de esas diferencias, que el conflicto mantenía ocultas, salgan a la luz. Es por eso que en este nuevo escenario de posconflicto, los gobernantes locales deben saber interpretar las necesidades de los diferentes sectores de su comunidad y canalizarlos para que se resuelvan a través de vías institucionales. Estos son los actores sociales fundamentales para el posconflicto y que, como alcalde o gobernador, debe tener en cuenta: Víctimas Ellas son la principal razón de ser del acuerdo de paz. Que lo que sufrieron nunca más vuelva a ocurrir fue el fin último de la negociación. Son colombianos a quienes el conflicto armado les destruyó su proyecto de vida y merecen la oportunidad de reconstruirlo. Contribuir a lo que lo logren es responsabilidad de todos los niveles del Estado, pero no de manera paternalista, sino colaborativa, pues ellos, con su talento y su coraje son quienes pueden construir su propio futuro. Desmovilizados El perdón es un acto individual, pero la reconciliación es un proceso colectivo. Reintegrar a quienes en el pasado hicieron parte de grupos armados ilegales es esencial para que la sociedad sane sus heridas. De los desmovilizados depende ganarse de nuevo la confianza de las comunidades, pero los gobernantes locales tienen en sus manos la posibilidad de ayudarles a abrirse puertas. La experiencia que tiene el país en materia de reintegración ha enseñado que quienes

concluyen con éxito el proceso que ha definido el Estado para ese fin, en la gran mayoría de los casos no vuelven a delinquir. Comunidad Uno de los efectos más graves del conflicto es la pérdida de confianza de las comunidades. Entre sus miembros, que en muchos casos se señalan mutuamente de hacer parte de uno u otro bando, y entre ellos y el Estado. Una de las grandes tareas del posconflicto es recuperar esa confianza. Construir con organizaciones sociales, grupos étnicos, empresarios, estudiantes, adultos mayores, etc., un espacio en el que, pese a las diferencias, sea posible trabajar conjuntamente.

INTRODUCCIÓN

PÉRDIDA DE CONFIANZA

LOS EFECTOS DE LA GUERRA El conflicto armado ha dejado en los colombianos una huella de dolor: miles de vidas perdidas y millones de personas cuyos sueños se vieron truncados. Las víctimas perdieron, pero también los combatientes y el resto de la sociedad.

VIOLENCIA DE GÉNERO En el contexto social colombiano, las mujeres siguen estando en una posición de desigualdad frente a los hombres. Sin embargo, como muestra el informe ‘La violencia sexual en Colombia’ presentado por OXFAM Internacional, aquellas que han vivido en zonas donde ha golpeado el conflicto, “han sufrido no sólo el cúmulo de todas las discriminaciones de género, sino que sus vidas han estado permeadas por la violencia en todos los sentidos”. Han estado limitadas socioeconómicamente, pero lo más preocupante, es que han soportado el abuso sexual, como un arma de guerra, por más de 50 años. Una realidad silenciosa en el país, que ha dejado como víctimas a más de 4 millones de mujeres. Las mujeres son uno de los principales objetivos de guerra de los grupos armados, al ser consideradas un blanco útil para humillar al enemigo. Y según el mismo estudio, “la persistente ocultación y negación de este delito por parte del Estado colombiano ha permitido perpetuar un entorno de impunidad en el que no se investigan, ni se enjuician este tipo de delitos”. Con la creación del enfoque de género en los acuerdos de La Habana, este 2016, el país ha dado un gran paso para que este tipo de crimen humanitario, no naufrague por siempre en la oscuridad.

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DESTRUCCIÓN DE FAMILIAS Según un informe presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), hasta el 2013, Colombia registraba 220.000 personas asesinadas por el conflicto armado. De esta cifra, un 82% de los crímenes se perpetraron en contra la población civil, mientras que el 16%, afectó a las partes en conflicto. Las cifras, aunque son abrumadoras, no representan la dimensión del daño, pues por cada vida perdida, hay una esposa, un esposo, unos hijos, unos hermanos, unos padres, que deberán guardar consigo ese vacío. Es algo imposible de calcular.

Los vejámenes que dejó la guerra han sido tantos y tan diferenciados, que hoy, es muy difícil señalar a un solo grupo armado como responsable de todas las tragedias humanitarias del país. No existe claridad sobre muchos crímenes, y el abandono institucional ha sido una de las razones por las que la imposición de la violencia de grupos insurgentes, ha funcionado como forma de control en los territorios más vulnerables. Esta ausencia ha tenido como resultado la pérdida de confianza en la figura del Estado. Pero, más allá de eso, ha dejado secuelas en el interior de las comunidades y las familias. En algunos casos, las personas temen volver a su lugar de origen o incluso denunciar que fueron víctimas. Reconstruir este círculo de confianza y fortalecer los temas de perdón y reconciliación, serán las bases para el sostenimiento de la paz y la democracia a largo plazo.

PÉRDIDAS MATERIALES

DESPLAZAMIENTO Colombia llegó a ocupar el primer lugar en el mundo en número de desplazados. 6,9 millones de personas se vieron obligadas a abandonar su tierra y junto con ella, sus costumbres, su familia y su forma de vida. Campesinos, indígenas y afrodescendientes han sido los más afectados, porque, por lo general, habitan lugares con alta vulnerabilidad con presencia de cultivos ilícitos, enfrentamientos entre grupos insurgentes o proyectos que provocan conflictividad social. Según el informe más reciente de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), desde 2015, Colombia superó en número de desplazados internos a países como Siria, con 6,6 millones, e Irak, con 4,4 millones. La atención del Estado ha resultado insuficiente y ha llevado a que estas comunidades se reubiquen improvisadamente en zonas periféricas de las grandes ciudades, convirtiéndose en pobres entre los pobres.

PÉRDIDA DE PROYECTOS DE VIDA Niños, adolescentes, mujeres y hombres han tenido que abandonar sus proyectos de vida por el conflicto armado. En algunos casos, ingresar a los grupos insurgentes voluntaria o forzadamente, o abandonar su lugar de origen, ha sido la única posibilidad de sobrevivir. El impacto que tiene empezar de cero para estos ciudadanos, la mayoría de veces es irreversible. A falta de opciones para subsistir y un núcleo familiar sólido a partir del cual puedan construir sus vidas, las víctimas se ven obligadas a dejar todo atrás. Es un cambio tan abrupto, que aún con las ayudas que brinda el Estado a través de la reparación, es probable que para ellos las cosas nunca vuelvan a ser igual. Muchos han podido recomponer su vida y buscar nuevos horizontes, pero aquello que perdieron ya no estará.

Además del desarraigo que han sufrido millones de colombianos, la guerra ha tenido una implicación económica y material en sus vidas. El país ha sido testigo de la destrucción de puentes, oleoductos, alcaldías, escuelas y centros de salud. Sin mencionar el caso de algunos pueblos que casi desaparecieron por completo. Estas pérdidas han limitado por muchos años el progreso del campo. Pero sobre todo, de las familias campesinas, indígenas o afrocolombianos que han perdido su tierra: el único medio que tenían para subsistir. Combatir la guerra, además, le ha costado al país más de 179 mil millones de dólares en 52 años, según cifras del Banco Mundial. Un monto que se podría haber invertido en proyectos productivos, educación y construcción de vías terciarias, que son las principales necesidades del país.

ABANDONO DEL CAMPO Según el estudio ‘Costos y efectos de la guerra en Colombia’, publicado en 2011 por la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Colombia ha pasado de ser un país rural a convertirse en uno urbano, en un periodo de 70 años. “Actualmente, el 75% de la población colombiana habita en ciudades y centros urbanos menores, mientras que el 25% restante está en el campo”. Esta migración obedece a los múltiples brotes de violencia y la falta de oportunidades que existe en los territorios. Los jóvenes ya no quieren quedarse trabajando en el campo porque no lo ven como una forma de progreso, mientras que sus padres y ancestros, luchan por mantener vigente su estilo de vida. Si no hay una transformación profunda del campo, tal vez en unos años el efecto será irreversible. Ya no habrá quien sepa trabajar la tierra

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LA FIRMA DE LA PAZ NO IMPLICA ARRANCAR DE CEROS, PERO SÍ IMPONE NUEVOS RETOS.

FUENTES: Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Unidad para las Víctimas (UARIV), Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Ministerio de Defensa, Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía.

REINSERTADOS Entre 2002 y 2016 se han desmovilizado alrededor de 58.000 personas pertenecientes a grupos insurgentes. 49.022 ingresaron al proceso de reintegración y 13.800 lo han culminado.

Panorama actual:

650 empresas están generando más de 9.500 empleos formales para desmovilizados. Entre ellas Éxito, Sodexo, Coca Cola Terpel, Cemex, Panaca y Kokoriko.

¿EN QUÉ SE HA AVANZADO Y QUÉ FALTA? VÍCTIMAS 600.000 víctimas han recibido su indemnización por vía administrativa. Cerca de 3 billones de pesos se han invertido, desde el 2012 hasta hoy, en atención y asistencia humanitaria. Los jueces han fallado 1.781 sentencias que resuelven 3.626 casos, y se han entregado 200 mil hectáreas de tierras, en los últimos cinco años.

Más de 8 millones es el total de víctimas a reparar.

Lo que Lo que se ha falta avanzado

El equipo psicosocial de la Unidad de Víctimas ha acompañado la entrega de restos humanos a 1.743 familias que habían sufrido desaparición u homicidio de un ser querido.

Tras la firma de la paz, se estima que alrededor de 14.000 hombres, entre excombatientes y milicianos, dejarán las armas.

7.2 millones de pesos anuales costará en promedio un excombatiente en reintegración, mientras que una persona en la cárcel, cuesta 18 millones.

Lo que Lo que se ha falta avanzado

6.5 años, en promedio, durará el proceso de reinserción de cada persona.

73,9 % de las personas que ingresaron al proceso se encuentra ocupadas: 69,5 % en un trabajo informal y el 30,5 % en uno formal.

Aún en medio del conflicto, el Estado colombiano ya ha alcanzado logros en la reparación de las víctimas y la reintegración de antiguos miembros de grupos ilegales, a la sociedad civil. La firma de la paz no implica arrancar de ceros, pero sí impone nuevos retos.

Se estima que entre 2012 y 2020, el gobierno deberá invertir 21 mil millones de dólares en la reparación. Cerca de 12.000 casos están aún en manos de los jueces, los cuales definirán el futuro de más de 500 mil hectáreas, solicitadas en restitución. La Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 90.395 solicitudes. De estas, 47.358 aún se encuentran en trámite (51% del total).

COMUNIDAD Según el índice GINI, en las zonas rurales, la pobreza es casi el doble (41,4 %) que en las áreas urbanas.

Un total de 171.000 personas salieron de la pobreza absoluta entre 2014 y 2015.

El 20% del ingreso de Colombia, está en manos del 1% de la población.

Durante el quinquenio 2010 - 2015, la tasa de mortalidad infantil se redujo de 43 defunciones a 17. Para el año 2015, 26 departamentos ya poseían tasas de cobertura en educación superior, por encima del 20%. El desescalamiento del conflicto ha permitido salvar entre 1.500 y 2.000 combatientes.

Lo que Lo que se ha falta avanzado

El Plan Nacional de Desarrollo, proyecta que para el 2018, la tasa de cobertura en educación, deberá ser superior del 57%. Mientras 2.1 millones de personas pagan al menos la mitad de los impuestos, cerca de 9 millones, se beneficia directamente de ellos.

Se han reducido en un 6% los homicidios, en lo que va corrido del año, comparado con 2015. Desde el año 2000, los secuestros en Colombia se han reducido en más del 92 %.

Hoy, la tasa nacional de homicidios es de 24,9 por ciento por cada cien mil habitantes. En lo corrido de 2016, han sido denunciados alrededor de 70 casos de secuestros.

Para junio de 2016, la tasa de desempleo fue de 8,9%.

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LAS VÍCTIMAS

Más de ocho millones de colombianos que buscan superar las heridas del conflicto son una de las prioridades del posconflicto. Alcaldes y gobernadores deben ser conscientes de la responsabilidad que tienen con ellas.

El conflicto armado en Colombia dejó un largo rastro de dolor: familias que quedaron incompletas, personas a las que se les derrumbó su mundo, organizaciones sociales cuya voz fue acallada sistemáticamente y a través de estrategias macabras. Aunque esta tarea ya se está llevando a cabo en todo el país, la atención y reparación de las víctimas será aún más intensa durante el posconflicto. Construir la paz en todos los territorios de Colombia no será posible sin sanar las heridas que dejó la confrontación: el vacío de los seres queridos que ya no están, los proyectos de vida truncados, los daños sicológicos provocados, la confianza perdida. Y no solo con respecto a los individuos, sino a las comunidades y las organizaciones sociales, que también sufrieron daños. En el propósito de recuperar los lazos sociales destruidos por el conflicto, las víctimas son uno de los grupos poblacionales con los que tienen que trabajar

más de cerca alcaldes y gobernadores. Como representantes locales y regionales del Estado, deben asumir la responsabilidad que a éste le corresponde por lo que ocurrió, contribuir a que ellas recuperen su confianza y apoyarlas en el propósito de reconstruir su proyecto de vida. Pero su deber no se limita a lo material. La verdad, la memoria y la dignidad son conceptos que pueden ser intangibles, pero que para una víctima, tienen un valor mayor que cualquier indemnización. La reparación tampoco puede terminar convirtiéndose en una forma de asistencialismo. Las víctimas no son ciudadanos menores, que dependan siempre del apoyo del Estado, sino que, con un impulso adecuado, podrán seguir aportando su talento y su conocimiento al desarrollo del país. De lo que se trata, simplemente, es de devolverles el lugar que nunca debieron perder en la vida de sus comunidades.

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PREVENCIÓN, PARA EVITAR MÁS VÍCTIMAS Aunque el fin del conflicto con las Farc ha reducido considerablemente los ataques contra la población, las amenazas provocadas por los grupos armados ilegales siguen. Mantener los ojos abiertos aún es fundamental.

MAPA DE RIESGOS: es una herramienta esencial para la prevención, que permite, con base en la información disponible, identificar las amenazas que existen para una comunidad, calcular la probabilidad de que estas se produzcan y medir los daños potenciales que podrían provocar.

El conflicto armado interno y las acciones violentas de bandas criminales y grupos alzados en armas siguen provocando riesgos para una parte de la población. La población civil es vulnerable a desplazamientos, atentados contra su vida y contra la infraestructura, destierro y muchas otras formas de violación de sus derechos. Para conocer, monitorear y advertir sobre hechos que puedan generar riesgos para la población civil, existen medidas de prevención y sistemas de alertas diseñados y aplicados por instituciones de orden nacional. La Defensoría del Pueblo y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) son dos de las instituciones gubernamentales que trabajan en el campo de la prevención y la contingencia. La Defensoría cuenta con el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) que acopia, verifica y analiza información relacionada con el conflicto armado.

Las autoridades con deberes de protección, se basan en la información del SAT para coordinarse y atender oportunamente a las comunidades afectadas. La UARIV, por su parte, cuenta con la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, que tiene 47 enlaces en 20 territorios del país. Estos enlaces informan constantemente sobre los movimientos que podrían dejar víctimas. Para estar al tanto, la Subdirección ha establecido recursos de intercambio de información con organizaciones sociales, entes territoriales, otras instituciones públicas y actores civiles, así como protocolos de procedimiento y atención inmediata, en caso de presentarse emergencias. Las autoridades locales y regionales pueden ofrecer información valiosa a estas instituciones y apoyarse en ellas para mitigar los efectos de las violaciones a los derechos humanos en sus territorios o desplegar una efectiva atención, de ser necesario.

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¿QUÉ HACER CUANDO SE ENCIENDEN LAS ALARMAS? Conocer los mecanismos de atención inmediata de emergencias y de ayuda humanitaria a víctimas del conflicto y mejorar cada día en su implementación, debe estar presente en la agenda de gobernadores y alcaldes, aún durante el postconflicto.

LA AYUDA QUE LLEGA EN LAS PRIMERAS HORAS Se activan proveedores que suplen alimentos y líquidos, en menos de 48 horas, a cualquier parte del país.

Si bien con la firma de los acuerdos con las Farc, la ocurrencia de hechos de violencia será cada vez menor, grupos criminales y otras guerrillas pueden seguir perpetrando violaciones a los Derechos Humanos. La ley dicta que ante una emergencia humanitaria, el primer ente responsable en prestar atención es la alcaldía. Si las necesidades superan la capacidad de la entidad, el siguiente involucrado debe ser la gobernación. Por último, ambos entes pueden acudir a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), que tiene el deber de desplegar su servicio, a través de la Dirección de Gestión Humanitaria. Las dos necesidades más urgentes en la primera fase de una emergencia humanitaria son el alojamiento y la alimentación. Las alcaldías y gobernaciones deben solucionar estas dos contingencias. Sin embargo, si solicitan apoyo a la UARIV, esta puede estar presente desde el primer momento y por los siguientes tres meses. La UARIV cuenta con más de 40 enlaces, en 20 sedes en diferentes territorios del país, capacitados en atención psicosocial en la emergencia y en habili-

dad en la operación de asuntos urgentes. En caso de un desplazamiento masivo, estos equipos deben proporcionar un techo seguro para las víctimas y distribución de agua, alimentos y frazadas. Además, debe poner a disposición vehículos para movilizar rápidamente al personal de emergencias a los territorios. El exgobernador de Nariño, Raúl Delgado, hizo de su administración una de las más comprometidas en la atención urgente a las víctimas y por eso Ramón Rodríguez, director de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad de Víctimas, lo destaca como un ejemplo en articulación con todo el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). Al preguntarle por su experiencia, el exmandatario explica que se presupuestaron recursos y operadores para garantizar una respuesta rápida. “Nos aliamos con organismos como la Cruz Roja, que garantizan seriedad y transparencia; adoptamos un sistema de atención muy rápido para que las alcaldías solicitaran el apoyo, y lo más importante, contamos con un equipo humano con convicción y respeto por los temas de las víctimas”. Raúl Delgado resalta tres puntos clave para estar preparado para prestar una buena ayuda humanitaria: contar con

las organizaciones de víctimas en la construcción y aprobación de los planes de desarrollo, fortalecerse institucionalmente pensando en la atención y la reparación como constructoras de paz y, especialmente, conocer el conflicto, los dramas humanos de desarraigo y de pérdida de seres queridos. “Esto nos lleva a asumir un compromiso verdadero y responsable con la atención humanitaria y aunar esfuerzos para la cofinanciación de programas para el restablecimiento, la reparación y el retorno”, concluye el exgobernador y actual asesor de la Federación Nacional de Departamentos.

40 enlaces

capacitados en atención sicosocial y operación de asuntos urgentes, tiene la Unidad para las Víctimas en diferentes regiones del país.

Empieza a trabajar el operador logístico encargado de entregar y transportar material de construcción, en casos de atentados contra infraestructura. Si se trata de un desplazamiento, un tercer operador se encarga de distribuir semillas y herramientas a las familias que deciden retornar al poco

tiempo. Así se les facilita el regreso a sus actividades cotidianas.

En casos de emergencias individuales Caso común: una persona se ve obligada a dejar su tierra por amenazas contra su vida. Acude a la alcaldía, donde tiene el derecho de recibir atención inmediata. Parece una tarea sencilla para el alcalde. Pero en muchos pueblos de Colombia, en un mes, se pueden presentar más de 40 declaraciones de este tipo. Si, además, se trata de un municipio de sexta categoría, que tiene un presupuesto de 10.000.000 de pesos para la atención a

DESPUÉS DE SUPERADA LA EMERGENCIA Después de atendida la primera fase de emergencia, las personas que quedan incluidas en el Registro Único de Víctimas entran en la Ruta de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado. Su caso pasa a manos de la Subdirección de Atención y Asistencia Humanitaria de la UARIV donde, usualmente, se desarrolla así: Se determina con la persona, una ubicación a la que se le remitirán los giros del subsidio por un año. En total son tres giros, uno cada cuatro meses. Se hace una medición de la subsistencia mínima para determinar el monto de los giros según el nivel de carencia que presente.

Esta ayuda humanitaria es temporal y se entrega mientras la persona se estabiliza. No es vitalicia.

víctimas, su capacidad colapsa. La alcaldía debe garantizar alojamiento, alimentación y posteriormente, se establecen los criterios para hacer la entrega de las ayudas periódicas a esa víctima de desplazamiento. Si esto desborda el presupuesto de la alcaldía, el ICBF y la UARIV pueden subsidiar a la administración de estos casos. Muchos alcaldes desconocen este beneficio y llaman a las organizaciones humanitarias a que se hagan cargo de su responsabilidad, cuando podrían asumirla solicitando el apoyo de la Unidad, que también ofrece asesoría técnica.

LO QUE NO PUEDEN OLVIDAR ALCALDES Y GOBERNADORES 1

Elaborar su plan de contingencia en conjunto con la comunidad, mesas de víctimas y otras autoridades locales. Este plan les dará línea sobre cómo actuar frente a cualquier situación de riesgo que pueda generar víctimas en la comunidad.

Conocer el mecanismo de subsidiaridad y apoyo de la UARIV.

Identificar y coordinarse con las organizaciones humanitarias que tienen presencia en su territorio, como ACNUR, OCHA, CICR, Consejo Noruego, Acción contra el Hambre, entre muchas otras.

Una vez la persona empieza a superar los componentes de inestabilidad y riesgo, entra en la etapa de reparación e indemnización. A la fecha, 6.200.000 personas son sujetos de atención en todo el país. El 35 por ciento ya no necesitan la ayuda humanitaria, pero la siguen recibiendo hasta que obtenganla reparación, que va a un ritmo más lento: 100.000 personas indemnizadas por año.

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Aunque cada caso es muy diferente, el Estado colombiano está en la obligación de repararlos a todos

de satisfacción 2. Medidas Estas medidas buscan mitigar el

dolor de la víctima, a través del restablecimiento de la dignidad y difusión de la verdad sobre lo sucedido. Uno de los actos en los que se ha enfocado el Gobierno es la entrega de cartas de dignificación y el acompañamiento de conmemoraciones especiales para las víctimas como por ejemplo, el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas (9 abril) o el de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (25 mayo).

LAS FORMAS DE REPARAR

Toda víctima tiene derecho a una reparación integral, que no es igual, en todos los casos. ¿Cuáles son los componentes de esa reparación y cómo puede contribuir el funcionario local a hacerlos efectivos?

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas en Colombia existen hasta la fecha más de 8 millones de víctimas, de las cuales 6 millones son sujeto de atención y reparación. Dentro de este registro se incluye a quienes han sufrido el abandono o despojo de tierras, actos terroristas, amenazas, delitos contra la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, daños por minas antipersonales, pérdida de muebles o inmuebles, secuestro, tortura o el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, en el marco del conflicto armado. Aunque cada caso es muy diferente, el Estado colombiano está en la obligación de repararlas a todas, por su condición de garante de los derechos de todas las personas que se encuen-

tran bajo su jurisdicción, y porque así lo dispone la jurisdicción internacional. La Ley de Víctimas, aprobada en 2011 en Colombia, definió que la reparación debe ser integral. Es decir, las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, trasformadora y efectiva. En este sentido, nuestro país cuenta con un sistema que incluye cinco medidas de reparación, aplicables según el tipo de daño y dimensión, como por ejemplo individual o colectiva. Y que simultáneamente pueden ser de tipo material, moral o simbólica. Todos estos aspectos deben ser desarrollados en conjunto para tener un impacto real en la población beneficiaria. Como mandatario, usted debe estar en capacidad de identificarlas:

1. Rehabilitación Se refiere a la atención de carácter

jurídico, médico, psicológico y social para lograr que las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas sean mejores. En este aspecto, según muestra un informe de la Unidad para las Víctimas, entre 2012 y mayo de 2016, el Gobierno ha atendido mediante su ‘Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las víctimas’, a más de 185.000 personas. Por otra parte, el Estado cuenta con espacios para la recuperación emocional a nivel grupal y rehabilitación comunitaria, a disposición de las víctimas. Allí realizan terapias para enfrentar lo sucedido y empezar a reconstruir la confianza con el Estado.

Restitución de tierras, predios o bienes Este punto

busca que la víctima pueda regresar a la situación en que se encontraba antes de que ocurriera el hecho. Además de la restitución de tierras, incluye la vivienda y capacitaciones y planes de empleo urbano y rural. Según la Encuesta de Goce Efectivo de Derechos, realizada por la Unidad para las Víctimas en alianza con el DANE en 2014, alrededor del 78% de la población desplazada afirma estar en el lugar donde desea rehacer su proyecto de vida.

¿CUÁL ES MI PAPEL COMO MANDATARIO LOCAL?

María Eugenia Morales, directora Técnica de reparaciones de la Unidad para las Víctimas, resalta que la implementación de la reparación, en este caso, de la política pública de la reparación integral a las víctimas, es una competencia que afecta directamente a las entidades del nivel territorial y nacional. “En el caso concreto de alcaldías y gobernaciones, lo primero que hay que hacer es incorporar el tema de reparación en los planes de desarrollo”, dice. Algo en lo que ya se ha avanzado. Pero también se debe buscar que en los planes de acción territorial se vean reflejadas las acciones, “así como en muchos casos escuchamos la voluntad política de los gobernadores y alcaldes, esa voluntad se tiene que expresar, materialmente, en la destinación de recursos para la implementación de algunas medidas”. 1

Indemnización por vía ad-

4. ministrativa Por ley, las victi-

mas deben recibir una compensación económica por los daños sufridos, a título de indemnización administrativa. Dependiendo del hecho, la persona tiene derecho a un monto que puede llegar hasta 40 salarios mínimos.

de no repetición 5. Garantías Son las medidas que el Estado debe

implementar con el fin de garantizar que no se vuelvan a repetir las violaciones a los Derechos Humanos, ni las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que generaron la victimización.

En lo individual: las alcaldías deben co- 3 Establecer un puente de comulocar los puntos de atención, garantizar nicación: una tarea importante es la logística de los sitios, de la conexión de reconocer a las víctimas como sujetos internet, entre otros. Y en relación a las de derechos, darles un lugar desde ese medias de reparación, deben garantizar reconocimiento y establecer una comuel acceso a la salud y educación, como nicación periódica con ellas. Es crucial también incluir, de manera prioritaria, que un mandatario pueda reunirse a las víctimas de desplazamiento en los con las mesas de participación de sus programas de vivienda, si tienen problemunicipios y los grupos de los comités mas en este aspecto. de reparación. Establecer un dialogo es clave para fortalecer esa articulación. En la reparación colectiva: para alcaldes y gobernadores, participar Alcaldes y gobernadores deben entenactivamente en los procesos de repader que la reparación sienta las bases ración es potenciar el desarrollo de su para la reconciliación y la construcción territorio, porque en la medida que se de la paz en el país. comprometen con estos procesos jaloEn los municipios ya existen múltiples nan los recursos a nivel nacional como mesas de participación de víctimas y prorespuesta a los planes de reparación. cesos de reparación colectiva. Han con“No es ver a las víctimas como una tribuido a la recuperación de la confianza carga, sino entender que atender y de la sociedad civil en las instituciones reparar a las víctimas en los territorios, públicas. Un avance muy importante si implica también concurrir con recursos se vislumbra en un futuro próximo la del nivel nacional”, explica Morales. implementación de los acuerdos.

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SÍ ES POSIBLE CONSRTUIR OPORTUNIDADES CON LAS VÍCTIMAS

LA INDEMNIZACIÓN Por ley, las víctimas tienen derecho a la entrega de una suma de dinero que varía según el tipo de crimen cometido en contra de ellas. ¿Cuáles son las particularidades y de qué manera se entrega?

A finales de 2011, el Departamento Nacional de Planeación estableció a través de un documento CONPES, que para reparar económicamente a los 6 millones de víctimas indemnizables, de las 8 millones que tiene el país, se deberían invertir 54 billones de pesos en los próximos diez años. Si bien un estudio de la Universidad de Harvard reconoce la Ley de Víctimas aprobada en Colombia en 2011 como una de las estrategias más ambiciosas de reparación en todo el mundo, también ha advertido sobre el riesgo de generar una expectativa que después no se pueda cumplir. La publicación afirma que ninguno de los 45 países que han llevado a cabo procesos de paz anteriormente, ha logrado reparar a más del 1 por ciento de la población. Colombia comenzó a abonar el terreno en materia de reparación, incluso antes de empezar un proceso de negociación con las Farc. En los últimos cuatro años, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), ha

indemnizado a más de 600 mil personas. Y en un escenario previo al posconflicto, ya cuenta con experiencia en casos exitosos de atención y reparación integral. Sin embargo, no hay que olvidar que, en Colombia, el reto de reparar a todas los agraviados es muy grande. Representan casi el 15 por ciento de la población, y hasta el momento, el número de personas atendidas no alcanza a superar al uno por ciento. El mayor reto es lograr que la reparación no se convierta en una esperanza frustrada.

¿Cómo funciona el proceso?

Hay que tener claro que la reparación no se trata solo de la entrega de una suma de dinero. La compensación económica solo es una de las medidas de reparación integral que ofrece el Estado colombiano a las víctimas del conflicto: rehabilitación, medidas de satisfacción, restitución de tierras y garantías de no repetición. La indemnización funciona en conjunto con las demás, como un todo, y su fin último es ayudar a reconstruir y

fortalecer los proyectos de vida de esta población vulnerable. Anualmente, la Unidad para las Víctimas cuenta con un presupuesto limitado para indemnizar a un número determinado de personas. Para 2016, por ejemplo, este monto es de $1,6 billones de pesos. Con ese dinero se “indemnizarán tantas víctimas como sea posible, pero si los recursos no alcanzan, se hará al año siguiente y así sucesivamente, durante la vigencia de la Ley”, explican documentos oficiales de la institución. Aunque es una tarea del Gobierno Nacional resarcir por medio de la compensación económica a los damnificados, alcaldes y gobernadores tienen mucho que ver en el proceso. Si el territorio no está preparado para recibirlos y ayudarlos a invertir el dinero, lo más probable es que las familias no logren retornar a su tierra, en las mismas condiciones en las que la abandonaron. Para acceder a este derecho monetario, es necesario tener en cuenta los siguientes pasos:

El caso del municipio de Simacota (Norte de Santander), es un ejemplo a replicar en el tema. Gracias a la iniciativa de antiguos alcaldes y de las propias víctimas, las familias afectadas por el conflicto “han recibido unidades productivas, para poder empezar una

actividad de emprendimiento o fortalecer el emprendimiento que ya tenían”, explica Jaime Cala Ayala, alcalde de la comunidad. Las ayudas del Gobierno a través de la Unidad para las Víctimas, fueron dirigidas a sectores rurales y urbanos, y corresponden a proyectos productivos de ganadería, panadería, peluquería, miscelánea, entre otros. Simacota fue uno de los primeros territorios del país en iniciar un proceso de reparación integral en 2013, y el resultado ha dado sus frutos, pues

como agrega el alcalde Cala, gracias a este acompañamiento, los proyectos han empezado a “dar ingresos extras al municipio y ayudan a generar más empleo”. Como este, hay muchos más ejemplos que se pueden replicar en el territorio. Lo importante es que la indemnización de las víctimas no se convierta en una 'plata de bolsillo' sino que se transforme en proyectos que les puedan cambiar la vida. Viabilizar este propósito, es una labor primordial de alcaldes y gobernadores.

MONTOS DE LA INDEMNIZACIÓN Para acceder a ella, se requiere estar inscrito en el Registro Único de Víctimas. Las sumas se entregan, de acuerdo con la priorización que determina la Unidad para las Víctimas, a través de pagos parciales o de una sola suma.

Si una misma persona es víctima de más de un hecho, la indemnización podrá acumularse hasta 40 salarios mínimos mensuales. Sin embargo, las personas que hayan tenido varios familiares asesinados (su pareja, sus hijos o sus padres) pueden recibir una

indemnización por cada uno de ellos. La indemnización para niños, niñas y adolescentes debe efectuarse a través de un encargo fiduciario. El beneficiario sólo podrá disponer de la indemnización cuando cumpla la mayoría de edad.

Tipos de indemnización 40 salarios mínimos

30 salarios mínimos

27 salarios mínimos

Homicidio: divididos entre los familiares de la víctima que murió, dependiendo de su estado civil en el momento de la muerte. **

Lesiones personales que generaron incapacidad: El monto puede variar según el tipo de afectación. Se entrega directamente a la víctima que sufrió la lesión.

Desplazamiento forzado: La indemnización se distribuirá, por partes iguales, entre los miembros del grupo familiar víctima del desplazamiento, incluidos en el Registro Único de Víctimas. De acuerdo con la Sentencia SU-254 de 2013 por la Corte Constitucional, habrá familias que recibirán 17 salarios mínimos o 27, dependiendo del caso.

Desaparición forzada: divididos entre los familiares de la víctima desaparecida, dependiendo de su estado civil en el momento de la desaparición.** Secuestro: se entregan directamente a quien haya estado en cautiverio, no a los familiares. Lesiones personales que generaron incapacidad permanente o discapacidad: El monto puede ser menor o mayor según el tipo de afectación, como se establece en la Resolución 0848 de 2014 expedido por la Unidad de Víctimas. Se entrega directamente a la víctima que sufrió la lesión.

Reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes: se entregan directamente a quien sufrió el hecho.*** Delitos contra la libertad e integridad sexual: se entregan directamente a quien sufrió el hecho. Incluye niños, niñas y adolescentes nacidos como consecuencia de una violación sexual, en el marco del conflicto armado.*** Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes: El monto puede variar y se entrega directamente a quién sufrió el hecho.

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LA OFERTA INSTITUCIONAL

Existe un conjunto de programas, proyectos y acciones específicas, que pueden ayudar a las víctimas a superar su situación de vulnerabilidad. Son oportunidades que alcaldes y gobernadores pueden aprovechar para su población.

NACIONAL Las ofertas nacionales son provistas por entidades públicas o privadas y tienen cobertura en todo el territorio nacional. Estas pueden operar sin la intervención del ente territorial y, a veces, actuar solamente sobre una parte especíﬁca del grupo de víctimas, como por ejemplo, mujeres, niños o indígenas. TERRITORIAL Dentro de este grupo se pueden encontrar programas regionales, departamentales, distritales y municipales. Cada uno, con diferente alcance y dimensión. Se enfocan en cubrir las dinámicas poblacionales y culturales que involucran a la población de su área de inﬂuencia. Y dependen, primordialmente, de las iniciativas de los mandatarios locales y la comunidad misma.

La Oferta Institucional es un conjunto de beneficios que ofrece el Estado a las víctimas del conflicto armado, para ayudar a reconstruir sus proyectos de vida. Dentro del esquema, existen proyectos culturales, educativos, de vivienda, empleo, salud, créditos bancarios, entre otros. Este sistema se compone de dos instancias: aquellas que cubren todo el territorio nacional y otras, que operan solamente en algunos territorios. La oferta es muy amplia, estos son apenas algunos ejemplos que existen hoy y que usted, como mandatario local, puede aprovechar o empezar a implementar en su territorio:

OTROS EXONERACIÓN DE PAGO POR TRÁMITE DE REGISTRO, TARJETA DE IDENTIDAD Y/O CÉDULA DE CIUDADANÍA: El proceso lo hace la Registraduría Nacional del Estado Civil y está disponible para todas las victimas del país.

EDUCACIÓN EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA: el Ministerio de Educación Nacional ofrece ayuda a todas las entidades territoriales para diseñar e implementar modelos educativos que les permitan a las secretarías de educación certiﬁcadas garantizar el acceso a la educación primaria a la infancia víctima del conﬂicto.

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MÚSICA PARA LA RECONCILIACIÓN: El Ministerio de Cultura brinda formación musical para enriquecer la vida de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de 132 Centros Musicales Batuta, en los 32 departamentos del país. La idea es garantizar el ejercicio de sus derechos y su desarrollo integral.

KIOSCO VIVE DIGITAL: La ﬁnalidad de este proyecto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es impulsar el desarrollo económico y social de las regiones. Los Kioscos ofrecen internet, capacitación en competencias básicas y avanzadas en el manejo de computadores y navegación, servicios de fotocopias, escáner, entre otros.

ENTREGA DE LIBRETAS MILITARES: El programa es exclusivo para jóvenes víctimas del conﬂicto. Se les facilita el documento gratis, buscando que tengan una mejor calidad de vida. Ya se ha implementado en varios territorios.

RETORNOS Y REUBICACIONES PLAN DE RETORNOS Y REUBICACIONES DE LAS VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO: De la mano de la Unidad de Víctimas y los Comités Territoriales de Justicia Transicional, este municipio, ha empezado a implementar el plan de retorno y ubicación a víctimas.

SALUD ASEGURAMIENTO (RÉGIMEN SUBSIDIADO): Cubrimiento del régimen subsidiado a la población nivel I, II y III del SISBEN, víctima del conﬂicto armado. Este es uno de los municipios en los que ya se ha implementado. ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA: Articular la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas (PAPSIVI) dirigido a la población del territorio departamental, aplicando los enfoques diferenciales de grupos poblacionales.

VIVIENDA

EMPLEO SENA EMPRENDE RURAL - SER: Este programa busca capacitar en áreas de alto desempeño ocupacional a jóvenes del sector rural, entre los 15 y 28 años, y a los pequeños y medianos productores agropecuarios; el programa cuenta con materiales de formación, los cuales permiten el inicio de una Unidad Productiva.

ATENCIÓN HUMANITARIA Y ACOMPAÑAMIENTO

FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA: El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ofrece apoyo para la creación de una línea artesanal. Brindan asesoría y asistencia técnica especializada en procesos de producción, administración ﬁnanciera, mercadeo y distribución de un producto. Está en más de 10 municipios.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ACCESO A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL “MI CASA YA”: El programa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio está dirigido a familias de clase media que tengan ingresos superiores a los dos salarios mínimos y menores a los cuatro. El Gobierno les subsidiará la cuota inicial de su vivienda. (Alcance Nacional/ Ejemplo: Florencia, Caquetá

HOGAR DE PASO: Instalación en óptimas condiciones que ofrece alojamiento, alimentación, servicios de salud y transporte a mujeres víctimas, de veredas dispersas, que se encuentren en período de gestación o lactancia.

ASISTENCIA FUNERARIA: se ofrece por demanda y de forma gratuita, para las personas víctimas del conﬂicto, por parte de la entidad territorial. Este es uno de los municipios que lo ha implementado. ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A VÍCTIMAS: consiste en asesorar de manera oportuna a población víctima que necesite orientación jurídica. Es una iniciativa del municipio.

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Cartas de dignificación: se entregan

1. a cada una de las víctimas, con nom-

bre propio, para reconocer que cada una de ellas importa, rescatar su nombre, su dignidad y su honor. Exención del servicio militar: el criterio para otorgar este beneficio es que aquellas personas afectadas en en el marco de la guerra no sean expuestos nuevamente a la confrontación. Por eso, a los hombres víctimas del conflicto armado se les hace entrega gratuita de la Libreta Militar, a través de una ceremonia pública donde participan los alcaldes.

Ceremonias de reconocimiento

3. y perdón público: son espacios

en los que los autores de crímenes reconocen los actos que cometieron y piden perdón. En algunos casos, son ordenados por una sentencia judicial,

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN La reconstrucción de la verdad, la difusión de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas hacen parte de la reparación integral. Estas medidas son fundamentales para lograr la reconciliación, pero sobre todo, para garantizar que los daños no vuelvan a repetirse. A las 10:30 de la mañana del 2 de mayo de 2002, el municipio de Bojayá (Chocó), y el país mismo, vivía una de las peores tragedias que dejó la guerra en Colombia. En medio de un enfrentamiento de las Auc y las Farc, por mantener el control del río Atrato, un cilindro de gas cargado con dinamita, por el bloque 58 de las Farc, atravesó el cielo y acabó con la vida de 119 personas de la cabecera municipal de Bella Vista. Quienes sobrevivieron al golpe, intentaron escapar de la balacera. Pero tras dos o tres días más de intenso combate, casi la totalidad de los habitantes habían abandonado el territorio. Sin poder velar a sus muertos ni recibir ayuda del Estado. Los habitantes perdieron sus hogares, iglesias y escuelas. Y peor aún,

los vieron convertirse en espacios de horror donde murieron sus familiares. Quince años después, cuando algunos han recibido la indemnización o reconstrucción de infraestructuras, las víctimas siguen insistiendo en que el reconocimiento y esclarecimiento de los hechos son el elemento fundamental para lograr la reconciliación y la reparación en sus comunidades. Como esta historia, Colombia tiene muchas más. Por eso, las medidas de satisfacción son una serie de herramientas que ha implementado el Gobierno para dignificar a sus víctimas y lograr que los pueblos afectados por el conflicto, encuentren un nuevo significado a lo que en el pasado representó su tragedia y lo conviertan en un elemento de memoria, que contribuya a que los actos de violencia no vuelvan a repetirse.

En el caso de Bojayá, por ejemplo, la Unidad de Víctimas y los habitantes de la población vienen realizando actos conmemorativos anualmente. En diciembre de 2015, una delegación de las Farc visitó el municipio y asumió la responsabilidad de los hechos y en junio de este año, el Ministerio de Defensa entregó un ‘Parque de la Memoria’ en Bojayá, como homenaje a los más de 40 menores de edad que fallecieron en la tragedia. Las medidas de satisfacción son quizá los elementos más importantes para las víctimas. Tienen connotaciones diferentes si son individuales y colectivas y dependen de la iniciativa de la población. Hasta el momento, el Estado cuenta con cinco formas de materializarlas:

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pero en otros son promovidos voluntariamente. También lo hace el Estado, respecto de hechos cometidos por sus agentes porque, por ejemplo, al estigmatizar una comunidad se contribuye a que los crímenes contra ella, se presenten. Apoyo a iniciativas de memoria:

4. en algunas oportunidades, las víc-

timas dicen que sería importante, erigir monumentos, instalar placas conmemorativas, reconstruir un parque, cambiar el nombre de una calle o adecuar los cementerios donde yacen sus muertos. Estas medidas permiten trasladar al espacio de lo público la memoria, desde el relato de las víctimas. Otra forma de dignificar a los sobrevivientes es la conmemoración de fechas importantes como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas (9 de abril), en el que

participan, de manera articulada, entes territoriales y nacionales. Acompañamiento a la entrega de

5. cadáveres: mediante la Ley 1448

de 2011, el Estado se comprometió a “contribuir en la búsqueda de los desaparecidos y colaborar para la identificación de cadáveres y su inhumación posterior, según las tradiciones familiares y comunitarias”. En este sentido, se realizan ceremonias públicas desde la Unidad de Víctimas y se ofrece apoyo psicosocial para ayudar a los familiares a superar y culminar las etapas del duelo.

110

ciudadanos murieron a manos del bloque 50 de las Farc.

¿CÓMO DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN?

SIETE CLAVES PARA APOYAR ESTAS MEDIDAS

Según la ‘Guía para las medidas de satisfacción’ publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas, esto es lo que un mandatario local debe tener en cuenta, a la hora de incluir las medidas de satisfacción, en su plan de desarrollo:

1 Asigne, dentro del presupuesto de su

Humanización y dignificación de las víctimas: Toda medida de satisfacción debe propender por individualizar a la víctima, reconocerla con sus nombres y apellidos. Se trata de considerar a las víctimas integralmente, identificando las condiciones de afectaciones por la violencia que han sufrido.

tiene algunos territorios y otras por los contextos de fragilidad que tiene cada víctima. Si hablamos de enfoque étnico, por ejemplo, las medidas de satisfacción tendrían que estar dirigidas a salvaguardar su riqueza cultural y construir memoria a partir de su cosmovisión. Pero si hablamos de perspectiva de género o de edad, las necesidades serán distintas.

2 Acuda a la Unidad de Víctimas y al Centro

Participación de las víctimas y sus comunidades: con el fin de garantizar que sus expectativas y requerimientos sean escuchados y las medidas sean concertadas y avaladas por ellos, debe promoverse su participación en los diferentes espacios locales.

Enfoque transformador: De acuerdo a la guía, “al reconocer a las víctimas como sujetos de derechos, la Ley de Víctimas busca desarrollar formas de reparación que vayan más allá de aliviar su sufrimiento y restablezcan a las víctimas su dignidad, reconociendo sus derechos. En este sentido, es necesario articular efectivamente la oferta del Estado con el fin de garantizar, además de la reparación de las víctimas, el goce efectivo de los derechos sociales económicos de los individuos y comunidades afectadas”.

Enfoque diferencial: Hay que entender que los efectos del conflicto fueron diferentes en todos los territorios. Por un lado, por las condiciones de vulnerabilidad que

departamento o municipio, una partida destinada a estas medidas. de Memoria Histórica, donde le pueden prestar ayuda técnica sobre estos temas.

3 Coordine con otros entes territoriales

o regionales, eventos que honren a las víctimas o celebración de fechas importantes como el día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.

4 Apoye las medidas de difusión de

memoria como exposición de galerías, conversatorios, entre otros.

5 Impulse la creación de lugares de

memoria histórica como senderos, museos y parques.

6 Implemente estrategias de comunicación

educativas para prevenir la repetición de los hechos.

7 Trabaje en conjunto con academia,

organizaciones defensoras de Derechos Humanos y organizaciones públicas y privadas para garantizar que no haya olvido para las víctimas y que las nuevas generaciones conozcan su historia.

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El objetivo de este proceso es construir paz, superar las dinámicas del conflicto armado y restablecer los escenarios de construcción social de la gente.

SANAR A GRUPOS DE VÍCTIMAS El conflicto armado no solo ha provocado daños en las personas. Las comunidades y las organizaciones sociales también han sufridos heridas, como colectivos, que deben ser reparadas. La reparación colectiva es un camino largo que hoy recorren cerca de 500 grupos humanos en 31 departamentos del país. Su coordinación está a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), pero participan todas las entidades del sector de atención a víctimas y, desde luego, las alcaldías y gobernaciones. Vladimir Rodríguez, subdirector de Reparaciones Colectivas de la UARIV, explica que el objetivo de este proceso es construir paz, superar las dinámicas del conflicto armado y restablecer los escenarios de construcción social de la gente. Un buen ejemplo de ello es el retorno de 135 familias Embera katío, al resguardo de La Puria, en el municipio El Carmen de Atrato, Chocó. Esta comunidad, azotada por la violencia de las Farc, los paramilitares y otros cuerpos disidentes del Eln, se desplazó a Medellín entre 2001 y 2007. Allí, muchos, terminaron siendo víctimas de redes de microtráfico de limosnas y vacunas. En 2012, la Alcaldía de Medellín, a través de su Unidad para la Atención a Víctimas, inició con estas familias un proceso de más de dos años, que incluyó censos, reuniones, caracterización del caso, sensibilización para el regreso a sus

tierras, el retorno (que empezó en julio de 2013), la búsqueda de garantías de no repetición y un seguimiento continuo. Luz Patricia Correa, directora de la Unidad desde su creación, lideró este caso de reparación colectiva. “En nuestro país, por mucho tiempo, se pensó que los desplazados en las ciudades eran extraterrestres, que no sabíamos de dónde venían y que su problema no era asunto nuestro. En Medellín, entendimos que el desarrollo de la ciudad depende de los otros territorios y que por lo tanto estábamos conectados con esos desplazados y las regiones de donde venían”, explica la funcionaria. En el retorno de La Puria hubo un trabajo conjunto entre la Unidad de Víctimas, organizaciones indígenas, la Alcaldía de El Carmen de Atrato y la Gobernación de Chocó. Esta última apoyó la atención en salud, agua potable y seguridad. La Alcaldía de El Carmen se encargó de la educación, de gestionar ante su gobernación y dispuso una oficina para los funcionarios de Medellín. Este retorno se convirtió en un ejemplo de reparación colectiva porque hubo identificación de las necesidades de las comunidades, no solo para retornar, sino para recuperar las condi-

ciones de vida digna, en su territorio. Para lograrlo, se hizo un diagnóstico en consenso con la comunidad y hubo articulación de las autoridades. “Nuestros procesos han sido exitosos porque contamos con varios elementos: la continuidad del equipo, el respaldo de los alcaldes, nuestra sensibilidad y conocimiento del tema y el espíritu de desafiarnos y buscar nuevas fórmulas. ¿Para qué repetir lo que no ha funcionado? No nos regimos solo por la política pública de víctimas, hacemos mucho más por la reparación”.

LA REPARACIÓN COLECTIVA Un sujeto de Reparación Colectiva recorre una ruta de seis momentos y cinco bloques de medidas reparadoras que, se estima, deben completarse en un plazo de tres años, a partir de la aprobación del plan de reparación.

La ruta

Las medidas

Así se agrupan las diferentes formas de reparar a un grupo social:

grupos humanos de 31 departamentos son los que recorren el largo camino de la reparación colectiva.

Identificación: algunos grupos sociales se presentan ante la UARIV, pero otros son reconocidos por el mismo Estado. Acercamiento: la UARIV, junto con sus enlaces territoriales, presenta y explica los alcances, posibilidades y límites de la Reparación Colectiva.

Registro: se hace efectivo una vez se comprueba la condición de víctima del grupo.

Alistamiento: en este momento se concreta la conformación de un comité de impulso con el cual se construirá el plan de reparación.

500

GOBERNANTES, ALIADOS DE LA REPARACIÓN

Diagnóstico del daño: la caracterización es la base para elaborar medidas de reparación coherentes con las necesidades del colectivo afectado. Implementación: se define el plan de trabajo, se socializa y se ajusta en el Comité de Justicia Transicional en el que participan las autoridades territoriales. Los casos de cobertura nacional son aprobados por la UARIV.

Restitución: de derechos, de tierras y territorios y de la infraestructura necesaria para habitarlos.

Satisfacción: buscan la verdad, la dignificación y la construcción de memoria.

Rehabilitación: el objetivo es fortalecer los mecanismos de opinión y participación mediante trabajos de empoderamiento y pedagogía sobre paz y resolución de conflictos. Garantías de no repetición: comprenden acceso a la justicia y a la verdad, seguridad en los territorios, fin del conflicto armado, entre otros. Indemnización colectiva: es exclusiva para algunos casos de comunidades étnicas y se entrega a través de las autoridades reconocidas.

Un sujeto de reparación colectiva puede entrar a la ruta de manera independiente, pero si existe coordinación con sus autoridades locales, el proceso tendrá más y mejor impacto. Vladimir Rodríguez, subdirector de Reparaciones Colectivas de la UARIV, enumera las siguientes responsabilidades de los mandatarios locales: Acompañar la ruta, participando activamente con las Mesas de víctimas y los Comités de Impulso durante la construcción del plan. Incluir las medidas de los Planes de Reparación Colectiva en sus Planes de Desarrollo municipal y regional evitará que más adelante tenga que hacer ajustes en sus líneas de inversión, pues tienen responsabilidad presupuestal. Tener presente que son los representantes del territorio afectado y que su legitimidad ante los electores depende de qué tan efectiva sea la transformación y construcción de paz territorial. Tener en cuenta que el tratamiento de sujetos étnicos (indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y rom) son particulares y están consignados en la Ley 1448 y en los Decretos Ley 4634, 35 y 36.

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EL MAPA DE LA REPARACIÓN COLECTIVA

Caribe Chibolo

Durante los cinco años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Unidad para las Víctimas ha gestionado 340 procesos de reparación colectiva en comunidades y grupos sociales fuertemente afectados por el conflicto armado. Estos son algunos de los más representativos.

Antioquia, Eje Cafetero y Urabá

Chocó

2 en fase de implementación.

22 en fase de implementación.

• Corregimiento de Pueblo Bello (Turbo, Antioquia) Miembros paramilitares asesinaron a 43 pobladores en 1990.�Su plan de reparación colectiva busca recuperar las prácticas sociales y tradicionales, fortalecer iniciativas de memoria y formar a la población en Derechos Humanos. Lo hacen a través de programas culturales, artísticos y deportivos coordinados por el Centro Social Comunitario, que se inauguró en 2014.

Zona sur

73 CASOS 10 en fase de implementación.

86 CASOS

11 en fase de implementación.

• Corregimiento de La Pola (Chibolo, Magdalena)

Pueblo Bello

Sus comunidades fueron desplazadas, despojadas y conﬁnadas por los grupos paramilitares desde 1998 hasta 2005. La Pola y sus vecinos, que son también sujeto de reparación colectiva (Cannan, Bejuco Prieto y la Palizúa se encuentran en ruta de reparación, con Plan de Reparación Colectiva aprobado, con medidas de satisfacción, restitución y rehabilitación implementadas. Una de ellas es la reconstrucción de la Casa del Balcón, que en el tiempo de asentamiento fue el lugar de encuentro y posteriormente fue ocupada por ‘Jorge 40’ La comunidad recobró el sentido del espacio: es un monumento al ‘Nunca Más’.

23 CASOS

• Municipio de Bojayá

70 CASOS

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En mayo del 2002, en enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, murieron 119 personas y 6.000 fueron desplazadas. En su plan de reparación trabajan las asambleas de afrodescendientes e indígenas. En el proceso hay tres partes: la comunidad afro de Bellavista (en fase de formulación de medidas), los consejos comunitarios y la comunidad indígena de Bojayá (en fase de caracterización del daño).

• Comunidad Indígena de los Resguardos de Tacueyó, San Francisco y Toribío Es una de las comunidades más afectadas por la guerra. Sólo el municipio de Toribío ha resistido 670 tomas guerrilleras. Iniciaron el proceso con la Unidad de Víctimas en 2013, bajo un principio de unidad de los tres territorios ancestrales. Desde diciembre de 2014, trabajan en la caracterización de los daños que posibiliten formular medidas de reparación colectiva que refuercen su proyecto comunitario, llamado Proyecto Nasa.

Bojayá

Tacueyó

Mapiripán

CASOS NACIONALES

GRUPO DE CONCEJALES Y DIPUTADOS

ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR (OFP)

En septiembre de 2013, se empezó a construir esta ruta de Reparación Colectiva con el ﬁn de fortalecer sus funciones, hacer pedagogía sobre su rol y construir una memoria sobre los hechos y de dimensionar el daño que éstos provocaron en las democracias locales. Uno de los mayores logros ha sido la declaración de los crímenes de que han sido víctimas ante el Ministerio Público.

En el 2013 la OFP fue incluida en el Registro Único de Víctimas. Después de tres años, las mujeres sostienen que este proceso ha permitido el “retorno a la esperanza”. Una de las metas cumplidas hasta ahora es el restablecimiento del liderazgo y formación política, lo cual les permitió fortalecer la red de productoras y consumidoras, que garantiza soberanía alimentaria.

• Periodistas • Sindicalistas • Unión Patriótica • Partido Comunista Colombiano • Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos • Instituto Popular de Capacitación • Red Nacional de Iniciativas por la paz y Contra la Guerra (Redepaz). • Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos - Asfaddes • Organismos de Acción Comunal • Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) • Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad y Reconstrucción (ANUC UR) • Afromupaz • Liga de Mujeres Desplazadas • Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia –Anmucic Nacional • Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia –Anmucic (Norte de Santander)

Meta y llanos orientales

24 CASOS

3 en fase de implementación.

• Comunidad de Mapiripán (Meta) En 1997, paramilitares asesinaron y desaparecieron a diez personas y desplazaron a 68. Una red de actores sociales y políticos, organizaciones de Derechos Humanos y cooperación internacional, en cabeza de la ONU, acompaña a Mapiripán en el propósito de convertirse en un municipio de paz, con la participación fundamental del alcalde. Es una apuesta en donde las oportunidades del desarrollo social, productivo, ambiental y económico tienen un fuerte componente de inclusión con las comunidades étnicas.

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MUSEO CASA DE LA MEMORIA, MEDELLÍN www.museocasadelamemoria.org

Este es uno de los ejercicios de compilación, divulgación y estudio de memoria histórica regional más reconocidos del país. Con este espacio, la Alcaldía promueve que las memorias se manifiesten a través del arte, el diálogo, la educación, la investigación, el debate, la movilización, y para que ayuden a conducir a la ciudad hacia una cultura de paz. Adicional a cumplir con su clásica tarea de museo, esta entidad desarrolla proyectos investigativos y educativos en alianza con la academia y organizaciones sociales, que se materializan en libros, informes, diplomados y herramientas de formación para víctimas y todos los ciudadanos. El museo ofrece exposiciones artísticas y programación académica y cultural permanente, que se construye a partir del trabajo conjunto con organizaciones sociales, asociaciones de víctimas, colectivos de artistas, instituciones y otros actores promotores de la memoria histórica. Los interesados pueden visitar el museo cualquier día de la semana, excepto los domingos. Las visitas guiadas están disponibles, pero deben ser programadas con antelación.La articulación de esta iniciativa con las autoridades territoriales se ha visto truncada por la falta de voluntad de las pasadas gobernaciones. Fúquene percibe que este año ha habido más interés por el tema y esperan que se dé una nueva etapa más activa del Centro.

LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA

MUSEO ITINERANTE DE LA MEMORIA Y LA IDENTIDAD DE LOS MONTES DE MARÍA

En todas las regiones del país, en especial las más afectadas por el conflicto armado, han surgido iniciativas para rescatar la memoria. Es un esfuerzo muy necesario, no solo para las víctimas sino para toda la sociedad. “Se llama memoria a la facultad de acordarse de aquello que quisiéramos olvidar”. Esta definición del filósofo Daniel Gelin cabe perfectamente en un país como Colombia donde la historia se ha construido en un terreno cenagoso de disputas por el poder. Por eso, generalmente, es una memoria condenada a la mutilación, al olvido excluyente, a una fragilidad que impide la reconstrucción social de solidaridades. Sin embargo, como siempre lo defendió Walter Benjamin, “el pasado está siempre abierto porque no todo en él se ha realizado”. Es por ello que hoy las víctimas de la violencia en Colombia renuncian al olvido y han creado un sinfín de espacios para contar su historia. Si bien, a nivel nacional, desde la creación del Centro de Memoria Histórica en 2011, se viene haciendo un esfuerzo para apoyar estos procesos, alcaldes y gobernadores pueden contribuir a desde sus territorios a que lo ocurrido se recuente, con la esperanza de que nunca más se repita. Estas son algunas de las experiencias más exitosas en este campo en el territorio.

CENTRO DE MEMORIA Y CONFLICTO DEL CESAR www.memoriasdelconflicto.com

En 2011, esta iniciativa de la sociedad civil emprendió sus primeras investigaciones sobre eventos relacionados con el conflicto armado que dejaron huella en los cesarenses. El compilado de relatos, archivos, muestras artísticas y otras expresiones creció tanto que fue necesario un espacio físico que sirviera de centro de acopio, documentación, exposición y divulgación. “Tuvimos la idea de vincular el espacio a la Biblioteca Departamental para garantizar su visibilidad. Los visitantes de la biblioteca eran también visitantes obligados del Centro. Así nos dimos cuenta de que el Centro también era útil para dar respuestas a la comunidad del Cesar sobre cómo pasó, por qué y qué consecuencias dejaron estos sucesos de los que todos, al menos habían oído hablar”, explica Juliana Fúquene, del equipo del Centro de Memoria y Conflicto del Cesar.

www.mimemoria.org

PARQUE MONUMENTO DE TRUJILLO, VALLE DEL CAUCA

www.museocasadelamemoria.org Fue creado como homenaje a las cerca de 342 personas que fueron objeto, entre 1986 y 1994, de torturas, desapariciones y asesinatos por parte de agentes de la fuerza pública, el narcotráfico y el sicariato. Su construcción se inició en septiembre de 1998 después de un proceso participativo para la creación de propuestas arquitectónicas y sociales lideradas por la Asociación de familiares de víctimas de Trujillo (Afavit), quienes en la actualidad fomentan y sostienen este lugar de memoria a partir de diversas actividades, como ejercicios pedagógicos, iniciativas de reconstrucción de memoria histórica, visitas guiadas por el parque, etc. con la población trujillense y con todos aquellos que quieran conocer el proceso de éste municipio.

Se trata de una plataforma comunicativa para promover, visibilizar y dinamizar la reclamación de las víctimas a la tierra, a la palabra, a la memoria, a la acción colectiva y la reparación simbólica, así como para derrotar el olvido y propiciar una reflexión crítica sobre los hechos de violencia ocurridos en la región de los Montes de María, entre los departamentos de Sucre y Bolívar, durante la pasada década. Surge ante la necesidad de hacer visibles los hechos de violación de derechos humanos, despojo y violencia sistemática de la que fueron víctimas las poblaciones del territorio montemariano. El reto era recuperar para estas comunidades una voz pública y política, cuando el efecto de la guerra fue el silencio. Así, surge dentro de una estrategia de formación en herramientas comunicativas, que les permitan retomar mediante la fuerza de la palabra sus memorias e identidades campesinas silenciadas por la imposición de poderes armados.

CASA DE LA MEMORIA DE LA COSTA PACÍFICA NARIÑENSE, TUMACO Es una iniciativa liderada por la Diócesis de Tumaco, fruto de más de 14 años haciendo memoria en espacios públicos a través de marchas, galerías de la memoria, actos simbólicos y monumentos en lugares públicos. Tras estas actividades, el 19 de septiembre del 2013 se construyó un museo y casa de la memoria. En la actualidad la casa tiene tres salas en su primer piso y un lugar de encuentros, foros, reuniones con jóvenes voluntarios de paz y organizaciones sociales y grupos de víctimas, en el segundo.

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EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS La Ley de Víctimas estableció la posibilidad de que cualquier persona a la que le haya sido arrebatada su tierra o haya tenido que abandonarla a causa del conflicto, pueda pedir a un juez que se la devuelva. Hasta ahora, cerca de 200 mil hectáreas han sido recuperadas a través de este procedimiento. El proceso de restitución de tierras está dividido en dos partes: una administrativa, que se adelanta ante la Unidad de Restitución de Tierras, y otra judicial, que se tramita ante un juez especializado en la materia. La primera, que tiene un plazo más corto (la Unidad tiene 60 días para decidir), lleva a que el predio solicitado sea inscrito en el

Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas, que tiene a su cargo la entidad; la segunda, que dependiendo de la complejidad del proceso puede tardar de 4 meses en adelante, concluye, si el fallo es favorable, con la entrega del predio a su verdadero propietario. Conozca qué pueden aportar alcaldes y gobernadores al éxito de estos procesos.

EN LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. La entidad le comunica al propietario, poseedor u ocupante que se encuentra en el predio, para que presente las pruebas que acreditan su propiedad.

calculaba en 2011 el Gobierno que recibiría en los 10 años siguientes. Correspondientes a unas 2 millones de hectáreas.

y el inicio del proceso judicial, mientras que en 20 mil se determinó que la solicitud era infundada.

92.000 reclamaciones

4.000 casos

se han recibido hasta ahora, cinco años después de la expedición de la Ley de Víctimas.

ya fueron resueltos por los jueces de restitución.

se están estudiando 50.000 reclamaciones

y alrededor de 500 mil están en manos de los jueces, para decisión.

mientras que el resto está pendiente de iniciar el trámite.

La información de alcaldes y gobernadores es muy valiosa en esta parte del proceso. La información sobre pago de impuestos, entrega de asistencia técnica, auxilios del Sisben o ayudas humanitarias, puede contribuir a demostrar que la víctima sí poseía el predio en el pasado o que en efecto tuvo que desplazarse. También puede ser útil para ayudar a identificar la propiedad que supuestamente fue objeto del despojo.

La persona afectada debe solicitar la inscripción del predio en el Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas de la Unidad.

LAS CIFRAS DE LA RESTITUCIÓN de han resultado en restitución de tierras el registro de tierras 360.000 reclamaciones 16.000 casos

han sido restituidas 200.000 hectáreas

DESPOJO FORZADO DE TIERRAS Se presenta cuando un grupo armado, o alguien en su nombre, obliga a una víctima a vender, entregar o desocupar la tierra, en muchos casos a través de un contrato simulado o una sentencia o un acto administrativo emitidos irregularmente. ABANDONO DE TIERRAS Ocurre cuando la víctima se ve obligada a dejar sus tierras para proteger su vida e integridad o las de su familia. Al quedar libre su propiedad, es ocupada por otro que, por lo general, está vinculado con el grupo armado que provocó el desplazamiento.

La restitución de tierras no concluye con que se dicte el fallo. Alcaldes y gobernadores, conjuntamente con el Gobierno Nacional, deben contribuir a que las familias que regresan puedan tener las condiciones mínimas para disfrutar de sus tierras y rehacer su vida. Eso significa brindarles servicios públicos, salud, educación, mejores vías y apoyo a proyectos productivos, entre otros.

LA PARTE JUDICIAL Con base en las pruebas presentadas, la Unidad de Restitución decide en un plazo de 60 días, que se pueden prorrogar hasta por 30 más, si incluye o no el predio en el registro.

Cuando el predio ya está inscrito en la Unidad, se presenta la solicitud de restitución de tierras ante el juez.

Si el juez acepta la demanda, llama al poseedor de la tierra para que explique por qué la tiene y cómo la adquirió. En este caso, la víctima no tiene que demostrar que la tierra fue despojada.

Si no hay personas que se opongan a la reclamación, el juez dicta sentencia. Si las hay, se practican las pruebas.

Finalizada la etapa probatoria, el juez dicta sentencia, ordenando la devolución del predio, si el fallo es favorable, o respaldando la propiedad del poseedor de buena fe.

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EL RETO DE LA RESTITUCIÓN La Ley de Víctimas dio un plazo de 10 años para que el Estado restituya las tierras a los campesinos que tuvieron que abandonarlas o que fueron despojados de ellas a causa del conflicto. ¿Qué tan lejos estamos de que se cumpla la meta? La magnitud del despojo de tierras en el país es un tema sobre el que aún no existe absoluta claridad. Un informe del investigador Luis Jorge Garay afirmó en 2010, que las tierras despojadas en el país superaban los 6,5 millones de hectáreas, sin contar tierras ancestrales ni baldíos, que podían sumar por lo menos 1,5 millones de hectáreas más. El Gobierno, por su parte, al dar inicio a la implementación de la Ley de Víctimas, en 2011, estimaba que el número de hectáreas despojadas estaba alrededor de los dos millones, que correspondían a un número de 360 mil familias afectadas. Ahora, el Director de la Unidad para la Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, afirma que la cifra se ha depurado, con apoyo del Banco Mundial y USAID, y se ha llegado a la conclusión de que el número de familias afectadas es mucho menor, de unas 130 mil, menos de la mitad. Esta gran diferencia en las cifras hace que el balance sobre lo que se ha logrado hasta ahora en esta materia sea muy distinto, dependiendo de quién lo haga. Para Sabogal, transcurridos cinco años desde la expedición de la Ley de Víctimas, el proceso restitutivo va a mitad de camino, por lo menos, en lo que corresponde al Gobierno. Se han estudiado ya el 50% de las reclamaciones presentadas (que ascienden a 92 mil) y eso ha llevado a la restitución de alrededor de 200 mil hectáreas y a la presentación de casos por otro medio millón, ante los jueces.

Si bien reconoce que falta mucho por hacer, destaca que nunca en la historia se habían obtenido resultados tan favorables, en tan poco tiempo. Gerardo Vega, Director de la Fundación Forjando Futuros, opina en cambio que la implementación de la restitución de tierras ha sido un fracaso. “Estamos cerca de las dos mil sentencias en cinco años de implementación de la ley. Se está en 200 mil hectáreas de 6’500.000, que era lo estimado por el Gobierno inicialmente. Eso no representa el 0,2 % de la meta. Hubo voluntad política para la expedición de esa ley, pero la implementación ha fracasado”, dice Vega. Sabogal responde que independientemente de cuál haya sido la meta inicial, y si fue sobrestimada, o no, el compromiso del Gobierno es atender el 100% de las reclamaciones que se presenten. Eso implicará iniciar el proceso de restitución en zonas en donde aún no ha comenzado (en su mayoría en el sur del país) y agilizar el estudio de los casos que ya están en las manos de los jueces. La firma de la paz, aspira el Gobierno, contribuirá a lo primero, pues la desmovilización de las Farc permitirá que existan condiciones de seguridad para impulsar los procesos, en zonas que hoy tienen muy difíciles condiciones de seguridad. En lo segundo, el esfuerzo se ha orientado a fortalecer a los jueces de restitución de tierras para que puedan resolver con mayor agilidad los procesos, pues por la complejidad que tienen algunos de ellos, pueden llegar a tardar mucho más de lo previsto.

“Nunca la justicia agraria había tenido un resultado tan bueno en tan poco tiempo” Estamos a mitad del camino del plazo de 10 años fijado por la Ley para llevar a cabo la restitución de tierras en todo el país. ¿Cuál es su balance? Tenemos ya 4 mil casos resueltos por los jueces, que han implicado la restitución de cerca de 200 mil hectáreas. No hay un parangón en la historia del país de una justicia agraria que haya tenido un resultado tan bueno en tan poco tiempo y eso nos alienta a seguir trabajando, pero también teniendo muy claro que falta mucho por hacer. Una buena parte de los casos que están en manos de los jueces se deben agilizar para que las víctimas conozcan rápidamente si tienen derecho a la restitución. El otro 50% que no hemos trabajado debemos hacerlo en estos cinco años que faltan de la aplicación de la ley. Básicamente, están en el sur del país, en zonas en donde hay presencia de las guerrillas. Esperamos que con el acuerdo de paz podamos adentrarnos en estos departamentos, para que rápidamente estudiemos los reclamos y decidir si hay lugar o no a la restitución efectiva de estos predios.

¿Qué responde a las críticas de que con la restitución han sido afectados poseedores de buena fe? El escenario que plantea esta ley es uno donde un juez independiente escucha las razones de todos y, a partir de las pruebas y de las razones que se esgrimen en los procesos, dicta sentencia. Es el mejor escenario, el civilizado y no el que había anteriormente, donde un jefe guerrillero o un jefe paramilitar determinaba quién se quedaba o quién se iba de un municipio. También da la tranquilidad de que un juez tiene oficina, nombre y cara y, en caso de uno no esté de acuerdo con la sentencia, la misma ley permite que estos casos sean revisados por la Honorable Corte Suprema de Justicia, si se encuentra que hubo un error craso, a la hora de dictar una sentencia.

Hoy en día, ¿cuáles cree que son los principales cuellos de botella del proceso de restitución o dónde se necesita fortalecer para que avance más este proceso?

Hay varios problemas, algunos de tipo estructural, como el catastro, que no es muy bueno y dificulta enormemente la identificación de los predios, y otros, que son un legado perverso de la guerra, como las minas antipersona. El otro tema ya es en el tramo judicial: allí, si bien el resultado es muy bueno, comparado con lo que se había hecho anteriormente, sí es necesario fortalecer más a los jueces.

Ricardo Sabogal DIRECTOR UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS Desde los años noventa, se empezaron a consolidar en Colombia, los movimientos y las organizaciones de víctimas que, hoy, tienen una participación muy activa frente al Estado. Gabriel Bustamante, subdirector de Participación de la Unidad de Víctimas, habla de los aprendizajes de este proceso. Que un grupo de sesenta víctimas llegará a la Habana para representar a los más de ocho millones de damnificados por el conflicto armado, fue una experiencia que no se había dado en ningún proceso de paz en el mundo. Este espacio no surgió de la noche a la mañana ni fue un simple acto de cortesía del Gobierno y las Farc, fue algo que las víctimas se ganaron con años de trabajo. Desde hace más de dos décadas, las personas afectadas por la guerra vienen trabajando en consolidar sus movimientos y organizaciones, para exigir al Estado la reparación de sus derechos. Con su empuje, lograron ser reconocidas, que se dictara una ley para respetar sus derechos y que se les tuviera en cuenta en las decisiones que toma el Estado con relación a ellas. Hoy, cuentan con organizaciones mucho más sólidas, tienen presencia en diferentes espacios municipales, distritales, departamentales y nacionales, y cuentan con líderes capacitados, mejor formados y con mayor experiencia en el conocimiento del funcionamiento del Estado. Aunque las negociaciones de paz fueron el escenario en el que han sido más visibles, hay muchos otros contextos en los que tienen gran capacidad de influencia. Gabriel Bustamante, subdirector de Participación de la Unidad para las Víctimas, explica cómo ha sido este proceso y las responsabilidades que tienen los diferentes niveles del Estado de respetar estos espacios.

“ Las víctimas en todo el país empezaron a organizarse para participar de la ley de víctimas y el proceso de paz”. Sabemos que el escenario de participación que hoy existe en torno a las víctimas no se creó de un día para otro ¿Cómo se fue dando ese proceso? El movimiento se empezó a consolidar a finales de los años 90. Fruto de esa labor de las víctimas surgieron herramientas importantes como la ley 387 de 1997, donde, por primera vez, se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado en Colombia.

Posteriormente, la Corte Constitucional, por vía de tutela, dictó la sentencia T-025 de 2004, que declara un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. Así, las tutelas de las organizaciones de víctimas empiezan a evidenciar que no hay políticas reales para ellas, y que si hay, no se han cumplido masiva y estructuralmente.

¿Después de eso, qué cambió?

A partir de ahí inicia una fuerte participación de víctimas en dos sentidos: primero, reclamando más derechos, pues se conforman las mesas de víctimas de las organizaciones sociales. Y segundo, se considera el planteamiento de la creación de una ley de víctimas. El apoyo de las Naciones Unidas incrementa el interés por el tema. Veníamos de un desconocimiento total de la situación de las víctimas. Estaban excluidas de las políticas públicas y todo este recorrido hace que se transforme.

Aunque el primer proyecto de víctimas se hundió en el Congreso por razones presupuestales y porque el Gobierno dijo, en su momento, que no era aceptable que una ley admitiera que había víctimas del Estado, fue un impulso que poco a poco fue recibiendo solidaridad de muchas instancias.

¿Qué se hizo entonces y en qué se ha avanzado? Se aprobó la Ley de Víctimas con alrededor de 4 millones de personas. Hoy, hay más de 8 millones, lo que quiere decir que hay un descuadre grandísimo. Sin embargoen un posible escenario donde las Farc ya no existan, los procesos deberían ser más fáciles de lograr. La gente no va a tener miedo de hablar, y no hay que olvidar que la verdad es un elemento social esencial para lograr la justicia. Hay que tener en cuenta que la participación es un proceso social, cultural y político progresivo. Hace unas décadas, la palabra víctima no existía en nuestra sociedad. Como es un proceso, no se puede decir que la participación de las víctimas se limita a un grupo de 60 personas que fue a La Habana. Eso es una representación simbólica muy pequeña de un proceso de participación que se ha venido desarrollando. Lo más importante ha sido que las víctimas en todo el país empezaron a

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Hay que tener en cuenta que la participación es un proceso social, cultural y político progresivo. Hace unas décadas, la palabra víctima no existía en nuestra sociedad. En Europa, por ejemplo, se hablaba de sobrevivientes, víctimas eran quienes habían muerto.

organizarse para participar de la ley de víctimas que se hizo en el conflicto armado, y que estaba pensada para llegar a un proceso de paz. Por eso, vemos que esta ley permea los acuerdos y vuelve a las víctimas el centro de ellos.

¿Hoy cómo están organizadas las víctimas? Hoy hay 1.032 Mesas de Víctimas en todo el país. Las 32 departamentales y 999 o 1000 municipales. ¿Qué han hecho durante todo este tiempo? Propusieron ir a La Habana y allí exigieron la creación de una jurisdicción de víctimas y paz. Han dicho que no es suficiente que les den unos cupos para llegar a la Cámara de Representantes, sino que deben tener una participación política más amplia pues han estado en el centro del conflicto. También tienen propuestas de asistencia psicosocial, educación, etc.

Usted dice que se han empoderado. ¿Cómo? Lo han hecho por dos vías: en un principio por las vías de hecho, las tomas, la actitud contestataria frente al Estado, pero tuvieron que romper ese imaginario de que el Gobierno era el enemigo para poder sentarse a dialogar con él. De ahí se deriva la segunda vía. El panorama empieza a cambiar por unas mesas que los reconocen a ellos como actores. Los gritos se cambian por los documentos escritos, la participación colectiva, empiezan a tener voceros. Y eso es algo muy importante. Antes, en una reunión de víctimas todo el mundo hablaba, todo el mundo insultaba, ahora ellos mismos tienen sus propias jerarquías.

Se empiezan a organizar por los tipos de crímenes cometidos contra ellos, por enfoque de género, etc. Antes se hablaba de desplazamiento forzado, de minas, pero nadie hablaba de los LGTBI en el conflicto, de los desaparecidos, de mujeres. Con las mesas creamos un factor de discriminación positiva y hoy más de la mitad de quienes participan y lideran las mesas, son mujeres.

¿Cómo se prevé la participación de las víctimas en el pos acuerdo? Ya arrancaron porque los planes de desarrollo actuales ya son pos acuerdo. Así se hayan aprobado antes de la firma del Acuerdo, se están adelantando junto al Plan Nacional de Desarrollo, en el que también participaron las víctimas. Lo que viene es un escenario muy interesante, porque la mayoría de temas tienen que ver con víctimas. Si tomamos, por ejemplo, el acuerdo de desarrollo rural, que dice que en diez años se va a reducir la pobreza del campo en un 50 por ciento, lo que hay que cambiar es la lógica local.

alcalde tiene que mirar qué planes se acomodan más para eso. Por ejemplo, el Gobernador del Casanare, por poner un ejemplo, tiene la opción de invertir recursos para hacer un proyecto de arroz o aceite de palma. Pero hay que pensar la diferencia: el arroz da más trabajo y se produce en pequeñas parcelas; en cambio, la palma promueve la concentración de la tierra, y no genera empleo. Ahí es donde tengo que escoger. Es una decisión de política pública, que cada uno tendrá que asumir.

Mirar cómo hacer verdaderas políticas de paz. Ahí entran las mesas, las cooperativas campesinas, los académicos, etc. Es algo que hay que hacer con o sin acuerdos y entre todos, no sólo con víctimas.

¿Cómo pueden, alcaldes y gobernadores, aportar en este aspecto? Tienen que mirar sus propios diagnósticos, porque no es lo mismo Magdalena que Casanare. Tendrán que aplicar los acuerdos e ir más allá en la construcción de la paz. Si decimos que la paz tiene que traducirse en oportunidades, un

Gabriel Bustamante SUBDIRECTOR DE PARTICIPACIÓN DE LA UNIDAD DE VÍCTIMAS

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EN CIFRAS ETNIA

LA ATENCIÓN DIFERENCIAL QUE DEBEN RECIBIR ALGUNAS VÍCTIMAS Por razones de género, etnia, religión, orientación sexual y otras, hay personas que han sido golpeadas de manera ‘diferente y desproporcionada’ por el conflicto armado. Eso es algo que se debe tener en cuenta en su reparación.

y reparación integral que se establecen en la ley, contarán con dicho enfoque” dice la Ley 1448 de 2011, artículo 13. Responder a las necesidades de estas poblaciones es una tarea en la que no solo el Gobierno central sino regional (departamentos y municipios) deben aportar. El reto es brindar una atención y reparación a esta población que se oriente a superar las conductas de discriminación y marginación, que en el pasado contribuyeron a que se produjeran los ataques en su contra. “Estos planes no son tan fáciles de implementar porque nuestras políticas públicas no tienen necesariamente un enfoque diferencial”, reconoce Viviana Ferro, subdirectora de la Unidad para las Víctimas. No obstante, el ministro consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad,

Rafael Pardo, destaca que “los gobiernos departamentales y municipales han estado muy involucrados con la atención integral a las víctimas, cuentan con oficinas piloto que atienden a esta población”, al tiempo que enfatiza en que los gobernantes tienen la obligación constitucional de ejecutar la reparación efectiva. El enfoque diferencial implica no solo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino un acompañamiento del Estado que garantice el acceso efectivo a los derechos en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron, no vuelvan a repetirse.

176.142

Indígena

29.434

Gitano o Rom Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia Negro o afrocolombiano Palenquero

9.615 716.163 1.047

Fuente: U. Víctimas

GÉNERO

PERSONAS

Mujer

3.894.250

Hombre

3.889.433

No informa

Se les ve como iguales, pero en realidad las víctimas que han padecido el rigor de la guerra no deben tener, de ninguna forma, una atención igualitaria en la época del posconflicto. De hecho, la Ley de Víctimas reconoce que existen colombianos con unas características particulares de edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad que los hacen más vulnerables si los comparamos con la población en general. En suma, la guerra ha afectado de manera diferente y desproporcionada a grupos minoritarios que han sido blanco histórico de exclusión y discriminación a lo largo de la historia. “El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares, y por tal razón las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia

PERSONAS

LGBTI

59.135 1.709 Fuente: U. Víctimas

NIÑOS Entre 0 y 5 años Entre 6 y 11 años Entre 12 y 17 años

PERSONAS 482.236 855.893 1.018.790 Fuente: U. Víctimas

ADULTOS MAYORES Entre 61 y 100 años

PERSONAS 620.093 Fuente: U. Víctimas

DISCAPACIDAD Con discapacidad

PERSONAS 198.574 Fuente: U. Víctimas

SON SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Niños, niñas y adolescentes: No solo sufrieron los daños provocados por el conflicto, como la muerte de sus padres, el desplazamiento y las lesiones físicas causadas por minas antipersona o ataques contra poblaciones, sino que fueron utilizados por los grupos armados ilegales, a través del reclutamiento forzado, para alimentar el conflicto. Mujeres: Además de sufrir todos los tipos de crímenes que han hecho parte de nuestro conflicto, tuvieron que padecer la violencia sexual, que en muchas partes del país, fue utilizada como arma de guerra. Personas con identidades de género y orientaciones sexuales diferentes: Los

grupos armados ilegales justificaron los ataques en su contra, en muchos casos, con la excusa de hacer un control social en las poblaciones en donde hacían presencia. Adultos mayores y personas con discapacidad: La exclusión, que en muchos casos sufren de parte de la sociedad en condiciones normales, se agravó por los efectos del conflicto armado. Pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rom: El conflicto no solo los afectó como individuos, sino que afectó sus organizaciones y minó la autoridad de sus líderes.

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MUJERES VÍCTIMAS, UNA PRIORIDAD

RESTABLECER EL EQUILIBRIO EN LOS GRUPOS ÉTNICOS

Por su condición, las mujeres sufren con mayor rigor los estragos del conflicto armado, pero al momento de la reparación, son ellas quienes, en mayor medida, contribuyen a sanar las heridas.

El conflicto no solo provocó la muerte y desaparición de miembros de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras, y rom, sino que debilitó a sus organizaciones y autoridades. La reparación deberá orientarse a recuperarlos como grupos.

En todos los espacios en donde las víctimas tienen participación, es la voz de las mujeres la que más se escucha. No solo porque han sido ellas las más afectadas por el conflicto armado (han perdido a sus esposos, sus hijos, sus padres, han tenido que desplazarse, abandonar sus tierras y han sido atacadas hasta en su intimidad sexual), sino porque en todas las regiones del país decidieron dar un paso adelante y asumir la responsabilidad de representar a sus comunidades para denunciar a los abusos cometidos, señalar a los responsables y exigir su reparación. La Corte Constitucional ha reconocido que las mujeres sufrieron ataques específicos a causa del conflicto armado, que los hombres no tuvieron que padecer (ver recuadro), y que por las condiciones

de desigualdad en las que aún se encuentran frente a los hombres, les es más difícil, en la mayoría de las ocasiones, superar sus efectos. Por esa razón, la atención y reparación que reciben debe reconocer esas diferencias y orientarse a disminuir esas brechas de género. Por ejemplo, en los procesos de restitución de tierras, no puede olvidarse que, en muchos casos, los predios en los que las mujeres víctimas vivieron durante años, estaban registrados a nombre de sus compañeros, con los que en ocasiones no tenían un vínculo matrimonial formal. Cuando perdieron a su pareja, a causa del conflicto, también quedaron a merced de quienes quisieron usurpar su propiedad.

En los temas de violencia sexual, tampoco puede dejarse de lado el hecho de que la intimidación que ejercen los agresores sobre sus víctimas continúa existiendo, aun cuando estos se encuentran ya tras las rejas. Por eso, obligarlas a enfrentarlos cara a cara, judicialmente, o a revelar de manera pública hechos que pertenecen a su intimidad sexual, es algo que ninguna autoridad puede permitir. Y así, en materia de atención psicosocial, de generación de proyectos productivos, de indemnización y muchos otros aspectos de la reparación, el enfoque diferencial debe marcar el tratamiento que reciben las mujeres víctimas. Ellas, por su parte, ya se han ganado por sí mismas, el liderazgo que tienen en la defensa de los derechos de las víctimas.

RIESGOS A LOS QUE LAS MUJERES ESTÁN EXPUESTAS La Corte Constitucional identificó diez factores de vulnerabilidad específicos a los que están expuestas las colombianas, por causa de su condición femenina, en el marco de la confrontación armada interna, que no son compartidos por los hombres y que explican en su conjunto, el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres. 1

De violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual.

De explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos, en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales.

De reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de familia. Derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales,

voluntarias, accidentales o presuntas, con integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país, o con miembros de la Fuerza Pública. 5

Derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los Derechos Humanos. De persecución y asesinato, por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos armados ilegales. Por el asesinato o desaparición

de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social. 8

De ser despojadas de sus tierras y su patrimonio por los actores armados ilegales con mayor facilidad, dada su posición histórica ante la propiedad.

Derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico, durante el proceso de desplazamiento.

Los procesos de reparación de los pueblos étnicos están consignados en tres decretos con fuerza de ley, todos ellos de 2011, que son hijos de la Ley de Víctimas: el 4634, para el pueblo rom o gitano; el 4635, para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y el 4633, que dicta las reglas del juego para los pueblos y comunidades indígenas. El conflicto armado ha desplazado a las comunidades étnicas de territorios ancestrales, ha contribuido al debilitamiento de sus organizaciones y a la pérdida de sus tierras. Según la Unidad para las Víctimas, un total de 794.703 afrocolombianos, 192.638 indígenas y 29.432 rom han sido víctimas de la violencia. Los procesos de reparación integral son una oportunidad para restablecer el equilibrio y la armonía en dimensiones materiales e inmateriales (espirituales, culturales, ancestrales y cosmogónicos) de las comunidades. Para ellos, el único fin de este proceso es fortalecer sus planes de vida como individuos y como comunidad. La reparación de los pueblos indígenas debe tener en cuenta sus conceptos particulares de verdad, justicia y reparación. Además debe atender los aspectos de sus vidas directamente golpeados por el conflicto armado: la autonomía, las autoridades, las relaciones familiares y la relación con la naturaleza.

CLAVES PARA LA REPARACIÓN DE GRUPOS ÉTNICOS Cada pueblo deberá definir en qué consiste la reparación en su caso específico, según sus concepciones culturales. El territorio es uno de los pilares de la reparación. No solo porque es uno de los frentes golpeados con mayor vehemencia por el conflicto armado (desplazamiento, destierro, siembra de cultivos ilícitos, minería ilegal) sino porque para ellos la tenencia del territorio lo representa todo: la comida, la vivienda, las fuentes de supervivencia, la tradición, la dignidad. Es fundamental el reconocimiento de los daños y las violaciones históricas sufridas por los grupos étnicos. En los procesos de reconstrucción de memoria es importante integrar a academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales y organizaciones de víctimas y defensores de Derechos Humanos. Además, el Estado tiene el deber de reconocer públicamente las violaciones, exclusiones y discriminaciones de las que sea responsable por acción u omisión.

Entre las medidas de reparación integral que contempla la ley, quizá las más importantes son las indemnizaciones y las rehabilitaciones. Estas pueden ser individuales y colectivas. En el primer caso, los montos son establecidos por la Unidad para las Víctimas; en el segundo, en procesos de consulta previa. Además, en los casos colectivos, los fondos se deben destinar preferentemente para programas o medidas de fortalecimiento culturales, sociales, políticas y organizativas. Por su parte, la intervención contempla los planos físico, psicológico, espiritual, social y de acompañamiento jurídico. El Ministerio de Salud tiene el deber de establecer la ruta de atención integral para la atención de las víctimas indígenas, garantizando que se articulen los sistemas de salud tradicional con los agentes y entidades prestadoras de salud. Los programas de rehabilitación deben tener intérpretes y traductores de las lenguas nativas de las víctimas.

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El sistema de corresponsabilidad está diseñado para fomentar la colaboración entre los diferentes niveles del Estado en la atención y reparación de las víctimas.

ASÍ OPERA EL SISTEMA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS

LAS VÍCTIMAS, UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS NIVELES DEL ESTADO Reparar a quienes sufrieron los daños provocados por el conflicto armado es una labor que depende tanto de la Nación, como de departamentos y municipios, de acuerdo con sus diferentes competencias. La articulación para cumplir esta labor es clave. Independientemente de quién haya cometido los crímenes que les causaron daño, las víctimas del conflicto armado tienen derecho a recibir una atención y una reparación que les permita recuperarse y seguir adelante. El Estado colombiano asumió esta responsabilidad a través de la Ley 1448 de 2011, que asignó a diferentes entidades, en todos los niveles, tareas que deben llevar a cabo para cumplir con este propósito, y creo el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), a través del cual todas deben articularse. El reconocimiento exige a todas las entidades territoriales incluir dentro de sus planes de desarrollo una política pública encaminada a la prevención, protección, atención y reparación integral de las víctimas y el diseño de un Plan de Acción Te-

rritorial para la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas (PAT). Además, antes del 28 de febrero de cada año, los municipios y distritos deben identificar las necesidades de la población víctima y definir los compromisos que asumirán para atenderlas, con cargo a sus recursos, durante el año siguiente. Los departamentos, por su parte, tienen hasta el 30 de marzo siguiente para definir sus propios compromisos, de acuerdo con la información que les reportaron los municipios y distritos. Todo esto, igualmente, deberá articularse con la oferta que tiene el Gobierno nacional para las víctimas de todo el país. (Ver El mapa de la Oferta Institucional). Para evitar que estos diferentes niveles del Estado se crucen en la atención y reparación integral de las víctimas o peor aún, se pasen del uno

al otro sus responsabilidades, el Gobierno nacional expidió en diciembre pasado el Decreto 2460 de 2015, que establece unas reglas para la corresponsabilidad de Nación, departamentos y municipios en la atención y reparación de las víctimas. Este sistema, según explica Viviana Ferro, Subdirectora de la Unidad para las Víctimas, es un vehículo que conjuga de una manera armoniosa y efectiva todas las acciones y capacidades de las entidades, en función de las víctimas. Aunque cada entidad puede poner en marcha los programas que se requieran para atender las necesidades de las víctimas (vivienda, educación, salud, etc.) ha demostrado ser más efectivo que municipios y departamentos que comparten unas problemáticas similares, se junten para sacar adelante proyectos comunes.

Por ejemplo, Medellín, una ciudad a la que llegaron huyendo de la violencia muchos habitantes de municipios de diferentes regiones de Antioquia, se alió con ellos para trabajar en los planes de retorno que le permitieran a esa población regresar a sus lugares de origen. Atlántico, un departamento con una importante presencia de la empresa privada, ideó un sistema de microfranquicias que permitió a víctimas en diferentes municipios poner en marcha proyectos productivos. El sistema de corresponsabilidad está diseñado para fomentar la colaboración entre los diferentes niveles del Estado en la atención y reparación de las víctimas. Como muestra de ello, el decreto autoriza a las entidades territoriales a realizar inversiones en otras, para prevenir el desplazamiento forzado, apoyar los retornos y reubicaciones y garantizar los derechos de las víctimas, y les permite firmar convenios en los que definan las responsabilidades a cargo de cada entidad territorial y los recursos disponibles. La Unidad para las Víctimas cuenta además con un mecanismo de cofinanciación que permite a las entidades territoriales presentar proyectos para acceder a recursos. La Unidad financia el 70 por ciento del proyecto, mientras que la entidad territorial debe hacerse cargo del

30 por ciento. A través de este sistema, 68 proyectos postulados, de 24 departamentos del país, están siendo sometidos a revisión con la intención de obtener recursos por $18.152.649.000 de pesos. El éxito de este sistema de corresponsabilidad depende también de un cambio de cultura, en un país que ha estado caracterizado tradicionalmente por el centralismo. “El nivel nacional está para ponerse a disposición del territorio, no para ordenarle. Eso parece obvio, pero no lo es. No puedes llegar a un territorio a imponer tu criterio, supuestamente porque estamos en una pirámide y estás arriba, mientras que la entidad territorial está abajo. Eso hay que replantearlo”, dice Carolina Suárez, coordinadora de Garantías de no repetición de la Unidad para las Víctimas.

18 mil

millonesde pesos destinó la Unidad para las Víctimas a proyecto de cofinanciación orientados a la atención y reparación de víctimas en todo el país.

El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) es el encargado de formular y ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas para la atención y reparación integral de las víctimas. ¿Qué hace? El Sistema participa en la formulación e implementación de la política integral de atención, y reparación a las víctimas e integra los esfuerzos públicos y privados que buscan contribuir a ese fin. Garantiza la coordinación interinstitucional, la articulación de la oferta y la programación de los recursos. ¿Qué entidades lo integran? Del Sistema hacen parte todas las entidades que tienen responsabilidades relacionadas con las víctimas, incluidas, entre muchas otras, los ministerios del Interior, de Defensa, de Hacienda, Agricultura, Educación, Salud, Cultura, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), el SENA, etc. También lo integran todas las entidades territoriales y las entidades descentralizadas que tengan responsabilidades con las víctimas. La Unidad para las Víctimas se encarga de su coordinación.

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LAS HERIDAS PROFUNDAS DEL CONFLICTO Un acompañamiento que ayude a las víctimas a superar el dolor y los daños sicológicos que sufrieron, es parte esencial de la atención integral que reciben. Alcaldes y Gobernadores también pueden contribuir con estos programas.

Los daños más graves que dejó el conflicto armado son por lo general los que no se pueden medir. En muchos casos, son imperceptibles, porque la víctima prefiere padecerlos en silencio, sin buscar ayuda de nadie, y pueden permanecer allí por años, para manifestarse cuando la persona menos lo espera. Todas las víctimas, en mayor o menor medida, han sufrido un impacto sicológico a causa de lo que les tocó vivir. Algunas, muchos años después de lo ocurrido, no logran superar la tristeza o el temor, o simplemente tienen dificultades para confiar en los demás. Ninguna de esas reacciones es en sí misma señal de una enfermedad: es lo que sentiría cualquier persona en las mismas condiciones. Solo en casos concretos, cuando los síntomas van más allá, puede hablarse de que exista una patología, que exige una ayuda más especializada. En estos casos, las víctimas tienen derecho a recibir un acompañamiento, no solo para prevenir que su dolor dé paso a una enfermedad, sino porque necesitan sanar esas heridas para poder relacionarse sin prevenciones frente a los demás. La Unidad para la Atención Integral a las Víctimas cuenta actualmente con varias estrategias de atención sicosocial, en las que alcaldes y gobernadores pueden participar, de acuerdo con las necesidades de su población. Estos programas, que se implementan ya en más de 200 municipios del país, buscan, según explica Sandra Moreno, coordinadora del Equipo Psicosocial de la Unidad, “mitigar el dolor, identificar todos los recursos y potencialidades que tienen las víctimas en su historia de vida y permitirles vincularse de manera más viva a los contextos comunitarios en que están”.

Cada una de ellas puede participar en 9 sesiones con grupos de hasta 20 víctimas, o buscar apoyo en los Centros de Atención Regional de la Unidad, en donde podrá recibir el apoyo de profesionales especializados hasta por cinco sesiones individuales. Solo en caso de que la persona requiera una atención más especializada, se le remite al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), que ofrece el Ministerio de Salud, en donde su condición es valorada y se elabora un plan de atención en el que puede participar su familia y su comunidad. Las zonas en las que se ha priorizado este programa se establecen de acuerdo con el acompañamiento que han pedido las mismas víctimas al construir su propio Plan de Atención y Reparación Integral. Sin embargo, los alcaldes y gobernadores, si detectan que esta es una necesidad especial de las víctimas, pueden promover la implementación de estrategias de atención sicosocial en su territorio, a través del mecanismo de cofinanciación con que cuenta la Unidad, que les permite poner en marcha el programa, con base en los lineamientos que ya ha construido la entidad, y recibir asistencia técnica para la formulación del proyecto. Para este año, los municipios de Patía, El Tambo y Toribío, en Cauca, y Tarazá, Cáceres, Zaragoza y Nechí, en Antioquia, tienen aprobados proyectos de atención sicosocial, con recursos de cofinanciación. La entidad territorial asume el 30 por ciento de los recursos y la Unidad para las víctimas el 70 por ciento. Se espera que con estos programas, más los que adelanta la entidad en las demás regiones del país, se pueda atender a unas 30 mil personas.

SANAR TAMBIÉN EN LO COLECTIVO

EDUCAR PARA LA PAZ Todos los planes de reparación colectiva que se llevan a cabo con comunidades u organizaciones en todo el país incluyen medidas para reparar no solo lo material, sino también aquellos lazos sociales intangibles que se han deteriorado a causa del conflicto. De ese proceso, hacen parte actividades que ayudan a estos grupos afectados por el conflicto a reconocer el dolor que han sufrido, a entender cuáles son esas dinámicas sociales que contribuyeron a producir el daño qué sufrieron y cómo pueden darle un nuevo significado a aquello que en el pasado los afectó. Estos son, según explica Martha Lucía Castañeda, del equipo de Reparación Colectiva de la Unidad, los cinco componentes de este tipo de procesos: Duelos colectivos: actos en los que todas las personas pueden exteriorizar el dolor que sufrieron y manifestar cómo esa situación afectó sus relaciones de confianza. Imaginarios colectivos: una revisión de todas las ideas que existían incluso antes del conflicto y que de alguna forma legitimaron las acciones de violencia que se presentaron. Transformación de escenarios: consiste en darle un nuevo significado a lugares que en el pasado estuvieron relacionados con el conflicto y que representan el dolor sufrido por la comunidad, para reconstruir, a partir de ellos, relaciones y vínculos sociales. Pedagogía social: acciones para que las comunidades reconozcan sus derechos y su capacidad de incidir, y que contribuyen a su recuperación. Prácticas sociales: costumbres que hacían parte de la cultura de la comunidad y que fueron interrumpidas por el conflicto.

Gobernadores y alcaldes tendrán la gran responsabilidad de promover una formación para los jóvenes que responda a las necesidades de cada región. La Directora encargada de la ESAP, entidad que prepara a quienes administran lo público, analiza ese reto.

Por Claudia Marcela Franco Domínguez

DIRECTORA NACIONAL (E) ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP)

La paz no solo depende de la firma de los acuerdos de la Habana o de la voluntad democrática del pueblo colombiano en su refrendación. También está condicionada al cumplimiento de lo acordado, y en especial, a la implementación y seguimiento de una política educativa novedosa y coherente con el modelo de país que queremos, para que nuestras futuras generaciones convivan pacíficamente. Además de su liderazgo político natural, que ha sido validado por los ciudadanos a través del voto popular, es necesario que los mandatarios locales y seccionales se conviertan en verdaderos gerentes públicos, lo cual implica desarrollar una alta capacidad de gestión de los recursos escasos, en términos de priorización, focalización, planeación, medición del impacto de las acciones en sus municipios y comunidades, probidad, transparencia, generación de espacios de participación y concertación. Pero también deben estar comprometidos con la protección de los derechos humanos, en especial de las mujeres, niños, ancianos, comunidad LGTBI, afrodescendientes, raizales,

Rom, indígenas y población con necesidades especiales, entre otros. Realmente, en temas y enfoques de la administración pública no existe una fórmula única de cómo administrar; lo que sí está claro es que todos estos mandatarios deben ser conscientes de que se necesita un gobierno cercano a la gente, moderno, eficaz y eficiente, que tenga la posibilidad de dialogar con la empresa privada y demás actores no estatales en pro del desarrollo de las comunidades. Si se tiene en cuenta que las realidades y necesidades locales varían sustancialmente de un departamento a otro, incluso entre municipios cercanos, el papel más importante de los alcaldes y gobernadores en este punto específico, como representantes de sus comunidades, no es otro que el de participar activamente en el diseño e implementación para que estas respondan a sus propias circunstancias, en el ámbito urbano y rural. Lo que principalmente se debe buscar, bajo el liderazgo de estos mandatarios, es que la educación para la paz incluya la atención integral a la primera

infancia, como una prioridad, teniendo en cuenta la importancia fundamental que representa la inversión en los primeros años de vida y la cobertura y calidad de la educación en todos los niveles. Los Acuerdos de la Habana han hecho explícito el compromiso de profundizar en la educación técnica de nuestros jóvenes y especialmente en la educación rural, para que responda a las condiciones particulares del medio que va de la mano con el desarrollo de una infraestructura y dotaciones físicas y tecnológicas coherentes con el medio campesino, a través de los cuales los jóvenes y niños desarrollen al máximo sus capacidades en un ambiente de felicidad y amor. Incluso, sus padres puedan aprovecharlas para que se eduquen y capaciten también. Este ambicioso plan de educación para la paz estable y duradera solo podrá ser una realidad con el decidido apoyo de nuestros alcaldes y gobernadores. Así que los invito a participar y hacer de Colombia un nuevo Estado para nosotros y para nuestras nuevas generaciones.

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REINTEGRAR A ANTIGUOS COMBATIENTES El posconflicto significará, para miles de personas que dejan las armas, reintegrarse a una sociedad de la que hasta el momento no se han considerado parte. Alcaldes y gobernadores deberán contribuir a superar una mutua desconfianza.

A pesar de la tragedia que significó para Colombia vivir más de 50 años de confrontación armada, algunas comunidades tuvieron que acostumbrarse a convivir con esa situación. En determinados lugares del país, la presencia de los grupos armados ilegales se convirtió en un hecho habitual para la población, y algunos jóvenes, llegaron a ver en ellos una alternativa de vida. Otros, ni siquiera tuvieron la posibilidad de escoger. Los violentos se creyeron con el derecho de tomar para sí ese tributo humano. Independientemente de la forma como hayan llegado a ellas, quienes abandonan las armas y se reincorporan a la vida civil, tienen derecho a una segunda oportunidad. De ellos depende ganarse de nuevo la confianza de la comunidad, pero en manos de ella está abrirles la puerta, una vez hayan cumplido sus deberes de verdad, justicia y reparación con las víctimas.

Las autoridades nacionales, regionales y locales pueden contribuir, desde sus diferentes ámbitos, a que estos procesos se den de una manera que contribuya a sanar heridas. Darle la oportunidad de aprender un nuevo oficio, en la legalidad, a un antiguo miembro de grupos armados ilegales, quien en muchos casos, no ha adquirido otro conocimiento que el de las armas, es arrebatarle una persona más a la violencia. Las cifras de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), así lo demuestran. El 76 por ciento de los antiguos miembros de grupos armados ilegales, que han culminado con éxito su proceso de reintegración, se han mantenido en la legalidad. Terminado el conflicto, víctimas y antiguos miembros de grupos ilegales volverán a encontrarse en el territorio. Alcaldes y gobernadores pueden contribuir a que este encuentro se dé de una manera provechosa para la comunidad.

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LOS BENEFICIOS DE LA REINTEGRACIÓN Colombia tiene una amplia experiencia en el proceso de vincular a actividades legítimas a quienes han sido miembros de grupos armados ilegales. Así funciona el programa.

Mantener a un preso en la cárcel puede costar alrededor de 18 millones de pesos al año y las tasas de reincidencia son altas: al cabo de dos o tres años de haber cumplido su condena, 7 de cada 10 internos deben responder de nuevo ante la justicia, por delitos aún más graves. Los miembros de grupos armados ilegales que abandonan las armas y llevan a cabo el proceso de reintegración| , que opera en Colombia desde hace más de una década, tienen tasas de reincidencia muy diferentes. De las 49 mil personas que han ingresado al proceso, solo el 24% vuelve a delinquir o está en riesgo de hacerlo. Es decir, el 76% se mantiene en la legalidad después de terminar el programa. “La violencia y la ilegalidad no se explica por los desmovilizados. Esta política ha demostrado que desde un enfoque de humanidad, de dignidad, de generar nuevas oportunidades, tenemos un mecanismo para desactivar ciclos de violencia”, explica Joshua Mittroti, Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). El programa que lleva a cabo la Agencia es voluntario. Solo se vinculan a él los desmovilizados que quieran hacerlo. Su objetivo es darles otras alternativas de vida a quienes, en muchos casos, solo conocen el uso de las armas como oficio.

“La población que deja las armas tiene que transformar sus habilidades y sus competencias, que fueron funcionales para sobrevivir y perpetuar la guerra y el conflicto, por otras, necesarias en el ejercicio de la ciudadanía”, explica Mittroti. El proceso de reintegración está basado en un modelo de acompañamiento flexible. El desmovilizado define, con la ACR, un plan de trabajo que se ajusta cada seis meses. Eso le permite a cada persona fijarse sus propias metas y, con el acompañamiento de la entidad, adaptar sus expectativas y deseos, de acuerdo con los logros que vaya obteniendo. “Una persona que comenzó diciendo que iba a llegar hasta quinto de primaria, puede llegar a sexto de bachillerato, porque se da cuenta de que el estudio no es algo tan complejo, o una persona que iba a hacer un complementario, termina haciendo un técnico o un tecnológico”, agrega el director de ACR. A este proceso, se han vinculado el Ministerio de Educación, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y más de 650 empresas, que a través de diferentes mecanismos (ver recuadro), brindan a los desmovilizados oportunidades de educación, trabajo y proyectos productivos. Hoy en día, 26 mil desmovilizados que han pasado por el proceso de reintegración, tienen un trabajo; 30 por ciento de ellos, formal y 70 por ciento, informal.

El proceso no tiene un plazo fijo, pero dependiendo de las necesidades del desmovilizado, puede ir de unos cuantos meses a seis años. Uno de sus componentes es un servicio social, en el que los antiguos combatientes donan 80 horas de su tiempo en favor de la comunidad, para recuperar su confianza y demostrar que tienen mucho que aportar. “Hoy tenemos una capacidad institucional desde lo local, departamental y nacional, no solo pública, sino privada. Frente al desafío de una futura desmovilización| , tenemos un ecosistema vivo trabajando a favor de la reincorporación, que asegura mayor capacidad de éxito”, dice Mittroti.

“Esta política ha demostrado que, desde un enfoque de humanidad, de dignidad, de generar nuevas oportunidades, tenemos un mecanismo para desactivar ciclos de violencia”.

LOS MECANISMOS DE LA REINTEGRACIÓN

DESMOVILIZACIÓN: es el proceso por el cual un grupo armado o algunos de sus integrantes dejan de empuñar las armas. REINTEGRACIÓN: es la posibilidad que se le da a una persona que estuvo por fuera de la sociedad o actuó en contra de ella de integrarse nuevamente a esa comunidad.

Encadenamiento productivo Empresas como el Éxito le han dado la oportunidad de convertirse en sus proveedores a desmovilizados que han puesto en marcha proyectos de emprendimiento. En muchos casos, los desmovilizados llegan a esta etapa después de haber recibido formación de la misma empresa en la elaboración de los productos. Voluntariado Ejecutivos de empresas como Coca-Cola Femsa donan su tiempo para que acompañen a los desmovilizados que tengan perfil emprendedor, en la formulación y estructuración de su plan de

negocios. Es una oportunidad para los antiguos combatientes, pero también lo es para los empleados de las empresas, que pueden conocer más sobre la realidad de nuestro país. Formación y prácticas laborales La educación que reciben los desmovilizados comienza, incluso, desde la alfabetización y llega hasta la formación en alguna actividad productiva. Más de 26 mil personas en proceso de reintegración han ingresado al Sena. Las prácticas laborales que llevan a cabo a través de esta entidad, en empresas como Sodexho, les permiten acceder a oportunidades para encontrar empleo.

Empleabilidad Terpel, la Cámara de Comercio y centenares de empresas les han dado la oportunidad a los desmovilizados de obtener empleo. “Nosotros no le pedimos al empresario que le genere empleo al desmovilizado por ese hecho. Es que lo considere y no lo excluya por ser quien es”, explica Mittroti. Escenarios de Reconciliación El proceso de reintegración incluye abrir espacios para promover una cultura del perdón y la reconciliación en las comunidades. Coltabaco y la Fundación para la Reconciliación han apoyado estas actividades, en diferentes lugares del país.

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650 empresas, que se han ido sumando poco a poco en los últimos años, contribuyen con la reintegración en todo el país, a través de mecanismos como la empleabilidad, procesos de formación, prácticas laborales, proveedurías, voluntariados y escenarios de reconciliación.

LOS ACTORES DE LA REINTEGRACIÓN Reincorporar a la vida civil a quienes en el pasado empuñaron las armas, no consiste solo en darles una suma de dinero para subsistir o montar un negocio; es un esfuerzo de inclusión en el que debe tomar parte toda la sociedad. Pasar de ser visto como un factor de perturbación para la sociedad a convertirse en alguien que puede y tiene mucho que aportar, es un camino que requiere de gran esfuerzo por parte de quien lo transita. Pero ese sacrificio personal no es suficiente. Si la comunidad a la que busca integrarse no está dispuesta a apoyarlo, difícilmente va a poder terminar con éxito su proceso. La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), que tiene ya una larga experiencia en el proceso de reincorporación a la vida civil de los colombianos que dejan las armas, ha impulsado a las entidades territoriales y a diferentes actores sociales, económicos y políticos para que se apropien

de esta política y estén dispuestos a dar una segunda oportunidad. En los planes de desarrollo que fueron formulados en el primer semestre de este año, todos los departamentos del país incluyeron acciones orientadas a impulsar los procesos de reintegración en su territorio. 650 empresas, que se han ido sumando poco a poco en los últimos años, contribuyen con la reintegración en todo el país, a través de mecanismos como la empleabilidad, procesos de formación, prácticas laborales, proveedurías, voluntariados y escenarios de reconciliación. Una de las estrategias que ha tenido mayores resultados es la del servicio social, en la que los desmovili-

zados realizan actividades en favor de sus comunidades, como una forma de recuperar su confianza. “Son 80 horas de tiempo gratis que tienen que entregar los desmovilizados para romper la estigmatización y visibilizarse como actores de cambio”, afirma Joshua Mitrotti, Director de ACR. A través de este programa, los desmovilizados llevan a cabo actividades de defensa del medio ambiente, recuperación del espacio público, reparación de escuelas u otros edificios públicos, brigadas de salud o apoyo al arte y la cultura, entre muchas otras. Hace pocos días, 25 de ellos culminaron un proceso de limpieza del río Cali, en el que junto a las víctimas del conflicto, sembraron

árboles de especies nativas para recuperar sus márgenes. Jornadas similares, que siempre se hacen de manera concertada con las comunidades y autoridades locales, se han llevado a cabo en todo el país. Según los cálculos de ACR, en las actividades han participado más de 26.500 desmovilizados, que han invertido más de 2’500.000 mil horas de su tiempo. “Este es un proceso que tratamos siempre de socializar con las autoridades locales y regionales, que ellos estén informados de lo que hacemos, que sientan confianza del trabajo que hacemos (porque este es un tema esencialmente de construir confianza) y que siempre esté articulado y coordinado con la oferta pública local”, explica Mitrotti. Otras entidades del orden nacional son esenciales en el proceso de reintegración, en especial el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), que coordina y ejecuta el programa para la atención a niños, niñas y adolescentes que se desvinculan de los grupos armados al margen de la ley;

el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que capacita a los desmovilizados para darles mayores herramientas para integrarse al mundo laboral, y el Ministerio de Salud, que tiene, entre otros, un programa especial para quienes requieran atención en materia de salud mental. Adicionalmente, con la intención de acercar a diversos actores externos a la realidad de la reintegración en las regiones donde opera el proceso, así como su posicionamiento e incentivo para la articulación con estos actores, la ACR ha promovido la realización de encuentros en grupos territoriales con actores estratégicos. “Los grupos territoriales y puntos de atención han desarrollado un avance significativo para posicionar la gestión de la ACR. Hoy en día esta entidad es fundamental para la reconciliación y la construcción de paz en espacios interinstitucionales de articulación de políticas públicas, como los Comités de Paz, la presencia en medios de comunicación locales, consejos departamentales de paz, entre otros”, sostiene Mitrotti.

80 horas

de tiempo gratis tienen que entregar los desmovilizados para romper la estigmatización y visibilizarse como actores de cambio.

EL APOYO QUE RECIBE LA PERSONA EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN Salud: A través de ACR, tanto el desmovilizado como su núcleo familiar (su cónyuge y sus hijos menores de 18 años de edad o hasta 25, si son estudiantes y dependen económicamente de él) pueden ser afiliados al sistema de salud. Educación: Los desmovilizados pueden estudiar primaria o bachillerato en colegios que tengan convenio con ACR y de acuerdo con las ofertas educativas con que cuenta la entidad.

Empleo: ACR gestiona ofertas laborales con empresas que voluntariamente deciden incluir en sus procesos de selección a personas en procesos de reintegración. Los desmovilizados también pueden participar en programas de formación que les permitan capacitarse para obtener un empleo. Proyectos productivos: Los desmovilizados pueden recibir entre 2 y 8 millones de pesos como estímulo eco-

nómico, cuando cumplen los requisitos para iniciar un negocio o fortalecer el que ya tienen. Seguridad: Cuando el desmovilizado crea que se encuentra en peligro, puede denunciar el hecho y permitir que se realice una evaluación de riesgo con base en la cual se decidirá si puede recibir la protección que brinda la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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RECONCILIACIÓN DE LAS COMUNIDADES Acabado el conflicto, se encuentran en el territorio víctimas, excombatientes y el resto de la sociedad. Una oportunidad para dejar atrás odios y rencores y construir una verdadera convivencia pacífica.

Para superar las heridas que dejó el conflicto, no basta con atender y reparar a las víctimas y reincorporar a la legalidad a los antiguos combatientes. En muchos lugares del país, la confrontación armada separó a las personas en bandos y generó desconfianzas, que aún después de silenciados los fusiles, continúan presentes. Poderse mirar a la cara y hablarse con franqueza, sin que vuelvan a la superficie antiguos rencores, es un proceso lento, que implica reconstruir, poco a poco, los tejidos sociales. Entidades del Estado, organizaciones sociales, empresas privadas y academia vienen trabajando de tiempo atrás en proyectos que buscan fortalecer esos lazos. En el posconflicto, alcaldes y gobernadores tendrán allí uno de sus principales retos. En cada municipio y departamento del país, confluirán víctimas, antiguos combatientes y comunidades, y comenzarán a tejer nuevas relaciones, con o sin intervención del Estado.

Antiguos secuestrados que les dan trabajo a los miembros del grupo que los secuestró, parejas que se unen a pesar de haber pertenecido a bandos contrarios, emprendedores que, sin importar el lugar que ocuparon en la guerra, deciden trabajar juntos para sacar adelante proyectos productivos, son encuentros que ya se vienen dando en el territorio. Otros, no son tan positivos: personas en condición de vulnerabilidad que sienten que a las víctimas o a las personas en proceso de reintegración se les da un trato privilegiado; empleadores que no están dispuestos a dar a otros una oportunidad o vecinos que se niegan a convivir con ellos, solo porque están influenciados por prejuicios y estigmatizaciones. Perdonar y estar dispuesto a confiar en el otro, hace parte de la esfera individual de cada persona. No es algo que se pueda imponer. Pero promover una conveniencia pacífica, en la que las diferencias se resuelvan de manera civilizada, sí es algo en lo que podemos avanzar como sociedad. Los dirigentes regionales y locales, como líderes de su comunidad, serán claves en este propósito.

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UN COMPROMISO DE TODOS PARA QUE LO OCURRIDO NO SE REPITA Sanar las heridas que dejó el conflicto armado no es solo un asunto entre víctimas y ex combatientes. Toda la sociedad, que en mayor o menor medida fue responsable y resultó afectada por la confrontación, debe encontrar caminos para dejar atrás la violencia.

En 2014, Medellín solicitó a la Unidad para las Víctimas ser considerada como sujeto de reparación colectiva. Era una propuesta inusual porque si bien la ciudad ha sufrido por décadas los efectos de múltiples formas de violencia, nunca se ha puesto en marcha en Colombia un proceso de este tipo con una población tan grande. ¿Cómo se puede reparar a cerca de 3 millones de habitantes que no en todos los casos han sido víctimas directas y que además tienen realidades muy distintas? La inclusión de Medellín como sujeto de reparación colectiva finalmente no se llevó a cabo, pero sí quedó claro que la ciudad necesitaba un proceso para sanar las heridas que le dejó el conflicto, no dejar que lo ocurrido quede en el olvido y cerrarle todos los espacios posibles a la violencia. Desde entonces, se emprendió una estrategia de Garantías de No Repetición, que busca fomentar el respeto por la vida y la solución pacífica de los conflictos. Las medidas que incluye van desde exposiciones fotográficas y composiciones musicales hasta el uso de las redes sociales, para involucrar a toda la población, y en especial a los jóvenes, en ese propósito de crear una cultura de la no violencia. La elaboración del informe Medellín, ¡Basta ya!, que dejará un relato de lo ocurrido en la ciudad, será una parte fundamental de esa estrategia. Carolina Suárez, coordinadora de Garantías de No Repetición de la Unidad para las Víctimas, explica que construir una paz sostenible implica trabajar con víctimas y ex combatientes, pero no puede limitarse a ellos porque de toda la sociedad que depende que la violencia no se reproduzca. “Si quiero garantizar que lo ocurrido

no vuelva a pasar requiero del concurso articulado de las instituciones, de las comunidades y de todos los actores que permiten construir la reconciliación y mantenerla en el territorio”, afirma Suárez. Involucrar al resto de la sociedad también es algo que buscan los antiguos combatientes. La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) ha promovido el encuentro de las personas en proceso de reintegración con diferentes sectores de la sociedad, para que ellos se conviertan en promotores de la construcción de paz. “Hoy en día esta entidad es fundamental para la reconciliación y la construcción de paz en espacios interinstitucionales de articulación de políticas públicas, como los Comités de Paz, la presencia en medios de comunicación locales, consejos departamentales de paz, entre otros”, afirma Joshua Mitrotti, Director de ACR. Y desde la sociedad civil, iniciativas como Reconciliación Colombia o #SoyCapaz, han promovido que diferentes sectores sociales se comprometan a aportar, cada uno desde su propio ámbito, a la construcción de paz. Hace dos años, #SoyCapaz invitó a empresarios, académicos, deportistas, personajes del espectáculo, a ponerse en los zapatos del otro, en especial de las víctimas del conflicto, y Reconciliación Colombia realizó cuatro encuentros regionales y uno nacional, en los que representantes de diferentes sectores se sentaron en una misma mesa, para plantear diferentes miradas sobre el país, que usualmente habían sido muy distantes, y buscar acercamientos. A medida que el posconflicto se hace una realidad cada vez más palpable, estas iniciativas se vuelven más frecuentes.

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“Si quiero garantizar que lo ocurrido no vuelva a pasar requiero del concurso articulado de las instituciones, de las comunidades y de todos los actores que permiten construir la reconciliación y mantenerla en el territorio”.

TRES ESPACIOS EN LOS QUE VÍCTIMAS Y EX COMBATIENTES SE ENCUENTRAN Con o sin intervención del Estado, los encuentros entre víctimas y antiguos combatientes se dan en todas las regiones del país. En algunos casos, las víctimas han buscado a sus victimarios para que les den información sobre el paradero de sus familiares o les ayuden a encontrar sus restos. En otros, la convivencia diaria los ha llevado a establecer nuevas relaciones productivas, o incluso, personales y afectivas. En lo político, diferentes entidades promueven mesas de reconciliación en donde víctimas y desmovilizados se sientan a hablar y tienen la oportunidad de conocerse, escucharse y en ocasiones, pedirse perdón y perdonarse. La Asociación de Mujeres Afro por la Paz (Afromupaz), una organización de mujeres afrocolombianas, indígenas y campesinas, víctimas de desplazamiento, decidió incluir en su propio proceso de reparación colectiva, encuentros con desmovilizados. Ideó un proceso de 12 pasos, al que llamaron La huerta del perejil, con el que sus integrantes recorren el camino que va desde reconocer el dolor hasta superarlo. Uno de los últimos pasos era un espacio en el que ellas tenían la oportunidad de conocer a la persona que estaba detrás de quien ellas identificaban como su victimario.

“Todas esas experiencias, descubiertas o no, están en los territorios. Más que presionar para que se produzcan, lo que tenemos es que darles sentido”, explica Carolina Suárez, coordinadora de garantías de no repetición de la Unidad para las Víctimas. La Unidad para las Víctimas ha identificado tres ámbitos en los que estos encuentros se dan: en lo político, lo económico y lo cultural.

En lo cultural, nuestras raíces son las mismas para todos. Todos los años, en el Carnaval de Barranquilla, un grupo de víctimas y desmovilizados salen juntos a participar en la Gran Parada de Tradición, en donde entre música y danza demuestran a los habitantes de su ciudad que la paz y la reconciliación son posibles.

En lo económico, el empeño que se requiere para sacar adelante un proyecto productivo es el mismo para víctimas y desmovilizados. Por eso, cuando es necesario, no es tan difícil estar dispuestos a trabajar juntos. Uno de estos emprendimientos es Moralife, un proyecto que agrupa a 16 familias, 15 de ellas víctimas y una en proceso de reintegración, y que opera en la hacienda Santa Bárbara, una propiedad de 168 hectáreas parceladas que les entregó el Incoder, a 10 minutos de Popayán. Jamil Campo, uno de sus miembros, perteneció a las Autodefensas Campesinas de Ortega, una comunidad que se armó para contrarrestar los ataques de la guerrilla de las Farc. Las víctimas, entre las que se encuentra Gladis Madroñero, tuvieron que desplazarse a causa del conflicto. Hoy, son buenos vecinos que se dedican al cultivo de mora y su comercialización.

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ENTIDADES Y ORGANIZACIONES QUE PUEDEN SER SUS ALIADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

CONSTRUYAMOS LA PAZ EN LOS TERRITORIOS El exgobernador del Meta, que estuvo 7 años en poder de las Farc, habla de cómo el bienestar de los sobrevivientes y la reconciliación, deben ser el norte que guíe a alcaldes y gobernadores en el posconflicto.

Estas son las dependencias a nivel territorial de la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Unidad para las Víctimas con las que usted puede trabajar. Por Alan Jara U.

DIRECTOR DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTREGRACIÓN (ACR) Direcciones Territoriales

Logramos lo que muchos colombianos habíamos soñado desde hace décadas: ponerle fin al conflicto armado con las Farc. Pero después de estos cuatro años de encuentros y desencuentros en la Mesa de Conversaciones de La Habana, la tarea no queda ahí, porque se avecina el reto de construir esa paz en la cual los alcaldes y gobernadores juegan un papel esencial. ¿Cómo lograrlo? Es difícil de responder: no podemos devolver el tiempo. Ojalá trajéramos de vuelta a padres, madres, hermanos, tíos de tantos colombianos muertos durante el conflicto armado. Ojalá pudiéramos hacer que tantos colombianos olvidaran su destierro, la desaparición de algún familiar, la violencia sexual, las amenazas… Pero no es posible. O por lo menos en mi caso, olvidar más de siete años de secuestro no lo ha sido. Sin embargo, tomé la decisión de perdonar y seguir adelante, porque si no lo hubiera hecho, permanecería con ese rencor dentro, como si aún siguiera secuestrado. No obstante, entiendo que el perdón, que es el primer paso hacia la reconciliación, es una decisión personal, que puede ser más llevadera cuando existen garantías para que aquello que padecieron más de 8 millones de colombianos, nunca más se vuelva a repetir. Y ahí es donde su papel como alcaldes y gobernadores puede generar un cambio, para que tanto dolor empiece a sanar.

Consolidar lo firmado en las regiones es lo que requerimos de ustedes, alcaldes y gobernadores, para volver la paz una realidad. ¿Cómo hacerlo? Desde antes de negociar, el país tomó la decisión de reconocer el conflicto armado, y por lo tanto, de reparar a todas las víctimas, sin distinción de actor armado ni del hecho que habían sufrido. Por eso, la Ley de Víctimas o Restitución de Tierras puso en marcha, no sólo las indemnizaciones individuales, sino también la atención psicosocial, los procesos de reparación colectiva, entre muchas otras funciones de la entidad que dirijo. El punto 5 del Acuerdo Final tomó esos avances y pidió reforzarlos, para que las víctimas no sólo puedan cubrir sus necesidades básicas con una compensación económica –que de ninguna manera se compara al dolor de tantas víctimas-, sino con un proceso para reconstruir el tejido social en los territorios y cicatrizar todos aquellos roces que dejó la incursión de uno u otro bando. Volver tangibles estos procesos en las regiones es responsabilidad de la Unidad para las Víctimas, de la mano con los mandatarios locales. Que quede claro: ¡Ustedes no estarán solos en la implementación de los acuerdos! A través de nosotros, el Gobierno Nacional pone una parte importante de los recursos, pero éstos deben ser complementados por alcaldías y gobernaciones.

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Es el principio de la cofinanciación, que se puso en marcha con la aprobación de la Ley de Víctimas. Este consiste en que la Unidad pone alrededor de un 60 por ciento de los recursos y los entes territoriales deben complementar el faltante. Bajo este principio, la Unidad ya ha cofinanciado 42 proyectos, en 179 municipios, que han beneficiado a casi 70.000 sobrevivientes del conflicto armado, principalmente en temas de proyectos productivos y de memoria histórica. En este momento, estamos recibiendo nuevas propuestas para el primer semestre de 2017, con énfasis en la generación de ingresos para las víctimas. Pensar en ese bien superior, que es el bienestar de los sobrevivientes y la reconciliación de Colombia, debe regirnos y guiarnos para seguir trabajando de la mano, entre los territorios y la nación. El enfoque territorial, que tengo muy presente en mi gestión, es clave para superar el conflicto, pues las regiones han sido las más golpeadas por la violencia. Todos tenemos dudas, es normal. Pero la mejor manera de entrar al posconflicto es hacerlo real, y en la Unidad, ustedes tendrán un apoyo para eso. Los invito pues, desde la posición de quien es a la vez víctima y trabaja por las víctimas, a hacer equipo, y sobre todo, a no quedarnos con el espejo retrovisor en el pasado, sino centrarnos en las oportunidades que llegan de cara al reto que se viene. ¡Construyamos la paz!

ANTIOQUIA – CHOCÓ Medellín. Carrera 55 No. 40 A - 20 Piso 2 Edificio Nuevo Centro B. La Alpujarra |317 6384387

ATLÁNTICO Barranquilla. Carrera 49B No. 74 - 83 Barrio América |316 5295404 BOGOTÁ Diagonal 46 Sur No. 52C - 36 Barrio Venecia |317 4004383 Carrera 10 No. 15 - 33 Sur B. Ciudad Jardín |317 4348359 Calle 35 Sur No. 78 K - 23 Edificio Miramar Kennedy |317 4004408 BOLÍVAR Cartagena. Carrera 19 No. 24 A -93 del Barrio Manga Callejón Santa Clara |317 4004416 CAQUETÁ Florencia. Carrera 9B No. 6 - 51 Barrio Las Avenidas |317 6384307 CASANARE Yopal. Carrera 22A No. 12 - 43 Barrio Bello Horizonte |317 4004413 CESAR – GUAJIRA Valledupar. Calle 14 No. 15 - 43 Barrio Alfonso López |316 5295417

Aguachica. Carrera 26 No. 3-44 Barrio Sabanita |317 4004396

NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA Cúcuta. Avenida 2 N° 17 - 26 B. La Playa |317 4004375

CÓRDOBA Montería. Calle 35 No. 9 - 20 Barrio Ospina Pérez |317 6384391 Tierralta. Carrera 12 No. 3 - 51 Barrio El Prado 317 4004378

SANTANDER Bucaramanga. Carrera 34 N° 52 - 117 Barrio Cabecera |317 4021277

CUNDINAMARCA- BOYACÁ Bogotá. Carrera 69P No. 63C - 63 Barrio Bosque Popular |317 4348359 EJE CAFETERO Pereira. Carrera 11 bis No. 1B - 74 Barrio Popular Modelo |317 4004380 HUILA Neiva. Calle 23 No. 5 A - 90 Barrio Sevilla |3174004398 MAGDALENA Santa Marta. Carrera 8 No. 28 - 73 Barrio Bavaria |316 5295419 Ariguaní. Carrera 5 No. 5 - 80 Calle del Comercio |317 4004394 MAGDALENA MEDIO Barrancabermeja. Calle 47 No. 16 - 42 Barrio Buenos Aires |317 6384376 Puerto Berrío. Carrera 3 N 52- 01 B. Centro |317 4004388 META Y ORINOQUÍA Villavicencio. Calle 32 No. 41 - 30 Barrio Barzal |316 5295413

SUCRE Sincelejo Calle 13 A N° 20 - 62 B Laford |317 4004368 TOLIMA Ibagué. Carrera 4D No. 33 - 35 Barrio Cádiz |317 6384302 URABÁ Apartadó Calle 97 A No. 103A -18 Barrio Nuevo |317 6384324 Necoclí. Calle 50 No. 49 - 48 Barrio Centro, esquina, piso 2 (Frente al Juzgado Municipal) |316 5295408 VALLE DEL CAUCA Cali. Carrera 41 No. 5A - 48 Barrio Tequendama |317 4004409 BAJO CAUCA Caucasia. Carrera 22C N° 11A - 51 B. El Triángulo 317 4004369 CAUCA Popayán. Calle 1 No. 2-17 Barrio Caldas |3128340224 NARIÑO Pasto. Calle 13 No. 30 A - 26 Barrio San Ignacio |3174004419

56 DIRECTORIO

PUTUMAYO Mocoa Carrera 5 No. 7-38 Barrio José María Hernández (Mocoa) 316 4248198

UNIDAD PARA LAS ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Direcciones Territoriales

AMAZONAS Leticia. Carrera 9 No. 11 - 74 Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 12:00 p.m. y 2:00 p.m. - 6:30 p.m. ANTIOQUIA Medellín Carrera 52 No 51 A - 23 Piso 2 Edificio antiguo Colseguros Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Carrera 92 No. 34D - 93 Barrio Belencito Lunes a viernes 6:00 a.m. - 5:00 p.m. Carrera 52 No. 71 - 84 Piso 2 – Unidad Permanente de Justicia Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Carrera 55 No. 95 - 97 Barrio Palermo Lunes a viernes 6:00 a.m. - 5:00 p.m. Calle 44 No. 52- 165 Sótano cubículo 25 Personería La Alpujarra Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Bello Calle 44 No. 49 - 54 La casita Lunes a viernes 6:00 a.m. - 5:00 p.m. Tarazá Calle 30 No. 30-38 Casa de Justicia Lunes a viernes 7:30 a.m. - 6:00 p.m. El Bagre Carrera 48 A No. 49A - 55 Lunes a viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m. Dabeiba Carrera Murillo Toro, Alcaldía Municipal Lunes a viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. No se presta la atención los días miércoles. La Ceja Carrera 17 No. 20-53 - Casa de Justicia Lunes a viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m. Urrao Calle 34 No. 27 -10 Centro Administrativo Cacique Tone Lunes a viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m. 318 2154092 Yolombó Calle Colombia No. 20 - 92 Alcaldía Municipal Piso 2 Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Sonsón Carrera 8 No. 6 -11 Centro de Convivencia Ciudadana Lunes a viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m. Andes Carrera 50 No. 49 -75 Palacio del Ayuntamiento Oficina 205 Lunes a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Granada Calle 20 No. 20 - 05 Piso 2 Alcaldía Municipal Lunes a viernes 7:30 a.m. - 5:30 p.m.

|GOBERNANTES & POSCONFLICTO|

Santa Rosa de Osos Carrera 28 A No. 32 17 Oficina 207 Lunes a viernes 7:30 a.m. - 4:00 p.m. Cocorná Carrera 20 No. 20 - 29 Piso 3 Alcaldía Municipal Lunes a viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m. San Carlos Calle 19 No. 18 - 71 Alcaldía Municipal Lunes a viernes 8:00 a.m. - 4:00 p.m. San Rafael Carrera 30 No. 30 - 41 Alcaldía Municipal Lunes a viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m. Santa Fe de Antioquia Carrera 6 No. 9 - 55 Casa de Justicia Lunes a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Ríonegro Calle 59 No. 50 - 05 Lunes a viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m. Itagüí Carrera 52A No. 74-67 Barrio Santa María Lunes a viernes 7:30 a.m. - 5:30 p.m. Envigado Carrera 44 No. 38 sur - 18 Secretaria de Bienestar Social Lunes a viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m. Arboletes Calle 20 de Julio Palacio Municipal Jorge Eliécer Gaitán Lunes a Viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m. Necoclí Carrera No. 52- 46 Calle El Chucharro Lunes a Viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m. Turbo Carrera 14 con Calle 99 Antigua Cárcel Municipal Lunes a Viernes 6:00 a.m. - 3:00 p.m. San Pedro de Urabá Carrera 50 No. 48 G 48 Edificio de Obras públicas Lunes a viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m. Chigorodó Alcaldía Municipal Calle Santander Carrera 100 No. 104 A - 08 Carepa Calle 94 No. 104 B - 16 - 26 Barrio Nuevo ATLÁNTICO Barranquilla Carrera 44 No. 53 - 87 Pastoral Social - Barrio Boston Lunes a viernes 6:00 a.m. - 4:00 p.m. Sabanalarga Calle 21 No. 18 - 46 Lunes a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. BOGOTÁ Centro Dignificar Suba. Transversal 126 No. 133 - 32 Barrio La Gaitana Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Centro Dignificar Ciudad Bolívar. Carrera 17 F Sur No. 69 A - 32 Piso 2, Lucero Bajo Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Centro Dignificar Bosa. Carrera 92 No. 72 - 21 sur Metrovivienda Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Centro Dignificar Patio Bonito. Carrera 87 No. 5 B - 21 Entrada lateral Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Centro Dignificar Sevillana. Calle 44 D sur

No. 72 - 13 Barrio Delicias Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Centro Dignificar Chapinero. Calle 63 No. 15 - 58 Chapinero Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Personería de Bogotá. Carrera 7 # 21 - 24 Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Kennedy. Calle 37 Sur No. 72 L - 77 Barrio Carvajal Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. San Cristobal (Rafael Uribe Uribe). Calle 22 sur No. 14 - 99 Avenida Primera de Mayo - Estación Restrepo Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. BOLÍVAR Cartagena. Calle 30 D No. 65 - 45 Piso 3 Barrio Chipre Lunes a viernes 6:00 a.m. - 4:00 p.m. Achí Calle 14 No. 11 - 56 Lunes a viernes 6:00 a.m. - 4:00 p.m. Carmen de Bolívar Calle 27 Barrio las Flores- Antigua Casa de la Juventud Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Magangué Av. Diego Carvajal Calle 16 No. 30 - 32 Lunes a viernes 6:00 a.m. - 4:00 p.m. San Juan Nepomuceno Calle 9 con Carrera 12 Edificio Telecom Lunes a viernes 6:00 a.m. - 4:00 p.m. San Pablo Carrera 7 No. 17 - 73 Barrio Concepción Alcaldía Municipal- Oficina Salón Comunal Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Santa Rosa del Sur Carrera 14 No. 10 - 13 Casa Guardabosques Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Morales Calle 2 No. 17 - 05 Barrio el Centro- Palacio Municipal Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. BOYACÁ Tunja Calle 18 No. 9 - 49 Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Sogamoso Carrera 32 No. 71 - 90 Centro de Convivencia Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Chiquinquirá Calle 17 carrera 8 Esquina Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. CALDAS Manizales. Calle 23 No. 21 - 45 Piso 9 Edificio BCH Lunes a viernes 7:30 a.m. - 4:30 p.m.

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La Dorada. Centro Comercial Dorada Plaza segundo piso, local 206, entre calles 15 y 16 y carreras 4 y 5 Lunes a viernes 7:00 a.m. - 6:00 p.m. Samaná. Carrera 9 No. 5 - 64 Alcaldía Municipal Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Riosucio. Primera Diagonal al puerto frente al Hotel Familiar Barrio Escolar Lunes a viernes 7:00 a.m. -12 m y 1:00 p.m. - 4:00 p.m. Carmen del Darién. Barrio Escolar Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m.

CAQUETÁ Florencia. Carrera 7 A No. 18 - 46 Terminal de Transportes Piso 2- Local 202 Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Cartagena del Chairá. Calle 4 No. 3 - 24 Barrio Centro - Alcaldía Lunes a viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m. La Montañita. arrera 5 frente al parque principal Lunes a viernes 7:30 a.m. - 5:00 p.m. San Vicente del Caguán. Carrera 4 No. 4 - 65 Centro de Convivencia, Barrio Centro Lunes a viernes 7:30 a.m. - 5:00 p.m.

CÓRDOBA Puerto Libertador. Carrera 9 No. 3-33 Barrio Aguas Vivas - Alcaldía Municipal Lunes a viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m. Montelíbano. Carrera 37 No. 19 - 30 Barrio Porvenir Inurbe instalaciones CDT Lunes a viernes 6:30 a.m. - 4:00 p.m. Tierra Alta. Carrera 16 No. 8 - 40 Barrio el Centro - Personería Municipal Lunes a viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m. Valencia. Calle 11 Carrera 15 Esquina Palacio Municipal Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m.

CAUCA Popayán. Carrera 6 N No. 16 N - 54 Barrio el Recuerdo (La Casona Emtel) Lunes a viernes 7:30 a.m. - 4:00 p.m. Guapi. Calle 2 No. 5 - 73 - Barrio La Esperanza Lunes a viernes 8:00 a.m. 6:00 p.m. Timbiquí. Alcaldía Municipal de Timbiquí Lunes a viernes 8:00 a.m. 6:00 p.m. López de Micay. Palacio Municipal Calle de las Flores - Alcaldía Municipal Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Caloto. Calle 12 No. 19 - 05, Centro de Convivencia Ciudadana Lunes a viernes 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

GUAINÍA Puerto Inírida. Calle 18 No. 10 - 14 Barrio los Comuneros Lunes a viernes 7.00 a.m. - 4:00 p.m.

CASANARE Yopal. Calle 26 A No. 31 B - 99 Barrio María Milena Lunes a viernes 8:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 5:00 p.m. CESAR Codazzi. Calle 25 con Carrera 16 Terminal Transportes Piso 1 Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Aguachica. Carrera 13 No. 5 A - 36 Centro Ángela de Quiñones Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. CHOCÓ Bojayá. Barrio La Unión sector la Y Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Itsmina. Casa de Justicia Piso 1 - Barrio Cubis Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Bahía Solano. Calle 2 Carrera 4 Oficina del Secretario de Gobierno

GUAVIARE San José del Guaviare. Carrera 27 N0- 5-50 Barrio 20 de julio Lunes a Viernes 7:30 a.m. - 12:00 m. y 1:30 p.m. - 5:30 p.m. HUILA Neiva. Carrera 2 Calles 8 y 9 Centro Comercial los Comuneros - Local 3380- 3381 Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Garzón. Carrera 11 con 7 Esquina Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. LA GUAJIRA Riohacha. Carrera 7 No. 14 - 68 Piso 8 Barrio Mercado Viejo Lunes a viernes 6:00 a.m. - 4:00 p.m. MAGDALENA Santa Marta. Calle 34 Carrera 16 IPC María Eugenia - Barrio María Eugenia Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Ciénaga. Carrera 23 No. 20 - 54 Barrio Montecristo Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. META Villavicencio. Calle 19 No. 39-24, Barrio Camoa Lunes a viernes 6:30 a.m. - 3:30 p.m. Granada. Calle 15 No. 14 - 07 Barrio Centro Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m.

NARIÑO Calle 20 No. 38 -15 Barrio Avenida los estudiantes Lunes a viernes de 7:30 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m.- 5:30 p.m. Tumaco. Ciudadela Barrio los Pinos detrás del Polideportivo Carrera Lunes a viernes 7:30 a.m. - 12:00 p.m. y 2:00 p.m. - 5:30 p.m. Pasto. Carrera 26 No. 2 - 12 Avenida Panamericana frente a Crece Millas Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m., jornada continua IPIALES Carrera 7 con Calle 9 - Sector El Chorro Lunes a viernes 7:30 a.m. - 4:00 p.m., jornada continua Barbacoas. Estadio Hernán Ramírez Villegas, Zona sur oriental Piso 2, Barrio Villa Olímpica Lunes a viernes 8:00 a.m. - 12:00 p.m. y 2:00 p.m. - 6:00 p.m. Ricaurte. Carrera 2 No. 2 - 11 Barrio Parque Central Lunes a viernes 8:00 a.m. - 12:00 p.m. y 2:00 p.m. - 6:00 p.m. Policarpa. Calle 3 No. 2 - 60 Barrio Puerto Nuevo Primera Etapa Martes a viernes 8:00 a.m. - 4:00 p.m. y Sábados 7:30 a.m. - 1:30 p.m. Samaniego. Avenida Chumaquer Casa Campesina Personería Municipal Lunes a viernes 7:00 a.m. - 12:00 m y 2:00 p.m. - 5:00 p.m. NORTE DE SANTANDER Ocaña. Carrera 12 No. 10 - 42 Palacio Municipal Lunes a viernes 8:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 6:00 p.m. Villa del Rosario. Carrera 6 No. 6 - 36 Centro de Convivencia - La Casona Putumayo Puerto Asís. Calle 10 No. 34 - 85 Barrio la Floresta - Casa de la Cultura Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Mocoa. Carrera 2 con calle 8- Barrio San Agustín Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Puerto Leguízamo. Calle 3 entre Carrera 2 y 3 Esquina Barrio Maracaná Lunes, miércoles y viernes 8:00 a.m. 12:00 p.m. y 2:00 p.m. - 4:00 p.m.; martes y jueves 8:00 a.m. - 12:00 p.m. y 2:00 p.m. - 5:00 p.m. Valle del Guamuéz. Calle 7 No. 5 – 11 La Hormiga Putumayo Secretaría de Tránsito Lunes a viernes 7:30 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 5:30 p.m.

58 DIRECTORIO

Valle de Sibundoy. Calle 18 No. 15 - 41 Alcaldía Lunes a viernes 7:30 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 5:30 p.m. San Miguel. Carrera 5 No. 7 - 23 Barrio Central Personería QUINDÍO Armenia. Carrera 19 A No. 37 - 20, Barrio Miraflores Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. RISARALDA Pereira. Estadio Hernán Ramírez Villegas- Zona Suroriental Piso 2 - Barrio Villa Olímpica Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Apía. Calle 7 No. 8 - 40, Barrio Montecristo - Casa Campesina Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Dosquebradas. Carrera 19 No. 17 - 20 Piso 1 - Secretaria de Salud - Barrio Santa Mónica Lunes a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Santa Rosa de Cabal. Calle 12 No.14 - 50 Palacio Municipal Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA Avenida Providencia No. 1A - 48, Edificio Leda 3er piso Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. SANTANDER Girón. Carrera 25 No. 29 - 19 Barrio Centro Lunes a viernes 7:30 a.m. - 4:00 p.m. Bucaramanga. Calle 41 No. 13-08 García Rovira Lunes a viernes 7:00 a.m. - 3:00 p.m. Málaga. Calle 13 No. 9 - 05 Casa de la Cultura Lunes a jueves 8:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 6:00 p.m.; viernes 8:00 a.m. 2:00 p.m. Piedecuesta. Calle 2A No. 10- 98 Barrio Villa Nueva Lunes a viernes 8:00 a.m.- 12:00 p.m. y 2:00 p.m. - 5:00 p.m. Floridablanca. Carrera 12 No. 12- 28 Barrio Villabel Lunes a viernes 7:00 a.m. - 3:00 p.m. Barrancabermeja. Diagonal 60 vía al Llanito contiguo a la Secretaría de Infraestructura Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Puerto Berrío. Carrera 50 # 50 - 11 Frente al parque de la Madre Lunes a viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. SUCRE Sincelejo. Carrera 19 No. 32 – 68 Barrio el Zumbado

|GOBERNANTES & POSCONFLICTO|

Lunes a viernes 6:00 a.m. – 4:00 p.m. TOLIMA Ibagué. Carrera 4 entre Calle 6 Y 7 CAM – Barrio La Pola Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Líbano. Carrera 9 calle 5, esquina - Antiguo Colegio Comercial Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. VALLE Buenaventura. Carrera 59 entre calles 6 y 7 Antiguo Fundelpa Barrio La Independencia Lunes a viernes 7:30 a.m. - 4:30 p.m. Tuluá. Carrera 14 No. 20- 97 Barrio Rubén Cruz Vélez Lunes a viernes 7:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 5:30 p.m. Jamundí. Carrera 11 No. 13 - 21 Comisaría de Familia. Cali. Avenida Estación No. 5N-37 Lunes a viernes 7:30 a.m. - 4:30 p.m. Palmira. Calle 30 con carrera 29 Esquina Buga. Carrera 13 No. 6 - 50 Alcaldía de Buga Lunes a viernes 8:00 a.m. - 12:00 - 2:00 p.m. - 6:00 p.m. VICHADA Puerto Carreño. Calle 19 # 05 - 19 Barrio la Plazuela Lunes a viernes 7:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 5:00 p.m.

Centros Regionales ANTIOQUIA Apartadó. Calle 100 B con Carrera 94, Manzana 11, Lote 4 Apartadó Lunes a viernes 6:00 a.m. - 3:00 p.m. Caucasia. Carrera 21 Avenida Pajonal Casa de Justicia Lunes a viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m. ARAUCA Arauca. Carrera 24 calles 18 y 19 Bloque A primer piso Alcaldía Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Tame. Carrera 13 con Calle 16 Esquina Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Arauquita. Calle 4 No. 7 – 36 Barrio Charalá Lunes a viernes 7:00 a.m. – 4:00 p.m. ATLÁNTICO Soledad. Calles 17 b y 18 entre las Carreras 51 y 52 Barrio las Ferias Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. CESAR Curumaní. Carrera 13 No. 5 A - 36

INTRODUCCIÓN 59

| COLOMBIA en tiempos de paz |

Lunes a viernes 6:30 a.m. - 4:00 p.m. Valledupar. Calle 20 No. 11 - 115 Barrio la Granja Lunes a viernes 6:30 a.m. - 4:00 p.m. CHOCÓ Quibdó. Coliseo de Boxeo vía al Aeropuerto - Barrio Santa Ana Lunes a viernes 6:30 a.m. - 4:00 p.m. CÓRDOBA Montería. Transversal 7 No. 18 - 05 Barrio La Granja Lunes a viernes 6:30 a.m. - 4:00 p.m. CUNDINAMARCA La Palma. Calle 3 No. 4-70 Barrio El Rin, frente a la plaza de mercado Lunes a viernes 6:30 a.m. - 4:00 p.m. Soacha. Carrera 8 No. 17-37 Barrio Lincoln Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. GUAVIARE San José del Guaviare. Dirección: Transversal 21 #12-156 Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. NEIVA Pitalito. Carrera 5 No. 20 - 01 Sur Barrio Solarte Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. LA GUAJIRA El Molino. Calle 9 No. 5 - 17 Barrio San Lucas Lunes a viernes 6:30 a.m. - 4:00 p.m. NARIÑO El Charco. Antiguos Billares casa grande Piso 1 frente a la Umata Lunes a viernes de 8:00 a.m. - 12:00 a.m. y 2:00 p.m. - 6:00 p.m. Policarpa. Calle 6 con esquina de la calle 31 Martes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábado 7:00 a.m. a 1:00 p.m. NORTE DE SANTANDER Cúcuta. Calle 1 avenida 12 y 13 Ciudadela Juna Atalaya Lunes a viernes 7:00 a.m. - 3:00 p.m. Ocaña. Carrera 12 N 10 – 42 Palacio Municipal. Edificio de los Derechos Humanos Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. VALLE Buenaventura. Carrera 80 con calle 3 # 80-120 Barrio Matías Mulumba Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

• CARTILLA # 1

• CARTILLA # 2

EL PAPEL DE LOS LOS ACUERDOS DE PAZ: GOBERNANTES LOCALES EN DE LA HABANA A LOS LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIOS EN LOS TERRITORIOS Las cualidades de un buen mandatario local La importancia de participar Mi región frente al posconflicto Cómo conseguir la plata Cómo estructurar buenos proyectos Mis aliados en el territorio Las empresas, dispuestas a dar una mano Las alternativas para financiar el posconflicto

Reforma Rural Integral El plan para romper la brecha entre el campo y la ciudad El significado histórico del acuerdo sobre participación política Los jóvenes y la construcción de paz Un nuevo modelo de lucha contra la droga El sistema de justicia para la paz ¿Cómo operarán las zonas de normalización? ¿Cómo se hará la verificación del fin del conflicto?

• CARTILLA # 3

CONSTRUIR COMUNIDAD DESPUÉS DEL CONFLICTO Las formas de reparar La recuperación de la memoria El mapa de la reparación colectiva El reto de la restitución La atención diferencial que deben recibir algunas víctimas Prevenir para evitar más víctimas Los beneficios de la reintegración Un compromiso de todos para que lo ocurrido no se repita