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BOLETÍN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOBRE DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTO

Crónica Radio Infantil en Montes de María| Pág.5 Opinión El campo humanitario | Pág.10 Memoria Sin rastro de Kimy Pernía | Pág. 23 Marzo - Mayo 2004 / Nº 0

Nº 2 / Diciembre 2004 / ISSN 17943205

POBLACIÓN

CIVIL

Esperanzas y temores en

Ciudad Bolívar

Lo urgente y lo importante Vo l m a r

A n t o n i o

D E F E N S O R

Dos conceptos equívocos han impedido analizar el tema del conflicto armado en Bogotá en sus justas proporciones.

En ocasiones, cuando se advierte sobre la presencia de los grupos armados ilegales en la capital, se tiende a exagerar la situación y a mostrar las cosas como si una eventual toma de la ciudad o la disputa territorial de algunas partes de ella fueran inminentes.

En otros casos, se subestima lo que ocurre al punto de negar que en la capital se presentan manifestaciones del conflicto armado o, en ocasiones, se oyen afirmaciones de que Bogotá es un remanso de tranquilidad en medio de la confrontación que afecta al resto del país.

Ambas formas de ver el conflicto en la capital son tan exageradas como riesgosas.

Es justo reconocer que las estrategias de seguridad que se han adaptado en Bogotá en las últimas administraciones distritales, ligadas a importantes esfuerzos en materia de convivencia ciudadana e inversión social, han contribuido a mantener un relativo grado de tranquilidad en la ciudad.

También es cierto que, a diferencia de otras ciudades capitales, como Medellín,

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los grupos armados ilegales no han llegado a contar con la capacidad militar suficiente para dominar territorialmente sectores específicos de la ciudad.

Pese a ello no se puede desconocer que la capital de la República sigue siendo un lugar vulnerable a la acción de la guerrilla y las autodefensas.

Primero, porque cualquier hecho que se presenta en Bogotá adquiere mayor resonancia a nivel nacional, lo que hace innegable el interés de los grupos armados ilegales por mantener su presencia en la ciudad.

Igualmente, porque Bogotá es una importante fuente de recursos y provisiones para los grupos armados ilegales que operan en las regiones vecinas, de modo que su tránsito por corredores estratégicos, como el de Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá es permanente.

Resulta indiscutible que la situación de Bogotá está estrechamente vinculada a lo que ocurra con la confrontación en el resto del país. De ahí que la Alerta Temprana emitida en marzo pasado sobre la situación de diez barrios de Ciudad Bolívar, adquiere gran relevancia. Pero no para señalar a esta localidad de Bogotá

como un "polvorín" o como una eventual amenaza para el resto de la ciudad, sino porque la población civil que habita en sector está siendo gravemente afectada por la acción de los grupos armados ilegales. El hecho de que 64 jóvenes fueran asesinados en tres meses pone en evidencia el conflicto que se vive y que reclama una atención más decidida del Estado y la sociedad.

Seis meses después de emitida la alerta, el fortalecimiento de la seguridad y el aumento de la inversión social han servido para enfrentar en parte esta delicada situación; pero, cuando se piensa que esta localidad, que presenta los niveles más altos de pobreza en la capital, recibe el 25 por ciento de los desplazados que llegan a la ciudad, se concluye que el riesgo social que a largo plazo enfrenta la zona es mucho mayor que el riesgo de seguridad.

En la eterna disyuntiva entre lo urgente y lo importante, no podemos permitir que lo urgente, evitar que se presenten atentados o asesinatos selectivos en la capital, nos impida pensar en lo importante: adoptar soluciones de fondo para enfrentar la crisis social que enfrentan amplios sectores de la ciudad.

[ Contenido ] Si hay derecho / No hay derecho 1 El riesgo de ser joven en Ciudad Bolívar Consulte el contenido de esta revista en: www.defensoria.org.co Envíe sus inquietudes, sugerencias y comentarios a: poblacioncivil@defensoria.org.co Esta publicación fue financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, a través de Management Sciences For Development, en el marco del Programa de Derechos Humanos.

Las manifestaciones expresadas en esta publicación no representan la opinión de USAID o MSD.

Los niños reporteros de Montes de María

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Sin rastro de Kimy Pernía

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El campo humanitario

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DEFENSOR DEL PUEBLO Volmar Pérez Ortiz. DIRECCIÓN Martha Lucia Díaz Rivera, Delegada de Comunicaciones. EDICIÓN Y COORDINACIÓN Luis Carlos Gómez Díaz. INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN Carlos Andrés Arias Orjuela y Luis Carlos Gómez Díaz. FOTOGRAFÍA Jairo Higuera, Fundación Colombia Multicolor y Oficina de Prensa – Alcaldía de Bogotá. IMPRESIÓN Panamericana S.A. COLABORAN EN ESTE NÚMERO Carlos Vicente de Roux, Olga Ruiz y Mauricio Beltrán.

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SÍ hay derecho NO hay derecho Memorias en el cuerpo Edilson, de 17 años, era miembro de una pandilla en Cali. Una noche cayó en manos de una banda rival. Le dispararon en la espalda y en la cabeza. Cuando llegó al hospital, los médicos no se atrevían a operar y le dijeron que jamás volvería a caminar.

Dos años después, este joven, uno de los pacientes del Programa de Rehabilitación Integral y Prevención de la Violencia Urbana de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el distrito de Aguablanca, camina de nuevo por sus propios medios.

"El muchacho que me disparó es de una banda que trabaja en el barrio donde yo robaba. Uno roba en un barrio vecino, nosotros allá y ellos acá.

Uno trata de hacer respetar su barrio, es como todo, ¿no?", explica Edilson. Sus enemigos lo rodearon y lo amenazaron con una pistola y un ‘chupasangre’ (una especie de punzón hechizo). "Yo oía que decían: ¡Mátalo! ¡Acábalo! Oí el disparo pero luego todo se volvió negro", recuerda.

En Colombia, la violencia urbana es la primera causa de muerte en hombres entre 14 y 44 años. En Cali, la tercera ciudad del país, sólo en los primeros seis meses de 2004, se registraron 1.225 asesinatos por este motivo, sin incluir las

Fotos: Patricia Rincón

14 y 25 años. Todos muertes estrictamente presentan heridas por relacionadas con el Edinson Hernan arma blanca o de fuego conflicto armado.

Madronero, Como Edilson, desde de 20 años, sufrió y en muchos casos han trauma en sido heridos más de 1998, unos 2.700 pa- un la columna por una vez. El 18% precientes de las comunas una puñalada senta una discapacidad 13, 14 y 15 de Cali re- y un trauma cibieron gratuitamente craneoencefálico permanente como cona causa de secuencia de su herida: atención integral en fi- un golpe. paraplejia o cuadraplesioterapia, psicología, jia", afirmó Justine enfermería, transporte Simmons, coordinadora del y servicios sociales en las instaCentro. laciones del centro de Rehabilitación de Aguablanca.

"Esta situación inédita debería ser tenida en cuenta por las "La mayoría de las personas autoridades. Si el índice de que llegan son hombres entre

heridos por violencia urbana continúa en la misma progresión que hemos visto en los últimos seis años de trabajo en Cali, la ciudad podría convertirse en uno de los lugares del mundo con mayor tasa de discapacitados", agregó.

Durante los últimos seis años, se realizaron 34.000 consultas a víctimas de la violencia urbana y a sus familiares. "Este modelo de intervención demuestra que el sector salud tiene un papel esencial en la reducción de los efectos sociales, físicos y psicológicos de la violencia en las ciudades", declaró Antonio da Silva, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Colombia.

Médicos Sin Fronteras trabaja en Colombia desde 1985 brindando asistencia médica a la población afectada por el conflicto armado, víctima de epidemias o catástrofes naturales.

El centro de rehabilitación de Aguablanca nació con el objetivo de dar una atención integral a las personas heridas en hechos de violencia urbana. A menudo los pacientes se quejaban de la forma en que eran tratados en los centros de urgencias. La estigmatización, la poca empatía, la escasa formación a los pacientes para cuidar sus propias lesiones y la falta de seguimiento a los heridos eran algunas de las fallas que se presentaban en la atención hospitalaria.

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El compromiso para ofrecer atención independiente, neutral e imparcial a las víctimas de la violencia urbana, al margen de su pasado, tuvo consecuencias directas en el éxito del programa.

"De la calidad de la atención depende la recuperación física y psicológica del afectado", explicó Juan Carlos Torres, uno de los sicólogos del centro de Aguablanca. A lo cual agregó el fisioterapeuta Roger Micolta: "conocemos las limitaciones que puede implicar una lesión pero no las capacidades individuales de nuestros pacientes".

Una gran mayoría de los beneficiarios del centro de rehabilitación son miembros de bandas o pertenecen a oficinas de sicarios, pero también hay vecinos, transeúntes o niños, heridos por balas perdidas.

Como explicó Simmons "el principal logro de este proyecto fue lograr la confianza de una población tradicionalmente suspicaz e inconsistente, que consiguió adaptarse y comprometerse con tratamientos a largo plazo".

Stivenson, por ejemplo, llegó como paciente en febrero de 2003 y aún continúa vinculado al centro, pero ahora trabaja con el departamento de fisioterapia. "Iban a matar a un muchacho y él se escondió en mi casa.

Me dispararon en la pierna. Quedé muy mal, deprimido, mi pierna estaba rígida, pero todos aquí me ayudaron mucho", recuerda.

El joven obtuvo una beca Las fotografías de este reportaje forman parte de la exposición “Memorias en el cuerpo” organizada por Médicos Sin Fronteras.

para estudiar como auxiliar de fisioterapia y entró a hacer prácticas en el centro. "En mi familia, yo soy el único que ha estudiado. Es una experiencia muy linda. Yo les doy ánimo a los demás pacientes, ellos saben que yo también estuve herido y al verme sienten ánimo de salir adelante".

En el centro se encontraban a veces enemigos mortales, pero en el recinto nunca se registraron peleas.

"Si se encuentran dos enemigos, el personal Brayan les ayuda a encontrar Perez, de 10 años, tiene sus propias soluciones un trauma en la en lugar de decirles lo columna que tienen que hacer. provocado por un que le Esta estrategia siempre disparo, propinó otro niño ha resultado eficaz. Los de su misma edad.

jóvenes piden que se les cambie de horario para evitar ver a sus rivales o negocian una "zona neutral" en las instalaciones del centro. Siempre se ha entendido la lógica de nuestra política de no llevar armas", declaró Simmons.

Durante los últimos meses del 2004, los 18 miembros y los 35 voluntarios de Médicos Sin Fronteras en Cali han estado despidiéndose de lo que fue su centro de rehabilitación en el Distrito de Aguablanca. Muchos trabajaron en el centro desde su creación en 1998, pero el programa, con el propósito de institucionalizar el proyecto, se va a traspasar a una estructura hospitalaria dependiente del municipio de Cali. En los próximos meses, los nuevos heridos ya no serán atendidos en el centro de Aguablanca sino que irán al Hospital Marroquín Cauquita, en el mismo sector.

Con el fin de contribuir a que se mantenga la misma calidad en la atención integral, Médicos Sin Fronteras pasó los últimos cuatro meses formando médicos y enfermeras del hospital.

"Creemos que nuestra experiencia ayudará al municipio de Cali a que un mayor número de pacientes acceda al mismo tipo de atención que dio MSF durante los últimos seis años. Este modelo es totalmente aplicable en las estructuras de salud de otros países en los que la violencia urbana también es un problema de salud pública", explicó el coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Colombia.

Olga Ruiz / Jefe de información para América Latina de Médicos Sin Fronteras.

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Historia de un capturado La siguiente nota fue escrita con base en una queja recibida por la Defensoría del Pueblo, a raíz de una operación de capturas masivas realizada en Tolima.

El 18 de marzo de este año, pasada la medianoche, trescientos hombres de la Policía y la Fiscalía llegaron a la población de Chaparral, Tolima, y sacaron de sus casas a 32 habitantes de la localidad. Entre los capturados estaban el dueño de una droguería, una vendedora de tinto y varias personas de avanzada edad.

Las pruebas para la acusación eran fotos de los detenidos saliendo o entrando a veredas vecinas en donde tenían negocios o comprando víveres en algún almacén, además de los testimonios de dos informantes, que después terminaron contradiciéndose.

Uno de los detenidos era Fernando Riaño*, un comerciante de la región, dueño de una planta productora de agua embotellada. Los policías llegaron a su casa a las tres de la mañana. Rompieron las guardas de las puertas y entraron gritando.

Despertaron a sus dos hijos de siete y un año. Ante la mirada de su familia, revolcaron la ropa, tiraron los muebles y destruyeron las camas en busca de pruebas.

A Riaño y a los demás capturados los montaron en un camión y los llevaron a Ibagué.

La esposa de Riaño intentó averiguar por su suerte, pero no tuvo éxito. Sólo supo de él a la mañana siguiente por un ar-

tículo publicado en el periódico El Nuevo Día, en el que se reseñaba su captura.

Ese mismo día, se escucharon las protestas del Alcalde, del Gobernador, de ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, que es oriundo de ese pueblo, y se desplazaron cerca de 30 buses desde Chaparral a la ciudad de Ibagué para exigir la liberación inmediata de los capturados.

Durante su permanencia en la cárcel, Riaño bajó siete kilos.

Su esposa tuvo que hacer una colecta entre sus familiares para contratar un abogado. Le tocó vender algunos electrodomésticos, vivir ‘al fiado’, pero sobre todo, soportar los comentarios de unos cuantos que creían que si se los habían llevado "por algo sería".

Finalmente, 20 días después, un periódico local anunció que sólo a la mitad de las personas capturadas se les iban a formular cargos, lo cual tampoco significa que sean culpables.

A Riaño no le formularon cargos y quedó en libertad un par de días después. Sin embargo, comenzó a recibir amenazas contra su vida, supuestamente por ser colaborador de la guerrilla, y tuvo que vender su negocio por lo que le dieron.

Se trasladó a Bogotá, pero no consiguió trabajo porque no tenía experiencia como empleado. Hace poco, a pesar del riesgo que corre, regresó de nuevo a Chaparral, en donde maneja un taxi gracias a la ayuda que recibió de unos amigos. *El nombre ha sido cambiado por razones de seguridad.

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Acompañamiento a 70.000 indígenas Reclutamiento forzado de jóvenes, confinamiento, bloqueos de alimentos, medicinas y combustible, restricciones al ingreso de brigadas de salud, pillaje y saqueo de bienes, violación de sitios sagrados, atentados contra la vida y tratos crueles e inhumanos son algunas de las infracciones al derecho internacional humanitario más frecuentes que denunciaron los miembros de 23 comunidades indígenas de Arauca, Caquetá, Casanare, Putumayo y Tolima, que la Defensoría del Pueblo visitó durante el último año y medio.

En una audiencia defensorial, la entidad presentó los resultados de un programa de acompañamiento a las comunidades indígenas que, con el apoyo del Gobierno de Canadá, adelantó en estos departamentos, en donde viven más de 70.000 indígenas.

El programa se realizó a través de cuatro visitas a cada uno de los cinco departamentos, en donde están asentadas 23 de las 84 comunidades indígenas que existen en el país: inga, kamentza, Cofan, awa, murui-muinane, guahibo, pijao, coyaima, hitnu, uwa, sáliba, quichua, cuiba, sicuani, siona, pasto, koreguaje, embera, amorua, nasa, uitoto, tucano y piratapuyo.

En las visitas se pudo constatar que la presencia de los grupos armados al margen de la ley en los territorios ha puesto en alto riesgo a las comunidades indígenas.

En general, los pueblos indígenas visitados presentan serios problemas para el ejercicio de los derechos fundamentales, colectivos e integrales como el territorio, la autonomía, la identidad cultural, la jurisdicción propia, la etnoeducación y la salud, en buena medida, como consecuencia del conflicto armado.

Preocupa en especial la situación de los indígenas Chiripo, Yaruro o Yamalero y Wipiwe, del departamento de Casanare, que se encuentran en proceso de extinción.

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, señaló que Colombia es uno de los países líde-

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res del mundo por el reconocimiento de los derechos fundamentales de los indígenas, pero es paradójicamente en donde la situación real de las comunidades es más crítica debido a la débil presencia del Estado en sus territorios, a la falta de políticas públicas adecuadas y coherentes y a la presencia de actores armados ilegales en conflicto.

"No permitir la extinción de un pueblo indígena, ni la muerte de un indígena, es el mayor reto y nuestra más grande responsabilidad", señaló el Defensor del Pueblo durante la audiencia defensorial.

Del Cauca a Malasia "Kuala Lumpur está muy lejos y un indio no viaja solo", le dijo Ezequiel Vitonás al delegado de las Naciones Unidas que le informó que el Proyecto Nasa, que adelanta desde hace más de 20 años la comunidad paéz del Cauca, había sido escogido como una de las 16 experiencias de conservación del trópico más importantes del mundo.

Esa fue la justificación para que Nelson Lemus lo acompañara en el viaje aéreo de casi 48 horas hasta la capital de Malasia, en donde debían recibir el premio. Allí, los dos indígenas se encontraron con los otros 15 finalistas de un concurso en el que se presentaron más de 600 experiencias de comunidades que habían asumido la defensa del trópico, la zona más biodiversa del mundo.

El proyecto Nasa mostró al mundo sus logros. Las quebra-

Fotos: Cortesía Fundación Colombia Multicolor

das, lagunas y páramos que Cuando se definieron los gacuidan ayudados por sus mitos nadores, los paeces estaban eny su tradición. Los cambios en cabezando la lista. Su trabajo el uso de la tierra que ha privi- era el mayor aporte de la socielegiado la agricultura orgánica dad civil al cuidado del trópico por sobre la ganadería y la ex- en el planeta tierra. Ezequiel y Nelson le dijeron a los organiplotación agroquímica.

Las industrias de lácteos, tru- zadores del premio: "ese triunchas, pollos, jugos con que ali- fo no es nuestro, de dos personas, es el trabajo de tomentan a un pueblo do un pueblo, así que que hace apenas dos La madre de década sufría desnutri- Álvaro Ulcué, por favor entrégueselo a ellos en Colombia" ción y una alta taza de el sacerdote nasa asesinado Por eso, en julio pasamortalidad infantil, 1984, recibió do, más de 2 mil nasas, que hoy está muy por en el reconocimiento o paeces, se aglomeradebajo del promedio en nombre de su pueblo. ron en Toribío para renacional.

cibir de manos del delegado del PNUD para Colombia, Alfredo Witchi-Cestari, la escultura y el diploma que hace constar ante el mundo que ellos son protectores de nuestra tierra.

El reconocimiento lo recibió, en nombre de su pueblo, la madre de Álvaro Ulcué, el sacerdote que lideró el movimiento nasa en los setenta, asesinado en 1984.

"Nada de lo que hemos logrado ha sido fácil – dice un dirigente nasa. Recuperamos la tierra pero derramamos mucha sangre por ello. Conseguimos escuela para todos los niños y salud para toda la gente, pero los grupos armados ilegales nos siguen asesinando. Logramos consolidar nuestro gobierno propio y también elegir a nuestros alcaldes y concejales de manera comunitaria pero el Estado muchas veces no respeta nuestra autonomía y trae las armas como único argumento".

Mauricio Beltrán / Director de la Fundación Colombia Multicolor

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Los niños reporteros de Montes de María CERCA DE DOSCIENTOS JÓVENES LLEVAN TODOS LOS DÍAS INFORMACIÓN A LOS HABITANTES DEL SUR DE BOLÍVAR. ESTA EXPERIENCIA FUE LA GANADORA DEL PREMIO NACIONAL DE PAZ DEL AÑO 2003.

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n una cocina de leño de una pequeña casa de bahareque, una mujer le enseña a una niña de doce años la receta para preparar una arepa de huevo.

En unas calles humildes de casas prefabricadas, un grupo de vecinos "dramatiza" la forma en la que entre todos construyeron el barrio. Parado en la arena de una gallera, un criador de gallos muestra cómo es el oficio del que ha vivido, generación tras generación, toda su familia.

Así son los programas de televisión que ven los habitantes de El Carmen de Bolívar, una población inmortalizada por las canciones de Lucho Bermúdez, pero que en los últimos años ha sido más recordada

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6 por el conflicto armado, por el desplazamiento y por ser la mayor población de la antigua zona de rehabilitación de Sucre y el Sur de Bolívar.

En este municipio de unos 120.000 habitantes, funciona un canal de televisión comunitaria, varias estaciones de radio escolar y una productora de radio que son operados, en su gran mayoría, por niños y jóvenes entre los 7 y los 20 años de edad.

Son ellos quienes presentan los programas, manejan las cámaras, las luces y el sonido, hacen la investigación, escriben los guiones y supervisan la edición. Todo bajo la dirección de un grupo de coordinadores y de Soraya Bayuelo y Beatriz Ochoa, las madres de este proyecto, el Colectivo de Comunicaciones Línea 21 de los Montes de María, que el año pasado fue galardonado con el Premio Nacional de Paz.

Ana María Guzmán tenía nueve años cuando entró al colectivo. El 24 de diciembre de 1999 llevó un dibujo suyo a participar en un concurso de aguinaldos organizado por el canal comunitario y justo un año después debutaba como presentadora del mismo programa en el que había ganado el concurso.

"Tenía mucho susto. Todo me temblaba y mis rodillas parecía que sonaran", recuerda Ana María, una joven trigueña, de 1,55 metros de estatura y una expresiva sonrisa de dientes blancos.

"Antes de entrar al aire sentía que el corazón se me iba a salir y que iban a sonar los latidos por el micrófono.

Además no me aguantaba la risa, pero al final los ensayos que había estado haciendo toda la semana sirvieron y todo salió bien".

Ana María se vinculó al colectivo porque siempre le había interesado la comunicación, hablar en público y escribir. Después de que conoció el canal, gracias al concurso de aguinaldos, llevó una carta firmada por su madre que la autorizaba a participar y empezó a ir todos los domingos, en las vacaciones y durante su tiempo libre.

Ana María Guzmán tenía nueve años cuando entró al colectivo. Un año después ya estaba debutando como presentadora de un programa de televisión.

Allí le enseñaron a hacer efectos de sonido, escribir guiones, hacer entrevistas y finalmente a presentar. "Todos los días he aprendido algo distinto, desde cómo conectar la cámara y llevar los cables a una grabación fuera del estudio, hasta cómo escribir una historia para radio y televisión".

En los últimos cuatro años, ha hecho programas de cocina, medio ambiente, música y cultura, así como informes sobre los problemas que afectan a su región como el desplazamiento, las deficiencias en los servicios públicos y el maltrato intrafamiliar. Ahora es monitora de un grupo de jóvenes quienes, en algunos casos, son mayores que ella.

Ella, sin embargo, no se ve a sí mis-

ma como una profesora. "Eso no es ser profesor, porque no es dictar clases como en el colegio. Uno simplemente les cuenta cómo se hace todo y les dice cómo es que aprendió".

"Todo comenzó en 1994, en la Casa de la Cultura de El Carmen de Bolívar, en un taller de periodismo para el desarrollo comunitario que dictaba el Sena, con un periodista cartagenero que se llama Alfredo Atencio Babilonia", recuerda Soraya Bayuelo, una de las fundadoras del colectivo.

"Al profesor lo convencimos de que viniera porque en la Casa de la Cultura no había sino teatreros y nadie hacía periodismo. Él trajo las cartillas del Sena, hicimos el curso, pero después se fue, porque el curso era para

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"Son redes en las que nosotros sembramos la semilla, pero la gente después sigue solita. Lo ideal es que la gente siga autónomamente sus cuentos y que no deje caer los procesos. Uno lo que hace es reforzarlos", dice Soraya.

periodistas veteranos y empíricos de la ciudad y no para los pueblos".

"Finalmente, me regaló las cartillas y nosotros seguimos de monitores.

Eran 26 personas inicialmente, entre profesores, maestros, líderes comunitarios, sobre todo jóvenes estudiantes de bachillerato de los colegios".

El grupo se fue ampliando, pero se presentaron a concurso para obtener la licencia de la emisora comunitaria y perdieron (solo se autoriza una por municipio), de modo que la mayoría se decepcionó y se dispersó.

"Unos se fueron a estudiar y otros persistimos haciendo programas en la radio local", agrega Soraya. "Después yo también me fui para Cartagena. Allá trabajé en una empresa privada, en la que me pagaban más de lo que gano ahora. Pero eso no me llenaba la vida".

En 1997, Soraya y Beatriz regresaron a El Carmen de Bolívar y decidieron darle una nueva oportunidad al colectivo. "Invitamos a nueva gente y ahí fue donde usamos la estrategia de abrir un curso de periodismo.

Anunciamos por la radio que po-

dían venir todos los jóvenes que quisieran y que tuvieran las ganas de hacer periodismo. Las clases eran gratis. Lo que queríamos era formar un grupo de jóvenes. Ahí llegaron como 30 pelados y todavía hay algunos que trabajan con nosotros", dice Soraya.

En cambio, la participación de los niños en el proyecto se dio prácticamente por casualidad.

"Había una profesora, Modesta Muñoz, que tenía cuatro niñas pequeñas que venían a buscarla y se fueron quedando. Yolanda Sofía Donado, Sofi, fue la primera niña que llegó al colectivo, detrás de la mamá", recuerda Soraya. Dos niños más, que eran hijos de otra maestra del colectivo, también se vincularon.

Por esa época, se hizo un encuentro de radios comunitarias en Bogotá y el colectivo se presentó con ocho jóvenes y los tres niños que se habían vinculado al proyecto.

"En ese encuentro, los niños se toparon con Lorena Cantillo que trabajaba con el Programa de Comunicación Infantil del ICBF, PCIN. De esa feliz coincidencia, surgió la idea

de trabajar con chicos y de ahí nació el colectivo infantil".

Se hizo una convocatoria, se invitó por la emisora y los tres niños avisaron en sus colegios que quienes quisieran, podían inscribirse. En ese momento, ingresaron unos 35 niños al proyecto.

"Lastimosamente, el PCIN se acabó, pero nos acompañó en los momentos más duros del conflicto armado. Aquí venían a dictarnos los talleres, por carreteras solitarias a causa de los paros armados".

Hoy en día, el colectivo es, como lo reconoce Soraya, "un monstruo". Además del canal de televisión, coordina, entre muchas otras cosas, un centro de producción radial que realiza programas para las estaciones de radio comunitarias de la zona y algunas de tipo comercial; la red de emisoras escolares que funciona en 18 colegios de 8 municipios y el cine club itinerante "la rosa púrpura del Cairo" que recorre toda la región de los Montes de María, proyectando al aire libre los cortometrajes y documentales producidos por los mismos miembros del equipo.

Además del canal de televisión, el Colectivo coordina, entre otros, un centro de producción radial, una red de emisoras escolares y un cine club itinerante.

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8 Todo el proyecto sigue funcionando en la casa de Beatriz. En un lado está el estudio de radio, la sala de edición de televisión, los casilleros de los integrantes del grupo y las oficinas del colectivo y, atravesando una puerta, existe una cocina grande, un patio en el que están sembrados varios árboles de mango (que hace un ruido ensordecedor al caer sobre el techo de zinc) y la sala, en donde sobre un escritorio está la primera máquina de escribir que tuvieron, regalada por un sacerdote de El Carmen.

El colectivo tiene una estructura compleja: 16 niños son coordinadores; 15 hacen parte del colectivo infantil; 35, del colectivo juvenil; unos 28 integran el colectivo barrial que funciona en el sector de Rabo Largo; otros 25, el del barrio El Páramo; 22 trabajan en la emisora escolar del barrio Buenos Aires; 15 en el colectivo de Los Mangos, y cerca de 40 en el barrio El Vergel. Actualmente, hay unos 200 niños en el colectivo y en toda su historia han pasado más de 3.500.

Además, el colectivo no trabaja solo con niños. En el barrio El Vergel, por ejemplo, la zona a donde llegan la mayoría de desplazados de la zona rural de El Carmen de Bolívar, se realiza desde hace dos años un magazín que se llama Mujeres en Acción, producido por las mujeres de la zona.

"Cuando hicimos ese programa nos dimos cuenta de que la mayoría no sabía leer ni escribir. Entonces tuvimos que acudir a la oralidad para poder hacer el programa. Ellas se aprendían de memoria los textos. Pero para poder seguir tuvimos que impulsar un programa de alfabetización", dice.

En el programa de alfabetización actualmente estudian 27 mujeres, pero también 4 hombres.

"Son redes en las que nosotros sembramos la semilla, pero la gente después sigue solita. Lo ideal es que la gente siga autónomamente sus cuentos y que no deje caer los procesos.

Uno lo que hace es reforzarlos", dice Soraya.

Después de su paso por el colectivo, Ana María sueña con ser

"Nosotros le hemos aportado un nuevo imaginario a El Carmen: a soñar en medio de la desesperanza", dice Soraya Bayuelo. En los últimos años La región de Montes de María ha sido gravemente afectada por el conflicto armado.

presentadora de televisión, mientras su hermano, de 7 años, ya está siguiendo sus pasos. De hecho, no es la única joven del proyecto que se ha interesado por la comunicación.

Una estudia cine y televisión en la Universidad Nacional de Bogotá y cuatro más trabajan en Telecaribe, aunque cada vez que tienen vacaciones regresan a El Carmen, a colaborar en lo que puedan.

Soraya, sin embargo, asegura que la intención del colectivo no es formar comunicadores. "La comunicación es un pretexto. Lo que real-

mente necesitamos es que sean mejores seres humanos y que esos líderes que ellos llevan ahí se despierten, que puedan ser los alcaldes del mañana, que puedan ser los que por fin le den el acueducto a El Carmen de Bolívar".

En una región gravemente afectada por el conflicto armado y un municipio que en los últimos años ha sido víctima de varios ataques al centro de su cabecera municipal, que está afectado por diarios cortes de luz, que tiene altos índices de desempleo y carece de agua po-

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[ Los Montes de María ] Este territorio, ubicado entre los departamentos de Bolívar y Sucre, está conformado por quince municipios, siete de los cuales corresponden a la jurisdicción de Bolívar: El Carmen de Bolívar, María La Baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, Zambrano y El Guamo.

Los municipios de la región correspondientes al departamento de Sucre son: Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Toluviejo, Los Palmitos, San Onofre y San Antonio de Palmitos.

La extensión de la región de los Montes de María se estima en 6.317 km2, de los cuales 3.798 km2 pertenecen a Bolívar (60,12% del total) y 2.519 km2 corresponden a la jurisdicción de Sucre (39,88%). Su población total se calcula en 330.889 habitantes, 241.675 en la jurisdicción de Bolívar (73.04% del total) y 89.214 en la de Sucre(26,96%).

Fotos: Cortesía Colectivo de Comunicaciones Línea 21

table y alcantarillado, ¿a qué puede aspirar un proyecto cuyas únicas armas son las palabras, las imágenes y la comunicación?

Soraya responde: "Nosotros le hemos aportado un nuevo imaginario a El Carmen. A soñar en medio de la desesperanza. Esa es una filosofía que se nota aquí en este colectivo. Nosotros no pretendemos que se cambie todo ni que se acabe el conflicto, pero por lo menos somos un montón bien grande que no le apuesta a eso. Ya eso es una ganancia".

Los Montes de María es una región estratégica no solo para los departamentos de Bolívar y Sucre, sino también para la región Caribe colombiana, por su localización geográfica, ubicada entre los centros económicos de Valledupar - Bucaramanga (al oriente) y el mar Caribe (al occidente), y entre el corredor urbano regional de Cartagena - Barranquilla Santa Marta (al norte) y la carretera transversal de la Depresión Momposina, que comunica a Sucre, Córdoba y Antioquia con el Magdalena y el Cesar (al sur).

Históricamente, los Montes de María ha sido una región con vocación agropecuaria y agroindustrial. Su cultura y tradiciones se han generado alrededor de los cultivos de tabaco, maíz, yuca, ñame, la cría y levante ganado de doble propósito y la pesca artesanal, actividades en las cuales su población tiene una ancestral experiencia.

En la región de los Montes de María existe una fuerte presencia de grupos guerrilleros y de autodefensas, lo que compromete de manera seria la seguridad de sus habitantes, quienes son las principales víctimas de las infracciones al derecho internacional humanitario, cometidas por estos grupos armados.

Son innumerables los atentados contra la población civil: asesinatos selectivos, masacres, desapariciones y desplazamientos forzados. La violencia que generan estos grupos no sólo pone en riesgo permanente la vida e integridad de sus habitantes, sino, que, también ha contribuido al empobrecimiento de la región.

En efecto, la inseguridad impide crear condiciones adecuadas para la inversión pública o privada y elimina de paso la posibilidad de impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo.

En algunos lugares los grupos armados al margen de la ley han llegado a ocupar el espacio institucional que no ocupa el Estado. Su poderío militar les permite mantener el control sobre las relaciones públicas y privadas de los pobladores.

Llegan a establecer procedimientos de "justicia revolucionaria o contrainsurgente" para resolver las diferencias que surgen entre los habitantes de las zonas que controlan y, dependiendo de la fortaleza de su presencia en las localidades, intimidan a las autoridades para disponer sobre el destino de los recursos del erario.

Su capacidad de acción no se limita a las zonas rurales, sino que alcanza los cascos urbanos, en donde de manera abierta actúan en operaciones de vigilancia, portando uniformes militares.

Tomado del Informe final de actividades del Proyecto de Apoyo Defensorial a las Zonas de Rehabilitación, Defensoría del Pueblo, 2004.

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[ Opinión ]

El campo humanitario Con el propósito de excluir a la Población Civil de los efectos del conflicto armado, múltiples iniciativas y gestiones de paz se emprenden de manera permanente con los grupos armados irregulares. El concejal de Bogotá y ex asesor de Derechos Humanos de la Fundación Social, analiza las dificultades y complejidades de esa labor.

P o r

C a r l o s

Vi c e n t e

d e

R o u x

CONCEJAL DE BOGOTÁ

Todos los días, en medio de este conflicto armado, la gente busca sus propios caminos para obtener pequeñas esferas de protección. En muchos rincones de nuestro país se producen contactos y aproximaciones entre autoridades locales o representantes de la sociedad civil y grupos armados irregulares, bien sea guerrilla o autodefensas. Estas aproximaciones - que no obedecen a un plan, nadie se sienta y las define – tienen un efecto de amparo, para que cesen las agresiones contra el derecho a la vida, la integridad y la libertad de las personas.

Más aún, podría decirse que hay millares de personas en Colombia que sólo pueden sobrevivir como consecuencia de acuerdos con los grupos armados irregulares, ya sea de manera directa, o como beneficiarios de las conversaciones que sostienen otros miembros de su comunidad (autoridades departamentales y regionales, organizaciones sindicales, agrarias, o gremiales).

Estas conversaciones o aproximaciones pueden dividirse en dos:

1.

Las que conducen al sometimiento de la población por los actores armados irregulares: tienen como efecto una ciudadanía restringida. La persona sobrevive y puede conservar su terreno, sus bienes y no ser desplazada si acepta la autoridad del actor armado, que le impone diversas condiciones, como no tener contactos con el adversario armado; no hacer propaganda política, ni militar en partidos políticos u organizar asociaciones; e incluso, aceptar condiciones disciplinarias específicas, como la forma de vestirse, las horas de guarecerse en sus casas y los sitios por los que debe circular.

2.

Las que permiten la protección de la población en condiciones de dignidad: la persona puede seguir siendo ciudadana colombiana, mantener una relación con las autoridades y ampararse bajo la Constitución Política y el Estado social de derecho.

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No pretendo criticar a la gente que hace parte del primer tipo de aproximaciones. Quizá desde las grandes capitales sea muy fácil criticarlos, ¿por qué conversar sometiéndose? Pero cuando se trata de campesinos, de pequeñas comunidades cuyo primer deber es sobrevivir y responder por su familia, la cosa es a otro precio. Sin embargo, sí es importante marcar el contraste con las otras conversaciones, que permiten resguardar los derechos dentro de un cierto marco de autonomía y dignidad.

Esos diálogos con grupos armados irregulares tienen una debilidad muy grande: su estatus y naturaleza política equívocos. Están en el límite de la ilegalidad, en el límite del Código Penal, y concretamente, muy cerca de quedar enmarcados en el delito de encubrimiento.

Todo ciudadano que sepa dónde, cómo y/o quién está cometiendo un delito, debe denunciarlo. Entonces, si un líder de una junta de acción comunal de cualquier vereda de este país donde se encuentra un actor de las autodefensas o de un grupo guerrillero conversa con éste, lo mínimo que tendría que hacer es salir a contarle a la Fiscalía donde están esos señores. Por supuesto, quien lo hace se juega la vida.

Tenemos además otro fenómeno que ya no remite al orden local. Se trata de la presión que ejercen los actores políticos, la sociedad y los medios de comunicación sobre los grupos armados irregulares para que en términos coloquiales ‘se porten bien’: para que respeten el Derecho Internacional Humanitario - DIH - respeten a la población, no maten, no secuestren, no torturen, no desplacen, no desaparezcan. Esta presión tiene muchos emisores, como las iglesias católicas y cristianas, las organizaciones juve-

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armado que no puede conculcar niles y campesinas, los sindicatos y sus derechos fundamentales. Es degremios internacionales de derecir, en el fondo le apuestan a la cachos humanos; espectadores, pupacidad de los grupos armados blicistas, comentaristas, partidos irregulares de determinarse con políticos, gobiernos de naciones arreglo a valores humanitarios. amigas.

De inmediato se esgrime el arguEste complejo entorno permite mento para refutar esta posición: si proponer una definición de ‘campo los guerrilleros y las autodefensas – humanitario’: es el conjunto de inique están metidos en la guerra y ciativas, gestiones y logros que se generan tales niveles de violencia y dan en el marco del conflicto ardestrucción – asumen compromimado, ya sea como resultado de las sos humanitarios, lo hacen únicaaproximaciones y diálogos que tiemente por cálculos polínen las autoridades locaticos o militares. Sí, es les o voceros de la sociecierto, pero todas las dad civil en contextos Hay millares de motivaciones humanas locales o regionales espeson esencialmente comcíficos, o como resultapersonas en plejas, operamos por vado de presiones de orColombia que lores y principios, somos den nacional o general a una mezcla de valores e favor de la humanizasobreviven como intereses. En algunos la ción del conflicto y de la consecuencia de mezquindad del cálculo aplicación del DIH, pay los intereses son giganra la protección de la viacuerdos con los tescos y sus principios a da, integridad, dignidad, grupos armados duras penas existen. En libertad y bienes de las otros, al revés: los valores personas. irregulares, de como elementos de moLa denominación ‘cammanera directa, o tivación son muy granpo humanitario’ puede como beneficiarios des y los intereses en no ser la mejor. Confunmuy pequeños. de por ser una expresión de conversaciones cambio, La mayoría estamos en que sirve para demasiaque sostienen la mitad, nadamos un dos tipos de fenómenos, poco en la mediocridad, como por ejemplo para otros miembros combinamos valores y las operaciones o interde su comunidad. principios. Lo caracterísvenciones humanitarias tico del campo humanide organismos como el tario es que juega con Comité Internacional eso, con esa amplia londe la Cruz Roja, o para gitud de onda que existe en la áreas físicas específicas ("se construmente o en el alma del actor armayó allí un campo humanitario, una do, para decirle: "sí, usted tiene que zona para refugiados"). respetar unos valores humanitaDefinido de una u otra forma, este rios". campo es un universo más amplio De seguro que si ese guerrillero o de lo que se cree y que se identifica paramilitar concurre a una gestión porque está inspirada en valores humanitaria y la acepta, tiene mohumanitarios. Quienes se mueven tivaciones complejas, cálculos e ina favor de esta construcción lo hatereses. No estamos negociando cen para salvar sus vidas, sus bienes con la madre Teresa de Calcuta, si y los de quienes los rodean. Basaasí fuera, ya tendríamos la partida dos en estos valores le dicen al actor

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ganada. Estamos en Colombia, inmersos en un conflicto donde encaramos actores muy trajinados, por decir lo menos. Lo interesante – como dije al comienzo – es que con ellos hay conversaciones todos los días en Colombia.

Componentes y expresiones del campo humanitario Deben destacarse dos componentes del campo humanitario:

1.

Actos humanitarios: consiste en respetar los derechos humanos de las personas en situaciones concretas. Por ejemplo, la liberación de un secuestrado sin pagar rescate o autorizar un retorno voluntario de población desplazada por parte de un grupo armado irregular son actividades que tienen consecuencias sobre personas de carne y hueso.

2.

Compromisos humanitarios: pretenden crear reglas para el manejo de una sucesión de situaciones con proyección en el futuro. Cuando un actor armado irregular dice, "me comprometo a que en adelante no usaré más cilindros de gas" o "no masacraré en determinada zona o lugar", no se está tratando de un pacto que tiene lugar sobre personas determinadas sino de un tipo de evento cuya órbita de cobertura es abstracta.

No hay que despreciar los actos humanitarios. Por supuesto tienen más vida y fuerza los compromisos humanitarios, tienen más pretensiones, son más ambiciosos. Pero los actos humanitarios son también hitos que pueden ir construyendo un camino y sobre todo, salvan vidas, que es principalmente lo que importa.

En Colombia no hemos hecho el esfuerzo de inventariar la riqueza de las manifestaciones del campo humanitario. Estamos muy obse-

sionados con la guerra – lo que no está del todo mal – pero nos ha faltado fuerza y sensibilidad para estudiar esas expresiones que están al lado del conflicto, con el agravante de que como no las identificamos, no las podemos potenciar o conceptuar. Aquí quisiera destacar dos especialmente significativas: 1. Recuperación del ejercicio autónomo de la ciudadanía por comunidades de zonas en conflicto. Se han dado casos que parecen milagros:

• La vereda de Micoahumado, en

el municipio de Morales, sur de Bolívar. Zona de dominio tradicional del ELN, con población

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pero en general pudieron mantener durante muchos meses una restricción en el conflicto, incluso se volvieron receptores de población desplazada de otras regiones del sur de Bolívar.

• Están también las comunida-

des de paz de Apartadó en Urabá, las del norte de Chocó, que son otro fenómeno, ya que ellos se han declarado neutrales incluso ante la fuerza pública.

Los de Micoahumado plantearon la legitimidad del Estado, y pidieron su presencia en modalidad de gestión civil. Las comunidades de paz han tenido otro matiz, se definen como neutrales. Incluso exigen que

No estamos negociando con la madre Teresa de Calcuta. Si así fuera, ya tendríamos la partida ganada. Estamos en Colombia, inmersos en un conflicto donde encaramos actores muy trajinados, por decir lo menos. que vivía condiciones de ciudadanía restringida impuesta por este grupo. En algún momento ingresa un bloque paramilitar, con los consecuentes enfrentamientos entre estos dos actores armados, y queda la población en medio del conflicto. De repente, la comunidad decide plantárseles a todos los actores y decirles "respétennos y déjennos vivir bajo el marco del Estado social de derecho, no reconocemos otra autoridad que las autoridades legítimamente constituidas de nuestro país, queremos presencia estatal, pero por favor que no sea con énfasis en lo militar".

Y lograron – difícilmente por cierto – que ambos actores armados respetaran eso. Hoy hay una guarnición militar en el poblado,

no entre a su territorio la fuerza pública. Debe tenerse en cuenta que en esas zonas hay un historial de vínculos entre la fuerza pública y grupos de autodefensa, lo cual explica en cierta medida esas posiciones.

Si uno mira la otra cara de la moneda, para el Estado es difícil aceptar la figura de la neutralidad. En estas discusiones algunos hemos dicho que debemos entender que haya ciertas comunidades con una historia muy particular, con experiencias muy específicas que debemos respetar. Por supuesto, el Estado no puede admitir que ciudades como Cúcuta o Cali se declaren en neutralidad. El concepto de ciudadanía desde la Revolución Fran-

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cesa es un concepto militante según el cual hay que respaldar a las autoridades.

2. Otro tipo de experiencias humanitarias que hay que destacar son las de resistencia civil. Estas experiencias se producen en el contexto de ataques, donde la población se moviliza masivamente y logra en caliente frenar un ataque.

Las experiencias más interesantes de este tipo son las de las comunidades indígenas en el Departamento del Cauca. Como alcalde de Bogotá, Antanas Mockus trató de dar otro alcance interesante a la resistencia civil y ahora también Lucho Garzón recoge un poco eso.

Pero es diferente, ésta no es una movilización masiva en caliente, es

Militar: hay formas sencillas de producir impactos humanitarios en ciertos casos, en ciertas regiones y localidades. A veces el sólo hecho de retirar la fuerza pública, Policía y Ejército es suficiente para que inmediatamente mejoren los indicadores de violencia. Suena paradójico.

El Estado no puede recurrir al sistema de retirar la fuerza pública como forma de reducir la violencia, porque entonces vamos a tener la guerra en las ciudades, en las grandes capitales de departamentos. El objetivo del Estado es hacer presencia en todo el territorio, es decir, una presencia sometida al DIH y a los derechos humanos. Tiene entonces razón el gobierno cuando habla del impacto negativo que las

En Colombia no hemos hecho el esfuerzo de inventariar la riqueza de las manifestaciones del campo humanitario. Nos ha faltado fuerza y sensibilidad para estudiar esas expresiones. una invitación a la ciudadanía para que con actos manifieste su rechazo a la violencia y trate de incidir en los actores armados.

Costos de la construcción del campo humanitario Hay que ponderar las ventajas y desventajas de cada gestión humanitaria. Las gestiones humanitarias generan costos para el Estado y para la sociedad. No hay que ser tan iluso de pensar que es gratis, no.

Tampoco hay que ver sólo la parte buena – y por supuesto importantísima – de cada gestión humanitaria, que es preservar vidas, bienes, libertades.

Hay cuatro tipos de costos:

soluciones humanitarias inmediatas pueden tener en el plano militar.

Sin embargo, la tesis que muchos sostenemos es que siempre es posible obtener un resultado humanitario reduciendo al mínimo los costos militares. Siempre se puede encontrar una forma de combinar los dos órdenes de exigencias.

Hay un punto crucial en esto. Algunos de los que insisten mucho en los costos militares llaman la atención así: "si este país de verdad quiere forzar a los grupos armados irregulares a la rendición debe acorralarlos para efectos de una negociación de paz. Se necesita que haya mucha moral en las tropas". Esta moral es un punto muy sensible

para el Presidente de la República.

Si a esos militares y policías se les da un discurso sobre la humanización del conflicto entran en contradicción, porque en vez de enfocar su rechazo sobre esos grupos armados irregulares, lo que hacemos es darles un doble mensaje: "hay que dialogar con estos señores, hay que darles un tratamiento especial". Por ello el discurso sobre moral militar dice que por la unidad de la tropa no es bueno estimular el campo humanitario. Y el Presidente ha sido muy sensible respecto a esto.

Entonces el gobierno ha tendido a construir un discurso de deshumanización del adversario armado al presentarlo no como delincuente político sino como terrorista, asesino. Esto tiene un efecto espantoso en el campo humanitario, porque uno no conversa con un delincuente común, un terrorista o un asesino.

La hipótesis que muchos sostenemos es que las dos cosas no son incompatibles. El Estado puede seguir haciendo una gestión militar y policial sometida al DIH y a los derechos humanos. Lo que se necesita hacer es mostrarle a la fuerza pública la complejidad del problema, la complejidad del adversario que tiene al frente, que por supuesto viola la ley, infringe el DIH, y que por ello tiene que ser encarado en lo militar, policial y judicial. Pero que eso no impide que pueda haber tratamientos humanitarios. Y que esa combinación de las dos cosas, esa cuadratura del círculo es posible y que hay que luchar por esas dos cosas. La idea es neutralizar o reducir al mínimo esos costos militares.

Costos éticos. se ha incurrido en éstos en algunos casos, como en el acuerdo de Mainz o Puerta del Cielo en Alemania, donde la socie-

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dad civil logró que el ELN se comprometiera a dejar de recurrir a ciertas prácticas, sobre todo en casos como secuestros de personas mayores de 65 años, o de niños, o de mujeres embarazadas. El acuerdo, así planteado, parecía que convalidaba los otros tipos de secuestros; ¿cómo se podía soslayar esta autorización tácita al secuestro de adultos menores de 65 años y mujeres no embarazadas? Recurriendo a prácticas y técnicas de acuerdos o declaraciones unilaterales cruzadas.

Los actores de la guerra irregular dicen: "yo me comprometo a dejar de hacer esto...", y el Estado le responde: "tomo nota de esos compromisos, considero que se despliegan en la dirección correcta, pero no son suficientes. El Estado y la sociedad civil seguimos reclamando el respeto a la totalidad de las pautas humanitarias y nos mantendremos vigilantes en relación con la totalidad de sus comportamientos".

Esto permitiría recoger los pasos positivos – por limitados que sean – que dan los grupos armados irregulares, y reclamarles la totalidad sin convalidar las infracciones al DIH que no están expresamente contenidas en esos compromisos unilaterales.

Costos jurídicos: el orden jurídico es un valor superior que hay que respetar en el marco de un Estado de derecho. Siempre es posible, hipótesis que quiero dejar, encontrar fórmulas de entendimiento sin sacrificarlo. Eso vale por ejemplo para el canje humanitario: tanto los acuerdos de Ginebra de 1949, como sus protocolos adicionales, dan espacio para el canje humanitario vía artículos tres y seis comunes. En últimas el gobierno puede propender por una reforma legislativa de aquellos temas que tocan con las

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Las gestiones humanitarias generan costos para el Estado y para la sociedad. No hay que ser tan iluso de pensar que es gratis, no. Tampoco hay que ver sólo la parte buena – y por supuesto importantísima – de cada gestión humanitaria. políticas propias del poder judicial. Si hay voluntad política eso se puede hacer.

Costos políticos: se producen cuando se permite que el adversario del Estado haga pequeñas concesiones humanitarias y obtenga grandes réditos políticos. Esto se da principalmente en el ámbito local y hace que el grupo irregular se de un pantallazo nacional, porque – por ejemplo – libera cuatro vacas o permite el retorno de 12 personas a una vereda en un municipio apartado del país. Eso es lo que buscan los actores armados irregulares.

Obviamente el Estado debe revisar esto, poner las cosas en su lugar.

Pero siempre es posible balancear los gastos políticos, el prestigio y ventajas que ganan los grupos armados irregulares contra las ventajas humanitarias recibidas. No debe olvidarse que el Estado gana prestigio cuando no abandona a la gente, esto lo relegitima.

De acuerdo con la Constitución, las autoridades están constituidas para proteger la vida, honra y bienes, de-

rechos y libertades de las personas.

Para esto cuenta con un conjunto de instrumentos, como la fuerza pública, o la actuación del poder judicial. Pero no nos podemos dar el lujo de poner un batallón del Ejército o un cuartel de Policía en cada esquina, en cada vereda, eso es físicamente y fiscalmente imposible.

Entonces, allí donde la fuerza pública no pueda garantizar la vida y dignidad de las personas, el Estado debe contar con otras herramientas, como las energías y los entusiasmos que dan la construcción del campo humanitario.

En síntesis, lo que el gobierno tendrá que hacer es definir una plantilla, un formato de estimación de costos de las gestiones humanitarias, emprender acciones para reducirlos y luego ya reducidos, balancear esos costos con las ventajas humanitarias obtenibles, vida, libertades y bienes que se preservan. Y como resultado de esa ponderación debe decidir si se le mide o no a esa gestión humanitaria. Y siempre, en todo momento con una función proactiva.

Este artículo fue extractado de una conferencia dictada en la Cátedra de Derechos Humanos Ciro Angarita Barón, que organizan la Defensoría del Pueblo y la Fundación Konrad Adenauer.

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U

na calle estrecha y polvorienta, que se vuelve un lodazal con las primeras gotas del invierno, va marcando el ingreso a esa especie de laberinto en que se convierte el barrio Caracolí, en Ciudad Bolívar, cuando un aviso en la montaña sentencia: "Prohibido el paso".

Atrás ha quedado un conjunto de casas y de ranchos en madera y techos de zinc, que parecerían abandonados si no fuera porque unos ojos inquisidores escudriñan a través de un hueco que hace las veces de ventana y una voz serena y pausada rompe la angustia de sentirse vigilados por todas partes: "Aquí es, espere un momento yo amarro el perro".

A los pocos segundos, envuelta en una toalla, sale doña María Loaíza. Su perro apenas puede caminar. "No sé qué le pasa, pero lleva varios días así. No come. Bueno, es que yo tampoco como mucho".

El riesgo de

ser joven en

A COMIENZOS DE AÑO, 64 JÓVENES FUERON ASESINADOS EN ESTA LOCA

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Ciudad Bolívar

OCALIDAD, DONDE LA VIOLENCIA SE SUMA A UNA GRAVE SITUACIÓN SOCIAL.

18 María tiene 56 años, aunque aparenta varios más. Tiene cinco hijos, pero una incursión de las FARC en Roncesvalles (Tolima), en 1999, le quitó a los dos mayores. Otro está lisiado porque perdió uno de sus ojos con la explosión de una bomba que cayó a un par de casas de la suya.

Ella hace tres años se ganó, a la fuerza, un título que la hace llorar: desplazada. "Que es lo mismo que estar muerta en vida, porque es como si uno no existiera", dice entre sollozos, mientras saca un pedazo de tela que convierte en pañuelo.

Es el mismo trapo viejo que tuvo que sacar a comienzos de este año, cuando un grupo de hombres armados llegó al barrio, lista en mano, y sacó a tres jóvenes de sus humildes ranchos, asesinó a uno de ellos, "por jíbaro y ladrón", según vociferaban entre las sombras de la noche los supuestos miembros de las autodefensas.

"Mataron a José y a los otros dos les dijeron que se tenían que ir del barrio, porque no les iban a permitir seguir vendiendo vicio. Nadie quería salir de sus casas por miedo, pero cuando me asomé por este mismo hueco, supe que habían matado a alguien. Eso fue muy rápido y los gritos de la vecina, doña Gloria, la mamá de José, me obligaron a salir.

Le pegaron tres tiros y estaba destrozado. Lo único que tenía para secarle las lágrimas a mi comadre era este pañuelo y, mire, hasta manchado de sangre quedó".

José tenía 19 años y según los vecinos del barrio no era un vicioso ni un ladrón. "Trabajaba en Abastos descargando camiones y lo único que hacía era tomarse unas cervezas con sus amigos los fines de semana. Eso no es que sea pecado", dice doña María.

"Lo que pasa es que ya es mejor no salir de la casa".

que advertía sobre la situación que se venía presentando en Ciudad Bolívar.

De acuerdo con el informe, desde octubre de 2003 comenzó a detectarse la presencia de miembros del Frente Capital del Bloque Centauros de las AUC, en esta zona en donde desde la década de los ochenta han hecho presencia las milicias de las Farc.

var de Bogotá, 64 personas fueron asesinadas entre enero y marzo de este año, 48 de ellas con armas de fuego. Las víctimas eran hombres entre los 19 y 27 años de edad, como José.

Los homicidios se dieron por grupos de tres o cuatro, en una misma semana o unos cuantos días, y las víctimas eran supuestos expendedores de droga (conocidos como jíbaros) o líderes de pandillas a quienes los asesinos, en algunos casos, encapuchados y vestidos por completo de negro, llegaban a buscar con lista en mano.

Los asesinatos selectivos eran consecuencia de este avance. El objetivo de las Autodefensas era eliminar a las pandillas que estuvieran vinculadas con las Farc para impedir que cualquier otro grupo ilegal o de delincuentes pusiera en duda su control.

La respuesta de las Farc, en las zonas que continuaban bajo su control, fue similar.

Incluso, se habla de un pistolero, que acompañado por cuatro hombres que le cuidaban la retaguardia, fue asesinando con una pistola 9 milímetros,

Con base en el informe de riesgo, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) declaró una Alerta Temprana respecto de 10 de los 252 barrios de la localidad de Ciudad Bolívar, ubicados en las partes altas de la localidad y adyacentes al sector de Altos de Cazucá, del municipio de Soacha, del cual los separa solamente una calle.

uno por uno de los miembros de un listado que fue conocido públicamente. Al agotarse la lista, después de tres meses de actividad, el hombre desapareció y no volvió a saberse nada de él.

"En el barrio se decía que los muertos eran muchachos malosos", asegura un funcionario que tuvo conocimiento de los casos. Sin embargo, algunos podían ser simplemente muchachos considerados vagos o desocupados.

En su opinión, la estrategia era asesinar a los jefes de las bandas para asustar a los demás miembros del grupo y dispersarlos.

El 3 de marzo del presente año, el Sistema de Alertas Tempranas

María tiene razones para (SAT) de la Defensoría del Pueblo temer. En el sector de Ciudad Bolí- elaboró un informe de riesgo en el

Ciudad Bolívar es la localidad que presenta los índices más altos de pobreza de Bogotá. Un 26 por ciento de la población, es decir, 156.000 personas, presentan necesidades básicas insatisfechas.

Los dos sectores forman un corredor estratégico para los grupos armados ilegales porque comunican con la zona rural de Bogotá, con la región del Sumapaz y con los departamentos del Tolima, Cundinamarca y Huila, a través del cual los grupos ilegales pueden transportar armas y provisiones desde Bogotá y acceder a la capital.

En junio de 2002, el SAT expidió la Alerta Temprana 062 sobre los sectores de Altos de Cazucá y la Ciudadela Sucre, en los que en circunstancias similares a las que ahora se presentan en Ciudad Bolívar, circuló una lista de personas acusadas de pertenecer a las Farc. Algunas de ellas fueron asesinadas y muchas más tuvieron que desplazarse.

Ciudad Bolívar, la localidad número 19 de Bogotá, tiene una extensión de 22.914 hectáreas, de las cuales solo 2.088 (el 9 por ciento) pertenecen al área urbana. El resto está compuesto por bosques y tierras de

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páramo y subpáramo, que comunican con la región del Sumapaz.

La historia de los barrios de Ciudad Bolívar está ligada a los grandes procesos de transformación urbana que ha vivido el país. Hacía finales de la década de los cuarenta, se conformaron los barrios Meissen, San Francisco, Buenos Aires, Lucero Bajo y La María, situados en las partes bajas y medias de la localidad. Sus pobladores eran campesinos provenientes de los departamentos de Tolima, Boyacá y Cundinamarca, que habían sido expulsados de su tierra a causa de la violencia.

En los años ochenta, a raíz del posicionamiento de los grupos guerrilleros en las áreas rurales, surgieron nuevos barrios en la parte alta de la localidad, algunos de los cuales hacían parte de un programa denominado "Lotes con Servicios", que contó con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo.

Hoy viven en la localidad, según las proyecciones del censo de 1993, unas 602.109 personas que en su gran mayoría (cerca del 95 por ciento) pertenecen a los estratos uno y dos. Lucero es el sector en que reside mayor población correspondiente a este estrato, con cerca de un 31,85 por ciento del total de habitantes de la localidad. Arborizadora Alta e Ismael Perdomo son los únicos barrios con población de estrato tres, aunque con un porcentaje poco significativo (2,3 y 0,4 por ciento).

De acuerdo con un informe del Departamento Administrativo de Bienestar Social, Ciudad Bolívar es la localidad que presenta los índices más altos de pobreza de Bogotá. Un 26 por ciento de la población, es decir, 156.000 personas, presentan necesidades básicas insatisfechas y el número de afiliados al Sisben en el estrato 1 que viven en la localidad equivale al 33,45 por ciento de todos los afiliados al estrato 1 de la capital.

Sin embargo, en la localidad se destaca la presencia de instituciones y programas para el desarrollo social. En Ciudad Bolívar hay por lo menos 40 organizaciones sociales que manejan

Fotos: Jairo Higuera

Un grupo de jóvenes elaboró el año pasado una declaración en la que entre todos los derechos humanos destacaron uno: el derecho a ser escuchado.

más de 1.000 proyectos financiados con recursos de la Unión Europea, la UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas, el Gobierno de Estados Unidos y ACNUR, entre otros, con fines de educación, alimentación, salud o atención de la vejez.

La Corporación Luchadores por la paz (Colpaz), es una de estas organizaciones sociales que operan en la localidad. Su trabajo está orientado principalmente hacia los jóvenes. Con más de diez años en Ciudad Bolívar, la fundación ha diseñado un esquema que, según uno de sus directivos le permite agrupar a cerca de 12.000 jóvenes. En las 26 instituciones educativas de la zona (que en su mayoría tienen doble jornada escolar), Colpaz cuenta con 350 jóvenes que lideran a grupos de 35 ó 40 integrantes cada uno.

La red de jóvenes, vinculada a la Red de Promotores de la Defensoría del Pueblo, elaboró el año pasado una declaración de derechos humanos en la que al lado de los tradicionales derechos a la vida, la salud y la educación, enfatiza en uno que no ha sido tenido en cuenta en otras declaraciones, pero que, para la realidad de Ciudad Bolívar, resulta significativo: el derecho a ser escuchado.

En el presente año, partiendo de

tal declaración de principios, asumieron la tarea de hacerse escuchar en el diseño del Plan de Desarrollo de Bogotá, que el Alcalde Luis Eduardo Garzón estaba obligado a adoptar en los primeros meses de su mandato.

Los jóvenes realizaron más de 40.000 encuestas, con base en las cuales encontraron que la mayor necesidad de la localidad era la construcción de nuevas escuelas y se propusieron definir de dónde podría salir el dinero para cumplir ese objetivo.

Finalmente, la organización realizó un evento con representantes de las principales entidades del Distrito en el que presentaron su propuesta de plan educativo para la capital: construir 38 colegios en Bogotá en los próximos cuatro años, de los cuales por lo menos 9 deberían estar ubicados en Ciudad Bolívar.

Concluida la reunión, los jóvenes hicieron firmar un acta a las autoridades distritales para comprometerlas.

La propuesta fue tenida en cuenta al definir las alternativas que ha planteado la actual Administración para superar la emergencia social que ha declarado en la localidad.

"Los jóvenes van adquiriendo cada vez más voz. Es por eso que decidimos trabajar con ellos y no con los adultos. Es la forma de consolidar

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20 una comunidad organizada en el futuro, que hasta ahora no ha existido", comenta un directivo de Colpaz.

“En Bogotá está lejos de producirse un enfrentamiento armado en disputa por territorios, como ha ocurrido en otras ciudades como Medellín”, afirma Hugo Acero, ex subsecretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá.

Acero, responsable de la Seguridad en Bogotá tanto en la administración de Enrique Peñalosa como en las dos de Antanas Mockus, cree que los grupos ilegales han insertado miembros de sus organizaciones en la capital por razones estrictamente económicas.

"Lo que hay en Bogotá es una lucha por el control de centros de negocios donde se mueve mucho dinero", asegura. Y esos centros de poder económico tienen nombre propio: Corabastos, el 7 de Agosto, los Sanandresitos, el Restrepo y la zona de tolerancia del centro de la ciudad, en donde la prostitución se conjuga con los expendios de droga y mercancías ilícitas.

No en vano, según las denuncias de la propia Administración Distrital, en los Sanandresitos y en Corabastos, tanto las Farc como las Autodefensas han montando "oficinas de cobro" de extorsiones a comerciantes y empresarios. Las autoridades han relacionado algunos de los atentados terroristas cometidos en la capital en el último año con este delito.

Leovigildo Riaño, Personero Local de Ciudad Bolívar, coincide con Acero en que lo que ocurre en este sector de Bogotá no es producto de una disputa territorial, pero reconoce que las Autodefensas y las Farc ejercen de hecho un control sobre ciertas zonas, a través del miedo.

Así lo piensa María: "Aquí la gente dice que están matando muchos jóvenes, pero nadie sabe quiénes son los responsables y eso aumenta el miedo de salir a la calle".

"Usted puede venir aquí, pero con la ayuda de un conocido y a ciertas horas del

día, porque [si no] no entra. La gente llega a sus casas antes de las seis de la tarde, porque más tarde corre peligro. Los que no, es porque trabajan de noche o hacen parte de esos grupos de delincuentes", asegura María.

Sin embargo, el documento revela que este fenómeno ya se está presentando: "44 líderes de población desplazada han denunciado amenazas contra sus vidas ante el Ministerio del Interior y demás instituciones del Gobierno nacional; situación que ha ocasionado la movilidad permanente de El retorno de la gente que trabaja - la maestas personas y de sus familias, desde y hayoría en la informalidad, porque el desemcia diferentes sectores de la ciudad". pleo en sectores populares pasa del 24% comienza puntualmente todos los días a A ello se suma el problema del reclutalas 5:00 de la tarde. A esa hora, decenas de miento forzado de jóvenes. En mayo pasamujeres y jóvenes se bajan de los buses y do, la Policía detuvo en el sector de Juan colectivos, en algunos de los cuales, hasta José Rondón a un miembro de las Autodehace pocos días, se leían graffitis de adver- fensas que cumplía esta labor. Según la Policía, el hombre fue visto en colegios de la tencia: "Muerte a las Farc y Eln: Auc". zona buscando jóvenes, con la única condición de que fueran muchachos "sanos".

Según las denuncias recibidas por la Personería Local, las Autodefensas ofrecen entre 350.000 y 600.000 pesos mensuales a los jóvenes de escasos recursos que quieran vincularse a sus filas.

De las Farc, que tradicionalmente habían acudido a lo que ellos llaman trabajo polítiCortesía Oficina de Prensa - Alcaldía de Bogotá co, también se ha de"Esos carros los pintan, pero los vuelven a nunciado que están ofreciendo sumas sirayar", dice María y recuerda que el año milares a quienes se vayan con ellos. pasado las autodefensas les pagaron a unos Una de las alternativas que utilizan los grujóvenes del barrio para que llenaran las pa- pos armados ilegales, de acuerdo con el inredes con sus consignas. forme de riesgo de la Defensoría, consiste La Personería Local también recibió de- en cooptar las bandas que ya operan en la nuncias de que las Autodefensas habían zona. En estos casos, las Farc o las Autodehecho circular panfletos con mensajes co- fensas se encargan de dotarlas de armas y mo éste: "Si no acuestan a sus hijos a las 8, municiones y, en algunos casos, de pagarles, a cambio de algunos trabajos. nosotros se los acostamos a las 9".

Las amenazas no sólo se han dado en el Con base en el informe de riessur o en las periferias. También en el cen- go elaborado por la Defensoría del Pueblo tro de la ciudad, como en el sector de Los fue expedida una Alerta Temprana que dio Mártires, en donde en algunos de sus ba- lugar a un Consejo de Seguridad realizado rrios se lee con frecuencia: "Objetivo mili- el 18 de mayo pasado, presidido por el Altar, los viciosos: Auc" o "Auc presentes, calde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, y guerrilleros se mueren". en el que participaron representantes del

En un informe sobre desplazamiento forzado en Bogotá, publicado por la Defensoría del Pueblo a finales de julio, se reconoce que es difícil calcular la magnitud del desplazamiento intraurbano en la capital.

Gobierno Nacional.

En el Consejo se acordó que era necesaria una mayor coordinación entre el Gobierno y la Alcaldía para enfrentar el tema de Bogotá, y se creó un comité para definir un conjunto de acciones específicas entre el

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Ejército y la Policía, para fortalecer la seguridad de la ciudad.

En los últimos meses, la Brigada XIII del Ejército ha montado dos nuevas bases en el sur de Bogotá: una en Ciudad Bolívar, en el sector de Sierra Morena y Los Alpes; otra, en Altos de Cazucá, en el sector de la Ciudadela Sucre.

La Policía, por su parte, a raíz de la expedición de la Alerta Temprana, creó un Cuerpo Élite de Acción contra el delito, conformado por 120 hombres y destinado a operar especialmente en los barrios Caracolí, Potosí, Tres Esquinas y Sierra Morena.

Este proyecto se suma al de la anterior administración que, a través del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, ejecutó un plan integral para llevar acueducto, alcantarillado, vías y transporte a estos sectores. Hoy, los alimentadores de Transmilenio ya cubren buena parte de las zonas altas de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con el Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia, que agrupa las cifras de Medicina Legal, la Policía Metropolitana

Según sus propias cifras, en los primeros días de trabajo en Ciudad Bolívar se realizaron 40 allanamientos, se recuperaron 27 vehículos y 11 motos robadas y se decomisaron mercancías hurtadas por 47 millones de pesos. Así mismo, se incautaron 112 armas de fuego, se detuvieron 392 personas y se limpiaron todos los graffitis de la zona.

"Se ha diseñado un plan para atacar de raíz el problema, que se podrá erradicar no sólo aumentando el pie de fuerza militar sino con obras sociales como las que contempla el Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años", afirma Carlos José Herrera, subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Bogotá.

Según un anuncio oficial, a la localidad serán destinados 1.6 billones de pesos en inversión social, los cuales serán destinados en los próximos cuatro años a la creación de 30.000 nuevos cupos escolares (frente a un déficit actual de 50.000), la ampliación del hospital de Vistahermosa y el montaje de 8 comedores comunitarios y 9 restaurantes escolares, dentro del programa de Bogotá Sin Hambre.

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fensoría sobre desplazamiento en la capital, Ciudad Bolívar recibió en el año 2002, junto con las localidades de Usme, Kennedy y Bosa, el 58 por ciento de las familias que llegaron a la ciudad.

Es decir, la mayor parte de los desplazados que llegan a Bogotá, lo hacen al lugar en donde menores posibilidades tienen de ser atendidos.

"Uno viene a Bogotá a buscar tranquilidad y un poco de futuro para los hijos, pero se encuentra con pobreza, soledad y mucho miedo, pues uno aquí no existe.

Eso es bueno, que nadie sepa quién es uno, pero muy malo porque prácticamente esta uno encerrado en su propia casa", dice María.

En efecto, de su humilde vivienda sale solo dos veces por semana: un día para lavar y planchar en una casa de familia y otro para ir a la central de abastos a rebuscar entre las sobras de alimentos, como lo hacen muchos de los habitantes de Ciudad Bolívar.

Bogotá es una ciudad que crece a tasas por encima del promedio nacional, que mueve el 35% de la producción del país, que tiene coberturas casi completas en salud y educación y que, como ninguna otra urbe del país, ha vinculado en los últimos años a más de un millón y medio de pobres al Sisbén.

Sin embargo, la Defensoría y la Personería Local han recibido denuncias de malos tratos por parte de la Fuerza Pública, en especial en las requisas realizadas contra los estudiantes de los colegios. Estas quejas son objeto de investigación.

La Administración de Garzón, por su parte, ha dirigido sus esfuerzos a enfrentar la problemática social. Por esta razón, a partir del primero de junio, lanzó una ofensiva social en la localidad, que contempla mayores inversiones en la zona y más presencia institucional.

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“Uno viene a Bogotá a buscar tranquilidad y un poco de futuro para los hijos, pero se encuentra con pobreza, soledad y mucho miedo, pues uno aquí no existe". y la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en los meses posteriores a la expedición de la Alerta Temprana, el número de homicidios cometidos en Ciudad Bolívar se redujó de 25, en febrero, a 19, en marzo, 17, en abril, y 13 en mayo.

Sin embargo, la situación social continúa siendo dramática. Tal como lo señala el mencionado informe de la De-

Sin embargo, es una ciudad en donde el progreso no alcanza para todos.

María asiente con la cabeza y recorre con la mirada su humilde rancho. Una cama montada sobre unos adobes, un fogón de leña que estuvo apagado todo el día, un rincón de comida en descomposición para el perro y las fotografías amarillentas de los dos hijos que murieron en Roncesvalles después del ataque de las Farc, en 1999. ¡Ah¡ y una cédula que ella ha tratado de esconder desde cuando llegó a Bogotá y que, en últimas, es su gran verdad: "Yo no me llamó María, pero me tuve que cambiar el nombre por miedo a que me buscaran y terminaran de acabar con lo poco que me queda de familia. Con lo poco que me queda de vida, que son mis hijos", asegura María, Mercedes o Esperanza, qué más da un nombre en una ciudad llena de laberintos, pero también de inmensas posibilidades.

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[ Verdad, justicia y reparación]

Sin rastro de

Kimy A mediados del pasado mes de agosto, un grupo de funcionarios de la Fiscalía visitó en el Resguardo Beguidó de la comunidad Embera del Alto Sinú, a Marta Domicó, la hija de Kimy Pernía, el líder de este pueblo indígena, desaparecido hace más de tres años.

Le preguntaron qué sabía de la desaparición de su padre y ella les contestó lo mismo que ya constaba en el expediente abierto desde esa época por el organismo de investigación: que el sábado 2 de junio de 2001 dos hombres armados abordaron a su padre en una de las calles principales de Tierralta, a pocos metros de la Fiscalía seccional; que lo obligaron a montar en una motocicleta y, cuando intentó oponer resistencia, lo esposaron y le pusieron un revólver en la cabeza. Kimy alcanzó a gritar "me llevan secuestrado", según manifiestan algunos testigos, e intentó lanzarce del vehículo cuando este tomó la

Pernía

EL 2 DE JUNIO DE 2001 FUE SECUESTRADO EL PRINCIPAL DIRIGENTE DEL PUEBLO EMBERA DEL ALTO SINÚ.

MÁS DE TRES AÑOS DESPUÉS, NO SE SABE NADA DE SU PARADERO. carretera que conduce de Tierralta a Montería.

Desde entonces, ella no sabe nada de él. Y, al parecer, tampoco la justicia.

"Para mí, no han hecho nada. ¿Por qué vienen a preguntarme ahora después de tres años? ¿Por qué no lo hicieron cuando desaparecieron a mi papá?", afirma Marta.

Kimy Pernía, a pesar de no ser dirigente oficial de los Embera, era un lí-

der natural. Aunque prefería permanecer en su tierra cazando, pescando o cultivando, viajó por varios países del mundo en defensa de su pueblo.

Asimismo, lideró la resistencia de su comunidad en la construcción de la represa de Urrá.

Fue bautizado con el nombre blanco de Juan Domicó, pero poco tiempo después retomó el nombre con el que lo llamaba su abuelo Yarí, fun-

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Su padre sufrió graves quebrantos de salud y murió pocos años después.

Cuando salió libre, Kimy decidió irse sólo a vivir a las cabeceras del Esmeralda. Ahí, por su conocimiento de los ríos, de las aves y los peces, se ganó el apelativo de "príncipe de la selva".

"Lo tenían como un jefe, aunque no era directamente un jefe. Siempre la gente lo buscaba para sus problemas, porque siempre analizaba, siempre orientaba, siempre decía muchas cosas", añade su hija.

De ahí no salió si"Para mí, no han hecho nada. ¿Por no hasta comienzos de los años novenqué vienen a preguntarme ahora ta, cuando asumió después de tres años? ¿Por qué la defensa de su cono lo hicieron cuando desaparecieron munidad en el conflicto con Urrá. a mi papá?", afirma Marta.

En 1995 organizó el Do Wambura (Adiós Río), una movilización de cerca de 1.000 Emberas, que marchó desde el Resguardo de Karagabí hasta la población de Lorica, Córdoba.

Era la primera manifestación masiva hecha por el Pueblo Embera del Alto Sinú. Como consecuencia de esta protesta se iniciaron las negociaciones entre los indígenas y la empresa Urrá, que hasta ese momento, a pesar de que la obra ya estaba en construcción, no había tenido ningún contacto con los indígenas.

Para los Embera, la represa, prevista para generar 340 megavatios de energía para la Costa Atlántica, alteraría por completo la forma de vida de la comunidad, porque impediría que los peces, que constituyen su principal fuente de alimento, nadaran río arriba. La represa fue inaugurada en el 2001, luego de recibir la licencia ambiental de parte del Ministerio del Medio Ambiente y bajo el compromiso de que se realizaran accha de haber entregado los funcionarios al grupo guerrillero. Su padre, Manuelito, que por ese entonces era el Nokó (jefe Embera) de las comunidades indígenas del Alto Sinú, y su tío Santander, se hicieron arrestar en solidaridad con él.

Estuvieron recluidos en Montería por cerca de un año, sin ser interrogados ni mucho menos llamados a juicio. "Esa fue mi universidad - dijo Kimy después; - allí aprendí lo que podíamos esperar de los blancos".

Kathy Price, ICCHRLA.

dador de la comunidad Embera Katío del Alto Sinú. Cuando tuvo la edad suficiente se cambió el nombre para anteponer el apellido de su madre al de su padre.

Hasta la adolescencia, vivió en la comunidad de Beguidó, pero, siendo muy joven, empezó a ser reconocido por su vocación de líder. "Nadie en las comunidades indígenas salía así como mi papá lo empezó a hacer.

Incluso, mi abuelo decía que por qué su hijo tenía que estar saliendo, que él quería que su hijo estuviera en su casa y entonces él decía: ‘Yo no puedo estar en mi casa, yo tengo que ver muchas cosas de mi pueblo, de mi territorio’", comenta su hija.

En uno de sus viajes con su padre a Tierralta para vender plátano, gallinas y cerdos, conoció a Gordon Horton, un lingüista estadounidense de avanzada edad que en su juventud había trabajado en la evangelización de los pueblos indígenas de Panamá.

Ya viejo y cansado, había renegado de esa labor y se había radicado en Tierralta, en donde se había casado con una mujer de la región. Horton le enseñó a Kimy a hablar español, así como a leer y escribir en este idioma. Lo que más recordaba Kimy de Horton, según afirmó en una ocasión, era que, por primera vez, había escuchado de un hombre blanco que los indios debían amar y defender sus territorios.

Años más tarde, el Epl asesinó a cuatro ingenieros forestales del Ministerio del Medio Ambiente, que hacían estudios de flora y fauna en las bocas del río Esmeralda, en tierras del resguardo indígena. Los funcionarios del Estado fueron bajados de la lancha en la que viajaban y asesinados a tiros.

Kimy, que iba también a bordo de la lancha, fue arrestado bajo la sospe-

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por las Farc y las Autodefensas habían montando un retén en cercanías al resguardo. Dadas las Kimy también estuvo presente en la ocupación circunstancias de inseguridad, las autoridades de la Embajada de Suecia en 1996, para protes- Embera Katío le sugirieron a Kimy que permatar por el incumplimiento de los acuerdos del neciera en Tierralta. Las precauciones, sin emDo Wambura, y en 1999, hizo parte de la gran bargo, no fueron suficientes. marcha Embera que salió del territorio indíge- Tras su desaparición, más de 700 indígenas na el 29 de noviembre de 1999 y ocupó los jar- de 16 comunidades Embera Katío lo buscadines del Ministerio del Medio Ambiente hasta ron casa por casa y finca por finca, en una marcha de dos días que recorrió varias carreel 26 de abril de 2000. teras del departamento de Córdoba. Con la Durante cuatro meses, cerca de 200 indígenas foto de Kimy colgada al cuello, los indígenas permanecieron en cambuches frente a las instavocearon a través de un megáfono que todo laciones de ese Ministerio. Tres niños de la coel que tuviera información sobre su paradero munidad nacieron en esta época, en medio de por favor la entregara. las difíciles condiciones (falta Por su parte, el Ministro del de agua potable, frío e intemTras su Interior de la época, Armanperie) que tuvieron que sodo Estrada Villa, conformó portar los manifestantes. desaparición, una comisión, liderada por la Los problemas de seguridad más de 700 Fiscalía, para esclarecer los de Kimy comenzaron desde indígenas de 16 hechos, y se comprometió a abril de 1999, tras la muerte impulsar la investigación. La de Lucindo Domicó, reprecomunidades lo queja por la desaparición de sentante legal de los Embera Kimy, recogida por la Defenen su proceso contra Urrá. buscaron casa por del Pueblo, hace parte 11 líderes Embera habían sicasa y finca por soría de la investigación. do asesinados desde 1994. finca. Con la foto Un año después, sin embar"Él decía que lo estaban amede Kimy colgada go, la Fiscalía reconoció en nazando, pero nunca se debiuna reunión de esta comilitó por eso", afirma su hija. al cuello, los sión que los documentos de Dice que sólo en una ocasión la investigación se habían indígenas pedían su padre huyó como conseperdido. Desde entonces, excuencia de las amenazas. que el que tuviera ceptuando la visita al resguar"Una noche le dijeron a mi información por do de Beguidó, no se han copapá que lo estaban buscannocido avances en el proceso do. Eran como las 12 de la favor la entregara. que adelanta la Fiscalía. No noche y estaba dormido. Le hay ningún detenido por el dijeron: ‘Kimy, Kimy, Kimy, crimen ni se conoce nada solevántese hermano que a usted lo están buscan- bre el paradero de Kimy que, en diciembre del do pero no sabemos quiénes’. Entonces se fue a año pasado, fue galardonado con el premio otra comunidad a dormir, pero después analizó: John Humphrey a la libertad. Su hija viajó al yo no puedo ser débil. Yo tengo que ser valien- Canadá a recibir la condecoración. te. Si yo me debilito el pueblo también se debi- "Kimy decía: ninguno de las comunidades polita." demos salir del territorio. Aunque maten uno o Un mes antes de su desaparición, Kimy había dos no podemos huir, aunque la tierra llore, participado en el Primer Congreso de los Pue- porque si huimos, nuestra madre tierra llora. Ya blos indígenas del Pacífico colombiano. A su re- no hay nadie que lleve a la comunidad a luchar greso se encontró con la noticia de que algunos por el territorio. Ahora todo el mundo se atecampesinos de la zona habían sido asesinados morizó", dice María. ciones efectivas para evitar que la salud y la alimentación de los Embera resultaran afectadas.