Nueva ĂŠpoca, No. 59
Guatemala, agosto de 2007
Estrategia electoral y partidos polĂticos en Guatemala (Elecciones Generales 2007)
Estrategia electoral y partidos políticos en Guatemala (Elecciones Generales 2007) Mario Luján1
Los efectos de las encuestas electorales
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onforme se aproxima la fecha de las elecciones generales, el observador promedio del escenario político nacional, comienza a poner mayor cuidado en las diferencias del volumen, calidad y grado de persuasión de la propaganda política de cada uno de los contendientes y simultáneamente también, en los datos de las encuestas, tratando así de que su voto incida de la mejor manera posible, en el resultado electoral. Con este comportamiento, se está concediendo cada vez más valor y credibilidad a las encuestas como indicadores fundamentales de la orientación general del proceso electoral, a pesar de que existen también, otros que pueden resultar importantes. En el contexto indicado, se suele poner poca atención a indicadores adicionales que podrían proporcionar valiosos elementos de juicio para la toma de decisión respecto del voto, como lo son el número de inscripciones que cada partido político ha alcanzado. Tal indicador puede ser determinante para dilucidar las posibilidades reales de éxito de cada una de las opciones que se presentan, especialmente en un país que sufre de un sistema de partidos políticos con excesivo multipartidismo, dispersión y alta desideologización. Por lo anterior, es interesante analizar las cifras, que son totalmente objetivas, tratando así de apreciar sus implicaciones, comparándolas con el nivel de organización que cada partido político tiene y ensayar así, conclusiones respecto de las razones que pudieran existir sobre la subestimación de tales cifras.
Dos tipos de partidos políticos Cuando se examinan las cifras de las inscripciones que los partidos políticos realizaron en el Registro de Ciudadanos, para fundamentar las postulaciones de los candidatos que cada uno de ellos realizó en su 1 Licenciado en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario por la USAC; postgrado en ciencia política por FLACSO-Chile. Fue secretario y director de la Escuela de Ciencia Política de la USAC y actualmente es profesor de esa unidad académica.
oportunidad, podría afirmarse que existen dos tipos de partidos políticos en la contienda electoral. Un primer tipo, de vocación presidencial podría llamársele, que responde a la pretensión central de luchar por la presidencia de República y para lo cual, además del binomio presidencial, postula candidatos a diputados por el listado nacional. En igual forma, también lo hace en un número significativo para distritos electorales (departamentos), en por lo menos 15 de los 23 distritos electorales, y candidatos a alcaldes en un número igualmente significativo de municipios, por lo menos en 200 municipalidades. Un segundo tipo, de vocación parlamentaria o con perspectiva de futuro podría llamársele, que no responde a la pretensión fundamental de buscar la presidencia de la República, sino más bien, la de impulsar un proyecto que permita la elección de un número importante de diputados y alcaldes, que posibilite fortalecer en el futuro inmediato, una opción presidencial. Lo anterior se deduce de las simples cifras que reportan los registros. Son el resultado obvio del mayor esfuerzo que una determinada organización política ha realizado en el momento en que ha puesto en tensión todas sus fuerzas para lograr inscribir la mayor cantidad posible de candidatos a diputados y alcaldes, de tal manera que sean los reproductores, activistas y voceros del aspirante presidencial. Sin ellos, el mensaje de la propuesta presidencial estaría ausente en el departamento o municipio en cuestión, y quedaría únicamente sujeto a su divulgación como propuesta presidencial, a través de los medios de comunicación masiva. De ahí que el número y la presencia de candidatos a diputados y alcaldes en el interior del país, sea un factor clave para determinar las posibilidades reales de una candidatura presidencial.
Publicación mensual de FLACSO -Guatemala y elPeriódico Secretario general de FLACSO Francisco Rojas Aravena San José, Costa Rica CONSEJO ACADÉMICO DE FLACSO-GUATEMALA Víctor Gálvez Borrell-director Isabel Rodas / Virgilio Álvarez / Oscar López / Santiago Bastos Paola Ortiz / Virgilio Reyes / Simona V. Yagenova Edición: Víctor Gálvez Borrell; Corrección de estilo: Karla Olascoaga Coordinación y diagramación: Hugo de León P.
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Una opción política, por ejemplo, que apenas cuente con candidatos a diputados en 10 o 12 distritos electorales o que no llegue a postular 100 candidatos a alcaldes, difícilmente puede tener oportunidad de alcanzar el éxito en la candidatura presidencial. Los partidos del segundo tipo (quizás con la excepción de UD), no reconocen esta situación y no están participando para ganar la presidencia, sino para obtener diputados y alcaldes que les permita su desarrollo ulterior. Es obvio que a ello se refería el general Ríos Montt cuando declaró que el FRG privilegiaba ahora su proyecto parlamentario, antes que el presidencial. Similares razones tiene en mente Rigoberta Menchú, cuando acepta públicamente que ella va a ser candidata presidencial en el año 2011. Cuando un candidato presidencial determinado manifiesta que en un departamento realizará únicamente charlas o caravanas de vehículos, lo que en realidad está indicando, es que en ese departamento no cuenta con una estructura partidaria solidamente posicionada y que, en consecuencia, no posee delegados o representantes capaces de escuchar, reproducir y ampliar su mensaje, una vez que se haya retirado. Por lo general, los partidos políticos no reconocen claramente estas circunstancias y tratan de ocultar las cifras que reflejan sus debilidades en determinados departamentos o regiones, lo que obviamente, ilustraría acerca de las omisiones en su trabajo partidario o sus fracasos organizativos. Al comparar las cifras de inscripción con las de municipios y departamentos que cada partido tiene reportados como vigentes en el Registro de Ciudadanos, se puede apreciar el por qué de las escasas inscripciones, especialmente de los partidos políticos de menor dimensión. Esto por que los de mayor tamaño pueden superar sus deficiencias organizativas con una mayor propaganda y presencia en los medios de comunicación masiva.
Tomando como base las cifras reportadas en cuanto a inscripciones logradas por cada organización política según el siguiente cuadro, se confirma entonces la existencia de dos tipos de partidos políticos: - Partidos políticos de vocación presidencial: Dentro de estos se incluye aquellos que superan en el número de sus postulaciones, los 15 distritos electorales en el caso de candidatos a diputados distritales y que superan, asimismo, 200 candidatos a alcaldes, en el caso de las elecciones municipales. En esta categoría estarían: UNE, PP, GANA, FRG, PAN, UCN y PU.
- Partidos políticos de vocación parlamentaria o con perspectiva de futuro: Igualmente, considerando como base estas mismas cifras reportadas en cuanto a inscripciones logradas por cada una de las organizaciones políticas, se podría afirmar que en este segundo tipo de partidos políticos, se incluye a aquellos que no alcanzan las cifras relacionadas. En esta categoría estarían: ANN, CASA, DC, DIA, EG, UD, y URNG-MAIZ. Si se comparan los resultados que arrojan las encuestas sobre preferencias electorales, se verá que existe una alta dosis de coincidencia entre los tres partidos políticos (UNE, PP y GANA) que encabezan las mismas y el número de inscripciones que tales opciones políticas alcanzaron. Ello también explicaría, el repunte reciente que se aprecia en las encuestas, en partidos políticos como el FRG y UCN, y en menor medida con el PU. Explicaría asimismo, las dificultades que han tenido CASA y EG, para crecer en las encuestas.
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No está demás afirmar que el número de inscripciones que alcanza una organización política, en cuanto a diputados y alcaldes se refiere, podría ser un indicador más racional y objetivo (o al menos otro punto de vista a considerar) para determinar el arrastre de un partido político o a cuáles candidatos invitar a los debates presidenciales televisados, —por ejemplo– que utilizar únicamente el resultado de las encuestas. Ello, porque esta última y exclusiva razón, es generalmente criticada por los candidatos excluidos, al igual que cuestionada en cuanto a su objetividad, en la medida que aducen que tales encuestas pueden estar sesgadas para favorecer a determinados candidatos. Utilizar estos otros indicadores, disminuiría los señalamientos y cuestionamientos. Vale la pena indicar que en el primer tipo de partidos políticos, se encuentra una mayoría que ha sido partido oficial; es decir, que hicieron gobierno y seguramente se beneficiaron del carácter oficial y de su presencia en el Organismo Ejecutivo, para extender su organización política. En este caso están, en mayor o menor medida, cinco de ellos: GANA, FRG, PAN, PU y PP, aunque este último estuvo solo unos meses antes de optar por retirarse. Solo dos formaciones políticas: UNE y UCN no han hecho gobierno. En cuanto al segundo tipo de partidos, solamente la DC alcanzó el poder pero no pudo aprovechar tal circunstancia, en virtud de sus prolongadas pugnas internas. Los restantes son de más reciente factura, aunque algunos tienen más de diez años de existencia: DIA y UD. Lo anterior implica que la presencia en el Gobierno central ha sido determinante para la pertenencia de estos partidos a la primera categoría. No obstante, se constata también que ni aún así, extendieron su organización en el interior del país. Por el contrario, mantuvieron un crecimiento y desarrollo limitado, pero suficiente para estar por encima del conjunto de organizaciones políticas. En el contexto anterior, es sabido que los partidos políticos oficiales no logran repetir en el Gobierno central, pese a los esfuerzos que hacen desde el poder para continuar en él; el electorado acostumbra a rechazar al oficialismo y opta por una nueva opción política. Es igualmente interesante, observar el paulatino debilitamiento que sufren los partidos políticos oficiales que, la mayoría de veces, no se circunscribe a un simple deterioro de las cifras electorales, sino que provoca su hundimiento. Desde 1985, con el inicio de la transición a la democracia, este proceso se produce con la Democracia Cristiana como partido oficial, con 38.6% de la preferencia del electorado, que se convierte en 17.5% en 1990; disminuye de nuevo, en coalición con UCN y PSD a 12.9% en 1995; continúa disminuyendo a 1.15% en 1999 y a 1.57% en 2003. En este último año, el partido se salva de ser cancelado gracias a los diputados que logra colocar en el Congreso.
En el caso del PAN, la situación de 17.2% de los votos alcanzados en 1990, sube a 36.5% cuando obtiene la presidencia en 1995, desciende a 30.3% en 1999 y a 8.35% en 2003, porcentaje que difícilmente alcanzaría en estas elecciones. En cuanto al FRG, de 22.04% de la preferencia del electorado que alcanza en 1995, asciende a 47.7% en 1999 y baja a 19.31% en el 2003, que ahora tampoco se espera que alcance. Respecto de la GANA, que llegó a concentrar 34.3% en el 2003, también es improbable que mantenga esa cifra. Habría que preguntarse entonces, hasta donde no son esos estilos de trabajo, que podrían ser calificados de artesanales, los que motivan las caídas tan significativas de los resultados electorales de los partidos oficiales, una vez que se han alejado del Gobierno central; y si no será esa visión tan limitada y estrecha, como a continuación se explica, la que les impide su crecimiento y desarrollo.
Partidos políticos minimalistas Lo que denotan las cifras que tienen reportadas los partidos políticos en el Registro de Ciudadanos en cuanto al número de departamentos y municipios en los que tienen efectivamente organización vigente, es lo débil de sus organizaciones partidarias en el interior del país. Ello es así, debido a que la regulación legal les permite mantenerse en los límites mínimos que la Ley establece; es decir, los famosos 12 departamentos y 50 municipios. La mayor parte de los partidos políticos, una vez cumplidos los límites mínimos, se mantienen un poco por encima de tales mínimos requeridos legalmente, con el propósito de no aumentar demasiado los costos partidarios y eludir las complicaciones de ampliar
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“demasiado” la estructura partidaria. Con ello también evaden los procedimientos democráticos. Esta es una de las razones que ocasiona que nos veamos enfrentados a partidos políticos subdesarrollados, con muy poca implantación en el interior del país y con una población con muy baja cultura política. Está demostrado que la democracia representativa no se puede concebir ni funcionar, sin partidos políticos. En consecuencia, optar por un sistema democrático, implica apostar por un sistema de partidos políticos. Pero si ello es así, debe tratarse de un sistema de partidos políticos desarrollado, que no se quede congelado en los límites mínimos y se estacione para siempre, sino que paulatinamente mejore su actuación. Para ello se hace indispensable que la Ley les exija su mayor esfuerzo y establezca límites que los obligue a ampliar su organización en el interior del país.
El modelo de partido político que la ley actual exige Deficiencias como las indicadas en el sistema de partidos políticos, devienen de las características y límites que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) impone a los mismos para mantener su registro como tales, exigencias que en la práctica son muy débiles y en exceso complacientes. A continuación, algunos ejemplos: - Límites partidarios a escala nacional: Pese a que muchos centros académicos y de estudios han señalado que los límites de 50 municipios de 332 existentes (apenas el 15%) y 12 departamentos (escasamente el 50%), son excesivamente bajos (minimalistas podría decirse) para el funcionamiento de organizaciones políticas que pretenden actuar en todo el país, la reforma que apuntaría a ampliarlos, no ha recibido apoyo. En esta materia, por ejemplo, podría haberse considerado la posibilidad de obligar a los partidos políticos a elevar paulatinamente sus límites, para demostrar su desarrollo como organización, lo que tampoco se estimó oportuno en el Congreso de la República. - Límites partidarios a escala departamental: En la actualidad, la LEPP exige “...más de tres municipios por departamento” debidamente organizados, para considerar a tal departamento, como organizado partidariamente. Ello, a pesar que reiteradamente se ha señalado que no es lógico pedir los mismos cuatro municipios para Izabal por ejemplo, (que tiene cinco municipios) que para Huehuetenango (que tiene 32 municipios). Lo aconsejable sería establecer, al menos, más de la mitad de los municipios y 0.30 % de los empadronados en ese departamento. Tampoco en esta materia parece encaminarse la reforma a conseguir apoyo legislativo. - Obligación de tener organización partidaria para poder postular: La Ley actual permite a los partidos políticos postular candidatos a diputados y alcaldes, aunque no tengan organización partidaria alguna en el departamento o municipio de que se trate. Ello se produce por simple decisión de su Comité Ejecutivo Nacional. El resultado obviamente produce candidatos improvisados que difícilmente conocen y responden a los intereses ciudadanos de esa localidad y que, al llegar al cargo ambicionado, se “liberan” rápidamente de su compromiso con el partido político que los postuló, con las implicaciones de corrupción que ello genera (cada vez son más públicas las denuncias de
compras de candidaturas de alcaldes y diputados). Todo lo anterior afecta la representatividad de la población e incentiva el conocido “transfuguismo” de los candidatos una vez electos. Esta complacencia con los partidos políticos contenida en la norma, es la que más afecta al desarrollo de los mismos, pues les permite postular en todo el ámbito nacional sin tener ningún trabajo de base. Esto significa que los partidos políticos, teniendo los mínimos indispensables (50 municipios y 12 departamentos), sin hacer ningún trabajo ideológico u organizativo entre elección y elección, pueden postular en donde se les antoje, manteniéndose sin hacer esfuerzo alguno por desarrollar su organización política, y, por ende, sin desarrollar políticamente a los departamentos y municipios del interior del país. La razón es que ello es más económico y requiere menos inversión e implica además, menos riesgos políticos. Es evidente que ello es negativo para el desarrollo político del país; en tanto se mantenga esa norma vigente se tendrán partidos políticos subdesarrollados, en los que se premia la ineficiencia y la “hibernación política” entre elecciones. Pero también un país políticamente subdesarrollado. La propuesta de reforma la Ley en este sentido, tampoco ha prosperado. - La excepción de alcanzar diputados para no ser cancelados: Tratando de disminuir el número de partidos políticos con poca votación, en las últimas reformas a la LEPP se elevó el mínimo que un partido político debe de obtener para conservar su registro como tal, de 4% (que hay que reconocer que había funcionado en forma adecuada y justa) al 5%. No obstante, simultáneamente se mantuvo la excepción que permite la no cancelación de un partido político que, pese a no haber alcanzado el porcentaje establecido de votación, obtenga un diputado. Ello contradice el sentido y el espíritu de la norma como fue concebida y que nace del criterio de que una organización política, para merecer integrar el órgano de más alta representación nacional (el Congreso de la República) debe de estar por encima de
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La necesidad de modificar los aspectos arriba señalados fue planteada por la Instancia de Coordinación Académica (integrada por ASIES, FLACSO, FUNCEDE, INCEP, Escuela de Ciencia Política de la USAC y Facultad de Ciencias Políticas de la URL) desde 2004, ante distintas instancias del Congreso de la República. Desafortunadamente, no fue tomada en cuenta y se desestimó.
Conclusiones
determinado porcentaje. Aceptar la excepción, desnaturaliza el sentido de la norma. Si lo que se pretendía era beneficiar a los partidos políticos pequeños, la lógica indicaba bajar el porcentaje, pero no aceptar la excepción. - Permisividad para no participar: Es obvio que una de las funciones más importantes que cumple un partido político es participar en las elecciones en el ámbito nacional. Sin embargo, en la Ley existe el resquicio legal de que se puede mantener el registro como partido político, aún sin participar en las elecciones. Ello ha implicado que exista un buen número de partidos políticos que mantienen su “ficha”; sin ningún tipo de riesgo (no participan) mientras los que corren el riesgo (y participan) muchas veces son cancelados. El afán de mantener el registro como partido político se hace para eventualmente venderlo, lo cual prostituye el sistema a todas luces, y cada vez con menos recato. Es más que claro que ese resquicio legal debe de ser eliminado, pero todas las sugerencias y peticiones en ese sentido se han enfrentado con la empecinada negativa de quienes tienen que reformar la Ley: los propios partidos políticos. - Ausencia de democracia interna: Como si no fuera suficiente todo anterior, lo más grave es el hecho de que la Ley no contempla la democracia al interior de los partidos políticos. Y si se logró que se estableciera la representación proporcional para las elecciones de las juntas directivas y las designaciones de candidatos, se dejó como potestativo, pese a la demanda de muchos grupos sociales y académicos (incluso el Tribunal Supremo Electoral). Resulta obvio que ello tenía que ser imperativo, pues, en caso contrario, ningún partido político aplicaría la representación proporcional, como efectivamente viene sucediendo. - Elevación del porcentaje de alfabetos: En la actualidad se establece que la mitad de los afiliados a un partido político deben de ser alfabetos, tomando cifras de analfabetismo de la década del cincuenta (en el que éste superaba el 50% de la población). En la actualidad, cuando CONALFA reporta un analfabetismo del orden de 23.9%, ello obliga a replantear el tema con seriedad y alejado de cualquier manejo demagógico. Es evidente que dentro de los partidos políticos lo deseable es que estén afiliadas las personas más calificadas, concientes y alfabetas de las comunidades, (sean municipios o departamentos) quienes efectivamente puedan jugar un papel de dirigentes y de agentes de cambio. Ello se puede lograr si la mayoría de sus miembros son alfabetos dentro de una comunidad determinada. Por otra parte, debe de reconocerse que el mantenimiento de la cifra anterior, no solo no responde a la realidad actual, sino que favorece el falseamiento de las listas de afiliados y afecta la transparencia dentro de los partidos políticos. De ahí que lo correcto sería que a lo sumo la cifra de analfabetos en un partido político no debería de elevarse más allá del 10% del total de afiliados.
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En la actualidad, el sistema político estimula un tipo de partido que cumple con requisitos sumamente bajos, tanto a escala nacional como a escala departamental; que goza del privilegio de postular candidatos en todo el ámbito nacional, sin tener organización partidaria en la gran mayoría del país (municipios y departamentos); que promueve la venta de candidaturas (con las implicaciones que ello conlleva en cuanto a falta de identificación partidaria y lejanía de los intereses de la localidad); que impulsa el “transfuguismo” de los candidatos electos; que no merece estar en el Congreso pero que lo logra gracias a medidas de excepción; que debería ser cancelado por el simple hecho de negarse a participar, pero que conserva su registro como tal; que representa un exceso de analfabetos; y, por último, que seguirá negándose a aplicar la representación proporcional como fórmula de democracia interna en su organización. Dos conclusiones más pueden avanzarse en este contexto. La primera, es la enorme responsabilidad de los partidos políticos por mantener este diseño, que les impide su propio desarrollo como tales y el del sistema político en su conjunto. La segunda, es que, en estas circunstancias, no es extraño que existan partidos políticos que opten (como en el caso del actual proceso electoral) por presentar candidatos tan solo en algunas circunscripciones o que prefieran apostar por un aspirante presidencial de supuesto carisma, tan solo para alcanzar una posible inyección financiera.
II Encuentr o Estudiantil: P apel/f or mación del maestr o en las sociedades Encuentro Pa pel/for ormación maestro postconflictos Invitados por FLACSO-Guatemala, más de 70 jóvenes, líderes, estudiantes de escuelas normales de Alta y Baja Verapaz, Jalapa, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Suchitepequez, Quiché, Zacapa y Chiquimula, participaron en II Encuentro Estudiantil denominado Papel/ formación del maestro en las sociedades posconflictos, realizado del 16 al 18 de agosto en Guatemala. El objetivo de esta actividad fue abrir un espacio de diálogo entre los jóvenes, en el cual discutieran el papel del estudiante de magisterio en relación con el proceso de reforma educativa, y que presentaran opiniones sobre el proceso de transformación de las escuelas normales. Dicha actividad se realizó con el apoyo financiero de Save the Children, Noruega. Jóvenes representantes de las escuelas normales en la mesa directiva del Encuentro.
Estudios sobr e desafíos de la inte g r ación centr oamericana pr esentado sobre integ centroamericana presentado binete de Gobier no ante Ga Gabinete Gobierno Un trabajo sobre los principales desafíos que caracterizan la integración centroamericana, elaborado por la Secretaría General de FLACSO, fue presentado el 21 de agosto al Gabinete de Gobierno en Guatemala, por invitación de la Presidencia de la República. Luego de ello, Josette Altman, autora del estudio, Luis Guillermo Solis, Coordinador regional de investigación de FLACSO-Secretaría General y Víctor Gálvez Borrell, Director de FLACSO-Guatemala, ofrecieron en Casa Presidencial, una conferencia de prensa, en la que ampliaron la información a preguntas de los periodistas asistentes De izquierda a derecha, Luis Guillermo Solis, Josette Altman y Víctor Gálvez Borrell.
For o sobr e los desafíos de la se guridad en Centr oamérica y el caso oro sobre seguridad Centroamérica Guatemala
En la foto, en el orden acostumbrado, Jairo Hernández, Héctor Rosada Granados, Víctor Gálvez Borrell y Julio Balconi.
Con la participación de Jairo Hernández, Director del Programa América Latina y EEUU: cooperación para el control y la prevención del uso de la fuerza de FLACSO-Secretaria General, Julio Balconi, Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad y Héctor Rosada Granados, analista independiente, el 21 de agosto se realizó en el auditorium de FLACSO, el foro: Los desafíos de la seguridad en Centroamérica y el caso Guatemala. Jairo Hernández presentó el panorama de la región, el trasiego de armas, la violencia delictiva y los nuevos retos en un mundo globalizado. Julio Balconi destacó las dos dimensiones del problema para Guatemala: las condicionantes regionales y las expectativas de la nueva institucionalidad que se ensaya en el país. Por su parte, Héctor Rosada planteó estrategias para enfrentar los desafíos de la seguridad en el plano preventivo y operativo, que le corresponderá enfrentar al nuevo gobierno. No.59, agosto de 2007/
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FLACSO -Guatemala apoya propuesta de FLACSO-Guatemala Le y de Desar ur al Inte g r al Rur ural Integ Ley Desarrr ollo R En septiembre de 2006, varias organizaciones sociales solicitaron a FLACSO-Guatemala, al Rector de la USAC, al Procurador de los Derechos Humanos y a la Conferencia Episcopal, les apoyaran y acompañaran en sus esfuerzos por dar a conocer una iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral. Tomando en cuenta la situación de pobreza y pobreza extrema, exclusión y desigualdad en el agro guatemalteco, así como la crítica situación que podría acrecentarse en este campo, como consecuencia de la aplicación del TLC (lo que ha sido reconocido por organismos internacionales y el propio Congreso de la República al considerar la necesidad de promulgar leyes de compensación social), las cuatro organizaciones citadas decidieron prestar el apoyo solicitado. En este contexto, el 22 de agosto se realizó en el Hotel Panamerican una conferencia de prensa en la que se ratificó el interés porque, en el Congreso de la República, se discuta dicha iniciativa de ley.
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Representantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal, FLACSO-Guatemala y organizaciones sociales durante la coferencia de prensa.