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Nueva ĂŠpoca, No. extraordinario

Guatemala, marzo de 2007

PNC: La inseguridad de la seguridad


EN BUSCA DE LA SEGURIDAD Libertad y seguridad Carmen Rosa de León-Escribano*

L

os últimos sucesos ocurridos en Guatemala, que incluyen el asesinato de tres Diputados salvadoreños y su acompañante, el ajusti­ ciamiento en una cárcel de alta seguridad de cuatro policías capturados como sospechosos, la salida del país de un funcionario policial de alto cargo (al cual no se le sometió a investigación); así como evidencias de participación de personas no institucionalizadas dentro de la Policía Nacional Civil (PNC), en operativos policiales y operaciones de inteligencia, ponen sobre la mesa no sólo los fallos del sistema de seguridad y administración de justicia (en el que debe incluirse a presidios), sino también el grado de impunidad con que se actúa por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, así como de los grupos criminales organizados. La situación descrita es el resultado de un cúmulo de inacciones y acciones que se han realizado por parte de los diferentes gobiernos y de la ausencia de una política pública basada en las aspiraciones de la sociedad refrendada por el poder político. La seguridad hasta ahora ha formado parte del botín de los partidos políticos que han llegado al gobierno; pero a su vez, la institución policial se ha convertido en instrumento de los grupos de poder que han acompañado a esos gobiernos. El abandono de la seguridad como un bien común amparado por la Constitución es la tónica permanente. La falta de voluntad política que fortalezca el ámbito civil de la seguridad ha sido la constante. Para las urgencias coyunturales, los gobiernos han encontrado la cómoda salida de llamar al Ejército, haciendo que se confundan las funciones y los ámbitos de las instituciones y, abandonando el fortalecimiento de la PNC. Esta carencia de una visión de mediano y largo plazo, ha convertido al cuerpo policial en un ente reactivo, que carga aún con las malas prácticas del pasado y un sistema de seguridad y justicia que actúa sin coordinación, con zonas grises y vacíos notables. El resultado de lo indicado arriba, es una sociedad que se siente atrapada y abandonada frente al incremento de la delincuencia; sin certeza en el imperio de la ley y sin fe en las instituciones. La reacción frente a esta sensación de inseguridad es rodearse de rejas, alarmas, armas de fuego y agentes privados. Poco a poco los ciudadanos ceden su propia libertad para sentirse un tanto más seguros. La ironía * Carmen Rosa de León-Escribano, socióloga con maestría en sociología del desarrollo, Directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) y miembro del Consejo Asesor de Seguridad.

es que, conceptualmente, la seguridad es la base de la libertad. Sin embargo, cada día somos más prisioneros de nuestras casas y colonias y contamos con más limitaciones para desplazarnos y viajar a otras regiones y al resto del país. Nos hemos convertido en cautivos de un círculo de inseguridad, queriendo encontrar respuestas en la violencia como medida extrema, lo que sólo nos ha llevado a exacerbar aún más, la propia violencia social y a resolver mediante la fuerza y la represión, los problemas surgidos de la exclusión, discriminación y la inequidad.

¿Por qué no funciona la seguridad? El modelo de seguridad en Guatemala se transformó en las últimas dos décadas. Durante el conflicto armado interno se desarrolló un modelo en el que el Estado y sus intereses, eran el objeto de la seguridad y la defensa. Así, cualquier ciudadano que se expresara en contra de las instituciones y del pensamiento oficial, era sospechoso de subvertir el orden. Los intereses del Estado se vieron vinculados con grupos de poder y se desvirtuó la búsqueda del bien común, reduciéndose a una confrontación entre el Estado y sus instituciones por una parte, y la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas que luchaban por las transformaciones económicas y sociales por la otra. Ello llevó a establecer una actuación de los aparatos de seguridad basada en la persecución y represión, que perdió los límites y violentó los más básicos derechos de la persona. En reacción a aquel pasado doloroso y con la intención de prevenirlo en el futuro, desde el inicio del período democrático se estableció la necesi­ dad de transformar el Estado para que sus actuaciones se orien­ taran hacia una vi­ sión centrada en defender los de­ rechos de la pe­ rsona y respetar la capacidad de su participación en un Estado de Derecho, basado en la norma y en la aplicación de la justicia. La refor­ ma al sector se-

Publicación mensual de FLACSO -Guatemala y elPeriódico Secretario general de FLACSO Francisco Rojas Aravena

San José, Costa Rica

CONSEJO ACADÉMICO DE FLACSO-GUATEMALA Víctor Gálvez Borrell-director

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Edición: Víctor Gálvez Borrell;

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Coordinación y diagramación: Hugo de León P.

2 /Extraordinario, marzo 2007

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guridad aparece como uno de los ejes fundamentales para esta transformación. Modificar el concepto de seguridad y transformar el modelo no es fácil. Se trata de cambiar no sólo a las instituciones sino también las actitudes de una sociedad que debe aprender a responder a los conflictos, en forma no violenta. Por ello, es fundamental incorporar la visión comunitaria a la definición de este nuevo modelo, con un enfoque preventivo. Ello permitirá encontrar las claves del tejido social actual e identificar las actitudes que deben modificarse en forma colectiva, a través de la información y la formación en los temas básicos de la seguridad, para garantizar los derechos fundamentales de la población. En este contexto, es importante agregar al modelo de seguridad ciudadana democrática, aquellas prácticas positivas que surgen de la gestión local de los conflictos.

La reforma al sector seguridad La seguridad en Guatemala es producto de un marco normativo y de las actuaciones de las instituciones encargadas de la misma. La construcción del marco doctrinario, en el que se suscribe la reforma al sector seguridad, tuvo lugar en un contexto generalizado de transición democrática del Estado, y como punto de partida del proceso, la Constitución Política de la República (1985). En 1995, Guatemala suscribió el Tratado marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, que sustenta un modelo regional de seguridad basado en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil; la seguridad de las personas y sus bienes; la superación de la pobreza y pobreza extrema; la promoción del desarrollo sostenible; la protección del medio ambiente; la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad; el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas; además de reorientar la inversión de los recursos a la resolución de la problemática social. Posteriormente a lo anterior y como parte del proceso de paz, se firmó el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil –AFPC–(1996), que establece como medida prioritaria un conjunto de reformas que abarcaban temas como la definición del papel de la Policía Nacional Civil, la creación de la inteligencia civil y estratégica, así como del Consejo Asesor de Seguridad como órgano de participación ciudadana en la orientación de las políticas públicas. La nueva institucionalidad se dirigía a garantizar la seguridad pública y la definición del nuevo papel del Ejército, limitando su ámbito de acción únicamente a la protección del territorio contra toda amenaza externa. Igualmente, el AFPC desarrolló una Agenda de Seguridad basada en un concepto ampliado, que plantea que la paz firme y duradera requiere el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento del carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca, el desarrollo económico del país con justicia social, la participación social y, por ende, un orden constitucional democrático. Lo anterior presupone la modificación del modelo de seguridad. De un modelo autoritario, vertical, represivo y controlador se debe transitar hacia uno de carácter incluyente, dialogante, horizontal, que tome en cuenta las necesidades diferenciadas de los múltiples actores comunitarios y en donde la seguridad se construya sobre la base de la solidaridad y organización de la población. Así mismo, debería aplicarse un modelo que perciba la relación entre la sociedad y el Estado como una relación de confianza y específicamente en el tema de seguridad, un modelo en el cual el policía se coloca como el mediador del conflicto social y el gran aliado de la población, en la solución de los problemas cotidianos.

En este contexto, se puede analizar la seguridad como un proceso de construcción permanente, en donde sociedades postconflicto como la guatemalteca, se encuentran transitando desde modelos autoritarios basados en la represión y la búsqueda del enemigo interno, pasando por la institucionalización de la seguridad pública en manos de un Estado democrático y desembocan en procesos colectivos de seguridad ciudadana, que privilegian los mecanismos de prevención y de participación. También debe entenderse que en este proceso, las instituciones se debaten entre la nueva doctrina, las actuaciones que se derivan de ella y las prácticas del pasado. La reforma institucional y el modelo que la conduce implican transformaciones orgánicas, en la forma de operar, en la relación con el ciudadano, en las prioridades y, por tanto, en el presupuesto, la actitud de servicio y la inclusión de controles democráticos. En la transición se observa que mientras débilmente empieza a asentarse una visión de prevención del delito y de atención a la víctima, en la Policía Nacional Civil se siguen utilizando prácticas represivas y atentatorias a los derechos humanos, tal y como recogen los múltiples informes del Procurador de Derechos Humanos, de organizaciones sociales y de organismos internacionales. Lo indicado no significa que la PNC no cumpla con sus funciones en materia de contención del crimen e investigación criminal. Al contrario, se requiere de una institución que realmente defienda a los ciudadanos de las acciones delincuenciales, independientemente de su naturaleza. Para ello, la institución debe estar capacitada y especializada en anticiparse a la comisión de los delitos y contar con condiciones operativas para investigar y perseguir los mismos. Debe quedar claro que todas y cada una de sus acciones, deben enmarcarse dentro de la ley. Es necesario igualmente, que se comprenda que la seguridad y la justicia son partes entrelazadas de un mismo sistema. La Policía cumple la primera tarea que es prevenir y disuadir. En este sentido, trabaja directamente con la ciudadanía para evitar que se cometan hechos delictivos. Una vez que se cometió el hecho delincuencial, debe intervenir para capturar a los sospechosos y ponerlos bajo la instrucción de un juez por una parte y por la otra, atender a la víctima. En este momento opera el otro componente del sistema que es el Organismo Judicial. Este debe ante todo, buscar la reparación de la víctima y decidir el castigo si acaso se demostrara la culpabilidad del Extraordinario, marzo 2007/

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acusado. Para tomar esta decisión debe valerse de las pruebas obtenidas durante la investigación que realiza la Policía, con la conducción del Ministerio Público. Finalmente, si se encuentra culpable al acusado, éste deberá cumplir condena en una cárcel. Debe entenderse que los presidios no son el final de la cadena, sino una etapa de rehabilitación para que el privado de libertad pueda reinsertarse en la sociedad.

Problemas principales A pesar del marco normativo, los sucesivos gobiernos no han sido capaces de desarrollar una política pública en materia de seguridad. Sin objetivos a mediano y largo plazo, las acciones tienden a ser coyunturales y abarcan tan solo una visión de período de gobierno. Frente a una creciente demanda de seguridad por parte de la población, las autoridades caen en acciones de carácter represivo sin sentar las bases de una verdadera transformación del sector. A partir de la vigencia de los Acuerdos de Paz, se inicia la reforma de la Policía, la que presenta dos grandes problemas en estos últimos diez años. El primero es la decisión del gobierno de Álvaro Arzú de reciclar el 90% del cuerpo policial proveniente de la antigua Policía Nacional. Como era de esperarse, los vicios y prácticas del pasado permearon a la institución, haciendo casi imposible la sustitución de los cuadros altos y medios. El otro fue la decisión adoptada durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), de alterar la carrera policial, permitiendo que el director de la PNC pudiera ser una persona ajena a la institución, sin un perfil específico. Una de las conse­ cuencias de estas decisiones fue la existencia de un cuerpo policial poco profesional, sin conducción doctrinaria y con bajos niveles de eficiencia y eficacia. En cuanto a la tipificación del delito, existen tres dimensiones de problemas que se entrecruzan en materia de seguridad ciudadana. La primera es la existencia de estructuras clandestinas conformadas al amparo del Estado durante el conflicto armado interno y que, conociendo la forma de actuar de las instituciones, se han enquistado en la institucionalidad, contaminando estructuralmente el funcionamiento de las mismas. Estas estructuras son las que atentan direc­ tamente contra la gobernabilidad, además de ser responsables del alto grado de impunidad que existe aún en la administración de justicia y combate a la criminalidad.

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La segunda dimensión es en la que aparece el crimen organizado, producto tanto de vínculos transnacionales como de células operativas de las estructuras clandestinas, que alimentan financieramente a estas últimas, ya que se sirven de su control en las estructuras del Estado para poder operar, fomentando la impunidad. La tercera es la de la delincuencia común, que también se ve atravesada por vinculaciones coyunturales o semi permanentes con las otras dos dimensiones de la criminalidad. El mejor ejemplo de esta vinculación son las maras, que tanto pueden actuar delinquiendo en función de la sobrevivencia del grupo, como ser parte de la red del crimen organizado. Por ello, fenómenos como el asalto a autobuses y el cada vez más creciente fenómeno de los crímenes contra mujeres, pueden ser hechos aislados o también formar parte de líneas definidas de actuación de las bandas dentro de alianzas más amplias. Para ser eficiente en su respuesta de brindar seguridad a la población, el Estado debe enfrentar en una forma coordinada y eficiente estas tres dimensiones. Si hubiera que resumir los problemas nodales de la institucionalidad civil de la seguridad, se podrían mencionar fundamentalmente:

1. Ausencia de inteligencia civil La inteligencia en una sociedad democrática es la actividad por la cual se obtiene información, se analiza y se procesa para poder anticiparse a las acciones de la delincuencia común y el crimen organizado. Dado que en el pasado sólo se tenía la inteligencia manejada por el Ejército, en la transformación del modelo de seguridad se plantea la creación y fortalecimiento de la inteligencia civil. Por ello se crea la Dirección de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación y la Secretaría de Análisis Estratégico en la Presidencia de la República. Sin embargo, como estas instituciones no funcionan o lo hacen débilmente, la capacidad de prevenir no se da. En el ámbito de la seguridad interna esta situación se traduce en fuerzas reactivas, que llegan a ser disuasorias por la presencia de los patrullajes, pero no logran articular acciones organizadas para enfrentar la creciente criminalidad. Se pone más énfasis en el equipamiento y en el número de efectivos que en la especialización de los agentes, la cual podría proporcionar capacidades


de inteligencia e investigación para poder combatir efec­ tivamente a los diversos tipos de criminalidad y acabar con la impunidad y la corrupción que priva en el sistema. En el pasado se dependió de la información que proporcionaba la dirección de inteligencia del Ministerio de la Defensa. En la actualidad y lo que es más grave, existe evidencia que el Ministerio de Gobernación obtiene la información de fuentes privadas. Así, durante 2004, más de Q.18,000.000.00 fueron utilizados para servicios de inteligencia dentro del presupuesto de dicho ministerio.

2. Investigación criminal deficiente Existe una grave ausencia de coordinación de campos entre el Ministerio Público y la PNC para la investigación. En Guatemala, se estima que tan sólo 5% de los casos de delitos contra la vida o la integridad física y los bienes que requieren investigación, logran resolverse.1 En parte, esto se da por una ausencia de clarificación en las competencias de ambas instituciones, que da como resultado escenas del crimen contaminadas, deficiencia en la recolección de pruebas válidas para lograr juicios justos y poca capacitación de los fiscales para dirigir las investigaciones. En ambas instituciones se requiere de más personal especializado para enfrentar las diversas investigaciones, así como capacitación de los fiscales y personal policial. En este sentido, es urgente dotar de recursos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para que se unifiquen y tecnifiquen tanto los laboratorios como las capacidades en materia de investigación, así, los fiscales dispondrán de resultados más contundentes para su labor durante un juicio. La ineficiencia en la investigación también incide en el alto grado de corrupción interna de las diferentes instancias dentro del sistema, afectando la eficacia de los controles internos y sanciones disciplinarias por falta de pruebas.

3. Resolución lenta de la justicia A la falta de resolución de los delitos graves por ausencia de capacidad de investigación, se aúna la lentitud de los procesos judiciales. Ambas situaciones agravan la ausencia de credibilidad en el sistema de justicia y hacen más profundo el problema de la impunidad en el país. La mayor parte de resoluciones de los tribunales se asientan sobre testimonios y no sobre pruebas que aporten evidencia a los casos, haciendo aún menos creíble la administración de justicia que se basa en testigos muchas veces falsos. La lentitud para la resolución de casos incide en el colapso del sistema penitenciario, donde la mayoría de detenidos aún está a la espera de juicio. Dentro de la nueva lógica del modelo de seguridad opera la figura de la Defensa Pública Penal, la cual requiere apoyo para su fortalecimiento y cobertura. 4. Sistema Penitenciario colapsado Hasta hace poco, Guatemala era el único país del continente que carecía de una ley para el Sistema Penitenciario. Los problemas de las cárceles son múltiples. Entre ellos se encuentra la ausencia de una instancia responsable de calificar y capacitar al personal penitenciario, la concepción de los centros de reclusión como centros de castigo más que como una oportunidad de rehabilitación, un presupuesto deficiente, 1

Países como Chile y Argentina llegan a 95% de la resolución de casos.

deterioro de la infraestructura física, insalubridad, deficiente seguridad perimetral y ausencia de un régimen de separación mínima por categorías (sobre todo para evitar la promiscuidad y el hacinamiento, así como separar los presos condenados y procesados). La Procuraduría de Derechos Humanos, ha denunciado que dentro de este conjunto, 58.72% son presos o presas sin condena.2 5. Escasa atención a las víctimas La responsabilidad del Estado no es sólo prevenir y perseguir el delito, sino proteger y reparar a las víctimas. Dentro de la lógica del modelo anterior, la figura de la víctima se diluía ya que todo ciudadano frente al Estado aparecía como sospechoso. El nuevo modelo que trabaja para y por la persona, debe desarrollar una serie de acciones que se orienten no sólo a proteger, sino a restaurar en lo posible el daño causado. Por ello, es necesario fortalecer las acciones que en este sentido se realizan por parte de las unidades especializadas dentro del sistema.

Buscando una salida Reorganización y fortalecimiento de la institucionalidad de la seguridad y defensa Después de analizar la situación de la seguridad, es evidente la necesidad de fortalecer una institucionalidad –sobre todo la civil– que responda a los nuevos retos en materia de seguridad democrática. Esto requiere no sólo de la creación de un organismo superior encargado de elaborar la Política y la Agenda Nacional de Seguridad, sino también, de los mecanismos, procedimientos y directivas claras de actuación conjunta, que permitan la ejecución de la política y la elaboración de planes operativos conjuntos y/o coordinados. En ese sentido, el Consejo Asesor de Seguridad (CAS ), ha propuesto crear el Sistema Nacional de Seguridad, que implica reformar instituciones, modificar o trasladar funciones entre ellas, así como crear otras nuevas. Dentro de esta propuesta de sistema (que siempre funcionaría bajo la conducción de la Presidencia de la ASÍES , 2002, p. 29. Con base en el Informe de la PDH . Las cifras de varían insignificantemente entre unos y otros reportes y según fechas de cierre. 2

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Formulación, ejecución y seguimiento de la política de seguridad preventiva Cuando se habla de seguridad, la prevención es uno de los componentes principales. La anticipación a la comisión del delito no es solamente una tarea de las fuerzas de seguridad. Hay elementos que están vinculados con acciones del Estado en otros ámbitos. Por ejemplo, la existencia de factores de riesgo asociados como el alcohol y la proliferación de armas de fuego, puede ser controlada con acciones que provengan tanto de las municipalidades, como del Legislativo y del Ejecutivo.

República) se determina como órgano máximo el Consejo de Nacional de Seguridad, que reúne además al Vicepresidente, a los ministros de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores así como a la Secretaría de Análisis Estratégico. Esta última coordinaría los servicios de inteligencia de las diferentes instancias. También se sugiere la transformación del actual Ministerio de Gobernación en un Ministerio de Seguridad, que tendría a su cargo los cuerpos policiales preventivos, disuasivos y reactivos, así como las unidades policiales de investigación, la DIGICI, el sistema de presidios y la instancia civil de control de armas y municiones ( DIGECAM). Funciones como las que se le asignan a la Tipografía Nacional, autorización de asociaciones, loterías, etcétera, pasarían a otras instancias. En el caso de la PNC , se requiere fortalecer el ámbito de la prevención y establecer mecanismos que permitan la acción contundente de los controles internos. Los últimos acontecimientos señalan que el problema se centra en las unidades relacionadas con el combate a la criminalidad organizada. Por lo tanto, es indispensable no sólo realizar las investigaciones de los más de 1,700 expedientes acumulados en la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP), para culminar con las sanciones disciplinarias correspondientes o con las acciones judiciales y penales cuando así se requiera, sino también establecer el perfil y requisitos de los agentes que deben conformar esas unidades. En ese mismo orden de ideas, deben establecerse los parámetros de la profesionalización y especialización de quienes integren dichas unidades, así como fortalecer la capacidad de investigación de la ORP. En esta coyuntura y frente al poder desplegado por las ramificaciones del crimen organizado dentro de la institucionalidad policial, se hace indispensable el acompañamiento de los procesos antes mencionados, por equipos de expertos internacionales para garantizar la objetividad y la eficiencia en la investigación, así como el resguardo necesario a su integridad. No está de más recordar que recientemente asesinaron a varios integrantes de la ORP que estaban investigando denuncias presentadas a esa unidad. En el contexto nacional es urgente la aprobación del acuerdo que establece la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Según la Fundación Myrna Mack,3 la CICIG se vislumbra como un esfuerzo fundamental para iniciar procesos de investigación sobre el fenómeno de la violencia política generada por los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad ( CIACS ), propiciar su desmantelamiento y promover el impulso de procesos judiciales contra sus agentes y cabecillas; fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de la investigación, persecución y sanción penal de estos hechos, y definir políticas públicas efectivas que inhiban la reaparición de dichas expresiones criminales. 3 Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala: Herramienta indispensable para el combate de la violencia política en el país. Fundación Myrna Mack, noviembre 2006.

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También se asocia con el incremento del delito factores como la existencia de jóvenes fuera del sistema escolar, poco crecimiento en la generación de empleo, bajos niveles de consumo, altos grados de inequidad y procesos de urbanización acelerada. Estas tendencias pueden prevenirse con políticas públicas y recursos orientados a la inversión social. Lo que no se avance en ese sentido, tendrá que combatirse en el futuro con más policías y más cárceles. En materia de seguridad preventiva, si se toma como marco el nuevo modelo de seguridad democrática, que ésta se base en dos acciones principales que se evidencian como fundamentales para el funcionamiento del modelo: la prevención y la participación de la sociedad. La prevención se convierte en una acción fundamental, tanto en el ámbito local, como nacional e internacional. Ésta requiere de recopilación de información pertinente, análisis y sistematización de la misma, para generar estrategias adecuadas de prevención. En la medida en que se puede prevenir, la vulnerabilidad disminuye. Por otra parte, la participación de la población en sus diferentes modalidades constituye el eje sobre el cual debe desplegarse toda la acción del Estado para poder ser incluyente y equitativa. De esa cuenta, es urgente definir la política de seguridad preventiva, para establecer nuevas formas de convivencia basadas en valores positivos y preactivos, que tiendan a generar más libertad y más seguridad. En este contexto, el papel de los gobiernos locales y del Sistema de Consejos de Desarrollo se convierte en el mecanismo de coordinación para el impulso de las acciones de prevención, por excelencia.

Reflexión final Los últimos acontecimientos han brindado la posibilidad de unir esfuerzos entre partidos políticos, sociedad civil y gobierno. Existe una amplia y profunda convicción que hemos tocado fondo y que la respuesta no puede quedarse en manos de uno de los actores. Es el momento de enfrentar las transformaciones que se requieren, con la madurez de considerarlas como un proceso. Politizar la debilidad ya no cabe. El enemigo que se concretiza en la corrupción, el asesinato y la impunidad debe combatirse en su conjunto. El Presidente de la República ha pedido al CAS el apoyo para emprender la tarea de la instalación del Sistema Nacional de Seguridad y ejecutar las acciones urgentes para empezar el fortalecimiento de la institucionalidad policial, así como sentar las bases de la inteligencia civil. El Cardenal, el Procurador de Derechos Humanos y el Rector de la USAC han planteado un Acuerdo Nacional en la misma dirección. Organizaciones de Derechos Humanos y especializadas en la temática están haciendo propuestas orientadas a lograr mecanismos de control, sanción a los responsables y la transformación de las instituciones. Estamos frente a la oportunidad que los partidos políticos asuman el compromiso para, en conjunto con el resto de la sociedad, desarrollar la política de seguridad democrática y acordar los pasos del proceso de la instauración de la institucionalidad que consolide la aspiración de seguridad, paz y libertad de los guatemaltecos y guatemaltecas.


El Postgrado Centroamericano en Ciencias Sociales presentó la conferencia Etnia, género y clase: políticas contra la desigualdad en el siglo XXI, dictada por el profesor visitante, maestro Enrique Gomáriz Moraga. Dicha actividad se llevó a cabo el 28 de febrero de 2007.

El 7 de marzo del año en curso, el doctor Hans Egil Offerdal, representante de CLACSO-CROP para América Latina y el Caribe, dictó la conferencia Religión, desarrollo y pobreza, como parte de las actividades del Área de estudios de pobreza de FLACSO-Guatemala.

La profesora Sallie Hughes, de la Universidad de Miami, doctora en comunicaciones, forma parte del claustro de profesores del curso “Periodismo en políticas sociales con énfasis en educación”, el cual es coordinado por el Área de estudios de educación. Dicho curso fue inaugurado el 27 de febrero del 2007 y cuenta con el apoyo financiero de AID-AED.

El Área de estudios de pobreza inauguró el Cuarto programa de formación de investigadores en un acto presidido por la maestra Isabel Rodas, coordinadora académica de FLACSO-Guatemala, el maestro Óscar A. López Rivera, coordinador del Área y el licenciado Jahir Dabroy, egresado de la promoción 2006 del Programa. Extraordinario, marzo 2007/

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