Nueva ĂŠpoca, No. 61
Guatemala, enero de 2008
El (in)cumplimiento de la ley, las instituciones y la cultura en Guatemala
Pintura original de Delacroix
"Un hombre es libre si no tiene que obedecer a persona alguna, sino a la ley" E. Kant
Un acto jurídico nunca es una cosa individual y aislada; es parte del orden social prevaleciente Ehrlich
Introducción Paola Ortiz Loaiza*
L
as páginas siguientes plantean apenas un esbozo de la complejidad que supone analizar la interacción entre las leyes y la práctica ciudadana; en última instancia, esta relación de doble vía constituye en sí misma una parte de la expresión de la cultura de cada sociedad. Esencialmente, se intenta dilucidar cuáles son algunas prácticas y actitudes de los ciudadanos frente a la ley y la forma como las refuerza o las condiciona el marco legal, todo ello circunscrito al caso de Guatemala. La idea principal que se lanza para la reflexión es que el escaso o nulo cumplimiento de las leyes en Guatemala redunda en instituciones que no desempeñan a cabalidad su objetivo de regular las relaciones sociales e impartir justicia. Esto incide en una creciente desconfianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones, así como en prácticas y actitudes contrarias a la ley (intentos de evadir la ley cada vez que se pueda a través de favores o arreglos “personales” o fuera de la ley). Al final, todo esto moldea un sistema que funciona como un círculo vicioso: leyes que no sancionan, instituciones que no funcionan y ciudadanos que no están dispuestos a cumplir la ley, donde la impunidad (a todos los niveles) es más bien la regla y no la excepción. Para algunos, esto podría parecer una exageración; pero basta ver a nuestro alrededor para comprender la magnitud del problema: ¿cuántos guatemaltecos estamos dispuestos a no cumplir con las leyes de tránsito (pasar un alto, ir contra la vía, dar “mordida”)? ¿Cuántos hacemos cualquier cosa por evitar una cola, saltarnos un proceso, “negociar” para que nos rebajen una multa? ¿Cuántos evitamos pagar impuestos cada vez que se puede? ¿Cuántos estamos de acuerdo con la limpieza social? ¿o con ejercer la justicia por mano propia (los linchamientos entran en esta categoría)? Ya sea en nombre de la justicia o del crimen, traspasar la ley parece más sencillo que hacerla cumplir. Queremos que nuestro vecino respete la ley, pero
* Licenciada en relaciones internacionales por El Colegio de México, México, D. F. y técnico en comercio internacional por la Universidad Rafael Landívar (URL), Guatemala. Actualmente es coordinadora del Área de estudios sociopolíticos de FLACSO-Guatemala. Ha sido catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas, de la URL.
nosotros no estamos dispuestos a regirnos por ella. Sin embargo, aún con instituciones endebles y con leyes con escaso poder coercitivo, la impunidad y la aplicación de la justicia está más cercana a los grupos de poder. La exclusión es parte del sistema legal: la necesidad de “interpretar” la norma y la arbitrariedad en la aplicación de la ley (apuntalada por exceso de legislación, falta de claridad, ausencia de reglamentos…) favorece a aquellos más cercanos al poder, con más “contactos”, aquellos que pueden utilizar la ley para gobernar y no gobernar bajo la ley.1 Comprender estos procesos es importante no sólo para caracterizar la cultura de legalidad que persiste en los guatemaltecos, sino para entender aspectos fundamentales de la cultura política y de la cultura guatemalteca en general. Estos aspectos se vinculan casi de manera automática con los valores y referentes culturales que persisten en los guatemaltecos y que son retomados por los asesores políticos y mercadólogos de campaña electoral, que presentan propuestas como la “mano dura” o reivindican temas como la “limpieza social”, tan hondamente arraigados en la sociedad guatemalteca.2 Este ensayo se divide en tres partes; en las primeras dos se hacen algunos apuntes y reflexiones teóricas: la primera trata sobre la interacción entre ley y cultura, y la segunda relaciona estos dos aspectos con las instituciones. La tercera parte intenta documentar de manera breve y aún exploratoria, algunos rasgos de la cultura de los guatemaltecos en su interacción con la ley: esencialmente se documentan percepciones, y opiniones de los ciudadanos sobre el cumplimiento de la ley y la efectividad de las instituciones del Estado.3
Ley y cultura Definir el término “cultura” es un problema muy complicado, ya que la discusión al respecto es vasta e inacabada debido a la amplitud y complejidad de temas y relaciones que abarca: creencias, identidades, símbolos, patrones de comportamiento, etcétera. Algunas disciplinas, como la antropología, no han logrado consenso en torno a una definición. De la misma forma, en el campo de la ciencia política, el uso de términos que intentan explorar parte de la cultura, como “cultura política” o “cultura de legalidad”, se caracterizan por la misma falta de consenso en cuanto a su significado y por la ausencia de un único concepto que sea claro y aplicable. 1 . Esta tesis ha sido expuesta en principio por Jennifer Schirmer, Las intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala, Guatemala, FLACSO, 1999. 2 Sobre este tema se han hecho algunos análisis por el área de estudios sociopolíticos. Esencialmente, se cuenta con la consultoría realizada por Silvia Osorio sobre el discurso y los símbolos de la campaña electoral (semiótica y semiología), septiembre 2007. 3 Esta tercera parte se fundamenta en algunas encuestas, entrevistas y grupos focales realizados por el Área de Estudios Socipolíticos de FLACSO (septiembre y octubre 2006) así como por otras encuestas y fuentes secundarias. Entre septiembre y octubre de 2006, se realizó una serie de diez grupos focales, en barrios populares de la ciudad, con un promedio de once participantes por grupo (en adelante: los entrevistados). Los hallazgos e hipótesis surgidas de estas entrevistas a profundidad fueron validadas posteriormente con una encuesta realizada en barrios populares de la ciudad capital, a doscientos hombres y mujeres mayores de 18 años (en adelante los encuestados). Por tanto, los hallazgos, no necesariamente generalizables a toda la población, son representativos de un grupo un poco mayor de trescientos entrevistados.
Publicación mensual de FLACSO -Guatemala y elPeriódico Secretario general de FLACSO Francisco Rojas Aravena San José, Costa Rica CONSEJO ACADÉMICO DE FLACSO-GUATEMALA Isabel Rodas N.- directora Virgilio Álvarez / Oscar López / Santiago Bastos Paola Ortiz / Virgilio Reyes / Luis Raúl Salvadó / Simona V. Yagenova
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Edición y corrección de estilo: Mario Maldonado; Coordinación y diagramación: Hugo de León P.
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Además de la dificultad de definir “la cultura”, existe el problema de cómo analizarla. En primer lugar, no hay una fórmula para medirla: se han utilizado diferentes métodos y herramientas para aproximarse a ella (algunas variables como la religión, el idioma o la etnicidad; así como diferentes propuestas para medir actitudes, percepciones y creencias o análisis etnográficos, entre otros). Aún así, la información que se obtiene es parcial o inexacta y sólo permite conocer fragmentos de la realidad o algunas expresiones culturales. En segundo lugar, es realmente complicado poder determinar relaciones causales entre “la cultura” y el comportamiento, pues al final se trata de interacciones mutuas y complejas. De acuerdo con Richard Falk (Ethics, Vol. 72, No.1: p. 13), en un primer nivel la ley opera como un reflejo pasivo de la cultura, representando sus estructuras de poder y la expresión de preferencia de los valores. En un segundo nivel, la ley opera de manera interactiva: influida por la cultura pero, a la vez, influyendo en la distribución de poder y los valores. En un tercer nivel y de manera variable, la ley funciona de manera autónoma en relación con la cultura; se desarrolla de acuerdo con su propia lógica interna, incluso, siguiendo líneas que podrían diferir de la cultura y sus propios valores, lo cual podría llegar a desequilibrar las estructuras de poder. Estas reflexiones permiten un primer acercamiento a la complejidad del fenómeno ¿no confiamos en las leyes porque éstas no se cumplen, o las leyes no se cumplen porque no confiamos en ellas? Esto nos lleva a otra reflexión: ¿es posible cambiar la cultura? ¿Es posible que el cambio en las leyes implique un cambio de “cultura”? Dada la forma como ocurre esta interacción, parece casi obvio que no hay una sola respuesta a estas preguntas. Existen algunos ejemplos de cambios culturales acelerados, así como ejemplos de resistencia cultural a los cambios, dependiendo de la circunstancia histórica, el tipo de cambios propuestos, etcétera. En ese sentido, no puede hablarse necesariamente de lograr cambios culturales mediante una modificación de leyes o instituciones; sin embargo, es más fácil empezar los cambios por la vía formallegal. Aún así, esto no garantiza el cambio en los valores, percepciones y prácticas, pero puede contribuir a poner temas sobre la mesa para el debate y, probablemente a largo plazo, contribuir a modificar algunos rasgos y referentes culturales. Aún así, todo ello depende de muchos factores; pero, a mi parecer de manera clave, de la capacidad de hacer cumplir la ley; es decir, de sancionar al que la incumple.
Cultura de legalidad, una expresión de la cultura En sintonía con lo planteado, para la ciencia política no existe un consenso en torno a una definición exacta del término “cultura de legalidad”. Muchos la definen como “la aceptación jurídica y moral de las leyes por parte de todos los ciudadanos y, con ello, el respeto irrestricto al Estado de Derecho”; 4 en general, este término se ha puesto de moda en algunas democracias que trabajan por “fortalecer o crear” una cultura de legalidad. Sin embargo, este término tiene una carga normativa que supone que si un ciudadano no cumple la ley “carece” de cultura de legalidad. Esta parece una categorización muy simple 4
y útil; sin embargo, cuando se analizan fenómenos como el caso guatemalteco, en donde pareciera que todos intentamos evadir la ley cada vez que podemos, esta definición no es suficiente para analizar el fenómeno. ¿Será que los guatemaltecos carecemos de o tenemos una endeble cultura de legalidad? O ¿será que nuestra cultura de legalidad es una expresión muy propia de la forma como nos relacionamos con la ley y nos posicionamos frente a ella? (No es que se haga aquí una apología del incumplimiento de las leyes o de la ilegalidad). Para describir o analizar la interacción de una sociedad con el marco legal, el concepto “cultura de legalidad” puede ser muy útil, pero no necesariamente tiene que ser tan acotado o normativo, ya que la cultura de legalidad supone la expresión que cada sociedad tiene en torno a esa relación ciudadanoley, cualquiera que esta sea. No es el objetivo de este documento abundar en la discusión sobre el concepto “cultura de legalidad”; sin embargo, es importante hacer estas reflexiones para aclarar en dónde se inserta esta discusión. Asimismo, se justifica que algunas veces se refiera sólo al término “cultura”, sin adjetivos, para señalar alguna expresión puntual de la misma, relativa a la interacción entre los ciudadanos y la ley.
Instituciones versus leyes y cultura De acuerdo con una definición clara que resume la complejidad de las “instituciones”, éstas: …son las reglas del juego en una sociedad o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico (North, 2001, p. 13). Asimismo, la división que hace North de los tipos de “reglas del juego” es muy útil para entender la discusión planteada arriba: a) Las “reglas formales” están constituidas por las normas escritas: leyes, reglamentos, etcétera. Aunque es la parte de la institucionalidad más tangible, muchas veces un mismo grupo de leyes puede normar diferentes instituciones o constituir en sí mismo una institución: por ejemplo, la Constitución (y las leyes que se derivan de ella). La Constitución es la piedra angular de la institucionalidad democrática en este país; sin embargo, también norma otras instituciones como, por ejemplo, la familia. Si profundizamos en este ejemplo, respecto de la familia, puede decirse que la normativa jurídica que la regula refleja en mucho los valores familiares y tradicionales de la sociedad guatemalteca: matrimonios heterosexuales, edad mínima para casarse (mujeres menor edad que hombres), los herederos por grados de consanguinidad, paternidad, por citar algunos aspectos. Sin embargo, las instituciones formales no describen el universo completo de las normas que definen la interacción humana en cuanto a este tema. b) Las “reglas informales” se refieren a las normas que provienen de las costumbres, los valores, la sanción social… En pocas palabras, vienen de la cultura. Como señalé en el ejemplo de la familia, ésta tiene sus propias normas escritas, pero también depende en gran medida de los valores, prácticas y costumbres sociales que son mucho más dinámicas y cambiantes que la norma escrita. La utilidad del enfoque neoinstitucional, que aporta estos elementos teóricos para el análisis, es que, al separar la institucionalidad formal de la institucionalidad
Gerardo Laveaga, La cultura de la legalidad, México, UNAM, 2000, p. 18-20. No. 61, enero de 2008/
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informal, se contribuye a la discusión de los dos conceptos plasmados en el primer apartado: las leyes y la cultura. Aunque ésta es una discusión inacabada, la comprensión de esta interacción es fundamental para empezar a pensar mecanismos y acciones distintas y variadas, necesarios para la consolidación de un Estado de Derecho. Además, la razón principal por la que se retoma el análisis de las instituciones en este ensayo es que este enfoque contribuye a entender la relevancia de las instituciones para el funcionamiento y construcción de un régimen democrático.
Además, la existencia de una cultura que implique el respeto a la ley, no sólo permite que haya más “predictibilidad” en las relaciones sociales, como señala O'Donnel, sino que apuntala la supervivencia y permanencia del sistema, como señala Laveaga: la cultura política [democrática] lleva a la consecución y al goce de más prerrogativas [derechos ciudadanos], la cultura de la legalidad lleva a la preservación de las mismas, a la predecibilidad de las conductas de grupos de individuos. En suma, al orden social.7
Instituciones e igualdad Las instituciones y el respeto a la ley Lo legal sería que todos fuéramos tratados por igual Vecino entrevistado
Si yo tuviera un arma, ya me hubiera tronado a alguien Vecino entrevistado El respeto a las leyes está vinculado directamente con el papel de las instituciones5 en la sociedad: cuando las normas no se aplican para todos (hay excepciones, favoritismos o exclusión) y cuando no existe la capacidad para sancionar el incumplimiento de la norma (no hay órganos eficientes que procuren el ejercicio de la justicia, hay corrupción, no hay sanciones ni delitos tipificados, entre otros) es mucho más fácil transgredir la ley que cumplirla. El primer elemento tiene que ver con el sentido de inclusión, pertenencia y justicia: si un ciudadano se siente parte del sistema y percibe que las leyes son justas tendrá una mayor disposición a cumplirlas. El segundo elemento está vinculado a la capacidad de sanción y a los costos que implica transgredir la ley. Desde un punto de vista de la teoría de la elección racional (rational choice) podría decirse que, cuando los costos de violar la ley son muy bajos, se incentiva su transgresión (se incentivan los comportamientos oportunistas o “del gorrón”, según este marco teórico). ¿Qué significa esto? Desde una postura totalmente fría y racional, significa que a simple vista es más fácil y trae más beneficios incumplir la ley cuando el resto de ciudadanos la incumple y el riesgo de ser sancionados es mínimo. Sin embargo, esta percepción puede ser engañosa y nos remite al famoso “dilema del prisionero” o a la “tragedia de los comunes”: al final, las acciones que parecen ser beneficiosas para cada ciudadano en lo individual, resultan una tragedia para el grupo o la comunidad. Difícilmente, alguien podría estar en desacuerdo con la idea de que si todos ponemos en práctica la justicia por mano propia y anulamos el Estado de Derecho, los costos para todos en esta sociedad (en términos de violencia e inseguridad) serían altísimos. Cuando es obvio que muchos violan la ley sin que implique costo alguno, la lección que se extrae erosiona aún más la predictibilidad de las relaciones sociales; la ilegalidad y el oportunismo generalizados aumentan toda clase de costos de transacción y la texturización de la sociedad por el Estado -entanto-ley se debilita con cada vuelta de espiral. 6 5
Los arreglos institucionales son importantes porque establecen los “marcos de interacción” en donde se realiza la vida cotidiana (…) son las reglas del juego en una sociedad o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico. (North, 2001, p. 13). En Luis Fernando Mack y Paola Ortiz, El marco institucional del sistema político en Guatemala: vacíos y contradicciones, Cuadernos de información política No. 2, Guatemala, FLACSO, 2006. 6 Guillermo O’Donnell, en Luis Mack, et al., Redes de inclusión: Entendiendo la verdadera fortaleza partidaria, Cuadernos de Información Política No. 10, Guatemala, FLACSO, 2006, p. 11.
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Lo ilegal es el número de personas que viajan parados en los autobuses Vecino entrevistado El respeto a la ley en un sistema democrático supondría dar un primer paso para la posible existencia de reglas del juego iguales para todos y aplicables a todos sin distinción. Además, el respeto al Estado de Derecho supone el primer escalón para lograr que las leyes vigentes sean el “único juego en la ciudad” (the only game in town).8 Esto significa que si todos aceptan como válidas las leyes y las cumplen, se está dando un primer paso en reconocer la validez de un sistema político; en este caso se esperaría la adopción del un sistema democrático como el único “juego” o sistema válido de las relaciones políticas y sociales. Todo ello conlleva la idea de “normas universales” no excluyentes y, en el fondo, igualdad y mayor certeza jurídica para todos. Esta idea contrasta enormemente con la percepción de algunos ciudadanos entrevistados sobre el tema, cuya opinión, aunque no se puede generalizar por tratarse de un estudio cualitativo, da luces y permite profundizar, sobre lo que muchos guatemaltecos han manifestado en otras encuestas.9 El 70% de los 200 encuestados por FLACSO percibe que en Guatemala las leyes “se usan para defender a los ricos y poderosos”; esto también coincide con los planteamientos de aquellos entrevistados a profundidad en el marco del mismo proceso de investigación. De igual manera, 25 % de los encuestados señaló que las leyes “se usan para proteger y encubrir a los culpables”. Esto contrasta con el hecho de que ninguno de los encuestados ni entrevistados cree que las leyes en Guatemala sirvan para “hacer justicia” o para “castigar a los culpables”, lo cual evidencia una percepción de que la ley es excluyente y que las normas no son universales, y no se aplican a todos por igual. Aunque probablemente algún jurista alegará que eso no es válido, las percepciones y visiones de los guatemaltecos, sobre todo aquellos que provienen de barrios populares –con ingresos limitados, que se enfrentan día a día a la violencia e inseguridad– debe ser un indicador legítimo para comprender el rol del ciudadano frente al (in)cumplimiento de la norma, en un sistema en el que el Estado de Derecho no logra consolidarse. Nuevamente citando a Laveaga, la aceptación e interiorización de las “reglas del juego” es fundamental: tanto la fuerza 7
Laveaga, La cultura de la legalidad, México, UNAM, 2000, p. 20. Frase acuñada por Pzeworski con referencia a la única forma de consolidar la democracia (Pzeworski 1991, p 26). 9 Entre ellas, el Latinobarómetro, la Encuesta de Cultura Política en Guatemala de LAPOP, las diversas encuestas sobre política y percepciones ciudadanas relaizadas por FLACSO, Vox Latina, Aragón y Asociados, entre otras. 8
como la conciliación de los intereses juegan un papel importantísimo en la cohesión social, pero de ningún modo explican, por sí mismos, esta cohesión. Es una vez más el consenso el que hace que una familia, una tribu, un pueblo o un Estado, sobrevivan: la voluntad de sus miembros de seguir perteneciendo a ese grupo.10
La falta de credibilidad y ausencia de confianza: algunas implicaciones Hay muchas cosas que han pasado. Se perdió la confianza. No se confía ni en los vecinos. El Estado ha fallado demasiado Vecino entrevistado La percepción de estar “excluido” del sistema, de que las leyes no existen para dar certeza jurídica a todos sino “para proteger a algunos cuantos” (según palabras de los entrevistados) conlleva a la falta de credibilidad en las instituciones y a la desconfianza en las mismas. Si se acepta una norma, ésta va a ser legítima y, por tanto, va a tener eficacia para aquellos que la hayan aceptado; si no se acepta, sucederá lo contrario.11 Diversos estudios dan cuenta de esta desconfianza y falta de legitimidad;12 cabe resaltar aquí la encuesta realizada por PNUD /POLSEC sobre victimización y percepciones de inseguridad en la ciudad de Guatemala. 13 Dicho estudio revela un dato muy importante: la “cifra negra”, que se refiere al número de delitos (de cualquier tipo: robo, asalto, secuestro, asesinato…) que no fueron denunciados por la población en 2006 es de 75.5%. Delitos que, por ello, quedarán impunes. Del resto de casos que sí se denuncian (24.5%) con dificultad 2% llega a completar el proceso y a ser sujeto de sentencia judicial (justa o injusta). Si se suma a ello que 11.74% de los que sí denuncian, lo hacen porque no tuvieron opción –se trataba de un requisito necesario para completar algún trámite– se puede concluir que, en Guatemala, la población (86.79%) no percibe (por las razones que sea) que puede contar con el respaldo estatal para solucionar o simplemente dejar constancia de cualquier hecho delictivo; mucho menos espera que las instituciones designadas para garantizar la justicia sean capaces de cumplir con dicha función. Sólo 12.76% de los encuestados de POLSEC señaló haber denunciado el crimen para “que se haga justicia” o para recuperar “algo” de lo robado. Este dato revela, por un lado, la ineficiencia o poca capacidad para el procesamiento de demandas por parte de las instituciones nacionales de justicia y, por otro, la escasa credibilidad y confianza de los guatemaltecos en las instituciones; a esto se suma, de manera negativa, la impunidad retroalimentada por el funcionamiento del sistema de justicia. Esto significa que, para los infractores de la ley, que las instituciones de justicia no funcionen no sólo representa un incentivo para actuar, sino que fomenta la impunidad al persuadir al ciudadano para no denunciar el delito. Además, esto facilita que el miedo sea un arma efectiva y poderosa para terminar con cualquier posibilidad de que se realice una denuncia (en una instancia, en donde de acuerdo con la percepción ciudadana, difícilmente ser resolverá algo: estamos cansados de la violencia. La policía suelta a los ladrones. ¿De qué sirve, si se lo llevan y de la cárcel salen peor? Los vecinos están cansados. Por eso es que se toma la ley en las manos).15 Según el estudio cualitativo del Área de estudios sociopolíticos, los ciudadanos afirman (Tabla I): 10
Laveaga, op. cit., p. 24. Laveaga, p. 34. 12 Ver Larinobarómetro, Encuestas de Cultura Política de LAPOP, entre otras. La encuesta de LAPOP, Cultura política de la democracia en Guatemala para el año 2006, reporta que existe menos de 50% de confianza en las instituciones encargadas de la justicia en Guatemala. 13 Julio 2006. 14 Los productos (soluciones) del sistema no son consecuentes con los insumos (demandas), haciendo referencia al enfoque sistémico de Easton. 15 Ciudadano entrevistado.
Además, se asegura que:
Lo importante es señalar cómo estos argumentos refuerzan la desconfianza en las instituciones y, con una visión maniquea, el Estado aparece como “el malo”, que los “buenos ciudadanos” deben aguantar y por cuya causa deben resolver sus propios problemas, ya que éste (de acuerdo con la percepción ciudadana) no tiene capacidad de enfrentarlos. Ante el panorama señalado arriba –de instituciones ineficientes, leyes que se perciben como excluyentes, desconfianza en los actores estatales, entre otros– se confirma que la inseguridad percibida como el principal problema de la población en 2006 es un asunto grave.16
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En 2004, el principal problema para la población era el tema económico, pero este ha pasado a un segundo plano en 2006, año en el cual el tema de la delincuencia/violencia aparece como el más grave (51.4% delincuencia/violencia versus 19.2% problemas económicos). Barómetro de las Américas, LAPOP, Guatemala, 2006, p. 2. De acuerdo con el estudio de FLACSO, el principal problema que aqueja a los ciudadanos entrevistados es la inseguridad –delincuencia(según el 70% de entrevistados) y el problema económico (de acuerdo con el 30% restante). No. 61, enero de 2008/
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Esto significa que el Estado guatemalteco no está en la capacidad de resolver una de las principales demandas de la población, reforzando la idea de un Estado fracasado o fallido17 que no responde a las necesidades de la población o que responde a las necesidades de unos pocos privilegiados.
La incertidumbre y desconfianza que produce la ineficacia de las instituciones de justicia, como se muestra en las tablas III y IV, al final, también redundan en mayor desconfianza e incertidumbre en todo tipo de relaciones interpersonales. Así lo corroboran algunos de los entrevistados a profundidad “hay falta de confianza en las leyes y en las autoridades”, “no se cree en la justicia”, “la policía es corrupta”, “el Estado no hace nada por la justicia”; “estamos peor, andamos sólo entre nuestra familia. Ya ni confiamos en los amigos”. Esto redunda en que se hace más difícil confiar en los “extraños”, pues si no se asegura la veracidad de cualquier tipo de relación, no hay quien responda por los daños (ya sea que se trate de una compra, un contrato, etcétera).
a 2006. No debe dejarse de lado la correlación entre la confianza en las instituciones y la confianza interpersonal, señaladas arriba, pues no se puede fortalecer una sin tomar en cuenta la otra. Se necesita fortalecer el Estado de Derecho para que la confianza interpersonal también se fortalezca y, en último término, se fomenten relaciones menos violentas. Al final, la relación entre ley y cultura ha llevado a situar el papel fundamental de las instituciones, no sólo para lograr el cumplimiento de la ley, sino para favorecer la confianza en las instituciones de justicia, a manera de un círculo virtuoso. En último término, la existencia de instituciones eficientes y justas también contribuye a fomentar relaciones de confianza y de seguridad. Todo ello, al final, lleva a reforzar la idea de la necesidad de construir y fortalecer un Estado de Derecho (que por definición es democrático e incluyente), con leyes que logren su aplicación al ser aceptadas e interiorizadas y que cuenten con sanciones firmes. Ello contribuirá, también, a la existencia de una sociedad más justa y solidaria. Sin embargo, esto no es tarea fácil, pues hay que recordar que la relación ley-cultura es de doble vía: la ley no es ajena a la cultura; pero, para no caer en una visión pesimista, se cita a uno de los clásicos liberales John Stuart Mill: un pueblo está más dispuesto a hacer y hace más fácilmente, aquello a lo que está acostumbrado; pero también aprende a hacer cosas nuevas,20 pues, como señala Przeworski, no hay nada que nos obligue a creer que los obstáculos culturales para la democracia son insuperables.21 Sin embargo, no sólo se trata de voluntades y personas; las instituciones son fundamentales. Algunas frases de los guatemaltecos entrevistados: (entrevistas a profundidad Area de estudios sociopolíticos, septiembre-octubre 2006) –
A los criminales no hay que fusilarlos, habría que cortarlos a pedacitos. Si uno no hace la justicia, la justicia no hace nada. No es correcto quemar a una persona. Pero como los ladrones están de dos a tres meses en la cárcel… No se consigue a un policía, pero rápido se consigue la gasolina para quemar a los ladrones Con los delincuentes agarrados, uno se desahoga. Se les quitan las mañas. En esta colonia ya no hay tantos mareros. Los han ido matando. La violencia se debe a la falta de seguridad, porque no se confía en las autoridades y por eso es que se toma la justicia por propia mano. Es un estado de desesperación. Los jóvenes ya están poniendo en práctica la violencia en la comunidad…Y en la comunidad, ya dicen que le tienen más miedo al dueño de las cosas que van a robar que a la policía. Tenemos que respetar la ley. Pero la cultura no lo permite. Cada quien hace lo que quiere. Tenemos desconfianza de todos en el Congreso. No es legal. Las leyes están (vigentes) sólo unos días. Y después las cambian.
– – – El porcentaje señalado sobre a quiénes se recurre cuando surge algún se complementa con los resultados de una encuesta realizada por FLACSO,18 relativa a la confianza que se tiene para hablar de política. Un 60% de encuestados dice no hablar de política y coinciden en igual porcentaje en que hay que ser cuidadoso al hablar de política para evitarse problemas; 55% coincide en que sólo habla de política con familiares cercanos. De acuerdo con los encuestados en el estudio que aquí se presenta, 70% declaró estar de acuerdo con la frase “si alguien de mi familia comete delito, tengo la obligación moral de no denunciarlo.” De igual manera, en una actitud poco solidaria, pero congruente con los problemas que genera la ausencia de instituciones que garanticen la seguridad y la justicia, 90% declaró que “cuando uno es testigo de un delito lo mejor es no meterse.” Esto redunda en una sociedad que desconfía no sólo de sus instituciones sino también de sus vecinos. El índice de confiabilidad en la “gente de la comunidad” aparece situado en 59.1 en 2006, según la Encuesta de cultura política de LAPOP,19 y, aunque se señala que ha ido en aumento a partir de 2001, probablemente debido al fin del conflicto armado, cabe señalar que el índice de confianza en las instituciones de justicia se mantiene casi invariable alrededor de 45 puntos de 2001
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Aunque se ha discutido mucho sobre el uso de este término, cabe destacar aquí la concepción tradicional de “Estado” de Weber como “el monopolio legítimo de la violencia”, lo que implicaría la capacidad para castigar y sancionar aquellos que transgreden la ley, para mantener el orden. 18 Área de estudios sociopolíticos, septiembre 2005. 19 Op. cit., pp. 76, 77 y 142.
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John Stuart Mill, Considerations on Representative Government. Buffalo, Nueva York, Prometheus Books, 1991 (Publicado por primera vez en 1861), p.10. 21 Adam Przeworski, José Antonio Cheibub y Fernando Limongi. 1997. Cultura y democracia. En: http://www.insumisos.com/articulos/ CULTURA%20Y%20DEMOCRACIA%20DE%20PRZEWORSKI. p.23, enero 2007. 22 Ciudadanos entrevistados a profundidad durante sesiones de grupos focales realizados en septiembre y octubre de 2006. Área de estudios sociopolíticos, FLACSO.
Biblioteca y Centro de Documentación “Edelberto Torres-Rivas” (BCDETR) La BCDETR funciona en FLACSO-Guatemala desde 1990. Es la unidad encargada de seleccionar, adquirir y registrar técnicamente documentos especializados en ciencias sociales y materias afines, con el fin de brindar apoyo a académicos, estudiantes del Programa Centroamericano de Postgrado en Ciencias Sociales y personas interesadas que deseen hacer uso de este fondo documental. Además, en la BCDETR se pueden consultar diferentes colecciones especializadas en ciencias sociales. El acervo bibliográfico de la Biblioteca está constituido por más de 22 mil documentos, entre libros, revistas, folletos, documentos inéditos, discos compactos, videocassettes y otras publicaciones en archivos electrónicos, lo que hace de éste uno de los centros de documentación especializados en ciencias sociales más importantes de Guatemala. Horario de atención, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:30 horas. Para integrarse al Capítulo Guatemala puede comunicarse al PBX 24147444 o visitar la página www.colectivojuventud.org; esilva@flacso.edu.gt
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