Reexistiendo en Abya Yala by Madreselva

REEXISTIENDO EN ABYA YALA DESAFÍOS DE LA ECONOMÍA FEMINISTA EN TIEMPO DE PANDEMIAS

Cristina Carrasco Bengoa Natalia Quiroga Diaz Compiladoras

Reexistiendo en Abya Yala : desafíos de la economía feminista en tiempo de pandemias / Cristina Carrasco Bengoa ... [et al.] ; compilado por Cristina Carrasco Bengoa ; Natalia Quiroga Díaz. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Madreselva, 2020. 283p. ; 20 x 13 cm. ISBN 978-987-3861-49-9 1. Economía. 2. Feminismo. I. Carrasco Bengoa, Cristina, comp. II. Quiroga Díaz, Natalia, comp. CDD 305.4201

Reexistiendo en Abya Yala Desafìos de la economía feminista en tiempo de pandemias Cristina Carrasco Bengoa y Natalia Quiroga Díaz compiladoras

Editorial Madreselva, Buenos Aires, enero 2021 www.editorialmadreselva.com.ar Corrección y revisión de textos: María Luisa Peralta, Verónica Diz y Cecilia Aslan Diseño de portada: Sofía Rocatti Maquetación: Damián Cabeza Porley

Esta edición se realiza bajo una licencia Creative Commons Atribución-No comercial 2.5 Argentina. Por lo tanto, la reproducción del contenido de este libro, total o parcial, por los medios que la imaginación y la técnica permitan sin fines de lucro y mencionando la fuente está alentada por lxs editorxs.

Presentación Cristina Carrasco en diálogo con Editorial Madreselva En enero de 2020 invitamos a Cristina Carrasco a reflexionar en un texto situado desde Abya Yala. El continente estaba atento a los fuegos callejeros de las movilizaciones populares en Chile y Ecuador, y con el golpe de Estado en Bolivia, pero hoy aquellos acontecimientos parece que sucedieron hace un siglo. Llegaba marzo, todavía humeaban las aceras al paso firme de nuestras multitudinarias movilizaciones del día 8 cuando el mundo que conocíamos se detuvo como un reloj roto ante el COVID-19. El nuevo escenario puso en entredicho la continuidad del proyecto de libro que teníamos planeado, como puso contra las cuerdas absolutamente todos los planes, personales y comunales. ¿Cómo hablar de economía sin mencionar esta crisis civilizatoria tantas veces anticipada por la economía feminista? Con correos electrónicos que iban y venían, y con algunas dudas decidimos que, aunque se viera acorralado por una coyuntura muy específica, valía la pena y era aún más urgente continuar con la investigación, ir al encuentro de esas voces y reflexionar sobre los primeros efectos de la pandemia y la forma de enfrentarlos en cada territorio de Abya Yala. Distintas autoras de diversas geografías del continente, muchas de ellas participantes en el grupo Economía Feminista Emancipatoria reconocido por CLACSO reflejan y deliberan sobre el impacto de la crisis en sus territorios. 7

Ninguna fue ajena a los efectos devastadores de la pandemia, muchas de las entregas de los escritos se vieron atravesadas por las necesidades de cuidados a familiares enfermos de COVID-19 o por la sobrecarga de trabajo. Finalmente el mapa trazado originalmente para organizar los ejes temáticos se fue redibujando, adecuándose a la realidad de cada compañera. Como resultado, algunos artículos hacen referencia a la dura realidad de estos últimos meses en un determinado territorio, con especial mención a cómo ésta afecta especialmente la vida de las mujeres: precariedades diversas, problemas económicos y de trabajos, cesantías, situaciones de violencia, aumento de cuidados y responsabilidades en los hogares. En cambio, otras autoras se decidieron por abordar una temática específica que estaban viviendo y/o que conocían profundamente. El resultado es un telar de arco iris donde las diversas experiencias muestran también un sustrato común, el de una problemática global que tiene un correlato local. Toda la información recogida en este libro es de difícil acceso a través de otros medios que no sean las redes que conformamos las feministas, es gracias a ellas que podemos ofrecerla reunida en un solo texto. Esta información nos permite conocer y comparar similitudes y diferencias en nuestro continente, nos refleja como espejo desde el cual podemos profundizar nuestros métodos de reexistencia y nuestras alianzas. La mirada de la economía feminista que acompaña a todos los escritos, da cuenta de la prioridad sistémica de los mercados sobre la vida sostenida por la economía dominante y de la cual se hacen eco nuestros gobiernos. De aquí que, la llegada del virus no ha hecho más que dar mayor visibilidad a las desigualdades que ya existían. Ha quedado 8

de manifiesto que lejos de ser “homo oeconomicus” somos personas vulnerables que habitamos cuerpos y psiquis frágiles que requieren cuidados a lo largo de todo el ciclo vital. Que somos personas interdependientes, hechas para vivir en comunidad, con solidaridades necesarias, constituyendo parte de la naturaleza, y no individualidades egoístas preocupadas solo de su propio beneficio. Somos conscientes de que el feminismo y la economía feminista son algo más que una incomodidad para este sistema neoliberal y la economía dominante, porque nuestras críticas atacan la raíz de toda su estructura de funcionamiento. Lo hacemos a partir de un análisis donde destaca su sensatez y realismo, y de unas propuestas cuyo objetivo no es la ganancia de unos pocos sino la vida de todas y todos. No cuestionamos –como ha hecho la izquierda tradicional, moviéndose solo en el espacio de la producción capitalista- las relaciones de poder entre capital y trabajo. Por el contrario, observamos todo el espacio social sin realizar separaciones ni categorizaciones entre espacios público, privado o doméstico, y planteamos como contradicción fundamental la que tiene lugar entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida, revalorizando el trabajo de cuidados que la sostiene. Estas ideas, que hemos venido elaborando desde hace algunas décadas entre diversas compañeras, convocan cada día más y con más fuerza no sólo a feministas de aquí y de allá sino también a distintos grupos, personas, movimientos, que están por los mismos objetivos que van reconociendo la potencialidad y el significado profundo de la economía feminista. El artículo “La vida en pandemia: una mirada desde la economía feminista” oficia de introducción con el objetivo de ofrecer las ideas principales que sostiene la economía 9

feminista y comentar el nexo entre dichas ideas y la situación de pandemia que nos ha tocado vivir, sin analizar la situación particular de ningún país. El apartado “Crisis de reproducción y pandemia en Abya Yala” contiene seis capítulos escritos por Nalu Faria, Miriam Nobre, Renata Moreno; Andrea Sato; Ana Felicia Torres; Ana María Morales Troya; Corina Rodríguez Enríquez y Ana Patricia Castillo Huertas analizan las situaciones de Brasil, Chile, Mesoamérica, Ecuador, Argentina y Guatemala respectivamente. Cada una de ellas relata, con perspectivas no siempre análogas, las situaciones vividas en su territorio, la actitud de los gobiernos y la ausencia de políticas eficaces respecto a la forma de enfrentar la pandemia y de paliar sus efectos. Pero también las estrategias de organización que se han establecido desde el feminismo, la economía social y la soberanía alimentaria. La segunda parte, llamada “Con la lupa de la economía feminista en los territorios de Abya Yala” está integrada cuatro capítulos escritos por Kelly Peña Riveros; Belén Valencia Castro, Kruskaya Hidalgo Cordero y Flora Partenio; Lisseth Mariana Pérez Manríquez y Amaranta Cornejo Hernández; Viviana Norman. En ellos encontramos relatos de situaciones particulares, algunas duras también, pero probablemente más invisibilizadas. El primero hace referencia a las formas de vida y el azote de la pandemia al pueblo Nünak en la Amazonía colombiana. El segundo, muestra la precariedad en todos los sentidos de las trabajadoras y trabajadores conocidos como “delivery”, en varios países de Abya Yala y las estrategias de resistencia que han encontrado a nivel global. El tercero, relata las situaciones de agudización de las desigualdades laborales entre mujeres y hombres como efecto del teletrabajo y los requerimientos de cuidados en el hogar, vividas por mu-

jeres académicas mexicanas, pero que pueden extenderse a todo el colectivo. Finalmente y a modo de esperanza, el volumen cierra con un breve artículo que da cuenta de la capacidad de articulación de las colectivas feministas, que frente a la imposibilidad de reunirse físicamente, han resignificado este impedimento en organización de territorios más extensos, visibilizando y reforzando solidaridades. Esperamos que este libro ayude a conocer mejor las diversas realidades de nuestro continente y nos inspire a fortalecer los vínculos del feminismo internacionalista. Porque nos necesitamos todas, todos, todes para unir nuestras voces, juntar nuestras energías y pensar en común, para desarrollar estrategias y acciones que nos permitan descentrar a los mercados y poner, de una vez por todas, a la vida que deseamos en el centro. Chiloé y Buenos Aires Noviembre 2020

INTRODUCCIÓN La vida en pandemia: una mirada desde la economía feminista Cristina Carrasco Bengoa El presente texto no se centra en la problemática de ningún país en particular. Pretende ser una manera de introducción al contenido general del libro: aspectos centrales de la economía feminista y algunas ideas que asumirán características específicas al ser reflexionadas sobre la situación de cada territorio concreto1. El texto está dividido en tres partes. En la primera, se desarrolla de manera resumida el planteamiento central de la economía feminista, su crítica al sistema socio económico que vivimos y la propuesta de un paradigma alternativo al dominante en economía. Posiblemente para muchas/os lectoras y lectores sean aspectos ya conocidos. Sin embargo, la idea de recuperarlos en este primer capítulo responde a dos objetivos: por una parte, que el libro sea auto contenido en el conocimiento básico de la economía 1 En este texto no he incluido una bibliografía final como se acostumbra habitualmente. La economía feminista es pensamiento y acción que hemos ido construyendo entre muchas compañeras a lo largo de las últimas décadas. Ideas que ya son colectivas. En consecuencia, aunque está plagado de referencias implícitas, me sería muy difícil identificar cada idea o concepto con una determinada autora. He tenido la suerte de tener excelentes compañeras de viaje, cuyas ideas o palabras recorren este artículo. Quisiera señalar, en particular, a Antonella Picchio por su amistad, cariño y la potencia de su pensamiento; a Amaia Pérez Orozco por su cercanía, confianza y enorme creatividad; a Yayo Herrero que me permitió conocer la importancia del ecofeminismo; a las amigas del grupo de Dones i Treballs de Barcelona de las cuales aprendí a pensar libremente y a las compañeras de la Red de Economía Feminista Emancipatoria, grupo reconocido por CLACSO, que me enseñaron a mirar hacia Abya Yala. A todas ellas, muchas gracias. 13

feminista, y por otra, para visibilizar y destacar la fuerte relación entre los planteos de la economía feminista2, en lo referido al cuidado y una vida buena, con la crisis vital que ha evidenciado la pandemia y los aprendizajes que deberíamos considerar mirando hacia el futuro. La segunda parte hace referencia concretamente a los problemas sufridos por la población como efecto del COVID-19, insistiendo en que el causante directo no ha sido el virus sino el sistema neoliberal que vivimos, que además de ser el responsable de las enormes desigualdades sociales, no tiene como objetivo el cuidado de la vida en su sentido más amplio, humana y no humana. Situación que ha quedado al descubierto por la precariedad de los sistemas públicos sanitarios y de cuidados. En la tercera parte se plantean las incertidumbres y riesgos de incremento de las desigualdades en la pos pandemia y se abordan algunas posibles ideas para el desarrollo de acciones y/o políticas de transición sostenidas desde la mirada de la economía feminista. La urgente necesidad de un paradigma alternativo: la propuesta de la economía feminista Lo que hoy se conoce en general como economía feminista tiene una larga historia que se desarrolla casi en paralelo al 2 Existen diversas economías feministas, aunque todas ellas mantienen una visión absolutamente crítica a la economía dominante y al heteropatriarcado. Mi participación política feminista ha sido fundamentalmente en el feminismo blanco del norte global y la economía feminista a la cual hago mención tiene esa mirada. Aquí quiero señalar en particular la importancia de la economía feminista decolonial, a la cual debiéramos dedicarle mucha atención y aprender de ella. Ahí se critica la falsa universalidad del término mujer que ha utilizado el feminismo blanco, y se propone pensar en las diversas opresiones (de clase, raza, género, sexualidad) desde la interseccionalidad, desarrollando un posicionamiento crítico a la economía feminista “eurocéntrica”. 14

pensamiento económico. Sus raíces se hunden en el siglo XIX coincidiendo con la llamada primera ola del feminismo3. En aquellos años, los ejes de los debates se centraron en exigir derechos económicos, entre otros, tales como derecho a la propiedad, al empleo, a la igualdad laboral y salarial entre mujeres y hombres, y al reconocimiento del trabajo doméstico. Todas estas temáticas hoy nos resultan familiares pues continúan vigentes en prácticamente todos los países. Nuestras predecesoras discutían también la invisibilidad de las mujeres en el pensamiento económico clásico; corriente que estaría legitimando y silenciando una situación no natural, que respondía –más que a principios económicos– a razones ideológicas de dominio patriarcal. Sin embargo, no será hasta la segunda mitad del siglo XX –coincidiendo no por casualidad con la segunda ola del feminismo– que se iniciará con fuerza tanto la crítica metodológica y epistemológica a las tradiciones existentes, como una importante elaboración teórica y un análisis empírico. Es una época en la que el gran impulso que vive la teoría feminista como pensamiento independiente e innovador fomentará la crítica a los fundamentos de las distintas disciplinas; en particular se visibiliza el androcentrismo en la ciencia llamada objetiva y neutra. La crítica de la economía feminista irá dirigida tanto a la escuela clásica como a la escuela neoclásica, aunque con más fuerza a esta última. Lo cual es bastante lógico, ya que es 3 Situar en la historia las “olas del feminismo” no es tema fácil. Las dos clasificaciones más referenciadas —con algunas diferencias entre ellas—, están centradas en Estados Unidos y en Europa, por lo que no son del todo generalizables a lo sucedido en otras áreas del planeta. Por otra parte, países de América Latina o de Asia han elaborado sus propias clasificaciones. Aquí haré referencia a los tiempos mayoritariamente aceptados, para situar la primera y la segunda ola. 15

el pensamiento económico dominante en los siglos XX y XXI, y el sustento teórico del neoliberalismo. De aquí que, en general, se hable de “la economía” como si la perspectiva neoclásica fuese la única posible: una “ciencia objetiva” que oculta su contenido ideológico. Por otra parte, la crítica desborda los aspectos teóricos para apuntar también a la práctica expoliadora y explotadora que mantienen los grupos de poder. Comencemos situándonos en qué tipo de sistema social, económico y político vivimos. Podemos nombrarlo rápidamente con todas sus características: es un sistema capitalista, heteropatriarcal, colonialista, racista y expoliador de la naturaleza. Y desde el punto de vista político, fuertemente neoliberal. Básicamente, se trata de un sistema depredador que atenta contra la vida humana y no humana, actual y futura, porque su único fin es el beneficio privado para reducidos grupos de población. Tal como lo ha definido una compañera: es un sistema biocida. Exprime todo lo que puede para continuar con su lógica de acumulación en manos privadas. La vida de la mayoría no le preocupa ni le interesa, se entiende como una mercancía al servicio del capital; tema que ha quedado absolutamente demostrado durante la situación actual de pandemia. Dirigiré la crítica solo a dos aspectos de la economía dominante, por ser fundamentales para el objetivo de este escrito. Y aunque la economía feminista reconoce que el sistema es uno solo y, por tanto, imposible de abordar cada una de sus características de manera independiente, a efectos expositivos se puede considerar la primera crítica de orden capitalista y la segunda de orden patriarcal. La primera de las críticas pone en cuestión todo el paradigma económico, ya que guarda relación con el objeto de estudio y, por tanto, con las fronteras en las cuales se 16

autodefine la economía dominante. Estas son estrechas y excluyentes al considerar solo la economía de mercado, es decir, la economía monetaria y financiera: producción, consumo, distribución/redistribución. De esta manera se marginan, invisibilizan y desvalorizan todos los trabajos que se realizan al margen del mercado; básicamente, el trabajo doméstico y de cuidados asignado, social y culturalmente, a las mujeres. Se falsea la realidad al excluir del análisis un trabajo absolutamente necesario, tanto para la sostenibilidad de la vida humana como para la reproducción de la fuerza de trabajo, que sostiene la producción de mercado. De esta manera, el sistema oculta la explotación que realiza del trabajo y del tiempo, de millones de mujeres que día a día sostienen la vida, y aprovecha una fuerza de trabajo muy por debajo de su valor; constituyendo así una parte importante del beneficio capitalista. En esta crítica a las falsas fronteras de la economía, la economía feminista tiene un punto de encuentro muy relevante con la economía ecológica y con el ecofeminismo. Esta última también realiza una fuerte crítica a la economía dominante, por excluir a la naturaleza de lo que considera el ámbito económico y marginarla e invisibilizarla en el limbo de lo no-económico, evitando además aceptar que vivimos en un planeta con límites finitos. Así, también se falsea el análisis económico, pues no se considera –una idea bastante absurda– que todo lo que necesitamos para subsistir o, yendo más allá, todo lo que consumimos, proviene de bienes naturales: agua, oxígeno, alimentos de todo tipo, energías diversas, bosques, etc. De aquí que, desde el ecologismo nos advierten que las personas no “producimos” bienes; solo transformamos los bienes que nos ofrece la naturaleza y en esa transformación, generalmente, destruimos. De hecho, si miramos a nuestro alrededor con un poco de sensatez, es fácil reconocer que 17

somos absolutamente dependientes de la naturaleza; más bien, somos parte de ella y, por tanto, evolucionamos con ella. Sin embargo, este sistema depredador la expolia, pero lo oculta, ya que –al igual que el trabajo doméstico y de cuidados– constituye otra de sus fuentes de beneficios. En resumen, la economía dominante no considera dos dimensiones que son la base de sustento del sistema económico capitalista, los pilares que lo sostienen y sin los cuales no podría mantenerse y reproducirse: uno, el trabajo doméstico y de cuidados que sostiene la vida y le proporciona la fuerza de trabajo necesaria para la producción y dos, los bienes de la naturaleza que permiten el sustento de la población en general y de la fuerza de trabajo en particular, y todas las materias primas necesarias para los procesos productivos. Es decir, la acumulación por desposesión de la naturaleza y del trabajo de cuidados, realizado mayoritariamente por las mujeres, está cavando la propia tumba del sistema. Podríamos entonces plantearnos, ¿por qué la teoría económica deja fuera de su aparato analítico a estos dos ámbitos tan necesarios para el funcionamiento del sistema económico? No creo que sea por ignorancia o por simple olvido, más bien, es una forma de traspasar costes a dos ámbitos que no se gestionan por contabilidades monetarias; sencillamente porque, en general, no tiene sentido establecer un sistema de precios en actividades tan directamente relacionadas con la sostenibilidad de la vida, y que no necesariamente son de intercambio mercantil. La segunda crítica es de orden metodológico y guarda relación con la ideología heteropatriarcal. Desde una mirada profundamente androcéntrica, la economía dominante utiliza el individualismo metodológico como método de análisis. Esto queda de manifiesto a través de

su agente representativo, el llamado hombre económico (homo oeconomicus), que está en la base de los modelos económicos y ha sido muy criticado por la economía feminista. Personaje que se asemeja a los “hongos de Hobbes”: crece totalmente formado y con sus preferencias desarrolladas. Es autónomo, egoísta y busca su mejor situación de manera individual. Interactúa en un mercado ideal donde los precios son su única forma de comunicación, sin manifestar relaciones emocionales con otras personas; lo cual implica que para él los cuidados son invisibles, ni los requiere ni los realiza. No posee rasgos que el heteropatriarcado asocia a la feminidad, como ternura, pasividad, emocionalidad, dependencia o la necesidad del cuidado. En consecuencia, se nos presenta como un hombre joven, sano y siempre activo en los mercados; que no tiene niñez ni se hace viejo, no depende de nadie ni se hace responsable de nadie. En el campo real, las características de este personaje se traducen en la falsa independencia del sector masculino de la población. El hecho de que las mujeres asuman la responsabilidad de la subsistencia y el cuidado de la vida, les ha permitido desarrollar un mundo público, basado en la falsa premisa de libertad y ciego a la incuestionable interdependencia entre las criaturas humanas y con el resto del planeta. En definitiva, la economía feminista visibiliza y conceptualiza dos contradicciones centrales de este sistema. Estas contradicciones tienen que ver con la dependencia que mantiene el sistema con dos elementos externos y anteriores a él que, por otra parte, permitieron la existencia de la humanidad durante siglos: el trabajo de cuidados como base de la reproducción social y todo lo que nos ofrece la naturaleza. Ambos constituyen las condiciones de posibilidad del sistema.

Sin embargo, la orientación del sistema capitalista a la acumulación y la avaricia continuas e ilimitadas tiende, por una parte, a desestabilizar los procesos de reproducción y, por otra, a sobrepasar los límites del planeta destruyendo así su base natural. Tensiones no accidentales, sino que dan cuenta de unas profundas raíces sistémicas inherentes a la estructura y definición del propio sistema económico capitalista. En consecuencia, su dinámica expansiva sin límites es incompatible con la vida humana y no humana. La crítica realizada por la economía feminista condujo, de manera natural, a la ruptura con el paradigma neoclásico y a la elaboración de uno alternativo. En lo fundamental, la nueva construcción desplaza el eje analítico-político desde los mercados y la acumulación privada hacia lo que conceptualizamos como la sostenibilidad de la vida: digna, decente, buena para toda la población independientemente de sexo/ género, raza4, origen social, territorio o edad, manteniendo respeto por la naturaleza; donde adquiere especial relevancia la noción de cuidados. Dos paradigmas absolutamente opuestos e irreconciliables, lo que denominamos el conflicto irresoluble entre la lógica de la acumulación y la lógica de la vida. Ahora bien, ¿qué representa en la cotidianidad –social, comunitaria y personal– asumir la lógica de la vida? ¿Cómo se traduce en nuestra experiencia diaria? Fundamentalmente, aceptando que somos seres vulnerables, que 4 Utilizo aquí la palabra raza de la manera que la conceptualizó Aníbal Quijano, el sociólogo peruano fallecido en 2018. No es fácil reducir a pocas palabras la idea de raza de Quijano. En breve diríamos que es una categoría mental nueva de la modernidad, que se establece desde la conquista de Abya Yala. Es la idea de que los/as no-europeos son un grupo biológico diferente, pero sobre todo de nivel inferior al de los europeos. De esta manera, las diferencias entre culturas quedan asociadas a las desigualdades biológicas y no serían resultado de relaciones de poder. Sobre esta idea fácilmente se construye un entramado cultural que conocemos como racismo. 20

vivimos en un cuerpo y una psiquis frágiles que requieren satisfacer dos innegables dependencias a lo largo de todo el ciclo vital: la ecodependencia y la interdependencia, ocultadas por el capitalismo heteropatriarcal. Si no se consideran estas dos dependencias y no se actúa en consecuencia, la vida humana no es posible. La ecodependencia implica la profunda consciencia de que somos parte constitutiva de la naturaleza. Que somos una especie viva inserta en un mundo natural finito que nos proporciona todos los bienes necesarios para sostener la vida. Bienes que no han sido producidos ni controlados a voluntad por los seres humanos. La interdependencia implica aceptar que no somos Homo oeconomicus, que requerimos de los y las demás, que no existe la vida independiente, que la existencia en solitario es inviable. Esta situación exige disponer de una enorme cantidad de energía, tiempo y trabajo de cuidado, que históricamente en toda sociedad patriarcal ha sido “donado” por las mujeres, sin lo cual la vida perecería. Como afirmó hace años Kenneth Boulding5, “La supervivencia de la raza humana ha dependido primero de la explotación de las mujeres, sin la cual hace mucho tiempo que hubiese desaparecido”. En definitiva, una vida no es una certeza por el hecho de haber nacido; al inicio, es solo una posibilidad. Que pueda desarrollarse a lo largo del tiempo en condiciones de dignidad, dependerá de que todas sus necesidades –tanto de cuidados como de los bienes básicos que provienen de la naturaleza– queden resueltas. Sin ello, la vida humana no se sostiene. De ahí la importancia de nombrarlas y hacerlas visibles. Ahora bien, la economía dominante pretende “resolver” el problema a través del mercado, reduciendo el 5 Boulding, Kenneth (1972). “The Household as Achilles’ Heel”. Journal of Consumer Affairs, 6 (1): 110-119.

concepto de valor al concepto de precio. Así, el valor de un bien depende del precio que tenga asignado. Pero, podríamos preguntarnos, ¿cuánto vale el circuito del agua, o una atmósfera limpia? o ¿cuánto vale el cuidado de una criatura, su vida? Asignarle un precio a los distintos elementos necesarios para sostener la vida, ni ataca ni resuelve el problema de fondo. La vida en tiempos de pandemia Desde que se dio la alerta en Wuhan a finales de 2019, el mundo entero comenzó a enfrentar una epidemia inesperada, al menos para la mayoría de la población. Epidemia que durante meses ha significado y seguirá significando enormes cambios de todo tipo –sociales, económicos, políticos, sanitarios, etc. – con algunas diferencias según territorios o países o categorías de desigualdad: sexo/género, raza, clase social, identidad sexual. Epidemia que nos ha revelado la enorme torpeza de la mayoría de nuestros dirigentes políticos, al no mostrar capacidad para dirigir una situación poco conocida y dar tumbos probando políticas ineficaces, en vez de ir aprendiendo de las experiencias vividas con anterioridad en otras regiones, particularmente en algunos países asiáticos. En cualquier caso, creo que el mayor problema de nuestras sociedades neoliberales ha sido la soberbia generalizada –de los sectores poderosos y de aquellos que disfrutaban de niveles de consumo fuera de lugar en un planeta con límites– de sentir que vivíamos en un sistema absolutamente seguro, donde la tecnología y el mercado nos irían resolviendo todo tipo de problemas. Nuestras sociedades se han negado a escuchar la voz de alerta de la economía feminista y la economía ecológica, que

desde hace tiempo advierten y denuncian la posibilidad de una catástrofe, como la que hoy estamos viviendo. De aquí que el COVID-19, además de crear serios problemas a una parte importante de la población, ha revelado realidades que estaban ocultas; ha permitido vislumbrar con mayor claridad cómo funciona la estructura del sistema social económico político en el que vivimos y mostrarnos con crudeza cuál es su preocupación máxima, dicho en breve, la ganancia de unos pocos y no la vida de la mayoría. El llamado crecimiento económico traducido exclusivamente en un incremento del PIB, impide las posibilidades reales de una vida digna para toda la población. La llegada del COVID-19 no ha creado una gran crisis, solo ha profundizado las crisis que ya estaban presentes, tornándolas más visibles: alimentaria, de cuidados, de servicios públicos, de colapso ecológico, económica y financiera; todo ello en un escenario de enormes desigualdades. La situación quedó bien resumida en el lema: “no es una crisis, es el sistema”6. Efectivamente, es una crisis estructural del sistema. De aquí que la crisis no sea “culpa” del virus, sino responsabilidad de una organización neoliberal que no tiene como principio cuidar a su población y, por tanto, los recursos públicos destinados al cuidado han sido absolutamente insuficientes y el colapso de los sistemas sanitarios ha sido evidente. La pandemia nos ha llevado a una situación excepcional. Ha dejado al descubierto la fragilidad y vulnerabilidad de la comunidad humana, a la vez que ha mostrado la incapacidad de los Estados para responder a las necesidades vitales de la población. Además, ha permitido visibilizar lo relevante del 6 Lema del movimiento 15M en Madrid (2011) refiriéndose a la crisis que había comenzado en 2008.

planteamiento feminista, a saber, la prioridad es la vida y no los mercados. Ahora nos enfrentamos a todos los daños que el neoliberalismo ha causado. La crisis es el resultado de la mercantilización de los espacios: de lo público, de lo común y de lo solidario. Por definición, un sistema neoliberal, tiende a mercantilizarlo todo, incluso la vida; consecuentemente, no se considera responsabilidad del Estado la vida de sus ciudadanas y ciudadanos, por el contrario, cada persona debe ser responsable de sí misma, de atender su vulnerabilidad de manera individual: la fragilidad es un asunto privado. La mayoría de los gobiernos no han hecho esfuerzos por intentar una respuesta colectiva que atendiera a la población en los diversos problemas que se habían generado, y peor aún, algunos de ellos han reaccionado con autoritarismo mandando a policías y militares a controlar a la ciudadanía. Las consecuencias han sido de enorme magnitud. Comencemos por aquellas relacionadas directamente con los cuidados. Por una parte, la intensa dedicación que ha significado para profesionales de la salud, que han debido en muchas situaciones intentar paliar con su trabajo un sistema sanitario mal dotado y con precariedad de recursos. Por otra, todo lo que ha significado la orden “quédate en casa”. Primero, ha obligado a los hogares a hacerse cargo de hijos e hijas menores encerrados en casa las 24 horas diarias; sin cuestionar quién realizará los cuidados en el hogar, aunque sabemos que mayoritariamente han sido las mujeres quienes han asumido esta responsabilidad desarrollando una gran dedicación, creatividad y energías para sostener la situación. No es casualidad entonces que en la mayoría de los países se haya incrementado proporcionalmente más, el desempleo femenino que el masculino en aquellos sectores de la población que han estado realizando teletrabajo. Trabajar

desde casa para el mercado entre 8 y 10 horas diarias junto con cuidar criaturas pequeñas es absolutamente imposible de conciliar. Tampoco se ha tenido en cuenta que no todos los hogares están formados por familias nucleares, ¿qué sucede con hogares de personas mayores con algunas dificultades para realizar determinadas labores o con problemas de movilidad que les impiden llegar al supermercado pero no al almacén del barrio? Y la sobre carga de las mujeres en hogares monoparentales femeninos, ¿cómo se resuelve? Menos aún se consideró que las convivencias obligatorias y prolongadas incrementan notablemente el abuso sexual y la violencia contra las mujeres. Se las abandonó sin considerar el riesgo de su situación ni ofrecer ningún tipo de protección especial. El movimiento feminista y mujeres del entorno o del barrio, a pesar del encierro, han estado paliando en parte el problema a través de redes de mujeres. También son mujeres, tanto la mayoría de las cuidadoras de personas mayores, ya sea a domicilio o en residencias públicas o privadas; como las llamadas empleadas domésticas que realizan cuidados directos, pero también todo el trabajo de limpieza y cocina necesario para el sostenimiento de una vida digna. Empleos muy precarizados, ambos. Trabajadoras que, en general, han continuado con su actividad durante las cuarentenas. Pero, a pesar de que la crisis ha permitido visibilizar la necesidad y el enorme valor social de estos trabajos, la mayoría de ellos, curiosamente reciben una menor valoración de mercado; lo cual se refleja en los bajos salarios de cuidadoras de personas mayores en viviendas particulares o residencias y de empleadas domésticas. Trabajos muy feminizados y muy racializados. 25

La orden “quédate en casa” ha implicado además otras consecuencias. Las más visibles son aquellas derivadas de las enormes desigualdades entre sectores de población que existen en nuestras sociedades. Pero no es el virus quien discrimina, sino el clasismo, el sexismo y el racismo existente. No es lo mismo vivir una situación de encierro en una vivienda amplia, cómoda, compartida entre pocas personas, con acceso a redes informáticas y con alimento más que suficiente en el refrigerador; que en una vivienda pequeña, de construcción precaria, con espacio insuficiente para las personas que la habitan, sin conexión a redes, con escasez de alimento y, en muchos casos, con escasez de agua. Lo cual deriva, además, en una desigualdad enorme en relación a la educación de hijos e hijas, tanto por el espacio como por la disposición de material adecuado para recibir clases virtuales y por el tiempo de ayuda necesaria que puedan dedicar madres o padres. Y tampoco es lo mismo disponer de un trabajo estable que pueda realizarse desde casa contando con el material informático necesario, que verse obligada/o a no cumplir la cuarentena por estar realizando trabajos informales precarios, normalmente manuales, de tal modo que si no se realizan no se cobra. Otro tipo de consecuencias de la orden “quédate en casa”, son de carácter político y menos comentadas como era de esperar, en los medios más vistos o escuchados por la población. Diversas autoras y autores lo han verbalizado diciendo que el virus es mucho más que una enfermedad. “Quédate en casa” sería sencillamente una orden de “confinamiento obligatorio”, de encierro no voluntario ni elegido, que funciona como una supresión de una serie de libertades sin cuestionamientos, como el derecho a manifestar públicamente o a realizar reuniones, ya que se juega con el miedo de la población. Situación que se es26

taría aprovechando –con distintos grados en los diferentes países- para desmovilizar a la población y otorgar más poder al aparato militar. Además, se ha incrementado la relevancia de la enfermedad situándola como problema único –de hecho, las noticias al respecto son las que ocupan la mayor parte de los informativos- logrando ocultar o minimizar otros problemas sociales y políticos específicos de cada país. En este sentido, posiblemente el caso más paradigmático haya sido el caso chileno. La revuelta popular del 18 de octubre de 2019, se ralentiza en febrero por el verano, pero ya antes de marzo comienza a sentirse la consigna “marzo ya viene”. Y marzo llegó. Alcanzamos a conmemorar el ocho de marzo con las grandes manifestaciones habituales de los últimos años y comenzaron las restricciones de reuniones y de utilización del espacio público, el espacio más social, democrático y reivindicativo. Así, quedaron prohibidas, de hecho y de “forma legítima”, todo tipo de protestas sociales o manifestaciones públicas, sin ningún tipo de reclamo por parte de la ciudadanía ya que había que ser responsables colectivamente y no crear situaciones sanitariamente peligrosas. Y así hemos continuado, entrando y saliendo de encierros y cuarentenas. Entonces ¿qué futuro nos espera? ¿Qué futuro nos espera? Algunas certezas y muchas incertidumbres ¿Qué futuro nos espera? Nadie lo sabe. Tenemos algunas certezas y muchas incertidumbres. La primera certeza es la crisis profunda que ya estamos viviendo y que posiblemente se irá agudizando, la segunda el fuerte endeudamiento tanto privado como público. En razón del enorme desempleo que se ha ido generando, los hogares –de maneras diversas- se han ido endeudando necesariamente. Muchas de las pequeñas empresas y el comercio 27

detallista han tenido que elegir entre cerrar o endeudarse. Y, el incremento de gasto público para atender la crisis sanitaria y en ayudas a la población –con notables diferencias en los distintos países- ha significado un aumento importante de la deuda pública. En relación a las incertidumbres, la primera gran duda es ¿cuánto durará esta situación? ¿tendrá algún día un final? Y este, si existe, ¿cómo será? Históricamente se ha visto que frente a una situación de profunda crisis, las sociedades cambian, pero ¿hacia dónde cambiará el mundo? Aunque más bien deberíamos preguntarnos ¿cómo continuará el cambio? Porque no nos engañemos, el mundo ya estaba cambiando antes de la pandemia y seguramente no era el cambio que nos hubiese interesado. Se habla de volver a la normalidad, pero ¿de qué normalidad nos hablan? ¿nos interesa recuperar la misma sociedad? ¿sería posible aprovechar la nueva situación para guiar el cambio hacia la construcción de sociedades más igualitarias, con formas de producción y consumo respetuosas con la naturaleza? Una segunda incertidumbre será las características y la profundidad de la indudable crisis económica financiera que mencionaba más arriba. ¿Qué medidas se van a tomar frente al endeudamiento generalizado? Lo más probable es que los gobiernos intenten aplicar las medidas de ajuste que ya conocemos de situaciones anteriores, medidas que no hacen más que profundizar las desigualdades ya existentes al reducir drásticamente el gasto público básicamente en temas sociales. De hecho, ya han comenzado las voces político-económicas habituales del poder planteando sin reparos la necesidad urgente de salvar a los mercados, a riesgo de que la crisis económica represente posteriormente mayor número de muertes que la pandemia. Planteada esta disyuntiva, la pregunta sería 28

¿qué medidas económicas piensan implementar? ¿a quiénes van a favorecer? ¿qué posibles cambios socio económicos significan respecto a las situaciones de desigualdad que se vivían antes de la pandemia? ¿volver a la misma “normalidad”? No cabe duda de que el sistema intentará una rearticulación de sí mismo. De momento observamos una apropiación del poder político por parte de las derechas más duras y un proceso de militarización de los territorios. Por otra parte, continúa la mercantilización global, el extractivismo, y el desarrollo de las nuevas tecnologías completamente ligadas a la extensión del control de la población. Procesos todos que, sin dudas, conducirán a mayores desigualdades. ¿Cómo enfrentamos esta difícil situación? ¿Qué diríamos desde la economía feminista? Naturalmente que urge una reorganización de la economía que no dependa de los mercados, sino que sitúe en el centro la vida; poniendo en valor el cuidado, la solidaridad, la convivencia, lo común, lo colectivo. Necesitamos transitar de un sistema cuyo objetivo es la acumulación de capital privado como absoluta prioridad, hacia un sistema que valore ante todo la vida humana y no humana. Una crisis estructural exige cambiar el paradigma, cambiar el modelo neoliberal que nos arrastra a una muerte segura. Es urgente abolir las lógicas capitalistas, patriarcales y colonialistas. Debemos recuperar la visión integradora de la economía y el planteamiento central de la economía feminista: la sostenibilidad de la vida como objetivo fundamental y los cuidados como eje vertebrador de una nueva economía. No somos ingenuas, sabemos que cambiar el modelo establecido no es tarea fácil porque choca con intereses económicos y políticos, además de hábitos, culturas y tradiciones establecidas y aprehendidas. La pandemia nos ha 29

puesto directamente en una situación extrema. En consecuencia, debemos tomar medidas urgentes a muy corto plazo que garanticen la subsistencia y una vida digna a toda la población, especialmente a aquel sector más frágil y que la pandemia ha azotado con fuerza. Pero, eso no puede significar solo una estrategia para reducir o eliminar la precariedad, sino que debe transformarse en formas de ir construyendo una transición política y económica enfocada hacia un cambio estructural profundo, hacia un modelo sostenible. Para ello, debemos aprovechar la crisis para reflexionar sobre el significado del buen vivir sin confundir calidad de vida con nivel de vida. Tomar conciencia sobre cuáles son los trabajos necesarios y, por tanto, prioritarios. ¿Qué trabajos han estado sosteniendo la vida durante la pandemia? Es fácil observar que cuando se ha ralentizado el mercado, la producción y el empleo, los trabajos de cuidados se han incrementado y profundizado; cuidados de todo tipo: profesionales de la salud y en los hogares, cuidadoras y empleadas domésticas remuneradas, etc. También hay que nombrar los trabajos del campo para producción de alimentos y, particularmente, me interesa nombrar un sector, tal vez el más invisible de todos, que ha aumentado enormemente y que ha estado en primera línea jugándose su salud y su vida. Me refiero a las y los repartidoras de aplicaciones o “delivery”, que han estado recorriendo calles en las grandes ciudades, sin ninguna seguridad social, utilizando sus propios recursos para trasladarse, llevando distintos tipos de mercancías a personas que su situación económica les permitía esperar tranquilamente en su casa. Trabajos muy precarizados y poco valorados aunque tienden a la sostenibilidad de la vida, y en cambio, los trabajos mejor valorados son aquellos que tienden a la acumulación. 30

También debiéramos pensar cuáles son las cosas realmente importantes para las personas y para la sociedad en su conjunto, sobre qué y cómo estábamos y estamos consumiendo, qué hemos dejado de consumir y no lo hemos echado de menos, qué significa aprender a vivir con lo necesario, qué hábitos nos hemos visto obligadas y obligados a asumir durante la pandemia y nos han parecido muy razonables y humanos. Qué tipo de producciones han disminuido y hemos sido conscientes de su escasa importancia, cómo hemos utilizado y reutilizado bienes que manteníamos en el hogar, qué producciones han sido las que se han mantenido o incluso han aumentado, cuáles eran entonces las importantes, las básicas. Toda esta reflexión debería llevarnos a intentar un profundo cambio en los modelos productivos y en los hábitos de vida. El decrecimiento ya está aquí y no es una decisión, es un límite de un planeta finito. Pero debiera estar conducido de forma democrática y con objetivo claro de redistribución -tanto a nivel de territorios como a nivel de población- y respeto por la naturaleza. En caso contrario, puede afectar a todas y todos, pero con mayor profundidad a las vidas más precarias y vulnerables. Me atreveré a esbozar algunas orientaciones relacionadas fundamentalmente con los trabajos tendentes a sostener la vida en sus distintas dimensiones. Orientaciones que puedan concretarse en acciones sociales o comunitarias o políticas locales o estatales. Y, aunque la experiencia con políticas centralizadas no nos entusiasme, ya que no siempre han dado respuestas aceptables a las necesidades de la población, en situaciones de transición pueden ser necesarias. En primer lugar, quisiera nombrar la importancia de la desmercantilización y la desprivatización. El neoliberalismo

nos ha llevado a niveles de desigualdad enormes, consecuencia en gran parte de la reducción de los sistemas públicos y el importante desarrollo de la propiedad privada. Es necesario ir recreando formas comunitarias de producción, consumo o distribución basadas en saberes ancestrales de organización comunitaria. No partimos de cero, existen muchas experiencias, tanto en el campo como en las ciudades, desarrolladas por compañeras y compañeros tal como se refleja en distintos capítulos de este libro. De estas mismas experiencias hemos aprendido la importancia del desarrollo de la mayor autonomía de los territorios. Particularmente relevantes son las llamadas cadenas cortas en alimentos; pero no solo, también en energías y producciones varias. Por razones del desarrollo sostenible de los propios territorios y problemas de gasto energético innecesario, debería potenciarse la producción y el consumo con recursos del entorno, y no mantener la dependencia del comercio a larga distancia que queda totalmente fuera del control local. En relación a los cuidados, además de la desprivatización –los cuidados nunca deberían ser un artículo de lucro– se requiere la desfeminización y la desracialización. Basta ya de que algo tan fundamental para la vida deba ser considerado responsabilidad exclusivamente femenina. Debieran ser asumidos por toda la sociedad, por instituciones públicas y/o comunitarias, como por toda la población en condiciones de realizarlo sin distinción de sexo/género, raza o clase. La situación actual es una magnífica oportunidad para defender la extensión de los servicios públicos, para que lleguen a toda la población con la calidad que corresponde. Particularmente, quisiera señalar los servicios sanitarios, sobre los cuales no hay mucho que añadir a todo 32

lo que hemos vivido, con escasas diferencias, en distintos territorios. El sistema educativo, público y de calidad, con orientación hacia lo común, dando respuesta a las necesidades de todos los territorios, tanto en el ámbito geográfico como en la adaptación de programas a la recuperación de saberes locales. Los servicios, de todo lo que entendemos por cuidados, deben desarrollarse para cubrir las demandas de personas que no están en condiciones de resolver las necesidades básicas de la vida cotidiana por sí mismas, con formas comunitarias o de titularidad pública, pero respondiendo a algún tipo de gestión comunitaria. Si hablamos de cuidados, es indispensable mencionar un tema central y relevante: la situación de las empleadas domésticas. En los territorios de Abya Yala existen diversas modalidades y distintos tipos de regulaciones de este trabajo. Las dos formas más habituales son, las llamadas “puertas adentro” y la contratación de una trabajadora para que “ayude en el hogar”. En el primer caso, aunque exista algún tipo de regulación, es muy difícil que la trabajadora pueda defender sus derechos a riesgo de ser despedida al vivir una situación de aislamiento e indefensión. De hecho, es un trabajo en situación de esclavitud: no hay horarios, no están definidas las tareas, la empleada doméstica es la primera persona del hogar en levantarse y la última en retirarse a descansar, sin libertad ni respeto por su propia vida, su espacio y su tiempo. Y, más aún, si son mujeres migrantes no blancas. Ahí se conjuga el clasismo, el sexismo y el racismo. El segundo caso, en su conceptualización no se diferencia mucho del anterior, también hay una persona externa mal remunerada, que viene a resolver las tareas de mantenimiento del hogar que las personas adultas que lo habitan no desean realizar porque saldrán al mercado a realizar un trabajo de mayor prestigio

y mayor remuneración. Lo que lo hace diferente del caso anterior, es la mayor libertad y vida privada que pueda tener la trabajadora. La tendencia debería ser que cada hogar –y también cada sociedad concreta– fuese autosuficiente en términos de cuidados. Tanto los hogares como las sociedades deberían ser capaces de cuidar a la población que lo/la habita. En momentos de transición se podría permitir el trabajo por horas, con horarios y tareas definidas, cumpliendo condiciones laborales, salariales y de seguridad social. Lo óptimo sería que hubiese un apoyo público o comunitario para que las propias trabajadoras/es formaran cooperativas de servicios; siendo la cooperativa la que realizara el contrato, estableciera las condiciones del empleo y recibiera la remuneración, asegurando a sus trabajadoras y pagando los salarios7. Podríamos citar a Martha Nussbaum, “Sólo en sociedades donde los trabajos de cuidados no estén determinados por sexo, género, raza, o cualquier otra categoría social, entonces puede tener sentido el ideal de igualdad o justicia social”8. Entonces, si estamos por una sociedad justa, deberíamos tender a eliminar el trabajo doméstico remunerado a medio plazo. No es nuestra ni nueva la idea, la han planteado las propias trabajadoras del sector cuando han podido organizarse. Detengámonos un momento a pensar cuáles serían las consecuencias de una medida de esas características. ¿Qué sucedería con la participación laboral de las mujeres? ¿Se reduciría, volveríamos al hogar o es7 Sin embargo, hay que destacar que el tema no solo atañe a las mujeres, una contratando y explotando a otra, sino que quien contrata es el hogar ya que la persona contratada va a realizar faenas para todas las personas del hogar. Si solo nombramos a la mujer empleadora, estaríamos asumiendo que el trabajo de cuidados es un asunto de mujeres y que solo se redistribuye entre ellas. 8 Martha Nussbaum (2006: 70): El ocultamiento de lo humano. Katz Editores. (e.o. 2004).

tamos lo suficientemente empoderadas como para exigir una redistribución de los trabajos de cuidados del hogar? Sabemos que no es un tema individual, es un tema social y político; por tanto, las soluciones también deberán ser políticas y no centrarnos en debates particulares, dentro de cada hogar. No olvidemos que lo personal es político. En consecuencia, surgiría el debate sobre los tiempos de empleo, los niveles de producción, las formas de movilidad, etcétera. Abolir el trabajo doméstico remunerado pone en cuestión la organización social de los tiempos y toda la estructura socio económica. Un ejemplo más de cómo la producción capitalista depende de los trabajos de cuidados. Lo anterior nos lleva al importante y siempre presente problema, de la profunda y necesaria reorganización de los tiempos y los trabajos. La posibilidad de gestionar el tiempo, disponer de tiempo propio, son situaciones esenciales para una buena vida. Por tanto, se requiere desmercantilizarlos y humanizarlos. El tiempo de trabajo mercantil siempre ha sido un tiempo imperialista. Se nos imponen horarios y jornadas durante la mayor parte de nuestra vida, y el resto de las actividades como cuidados, autocuidado, descanso, relaciones, estudio, ocio, etc., quedan supeditadas al tiempo mercantil. Esta regulación ha sido posible en razón de la feminización de los cuidados. Por tanto, por una parte, los tiempos y los trabajos debieran redistribuirse de manera que las actividades de cuidados fuesen compartidas equitativamente por todas las personas y valoradas socialmente de acuerdo al nivel de responsabilidad que implican. Y, por otra, deberíamos recuperar el debate sobre la reducción de la jornada laboral pero no de la manera que tradicionalmente se ha debatido, esto es discutiendo el número de horas a reducir o el tiempo laboral que requiere la empresa, sino cambiando radicalmente 35

la perspectiva. Transitar del objetivo de la acumulación de capital hacia el objetivo de la sostenibilidad de la vida, tiene en consideración que todas las personas en edad de estar empleadas pueden tener responsabilidades de cuidados. Deberíamos entonces analizar cuánto tiempo se requiere para que las personas adultas puedan desarrollar sus tareas de cuidados y, a partir de esa base, discutamos cuál debiera ser la jornada laboral y el resto de los tiempos sociales. Todo ello, con flexibilidad en relación a las trabajadoras y trabajadores y sin afectar la masa salarial. Si las empresas necesitan personas en condiciones físicas y psíquicas para desarrollar el trabajo, debieran colaborar con el cuidado pagando un “impuesto” en tiempo. En relación a las políticas de cuidados, considerando a los servicios sanitarios, jardines infantiles, residencias específicas, etc., hay que tener en cuenta que requieren un importante gasto público, lo cual significa una profunda reforma fiscal. Esta debe realizarse con el criterio básico de la redistribución desde la recaudación: impuestos sobre la renta muchísimo más progresivos, favoreciendo impuestos directos frente a los indirectos e impuestos al capital frente a impuestos al trabajo y, a la vez, ir estableciendo nuevos impuestos ambientales. En definitiva, los cuidados no pueden ser un elemento más de la lista de la agenda política ni de los gobiernos ni de las organizaciones sociales; tampoco un sector más dentro de lo que se considera sectores económicos. Es una perspectiva de vida distinta que abarca todos los aspectos donde se desarrolla la vida cotidiana de la población y que desborda el espacio de los hogares. Implica una mirada a corto plazo para resolver los problemas urgentes, pero también una mirada a largo plazo que tienda a cambiar la estructura social y la ideología dominante actual.

Finalmente quisiera terminar con un mensaje esperanzador que nos llega desde la organización ciudadana y, de manera especial, desde el movimiento feminista. Este último ha mostrado cómo se puede construir una organización horizontal sin jerarquías ni reparto de poderes. En la última década todos los espacios políticos y sociales se han llenado de una multiplicidad de voces feministas que han adquirido una visibilidad creciente y han señalado un nuevo momento político. Las propuestas se han extendido y han sido asumidas por una diversidad de población, movimientos y organizaciones, porque enfrentan las múltiples estructuras de dominación que definen el sistema actual: capitalismo, heteropatriarcado, colonialismo y explotación de la naturaleza. Así, se ha abierto un camino para recuperar la pluralidad de pensamientos de una población diferenciada por historia, cultura, clase, género y raza. De aquí que pueda entender que las políticas públicas sean importantes; pero me parece más relevante la política con mayúscula, política en el sentido amplio del concepto; hacer política es hacer ciudad, de donde resulta determinante la participación de la ciudadanía. Conducir los cambios en el sentido que deseamos requiere con urgencia mantener los debates ciudadanos facilitando el entendimiento de los problemas y poniendo en discusión la sostenibilidad de la vida, la reproducción social, cómo queremos vivir y con qué bienestar colectivo. Los feminismos nos han enseñado lo indispensables que son aquellas personas que están en las esferas invisibilizadas, donde se vive con mayor dureza el conflicto capital-vida. Y, por otra parte, es urgente el fortalecimiento de los lazos comunitarios y de las redes asociativas para contrarrestar el individualismo y la política que busca el poder. Eliminemos la cultura del miedo y recuperemos los debates y las acciones 37

que contribuyan al desarrollo de pensamiento alternativo, a la elaboración de redes y complicidades, y a la actuación política conjunta en aras de la construcción del mundo que deseamos habitar.

CRISIS DE REPRODUCCIÃ&#x201C;N Y PANDEMIA EN ABYA YALA

Trabajo, comida y solidaridad: miradas sobre la pandemia en Brasil desde las mujeres en movimiento Nalu Faria, Miriam Nobre, Renata Moreno En estos meses de pandemia hemos pasado por diferentes experiencias políticas, tanto colectivas como individuales; atravesando una situación que impuso pausas y, sobre todo, aceleraciones. Escribimos desde Brasil y finalizamos este artículo en los días que superamos las más de 120 mil vidas perdidas por el COVID-19. Nuestras reflexiones, desde la economía feminista, se articulan con la tarea fundamental de desnaturalizar estas pérdidas y de despertar indignación frente a muertes que pueden ser evitadas, ya sean estas ocasionadas por el COVID-19, por el racismo de la violencia estatal, por la violencia patriarcal o por los ataques del capital. Frente a la pandemia y la política de muerte, los movimientos sociales han dado su respuesta a partir de acciones de solidaridad y auto-organización en los territorios, buscando poner el cuidado de la vida en el centro de las prácticas políticas. Las reflexiones que compartimos aquí están en diálogo con las urgencias y las resistencias que hemos construido durante estos meses, desde SOF (Sempreviva Organização Feminista) y la Marcha Mundial de las Mujeres. Buscamos articular miradas a la situación del país, enlazando la vida, la economía y la política, puesto que son inseparables en la construcción de prácticas y propuestas en movimiento. Es, por lo tanto, un esfuerzo de reflexión sobre los procesos

políticos en curso. Para eso, recorremos un camino que se inicia con una mirada a las situaciones concretas vividas por las mujeres durante la pandemia, desde ahí cuestionamos la política de muerte del gobierno y destacamos las reacciones de los movimientos sociales, en las que nos involucramos como Marcha Mundial de las Mujeres. Al final, señalamos lo que esas acciones apuntan en términos de horizontes de vida, de agenda política y de debate económico. Lo que se desnuda y profundiza en la pandemia El primer caso de COVID-19 en Brasil fue confirmado el 26 de febrero de 2020 y fue el de un señor de 61 años que había regresado de un viaje a Italia. La primera muerte se confirmó el 12 de marzo. Hemos convivido con diversas actitudes de los gobiernos; pero en general, tanto el federal como el de cada estado, no garantizaron las condiciones para el aislamiento. Hemos seguido con perplejidad e indignación la total irresponsabilidad del gobierno federal para con las vidas de la población. Desde el negacionismo sobre la gravedad de la enfermedad, pasando por estrategias de desinformación acerca de los datos sobre la pandemia en el país1, por el incentivo y publicidad de la cloroquina, por la presencia pública y sin máscara del presidente en aglomeraciones y así, la lista podría seguir. La recomendación del distanciamiento social para que la sociedad asumiera colectivamente la responsabilidad con la prevención de la diseminación del COVID-19, no fue una realidad en Brasil, debido a que la posibilidad de quedarse en casa se distribuyó de modo desigual, y que 1 Lo que en Brasil se conoció como “apagão dos dados” (apagón de datos) es parte de una acción sistemática del gobierno federal de desestructuración de los sistemas de información en salud, junto a otros sistemas de producción de estadísticas e indicadores oficiales en el país. 42

esta opción se relaciona directamente con el ingreso familiar y la necesidad de trabajar de día para comer de noche. En la definición de lo que sería esencial para que las élites empresariales mantengan su funcionamiento, actuaron con presión. Es así que se consideró esencial a la minería, actividad en la que se identificaron altos casos de contagio de COVID-19 y donde han habido denuncias por no estar garantizadas las condiciones de prevención. Otro ejemplo de este tipo de presiones es el que se ejerció sobre las trabajadoras del hogar. Aunque una de las primeras muertes por COVID-19 en el país haya sido de una trabajadora doméstica que no fue dispensada del trabajo, en dos estados del país (Pará y Maranhão) las élites intentaron asegurar que el empleo doméstico se considerase esencial. O sea, que las trabajadoras domésticas siguieran saliendo de sus casas para limpiar la de sus patrones. Quiénes pueden quedarse en casa y quiénes no señala un hecho esencial en cualquier análisis sobre la realidad brasileña en la pandemia: la vida se sostiene por actividades y trabajos realizados por personas negras, en general, que asumen la carga de toda la infraestructura que hace posible la vida en una sociedad basada en una organización servil. Son las mujeres trabajadoras domésticas, pero también toda una gran cantidad de trabajadores de servicios, seguridad privada y portería de edificios, servicios de limpieza urbana y cientos de miles de jóvenes, que con sus bicis y motos circulan por toda la ciudad repartiendo comida y todo lo que se les demanda hoy a través de aplicaciones digitales. La imbricación de la división social, sexual y racial del trabajo marca los contornos de esa organización con bases informales y de precarización. La mirada desde la economía feminista permite comprender la centralidad del trabajo de las trabajadoras y los 43

trabajadores que sostienen la vida, especialmente en momentos de crisis. Y, por supuesto, eso no significa dejar de mirar al trabajo remunerado, cuya cara oculta es el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado realizado todos los días por las mujeres en los domicilios. Observar todos los trabajos que permiten sostener la vida es clave para nuestro análisis - no solamente de género, sino de clase y raza - como así también para la lucha política. Sin parar: el trabajo y la vida de las mujeres en la pandemia Con el reto de dimensionar lo que está pasando en las casas en este momento particular, desde SOF y Gênero y Número hemos realizado una encuesta sobre la vida de las mujeres en la pandemia, en la que han participado 2.641 mujeres de todo país2. El reconocimiento de la vulnerabilidad y la atención a las diferentes necesidades significa, para las mujeres, la asunción de responsabilidades hacia quienes necesitan cuidados. Durante la pandemia, el 50% de las entrevistadas pasaron a cuidar de personas que comúnmente no serían consideradas como ‘dependientes’ para la realización de las actividades de la vida cotidiana. Las tareas de cuidado que asumieron se centraron en la atención requeridas por dichas personas (aunque fuese una llamada para saber si necesitan algo y cómo están), además de hacer compras o gestiones evitando que las personas del grupo de riesgo se expusieran al coronavirus. 2 La encuesta “Sem parar: o trabalho e a vida das mulheres na pandemia” fue realizada de forma virtual a través de un cuestionario con 52 preguntas, utilizando la plataforma Survey Monkey, entre el 27/04/2020 y el 11/05/2020. La encuesta está disponible en www.mulheresnapandemia.sof.org.br/

Entre las mujeres rurales el 62% ha tenido que realizar tareas de cuidado. En un territorio donde SOF trabaja con mujeres rurales, Barra do Turvo en el Vale do Ribeira, mujeres y hombres, jóvenes especialmente, regresaron a casa de sus familias en los primeros meses de la pandemia. Las mujeres rurales han funcionado como una reserva de cuidado accionadas por las familias. Esto visibiliza amplias redes de cuidado que conectan a las mujeres urbanas y rurales. Cuando los/as parientes ancianos/as que viven en la ciudad necesitan más cuidados, muchas veces son enviados/as al campo bajo el cuidado de las mujeres rurales. Redes de cuidados que también existen entre las mujeres negras y de menor ingreso, en las periferias urbanas; que sostienen la vida en un contexto de precariedad y violencia enmarcado por la insuficiencia de políticas públicas. El conjunto de las mujeres percibió una intensificación del trabajo doméstico y de cuidados que realizan en sus casas. De manera general, el estudio mostró que preparar alimentos, lavar los platos y limpiar el domicilio han sido las tareas que más se incrementaron durante la pandemia. Entre las mujeres responsables del cuidado de alguna persona en el domicilio (niñas/os o ancianas/os), la percepción de que esas tareas han “aumentado mucho” llega al 60%, un 10% superior a la media de las entrevistadas. Entre las mujeres directamente responsables del cuidado de niños/as, personas ancianas o con discapacidad, el 72% indicó haber “aumentado” y “aumentado mucho” la necesidad de monitoreo y la de hacer compañía. Esta es una dimensión que suele estar invisibilizada por no tratarse de una actividad específica y directa de cuidados. Los datos y los comentarios señalan la materialización de la disponibilidad permanente al cuidado. Mientras realizan otras actividades cotidianas, las mujeres siguen atentas a

pesar de la superposición de actividades y de los tiempos de cuidado, del trabajo doméstico y del trabajo remunerado. La intensificación del trabajo doméstico y de cuidados no ha estado acompañada por una distribución más igualitaria de esos trabajos, entre los convivientes en un domicilio. Por el contrario, un 24,5% del conjunto de las mujeres que cumplieron las medidas de distanciamiento social indicaron que la participación de otras personas había disminuido. Ese porcentaje alcanza el 41% entre las mujeres que han permanecido en sus casas con el sueldo garantizado y cuyo trabajo remunerado no se puede hacer a distancia; señalando un refuerzo de la división sexual del trabajo y la mayor responsabilidad de las mujeres en el hogar. Estos datos se complementan con otra dimensión del trabajo doméstico y de cuidado, muy significativa en la realidad brasileña: la contratación de trabajadoras domésticas. En Brasil para el 2019, 14% de las mujeres están ocupadas en el empleo doméstico. De ese total el 66% son mujeres negras y el 72% trabajan en condiciones de informalidad, con un ingreso medio inferior al salario mínimo en el país. La PNAD-COVID-19, realizada por el IBGE3, indica que el trabajo doméstico, realizado en condiciones de informalidad, figura entre las principales ocupaciones en las que ocurrieron más despidos (alrededor de 1 millón de trabajadoras). La encuesta “A contratação do emprego doméstico durante a pandemia”, realizada por el proyecto Domésticas 3 La PNAD COVID-19 es una encuesta realizada por el Instituto Brasileiro de Geografia y Estadística (IBGE), clasificada como experimental pues son estadísticas nuevas, aún en fase de prueba y bajo evaluación. Los datos están disponibles en: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/investigacoes-experimentais/estatisticas-experimentais/27946-divulgacao-semanal-pnadcovid1. html?=&t=o-que-e 46

UFRN4, indica que las trabajadoras que continuaron realizando tareas son aquellas que desarrollan funciones de cuidado. Entre las cuidadoras de personas ancianas, el porcentaje que siguió trabajando alcanza el 84,2% y entre las niñeras, el 42,2%. El panorama es muy complejo para las trabajadoras, conforme registra la Fenatrad (Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas), ya que hay situaciones en que son obligadas a permanecer en la casa de los patrones y, con la justificación de que dependen del transporte público, son mantenidas en verdaderas cárceles privadas5. La mirada conjunta a la situación del trabajo de hogar remunerado y del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado revela la imbricación de las relaciones sociales de género, raza y clase, en la configuración de esos trabajos fundamentales para la sostenibilidad de la vida en Brasil. Hemos visto cómo la responsabilidad por el cuidado intensifica el ritmo del trabajo doméstico entre las mujeres. Comprender la indisociabilidad del trabajo doméstico y el cuidado es una condición para romper con las dinámicas de separación, jerarquización e invisibilización de los trabajos y las personas que lo realizan. Al mismo tiempo, observar desde ahí la pandemia permite examinar otras cuestiones fundamentales, no solo de visibilidad y reconocimiento, sino sobre todo, de reorganización desde la igualdad. Las mujeres brasileñas en la pandemia manifiestan inseguridad respecto a la autonomía económica. En la encuesta “Sem parar”, el 40% de las mujeres indicaron que la pandemia ha afectado los ingresos del hogar. Eso se 4 Encuesta realizada por la Universidad Federal do Rio Grande do Norte. https://projetodomesticasufrn.wordpress.com/pesquisas/ 5 Ver, por ejemplo, https://www.cut.org.br/noticias/de-carcere-privado-a-falta-de-pagamentos-o-drama-das-domesticas-na-pandemia-d6a5 47

relaciona con la dificultad para pagar las cuentas básicas y en el caso de las mujeres urbanas, se vincula con la dificultad para pagar el alquiler. Desde el inicio de la pandemia, los movimientos de lucha por la vivienda han reivindicado junto al poder judicial la suspensión de los desalojos. Esto, sin embargo, no ha impedido el aumento en el número de personas viviendo en situación de calle en ciudades como São Paulo, por ejemplo. Las condiciones para quedarse en casa no son las mismas para toda la población. En Brasil, antes de la pandemia, más de 30 millones de personas no tenían vivienda asegurada y aún en situaciones donde hay un techo, no tienen las mismas condiciones en tamaño, infraestructura, en el acceso a agua y al saneamiento. La falta de agua o la intermitencia a su acceso ha sido señalada como una dificultad para las mujeres que identificaron no tener las condiciones de prevención al coronavirus. La problemática de acceso a la información sobre la pandemia ha sido indicada por las mujeres rurales. El acceso y conectividad a internet se suman a las dificultades vividas por las mujeres en la pandemia, dado que se ha tornado una herramienta imprescindible para las responsabilidades de cuidado. La necesidad de acompañar a los niños y niñas, apoyarlos/as en los estudios virtuales, es una problemática para las mujeres - por la conexión y por los contenidos - así como lo es la dificultad de las maestras de adaptarse a esa realidad sin tener las condiciones para hacerlo. Escuchamos los relatos de maestras que comparten con sus hijos e hijas una computadora, así como de jóvenes trabajadoras de teleatención que pasaron a trabajar desde sus casas sin las condiciones materiales para eso y sin que las empresas - tercerizadas de grandes corporaciones- garanticen los medios para el trabajo.

Esto nos lleva a otro aspecto más de las desigualdades estructurales, ampliadas y profundizadas en la pandemia: las del mercado laboral. Siguiendo las características de un mercado laboral jerarquizado, en Brasil el teletrabajo no es una realidad posible para muchas personas, y las estadísticas de la PNAD COVID-19 demuestran que si bien 8,3 millones de personas están realizando teletrabajo durante la pandemia, 6,1 millones tienen enseñanza superior o posgrado. O sea, 73,5%, cuando son apenas 24,4% del total de personas ocupadas en Brasil. Si miramos al porcentaje general, solo el 11,7% del total de personas que siguen ocupadas durante la pandemia están en teletrabajo. Entre el total de mujeres ocupadas, son solo 16,4%, y entre los hombres representan el 8,6%. Con respecto a la raza, el 7,7% de las personas negras que siguen ocupadas están en teletrabajo, mientras que entre población blanca esa situación corresponde al 16%. Estas cifras, que son de julio de 2020, no guardan grandes variaciones entre las personas que consiguieron realizar teletrabajo cuando la PNAD COVID-19 empezó a ser realizada en mayo del mismo año. Retomamos dos datos de la encuesta “Sem Parar” que aportan más información a este cuadro. Entre las mujeres que afirmaron estar en casa cumpliendo el aislamiento, pudiendo mantener sus trabajos y salarios, y en su mayoría blancas, el 41% dijeron estar trabajando más durante la pandemia. Además, del total de las entrevistadas, 65,4% afirmaron que las responsabilidades con el trabajo doméstico y de cuidado dificulta la realización de su trabajo remunerado, lo que refuerza la perspectiva muy desarrollada por la economía feminista sobre la indisociabilidad de esos trabajos.

El desempleo ya venía aumentando en Brasil antes de la pandemia, junto al crecimiento de la informalidad bajo la modalidad cuentapropista. El desempleo alcanzó en julio de 2020 el 13,7%, según los datos de la PNAD COVID-19. Dicha encuesta mostró un resultado coherente respecto a las estadísticas oficiales, con la mayor presencia de mujeres negras en el trabajo informal y por cuenta propia; además que este grupo es mayoritario (61%) entre las que trabajan vinculadas a la economía solidaria. Estar en red, como retomaremos más adelante, es una posibilidad de existencia y resistencia en la adversidad. La advertencia sobre la violencia doméstica contra las mujeres se visibilizó en discursos que señalaron que la vivienda no siempre es segura. La percepción de que la violencia había aumentado durante la pandemia fue señalada por un 91% de las mujeres. El haber sufrido algún tipo de violencia fue señalado por el 11%, un poco más entre las mujeres rurales (11,7%) y entre las mujeres con ingreso inferior al salario mínimo (12,7%). Han predominado las violencias psicológicas y descalificantes de las mujeres, la forma cómo ejercen la maternidad o realizan el trabajo u otras formas de control. Frente a esos elementos que caracterizan la vida de las mujeres durante la pandemia, destacamos algunas cuestiones para considerar. Una primera se refiere a los riesgos de narrativas que homogeneizan la situación vivida por las mujeres en la pandemia, que puede facilitar lo que llamamos falsas soluciones (ej. la norma del teletrabajo remoto o propuestas familistas de remuneración del trabajo doméstico). La segunda es que la vivienda, hace tiempo politizada por el feminismo, se transformó en un escenario evidentemente central para la vida. Pero la visibilidad y cierto reconocimiento conviven con el riesgo de

que vuelva a velarse una vez reacomodadas las relaciones y la circulación. Es por eso que aquí, en nuestro contexto, reside una disputa central de la economía feminista más allá del reconocimiento y visibilidad: la necesaria reorganización; más allá del hogar (y la familia): los territorios, la comunidad y la responsabilidad pública y común con la sostenibilidad de las vidas. Autoritarismo de mercado Brasil ya venía de una situación compleja, con la ampliación de la desigualdad, la violencia, el hambre, potencializada con la extrema derecha en el poder. En el gobierno federal, el discurso y la práctica negacionista dieron el tono, con cuestionamientos a la ciencia, ataques a la educación y a instituciones de investigación. Asimismo, el familismo hetero patriarcal y racista se reforzó bajo el neoliberalismo autoritario en la pandemia. No hay que olvidar que los sectores antiderechos tienen un espacio destacado en este gobierno, así como las alianzas con los sectores más violentos del extractivismo, de la ampliación de la deforestación y de los ataques a los pueblos indígenas. Hay una derechización de la sociedad brasileña, que se manifiesta en distintos niveles y no solo en el gobierno federal. Grupos de extrema derecha que se movilizan alrededor de agendas autoritarias y racistas, han llegado incluso a manifestarse contra los profesionales de salud en acciones en contra de las medidas de distanciamiento social; manifestaciones estas que se realizaron en inevitables aglomeraciones.

El consenso del mercado Lo importante es comprender que en Brasil el racismo y el odio de clase no son un tema nuevo, son componentes centrales de una derecha que históricamente ha actuado para mantener una gran masa de trabajadoras y trabajadores viviendo bajo situaciones de total precariedad, utilizando incluso los aparatos represivos, manteniendo una disputa violenta por el control de los territorios y la segregación socioespacial en las ciudades. Lo “nuevo” es que la derecha actualmente es efectivamente hegemonizada por una extrema-derecha que rompe hasta con las apariencias democráticas. Así, aunque sectores del mercado y la derecha, con expresión en los grandes medios de comunicación, se presentan como más “decentes”, por ejemplo al defender la libertad de expresión y el periodismo de los grandes medios, efectivamente hay un consenso alrededor de la agenda económica austericida, así como un consenso en los mecanismos anti-izquierda. No es poco el hecho de que haya 56 solicitudes de juicios políticos y que el presidente de la cámara federal diga que no hay nada contra el presidente Jair Bolsonaro que justifique la apertura del proceso. El consenso del mercado es para hacer avanzar las privatizaciones. A nivel federal, durante la pandemia se aprobó un proyecto de ley (PL 2162/2019) para abrir los caminos a la privatización de las aguas y el sistema de saneamiento, muy alineado con los planteamientos de corporaciones transnacionales y fondos especulativos. Actualmente, apenas el 6% de los servicios de abastecimiento son controlados por empresas privadas. Con ese proyecto aprobado, se torna obligatorio que en las licitaciones tengan participación el sector privado. La ley también permite que las empresas paguen las inversiones con tasas desplazadas 52

a los consumidores, lo que resultará en un aumento de los precios. Además, la priorización del sector privado deberá ser para abastecer las grandes ciudades, lo que significa más precariedad para los municipios del interior. Con ese proyecto los municipios pierden la titularidad sobre las concesiones y se centralizan en una agencia nacional, lo que dificulta aún más que esa sea un proceso político, con participación popular. Pero en los estados la agenda de las privatizaciones también avanza en la pandemia con poquísima posibilidad de debate público. Ha sido así en el municipio de São Paulo, en el que la intendencia ha aprobado un proyecto que permite la privatización de la red pública de educación infantil. Y también es así en el estado de São Paulo, con un proyecto de ley del gobernador (PL 529/20) que permite la transferencia de patrimonio público (institutos, autarquías, fundaciones) al sector privado, en un gobierno que ha duplicado la renuncia fiscal para empresas, sin ninguna transparencia. Es parte del consenso del mercado la ampliación del rol de las corporaciones como referencias de promoción del bienestar, bajo una modalidad de privatización de funciones del Estado y el solapamiento de su sentido público. Eso muy alineado con las estrategias de ‘responsabilidad social corporativa’, que llamamos hipocresía corporativa. En el mismo estado de São Paulo, empresas de las más diversas han donado muchos productos (y pocos recursos) como parte de la acción del gobierno para el combate a la pandemia (incluyendo la donación de chocolates), todo sin transparencia y articulado con la renuncia fiscal. Además, hay una fuerte inversión en publicidad sin ninguna rendición de cuentas. Una de las iniciativas involucra empresas extractivas en lo que llaman de “Solidariedade

SA”, muy denunciado por los movimientos sociales brasileños6. El monto de donaciones es muy pequeño cuando se compara a las ganancias y las renegociaciones de deuda con el Estado. Los movimientos del poder corporativo indican, una vez más, quiénes ganan con la crisis y a quiénes se trasladan los costos a expensas de sus condiciones de vida Las ganancias del rentismo y los sectores financieros durante la pandemia son escandalosas, además de ser opuestas a la situación de la economía real y aún cuando el indicador sea una medida limitada como el PIB (-9,7% en el segundo trimestre de 2020). En la pandemia hemos visto un incremento de la violencia policial que actúa con una lógica profundamente racista. En São Paulo, la letalidad policial ha alcanzado un récord en los últimos 20 años. En Río de Janeiro, el hecho de que el poder judicial haya finalmente restringido en junio las operaciones policiales en favelas, provocó una reducción del 76% de las muertes. Niños/as y jóvenes negros son el objetivo de la violencia policial en las periferias brasileñas. “Ni cárcel, ni tiro, ni COVID: cuerpos negros vivos!” ha sido la potente síntesis política de la Marcha de las Mujeres Negras en São Paulo, en ese 25 de julio. Hay un avance de la destrucción de la naturaleza que va de la mano de los ataques a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Los pueblos indígenas enfrentan la pandemia de COVID-19, la negligencia y los ataques del gobierno brasileño, denunciando que el coronavirus ha 6 “La farsa de las donaciones de los sectores del monocultivo de árboles, el agronegocio, el petróleo y la minería en Brasil durante el combate del COVID-19”, documento firmado por más de 50 organizaciones en julio del 2020, disponible en español en http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/ wp-content/uploads/2020/07/Farsa-_-ESP.pdf

llegado a las aldeas a través de agentes del gobierno7. A la pandemia se suman la minería ilegal y la deforestación creciente y provocada. La disputa de los territorios y la propiedad sigue siendo una de las más violentas en el país. La recomendación internacional de no realizar desalojos durante la pandemia no es una realidad en Brasil. Han sido ejemplares el desalojo de una área del campamento Quilombo Campo Grande, del MST en Minas Gerais, y la amenaza de uso de fuerza nacional en áreas de ocupación en Bahía, así como la amenaza de desalojo de la aldea Novos Guerreiros do Povo Pataxó. Bajo el autoritarismo de mercado, la vida es atacada en los diferentes eslabones que la sostienen: la naturaleza, las viviendas, las comunidades y lo público. Disputas en torno a las condiciones de vida Desde nuestra reflexión sobre las condiciones de vida en este período nos interesa destacar dos dimensiones en disputa en la sociedad brasileña: la alimentación y el ingreso. En Brasil la alimentación escolar es fundamental para la seguridad alimentaria. La alimentación escolar atiende 40 millones de estudiantes de la red pública. Desde 2009, el 30% de las comidas escolares públicas deben ser compradas a la agricultura familiar: una conquista de los movimientos del campo con protagonismo de las mujeres. Con la interrupción del funcionamiento presencial de las escuelas, muchas intendencias y estados han suspendido la alimentación escolar. Resultado de una articulación de los movimientos sociales, en abril de 2020 fue aprobada 7 La Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) ha organizado la “Emergencia Indígena”, en donde articulan sus acciones durante la pandemia. Disponible en: http://emergenciaindigena.apib.info/ (consultado el 29 de agosto de 2020) 55

una autorización para que el poder público utilizara recursos federales para compra y distribución de canastas básicas. La autorización, sin embargo, no ha significado obligación. Hay un proceso en curso para identificar cuántos municipios han mantenido la alimentación escolar, incluso comprando a los y las agricultoras8. Algunas intendencias están distribuyendo “vouchers” (vales) que son utilizados en supermercados en la compra de comida ultra procesada. La calidad de los alimentos es un eje fundamental en la lucha agroecológica por la soberanía alimentaria. Para muchas familias, la alimentación escolar era la única comida caliente de los niños y niñas; debido al hambre, algunas familias están enviando a los niños y niñas a vivir en la casa de la abuela u otros parientes. En las escuelas apareció el problema de la elaboración de la comida escolar y de la distribución de canastas, ya que era una actividad realizada por empresas tercerizadas a las cuales le suspendieron los contratos durante la pandemia. Las trabajadoras de las empresas tercerizadas siempre enfrentan condiciones más precarias que las servidoras públicas. El segundo aspecto está relacionado con el ingreso. Luego de una disputa con la propuesta inicial del gobierno, se logró garantizar un auxilio de emergencia de por lo menos 600 reales9, extendido a 1200 reales para mujeres jefas de familia. Para tener una referencia, el salario mínimo en Brasil está en 1045 reales. El auxilio de emergencia ha alcanzado 44% de los domicilios brasileños y en estos momentos está siendo objeto de nuevas disputas. 8 Ese proceso es llevado a cabo por la Articulación Nacional de Agroecología, y puede ser consultado en: https://agroecologia.org.br/2020/07/24/alimentacao-escolar-sem-recesso-fome-nao-respeita-quarentena/ (consultado el 29 de agosto de 2020). 9 N. del E. 600 reales equivalen a 110 dólares. 56

Hubo dificultades y complicaciones en el acceso al auxilio de emergencia, especialmente para algunas categorías de trabajadoras y trabajadores que fueron excluidas, como las trabajadoras de la economía solidaria y agricultoras familiares. Un proyecto de ley propuesto por los movimientos para asegurar el auxilio de emergencia a la agricultura familiar que, a pesar de haber sido aprobado en la Cámara Federal y el Senado, tuvo la casi totalidad de los artículos vetados por el presidente10. Un primer acceso se dio a través del CadÚnico, catastro realizado en los gobiernos de Lula y Dilma, que ha contado con un sistema de búsqueda activa para llegar con el Programa Bolsa Familia a las personas en situación de pobreza. El problema para el auxilio de emergencia se concentró en los “nuevos” pobres, aquellos que empeoraron su situación rápidamente luego del golpe del 2016 y las sucesivas medidas de austeridad. Los problemas para el catastro han sido, por ejemplo, la necesidad de disponer de un Smartphone que tuviese suficiente espacio en la memoria para descargar la aplicación creada para acceder al auxilio y la conexión a internet que tenía que ser suficiente para recibir y procesar las informaciones. Si un nombre era digitado con algún error (en un país con analfabetismo funcional) o si la persona fue despedida después de abril y la empresa no registró la baja, tampoco le permitía acceder. Además, como el modelo de familia heteropatriarcal tradicional es lo que sigue organizando la política, en sus inicios, quienes tenían madre desconocida no lograban inscribirse (esto último se ha modificado a instancias de una acción de la defensoría pública). En ese contexto de manipulación de los datos personales, además 10 Informaciones en detalles en: https://agroemdia.com.br/2020/08/31/vetos-ao-pl-735-negam-cidadania-e-o-direito-a-alimentacao/ (consultado el 04 de septiembre de 2020). 57

por gobiernos antidemocráticos, hay un cuestionamiento sobre la falta de transparencia en el uso y manejo de ese banco de datos. La derecha que siempre ha combatido los programas de transferencia de ingreso, ahora propone un mecanismo de ese tipo, con valor más bajo (300 reales). El gobierno esboza una propuesta de sustitución del programa Bolsa Familia que circula con el nombre de “Renda Brasil”, con una lógica que además de ser una política focalizada, se articula estrechamente con el mercado. Para viabilizarla, se propone poner fin a políticas públicas importantes como la farmacia popular, el abono salarial y la cobertura de protección social que cubre el periodo de inactividad por veda en la pesca artesanal. Eso significa más dependencia de las personas pobres a un mercado regido por la especulación, en una sociedad donde el Estado no asume su deber público de garantizar los derechos más básicos a la salud, la educación, al agua y la vivienda. Sostener la vida desde la organización popular Asumir el cuidado de la vida, en el marco de la acción política por el Fora Bolsonaro (Fuera Bolsonaro), es la tarea de los movimientos sociales en Brasil. Eso se concreta en acciones solidarias en los territorios. Además de los movimientos sociales organizados, que refuerzan y amplían sus iniciativas y procesos, también hay diversas iniciativas que surgen desde una necesidad de la gente de moverse frente a los escándalos y la política de muerte. Sin embargo, tanto en los movimientos como en esas iniciativas, hay diferentes niveles de dificultad para avanzar en procesos más amplios de organización. Un desafío es que esas acciones nos lleven a otro nivel en la construcción de respuestas y salidas a la crisis que nos enfrentamos. 58

Desde la Marcha Mundial de las Mujeres (la Marcha), en el inicio de la pandemia, se empezaron a articular acciones en los territorios muchas de las cuales se realizaron en alianza con los movimientos sociales. El abanico de la campaña “Vamos a precisar de todo el mundo”, articula diferentes acciones impulsadas por la Marcha y en algunos estados se organizan en torno a un proceso llamado “Periferia viva”.

Imagen difundida por la Marcha Mundial de las Mujeres - Brasil en el marco de las acciones de solidaridad. Abril/2020.

Los caminos y estrategias para la construcción de solidaridad varían de acuerdo a la realidad de cada lugar. Entre las campañas de recaudación de recursos y alimentos, 59

articuladas junto a los poderes públicos locales y entre los movimientos, se lograron las condiciones necesarias para la distribución de alimentos, productos de higiene y mascarillas. Además, en un escenario donde las fuerzas de la derecha operan para la desinformación, las mujeres protagonizaron la difusión de información sobre la pandemia, los síntomas y las formas de prevención, además del debate público sobre los escándalos de la situación. En las acciones de solidaridad se construye la soberanía alimentaria Conforme cuentan las compañeras de Rio Grande do Norte, “En mayo en las canastas que distribuimos había mucho jerimum, un vegetal muy típico de la región del semiárido brasileño, porque las agricultoras habían producido mucho jerimum y esa era la forma de vender el excedente. Así además de garantizar la alimentación de quienes necesitan, también combatimos la imposición de una alimentación basada en productos ultraprocesados, pobre en nutrientes y con mucha grasa y azúcar. Y eso es soberanía alimentaria” (Dantas, 2020). En ese estado, la Marcha ha organizado la recaudación y distribución de alimentos en diversos municipios del interior, llegando a 2 toneladas de alimentos distribuidos. El hecho de que los movimientos sociales, incluyendo el agroecológico, vienen desde hace unos años organizando redes de consumo, permitió un punto de partida importante para articular acciones de solidaridad desde la agricultura familiar y campesina. Así, la circulación de alimentos agroecológicos se incrementó en todo el país. Por ejemplo, la demanda por alimentos producidos por las agricultoras de la RAMA (Rede Agroecológica de 60

Mulheres Agricultoras da Barra do Turvo) aumentó tres veces de volumen desde que empezó la pandemia. Articulando recursos recaudados en una campaña de solidaridad para las mujeres de AMESOL (Asociación de Mujeres de la Economía Solidaria), en la región metropolitana de Sao Paulo, las mujeres de los grupos de economía solidaria en situación de vulnerabilidad, por no tener espacios para vender sus productos, han recibido canastas de alimentos producidos por las agricultoras de la RAMA. Estas mujeres ya se conocían, por formar parte del mismo movimiento social y por haber compartido espacios de formación y movilización11, lo cual ha significado muchísimo para ellas en términos de sentimiento de pertenencia; esto ha sido una forma de acercarse aunque desde sus situaciones de aislamiento en las casas. Como ha escrito Bia Schwenck (2020), existen tejidos de relaciones sociales que son muchas veces invisibilizados en el debate económico y que sostienen a las mujeres de AMESOL, material y subjetivamente, en momentos de crisis. Nuevos colectivos están organizándose en paralelo con el mayor compromiso en los grupos de consumo solidario; la mayoría relacionados a donaciones. Maestras indignadas con la suspensión de la alimentación escolar en las escuelas de São Paulo, que sienten muy de cerca el hambre de sus alumnos/as, formaron el colectivo “Ponta a Ponta”, que lleva comida de las agricultoras a los niños y niñas. De esta forma, además, acompañan de manera más próxima los obstáculos que se presentan con la enseñanza virtual. Cocineras profesionales crearon el “Sopão das Manas”, que procesa alimentos y los distribuye a las personas en situación de calle. Son muchas las iniciativas 11 Por ejemplo, la Marcha das Margaridas el 2019, escuelas de formación de economía feminista y solidaria, lanzamiento de la acción internacional de la MMM el 8 de marzo. 61

que distribuyen comida en comunidades de la periferia y en la ocupación indígena guaraní. Las raíces y los platos tradicionales producidos por las quilombolas permiten recuperar la memoria de sabores y texturas, perdidas por la homogeneización alimentaria. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) donó 3 mil toneladas de alimentos producidos en los asentamientos. La distribución de comidas en Río de Janeiro involucra a los repartidores de “delivery”, como ellos mismos suelen decir: “los que viajan con hambre cargando comida en las espaldas”. Ellos se involucraron en la distribución de alimentos en la periferia, pudiendo acceder a platos calientes. Con los movimientos campesinos y de vivienda, La Marcha se implicó en la producción y distribución de alimentos diarios, desayunos y almuerzos, en distintas zonas como Araguaina (Tocantins), Recife (Pernambuco), por nombrar algunas. También en dicho estado hay una articulación con los movimientos rurales para garantizar que la alimentación distribuida provenga de la agricultura familiar. La preocupación por la soberanía alimentaria también es parte de las acciones de solidaridad que apoyan comunidades y ocupaciones indígenas, como en Porto Alegre (estado de Rio Grande do Sul) y en el Mato Grosso do Sul, uno de los estados en los que el agronegocio violenta hace años a los pueblos indígenas, en la disputa por la tierra. La economía solidaria como estrategia En Palha do Arroz, una comunidad en Pernambuco, las mujeres organizaron un proceso colectivo de producción de jabón, distribuido junto con canastas básicas destinadas

a mujeres. Este proceso de auto organización, se enriquece además con un diálogo compartido sobre la situación por la que pasa el país. En estados en los que las compañeras ya son parte de grupos de economía solidaria, la organización colectiva de la producción de mascarillas ha sido una estrategia sostenida. Muchos grupos de economía solidaria redireccionaron su producción – al no poder comercializarla en ferias- hacia la confección de mascarillas de protección. Eso se relaciona con la donación, pero fundamentalmente con la construcción de la autonomía económica de las mujeres. En Sao Paulo, las mujeres de AMESOL se articularon a una red de economía solidaria de producción de tejidos (Justa Trama) viabilizando todo el circuito solidario de producción de las mascarillas. En lugares donde hay algún nivel de diálogo con el poder público, como es el caso de Rio Grande do Norte, se logró que la compra de mascarillas la realizaran los grupos de la economía solidaria. La apuesta por el proceso de autogestión y autonomía económica de las mujeres es lo que orienta la compra, más que el precio por unidad. En Parintins (Amazonas), las mujeres se organizaron para compartir conocimientos de medicina natural. También ha sido común la articulación de grupos de apoyo para facilitar el registro de mujeres para recibir el auxilio de emergencia, en el Distrito Federal, por ejemplo. Acumulados políticos que convergen en la acción y se amplían Podríamos dar muchos más ejemplos de las acciones de los movimientos sociales en tiempos de pandemia, en diversas zonas del país. Nos hemos detenido en los casos

presentados para subrayar el poder político acumulado en ese proceso en términos de construcción de fuerzas, organización, resistencia y caminos de transformación. La solidaridad es un principio y una práctica del feminismo que construimos, así como una estrategia de auto-organización que busca transformar la economía a través de las redes de consumo agroecológico y la economía solidaria. Durante la pandemia, las acciones colaboraron en enraizar aún más la solidaridad en los territorios concretos, con sujetos concretos. Una práctica política que impulsa la organización y movimiento popular, en escenarios marcados por la precarización de la vida y la fragmentación de los lazos sociales provocada por un neoliberalismo feroz. Desde los movimientos, lo que se construye es una solidaridad horizontal, de clase, donde se comparte no lo que sobra sino lo que se tiene y se necesita. La práctica impone romper con jerarquías, como las que pueden existir entre el campo y la ciudad. Como en el relato del jerimum, no es la ciudad (ni los supermercados) la que determina lo que se va a comer, sino los procesos de trabajo y los tiempos de la naturaleza. Desalienar la relación con la comida es un horizonte de esos procesos que tejen la alianza campo-periferia, necesariamente vinculada a la auto organización popular, más que una relación campo-ciudad. En las múltiples y variadas prácticas o formatos de solidaridad durante la pandemia, la defensa de la vida está visiblemente marcada por la reconstrucción de las relaciones de comunidad, tanto en los barrios como en los territorios, mientras se enfrentan al autoritarismo de mercado. Y se lo enfrenta también disputando el sentido de la solidaridad. Converge ahí la denuncia del lavado de cara de corporaciones con sus donaciones y caridades, pero también todos los procesos de presión política, especial64

mente en el ámbito local, para que los recursos del Estado lleguen a quienes necesitan. La organización popular disputa el sentido público del Estado. La reconstrucción de relaciones de comunidad se articula con la construcción de movimiento, de feminismo. Las compañeras de la Marcha comparten un proceso de identificación de las necesidades concretas en los barrios; lo que se necesita responde a la escucha y al diálogo, a la mirada atenta que siempre supone el ejercicio del cuidado, especialmente en medios donde existen sentimientos de mucha soledad. Así se perciben las interdependencias que sostienen nuestra vida en común mientras se actualizan comprensiones colectivas de la realidad vivida en estos tiempos, en cada uno de los lugares concretos. Las acciones de solidaridad también son momentos de encuentro entre mujeres; contribuyen a la identificación y posibilitan enfrentar situaciones de violencia que son redimensionadas entre algunas que pasan a convivir tiempo completo con varones violentos. Las compañeras comparten situaciones diversas: por ejemplo, una mujer vino a buscar la canasta y parecía que no terminaba de explicar distintos asuntos, cuando la situación era que no quería regresar a su casa. La construcción de la presencia y de contacto, colaboran para que el distanciamiento no signifique un aislamiento de las mujeres que las fragilice aún más en situaciones de violencia. En la pandemia es aún más evidente la necesidad de articular las estrategias para enfrentar la violencia al conjunto de las luchas: por autonomía económica, derecho a la vivienda y a la información. La pandemia impuso desafíos organizativos en muchos sentidos, para garantizar la organización de esas acciones y principalmente, para mantener organizado el feminis65

mo popular. Dado que la conexión a internet y una buena conectividad no son la regla, el contacto personal con las compañeras en situación de mayor vulnerabilidad y con los grupos de riesgo, el aprendizaje colectivo sobre herramientas y aplicaciones, fue intenso en este período. Se generaron formas de mantener procesos de formación y reflexión, por medio de audios compartidos a través de mensajes. Por ejemplo: un proceso de formación sobre el trabajo doméstico y el cuidado, en el que mujeres del movimiento compartieron por audios sus experiencias y reflexiones. Así como una serie de audios que generaron debates sobre la crítica feminista al poder de las corporaciones transnacionales. La posibilidad de construir espacios de intercambio virtuales con mujeres de distintas partes del país, compañeras que muchas veces no tienen condiciones para compartir espacios presenciales, tornaron mucho más activas las transmisiones en vivo. La poesía y la música son parte de esas transmisiones, así como lo es el arte urbano que expresa la política feminista. Lo virtual suele imponer ritmos más acelerados; es un desafío permanente garantizar procesos colectivos de intercambio y producción de síntesis, que nos permitan avanzar juntas, en movimiento. Pero la virtualidad sigue condicionado por la vida real, no está disociado de las relaciones concretas, los sentires, pensares y quehaceres del cotidiano. Es en este sentido que las compañeras han compartido las dificultades concretas para mantenerse organizadas en estos tiempos. La dificultad económica, los efectos de la pandemia en la salud mental, la pérdida de personas cercanas, la sobrecarga de trabajo; todas cuestiones concretas enfrentadas por las mujeres en sus vidas, y por las compañeras con el desafío y las dificulta-

des de mantener un proceso de organización durante la pandemia. El compromiso con las acciones de solidaridad ha sido un envión y un respiro para recuperar el ánimo y la esperanza para seguir moviéndonos, particularmente cuando el autoritarismo del mercado se sigue profundizando. La solidaridad en la lucha es también una acumulación de poder político que señala caminos a seguir. Es la solidaridad y el compromiso con la lucha antiracista, con la defensa de los territorios, los pueblos, comunidades indígenas y quilombo las que están bajo ataque. Compromiso y solidaridad con los y las trabajadoras de la educación y la salud, que enfrentan el acoso permanente de la extrema derecha y con los repartidores de “delivery” que, por primera vez, hicieron huelga en el país. Y, por supuesto, la solidaridad internacional e internacionalista, que nos exige comprender lo específico de cada realidad, pero también los rasgos comunes, las resistencias y luchas que nos permitirán construir salidas en un continente bajo ataque. La acumulación de poder político que han permitido las acciones de solidaridad ha puesto en el horizonte un desafío de mayor ampliación y mayor permanencia. O sea, la necesidad de convertir acciones en procesos permanentes de recuperación de los territorios y reconstrucción de la vida en común. Desde la vida, contra el capital Nuestra perspectiva es que las acciones colectivas marcan caminos y propuestas, a la vez que impulsan en lo concreto prácticas de transformación de la economía. Pero además, las experiencias feministas impulsadas por las mujeres en los movimientos sociales durante la pandemia, nos

señalan los desafíos y los debates necesarios para poner la sostenibilidad de la vida en el centro. En consecuencia, en este último apartado haremos un breve ejercicio para pensar en esos términos, sobre todo en un diálogo y debate en los terrenos de la izquierda y los movimientos sociales contra hegemónicos en Brasil. El gobierno de Jair Bolsonaro ha establecido desde el inicio una dicotomía entre la economía y la salud, entre el “proteger la economía” y “salvar vidas”. Su política ha tenido como resultado un número escandaloso de muertes y una gran retracción en la economía. La izquierda ha disputado esa narrativa poniendo la vida en el centro: “la vida por encima del lucro”. Pero desde el discurso hasta el reconocimiento -y el compromiso con la reorganizacióndel conjunto de los procesos y trabajos que sostienen efectivamente la vida, hay una distancia. Asumir ese camino exige enfrentar el racismo que estructura el capitalismo heteropatriarcal, en las prácticas de transformación y en el debate económico. Lo que se ha evidenciado durante la pandemia -especialmente el trabajo doméstico y de cuidado, las condiciones de su realización, nuestra vulnerabilidad e interdependencia, la ecodependencia, etc.- corre el riesgo de ser nuevamente invisible en viejos discursos y propuestas que separan la economía de lo social, la producción de la reproducción, refiriéndose a la vida en abstracto, sin poner la sostenibilidad en el centro. Ya no se trata de recuperar una economía para el mismo proceso de acumulación del capital, los números de crecimiento o las políticas monetarias, sino de apostar por una economía regenerativa en que cuidemos los procesos que sostienen la vida -la biodiversidad, las comunidades- y sus interdependencias. Esto redimensiona el riesgo de que esos procesos, trabajos y relaciones, sean despolitizados e incorporados en 68

falsas soluciones que no llegan ni a cuestionar ni a combatir las causas de lo que vivimos, por el contrario, las alimentan. Llamamos falsas soluciones, por ejemplo, a las propuestas de insertar en el circuito financiero procesos de la naturaleza, como intentan hacer los instrumentos de la economía verde y la ‘naturalización’ de los términos del mercado (como se pretende con los “servicios ecosistémicos” o la “bioeconomía”). Una pista para identificar las falsas soluciones en ese ámbito es cuando tratan a la naturaleza apartada de las personas que viven en esos territorios e históricamente han aportado a la biodiversidad. O, asimismo, las propuestas, -bajo la excusa de hacer “lo posible”-, de remuneración del trabajo doméstico, como una forma de “compensar” la reducción de los derechos y de servicios públicos como guarderías y servicios de salud. Por esta razón hemos insistido en la necesidad de enfrentar la emergencia de este momento sin perder el horizonte de transformación. Y es en este sentido que la desmercantilización está en nuestra estrategia. Hay una disputa del sentido público del Estado, de acercarlo a los procesos autogestionarios con participación real, aproximándolo así al poder popular. Pero eso no se construye solo con reivindicación de políticas o con el proceso de elecciones. Es necesario eliminar el poder del capital sobre la vida; interrumpir y revertir las privatizaciones, el enfrentamiento del poder corporativo y la desnaturalización de las corporaciones como referentes. Todo ello forma parte de este camino estratégico. La economía feminista es una herramienta de lucha y transformación. Transformar la economía es un proceso estrechamente ligado a la organización popular y la recuperación de los territorios. Lo vemos como condición para romper con la fragmentación y el encierro individua-

lista impuesto por el neoliberalismo. Por ello el “quedarse en casa” es un límite en los discursos si no se comprende lo que es necesario para la vida, o sea, si no se amplía a quedarse en el barrio, en el territorio, rompiendo incluso aislamientos patriarcales. Porque no es solo la casa, sino los espacios y procesos ampliados, en relaciones concretas, los que tejen la sostenibilidad de la vida. En las experiencias feministas agroecológicas, la disminución de los circuitos es un camino fundamental, en el que perseguimos la necesidad de acercarnos al valor de uso como referencia para otra economía. Eso, a su vez, está relacionado con superar jerarquías entre los procesos que sostienen la vida, por ejemplo entre lo que el campo produce y la ciudad consume, así como en la apuesta por la diversidad combatiendo la homogeneización tan característica de las corporaciones. En la discusión alrededor del regreso presencial a las escuelas, muy intensa en las semanas de agosto, convergen muchos aspectos de la reflexión enmarcada por la economía feminista en el contexto de la pandemia. No es una cuestión sencilla, pues ahí, nos enfrentamos al sector privado -con intereses de lucro que impulsa la precariedad de las condiciones de trabajo- articulado con los sectores de derecha en los gobiernos locales, que también apuestan por debilitar lo público, desresponsabilizando al Estado como garante de ese derecho tan básico como es la educación. De hecho, no se proponen condiciones de prevención y seguridad para el regreso al funcionamiento presencial de las escuelas, ni para las trabajadoras, ni para los niños, niñas y sus familias. Ni se discuten estrategias alternativas como la contratación de más trabajadoras/ es para disminuir la cantidad de niños y niñas en cada aula, y mucho menos la creación y ocupación de espacios

públicos y abiertos, como lugares que pueden transformar la educación y el cuidado. A la vez, esa discusión se presenta apartada de todo lo que ha significado para las mujeres la reconcentración de los cuidados (y la educación) en los hogares, además de una disociación entre lo que es la necesidad de regresar a trabajar o a buscar empleo y la situación de fin del auxilio de emergencia. Ahí retomamos toda la discusión acerca de la importancia de la alimentación escolar y la comida sana, para la seguridad y soberanía alimentaria; en el que las políticas y los equipamientos públicos son estratégicos para pensar salidas feministas para la reproducción social de la vida. La demanda concreta de las personas dependientes de cuidado no puede ser satisfecha a distancia: el ‘telecuidado’ no es posible ni deseable, si lo que planteamos como estrategia es la desmercantilización. ¿Cuáles son entonces las condiciones y posibilidades de activar y construir espacios de cuidado e infraestructuras colectivas, que cuiden la vida en escenarios de transición, pero que a la vez, puedan construir referencias permanentes? Posiblemente la estrategia de autogestión y la economía solidaria, pueden jugar un rol relevante, sin duda. Pero es importante que esa no sea solamente una estrategia en la precariedad y la crisis, sino que se convierta en una apuesta política de organización de la vida, y a partir de ahí, reconstruir las formas de hacer política. Las comunidades y mujeres negras tienen un largo recorrido transformándose en referentes en ese camino. Por supuesto, son necesarios recursos e inversiones en esas transiciones. En Brasil, eso pasa por la disputa actual por la revocación del “techo de gastos” (ley que impide la inversión pública en salud, educación y seguridad social 71

por los próximos 20 años), también por la campaña en curso para aumentar los impuestos a las grandes fortunas, y por enfrentar la financiarización, la especulación y el endeudamiento. Desde lo necesario para reorganizar la vida, hay que ir modificando muchos puntos de los engranajes vinculados a lo que llaman la economía. Y así llegamos a la necesaria transformación de la economía teniendo los tiempos de vida como referencia. En estos meses hemos reflexionado cómo eso nos exige poner los cuerpos, sus procesos y relaciones en la política. Como un límite a la expansión del capital, a la aceleración impuesta también por las tecnologías digitales. Los intentos del capital de normalizar todo a través del espacio virtual imponen una narrativa sobre la tecnología basada en la falta de transparencia, en la propiedad de dichas tecnologías y la vigilancia. Poner las tecnologías (no solo digitales) en cuestión es parte de nuestras disputas sobre los tiempos. Esa disputa pasa por evidenciar las bases materiales de lo digital, como el extractivismo minero y el extractivismo de los datos producidos por nuestras vidas en relación, y pasa también por rechazar la narrativa corporativa de Silicon Valley como el único horizonte posible. El tiempo lineal y acumulativo es una creación de la modernidad occidental y capitalista, los tiempos de la vida son otros. En esta situación de pandemia, bajo una política de muerte institucionalizada, poner los tiempos de la vida como referencia implica respetar los tiempos de sanación y el tiempo del luto frente a tantas muertes. Y eso no es una perspectiva individualista ni tampoco paralizante, ya que solo es posible hacerlo en movimiento y en común, pues implica transformaciones de formas y de fondos.

Referencias Dantas, Conceição (2020). “A realidade das mulheres na pandemia, garantindo a sustentabilidade da vida e o enfrentamento à violência” en Stefano, D; Mendonça, M. (Orgs): Direitos Humanos no Brasil 2020, São Paulo: Outras Expressões. No prelo. Faria, Nalu; Moreno, Renata (2020). “Resistir y transformar: solidaridad feminista contra el poder de las transnacionales” en Moreno, R. (Coord.): Crítica feminista al poder corporativo. São Paulo: SOF. Moreno, Renata; Nobre, Miriam (2020). “Natureza, trabalho e corpo: percursos feministas e pistas para a ação” en Economia feminista e ecológica: resistências e retomadas de corpos e territórios. São Paulo: SOF. Saori, Sheyla (2020). “Economia verde e a financeirização da natureza no Vale do Ribeira: as respostas das mulheres para as mudanças climáticas” en Economia feminista e ecológica: resistências e retomadas de corpos e territórios. São Paulo: SOF. Schwenck, Beatriz (2020). “Mulheres tecendo uma rede solidária em meio à pandemia: reflexões sobre economia e feminismo em tempos de crise e isolamento social”, en COVID19 e Sociedade, Campinas: UNICAMP / IFCH. No prelo. SOF (2020) São Paulo desigual: análises feministas sobre trabalho, gênero e raça, São Paulo: SOF.

“Donde comen tres, comen cuatro”1 Crisis de la reproducción social en Chile y su agudización en tiempos de pandemia Andrea Sato Jabre Miren cómo sonríen Los presidentes Cuando le hacen promesas Al inocente. Miren cómo le muestran Una escopeta Para quitarle al pobre Su marraqueta. Miren como sonríen – Violeta Parra

“Nos deben una vida”2 Chile agosto 2020, la actualización de los datos respecto al COVID-19 del Ministerio de Salud informa más de 11 mil personas muertas, 60 en las últimas 24 horas. Gracias a que se han levantado las cuarentenas estoy en la casa de mis padres en una comuna periférica de Santiago; hacía cuatro meses que no los visitaba ya que son población de riesgo. De fondo mi papá viendo el primer partido con el que se reanuda el campeonato nacional de futbol; no hay público y en su reemplazo hologramas digitales, una 1 Frase popularmente utilizada principalmente por las madres, hace referencia a que a pesar de que no haya mucho, lo que hay se comparte. 2 Rayado (N. del E.: pintada, graffiti) dentro de un Banco de Chile saqueado e incendiado, 21 de octubre 2019, Alameda Santiago de Chile.

mala parodia al cyberpunk. La llegada del COVID-19 ha cambiado las dinámicas de los hogares, de las economías globales, del espacio público y de los afectos, estas transformaciones radicales a nivel mundial encontraron a Chile en un escenario inédito de manifestaciones populares: de calles llenas se pasó al confinamiento dentro de las casas, de la rebeldía popular a un estado de excepción permanente, de asambleas territoriales a teletrabajo. Las manifestaciones en Chile se enmarcan en un proceso mucho más amplio: la crisis de la reproducción social que se agravó con la crisis sanitaria del COVID-19. Este texto busca explorar las condiciones que catapultaron las protestas en octubre, las reflexiones y resistencias del periodo de revuelta, y su centralidad para leer desde una clave feminista la pandemia actual. El artículo repasa socio-históricamente la historia presente de un Chile que cambió, que tras décadas de Estado antipopular y contención a las demandas sociales, los pueblos se enfrentaron a un sistema que desvaloriza la vida y prioriza la acumulación sobre el bienestar de las personas y el ambiente, porque la lucha de los pueblos es “hasta que valga la pena vivir”. La pandemia del COVID-19 llega a Chile en un escenario convulsivo. Desde el 18 de octubre del 2019 Chile vive tiempos de transformaciones; el aumento en la tarifa del metro de Santiago en $30 pesos chilenos3 desencadenó lo que se caracterizó como un “estallido social”. Desde ese viernes de octubre comenzaron a desarrollarse diversas manifestaciones callejeras, asonadas populares, asambleas territoriales y cabildos abiertos esparcidos por todo el territorio nacional: la protesta callejera fue el componente central del Chile que despertó. Las calles inundadas de gente, rayados en edificios patrimoniales y bancos 3 $30 pesos chilenos equivalen a USD 0,039

incendiados se convirtieron en parte del paisaje en los centros urbanos del país. En esos días, ya con aires veraniegos, no alcanzaban las paredes, las poleras ni los carteles para expresar años de rabia, frustración y desazón ante un sistema económico depredador y una estructura política despótica. Las secundarias y secundarios que fueron la llama que incendió la pradera, saltando el torniquete de uno de los metros más caro de América Latina,4 también lideraban, con alegre rebeldía, las movilizaciones diarias que se concentraban principalmente en las capitales regionales; los caceroleos, gritos y canciones fueron parte del paisaje sonoro de las movilizaciones más importantes que había vivido Chile desde la dictadura cívico- militar de Pinochet. Las calles se transformaron en espacios de creación colectiva, las intervenciones, performances y expresiones artísticas fueron un componente esencial del revuelo popular, las arterias principales de las ciudades se convirtieron en improvisadas canchas de futbol o escenarios donde se escuchaban las letras de Víctor Jara y Violeta Parra, las personas se encontraban y reunían subvirtiendo la lógica impuesta de la ciudad hostil; las risas, la preocupación colectiva y la solidaridad fueron esenciales en esos días de octubre, a través de pequeñas acciones se desmontaba la subjetividad neoliberal arraigada. Se veía a mujeres mayores desde los balcones dando agua a les jóvenes que ocupaban las calles, viejos emocionados declamando discursos en paraderos de micros incendiados, jóvenes repartiendo cajas de leche de los supermercados recién saqueados decididos a cobrar la vida que les había robado el capital. La primavera de Chile hizo florecer la esperanza de otros 4 El pasaje del metro en Chile vale $830 (USD 1,07) en horario punta, las demás capitales de la región tienen valores más bajos que el metro chileno, sólo Lima tiene un valor más alto en su transporte capitalino. 77

mundos posibles ensayando nuevas formas de encuentros, resistencias y solidaridad. En muchos barrios se levantaron cabildos ciudadanos5 y asambleas territoriales, las demandas eran múltiples pero el eje central era denunciar el modelo económico dominante que depreda la vida en su conjunto y no permite vivir con dignidad; la consigna “no son 30 pesos, son 30 años” hizo sentido en todos los rincones, ya había demasiado: de abusos, de sueldos y pensiones miserables, de las filas en el consultorio y las deudas por estudiar. La demanda inicial por la rebaja del transporte público capitalino rápidamente perdió centralidad para abrir paso a las discusiones estructurales del sistema de acumulación; la impugnación a un régimen instalado en dictadura y posteriormente protegido por los gobiernos de la Concertación fue el corazón de la movilización de meses que vivió Chile: ¿y la alegría cuando llega?6 se preguntaban quienes habían confiado en los cantos de sirenas tras el fin de la tiranía. Los principales canales de televisión cambiaron sus pautas faranduleras para dar cabida a la discusión política; se convirtieron también en la pasarela de personeros de actuales y anteriores gobiernos para pedir disculpas y hacer un mea culpa frente a las cámaras, frases como “hay 5 Los Cabildos son una institución traída a América Latina por los colonizadores españoles, eran espacios de administración para España, posteriormente se convirtieron en instituciones donde los vecinos/as de las ciudades tomaban decisiones, también se gestaron ahí las primeras juntas de gobierno. En tiempos contemporáneos, se ha usado la figura del cabildo para caracterizar un espacio de injerencia por parte de la ciudadanía. 6 “Chile, la alegría ya viene” es una frase icónica usada por la Concertación de Partidos por la Democracia en la franja televisiva del plebiscito de 1988, donde se elegía si mantener a Pinochet en el poder o no. Con los años se ha transformando en una frase clave para caracterizar el proceso plebiscitario, pero también para criticar a la Concertación, conglomerado que mantuvo y profundizó el proyecto neoliberal instalado en Dictadura.

que compartir nuestros privilegios” o “no sabíamos que la gente tenía tanta rabia” fueron parte del relato que montó la elite, para apaciguar las aguas de las masas enardecidas en todo el territorio, que sólo tenían un objetivo: que la dignidad se hiciera costumbre. Los discursos de unidad nacional y frases culposas por parte de los partidos del orden y los dueños de Chile, no fueron suficientes para contener las movilizaciones, asambleas y protestas que se masificaban día a día. El bloque en el poder, incapaz de domar la movilización popular utilizó los mecanismos propios de un Estado antipopular7. La democracia tutelada construida en transición no fue suficiente para “conducir” el descontento popular a las mismas decisiones pactadas de siempre; el “consentimiento” silencioso con el que contaron durante décadas para avanzar en una agenda privatizadora estaba profundamente cuestionado, por lo que la única opción para el Estado antipopular era ocupar la fuerza y la violencia del Estado. La represión del Estado fue severa: mutilación ocular producto de disparos de carabineros, asesinatos de personas en manos de agentes del Estado, tortura política y sexual en los cuarteles. La energía de las primeras semanas se mezclaba con el horror de las informaciones que se transmitían desde todos los lugares de Chile: detenciones arbitrarias, montajes policiales, cuerpos encontrados en extrañas condiciones, relatos de tortura y violaciones en distintas comisarías. El Estado antipopular desplegaba así todos los mecanismos de control para mantener una paz social que sólo se ha sostenido sobre la explotación de la vida. 7 Para revisar el concepto de Estado Antipopular, se propone el artículo escrito por Benjamín Sáez “Apuntes sobre una ciudadanía antipopular” disponible en https://rufianrevista.org/apuntes-sobre-una-ciudadania-antipopular/ 79

A finales de octubre se realizó la “marcha más grande de Chile” en la que se movilizaron más de 3 millones de personas en todo el país; a la semana siguiente se hacía un llamado a paro nacional, el día 4 de noviembre; se plegaron distintos gremios, centrales de trabajadores/as y diversas organizaciones sindicales y sociales. Las manifestaciones de las primeras semanas de noviembre fueron inéditas, la masividad y paralización de faenas efectivas en esos días no se veían desde las jornadas de protesta contra la dictadura en la década del 80’, era la primera vez tras la vuelta a la democracia donde había tantos sectores movilizados, organizando la resistencia. Los colegios y escuelas con clases suspendidas, los principales gremios del país llamando a manifestaciones activas, y de forma paralela, las asambleas, las ollas comunes y cabildos en los territorios aumentaban exponencialmente. Las manifestaciones de esos días se aglomeraban tras la consigna “Renuncia Piñera”. Chile, un país altamente presidencialista, cuestionaba la gestión del gobierno y de los políticos en general, las encuestas demostraban una desaprobación transversal al Ejecutivo y una desconfianza casi total a los demás poderes del Estado. La tensión y conflicto en noviembre era evidente, no sólo se habían presenciado las manifestaciones más masivas desde la vuelta a la democracia, también se había logrado tejer un entramado que volvía a reencontrar a las personas en el espacio público; los tiempos de la indecisión se estaban acabando para el bloque en el poder, el gobierno había sido errático y las cadenas nacionales del presidente no lograban aplacar la marea que amenazaba convertirse en tsunami. En ese contexto las instituciones comienzan a proponer salidas para conducir el proceso popular ya instalado en las calles. El 7 de noviembre la Asociación Chilena de Municipalidades toma la decisión de hacer 80

una consulta nacional para un cambio constitucional; tres días después, el 10 de noviembre, el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunciaba que el gobierno enviaría una propuesta de “Congreso Constituyente” desconociendo la demanda social por una asamblea constituyente. Al final de esa semana los partidos de la oposición hicieron una declaración a favor de un plebiscito y Asamblea Constituyente, ese día también se vivía otra jornada de huelga general, principalmente en las capitales regionales; el saldo de esas tres semanas de protestas ya era de 22 personas muertas en manos de agentes del Estado. Esa noche en las televisiones de todo el país, por cadena nacional aparecía el presidente Piñera llamando a un gran “Acuerdo por la Paz”. A los días de ese llamado, se firmaba entre los partidos oficialistas y de oposición “El Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución”, quedando establecida en la madrugada del 15 de noviembre una hoja de ruta para el proceso constituyente, conteniendo los siguientes puntos: 1. Garantizar la paz y el orden público. 2. Plebiscito sobre una nueva constitución 2020. a. Consulta nueva constitución (apruebo/rechazo). b. Tipo de órgano que deba integrar (convención constituyente/ c. constituyente mixto). 3. El objetivo del órgano será exclusivamente el de dedicarse a la redacción de una nueva constitución. 4. Los acuerdos dentro de este organismo se harán en base a 2/3 de los constituyentes. 5. La nueva constitución empieza a regir cuando se promulgue oficialmente, derogándose la actual. 6. Plebiscito ratificatorio con voto obligatorio. 7. Creación Comisión Técnica para estudiar los detalles pendientes. 81

8. Plazo de funcionamiento de 9 meses, con prórroga de tres más en caso de ser necesario. A pesar del acuerdo, las manifestaciones populares no cesaron, la represión recrudeció amparada bajo una serie de medidas enfocadas en “mantener el orden social” que estaban dispuestas en el acuerdo firmado. Las críticas a los firmantes fueron inmediatas: se acusaba haber suscrito un acuerdo sin consultar a las personas movilizadas, se impugnaban las trabas institucionales del proyecto ya que no garantizaba la participación de organizaciones o personas independientes de partidos en la eventual convención constituyente y mantenía los 2/3 para llegar a acuerdo, lo que resguardaba la estructura sancionatoria y reaccionaria de la actual constitución; además, en las calles no se escuchaban exigencias por una Convención Constitucional, lo que se demandaba era una Asamblea Constituyente que resguardara cupos para organizaciones e independientes dentro del proceso deliberativo. Las detenciones, muertes y torturas a las personas movilizadas no se detuvieron con el “acuerdo de paz”, tampoco se avanzó en otros procesos fundamentales para la distribución de la riqueza y bienestar social, como el fin del sistema previsional administrado por las AFP8, la desigualdad estructural, los bajos salarios o políticas tributarias que graven al gran capital; nuevamente los partidos políticos encausaban de forma deficiente las demandas populares. Diez días después de firmado el acuerdo, el 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de todas las violencias contra las mujeres, en el que se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal en manos de la policía 8 Las AFP son las Administradoras de Fondos de Pensiones, una institución privada que administra los fondos de pensiones de los trabajadores/as de Chile en cuentas individuales. Fueron creadas en Dictadura bajo el Decreto Ley 3500 que cambia la lógica del reparto a una estructura privada de pensiones. 82

secreta de la dictadura dominicana encabezada por Rafael Trujillo, “Las Tesis” en Valparaíso, crearon un himno que traspasaría las fronteras geográficas e idiomáticas. La acusación al Estado opresor resonó en distintas partes del mundo, la impugnación al Estado y su aparataje represivo se convirtió en un grito de lucha en Chile y en el mundo, la policía que asesinaba a las Mariposas en 1960 abusaba de compañeras en Chile el 2020. “Un violador en tu camino” es una sátira a la institución de carabineros de Chile, en la que se representa la violencia sistémica de un organismo que acata las órdenes del Estado violador. Las masivas manifestaciones dejaron en claro que el acuerdo por la paz y nueva constitución no era solución suficiente para décadas de neoliberalismo salvaje, las feministas nuevamente eran la primera línea de la resistencia ante la arremetida de los partidos del orden y la oligarquía económica que vaticinaba una debacle financiera si se mantenían las movilizaciones. “Nada se ha ganado todavía” era lo que rezaban los muros de Santiago, “No soltemos la calle” aconsejaban los rayados de los edificios patrimoniales. Más de 500 mil mujeres repitieron la performance de Las Tesis en distintas partes del globo, en idiomas diferentes y variaciones de la letra, pero con la ternura de la solidaridad que traspasa las fronteras impuestas por los Estados coloniales. Pasaban las semanas y las manifestaciones se mezclaron con las celebraciones de fin de año, la rebautizada Plaza de la Dignidad, centro neurálgico de las manifestaciones en Chile, el 31 de diciembre se convirtió en una enorme pista de baile y celebración, más de 200 mil personas de forma autoconvocada llegaron a esperar las 00:00, entre abrazos, bandas improvisando y fuegos artificiales clandestinos, se sentía el entusiasmo por mantener arriba la movilización, el cambio de año gregoriano daba esperanzas en que el 83

2020 sería mejor, se seguiría en la calle y ellos tenían que escuchar ¿Cómo no se iba a ganar nada? ¿Las las personas muertas, torturadas, con daño ocular iban a ser en vano? A las 00:01 hubo abrazos, se destaparon botellas y la gente bailó, porque si no se puede bailar la revolución no interesa. En la madrugada del primer día del año 2020 en Plaza de la Dignidad, tres personas fueron impactadas por bombas lacrimógenas en sus rostros, las tres perdieron uno de sus ojos. Avanzó la temporada estival, las manifestaciones no se detuvieron. Los viernes veraniegos eran de manifestaciones, las asambleas y ollas comunes se mantuvieron a pesar de los 35° grados, la esperanza de que venía marzo mantenía arriba los ánimos: había que prepararse para reactivar la masividad. Las últimas semanas de febrero llegaron las primeras informaciones del COVID-19, se encontraban casos en Asia, América del Norte, África y Europa; el 26 de febrero se confirma el primer caso en América Latina, en Brasil en la ciudad de São Paulo; el 3 de marzo sería el primer contagio verificado en suelo chileno. Sin embargo, esas semanas la agenda noticiosa giraba en torno a otras problemáticas y contingencias: la llegada inminentemente de marzo daba la bienvenida a las manifestaciones masivas en las calles. La primera fecha fue el domingo 8 de marzo, día de las mujeres trabajadoras: más de 2 millones de mujeres y disidencias en todos los territorios se manifestaron en esa histórica jornada que fue una de las más masivas en todo el mundo. La ola feminista llegaba con una potencia desbordante para recordar que el Chile que despertó no está dispuesto a dormirse de nuevo.

“La Dignidad se cocina a fuego lento”9 El 8 de marzo del 2020 fue la cúspide de un proceso de aprendizaje, reflexiones y manifestaciones que permitieron que en los últimos años el movimiento feminista en Chile y Abya Yala haya alcanzado un protagonismo sin precedente, la masividad de las manifestaciones. El aumento explosivo de las organizaciones de mujeres y feministas junto a la radicalidad de las apuestas políticas que emergen de lo que es el movimiento antisistémico más importante de la última década a nivel mundial, obligó a cambiar las estrategias, discursos y gramáticas de todas las organizaciones sociales e irrumpió con fuerza en el debate estratégico para la construcción de un mundo nuevo. La estrategia feminista no se inaugura hace cinco años con las masivas manifestaciones por derechos sexuales y reproductivos en distintas partes de América Latina y el Caribe, tiene una historicidad profunda que ha dialogado por décadas con mujeres diversas con un sentido de crítica profundo. Esas discusiones históricas hoy adquieren relevancia y vigencia en el contexto de crisis multidimensional, ya que logran plantear perspectivas políticas que disputan el actual orden neoliberal proponiendo horizontes emancipatorios para todes, transformando lo personal en político e impugnando al poder capitalista, heteropatriarcal y colonialista. El estallido social en Chile también fue un estallido feminista, ya que es uno de los movimientos que ha estado activamente articulando y dando origen a nuevas organizaciones tejidas en distintos espacios. Las manifestaciones desarrolladas durante toda la década del 2000 – feministas, estudiantiles, de trabajadores/as, de pueblos originarios etc.– 9 Frase de un afiche callejero de la Brigada de Propaganda Feminista, 5 de noviembre 2019 pared Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), Santiago.

fueron la antesala al estallido del 18 de octubre. Todas estas demandas se constituyeron como parte fundamental de la revuelta por los deseos que se expresaron en la calle; las personas hace años ya marchaban por educación y salud de calidad, por viviendas dignas, por el fin de las AFP, salarios decentes, por acabar con la militarización en el Wallmapu y por una vida sin violencia para las mujeres y disidencias. Los procesos que estaban recomponiendo el tejido social hace años hilvanaron las luchas que desembocarían en la primavera del 2019; en este tejido de resistencias las feministas cobraron una importancia central, ya que lograron sintetizar una propuesta programática que se enfrentaba a la precarización de la vida en todas sus dimensiones. Los debates en torno a cómo deben ser vividas las vidas fue la pregunta transversal en cada espacio de discusión que se proponía imaginar cómo sería la existencia sin la tiranía del capital. Las propuestas del movimiento feminista y otros movimientos antisistémicos fueron parte del pliego de los pueblos que se levantaron durante la revuelta social; las discusiones y reflexiones históricas de los feminismos heredaron las herramientas para leer la crisis social más grande de Chile en el siglo XXI. Las demandas de los pueblos, que se levantaron en octubre del año 2019 por una transformación estructural que pusiera en el centro los cuidados y a quienes garantizan dichos cuidados, fueron el hilo conductor de la revuelta. En ese sentido, leer el estallido social en una clave feminista es entender en términos amplios la crisis de la reproducción que viven las periferias globales y el impacto en los hogares. Desde hace décadas los feminismos han propuesto dejar de pensar los cuidados en términos acotados, ya que no sólo están vinculados a la atención de niñes y personas

dependientes; reducirlos a esas labores es invisibilizar el potencial subversivo de los feminismos en torno a la transformación completa de las vidas (Carrasco, 2019). Los cuidados son una ética y perspectiva desde donde posicionarse para construir estrategias por un proyecto emancipatorio para las mujeres y los pueblos. El sistema de acumulación capitalista actual no puede dar respuesta a las necesidades vitales de las personas y atenta contra el equilibrio de la naturaleza porque se basa en una estructura socioeconómica que mantiene y profundiza las desigualdades, ya que es un sistema fundado en la producción del mercado que tiene como objetivo la acumulación del capital y la concentración del beneficio en pocas manos (Dalla Costa, 2009). La reproducción social es el eje fundamental que permite la existencia de las personas y está íntimamente ligado a los cuidados; dado que somos seres vulnerables e interdependientes son necesarios en distintas etapas de la vida. La reproducción social no es mera sobrevivencia, es garantizar las “vidas que merecen la alegría ser vividas”10 (Pérez Orozco, 2014) y por lo tanto, está en una disputa permanente con este sistema depredador que busca expoliar el mayor beneficio para su mantención y expansión. Las manifestaciones de octubre fueron la evidencia y destape del conflicto capital-vida, la lucha no es sólo por sobrevivir, es por el buen y digno vivir. Las manifestaciones de octubre son, por lo tanto, la consecuencia y respuesta a la crisis de la reproducción social. Se entiende como reproducción social un entramado de tareas y trabajos que tienen como objetivo la 10 Amaia Pérez Orozco acuñó la propuesta de las “Vidas que merecen ser vividas” en 2014, tras reflexiones entre compañeras se ha avanzado a la propuesta general de las “vidas que merecen la alegría ser vividas”. Esta idea tiene la misma base planteada por Pérez Orozco (Pérez Orozco, Subversión feminista de la economía: aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida, 2014), garantizar vidas alegres y cuidadas. 87

reproducción biológica y cotidiana de las personas y de la fuerza de trabajo; en esta línea no sólo se habla de las personas que venden su fuerza de trabajo de forma directa en el mercado, sino de la clase trabajadora en su conjunto, incluyendo a niñes, personas dependientes, personas mayores y todos aquellos que no puedan trabajar de forma remunerada, es decir, el hogar en su conjunto (Dalla Costa & James, 1977). Por tanto, la reproducción contempla también la reposición de las personas física, mental y emocionalmente. En este marco, la reproducción también actúa a nivel de subjetividad, en los hogares se transmite la socialización y disciplinamiento que exige este sistema, convirtiendo la reproducción social en el eje que garantiza la acumulación (Arruzza & Bhattacharya, 2020). Asimismo, la reproducción contempla las prácticas sociales que satisfacen las necesidades humanas –y no humanas– que mantienen el bienestar de las comunidades; seguridad social, educación, salud y vivienda son cuestiones básicas a garantizar para mantener a las comunidades protegidas y con estándares suficientes que permitan el desarrollo multidimensional de las personas (Carrasco, 2001). La reproducción social en clave feminista tiene como eje priorizar buenas condiciones de vida para las personas y sus entornos; la reproducción es incompleta o deficiente si las personas no logran mantener márgenes dignos de bienestar o se deben empobrecer para alcanzarlos. Lo novedoso del capitalismo en su etapa neoliberal, es que se establece la idea de la reproducción social como un espacio que puede ser fuente de ganancia y acumulación; la mercantilización y privatización extendida que se desarrolla en esta etapa del sistema capitalista es parte básica de la actual crisis de la reproducción que se vive en Chile hace décadas, los

“cercados de acumulación originaria” se mantienen para encontrar nichos de acumulación que invaden los hogares y las propias actividades cotidianas de las personas (Ezquerra, 2012). La acumulación capitalista se basa en el expolio del trabajo en su conjunto, se apropia de la vida y de los bienes comunes naturales estableciendo una auténtica guerra contra la sostenibilidad. La sempiterna expansión del capital y la crisis actual han profundizado aún más la contradicción capital-vida, ya que el proyecto capitalista no permite la reproducción social en condiciones de vida digna para las personas y el planeta (Herrero, 2012). El capital como soberano organizador de las distintas dimensiones sociales, ha colonizado las calles, las casas y las camas subordinando la reproducción social a la acumulación del capital, este es el origen de la crisis que se evidencia en hogares donde las condiciones mínimas de existencia no están aseguradas y se disputan de forma permanente (Federici, 2018). Chile es un país que ha seguido al pie de la letra la receta neoliberal; tras la dictadura cívico-militar se articula un ataque al trabajo –remunerado y no remunerado– de forma sistemática, además se organiza en una estructura de acumulación por desposesión saqueando los derechos sociales de las personas; Chile es un país donde la acumulación ha traspasado todos los límites mercantilizando todos los ámbitos de la existencia (Harvey, 2007). Las cifras son esclarecedoras: en Chile el 10% de los ingresos totales del país los concentra el 0,01% (1.800 personas) de la población, el 1% concentra el 30% de los ingresos11 mientras 11 Fundación SOL datos de ingresos per cápita actualizado (2020) para el 1%, 0,1% y 0,001% más rico en base a López, Figueroa y Gutiérrez (2013). La parte del León: nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile. 89

el 50% de las trabajadoras/es tiene salarios menores a los $400.000 mil pesos (USD 522) (Durán & Kremerman, 2019) y la pobreza de mercado, o sea considerando solo los ingresos por trabajo y jubilación, asciende a 29,4% radicalmente diferente a la cifra oficial de 8,6% de personas empobrecidas en Chile (Durán & Kremerman, 2018). A esto se le debe sumar los 5 millones de personas morosas con un monto de mora del orden de $1.900.000 (USD 2.479), lo que sextuplica el valor bruto del actual salario mínimo en Chile de $320.500 (USD 418). Amaia Pérez Orozco va a establecer la crisis de la reproducción social a partir de tres procesos que se complementan y vinculan entre sí: la expansión y aumento de la precarización de la vida, la multiplicación de las desigualdades sociales y la propagación de la exclusión (Pérez Orozco, 2014: 189). Todas estas situaciones son parte de la geografía social de Chile. La clase trabajadora requiere de un salario para su subsistencia diaria y las empresas necesitan de su fuerza de trabajo para hacer andar la maquinaria, pero estos ingresos por el trabajo están por debajo de su coste real; el debate por el bajo valor del trabajo en Chile se traduce en que la deuda total de los hogares chilenos alcanza el 75,4% de sus ingresos disponibles (Banco Central de Chile, 2020), siendo la deuda otro mecanismo de despojo a los hogares por parte del capital (Gálvez & Sato, 2020 -en prensa-; Graeber, 2012). Pero, sin lugar a dudas, la base del expolio en el actual sistema es el trabajo no remunerado realizado básicamente por las mujeres dentro de los hogares; esto se demuestra en la carga global de trabajo que enfrentan las mujeres: en Chile las mujeres ocupadas trabajan 41 horas promedio a la semana, en labores no remuneradas dentro de los hogares (Barriga, Durán, Sáez, & Sato , 2020). Toda esta usurpación se pro-

fundiza en un escenario de privatización sin precedente en la región; salud, educación y previsión social se han convertido en negocios para los grandes grupos económicos mientras el Estado subsidia la explotación a los hogares y no duda en mutilar a quienes se manifiestan para defender los márgenes de ganancia para el capital. La crisis de la reproducción social ha tenido efectos devastadores en Chile y la región, ya que han sido los lugares donde los centros económicos globales han depredado la naturaleza y la fuerza de trabajo (Mies, 2019), pero también donde han sufrido la reducción del gasto público en políticas sociales. América Latina en general, y Chile en particular, ha vivido un proceso de privatización radical, tanto así que el modelo de ahorro forzoso privado que son las AFP que se mantiene desde los 80 es la principal fuente de inversión para grandes grupos económicos nacionales, evidenciando la desposesión multidimensional que viven las personas en el Chile actual (Gálvez & Kremerman, 2020). La crisis de la reproducción social tiene como consecuencia la incertidumbre permanente y la inestabilidad de la vida, los seres humanos pierden la noción de colectividad y es ahí donde entra de lleno la subjetividad neoliberal. Esta crisis que se extiende y profundiza en los sures globales, se manifiesta de forma diferenciada para las mujeres y cuerpos feminizados, ya que son ellas las que han cumplido el rol histórico de los cuidados, y cuando no hay un Estado, una comunidad o servicios básicos para la reproducción de la vida, las mujeres de forma individual deben garantizar estas actividades, lo que aumenta la carga de labores y tiempos para las mujeres (Hochschild, 2008). El proceso de acumulación por desposesión y la extendida mercantilización de la vida, establecen nuevas fuen91

tes de acumulación para el capital, pero de forma paralela refuerzan la división sexual del trabajo y los roles tradicionales en los que se sustenta el patriarcado. La explotación de las mujeres se ve intensificada ya que se transfiere la mayoría de las responsabilidades sociales a los hogares, especialmente los que tienen menores niveles de ingresos. Es así como el expolio del capital coloniza todas las áreas de la vida estableciendo nuevos nichos de acumulación permanentemente, impidiendo el desarrollo de las personas y los hogares, utilizando la fuerza de trabajo gratuita y garantizada de las mujeres para asegurar su reproducción transgresora con los límites de las personas y la naturaleza (Federici, 2018). En este sentido, la crisis de reproducción que hoy vive Chile y se destapa con el estallido social de octubre no se debe entender sólo desde un punto de vista financiero o económico tradicional, la crisis es más profunda y se relaciona con los mecanismos de explotación perfeccionados en este período, que transgrede todos los límites biofísicos de la vida y pone en peligro la existencia de las personas evidenciado la insostenibilidad de este sistema. “Coronavirus llévate a Piñera”12 La pandemia del COVID-19 llega a Chile en plena revuelta popular; los primeros contagios en suelo nacional coincidieron con el regreso de las manifestaciones masivas en las calles. El reclamo transversal por el buen vivir se mantuvo potente a pesar del desgaste que habían significado meses de movilización sostenida. La emergencia sanitaria se agravó rápidamente y las medidas por parte de las instituciones de salud comenzaron a implementarse en distintas comunas. Los paisajes que habían acompañado 12 Rayado en Plaza Brasil, abril 2020, Santiago. 92

los últimos meses comenzaban a cambiar radicalmente: el sonido de las ollas en las noches se cambió por ambulancias a toda velocidad por las arterias principales, las aglomeraciones en espacios públicos dieron paso a calles desiertas, las grandes caravanas fueron reemplazadas por camiones militares que vigilaban el tránsito de las personas, la emergencia sanitaria obligó a pausar el proceso que estaba viviendo Chile y modificó completamente la táctica que estaba llevando a cabo el movimiento popular. El COVID-19 vino a profundizar la crisis de la reproducción social y a evidenciar de forma patente lo irreconciliable de este sistema con la sostenibilidad de la vida, ya que aceleró y profundizó los conflictos que son endógenos al sistema capitalista. La crisis sanitaria puso en evidencia la fragilidad de la vida, pero también la fragilidad del modelo de acumulación; este sistema de acumulación capitalista financiarizado se basa cada vez más en el capital ficticio y en la creación de deuda, lo que acelera y profundiza las crisis (Harvey, 2020). Este modelo en crisis permanente, no sólo está cuestionado por las manifestaciones en Chile y el mundo, también está viviendo un problema estructural: el sistema es incapaz de seguir absorbiendo los valores de la demanda que él mismo produce; este problema se agrava en el escenario de un virus mundial ya que para que funcionen las cadenas del capital no sólo se debe producir mercancía, también se debe vender y distribuir en un tiempo establecido, convirtiendo el consumo en un agente central en la reproducción del ciclo del capital (Gálvez & Sato , 2020 -en prensa-). Esta incapacidad del sistema y de los mercados para absorber las crisis ha tenido consecuencias graves en Chile, su manifestación más gráfica ha sido el aumento del desempleo y la desocupación; desde el inicio de la pandemia la Tasa de Desempleo Integral (TDI) para el trimestre móvil mayo, junio, julio 93

2020 llegó a 18,2%, aumentando 5 puntos porcentuales en comparación al mismo periodo en el año 201913, además se suma a las mujeres que han perdido el empleo y no están en búsqueda de uno nuevo aumentando los números de “inactividad” femenina durante el último año, esto principalmente por la inexistencia de políticas de cuidados que avancen en concebirlos como derecho y responsabilidad social, por lo que en el escenario actual de colegios cerrados y confinamiento, las mujeres están obligadas – como siempre- a resolver los cuidados de forma individual y privada reactualizando los roles patriarcales en los hogares. Las chilenas/os que hasta octubre se habían comportado como buenos sujetos neoliberales, se enfrentaron violentamente a lo que había originado las protestas el año anterior: la supremacía del mercado sobre las vidas. En los más de cinco siglos que lleva de vigencia el capitalismo, ha modificado las condiciones de su propia reproducción (Wallerstein, 2004), esto –muchas veces– tiene consecuencias no deseadas como una pandemia resultado de la depredación de las personas al medioambiente y la invasión del humano al hábitat natural de flora y fauna nativa14. En este sentido, no podemos pensar en esta pandemia como un desastre verdaderamente natural, de hecho, en este periodo de la historia ya nada podría ser llamado “natural”; claramente los virus mutan y cambian de huésped todo el tiempo, pero el escenario y circunstancias donde un virus muta y se convierte en una amenaza para la población mundial está totalmente vinculado a las acciones humanas. Además, es importante establecer que, a pesar de que 13 Fundación SOL en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestres móvil mayo, junio, julio 2020. 14 Esto lo profundiza Yayo Herrero en una entrevista dada el 9 de mayo “Yayo Herrero: “La clave es no destruir las barreras naturales que protegen a la especie humana de los virus” https://www.madridiario.es/yayo-herrero-la-clave-es-no-destruir-las-barreras-naturales 94

desde una perspectiva biológica todos los cuerpos pueden estar igual de expuestos al virus, las estructuras desiguales en las que se construye el mundo actual potencian las inequidades al momento de enfrentar una pandemia, las condiciones diferenciadas para enfrentar el COVID-19 no solo dependen de los ingresos, también entran en la ecuación los orígenes, el lugar donde habitas, entre otros factores que pueden ser determinantes al momento de enfrentarse a un virus letal (Lazzarato, 2020). Los hospitales se volvieron mini universos donde se exigió estar al límite de forma permanente; el personal de salud altamente feminizado15 se enfrentaba a una crisis sin precedentes en la historia actual, sin los insumos básicos para su protección y en la más absoluta precariedad (Gálvez & Doniez, 2020). En esa línea, la crisis sanitaria profundizó algo que los movimientos sociales estaban denunciando hace años y volvió a tomar fuerza en la revuelta, la privatización y mercantilización del derecho a la salud ha condicionado a los hogares a tener ingresos suficientes para poder pagar atenciones de salud particular ya que es uno de los factores más determinantes para acceder a salud de calidad en Chile. El Estado ha subsidiado la acumulación del sistema privado de salud, condenando al sistema público a la miseria con la consecuente desigualdad en el acceso a servicios que deberían estar garantizados para todas las personas; la marginalización de los vastos grupos de la sociedad no es una excepción sino la regla; el bienestar y salubridad de estos grupos de excluidos quedan como última prioridad para un sistema de salud que lucra con la vida humana16. 15 En Chile las Actividades de Atención de Salud están compuestas por 74,1 % de mujeres, convirtiéndose en la segunda rama más feminizada después de Actividades de hogares como empleadores (92,4 %) (Barriga, Durán, Sáez, & Sato , 2020) 16 Esto lo desarrolla Silvia Federici en un conversatorio de la Editorial Traficantes de Sueños, disponible en: https://cctt.cl/2020/06/30/silvia-federi95

Es el sistema capitalista el que está decidiendo quién vive y quién muere en un escenario pandémico, donde no tener los recursos puede empobrecerte, endeudarte o directamente matarte. Los 30 años de políticas neoliberales a los que se referían los carteles en las calles de octubre explican lo mal preparados que estaban los sistemas para enfrentar una crisis de salud pública, el recorte de fondos en el área de la salud, las condiciones de vida precarias de las personas, la falta de ingreso y los altos niveles de endeudamiento dibujaban la peor cara de la pandemia, ser una persona empobrecida se convirtió en una “enfermedad” de base. El COVID-19 en el escenario chileno vino a demostrar las profundas contradicciones del sistema, su inestabilidad y su larga decadencia, en esta agónica lucha del capitalismo por sobrevivir quienes se verán más afectados son les pobres del mundo; mientras este mundo muere el que viene aún es incierto, la única certeza es que no hay futuro posible en los márgenes de este sistema depredador. Leer la emergencia sanitaria a través de sus orígenes estructurales permite avanzar en la defensa de la vida y los cuidados ante el interés de renta de este régimen de acumulación. En los 6 meses de emergencia sanitaria que lleva Chile, el Estado ha sido rápido y eficiente para decretar normas que regulen y disciplinen a las personas. El Estado de Excepción, la militarización de las calles y el toque de queda ya llevan 5 meses de vigencia y no parece que vaya a acabar. Pero, el ejecutivo no ha sido tan diligente con lo que implican las medidas de ayuda a los hogares que hoy atraviesan la pandemia. Chile que es reconocido como un país de altos ingresos por el Banco Mundial y miembro de la ci-la-reproduccion-de-la-vida-frente-a-la-letalidad-del-capitalismo/ 96

OCDE, que no ha aumentado significativamente el gasto fiscal para establecer programas que protejan y garanticen los ingresos y bienestar de los hogares, en su reemplazo ha levantado propuestas insuficientes, focalizadas y que obligan a les trabajadores a pagar la crisis. En abril se implementa la primera medida para ir en “ayuda” de la clase trabajadora, esta fue la mal llamada “ley de protección al empleo”17. Bajo el relato de proteger los puestos de trabajo, el gobierno impulsa una ley que permite suspender contratos de trabajo o “pactar” la reducción de jornada en el marco de la pandemia sanitaria del COVID-19; las trabajadoras/es recibirían sus propios ahorros del seguro de cesantía, es decir, las trabajadoras/ es que vieron suspendidos sus contratos producto de la pandemia, gastaron sus ahorros para pagar sus propios salarios. A días de entrada en vigencia la nueva ley se pudo observar cómo grandes empresas y conglomerados suspendían contratos, reducían la jornada unilateralmente y no pagaban remuneraciones mientras retiraban sus utilidades y las repartían entre los accionistas 18. Esta ley también estableció el monto máximo que el trabajador/a puede retirar de su propio fondo de ahorro de cesantía: el primer mes el monto podía ser equivalente al 70% de su sueldo, un 55% en el segundo, un 45% en el tercero y un 40% a contar del cuarto mes, todo con cargo a su seguro de cesantía si es que quedaba algo de ahorro para los siguientes meses. En este trimestre, 1 millón 300 mil personas están categorizadas como “ocupadas ausentes”19, es 17 El detalle del Ministerio del Trabajo disponible en http://www.protecciondelempleo.cl/ 18 El holding Cencosud repartió $91.360 MM en utilidades, equivalente a un 80% de éstas del ejercicio anual 2019. A mayo llevaba más de 9 mil trabajadores/as suspendidos. 19 Fundación SOL en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestres móvil mayo, junio, julio 2020. 97

decir, tienen sus contratos suspendidos y viven del fondo de cesantía, llevando muchas de ellas más de 4 meses con sus contratos suspendidos. La ministra del Trabajo María José Zaldívar al ver cómo las empresas se acogían masivamente a esta nueva ley y las personas –durante periodo de cuarentena– se aglomeraban fuera de las oficinas de la Asociación de Fondos de Cesantía (AFC), comentó “nunca antes nos había pasado que la totalidad de las personas que recibieron carta de despido hicieran uso del Seguro de Cesantía”20, como si en Chile fuera fácil ahorrar o vivir de las rentas. Durante mayo, después de dos meses de declarada la crisis sanitaria en Chile, el ejecutivo por primera vez proponía una política pública que contaba con una transferencia directa a algunos hogares. El primer Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanzó a menos de 2 millones de personas y se estructuraba de la siguiente forma: $65.000 (USD 84) por integrante durante el primer mes para los hogares de hasta cuatro personas. El segundo mes sería $55.250 (USD 72) y el tercer mes $45.500 (USD 59). Así, una familia de cuatro integrantes recibiría como máximo $260.000 (USD 338) el primer mes, lo que no alcanza ni a cubrir el 60% de la línea de la pobreza actual. Esta política se sumaba a un programa de entrega de cajas de alimentación que se localizó principalmente en las comunas que estaban con cuarentena, pero fue un proceso demoroso y que exigió un despliegue importante de autoridades y funcionarios públicos. Finalmente las cajas no llegaron a todos los hogares y el criterio de entrega no se transparentó, por lo que la política fue ineficiente en torno al objetivo 20 Disponibles las declaraciones de la Ministra https://www.cooperativa. cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/ministra-nunca-nos-habia-pasado-que-totalidad-de-despedidos-usara/2020-04-23/143117.html

que buscaba perseguir dado la alta discrecionalidad con la que se entregaron las cajas de alimentos. El monto y la cobertura del primer IFE eran insuficientes y el bochorno de las cajas de alimentación mantenía alerta a las personas; esa misma semana en varias comunas periféricas de la capital comenzaban las protestas motivadas por el hambre y el abandono del Estado, ya eran dos meses sin ingresos y el Estado ausente no avanzaba en un proyecto que garantizara realmente la reproducción de los hogares. La respuesta al hambre en las poblaciones populares se solucionó con la ternura solidaria de los pueblos, las ollas comunes esparcidas por todos los territorios lograron mejorar las condiciones de vida de quienes no tenían de dónde sacar dinero para prepararse un plato de comida. La organización popular fue la que emergió ante el vacío del Estado como lo ha hecho históricamente en este territorio, hasta hoy las mujeres en distintos puntos levantan las ollas comunes rescatando la cocina y las prácticas de resistencias populares tan arraigadas en la memoria colectiva; cuando hay crisis hay ollas populares. Tras las manifestaciones en las poblaciones, donde las vecinas declaraban “no tener miedo al virus sino al hambre”, se propone desde el ejecutivo una mejora al primer IFE, finalmente quedó establecido en $100.000 (USD 130) por integrante del grupo familiar: “por los primeros 2 meses de aplicación (que coincidían con los 2 aportes pendientes del IFE anterior) se otorgará con 100% del beneficio, y para el tercer mes (agosto) se considerará el equivalente al 80%, el que se podrá incrementar al 100% si las condiciones sanitarias así lo ameritan”, se señalaba en el documento del Ministerio de Desarrollo Social. Para acceder a este bono había que superar una serie de testeos de “pobreza”, lo que claramente dejaba afuera a gran parte

de las personas que habían visto reducidos sus ingresos o trabajan por boletas u honorarios. El IFE mejorado tiene una cobertura equivalente a sólo el 34% de los hogares chilenos y su monto ni siquiera permitía superar la línea de la pobreza. Nuevamente la focalización y la insuficiencia de montos guiaban las políticas públicas de emergencia. Ante la inoperancia e insuficiencia en las medidas paliativas de la pandemia propuestas por el gobierno, el Congreso –principalmente senadores de la bancada de oposición– propuso un retiro del 10% de las cuentas de capitalización individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de cada trabajador/a, lo que a finales de mayo se proponía como una locura, comenzó a tener respaldo popular y se ingresó el 11 de junio como proyecto a votar por la cámara alta. El debate se agudizó profundamente, los defensores del modelo y de las AFP esgrimieron argumentos falaces para instalar un discurso del terror entre las personas, la alcaldesa de Providencia y figura del partido más conservador del país dijo que “Chile se incendiaría de aprobarse el retiro de las AFP”; los tecnócratas del orden advertían una crisis financiera sin precedentes para el momento en que se liquidaran los fondos. Pero la demanda de los pueblos era clara, la urgencia y necesidad de ingresos, salarios congelados o reducidos, sumado a las inexistentes propuestas desde el ejecutivo y la incertidumbre que aumentaba al alargarse más y más la cuarentena en el país, obligó a buscar soluciones que garantizaran –aunque fueran por un tiempo– los ingresos de las personas. Finalmente, este debate del retiro de fondos de pensiones se catapultó por la incompetencia e ineficiencia del gobierno para establecer políticas reales que vayan en protección de las personas en Chile; fue una

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propuesta límite ante la desesperación de personas que ya llevaban 4 meses con reducciones en los ingresos. Tras debates intensos dentro del bloque en el poder, campañas del terror y la demanda popular por retirar los fondos, se votó en ambas cámaras la aprobación al proyecto que permitía el retiro de fondos del 10% de las cuentas de capitalización individual de cada persona. Para agosto del 2020 casi 8,5 millones de personas habían retirado sus fondos de pensiones, lo que representa un 85% del total de afiliades del sistema 21, la crisis sanitara y social en Chile la siguen pagando los trabajadores y trabajadoras a costa de sus ahorros previsionales; las personas han estado subsistiendo con sus ahorros del fondo de cesantía y pensiones, mientras el gobierno ha sido incapaz de garantizar los recursos para que los hogares se puedan reproducir. Tras esta crisis no sólo habrá incertidumbre en el empleo, además los hogares saldrán más empobrecidos de lo que estaban en marzo, esto sin contemplar a los hogares que tuvieron personas contagiadas del virus que hoy día no sólo están con menos ingresos también tienen deudas exorbitantes por los tratamientos22. Dentro de las estrategias que levantó el bloque en el poder para impedir el retiro del 10% estuvo ofrecer un “bono a la clase media”. El presidente anunciaba la entrega por única vez de un bono de $500.000 (USD 649) para la clase media y también “prestamos solidarios” con intereses blandos para los hogares de Chile. Las críticas no 21 Actualización retiro de Fondos de Pensiones, Súper Intendencia de Pensiones https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-article-14126. html 22 Más información de personas con deudas millonarias en el sistema de salud en el reportaje del El Mostrador “Mujer que superó el Covid-19 deberá pagar más de $10 millones a clínica de Temuco” https://www.elmostrador. cl/dia/2020/06/21/mujer-que-supero-el-covid-19-debera-pagar-mas-de-10millones-a-clinica-de-temuco

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se hicieron esperar, en un país donde 11 millones de personas están endeudadas y 5 millones morosas, era inconcebible que las soluciones estuvieran en la línea de endeudar más a los hogares; con respecto al bono de $500.000 pesos (USD 649) rápidamente se empezaron a ver las limitaciones del proyecto, lo que se había anunciado como una transferencia directa de $500.000 (USD 649) a los hogares de “clase media” presentaba varias trabas: no se iba a dar el bono si se integra un hogar donde se había recibido el IFE, tampoco si no se podía acreditar la pérdida de ingresos como es la situación de los trabajadores/as de la economía informal, también quedaban excluidas aquellas personas que tuvieran ingresos superiores a $1.500.000 (USD 1.948), además el monto variaba según la disminución de ingresos del periodo, el máximo eran $500.000 (USD 649) pero esa suma no le llegaba a todes. Hasta el 14 de agosto se habían pagado sólo 1 millón de bonos, según cifras del gobierno el 80% de esas personas recibieron el monto máximo. En el caso de Chile, las medidas tributarias no se han modificado desde que se hicieran los primeros anuncios para enfrentar la pandemia hasta la actualidad; a pesar de que se establecieron alivios tributarios temporales –principalmente para las grandes empresas– no se han alterado los componentes esenciales del sistema tributario. Esto significa que se mantiene una carga tributaria relativamente baja en comparación con países de ingreso medio y alto, que tiene en el corazón un sistema regresivo donde los impuestos indirectos como el IVA aportan más que los directos, como el impuesto a la renta, gravando más a la clase trabajadora que a los grandes capitales. Al observarse las medidas de Chile en comparación a los países con rentas similares o los países vecinos, destaca la decisión política de utilizar los ahorros individuales del seguro de cesantía para financiar los salarios de trabajadores/as 102

dependientes, además del retiro de cada fondo de pensión individual. El gobierno chileno traspasó directamente el costo de la crisis a los trabajadores y trabajadoras. Además, el proyecto de reactivación económica planteado por el gobierno de Sebastián Piñera se basa principalmente en fomentar el empleo a través de subsidios a las grandes empresas garantizando su ganancia en un marco de crisis económica mundial, también se impulsan políticas extractivistas donde se busca fomentar la venta de bienes comunes naturales a mercados internacionales como había sido la estrategia de la venta de commodities en los 90’23, todo este plan de reactivación económica fue recomendado por la Comisión Nacional de Productividad (CNP) liderada por Raphael Bergoeing economista parte del directorio de AFP Cuprum y asesor del gobierno de Piñera. La estrategia por devastar la vida en pos de la acumulación del capital sigue siendo la hoja de ruta del gobierno actual y probablemente del que le siga; el objetivo es la explotación de los bienes comunes naturales y de la vida en su conjunto sin ningún proyecto de sostenibilidad. La pandemia del COVID-19 vino a profundizar la Crisis de la Reproducción que vive Chile hace décadas. Finalmente, esta crisis sanitaria es la manifestación más evidente de la guerra que ha emprendido el capital contra la vida, la destrucción del medio ambiente, la mercantilización de la salud y de los derechos sociales, el empobrecimiento generalizado y el deterioro sistemático de los cuidados en todas las esferas. Este sistema sólo puede asegurar miseria a costa de la(s) vida(s) y ante este escenario sólo queda profundizar la autodefensa de los pueblos ante la guerra del capital, como se vivió en el Chile que 23 Revisión del Plan de Reactivación económica en “Impactos Ambientales del Plan de Reactivación Económica” elaborado por Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA. 103

despertó en octubre del 2019: avanzar hacia vidas sostenibles y cuidadas, donde la prioridad sea el bienestar y no las ganancias de unos pocos a través de la explotación de unes muches, defender la autonomía de los territorios, del trabajo, el cuidado y la vida ante la colonización del capital. Valorar el cuidado, los afectos y las resistencias como eje central del mundo que llevamos en nuestros corazones y urge volverlo real. Las manifestaciones de la primavera del 2019 en Chile sembraron esperanzas renovadas en un proceso de resistencia y lucha que puede reconstituir todo ese tejido social quebrado por años de individualismo y subjetividad neoliberal; la organización como base de la disputa del capital-vida para cimentar un proyecto emancipatorio posible. En ese sentido, una reorganización de los tiempos, los trabajos y los cuidados, junto a una nueva estructura de consumo y producción que nos permita pensar los usos y fines del trabajo, son parte fundamental de un proyecto de sostenibilidad que promueva la reproducción de la vida en condiciones dignas y alegres. Para esa lucha intensa y de larga duración hay que mantenernos unides, recomponiendo rebeldía, tejiendo resistencias y afectos, porque está en juego la soberanía de nuestras vidas y esta batalla no podemos perderla24.

24 Este artículo terminó de escribirse el 11 de septiembre del 2020, 47 años después del Golpe de Estado que instauraría la dictadura militar más sangrienta en la historia de Chile e instalaría los pilares sociales, políticos y económicos que hoy se están tratando de cambiar. 104

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Mujeres y COVID-19 en Mesoamérica: Reflexiones desde la experiencia de las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna Ana Felicia Torres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna: la resistencia ética, económica y política ante el COVID-19. Presentamos a continuación algunas reflexiones sobre el impacto del COVID-19 en la vida de las mujeres mesoamericanas. Mesoamérica hace referencia a una identidad histórica y cultural que se extiende desde el sur de México hasta Panamá. Se trata de una identidad no sólo geográfica, sino histórica y cultural, que remite a la presencia de pueblos mayas y tseltales, tsotsiles y choles del sur de lo que hoy es México, anteriores a la invasión española. En esta cintura de América, nacieron en el año 2003 las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, que agrupa a mujeres de sectores populares de esa vasta zona. Al momento de su fundación se veían convocadas en torno a la resistencia al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Pronto se sumaron a su articulación política, mujeres de sectores populares del sur de México y de Panamá, convocadas por la misma causa. Esta resistencia se ha ido ampliando y radicalizando con la profundización del modelo neoliberal y heteropatriarcal,

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racista y lesbofóbico, para llevar a las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna a definirse como un espacio y un proceso feminista, descolonial, anticapitalista, antineoliberal, antirracista, contrario a todas las formas de lesbofobia y a las diversas formas de discriminación de las mujeres, por su identidad de género u orientación sexual, nacionalidad, edad, identidad étnica, racial o condición socioeconómica. Esta trinchera con más de 15 años de existencia se ha convertido en la frazada de seguridad para miles de mujeres que desde los niveles territoriales urbanos y rurales, han hecho frente a la pandemia del COVID-19 con la economía feminista como escudo, como mirada del mundo y de la vida personal y colectiva, pero también cómo ética. Los impactos del COVID-19 en la sociedad y en la vida de los pueblos mesoamericanos: los efectos de las sindemias y las pandemias estructurales. El COVID-19 ha sido conceptualizado y declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia sanitaria, con graves implicaciones en el campo económico. Se suspendieron, al menos temporalmente, las actividades económicas y sociales que congregan a personas dentro de la producción formal de las empresas - grandes, medianas y pequeñas- junto a las de millones de trabajadores y trabajadoras informales, impactando en la actividad económica a nivel mundial, en el funcionamiento de los mercados y en el sostenimiento de la vida de millones personas y sus familias.

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La pandemia del COVID-19 en Mesoamérica Al igual que en el resto del planeta, la emergencia provocada por el COVID-19, puso en evidencia y profundizó la vieja contradicción entre capital y trabajo, capital y vida, en sus distintas formas. Es por eso que Mesoamérica no ha escapado en esta pandemia a la radicalización de las tendencias aporocidas, femicidas, ecocidas y biocidas del capitalismo neoliberal, racista y heteropatriarcal. La pandemia releva el conflicto irresoluble entre los procesos de acumulación capitalista y el sostenimiento de la vida, en todo el planeta, como también en esta región. Todas las sociedades mesoamericanas, al igual que casi todas las del planeta, son sociedades pandémicas: la mayoría de personas y colectivos son afectados por “la enfermedad” de la desigualdad y no sólo por la pobreza. La interdependencia en el marco de la pandemia La pandemia del COVID-19 ha transparentado de manera dramática la interdependencia no sólo entre las personas, sino entre las distintas esferas de la vida social y económica que a menudo se nos muestran, desde una perspectiva ideológica, como independientes y autónomas. Nos referimos a las mal llamadas esferas productivas y reproductivas, públicas y privadas. Y es que en un mundo pandémico, en palabras de Judith Butler, “el aislamiento obligatorio coincide con un nuevo reconocimiento de nuestra interdependencia global durante el nuevo tiempo y espacio que impone la pandemia”.1 La pandemia del coronavirus impone un 1 Butler, Judith. El capitalismo tiene sus límites. En: Sopa de Wuhan. Editorial ASPO. Marzo 2020. Pág. 58.

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nuevo tiempo y un nuevo espacio para la generación de ganancias. La vida privada, lo doméstico, la vida cotidiana se convierten, entre otras cosas, en el nuevo lugar de la producción para el mercado; flexibilizando de manera radical las condiciones laborales que durante siglos fueron defendidas por las y los trabajadores. Asimismo, la familia, cómo espacio ideológico de control de la subjetividad personal y colectiva, cobra nueva relevancia ya que permite garantizar condiciones laborales, educativas y sanitarias. La familia nuclear, heteropatriarcal como paradigma, se convierte en el espacio responsable de contención de la pandemia, para que las personas no salgan y no contagien, mientras todo este proceso se desarrolla en el marco de múltiples desigualdades y opresiones que atraviesan las familias, no sólo por su ingreso limitado, sino por el patriarcalismo, el edadismo y las múltiples formas de discriminación que también colonizan estos espacios. Por eso con las estrategias de confinamiento como herramienta, el mecanismo protagonista de contención de la pandemia muy rápidamente se desplazó a lo personal y a lo familiar. Estas estrategias fueron impuestas a menudo, de manera dramática, por medio de la violencia y la represión como, por ejemplo, con el toque de queda en muchos países. La población mesoamericana, en general, se vio enfrentada al confinamiento, con expresiones límite en Guatemala, Honduras y El Salvador; países en los que el ejército asumió de manera represiva la responsabilidad de garantizar su cumplimiento. Un caso sin precedentes se dio en Panamá, donde el gobierno estableció la posibilidad de salir de las viviendas según el sexo registral, de tal forma que algunos días sólo salían las mujeres y otros, los hombres; generando una denuncia de la población transgénero por violación a los derechos humanos. 112

Las sindemias: el caldo de cultivo para el COVID19 La desnudez de la interdependencia y del carácter económico de la vida toda, así como la importancia de los cuidados, también transparentó el impacto de las desigualdades cómo factores de aceleración de la pandemia del COVID-19 entre los colectivos de personas y familias pobres y empobrecidas. Familias que viven en condiciones de hacinamiento, sin agua potable, sin posibilidades humanas y materiales de mantener el distanciamiento social y sobre todo, sin posibilidades de sustraerse de las dinámicas cotidianas de generación de ingresos, especialmente con actividades informales en los espacios públicos. Nos referimos a las y los vendedores ambulantes, las trabajadoras sexuales (muchas de ellas, mujeres trans), a las y los trabajadores agrícolas en actividades de exportación, a la población viviendo en situación de calle, a la población migrante irregular y a la población que se encuentra en centros penales. Las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna están integradas mayoritariamente por mujeres rurales e indígenas. Los colectivos más numerosos se encuentran en Guatemala, El Salvador y Honduras. Son mujeres que dependen mayoritariamente de la agricultura de subsistencia y de la venta de algunos productos en el sector informal de la economía. Ellas y sus familias son propietarias de pequeños terrenos, en los que se encuentran sus viviendas y cultivos variados para el autoconsumo y para la venta. La organización también está integrada por pobladoras urbanas que viven en zonas periurbanas, con poco acceso a servicios de agua potable domiciliaria, en las que predomina la violencia social. 113

Por dar un ejemplo, podríamos mencionar ciertas zonas de Tegucigalpa, Honduras, que se conformaron luego del impacto del Huracán Mitch en 1998, que provocó un desplazamiento de poblaciones de zonas rurales hacia las ciudades. La mayor parte de las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna recibieron la pandemia con muy poco acceso a los servicios públicos de salud, empezando por la falta de atención primaria. En general también con poco acceso a una oferta educativa pública, ya de por sí débil en su calidad y en su cobertura. Es una población que, aún las de comarcas como la Ngabe Buglé en Panamá y las mujeres indígenas de Chiapas, tienen conexión a internet por medio de sus teléfonos. En la mayor parte de los casos, cuentan con líneas telefónicas “pre pago”. Sin embargo la mayoría de ellas no cuentan con acceso suficiente a las nuevas tecnologías de información y comunicación, de manera que puedan acceder por vía electrónica a algunas de las ofertas como la educativa, mantenida en línea. La brecha digital afecta de manera directa a la mayor parte de las integrantes de las Mesoamericanas. Pero también nos referimos a los grandes colectivos de hombres y mujeres que se desempeñan en tareas de seguridad del ámbito público y privado, a las y los empleados de los centros penales, al personal sanitario, a las personas empleadas en el transporte público, en supermercados, tiendas de alimentos y abarrotes y farmacias. Por eso, aunque al principio de la pandemia, parecía que el virus atacaba a todas y todos sin discriminación, con el paso del tiempo y el aumento de los contagios, se evidencia que hay sectores de la población mucho más vulnerables y a quiénes atacan las sindemias.

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El concepto de sindemia hace referencia a grandes colectivos humanos que dadas sus condiciones de vida presentan factores agregados de riesgo de carácter socioeconómico, psicosocial y sanitario, que los hace más vulnerables a la presencia de epidemias o brotes de enfermedades concurrentes o secuenciales. Esto sucede particularmente en poblaciones con interacciones biológicas, que exacerban el pronóstico y la carga de cualquier enfermedad, y resulta de las desigualdades sociales y económicas persistentes. Nos referimos por ejemplo a grupos de población en los que se han concentrado entre otros, el dengue, la chikungunya, la hepatitis viral, la influenza; y que, adicionalmente, presentan perfiles epidemiológicos complejos con enfermedades crónicas vinculadas a las mismas condiciones de vida, cómo la hipertensión, la diabetes y la obesidad; a lo que se suma el hacinamiento en las viviendas. Al igual que en el resto de las sociedades y colectivos en todo el planeta, la pandemia ha puesto de relieve las condiciones colectivas que vulneran y exponen de manera dramática a los pueblos, a los sectores populares y a los colectivos diversos socialmente excluidos de la vida digna. Se trata de condiciones sanitarias y económicas, entendiendo lo económico fundamentalmente vinculado al mercado, cómo espacio de producción e intercambio de bienes y servicios. Es decir, las pandemias han demostrado, con toda crudeza que las condiciones de exclusión social alejadas del buen vivir, en las que viven muchas personas pobres, adultas mayores, pertenecientes a pueblos originarios, incrementan sus posibilidades de muerte. Con daños colaterales por la violencia en contra de las mujeres, los femicidios, el aumento de la carga global de trabajo de las 115

mujeres y niñas, y millones de embarazos no deseados, que posiblemente estallarán dentro de unos meses. Las mujeres mesoamericanas y la pandemia del COVID- 19 La pandemia encuentra a las mujeres mesoamericanas como las encargadas centrales de sostener la vida de las personas y de las familias, y gestionar los cuidados. Es por eso que, sin excepción, las mujeres de las grandes mayorías populares ven aumentada su carga global de trabajo, ya que además de tener que buscar formas de generar ingresos en medio de la crisis, tienen en sus casas a la población infantil y juvenil, desplazada del sistema educativo por razones sanitarias, a los varones adultos desempleados y sin posibilidades de generación de ingresos, tanto en el sector formal e informal de la economía, y a la población adulta mayor que, cada vez es más numerosa en la pirámide poblacional de nuestros países. Estas realidades no están afectando exclusivamente a las mujeres de sectores populares, sino también a las mujeres de sectores medios que estaban integradas al mercado de trabajo en empleos formales, aún con empleos precarios. Un ejemplo de estas afectaciones lo están viviendo las mujeres funcionarias del sector público y una gran cantidad de mujeres jóvenes integradas laboralmente en los denominados “call centers” o centros de llamadas. Estamos haciendo referencia fundamentalmente a mujeres de sectores medios de Costa Rica y Panamá, ya que en estos dos países el Estado y el sector público siguen siendo un empleador importante. De tal forma, para todas estas mujeres aumenta la carga global de trabajo, los niveles de descuido y de deterioro personal. Lo mismo sucede con los niveles de violencia en contra de las mujeres; violencia intrafamiliar 116

y abusos sexuales sistemáticos, han venido creciendo en este período. Estamos entonces en una coyuntura de profundización de los déficits de autocuidado, de cuidado mutuo de las familias, de la sociedad y del Estado, hacia las mujeres. Además no están exentas del impacto en la salud mental producto del confinamiento y el “quédate en casa”, en contextos habitacionales muy limitados y en los cuales no existe la posibilidad de contar con ambientes relativamente privados que permitan a las mujeres “desconectarse” temporalmente de las tareas domésticas y de cuidado. Situaciones como ésta se agudizan en el caso de las mujeres de sectores populares que viven en viviendas de gran precariedad y en espacios en donde prevalece el hacinamiento. Y todas estas situaciones profundizan los desafíos para garantizar la reproducción de la vida personal y familiar por medio de un ingreso. A toda la problemática expuesta, se suma la profundización del conservadurismo, a través del fortalecimiento de la visión idealizada, patriarcal y heteronormativa de la familia. “La familia” -no “las familias diversas”- se convierte en un lugar seguro para el cuidado de la salud de todas las personas que la integran, en todas sus dimensione. “La familia” cobra relevancia en las políticas públicas, y de manera casi mágica, se convierte en un lugar idóneo para el teletrabajo y la educación de las niñas, niños y adolescentes. Las actividades realizadas en el entorno de las familias –generalmente hechas por las mujeres bajo la denominación de trabajo doméstico– no es trabajo en sentido estricto, sino “amor”, que no llega ni siquiera a la categoría de cuidado. De tal forma, las familias se convierten en espacios vacíos en los que es posible impulsar el “teletrabajo”. Es importante resaltar que esta práctica “subsidia” al sistema; desde las familias se aporta no solo el 117

trabajo específico sino, el agua, la electricidad, la conectividad, el uso de equipos tecnológicos personales, además del espacio doméstico, lo que conlleva y oculta el aumento de la carga global de trabajo de las mujeres. Las estadísticas oficiales en algunos de los países mesoamericanos indican que los niveles de contagio y de mortalidad por el COVID-19 suelen ser más bajos entre las mujeres que entre los hombres. Sin embargo, podemos afirmar con certeza que el principal peso de la pandemia en términos de las condiciones subjetivas de reproducción de la vida está recayendo sobre las espaldas de las mujeres adultas en primer lugar, y posiblemente también, sobre las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas. Por otra parte es indispensable señalar un impacto adicional de la pandemia del COVID-19 en la vida de las mujeres: la posible postergación de proyectos personales, como los relacionados con el deseo de hacer frente al analfabetismo, reinsertarse al sistema educativo o intentar integrarse por primera vez al mercado de trabajo, aun en el sector informal de la economía. Otro aspecto destacable es el impacto del COVID-19 en el tejido organizativo de las mujeres, cómo principal expresión de sus esfuerzos por constituirse como sujeto político colectivo. Las organizaciones de mujeres de sectores populares y feministas se han visto a prueba la fuerza del tejido organizativo, autogestionado o con incidencia del Estado, en el sentido de mostrar su capacidad para sostener la vida de las mujeres, sus proyectos y su vigencia política. Ambas dimensiones han sido profundamente golpeadas por la pandemia. En primer lugar, porque la pandemia ha puesto en evidencia que las integrantes de las organizaciones –sobre todo las de nivel territorial– estaban viviendo 118

apenas sobre la línea de pobreza, y en la crisis, se han convertido abiertamente en clientelas de las instituciones estatales. Muchas de estas organizaciones, sobre todo en países como Costa Rica y Panamá, no estaban orientadas hacia la generación de ingresos en forma colectiva, sino que su articulación giraba en torno a demandas políticas ante el Estado y ante los gobiernos locales. Aunque a nivel personal, la mayor parte de sus integrantes sostenían la satisfacción de sus necesidades cotidianas, con la generación de ingresos en el sector informal de la economía o en empleos en el sector privado, estas posibilidades ahora se han visto muy disminuidas, cuando no desaparecidas. Las organizaciones y expresiones del movimiento feminista han tenido que replantear sus estrategias de incidencia política en el Estado, ya que la crisis generada por la pandemia ha puesto en jaque los recursos financieros destinados a los mecanismos nacionales para los programas sociales y de apoyo económico a las mujeres, prioritariamente, en particular para las microempresas a cargo de mujeres y para aquellas en condición de pobreza. De hecho en la mayor parte de los países mesoamericanos las acciones estatales en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19 carecen de perspectiva de género y casi no se han realizado acciones afirmativas a favor de las mujeres. A lo que hay que agregar, que el escenario ideológico dificulta la disputa de los recursos para el colectivo, ya que los niveles de desempleo abierto, subempleo y los indicadores de pobreza y pobreza extrema, alcanzaron niveles muy altos. De tal forma que podemos afirmar, que el tejido organizativo de mujeres y feministas en Mesoamérica forma parte de los sectores damnificados cómo producto de la pandemia del COVID-19.

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Reexistiendo ante la pandemia: economía feminista y cosmovisiones ancestrales cómo ética y política El impacto de la pandemia del COVID 19 ha sido muy fuerte para las mujeres mesoamericanas, estén organizadas o no. Sin embargo, es importante señalar que la organización de las mujeres ha resultado, en alguna medida, un primer elemento protector ante este impacto y desde la perspectiva de las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, forma parte de una estrategia de autocuidado, cuidado mutuo y autocentramiento2 colectivo. No sólo por constituirse en espacios desde los que se ha gestionado el apoyo estatal, sino porque también han sido un satisfactor sinérgico que ha protegido a las mujeres contra la sensación de soledad y aislamiento que ha representado el confinamiento. En medio de este contexto tan adverso y precisamente por el impacto milenario de las pandemias de la desigualdad y las múltiples opresiones que se han vivido en estas sociedades heteropatriarcales, capitalistas, neoliberales y racistas, muchas organizaciones de mujeres y feministas tienen ya largos períodos de haber identificado formas de resistencia y reexistencia en estas opresiones. Cambios que han ido modificando su ética, su visión de la vida y sus prácticas de vida cotidiana, para dar paso a formas de vida personal, familiar y colectiva que reduzcan los niveles de dependencia del mercado capitalista. Y que las arropan con nuevas miradas de la vida personal y colectiva, que las ponen a salvo de la desestructuración de la subjetividad de la vida personal y colectiva que esta pandemia sanitaria, 2 Con autocentramiento me estoy refiriendo a la decisión política de situarnos en nuestro centro. 120

con su impacto económico (en sentido amplio) está provocando. Por otra parte, como Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, en varios países se ha ido promoviendo la reflexión sobre el impacto de esta pandemia del coronavirus en la vida de las mujeres y recuperando las experiencias de resistencia que se están realizando sobre todo desde los niveles territoriales. La reexistencia y la resistencia se han mantenido durante la pandemia, no sólo en el “buen hacer” sino también en el “buen pensar”. Así cómo las reflexiones sobre las características de lo que se ha dado en llamar “la nueva normalidad”, pero vista desde las mujeres. Es por eso que desde las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, podemos dar cuenta de importantes colectivos de mujeres mesoamericanas que han podido enfrentar la crisis e interpretarla desde un paradigma distinto. Se trata de miles de mujeres que durante varios años fueron formadas en la economía feminista y que cuentan con elementos críticos en su visión de la vida personal y colectiva, del trabajo y de los cuidados. Y que desde hace varias décadas han venido desarrollando una visión que pone bajo sospecha y cuestiona la dependencia de la vida personal y colectiva del mercado capitalista y neoliberal. Se trata de alrededor de 2500 mujeres de sectores populares que participaron en los procesos de formación y producción de conocimiento de las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, que fueron formadas en escuelas nacionales y territoriales de economía feminista. Son mujeres que desde sus organizaciones y colectivos han impulsado acciones concretas para reducir sus niveles de dependencia del dinero, del consumo y del mercado y que, desde que se inició la pandemia han desarrollado

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espacios de reflexión colectiva por medio de las redes sociales en sus países y territorios, y a nivel mesoamericano. Son mujeres formadas y autoformadas en economía feminista, que han ampliado su horizonte ético y político acogiéndose a las cosmovisiones de los pueblos originarios. El Buen Vivir y el Vivir Bien de los pueblos kikchwas y aymaras; así como la Vida Digna de los pueblos tsotsiles, tseltales y choles de Chiapas y el Utz Katslemal de los pueblos Kackchiqueles de Guatemala han sido paradigmas para alimentar la crítica al capitalismo neoliberal, heteropatriarcal y racista que, finalmente condena a las personas y a los colectivos a la dependencia total del consumo, del dinero y del mercado. Colectivos de mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, sobre todo en Chiapas, Guatemala, Honduras y El Salvador, amparadas en esas otras cosmovisiones y en la economía feminista, habían venido impulsando prácticas agrícolas y de generación de ingresos que en esta pandemia les han permitido sostener su soberanía alimentaria y las redes de apoyo entre mujeres y familias. Un ejemplo de lo anterior lo constituyen los huertos colectivos para el autoconsumo que habían venido impulsando colectivos de mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, tanto en Honduras como en Guatemala y más recientemente en Costa Rica. En la misma línea se encuentran iniciativas de generación de ingresos y de autoconsumo vinculadas con el cultivo de plantas medicinales y de la recuperación de prácticas ancestrales y tradicionales a nivel culinario. También hay iniciativas de apoyo mutuo a nivel comunitario, algo parecido a las “ollas comunitarias”. Se suman también prácticas cotidianas de ahorro y cuidado del agua y de la biodiversidad, así como otras 122

que inseminan la vida cotidiana personal, familiar y de los colectivos, y que son nombradas por las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, con los siguientes conceptos y planteamientos: • Reevaluar: tiene que ver con el cambio en los valores que estimulan el consumo innecesario de bienes y servicios. Implica repensar la ética en torno a la vida y su calidad, las necesidades y su satisfacción. • Reestructurar: se refiere a reorganizar la vida personal y familiar en función del cambio de valores y de prácticas para la satisfacción de las necesidades. Tiene implicaciones también a nivel social. • Revisar: implica el replanteamiento del lugar que el patriarcado y el capitalismo neoliberal nos dan a las mujeres como consumidoras, como seres “con el centro fuera”, dependientes del consumo y de la apariencia. • Redistribuir: se refiere a desprenderse de los bienes innecesarios para la reproducción y el cuidado de la vida. • Rechazar: se refiere a no comprar bienes y servicios innecesarios. • Reducir: implica aprender a vivir con menos y reducir la huella ecológica y el impacto de la misma en la biosfera, que provocan nuestros modos de vida y de consumo. • Reutilizar: remite a aplicar la creatividad personal y colectiva para no desechar los residuos producto de nuestro consumo y de nuestra actividad productiva y reproductiva. • Reparar: va en la línea de aplicar también la creatividad para alargar la vida útil de los bienes que hemos adquirido en el mercado. • Regalar: tiene que ver con desprendernos de bienes adquiridos como producto del consumo y del consumismo, 123

desde una ética consciente y transformadora, incentivando a su vez a otras personas a no comprar. • Reciclar: implica identificar acciones que nos permitan transformar los residuos incomprimibles de nuestra actividad y de nuestra huella ecológica. “El futuro ya fue” La pandemia del COVID-19 encuentra a las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna con 17 años de experiencia organizativa y de construcción colectiva de conocimiento orientado a sustentar su resistencia anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal y descolonial. Por eso, se animan a afirmar que “el futuro ya fue” porque es en las cosmovisiones de los pueblos originarios en donde encuentran orientaciones muy claras para la vida personal y colectiva. Por supuesto, esto no implica una postura contraria a los avances que puedan venir en términos de mejorar la calidad de vida de las personas, de los colectivos y de las comunidades como los relacionados con el acceso al agua potable domiciliaria, la vivienda digna, el acceso a la educación pública y de calidad en todas las etapas de la vida, el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación y a la infraestructura pública; y todo lo relacionado con la calidad de vida de las mujeres en todas las etapas de la vida. Sin embargo, se mantiene una posición crítica y antisistémica en todo lo que tiene que ver con el mercado capitalista y globalizado, que implica un deterioro severo de los bienes naturales y de la calidad de vida de las personas y de los colectivos. Ya que se deposita en el mercado capitalista neoliberal -con sus profundas y

escandalosas desigualdades- la satisfacción de todas las necesidades de las personas y de los colectivos. Es por eso que las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna han identificado cinco “caminos”, con sus respectivas “señales”, que van orientando el transitar personal y colectivo y que han sido claves en esta pandemia. Se describen a continuación: • Relaciones políticas entre mujeres y fortalecimiento organizativo. El fortalecimiento de las relaciones políticas entre mujeres, como forma de sustentar su condición de “sujetas políticas” se considera fundamental como parte de la estrategia de resistencia al capitalismo neoliberal, heteropatriarcal, racista y lesbofóbico. A pesar de que la pandemia ha golpeado duro a las organizaciones de mujeres –sobre todo las de nivel territorial– estas siguen siendo un pilar central en la estrategia de autocuidado y cuidado mutuo, especialmente en un momento en que las desigualdades socioeconómicas se han profundizado y las mujeres de los grandes sectores populares están en riesgo de caer bajo la línea de pobreza. Se entiende el fortalecimiento organizativo como todas las prácticas orientadas a alimentar la decisión política de las mujeres de mantenerse organizadas, como estrategia principal de resistencia al patriarcado. Y desde ahí, al capitalismo y al neoliberalismo. También como un mecanismo privilegiado para satisfacer las necesidades de identidad y participación. • Autocuidado y cuidado mutuo. Se entiende por cuidado toda actividad humana o no, orientada a garantizar la sostenibilidad de la vida en todas sus etapas y expresiones, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la vida. Se trata de actividades relacionadas con bienes tangibles e intangibles, que atienden las situaciones de abundancia y de carencia de las personas y los colectivos y de los bienes 125

materiales y naturales. Los cuidados se realizan en el mal llamado “mundo privado”, particularmente por parte de las mujeres. También en el mundo público, son provistos por las mujeres y en mucho menor grado por los hombres, las empresas privadas, las iglesias y el Estado. El cuidado mutuo es una práctica consciente de relación entre personas, colectivos y a nivel de la sociedad. Consiste en gestos de autonomía que se dirigen a compartir la abundancia y a cuidar la carencia. El autocuidado es un gesto personal de autonomía y autocentramiento. Supone reorientar bienes y trabajo hacia el bienestar personal. El cuidado, el cuidado mutuo y el autocuidado tienen que ver directamente con la satisfacción de las necesidades de identidad, de afecto, de subsistencia, de protección, de creación y de ocio. • Recuperación de prácticas y saberes ancestrales. Tal como se ha descrito en párrafos anteriores, esta dimensión de la práctica de resistencia, ha sido un camino fundamental para que las mujeres puedan hacer frente al impacto de la pandemia, manteniendo alguna autonomía y calidad de vida. La recuperación de prácticas y saberes ancestrales tiene que ver con la posibilidad de reconstruir la identidad personal y colectiva, con dotar de nuevos contenidos las prácticas de reproducción de la vida y de la red de la vida, los proyectos de vida personal y las prácticas de cuidado mutuo y autocuidado. También con la posibilidad de recuperar sentidos nuevos para los procesos organizativos y con la finalidad de atenuar los riesgos que implica la mercantilización de estas prácticas e intencionalidades. Tiene que ver, además, con las cosmovisiones y tradiciones de los pueblos originarios y con otros esfuerzos de 126

construcción de identidades de los pueblos y de los territorios. La recuperación crítica de las prácticas y saberes ancestrales permite satisfacer las necesidades de identidad, entendimiento y subsistencia. • Cuidado de la vida y de la Red de la Vida. Los procesos organizativos de las mujeres, las iniciativas de generación de ingresos y las experiencias económicas de resistencia son parte de los esfuerzos por garantizar la sostenibilidad y la red de la vida. Reproducir la vida y la red de la vida implica descubrir los vínculos vitales entre las personas, los colectivos y todos los seres vivos, animados e inanimados. Implica poner en el centro de todas las acciones la satisfacción de las necesidades humanas y naturales. Reproducir y cuidar la vida y la red de la vida tiene que ver con satisfacer las necesidades de subsistencia, identidad, participación, creación, protección y afecto. • Desarrollo de proyectos de vida personales de las mujeres. Los proyectos de vida personales expresan las necesidades y deseos de las mujeres que han sido postergados por haber sido construidas como seres para otros y otras, en el marco de la ética patriarcal. No son experiencias individuales, que se viven en aislamiento. Se trata más bien de ejercicios de autonomía que se viven en relación e interdependencia por parte de las mujeres con los diversos colectivos y redes de los que forman parte y que implican recuperar su centro en sí mismas. Las organizaciones y grupos de mujeres con perspectiva ética y política feminista y que apuntan a la economía feminista y al Buen Vivir son espacios de estímulo para el desarrollo de proyectos de vida y, desde ahí, para la satisfacción de las necesidades de identidad, participación, protección y creación.

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Las tramas de interdependencia entre la precariedad y el destierro El caso de Ecuador Ana María Morales Troya Introducción La pandemia llegó al Ecuador en un contexto de crisis política y de avance de las políticas neoliberales. El paro nacional y popular de octubre del 2019 todavía continuaba efervescente. Una semana después de la marcha feminista del 8 de marzo, se declaró la cuarentena en el país y en esa misma semana se suspendieron las clases y los eventos masivos. La respuesta inmediata del gobierno fue implementar medidas de estricto orden y aislamiento con un toque de queda y estado de excepción, que duró 180 días. Pocas semanas después de la declaración oficial ante la pandemia, Guayaquil (la ciudad más grande de Ecuador) fue invadida por el terror, la enfermedad y la muerte. Fue noticia, en medios de comunicación nacionales y extranjeros, la situación que atravesaban la ciudad y, sobre todo, los barrios periféricos. Se supo de familias que mantenían los cuerpos de sus familiares muertos en sus casas, mientras el terror se expandía por las calles. Inclusive las autoridades municipales de la ciudad plantearon la posibilidad de construir una fosa común y existen hasta ahora familias que no saben dónde están los cuerpos de sus seres queridos (Hidalgo Morales 2020, CDH 2020). Este escenario de partida fue acomodándose en el tiempo: los contagios bajaron en Guayaquil pero hasta ahora, a nivel país, no existe un decrecimiento importante de contagios. 129

Mientras tanto, el gobierno ecuatoriano pagó puntualmente su deuda con el FMI, a pesar de que por los impactos sociales de la pandemia no haya sido imperativo el depósito. Ante esta situación, es necesario entender que el Estado ecuatoriano había reducido un 30% de su presupuesto en salud en el 2019. Entre el 2018 y 2019 se despidieron entre 2500 y 3500 personas del sistema de salud pública como consecuencia de los ajustes que se dan de la mano de los acuerdos con el FMI y, en plena pandemia, se anunció la reducción del gasto del Ministerio de Salud Pública entre un 10 y 15% (Hurtado, et. al 2020). A la par, durante la pandemia se implementaron diversas políticas económicas y laborales como la creación de la Ley de Apoyo Humanitario que, prácticamente, legaliza la precarización laboral al plantear la posibilidad de un “acuerdo voluntario” entre les empleadores y les trabajadores (Hurtado et. al 2020). Entonces, mientras poco a poco las restricciones de movilidad se iban atenuando y las personas recuperaban más posibilidades de salir a trabajar, también se vieron fuertemente afectadas. Por ello es muy común escuchar casos de personas que han mantenido sus trabajos, pero que ahora ganan menos dinero y se encuentran trabajando más de ocho horas diarias. Las medidas estatales descritas explican los factores que provocan una crisis en la reproducción, como explica Natalia Quiroga, una crisis orientada por el libre mercado de la mano de las políticas neoliberales y que no surge exclusivamente por la llegada de una pandemia (2008, 78).

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Destierro y precarización La precariedad y la mercantilización de la vida se dimensionan no solamente a partir de las condiciones laborales sino también en el acceso a la tierra, al sistema de salud y a una vivienda digna. Además, debemos tener en cuenta que todavía existe una resistencia a la dependencia total del dinero que exige la ciudad cuando la vida se individualiza y monetariza. Hablando desde América Latina y específicamente desde Ecuador, estos ámbitos se funden y se relacionan con las históricas dinámicas coloniales de destierro. En el Ecuador, es imprescindible referirnos al sistema económico de hacienda donde las mujeres no sólo trabajaron en el ámbito doméstico sino que también trabajaron en las plantaciones de caña, de algodón y de tantos otros cultivos que, a través de la explotación, produjeron grandes ingresos para los terratenientes hasta la llegada de la reforma agraria en 1964. Después de esta reforma, el sistema de producción de hacienda persistió transformado en otras plantaciones como las de banano, palma, cacao, rosas, plátano, brócoli que ahora representan un importante capital de exportación para las grandes empresas. Así, la economía de un país agroexportador existe no sólo por el trabajo no remunerado de las mujeres sino también por la explotación laboral, muchas veces cargada de abuso sexual, a las que las mujeres sobreviven. Entonces, a medida que este sector se va ampliando, va avanzando el destierro y a la par los territorios se recrean en las manos de las mujeres. Silvia Federici ya explicó que “el sistema de plantación fue un paso clave para una división internacional del trabajo” (2018, 11) donde hasta ahora no sólo trabajan hombres sino también mujeres. De hecho, Adoración Guamán habla sobre grandes empresas transnacionales cuya base 131

de acumulación está en la explotación de las mujeres. En este sentido podemos pensar en las temporeras migrantes de Huelva, España, en las plantaciones de palma en el sur global o las plantaciones bananeras en Ecuador. Estas empresas representan a capitales transnacionales y a largas cadenas de explotación. En esta estructura encontramos también cómo opera la división sexual, racial e internacional del trabajo, pues los países del sur global presentan los mayores índices de trabajo “informal” donde las mujeres representan una mayor proporción en informalidad y explotación (Guamán 2018; Rodríguez 2018). Ante el destierro y la precarización, son las mujeres las que han sostenido la subsistencia humana. El pensar y quehacer colectivo, el cuidado en todas sus dimensiones: el trabajo doméstico, la salud, la alimentación, el cuidado de seres no humanos y el sostenimiento emocional que posibilitan la continuidad de la vida son los que responden a la extracción patriarcal (Gutiérrez 2018) y neoliberal, que precariza las condiciones vitales y mercantiliza la vida en plena pandemia. En Ecuador, durante la pandemia, el desempleo subió del 3,8% (diciembre 2019) al 13,3% y el empleo adecuado pasó del 38,8% al 16,7% (ENEMDU). A la par, los datos del 2019 donde constaba que aproximadamente el 60% de la población no tenía un empleo adecuado, se complementan con la brecha salarial en el trabajo declarado como “informal”. En este ámbito, mayoritariamente ocupado por mujeres, antes de la pandemia los hombres ganaban 297 dólares al mes mientras que las mujeres ganaban 172 dólares, cuando el salario mínimo en el país era de 394 dólares (ENEMDU 2019). Esta cifra demuestra la precariedad y las dimensiones de los trabajos de las economías populares antes de la pandemia.

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En estos meses, el destierro se ha ido asentando mientras la precarización avanza; las jornadas laborales en Ecuador se han alargado, mientras los salarios se achican. Una de las consecuencias más significativas de esta crisis es que muchas familias están siendo desalojadas de sus hogares. Como se verá más adelante, no es la primera vez que estos ciclos económicos tienen consecuencias sociales de estas características. En este sentido, el texto mostrará cómo la precariedad es una condición para el sostenimiento de la vida y las economías del cuidado ya que, como se puede ver, las mujeres ocupan el porcentaje más alto del trabajo “informal”, ganan menos y además se encuentran realizando trabajos “esenciales” de supervivencia en la pandemia, sumado a la recarga de trabajos domésticos en sus hogares. Estos trabajos feminizados no son reconocidos ni salarial ni simbólicamente de una manera justa (Quiroga 2008, 80). Como establece Natalia Quiroga, lo productivo y lo reproductivo conviven, y la desigualdad que opera en los hogares también existe en el mercado de trabajo y además, está vinculada al deterioro de las condicionales laborales y la ampliación de las brechas salariales entre clases sociales (Quiroga 2008, 80). Es así que, como plantea la autora, “La crisis de reproducción es la contrapartida del triunfo del capital sobre el trabajo y la extrema concentración de riqueza” (Quiroga 2008, 84). Ante la actual crisis, concurrente con la pandemia, miles de familias en Ecuador han sido desalojadas de sus casas así como muchas familias migrantes están regresando a sus comunidades rurales. Como un ejemplo puntual, al sur del país, en la provincia de El Oro, existe una invasión (toma de tierra) donde viven alrededor de 3000 personas que están luchando por tener una vivienda, pues ante la

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crisis económica se volvió insostenible vivir arrendando. Podemos dimensionar la relación entre el destierro y la precarización laboral a través de la vida de Sara: una trabajadora remunerada del hogar, parte del sindicato de la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines de la provincia de El Oro1. El destierro es parte del linaje de Sara. Sus abuelos vivían en la provincia costera del Guayas, una provincia dedicada históricamente a la producción agrícola para la exportación, cuna de la modernización capitalista del país. Como muches campesines de distintas partes del país, les abueles de Sara cultivaban en sus tierras, principalmente café y cacao, hasta que llegó una empresa y les obligó a vender esas tierras “pues no tenían otra opción”. El pago que recibieron por las tierras fue indigno, se cambiaron de casa y también cambiaron de oficios. Así, lo cuenta Sara: “Mis papás tuvieron tierras pero la gente que tiene dinero atropella a la gente humilde. Las tierras de mis abuelos fueron vendidas forzosamente. Los que querían comprar blindaban el terreno de mis abuelos y mandaban a decir que iban a comprar las tierras, mis abuelos se resistían hasta que no pudieron más y tuvieron que vender. Ahí cultivaban café y cacao, vivían de eso. Fueron como traficantes de tierras porque se apropian de tierras que no son de ellos. Entonces forzosamente tuvieron que vender las tierras baratísimas, hace unos 30 años. Ahora en esas tierras y en todo ese sector están asentadas plantaciones de banano.” Después, Mariana, la mamá de Sara, migró a la provincia de El Oro. Allí consiguió tierra para vivir tomando un terreno con más personas. Mariana crió a sus hijes sola, con los ingresos que conseguía del trabajo que realizaba 1 La historia de Sara fue recogida en septiembre del 2020 para un artículo que se publicará en Revista Amazonas, la publicación ha sido autorizada por la protagonista. 134

lavando ropa o limpiando casas. Sara comenta: “Mi mamá sí luchó, dice que gracias a la invasión pudo tener algo. Ella hasta el día de hoy lava ropa ajena y tiene 80 años. Ella no tuvo nada de seguro social ni afiliación. Ella gracias a la invasión tiene ahora un lugar en donde estar porque nosotras vivíamos alquilando… Es como una cadena, después de que les quitan las tierra, mi mama invade, mi hermana invade y ahora yo también”. A la par, Sara trabajó desde los 16 años en una plantación de maracuyás y banano. Recuerda claramente las largas jornadas de trabajo y el miedo que sentían las trabajadoras a ser abusadas sexualmente por el mayordomo de la plantación. Ahora, durante la pandemia, Sara está hace más de un mes luchando por “tierra para vivir”; trabaja vendiendo comida aunque no le ha resultado para generar ingresos. Por ello está buscando trabajo como miles de mujeres que están ahora desempleadas. La división sexual y social del trabajo. Las mujeres sosteniendo la pandemia La organización social del cuidado se refiere a cómo está organizado el cuidado en sí en la sociedad y los actores/ instituciones que intervienen. Corina Rodríguez explica que, por ejemplo, el cuidado debe estar organizado y distribuido entre el Estado, el mercado, las familias y las organizaciones comunitarias. Esta organización, para la misma autora, refiere a una desigualdad: “la organización social del cuidado se vincula con el cuidado como experiencia socioeconómicamente estratificada” (Rodríguez 2015, 12). Además, estas desigualdades se pueden visualizar en quiénes son las personas que en mayor medida adquieren estas responsabilidades, por ejemplo, mujeres populares, indígenas, afrodescendientes y migrantes. Es allí 135

que la organización social del cuidado también adquiere un carácter transnacional cuando vemos a mujeres ecuatorianas y de otros países latinoamericanos que son trabajadoras remuneradas del hogar, de limpieza o de cuidados como tal en países del norte global (Rodríguez 2015, 12). Esta definición es clave para dimensionar y comprender cómo se está tejiendo la subsistencia de la humanidad durante la pandemia. El Estado es responsable del cuidado de les ciudadanes en todas sus dimensiones. Esto no implica únicamente tener una política pública de cuidados como tal, sino que se amplía a las políticas públicas sobre salud y vivienda. Es en este sentido que se vuelve imprescindible nombrar cómo se dan y se materializan las políticas de desprotección y, en términos de Gabriela Montalvo, cómo se ejecuta el “dejar morir” del Estado ecuatoriano. La política en salud y de cuidado no sólo implica la atención/curación. Como plantea Margarita Velasco: el Estado no ha invertido presupuesto ni voluntad en el cuidado de la población y en la prevención de enfermedades (Entrevista Wambra Radio, agosto 2020). Ante esto, vemos cómo los trabajos referentes al cuidado, en algunos países denominados como esenciales, son realizados por mujeres en la mayoría de casos racializadas, migrantes y de clases populares. En una entrevista a la representante de la Federación de Enfermeras de Pichincha de Ecuador, ella menciona que la profesión de enfermería no ha sido una profesión socialmente valorada, “las enfermeras vienen en su mayoría de las clases populares, no es una profesión que quieran ocupar las personas de clase media o alta”, manifestó (Comunicación personal agosto 2020). En este sentido el trabajo en el cuidado y atención de la salud lo realizan en un 70% mujeres, y en el caso del

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trabajo remunerado del hogar, el 96% son mujeres. Estos dos sectores laborales, que se ocupan del cuidado y la supervivencia humana, han denunciado graves vulneraciones a sus derechos. Las enfermeras denuncian jornadas que exceden sus horarios laborales, así como la ausencia de implementos de bioprotección, lo que ha obligado a muchas de ellas a separarse de sus familias para protegerlas del contagio. Mientras tanto, las trabajadoras remuneradas del hogar están viviendo más explotación laboral y vulneración de derechos, por ejemplo, se ha registrado durante la pandemia la cancelación del 54% de contratos en el Ministerio del Trabajo y alrededor de 18000 desafiliaciones al seguro social (CARE, OSE 2020). Además, en el caso de las trabajadoras remuneradas del hogar, su trabajo no es considerado “esencial” ni prioritario lo que conlleva a que si se contagian de COVID-19 en su lugar de trabajo, les empleadores no tienen responsabilidad sobre la atención médica que requieran. En esta línea, muchas trabajadoras remuneradas del hogar han sido despedidas sin liquidación o con unas muy injustas. Esto demuestra que, tal como escribe Natalia Quiroga: “Paradójicamente, quienes han entregado su vida al cuidado de otros, no acceden a mínimos de protección social que les garanticen las más elementales condiciones de seguridad y dignidad social” (2019, 12). En este eje, nombrado como la infraestructura imprescindible para la subsistencia en plena pandemia (Cavallero, Gago 2020), es fundamental pensar en las cadenas de alimentación. Esto para el Ecuador resulta particularmente importante ya que la agricultura familiar campesina es la que produce el 60% de los alimentos que se consumen en el país (Artacker 2020, 2). Por ejemplo, en uno de los mercados más grandes de Quito, la mayor cantidad de

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trabajadores son mujeres, muchas, si no la mayoría, son mujeres indígenas migrantes de comunidades rurales. Según la Asociación de Estibadores del Mercado de San Roque en Quito, el 70% de las mujeres que trabajan allí son jefas de hogar; y su presencia y trabajo en el mercado se debe a que no cuentan con tierras y/o no cuentan con oportunidades económicas para sustentar a sus familias en sus comunidades. El trabajo de las mujeres varía entre la venta ambulante, el procesamiento de los alimentos y la venta de productos en el mercado. En esta línea, es fundamental preguntarnos cómo estos trabajos realizados por mujeres migrantes sostuvieron la cuarentena más estricta y la propia subsistencia hasta la actualidad mientras el Estado se apoyaba en las grandes cadenas de supermercados y criminalizaba espacios vitales como los mercados. Estos trabajos no han sido reconocidos como esenciales, pero claramente lo son. Otro eslabón de esta infraestructura, que si bien excede al tema principal de este artículo resulta insoslayable mencionar, es el privilegio que las clases altas tienen de no salir de sus casas y adquirir alimentos u otras cosas a través de las plataformas digitales. En una encuesta realizada por el Observatorio de Plataformas de Ecuador, el 7% de trabajadores de plataformas son migrantes internacionales. Como escriben Luci Cavallero y Verónica Gago: “Estas infraestructuras colectivas son las verdaderas tramas de interdependencia, en las que se delega la reproducción a la vez que se las sigue despreciando” (Cavallero, Gago 2020). Así se construye la división social del trabajo de la mano del destierro, donde se puede ver con más claridad cómo se sostiene el funcionamiento del mundo y de la economía en sí constituida por trabajadoras migrantes y racializadas. Para el caso del trabajo remunerado del hogar, el 47% de trabajadoras responden a este patrón ya que han migrado dentro del país y también fuera de él (CARE, OSE 2020). 138

Paralelamente, las mujeres afroecuatorianas presentan los porcentajes más altos de migración interna y externa (Encuesta de empleo acumulada 2018). En el caso de las comunidades rurales afroecuatorianas de la sierra norte del Valle Chota Mira, muchas mujeres han migrado para ser trabajadoras remuneradas del hogar; pues cultivar la tierra se volvió más costoso y el trabajo del hogar era una clara posibilidad laboral. Ahora, producto de la pandemia y la crisis económica muchas de aquellas mujeres migrantes están regresando a sus comunidades rurales, a su territorio, pues los arriendos se volvieron inalcanzables y fueron despedidas de sus trabajos en las ciudades. Existen casos de mujeres que han regresado a sus comunidades y ahora están trabajando en plantaciones de caña donde trabajan alrededor de diez horas diarias y ganan 180 dólares mensuales (Carabalí et.al 20201). Entonces, la desigualdad de género, de clase y racial que se profundiza en la pandemia está completamente relacionada con las históricas dinámicas de destierro y las políticas precarizadoras preexistentes. Tomando el término de María Galindo cuando escribe: “son exiliadas del neoliberalismo y no migrantes, porque no se van sino que son expulsadas de la economía” podríamos hablar de las desterradas del neoliberalismo ya que esa expulsión está relacionada con el destierro. La política en femenino ante la pandemia y la precarización de la vida El quehacer de las mujeres no sólo sostiene sino que transforma la incertidumbre y la enfermedad que ha traído la 1 Esta experiencia que atraviesan las mujeres afroecuatorianas del Valle Chota Mira fue levantada en el “Diagnóstico Socioeconómico de Mujeres Afroecuatorianas del Valle Chota Mira” que fue realizado por CONAMUNE Carchi-Imbabura en colaboración con FES Ildis. 139

pandemia en la vida. Durante la cuarentena, sobre todo en los días más duros de aislamiento social y toque de queda, las redes feministas no sólo atendieron en cuidados sino que pusieron la dignidad en el centro. En todos los rincones del país, existen mujeres que se han organizado para llevar alimentos a familias, parteras que han atendido partos en casa, mujeres que han acompañado los abortos de otras, mujeres sanadoras con plantas medicinales para prevenir y tratar el COVID-19 y, a la par, forjar el sostenimiento emocional que ha sido vital en tiempos tan complejos. En este sentido se conocen experiencias de redes de mujeres que se han construido para atender a otras mujeres y familias, ante la falta de comida y/o el incremento de la violencia en sus hogares. Experiencias de mujeres sanadoras, que en Quito han ido de casa en casa con plantas medicinales para tratar a hombres y mujeres contagiades de COVID-19. Una de ellas me decía: “la gente no quiere ir al hospital, no confían, tienen miedo”. Es en este sentido que se expande la noción de cuidado que nos exige comprender todas sus dimensiones. Mientras la mercantilización de la vida avanza, los saberes ancestrales sobreviven, las recetas se comparten y las poblaciones median entre el sistema de salud saturado y el cuidado colectivo. Estas son las políticas en femenino que plantea Raquel Gutiérrez, como un “compromiso colectivo con la reproducción de la vida” que irrumpen el despojo capitalista (2014, 1), pues ante el “dejar morir del Estado” las mujeres asumen la protección de la población colectiva implementando una lógica contraria a la capitalista. Esta red de sostenimiento es posible porque ante el destierro se reterritorializan otros espacios como las tomas de tierra, los barrios periféricos, los mercados y, también se crean territorios que no necesariamente están en un

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mismo espacio geográfico pero que están delimitados por redes de cuidado. Por ejemplo, las organizaciones de mujeres migrantes que se conforman en las ciudades y que asisten a su gente durante la pandemia: “donde come una, comen tres”, así sea en pleno estado de excepción muchas redes se organizaron para llevar comida a otras personas. Es así como las tramas de la interdependencia son hilos tejidos por mujeres. Pero, es fundamental no dejar de lado que también esta red de subsistencia existe a través de la explotación laboral y la sobrecarga de trabajo no remunerado en las espaldas de las mujeres. Son las manos que tejen pero también las espaldas que cargan.

Referencias: Federici, Silvia (2018). El patriarcado del salario. Buenos Aires: Tinta Limón. Gago, Verónica y Cavallero, Luci (2020). “Deuda, Vivienda y Trabajo: una agenda feminsita para la post pandemia”, Revista Anfibia. Tomado de: http://revistaanfibia.com/ensayo/deuda-vivienda-trabajo-una-agenda-feminista-la-pospandemia/ Galindo, María (2017). “El Retorno de las Exiliadas”, artículo publicado em Pagina Siete, Diario Nacional Independiente, Tomado de: https://www.paginasiete.bo/opinion/maria-galindo/2017/12/20/retorno-exiliadas-163714.html Gutiérrez, Raquel (2017). Horizontes comunitarios-populares. Madrid: Traficantes de Sueños. Gutiérrez, Raquel (2014). Pensar y hacer políticas en femenino. Ponencia dictada en la Universidad Central del Ecuador. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=KjmUee6DVOI&fea141

ture=emb_title&ab_channel=EspaciodeSociolog%C3%ADayPol%C3%ADtica Hidalgo, Kruskaya y Morales Ana María (2020). “Cuando el #QuédateEnCasa no es una opción. Una lectura feminista de la reproducción social de la vida en la pandemia” Revista Amazonas. https://www.revistaamazonas.com/2020/04/01/cuando-quedateencasa-no-es-una-opcion-una-lectura-feminista-de-la-reproduccion-social-de-la-vida-en-la-pandemia/ Hurtado, Francisco, et.al (2020). A seis meses de la pandemia ¿nos cuida el Estado? Quito: Observatorio Social del Ecuador y FES-Ildis. OSE (Observatorio Social del Ecuador), CARE (2020). Actualización del estado de situación en el cumplimiento de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar en Ecuador. Quito: en prensa. Quiroga, Natalia (2008). “Economías feminista, social y solidaria. Respuestas heterodoxas a la crisis de reproducción en América Latina”, Iconos 33. Quiroga, Natalia (2019). “Prólogo”, Historias tras las cortinas. El trabajo doméstico en Colombia: entre transacciones, incertidumbres y resistencias. Medellín: ENS. Quiroga, Natalia (2020). “Economía pospatriarcal, la deuda es con nosotres”, la vaca. Tomado de: https://www.lavaca.org/ mu150/economia-pospatriarcal-la-deuda-es-con-nosotres/ Rodríguez, Corina (2017). “Economía del cuidado y desigualdad en América Latina: Avances recientes y desafíos pendientes”, Economía feminista: desafíos, propuestas, alianzas. Buenos Aires: Madreselva

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De la profecía autocumplida a la sostenibilidad de la vida ¿Puede ser la pandemia el punto de inflexión para construir otra economía? Corina Rodríguez Enríquez La pandemia que estamos atravesando parece, en algún sentido, la profecía autocumplida de la Economía Feminista (EF). En este tiempo se pusieron de manifiesto con mucha contundencia los rasgos más intolerables del sistema económico y social en el que vivimos y al que venimos denunciando desde hace tiempo. Por un lado, quedó clara la esencialidad del trabajo de cuidados, que sostiene la vida y el sistema, mucho más aún en tiempos de crisis. Por otro lado, se ha visto con claridad el peso estructural de las desigualdades, que impone condiciones de vida sumamente diferentes para las personas según su género, su lugar de residencia, su color de piel, su posición socio-económica (que está relacionada con todo lo anterior). También el actual contexto ha expuesto con crudeza cómo un sistema organizado en torno a la búsqueda de ganancias crecientes, no solamente profundiza estas desigualdades, sino que además erosiona las condiciones más básicas para la vida, lo que desde la EF nombramos como conflicto capital-vida (Pérez Orozco, 2014). La dimensión global de esta pandemia da cuenta de su carácter sistémico. Por lo mismo, es importante insistir en las dinámicas que nos trajeron hasta aquí, como punto de partida para poder desarmarlas y revertirlas. A su vez, mucho se viene debatiendo en estos días sobre la “nueva

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normalidad”, ese tiempo imaginado y deseado donde hayamos dejado atrás la pesadilla y en algún sentido “regresado al futuro”. Porque ese futuro que no sabemos qué tan cercano está, se plantea simultáneamente como un regreso a la normalidad que tanto extrañamos, pero también como la posibilidad de un tiempo donde desarmemos los nudos de reproducción de desposesión y desigualdad. En este artículo me propongo reflexionar sobre todos estos aspectos, desde una mirada alojada en el sur global, y particularmente en Argentina. También deseo acercar algunas pistas (o al menos algunas preguntas) para pensar cómo podemos transformar este tiempo tan sombrío en un punto de inflexión hacia un mundo más luminoso, donde definitivamente la sostenibilidad de la vida se ponga en el centro. La pandemia como expresión de una crisis sistémica Desde la expansión a escala planetaria de la pandemia, se viene hablando de la crisis del covid-19. Esta crisis aparece como un nuevo capítulo de una saga, que incluye la crisis de los petrodólares y la deuda, la crisis de la hiperinflación de fines de los 80 en Argentina, la crisis del tequila, la crisis del 2001 en algunos países emergentes, la crisis global del 2008. Estas crisis son las reconocidas como tales por la mirada convencional. Son crisis macroeconómicas, financieras, que ponen en desequilibrio los mercados. Que interrumpen procesos de crecimiento económico (en términos de PBI) y de expansión del comercio, que reubican actores económicos y ajustan dinámicas, para seguir por el mismo sendero: el de un mundo regido por la lógica de la acumulación. Donde se le otorga a los mercados características humanas (nerviosismo, preocupación, euforia),

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y donde el objetivo es satisfacerlos, dejarlos contentos, hacerlos felices. Desde la EF (así como desde otras miradas críticas y heterodoxas) se viene sosteniendo que, en realidad, el estadio actual del capitalismo nos enfrenta a una crisis civilizatoria. Sen y Durano (2014) hablan de éste como un mundo feroz, donde el contrato social de la postguerra se ha deteriorado a límites insostenibles. Es un tiempo caracterizado por el cambio climático, la extinción de especies y la sucesión de desastres ecológicos (como los incendios en la Amazonia y otras zonas de Sudamérica), así como un retroceso sistemático en los logros alcanzados en materia de justicia social y derecho humanos, con una amenaza severa a las democracias en muchos países. En la base yace la lógica de la acumulación del capital, que en un proceso devastador de financierización ha ido imponiendo dinámicas motorizadas por la búsqueda de grandes ganancias en corto plazo. La lógica de la renta financiera ha permeado a la economía real y los procesos de producción. Esto conlleva la transformación drástica del mundo del empleo hacia la flexibilidad y la precarización, y una serie de carreras a la baja de todos los estándares (laborales, tributarios, ambientales). Las regulaciones que buscan proteger las condiciones materiales de vida de las personas, y la supervivencia de la naturaleza en su enorme diversidad, se entienden como costos que tienen que ser reducidos. Así se desconocen los límites del planeta y de las personas para su propia reproducción. Como señala Herrero (2018), vivimos en un mundo con límites ecológicos, determinados por la cantidad disponible de aquello que no es renovable, y la velocidad de regeneración de aquello que es renovable. El actual sistema ha traspasado estos límites. “Hoy ya no nos 145

sostenemos globalmente sobre la riqueza que la naturaleza es capaz de regenerar, sino que directamente se están menoscabando los bienes de fondo que permiten esa regeneración” (Herrero, 2018: 116). El capitalismo se está mordiendo la cola. A su vez, los procesos de liberalización y desregulación de todos los mercados llevaron a dinámicas de concentración que hoy implica que haya empresas trasnacionales que tengan un tamaño económico mayor que la mayoría de los países del mundo. En 2016, la Ong Global Justice había estimado que 69 de los 100 principales actores económicos del mundo eran corporaciones y no países2. Las 10 mayores compañías del mundo tenían en conjunto un nivel de ingresos mayor que el de los 180 países “más pobres” del mundo. Más o menos para la misma época, Oxfam estimó, en el marco de su campaña “Iguales”, que las 85 personas más ricas del planeta, poseían la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad.3 El poder que este nivel de concentración otorga a las personas ricas y a las grandes corporaciones trasnacionales se traduce en un proceso de captura corporativa de las instituciones que debieran velar por los intereses colectivos (los Estados, las organizaciones multilaterales). Dentro de esta lógica, los intereses privados se van imponiendo como intereses públicos, y la lógica de acumulación desenfrenada conduce no sólo el accionar de las empresas, sino de los propios Estados, que gobiernan a favor de estos intereses concentrados. En la base de este mundo delirante, se encuentran los cuerpos, el trabajo y el tiempo de las personas, sosteniendo 2 https://www.globaljustice.org.uk/news/2016/sep/12/10-biggest-corporations-make-more-money-most-countries-world-combined 3 https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/cr-even-it-upextreme-inequality-291014-es.pdf 146

la vida y el sistema todo. La EF ha expuesto extensamente el rol económico sistémico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, esencial para producir y reproducir cotidianamente la fuerza de trabajo (presente, futura y pretérita) y para garantizar el bienestar efectivo de las personas (Picchio, 2001; Carrasco, 2006; Rodríguez Enríquez, 2012). También ha mostrado cómo la organización social del cuidado actual resulta injusta en relación a la distribución de las responsabilidades, los tiempos y los trabajos de cuidado, y se convierte en sí misma en un vector de reproducción de desigualdad (Rodríguez Enríquez, 2018). Finalmente, en un sistema donde el acceso a bienes y servicios se encuentra crecientemente mercantilizado y monetizado, y donde la posibilidad de alcanzar los ingresos necesarios para sostener condiciones materiales básicas de vida se encuentra cada vez más limitada para la mayoría de las personas, el endeudamiento se vuelve una forma de vivir. Frente a la reducción persistente de la participación de los ingresos del trabajo en el producido económico social, frente a la exclusión estructural de grupos inmensos de la población de los mercados laborales formales, frente a la insuficiencia de las políticas públicas para garantizar acceso universal a ingresos básicos, la deuda se transforma en la única forma posible de garantizar el acceso a los bienes y servicios que se necesitan. Así, este mundo pandémico también se caracteriza por el terror financiero, por el cual las finanzas se apoderan de las economías domésticas y familiares. Hoy en día, la financierización de la vida cotidiana lleva a que para amplios sectores populares, la subsistencia por sí misma genera deuda. Y que las consecuencias de esa deuda, se inscriba en los cuerpos (Cavallero y Gago, 2019).

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Es en este mundo en crisis sin retorno que aterriza la pandemia, para hacer irremediablemente visible el conflicto capital-vida. Es la previa lo que nos trajo hasta acá. Y son estos rasgos intolerables, los que la pandemia profundiza. El incremento de la presión sobre el trabajo de cuidados Si hay algo que esta pandemia dejó en claro es la vulnerabilidad de la vida y la interdependencia entre los seres humanos. Este contexto de enfermedad muestra que los seres humanos somos vulnerables (todes podemos contagiarnos), requerimos cuidados (para sanar, es necesario el cuidado) y nos necesitamos mutuamente (ese cuidado es provisto por unos seres humanos hacia otros). No solamente necesitamos cuidado para curarnos si nos contagiamos el virus. También las estrategias para enfrentar socialmente la pandemia se han recostado en la provisión de cuidado, y particularmente en el trabajo de cuidado no remunerado que se realiza en los hogares. (Rodríguez Enríquez, 2020). Cepal (2020) señaló bien al inicio de este tiempo cómo el actual contexto profundiza la crisis de los cuidados. Con las escuelas cerradas, se estima que 113 millones de niños y niñas en la región están permaneciendo en sus casas, no solamente demandando cuidado permanente, sino también necesitando asistencia para poder seguir las formas virtuales de la educación. En el actual contexto, incluso los frágiles arreglos habituales de cuidado se han visto obstaculizados. A la imposibilidad de acceder a servicios de cuidado extradomésticos, se suma la dificultad de seguir contando con ayudas intrafamiliares para el cuidado (por ejemplo, la abuela que cuida a nietes) y, al menos legal148

mente, con trabajo doméstico remunerado en el hogar. Es de esperar que, una vez más, esta situación emergente sea atendida por el tiempo, el trabajo y el cuerpo de las mujeres. En Argentina, según lo consignó en su momento (año 2013) el módulo de trabajo no remunerado relevado por el INDEC, las mujeres en los hogares urbanos del país destinábamos, ya antes de la pandemia, el doble de tiempo a estas tareas que los varones (6 horas y media contra 3 horas y media en promedio). Si bien no existe todavía información oficial sobre cuánto de este trabajo se ha incrementado en el actual contexto, encuestas preliminares y no oficiales realizadas de manera virtual confirman: i) el incremento de las horas dedicadas al trabajo no remunerado por parte de las mujeres; ii) la profundización del cansancio derivado de jornadas extensas de trabajo, que en muchos casos combinan trabajo remunerado y no remunerado; iii) la imposibilidad de dedicar tiempo a otras actividades (capacitación, recreación, ocio); iv) la persistencia de un reparto desigual de las responsabilidades entre varones y mujeres. (Minger, 2020) Sumando a estas evidencias preliminares, Unicef (2020) presenta los resultados de una encuesta en la que se verifica que el mayor peso de esta presión adicional sobre el tiempo y la intensidad del cuidado recayó sobre las mujeres. El 51% de las mujeres entrevistadas expresó que en este tiempo sintió una mayor sobrecarga de las tareas del hogar, siendo las causas de la sobrecarga la limpieza de la casa (32%); la carga de cuidados (28%), la preparación de la comida (20%) y la ayuda con las tareas escolares (22%). La sobrecarga de cuidados en las mujeres no es sólo una percepción, porque la misma encuesta revela que en los hogares encuestados, para el conjunto de actividades del hogar, 68% era realizado por mujeres antes de la cuaren149

tena, y esta participación creció a 71% durante la cuarentena. El incremento de las tareas de cuidados debido al paso de la educación escolar a modalidad virtual, también recayó desproporcionadamente sobre las mujeres. En los resultados de la encuesta se consigna que el apoyo para realizar los deberes es principalmente realizado por las madres (68%), en comparación con el apoyo de los padres (16%). La magnitud en que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR) sigue sosteniendo el sistema en la pandemia fue en algún sentido aproximada en Argentina por la Dirección de Género y Económica del Ministerio de Economía. A partir de la información disponible sobre uso del tiempo, se estimó la contribución que antes de la pandemia realizaba el sector del TDCNR al PBI. Así, se concluyó que éste representaba el principal sector de actividad económica, contribuyendo 15,9% del PBI. Luego de la pandemia, considerando simultáneamente la paralización parcial o total de muchas actividades económicas, así como el incremento en las demandas de cuidado, se estimó que la contribución del TDCNR había ascendido a 21,8% del PBI, siendo por una brecha aún mayor el principal sector de actividad económica de Argentina. (Mecon, 2020) Así como el trabajo de cuidados no remunerado se incrementó en el contexto de pandemia, las trabajadoras remuneradas de cuidado sufrieron consecuencias severas al verse primero imposibilitadas de trabajar y posteriormente obligadas a hacerlo en condiciones de enorme inseguridad. En el caso de Argentina, si bien al inicio mismo de las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) el gobierno estableció que las personas ocupadas en el servicio doméstico debían gozar de li-

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cencia remunerada hasta que la actividad fuera habilitada nuevamente, lo cierto es que el alto nivel de informalidad laboral y las propias características de la ocupación implicaron una elevada pérdida de empleos. El sindicato del sector (la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) estimó que entre 50.000 y 55.000 trabajadoras de casas particulares perdieron su empleo en este período. Adicionalmente, una encuesta a trabajadoras de casas particulares realizada por el CEIL-CONICET y la Universidad de Lanús revela que: i) el 82% de las trabajadoras no está asistiendo a su lugar de trabajo, pero sólo el 33% recibe su remuneración aunque no trabaje; ii) al 13% de las trabajadoras les redujeron el monto de ingresos percibido; iii) más de la mitad de las trabajadoras que siguen asistiendo a sus lugares de trabajo tienen permiso para circular, pero 32% no realiza las tareas que se informan en el permiso; iv) el 13% informa que sigue trabajando ya sea porque son trabajadoras sin retiro o porque si no trabajan dejan de percibir sus ingresos. Para quienes siguieron trabajando por alguna condición de excepcionalidad (por ejemplo, porque su tarea incluía actividades de cuidado de personas dependientes) o porque estaban empleadas sin retiro y permanecieron en aislamiento conviviendo con el hogar empleador, o porque fueron obligadas a hacerlo, lo que se verifica es un incremento en la intensidad del trabajo, la prolongación de las jornadas de trabajo y la pérdida de los descansos de fines de semana. Asimismo, estas trabajadoras se vieron enfrentadas a situaciones de mayor riesgo, ya sea porque en los hogares no se implementaban las medidas de seguridad y prevención necesarias, o porque debían asumir riesgos en el cuidado de personas enfermas. Muchas de estas trabajadoras vieron en este período vulnerados sus

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derechos por falta de suficiente información, a la vez que se incrementaron las situaciones de violencia a las que habitualmente están expuestas, todo lo cual es presumible que se haya dado con mayor intensidad entre las trabajadoras migrantes (López Mourelo, 2020). El contexto de pandemia también implicó una profundización y enorme tensión para el trabajo de cuidados de la salud. Las personas trabajadoras de la salud se transformaron en la llamada “primera línea”, ocupándose del trabajo intenso de cuidar a las personas enfermas, que se multiplicaron en cantidad y en gravedad. East y otros (2020) reseñan las implicancias que ha tenido el actual contexto en este sector del empleo de cuidados, resaltando: i) el incremento en los déficits en la seguridad y la salud en el trabajo, incluyendo la exposición al riesgo de contagio; ii) el incremento en el volumen de trabajo, la extensión horaria de las jornadas y la reducción de los tiempos de descanso; iii) aumento del estrés y mayores riesgos psicosociales; y iv) discriminación por considerarse vectores de contagio. Todo lo anterior en el marco de un sector de actividad que sufrió durante décadas la precarización de sus condiciones laborales (incluyendo los salarios). Finalmente, el contexto de pandemia también ha expuesto cómo en las situaciones de emergencia, y allí donde las condiciones son más extremas y las carencias más marcadas, son las redes comunitarias las que garantizan la reproducción cotidiana de la vida. Ese actor muchas veces invisibilizado de la organización social del cuidado, el sector comunitario, consiguió finalmente en el actual contexto hacerse ver con notoriedad. El cuerpo de las mujeres de los barrios pobres de los centros urbanos, estuvo una vez más allí sosteniendo la vida, en articulación con los mecanismos de solidaridad motorizados por las escuelas, los

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clubes, las entidades de fomento, en la forma de colecta de contribuciones monetarias y no monetarias para asistir a los hogares más vulnerables en los barrios. La comunidad respondiendo en donde el Estado no llega o lo hace con mucha deficiencia. En síntesis, hoy más que nunca ha quedado en evidencia el rol esencial de los cuidados, el lugar que el cuerpo de las mujeres ocupa en su provisión, y la imposibilidad de seguir negando la injusticia que se anuda en la forma actual de la reproducción social. La profundización de las desigualdades4 Al comienzo de la pandemia, y al ver la expansión de los contagios desde Asia hacia Europa, y de allí a América se decía: “este es un virus que no discrimina”. Pero poco duró esta impresión. De hecho, el primer gran brote en Argentina se da en la Villa 31 de Retiro, uno de los barrios vulnerados más poblados de la ciudad de Buenos Aires. Lo que va quedando claro con el paso del tiempo de pandemia es cómo esta crisis profundiza las desigualdades existentes, que son estructurales e interseccionales. Las brechas de desigualdad de género en las que se monta esta crisis específica son persistentes y se expresan en distintas dimensiones. Ya mencionamos en la sección anterior la brecha persistente en la dedicación de tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Cuando cruzamos esta información según posición socio-económica de las personas, verificamos que no solamente existe una brecha entre varones y mujeres, sino también entre mujeres. El módulo de trabajo no remunerado relevado por el INDEC en el año 2013 muestra que mientras las mujeres que viven 4 Esta sección sigue a Rodríguez Enríquez (2020).

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en hogares del quinto quintil de ingresos (20% de mayores ingresos) dedican en promedio 4,5 horas diarias al trabajo no remunerado, las mujeres que viven en hogares del primer quintil (20% de menores ingresos) destinan 8,1 horas diarias promedio a estas tareas. En el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, la intersección entre desigualdad de género y desigualdad socio-económica se hace evidente. La contracara de esto es el acceso a los servicios de cuidado. Tomando como indicador del acceso a servicios de cuidado extra-domésticos la tasa de escolarización de niños y niñas, Faur y Pereyra (2018) muestran, utilizando información de la Encuesta de la Estructura Social Argentina (ENES-Pisac), que mientras el 76% de les niñes de 3 y 4 años que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) asisten a establecimientos educativos y de cuidados, ese indicador baja al 46% en el caso de les niñes que residen en las provincias del Noreste argentino (NEA). Cuando miramos a les niñes en el tramo de edad de 0 a 2 años, el 25% de les niñes de la CABA asisten, mientras sólo el 5% de les niñes en el NEA lo hacen. Como también hemos dicho reiteradamente desde la EF, lo que pasa en el mundo del trabajo no remunerado se refleja en el mundo del trabajo remunerado. Como señala Mecon (2020b), en Argentina la tasa de participación promedio de las mujeres en el mercado laboral se ubica más de 20 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres (49,2% versus 71,2%). Adicionalmente, mientras las mujeres con estudios universitarios completos o incompletos tienen una tasa de actividad de 74,3%, las que no llegaron a terminar el secundario tienen una tasa de actividad de 35,9%, lo que demuestra nuevamente el entrecruzamiento de las desigualdades de género y socio-económicas.

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Las brechas de género en el mercado laboral también se verifican en la informalidad (las mujeres están sobre-representadas en los empleos informales), en las jerarquías ocupacionales (donde siguen operando los fenómenos de techo de cristal y piso pegajoso), en la segregación ocupacional (con las mujeres concentradas en las actividades feminizadas, como el trabajo en casas particulares y los servicios sociales, incluyendo la salud), y en el tiempo de trabajo remunerado (las mujeres se ocupan en mayor proporción en empleos de tiempo parcial). Todo lo anterior contribuye a la persistencia de la brecha de género en los ingresos laborales, que se ubica en Argentina en el 29% (Mecon, 2020). Contrariamente a la sensación de un virus democrático, que puede contagiarnos a todas las personas por igual, los efectos de esta pandemia ya se avizoran como profundizadores de las desigualdades mencionadas. Para empezar, las condiciones de hábitat diferenciadas han demostrado ser una condición determinante de la posibilidad y velocidad de los contagios. El caso de la rápida expansión de brotes en las villas de la Ciudad de Buenos Aires es una muestra clara de cómo la situación de hacinamiento y el acceso precario a servicios básicos como el agua corriente, impide ejercer las medidas más básicas de prevención. La otra dimensión evidente de profundización de las desigualdades refiere a las implicancias que la pandemia y las medidas tomadas para enfrentarla, tienen sobre el acceso a ingresos y las condiciones de empleo remunerado de las personas. Varios elementos para apuntar en este sentido. En primer lugar, que las personas más afectadas son aquellas en arreglos laborales y de ingresos más precarios, entre las cuales las mujeres se encuentran sobre-representadas. Las personas ocupadas en empleos asalariados no

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registrados y en empleos informales son quienes enfrentan mayores riesgos de pérdida del empleo y/o de pérdida parcial o total de sus remuneraciones. Las personas ocupadas en empleos por cuenta propia de subsistencia, como la venta callejera o ambulante, que generan ingresos en el día a día, se ven a raíz del ASPO impedidas en mayor medida de ejercer sus actividades. En segundo lugar, y como ya expusiéramos en la sección anterior, que hay ocupaciones feminizadas especialmente expuestas en esta situación de pandemia. En tercer lugar, que la opción de teletrabajo como mecanismo para preservar el empleo y el ingreso también revela las aristas de la desigualdad. Resulta una opción posible sólo para ciertos tipos de ocupaciones (en general más calificadas), en algunos sectores de actividad y bajo determinadas condiciones (buena conexión, equipamiento adecuado, etc.), que a su vez genera nuevas presiones sobre los tiempos y los trabajos, que las mujeres padecen en mayor proporción que los varones. Para decirlo brevemente, el teletrabajo con les niñes en el hogar no es la panacea de la modernización laboral. Por el contrario, implica un desdibujamiento de los límites entre el trabajo productivo y reproductivo, jornadas laborales más extensas, imposibilidad de desconexión, y una presión adicional sobre los arreglos de cuidado. En cuarto lugar, la situación de pandemia profundiza la precariedad de la vida de las personas migrantes. Ocupadas en mayor proporción en ocupaciones informales, el riesgo de la pérdida de empleo e ingresos es mucho mayor en esta población. Como ya se mencionó, en Argentina, la presencia de trabajadoras migrantes es notoria en el sector de salud y en el servicio doméstico, lo que las pone en la primera línea de exposición al riesgo. A esto se suman las 156

mayores dificultades experimentadas en relación con las posibilidades de movilidad, de regreso a sus países de origen o de reunificación familiar. (Naciones Unidas, 2020) En suma, la crisis del COVID-19 profundiza las desigualdades en sus múltiples interseccionalidades y profundiza la precariedad de la vida en contextos que ya resultaban adversos. El regreso del Estado5 Las implicancias de la pandemia sobre la vida de las personas no dependen solamente del contexto, las condiciones pre-existentes, la posición económica y social, sino también de las respuestas de política pública que los gobiernos implementan. En este sentido, la pandemia ha funcionado globalmente como una especie de “retorno del Estado”. En todos los países del mundo, los Estados han tenido una respuesta activa, incluso en los casos “negacionistas” de la pandemia (como Brasil y hasta el propio Estados Unidos), que aún, aunque fueron resistentes a aplicar medidas de aislamiento que implicaran paralización de la economía, han tenido una presencia innegable en la atención de las consecuencias de la pandemia sobre los sectores económicos (mediante subsidios a las empresas) y sobre las personas (mediante transferencias monetarias). En el caso de Argentina, el gobierno ha tenido una temprana presencia activa tanto con medidas de corte sanitario (el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio fue la inicial y más extendida), como con medidas de protección laboral y apoyo económico6. En algunas de estas medi5 Se sigue aquí a Rodríguez Enríquez (2020). 6 En el siguiente sitio se puede ver el listado de las medidas que cronológicamente fue implementando el gobierno argentino: https://www.argentina. gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno

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das se puede reconocer la consideración específica de dimensiones de género. Por ejemplo, la disposición de licencias remuneradas para trabajadores con niñes a cargo al momento del cierre de las escuelas (antes del establecimiento del ASPO), la ya mencionada obligatoriedad del mantenimiento de la remuneración para las trabajadores de casas particulares (como explicamos, medida de cumplimiento muy parcial), la consideración del trabajo de asistencia en el cuidado a personas dependientes como una actividad esencial desde el inicio mismo del ASPO, protocolos específicos para actuar frente a situaciones de violencia de género en el contexto de ASPO7. Se puede presumir que la consideración de la perspectiva de género en las medidas de emergencia tomadas por el gobierno, se han visto influenciadas positivamente por la jerarquización de la institucionalidad para las mujeres, los géneros y la diversidad (con la reciente creación del respectivo ministerio), y con la perspectiva feminista de quienes han ocupado esos lugares institucionales. Las medidas de apoyo económico adoptadas resultan más controvertidas desde la perspectiva de género y feminista. Sin dudas, es importante destacar la importancia de que el gobierno argentino haya implementado acciones rápidas y extensas en el apoyo a la población y a los sectores económicos afectados, aún en contextos económicos adversos, incluso antes de la pandemia. Sin embargo, también es necesario advertir sobre su creciente insuficiencia a medida que la situación de emergencia se alarga en el tiempo, y también las tensiones que su diseño e implementación conllevan. 7 El conjunto de acciones específicas tomadas para abordar el problema de la violencia de género en contexto de pandemia pueden verse aquí: https:// www.argentina.gob.ar/generos/medidas-en-materia-de-genero-y-diversidad-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria

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Dos fueron los mecanismos principales utilizados por el gobierno argentino para hacer frente a las implicancias económicas de la emergencia. Por un lado, la asistencia a la población a través fundamentalmente del reforzamiento y la expansión de las transferencias monetarias condicionadas. Por otro lado, la asistencia a los sectores económicos a través de subsidios parciales para el pago de salarios, y acceso a créditos subsidiados. En el caso de las transferencias monetarias, el sesgo maternalista de las políticas pre-existentes hizo que las mujeres (madres) se vieran especialmente alcanzadas por las medidas iniciales (bono adicional para beneficiario/as de la Asignación Universal por Hijo y monto adicional en la Tarjeta Alimentar). Por su parte, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)8 podría, por el contrario, haber presentado sesgos de género. Debido a que es un ingreso familiar y no individual, y sólo puede percibirse un beneficio por familia, podría llevar a que, dadas las relaciones de género dentro de los hogares, sea el varón quien con mayor probabilidad lo solicite y lo perciba. Sin embargo, Anses (2020) informa que, en el primer pago del IFE, que alcanzó a 8,9 millones de personas, el 55,7% de las personas beneficiarias fueron mujeres (y 44,3% varones). “Esto podría ser explicado principalmente por tres fenómenos: por un lado, la desigualdad de género se siente más en los estratos más vulnerables de la población; por el otro, en caso de haber más de un/a solicitante por hogar se le dará prioridad a la mujer y, finalmente, alrededor del 27% de los beneficios de IFE se otorgaron a titulares de AUH donde la proporción de mujeres supera al 90%” (Anses, 2020: 8). 8 El IFE es una transferencia monetaria mensual de $10000.- por hogar, destinado a: i) trabajadores y trabajadoras informales; ii) trabajadoras de casas particulares; iii) monotributistas sociales; iii) monotributistas de categoría A y B. Más información puede verse en: https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia 159

La otra gran línea de intervención es el Programa de Asistencia en la Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Uno de los componentes de este programa es un beneficio para las empresas por el cual el Estado paga parte del salario de sus trabajadores y trabajadoras registrados9. En la medida en que las mujeres están sub-representadas en el empleo formal, es probable que este beneficio las alcance en menor proporción. Pero como a su vez el programa tiene un tope en la proporción de salario que subsidia, es probable también que beneficie en mayor medida a las personas asalariadas registradas de menores ingresos, entre las que las mujeres se encuentran sobre-representadas. En síntesis, la pandemia del COVID-19 está siendo un gran visibilizador de problemas estructurales de la sociedad y la economía que explican la persistencia de las desigualdades en sus múltiples interseccionalidades, y como consecuencia, las dificultades para garantizar condiciones de vida aceptables para enormes contingentes de población, así como garantizar sus derechos humanos más básicos. Poniéndolo en términos feministas, el conflicto capital-vida encuentra en este contexto una expresión superlativa. La crisis se recuesta en estructuras con desigualdades de género y socio-económicas persistentes (en el acceso a empleos de calidad, en el acceso a ingresos monetarios, en los arreglos del cuidado). Las políticas públicas implementadas para enfrentar la situación sanitaria han reforzado algunos de estos aspectos (como es el caso del ASPO), mientras aquellas implementadas para paliar la situación han intentado considerar algunas de las dimensiones de género, pero no han evitado resultar insuficientes, 9 El subsidio puede alcanzar hasta el equivalente a dos salarios mínimos ($33750). Más información sobre este programa puede verse en: https:// www.argentina.gob.ar/atp

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tanto más cuanto mayor es la extensión en el tiempo de la actual situación. ¿Punto de inflexión hacia la sostenibilidad de la vida? A veces en la vida personal atravesamos episodios que nos marcan y nos transforman. Con mayor o menor intensidad, la vida no suele ser la misma después de perder un afecto importante, de padecer una enfermedad grave de la cual nos recuperamos, o de sufrir un accidente que nos deja secuelas. ¿Será esta pandemia un evento de esta naturaleza para el mundo? ¿Será que, como se vienen proponiendo en algunos debates, el mundo post-pandemia resultará diferente? ¿Diferente en qué sentido? ¿Saldremos de esto caminando hacia el bien, o caminando para atrás? Obviamente no es posible responder a estas preguntas, pero sí plantearnos: i) ¿qué principios consideramos debería organizar un “mundo postpandemia” que se acerque al paradigma de la sostenibilidad de la vida?; y ii) ¿qué estrategias podemos darnos para disputar ese futuro? En lo que sigue esbozo algunas líneas para sumar al debate en relación a estos dos interrogantes. Como lo hemos dicho extensamente, poner en el centro a la sostenibilidad de la vida, no es una aspiración retórica ni abstracta. Significa poner a la vida (humana y no humana) en la prioridad de las decisiones, y evaluar a cada paso si el mundo que vamos construyendo sostiene la vida, o la agregue y la destruye. Adoptando un concepto de vida que justamente dispute la propia noción de normalidad. Una sociedad diferente debiera justamente evitar la vigencia de normas que determinen cómo las personas “debemos” vivir. No normas en el sentido de un andamiaje jurídico que

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regule la convivencia social. Sino normas en el sentido del deber ser socialmente aceptado. La aspiración feminista es que todas las vidas deseadas sean posibles, lo que necesariamente requiere de condiciones materiales de posibilidad (Rodríguez Enríquez, 2020). Para avanzar en este sendero algunas reversiones son imprescindibles: i) la de la ganancia (lo más grande y rápida posible) como motor de la economía; ii) la del consumo como aspiración principal de la vida; iii) la de un sistema productivo que busca atender estas dos prioridades (ganancia y consumo creciente) a lo que dé, incluso poniendo en riesgo la propia reproducción sistémica; iv) la de una dinámica distributiva que acrecienta obscenamente las desigualdades; v) la de un sistema sostenido en la explotación del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y por ende en los cuerpos de las mujeres. Claro que avanzar en este sendero requiere de consenso y compromiso social, por eso una de las primeras estrategias que debemos consolidar (porque ya la venimos dando), es la de nutrir permanentemente este debate, abrir espacios para la discusión democrática, proveer evidencia sólida que respalde nuestros argumentos, ocupar los espacios posibles (y generar los que sean necesarios) para dar este conversación dentro del movimiento feminista y entre los movimientos sociales, las organizaciones sindicales, instituciones de representación parlamentaria, organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno y también multilaterales. Desandar los procesos de mercantilización y financierización de la vida es imprescindible para poner la vida en el centro. Que la posibilidad de acceso a los bienes y servicios que necesitamos y deseamos esté cada vez menos mediada por los intercambios mercantiles y monetizados, 162

y en cambio sostenida por formas colectivas de producción y distribución. Esto pone evidentemente en cuestión la noción de propiedad privada vis a vis la de los bienes comunes, y requiere que imaginemos formas creativas de organizar la producción que pueda combinar producción local y cadenas de valor, intercambios monetarios y no monetarios, y diversas formas de acceso a los medios de producción. En este proceso, es de esperar que un impulso dado por la pandemia (el reconocimiento de los trabajos esenciales), nos permita definitivamente disputar la noción de trabajo socialmente útil, y construir colectivamente mecanismos que permitan que esos trabajos existan como tales, sean reconocidos socialmente, puedan desarrollarse en condiciones adecuadas y reciban la retribución que merecen. Más ampliamente, muchas de las transformaciones en los empleos se han acelerado en estos tiempos, como es el caso del teletrabajo y los empleos de plataforma. Garantizar regulaciones adecuadas de este tipo de empleo, incluyendo aquellas referidas a la protección social, los derechos laborales y las estrategias de articulación con las responsabilidades de cuidado es imprescindible. Justamente, otra clave de esta disputa es la reorganización de los cuidados. La agenda feminista de los cuidados es ya una realidad, que sin dudas tenemos que revisar a la luz de las enseñanzas de la pandemia. Las propuestas feministas en el campo son conocidas (Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014; Pérez Orozco, 2014; Esquivel y Kaufman, 2017). Cuatro ejes deberían orientar las acciones en este campo. En primer lugar, la regulación de los temas de cuidado en el marco de las relaciones laborales (en tanto persistan las formas actuales de estas relaciones, y mientras construimos nuevas). Aquí se hace necesario fortalecer 163

y ampliar el esquema de licencias laborales vinculadas a responsabilidades familiares, incluyendo la extensión de las licencias por paternidad, la implementación de licencias parentales y la inclusión de licencias familiares más sólidas. Para lograr avanzar en este campo, no alcanza solamente con promover normativas en este sentido, sino que es importante el compromiso de los sectores sindicales (que debieran incorporar las demandas en torno al cuidado como parte central de sus agendas) y de los sectores empresarios (que se han beneficiado ampliamente con el subsidio que el trabajo de cuidado no remunerado ha realizado todo este tiempo a sus tasas de ganancias). Un desafío adicional refiere a cómo garantizar el acceso a este derecho a las personas ocupadas en empleos asalariados no registrados y en ocupaciones informales, así como en empleos a distancia y a través de teletrabajo. Y en un plazo más largo, cómo recreamos esta dimensión en nuevas formas de organización del trabajo. El segundo eje refiere a la necesidad de garantizar acceso universal a servicios de cuidado. Hoy en día, y dada la insuficiencia de los servicios de cuidado de gestión pública, quienes tienen posibilidad de comprar cuidado en el mercado, son quienes logran conformar arreglos de cuidado más funcionales y pueden reducir la presión sobre el trabajo no remunerado. Avanzar en el diseño e implementación de sistemas nacionales integrales de cuidado que contemplen las diversas necesidades de cuidado de la población en general, y en particular de los grupos dependientes del cuidado (les niñes, las personas con discapacidad y las personas mayores) es un camino que abre potencialidades. El Estado como actor rector y proveedor principal del cuidado es fundamental, así como la

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articulación con los otros actores del cuidado (hogares, mercado y comunidad). En esta línea se ubica el tercer eje para la transformación de la organización social del cuidado, que refiere a la visibilización, reconocimiento y fortalecimiento de los arreglos comunitarios del cuidado. El contexto de pandemia ha servido también para visibilizar la esencialidad de estos espacios de cuidado, llevado adelante desde iniciativas colectivas, con fuerte arraigo en el territorio y con una presencia destacada de las mujeres de los barrios, de su tiempo y de sus cuerpos. Es importante pensar mecanismos de articulación entre estos arreglos de cuidado y las políticas públicas, que no debieran sustituir las estrategias que hoy existen, sino apoyarlas, fortalecerles y brindarles los elementos que permitan la provisión de cuidado en condiciones adecuadas (por ejemplo, invirtiendo en infraestructura social básica), con reconocimiento (incluyendo el reconocimiento monetario) al trabajo que allí se hace y con acciones que permitan ir desarmando la división sexual del trabajo que persiste en estos espacios. Asimismo, es necesario pensar cómo estas estrategias de cuidado comunitario pueden recrearse en otros espacios territoriales, en las zonas no vulneradas de los grandes centros urbanos, donde los lazos comunitarios se encuentran deteriorados o son directamente inexistentes. Tal vez a partir de recrear prácticas comunitarias de cuidado de personas dependientes, podamos desde allí construir prácticas comunitarias de cuidado del entorno, de ampliación de los espacios públicos y comunes, incluso otras prácticas de producir y de consumir. Finalmente, existe un cuarto eje clave: la transformación cultural en torno a la organización del cuidado. Todos los elementos anteriores son necesarios y urgentes. Pero para 165

lograr que se produzca un desafío concreto a las prácticas patriarcales en la organización del cuidado, hace falta avanzar en el cuestionamiento de los estereotipos de género en torno al cuidado, de la tradicional división sexual del trabajo, del mandato persistente de la maternidad, y de las expectativas sociales todavía vigentes en torno a la femineidad y la masculinidad. Y también desafiar la noción de los arreglos de cuidado como algo individual, familiar, privado, para abrirlo al campo amplio de una sociedad que reorganice desde una aproximación de lo común todas las prácticas de sostenibilidad de la vida. Poner el cuidado en el centro de una agenda transformadora es imprescindible para transformar la actual coyuntura en un punto de inflexión que nos permita avanzar hacia un mundo que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro (Pérez Orozco, 2015). Esto es, construir un marco de relaciones sociales, económicas y políticas que garanticen las condiciones de posibilidad de las vidas que desean ser vividas. Vidas deseadas desde una agencia activa, que permita cuestionar los mandatos, que enfrente las imposiciones, y que alimente la posibilidad de imaginar mundos individuales y sociales distintos. Para ello es necesario también transformar las relaciones de poder que hoy imponen las agendas dominantes, y que han construido un mundo al servicio de la acumulación económica, operando en una dinámica extractiva (de los recursos naturales, de los trabajos, de los tiempos, de los territorios, de los cuerpos, de los datos) que socava su propia capacidad de reproducirse. Para ello es necesario confrontar con el proceso que ha ido permitiendo que los intereses económicos concentrados se apropien de los espacios de toma de decisión económica, en un proceso de captura corporativa que opera a nivel de los poderes

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ejecutivos (de todos los niveles jurisdiccionales), de los espacios parlamentarios, e incluso de la agencias multilaterales y regionales. Este proceso ha derivado en que los intereses del sector privado concentrado se fueran imponiendo como si fuesen intereses públicos (Rodríguez Enríquez, 2017), y que actores que representan y defienden estos intereses ocupen espacios de representación ciudadana, y de toma de decisión sobre las cuestiones públicas y colectivas. En definitiva, para poner la vida en el centro de la agenda económica y social para los tiempos que vienen, lo que se necesita es profundizar la democracia real, promover discusiones informadas y participativas sobre la forma que tienen que adoptar las instituciones que administran lo común, construir desde los territorios y las experiencias de vida de las personas en su inmensa diversidad, conseguir que la economía real que produce los bienes y servicios que las personas necesitamos y deseamos sea la que subordine al sistema financiero (y no al revés como ocurre ahora), cuestionar los modos actuales de producción y las pautas de consumo a las que buscan atender, y transformar los mecanismos de distribución de lo producido socialmente. Una normalidad diferente no se construye automáticamente, ni se logra con una vacuna. La inoculación posible contra el capitalismo depredador y la profundización de las desigualdades, es asumir el compromiso de construir colectivamente una sociedad y una economía feministas.

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Recuperar la producción campesina de alimentos en tiempos de COVID-19, esa es nuestra decisión Ana Patricia Castillo Huertas Resumen En Guatemala, hasta inicios de noviembre 2020 la pandemia por COVID-19 ha alcanzado a más de 100.000 personas, con una tasa de letalidad promedio de 3.5%; a pesar de que el gobierno dispuso un conjunto de medidas drásticas para tratar de aplanar la curva de contagios y ganar el tiempo necesario para generar condiciones mínimas de atención a la población, tomando en cuenta que el sistema de salud es uno de los más precarios de América Latina, afectado por décadas de abandono, políticas de ajuste y corrupción institucionalizada. A los impactos evidentes en la salud se suman las dificultades que la población en condiciones de pobreza y extrema pobreza ha afrontado para acceder a los alimentos necesarios, situación que tiende a agudizarse con la reducción de los ingresos familiares, la pérdida de empleos y la contracción de las actividades económicas como efecto del COVID-19, cuyas causas de fondo tienen que ver con la construcción histórica del riesgo alimentario en un país rico en condiciones para la producción de alimentos que, paradojicamente expone altos índices de desnutrición y malnutrición.1 1 https://www.accioncontraelhambre.org/es/guatemala-el-pais-de-america-latina-con-mas-desnutricion-cronica Consultado el 08 de noviembre, 2020 171

Desde la perspectiva de mujeres campesinas de la Costa Sur guatemalteca, comer poco y mal se ha vuelto una costumbre impuesta, ante las limitaciones que enfrentan las familias en el campo para producir sus propios alimentos, que han sido convertidos en mercancía de lujo para la mayoría de la población en el país. Ante esta situación han tomado la decisión de recuperar la producción de alimentos generando circuitos cortos que acerquen a las productoras y consumidoras en una estrategia de comercialización solidaria y de mutuo beneficio, que fortalezca su organización para el ejercicio del derecho a la alimentación. Producir nuestros alimentos no es sólo una necesidad –afirman– es también ejercer el derecho a alimentarnos sanamente liberando los alimentos del mercado capitalista que nos impone hábitos de consumo dañinos para la salud y nuestra economía personal, familiar y comunitaria. Lo que supone un desafío de importantes dimensiones ante el acaparamiento de la tierra y el agua, que ha reducido sus posesiones a pequeñas parcelas, de baja calidad agrológica y con tendencia a la salinización debido a la filtración del agua del mar, ante la pérdida del caudal de los ríos, que son capturados para la irrigación de las plantaciones de monocultivos para la exportación. A través de este documento se recogen las experiencias que desde el enfoque de la economía feminista están impulsando las mujeres campesinas en resistencia, pugnando por una economía para la vida. Un contexto que construye vulnerabilidad En Guatemala la pandemia se inició en la ciudad capital del país y las ciudades principales fueron las más afectadas, siete meses después los contagios se han extendido a todo el país, incrementando el número de casos en áreas 172

rurales especialmente vulneradas por las malas condiciones de vida, la falta de acceso a servicios públicos y un sistema de salud desarticulado y sin capacidad de atender las necesidades básicas de la población, en su mayoría indígena y campesina.2 Como ha sido documentado por diversos medios y organismos internacionales3, el Estado guatemalteco cooptado por intereses privados y redes de poder de todo tipo, ha reducido sensiblemente sus capacidades para garantizar el bienestar y los derechos fundamentales de toda la población, entre ellos el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y a la alimentación; ya no digamos a la tierra y al agua. Derechos que se han convertido en productos de mercado como efecto de las políticas de privatización dictadas por los organismos multilaterales y apoyadas por el sector privado. El nuevo gobierno, las municipalidades y el Congreso de la República se instalaron el 14 de enero de 2020, en medio de una profunda crisis política que afecta al país desde 2015 y después de gobiernos que dejaron prácticamente saqueadas las instituciones públicas, asaltadas por redes de corrupción que incluían al expresidente y la exvicepresidenta del país, que hoy se encuentran en prisión y sujetos a procesos judiciales. Efectivamente, el gobierno actual estaba en condiciones desventajosas para afrontar la pandemia, pero esa también era una oportunidad de probar las capacidades anunciadas durante su campaña electoral, aprovechando 2 El muy precario sistema de salud. https://lahora.gt/el-muy-precario-sistema-de-salud/ Consultado el 08 de noviembre, 2020. 3 One of the most complete reports and with a solid conceptual basis was released by the Commission Against Impunity in Guatemala in 2019. https:// www.cicig.org/comunicados-2019-c/informe-guatemala-un-estado-capturado/. Consultado el 10 de agosto, 2020.

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las expectativas que despertó en distintos sectores sociales y la disposición solidaria que movió a la población en los primeros meses de la pandemia. Al cabo de los meses observamos con preocupación que si bien las medidas dictadas eran necesarias, el autoritarismo, la militarización4, la criminalización y las muestras de racismo y discriminación expresadas desde la presidencia de la república han contribuido innecesariamente a incrementar la conflictividad en el país, causando temor y la zozobra sobre la población y afectando la actividad de las organizaciones de la sociedad civil y de cooperación, que se constituyen en un soporte muy importante especialmente para las comunidades rurales ante la ausencia del Estado. En octubre pasado el país reactivó las actividades económicas y el funcionamiento de la institucionalidad pública y privada, con excepción del sector de educación; el año escolar fue clausurado y todos los centros educativos permanecen cerrados, incluyendo las universidades. No obstante, se habla ya de una segunda ola de contagios con un poco más de 51.000 casos activos al 6 de noviembre de 2020. A esta situación se suma la exposición del país a los efectos del cambio climático, con largos períodos de sequía, seguidos por lluvias intensas, tormentas tropicales y huracanes que han causado pérdidas en vidas humanas, en los cultivos y en la infraestructura del país; sin que se cuente con un sistema efectivo de prevención y respuesta que permita gestionar los riesgos y afrontar situaciones de emergencia garantizando la vida, seguridad y dignidad de las personas más afectadas. Instancias especializadas 4 https://nomada.gt/pais/actualidad/estados-de-excepcion-con-pocos-resultados/ Consultado el 10 de septiembre, 2020

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afirman que en el país estamos construyendo riesgos antes de que ocurran eventos climáticos o sucesos globales como la actual pandemia. Cuando hablamos de construcción de riesgo están los factores estructurales, los grandes despojos, la guerra, la migración constante a las ciudades, el proceso de urbanización que tiene que ver con los circuitos comerciales que nos han impuesto, pero también están relacionados con factores como el cambio climático. Lo que antes eran pronósticos de lluvia para tres o cuatro días ahora pueden ser incluso de dos días pero más intensa, el ciclo hidrológico se altera. A esto podemos agregar que la gente no tiene acceso a salud, a educación, a medios de vida y mucho menos a un seguro de desempleo. Algunas conquistas laborales del pasado como obtener un contrato laboral se van diluyendo. Agrego otra capa de información a estas tendencias: el neoliberalismo. Son 40 años de destrucción del Estado, de desensamblarlo y lo que nos ha quedado es un Estado débil, policial y cooptado por grupos criminales. Puede haber instituciones tratando de salvar vidas en el Ministerio de Salud, pero el Estado responde a una lógica de protegerse a sí mismo y a la clase dominante (Plaza Pública, 2020).5 Así las cosas, en este pequeño país de Centro América, habitado por un poco más de 15 millones de personas, cualquier evento se convierte en una catástrofe de grandes dimensiones humanas y sociales, incluso económicas.

5.https://plazapublica.com.gt/content/antes-de-la-tormenta-eta-todo-el-tiempo-estamos-construyendo-riesgos Consultado el 09 de noviembre, 2020. 175

Agravamiento de la situación alimentaria y nutricional Durante el primer mes de la pandemia, las comunidades rurales fueron afectadas por la falta de alimentos debido a la prohibición de la circulación del transporte público, el horario limitado de funcionamiento de los mercados y tiendas de alimentos y el cierre de comunidades promovido por sus autoridades locales. Además es preciso hacer notar que en el campo guatemalteco, entre los meses de abril y agosto, se produce un período de hambre estacional, caracterizado por la baja en las reservas de granos básicos de las familias, la falta de ingresos entre el tiempo de siembra y la cosecha de granos básicos, y productos de exportación como el café, la palma aceitera y la caña de azucar. También en las ciudades la población en condiciones de pobreza, que generalmente depende de la economía informal se lanzó a las calles a pedir ayuda en alimentos, portando banderas blancas6 y acudiendo a las ollas solidarias que grupos de jóvenes y mujeres instalaron para distribuir alimentos, enfrentando las prohibiciones y acoso de las autoridades. Una encuesta realizada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Guatemala 7 revela el Aumento de la desnutrición aguda y crónica. Del 1 de enero al 31 de agosto de 2019 se registraron 11,662 casos de niños menores de cinco años con desnutrición aguda. Para el mismo periodo de 2020, la cifra se elevó a 20,924 niños (Fuente: 6 The white flags of the Guatemala Guardian indicate the deadly side effect of the pandemic: hunger https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/22/guatemala-white-flags-hunger-coronavirus Consultado el 02 de mayo, 2020. 7..https://lared.com.gt/audio-unicef-revela-datos-alarmantes-de-la-ninez-guatemalteca/ Consultado el 08 de noviembre, 2020.

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SESAN). Así mismo, la encuesta realizada por UNICEF reveló que el 50% de los hogares dejó de comprar algún alimento por falta de dinero; el 24% dejó de comer un tiempo o más de comida por falta de alimentos y el 35% está comiendo menos en cada comida por falta de alimento. De igual forma, 6 de 10 adolescentes y jóvenes encuestados dice que el COVID-19 ha dificultado comer saludablemente más que antes. La mayoría dice que la causa es que su familia tiene menos dinero para comprar comida. (UNICEF, 2020)8 Esta situación también ha sido analizada por la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Guatemala cuyos hallazgos reflejan que “hay un aumento de casos de desnutrición aguda en menores de 5 años edad, donde al 21 de mayo de 2019 se registraron 6.189 casos y para la misma fecha de este año [2020] se registraron 15.615 casos y 3 defunciones, una cifra 2,52 veces superior ”.9 A pesar de que la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional cuenta con un sistema de monitoreo de la población afectada por esta problemática y con diagnósticos actualizados, no ha tenido la capacidad de actuar estratégicamente, como tampoco lo ha hecho el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ambas instituciones a pesar de contar con los recursos financieros necesarios, exponen una limitada ejecución financiera y una total subejecución de los programas destinados a palear el hambre, abordar la desnutrición y promover la producción de alimentos. 8 https://www.unicef.org/guatemala/comunicados-prensa/sin-una-acci%C3%B3n-urgente-la-crisis-de-salud-por-el-covid-19-corre-el-riesgo-de. Consultado el 08.11.20 9. Guatemala: COVID19, Progress Report, OCHA, https://reliefweb.int/report/guatemala/guatemala-covid-19-informe-de-situaci-n-no-05-al-08-dejunio-2020. Consultado el 15 de julio, 2020.

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Al respecto al Viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas informó que “el presupuesto para este ministerio es de Q1 mil 765.4 millones y ha ejecutado Q575 mil 233.6 millones. Dentro de la ejecución presupuestaria de las entidades descentralizadas con que cuenta el MAGA, tienen aprobado Q218 mil 903.4 millones y una ejecución de Q137 mil 21 millones, existiendo una ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso a través del Decreto 12-2020 por Q400 millones para cubrir la emergencias por COVID-19”.10 Además, los productores agrícolas y los comerciantes de frutas y verduras a pequeña escala también fueron afectados por la arbitrariedad con la que se aplicaron las restricciones a la movilidad interdepartamental. Aunque se permitió la libre circulación de productos industriales, incluyendo bebidas alcohólicas, se cerró el paso a los alimentos percederos que proveen a la ciudad capital y otras ciudades intermedias, afectando la actividad económica de los productores locales y el acceso a los alimentos para los sectores populares. La acción gubernamental generó un conflicto y una exposición al contagio masivo, al provocar la aglomeración de cientos de personas que protestaron ante esta restricción que fue levantada ante la movilización social. Hasta el momento, resultó más fácil abrir las actividades comerciales y otorgar ayudas puntuales a través de los llamados programas sociales, que garantizar políticas públicas y mecanismos que contribuyan a hacer realizable el derecho a la alimentación. 10 https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4967/2020/3#gsc.tab=0 Consultado dl 09 de noviembre, 2020.

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Violencia e incremento del trabajo doméstico y de cuidado realizado por las mujeres En Guatemala la violencia contra las mujeres y los femicidios alcanzan niveles alarmantes, la información brindada por el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, indica que esa institución recibe un promedio de 202 denuncias diarias de delitos contra las mujeres y la niñez, de estos 340 delitos corresponden a femicidios y muertes violentas de mujeres; diariamente se reporta un promedio de 4 mujeres desaparecidas y aunque el 84% han sido localizadas, algunas de ellas han sido encontradas sin vida.11 Se señala que durante la pandemia, las condiciones de confinamiento han expuesto en mayor medida a las mujeres, niñas y jóvenes, al control permanente de sus agresores, limitando las posibilidades de denuncia, defensa y escape, y favoreciendo la impunidad. Dorotea Gómez, Defensora de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos, enfatizó en que las medidas de contención de la COVID-19 han complicado las vías de denuncia para las víctimas de violencia doméstica. Desde PDH, Gómez ha acompañado a mujeres que no han podido denunciar porque no hablan español como lengua materna, no pueden llamar a los números de emergencia, no tienen transporte o les da miedo hacerlo con el agresor en casa. Y finalmente, en Guatemala, un país donde muchos crímenes quedan impunes, si las mujeres no conocen o no confían en que el Estado las protegerá cuando denuncian es muy difícil convencerlas a que lo hagan. (Ocote, 2020)12 11. http://observatorio.mp.gob.gt/portal-estadistico/ Consultado el 18 de octubre, 2020. 12 https://www.agenciaocote.com/blog/2020/04/30/encerradas-y-en-silencio-denunciar-durante-la-cuarentena-en-guatemala/. Consultado el 09 de noviembre, 2020.

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A esta situación se suma la violencia sexual que está forzando la materinidad en niñas y adolescentes desde los 10 años de vida. El Observatorio Salud Reproductiva precisa que del 01 de enero al 16 de septiembre de 2020 se registran 77.847 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad.13 Según este observatorio, con la pandemia las niñas se han visto más vulneradas, por un lado porque no asisten a los hospitales por temor a contagiarse de COVID- 19, pero también porque el confinamiento en casa las expone ante sus agresores, la mayoría de ellas ha sido abusada por parientes masculinos con los que conviven.14 No obstante, el Presidente Giammattei dió a conocer su decisión de suprimir el funcionamiento de la Secretaría Presidencial de la Mujer, encargada de asesorar al gabinete de gobierno en la implementación de políticas relacionadas con los derechos, seguridad y desarrollo de las mujeres. Esta medida fue frenada por la movilización de las organizaciones de mujeres y feministas, que le hicieron dar marcha atrás, manteniendo el funcionamiento formal de esta institución, con un presupuesto limitado y sin condiciones para el impulso de la política nacional para el desarrollo de las mujeres, que es parte de su mandato institucional. Mientras tanto, el trabajo se incrementa para las mujeres. El cuidado de las personas enfermas, la atención de niñas y niños que no van a la escuela y deben ser apoyados para estudiar en casa, así como la multiplicación de las labores domésticas con la presencia de toda la familia en casa las 24 horas del día, han venido a incrementar el 13..https://osarguatemala.org/embarazos-en-adolescentes-entre-10-19anos-al-16-de-septiembre-2020/. Consultado el 08 de octubre, 2020 14..https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/los-embarazosen-ninas-y-adolescentes-tienen-un-costo-para-el-pais-de-q1627-5-millones-anuales/ Consultado el 08 de octubre, 2020. 180

trabajo doméstico y de cuidado recargado en las mujeres. Esta es una situación bastante analizada sobre la que sin embargo hay que insistir. Durante estos meses de pandemia, ActionAid Guatemala levantó una campaña muy creativa con el propósito de motivar una crítica informada, llamando la atención sobre la necesidad de reconocer, redistribuir y reducir todos los trabajos que realizan las mujeres; demandando además el acceso a servicios públicos cuya carencia y mala calidad es suplida generalmente por el trabajo feminizado.15

15 Los documentos y videos de la campaña referida pueden descargarse desde estos vínculos: https://drive.google.com/drive/folders/1oI4ZJvRnN0DhVQHFuIeJBdSlQ7HHMi7Y?usp=sharing https://womenslabour.org/article/11 181

Resistencia y recuperación de la producción campesina de alimentos, frente al acaparamiento de la tierra y el agua Dalila Mérida, Coordinadora Regional del Comité de Unidad Campesina de Guatemala es enfática al declarar que “recuperar la producción campesina de alimentos en tiempos de COVID-19, esa es nuestra decisión”. Esta decisión implica un complejo andamiaje organizativo en el que las mujeres participan en espacios propios, como los Consejos de Mujeres, pero también forman parte de las estructuras mixtas en donde no es extraño encontrar que las mujeres constituyen la mayoría de los colectivos dirigentes a nivel comunitario y regional. Esto, explica Dalila, “es el resultado de poner en práctica la política de equidad de género que fue definida por la organización hace más o menos 10 años. Ha costado, porque no es fácil que los hombres cedan el poder y que entiendan que se trata de construir y ejercer otro tipo de poder colectivo basado en la equidad y el reconocimiento de los derechos y capacidades de las mujeres”. En la Costa Sur y más específicamente, en comunidades ubicadas en los municipios de Coatepeque y La Blanca, mujeres con más de 30 años de participación en las luchas campesinas en un territorio marcado por el acaparamiento de la tierra y el agua por las empresas de agronegocios para la exportación, comparten espacios organizativos con dos generaciones de mujeres, adultas jóvenes y adolescentes, para quienes producir y consumir sus propios alimentos es un gesto de resistencia y el ejercicio del derecho a alimentarse sanamente; ante la imposición de un modelo de producción y consumo que destruye la economía campesina y con ello erosiona los derechos y la dignidad de las mujeres.

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“Aquí en la comunidad prácticamente vivimos cercados” comenta Olinda Pérez quien ha sido Alcaldesa Comunitaria en la Comunidad La Ayuda, que ha sobrevivido en medio de las enormes plantaciones de palma aceitera; que además de dejarles sin tierra, consume tanta agua que ya los pozos artesanales de las familias se están secando. “Hemos presionado a la empresa – comenta su esposo, Aparicio Pérez –. Ahora ya respetan un poco y a base de toda la denuncia que hemos hecho limitan un poco el uso del agua, por lo menos riegan de noche para que los pozos mantengan al menos agua para el consumo familia, principalmente ahora con el COVID, que todo tenemos que lavarlo. Para regar no usamos agua porque aquí nosotros ya prácticamente no tenemos terreno para sembrar”. La organización de las mujeres y de la comunidad en La Ayuda ha sido el motor de impulso para diferentes iniciativas colectivas que van desde el mejoramiento de las condiciones en el hogar que contribuyen a reducir la carga de trabajo de las mujeres, la instalación de bombas manuales para extraer el agua de los pozos o las estufas ahorradoras de leña, hasta la construcción de un horno artesanal y el funcionamiento de una panadería en la que empezaron a hacer pan en el mes de mayo, cuando por la pandemia no había posibilidades de salir a comprar el pan al pueblo. Según Olinda “han sido formas muy concretas para ir analizando entre nosotras cómo juntas podemos mejorar nuestras vidas a la par de que conocemos nuestros derechos. El sistema quiere que siempre las mujeres estemos separadas, que tengamos envidias y no nos ayudemos, porque así somos más dominadas. Pero ya no, poco a poco hemos visto que somos más independientes en nuestro modo de pensar, ya opinamos y exigimos. Antes no, estábamos para obeceder al esposo, al papá, hasta los

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hermanos y sobre todo al patrón; a todos les teníamos miedo, ahora ya no”. Esta experiencia es parte de una red de productoras que se ha desarrollado con el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las mujeres, a través de iniciativas colectivas y la recuperación de la producción campesina, aplicando prácticas agroecológicas para el mejoramiento de los suelos, control de plagas y diversificación de cultivos. Norma Villagres del parcelamiento El Pital, es parte de esta red de productoras “la pandemia le ha afectado a ella y su familia, por ejemplo con el incremento del costo del transporte. Norma es alfabetizadora y para encontrarse con sus estudiantes debe trasladarse a pié a otra comunidad porque no hay transporte público. Por la tarde se dedica a sus cultivos, que son otro recurso para el sostenimiento de su familia, en su pequeña parcela cultiva milpa, malanga, frijol, chile, camote, alberja,chipilin, yame blanco y algunas otras plantas medicinales.”1 La producción de los huertos, la mayoría cultivados por las mujeres, permite generar pequeños excedentes que ellas venden con a sus vecinas, en tiendas que manejan colectivamente o en los mercados campesinos, abiertos en la última semana del mes de octubre, como un espacio para el intercambio y venta de productos de las y los campesinos de la región y de las tierras altas, en donde se producen hostalizas que en estas tierras no se pueden cultivar debido a la altura. La red de productoras agrícolas y pecuarias, junto con las iniciativas económicas de los grupos de mujeres y los mercados campesinos forman parte de una propuesta 1 Entrevista y fotoreportaje realizado por Melisa López, integrante del equipo de comunicadores y comunicadoras jóvenes de la Región Fidel Asencio del Comité de Unidad Campesina. 184

integral basada en el enfoque de circuitos cortos de producción y comercialización, que buscan acercar a productoras y consumidoras en una relación de mutuo beneficio, evitando la intermediación comercial de terceros. Esta forma de organizar la producción y el intercambio –explica Dalila Mérida–, es una manera solidaria de acercar y compartir alimentos de calidad en las comunidades, esa es una experiencia que nos dejó la pandemia, porque la gente buscaba lo que se produce dentro de la comunidad al no poder ir a los mercados; eso aceleró la puesta en práctica de una idea que ya se traía desde hace unos años, la de realizar algunos mercados campesinos evitando a los coyotes, que son intermediarios que compran barato y venden caro. Esta es también una forma de demostrar que las cadenas de valor que se han impuesto en la producción y comercialización de alimentos son una forma perversa que castiga a quienes están en los dos extremos de la misma, es decir a quien produce y tiene que vender a precios bajos la producción primaria y a quien consume, adquiriendo un producto procesado al que se le ha agregado valor, transformándolo o simplemente empacándolo. De tal manera que mientras más elaborado o bien presentado esté un producto, más gana el intermediario que se coloca al centro de la cadena de valor inventando todas las maneras posibles de maximizar su ganancia, aunque esto afecte la economía, la salud y el ambiente, al procesar alimentos usando aditivos, colorantes, azúcares y sal que terminan afectando la salud y producen enormes cantidades de basura. Parafraseando al maestro Paulo Freire, podríamos pensar que estas y otras prácticas impulsadas por las mujeres no cambian el mundo, pero cambian a las personas que 185

estĂĄn contribuyendo a cambiar el mundo o por lo menos a demostrar que otra economĂa es posible.

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CON LA LUPA DE LA ECONOMIA FEMINISTA EN LOS TERRITORIOS DE ABYA YALA ALGUNAS EXPERIENCIAS PARTICULARES DE REEXISTENCIA

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Nükak: contacto inicial, despojo y resistencias de las mujeres en el noreste de la Amazonía colombiana Kelly Peña Riveros Una de las regiones de Sudamérica más afectada por el COVID-19 ha sido la panamazonía con 1.377.609 de personas contagiadas y 34.054 muertes al 29 de octubre de 2020 (REPAM, 2020). La mayor parte de esta región del continente se encuentra desconectada de los centros nacionales en términos de infraestructura vial. A pesar de ello, en titulares de la prensa nacional e internacional se observa con preocupación el alto riesgo de contagio de los pueblos indígenas en aislamiento (Deutsche Welle, 2020; Noticias RCN, 2020). El virus transita por las arterias de la Amazonía, los ríos, por los mismos que ha transitado el extractivismo y el despojo de los cuerpos-territorios. Historia del extractivismo en el territorio y su relación con los cuerpos Nükak En Sudamérica hay 66 pueblos indígenas en aislamiento2 y 119 por confirmar, la mayoría en la panamazonía 2 Los pueblos en aislamiento son “pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos regulares con la población mayoritaria, y que además suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su grupo. También pueden ser grupos pertenecientes a diversos pueblos ya contactados que, tras una relación intermitente con las sociedades envolventes, deciden volver a una situación de aislamiento como estrategia de supervivencia y rompen voluntariamente todas las relaciones que pudieran tener con dichas sociedades. En su mayoría, los pueblos aislados viven en bosques tropicales y/o zonas de difícil acceso no transitadas, lugares que muy a menudo cuentan con grandes recursos naturales. Para estos pueblos el aislamiento no ha sido una opción voluntaria sino una estrategia de supervivencia. Es preciso 189

y el Gran Chaco (Vaz, 2019, pág. 18). Estos pueblos no siempre estuvieron aislados de la sociedad mayoritaria, sino que algunos fueron movilizándose hacia lugares cada vez más apartados como resultado de las inhumanas condiciones de relacionamientos anteriores. Por ejemplo, los pueblos indígenas Yuri y Passé, únicos pueblos en la actualidad oficialmente confirmados como aislados en Colombia, fueron documentados con regularidad por viajeros, misioneros y cronistas desde la conquista española y portuguesa hasta finales del siglo XIX (Franco, 2012, pág. 47). Con la llegada de la actividad extractiva de las caucherías a la mayor parte de la Amazonía colombiana, mucho/as de ello/as desaparecieron buscando refugio en ríos y riachuelos, esta fue una economía tan violenta que es “tal vez peor que todas las atrocidades coloniales” (Franco, 2012, pág. 47). Lo/as Nükak, pueblo nómada del norte de la Amazonía colombiana y último en ser contactado en Colombia, probablemente estuvo aislado hasta 1965 pero no se sabe desde cuándo. Según Mondragón, “la primera invasión blanca al territorio nükak fue provocada por el auge de la cauchería a comienzos de este siglo y durante la segunda Guerra Mundial. Los caucheros exterminaron a los Nükak y otros indígenas en el Isana y en Istmo de Papunagua [sic]” (Mondragón, 1992, pág. 4). Parece que por lo menos la primera mitad del siglo XX tuvieron relaciones conflictivas con lo/as Puinaves, sus vecino/as, como le sugirieron a Wavrin en 1948: “estos Makús temidos por todos, recorrían la selva entre el río Inírida y Guaviare, establecer una distinción entre ambos grupos; el nivel de vulnerabilidad de los grupos que no han sido nunca contactados es mayor al de aquellos que si bien han desarrollado relaciones sociales con la sociedad mayoritaria, han decidido volver a su situación de aislamiento. Asimismo, y por dicha razón, la necesidad de protección es mayor en el caso de los no contactados” (OACNUDH, 2012, pág. 5) 190

Ilustración 1. Resguardo Indígena Nükak. Fuente: Peña, Kelly y Setina, Víctor. 2020.

no tenían vecinos ni aldeas, ni campos de cultivos, eran nómadas como los animales de la selva [sic]” (Pabón de Trujillo, 197 en Cabrera, Franky, & Mahecha, 1999 (2001), pág. 64).

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Su aislamiento se rompe cuando un colono y antiguo cauchero comienza a colonizar la zona noroccidental de su territorio fundando3 la Hacienda La Charra y lo/as Nükak empiezan a visitar el predio. En consecuencia, el colono informa de su presencia al Estado y en el mes de octubre la oficina de Territorios Nacionales del Ministerio de Gobierno informa a la Comisaría sobre el envío de unos mercados para lo/as Nükak: “[I]nfórmole INA donó con destino indios macús siguientes artículos: maíz una tonelada arroz diez bultos panela diez bultos frijol cinco bultos manteca cinco cajas stop artículos serán entregados en Villavicencio stop ruégole indicar nombre funcionario comisorial encargárase recibirlos fin comunicarlo al INA stop [sic]” (Cano, 1965, pág. 189). De acuerdo con lo/as Nükak en Cabrera (2002, pág. 114) estas salidas se debieron a que Ambrosio González empezó a talar sus huertos de chontaduro. Para el mes de diciembre, tras una de estas visitas que se torna violenta, el colono avisa nuevamente a las autoridades en San José del Guaviare. Al otro día, con presencia de la policía “él [colono] disparó contra ellos hiriendo a un hombre en un brazo, cuya mujer embarazada se quedó, en tanto los demás huyeron asustados. La pareja fue capturada y amarrada, y trasladada desnuda por insistencia de don Ambrosio hasta San José como evidencia del salvajismo y la peligrosidad de las gentes que enfrentan [sic]” (Cabrera, 2002, pág. 114). Un abuelo Jiw refirió este episodio contando que él como a los diez años y mientras vivía en La Fuga vio cuando pasaban con lo/as Nükak amarrados de pies y manos, totalmente desnudos y los llevaban para el pueblo (Férnandez, 2020). 3 Lo/as colono/as denominan “fundar” al acto de tumbar selva para construir un predio rural. 192

La última comunicación de la que se tiene conocimiento después de este episodio denominado “la masacre de Charras”, es una de enero de 1966, donde el personero corregimental le solicita concepto al Ministerio de Gobierno para que los indígenas se integraran posiblemente al caucho como mano de obra: “(…) transcríbole: “Dr. Fidel Cano Jaramillo Diterrinales mingobierno Bogotá colonos y caucheros de esta región ofrecen trabajo para 100 indios macús se traslada en avión desde San José se hacen contratos con autoridades competentes stop pagáranles buenos jornales urgente respuesta, Vicente Londoño Calle personero corregimental ruégole estudiar esta posibilidad e informar este despacho [sic]” (Suárez, 1966, pág. 2). Los Nükak al parecer retornan al aislamiento en ese momento mientras empezaba una nueva oleada de colonización dirigida por el Estado colombiano en 1968, “cuyo centro se ubicó en la localidad de El Retorno” (Acosta, 1993, pág. 24). La precaria oferta del Estado para la consolidación y comercialización de los productos de lo/as campesino/as hizo que mucho/as desertaran y lo/as que se quedaron sobrevivieron del pancoger. Esto fue caldo de cultivo para que a finales de los setenta se introdujera primero la semilla de la marihuana sin mucho éxito y al siguiente año la de la coca para fines comerciales por el esmeraldero Manteco Murcia que buscó extender, con el posterior apoyo de Carlos Lehder, la producción que hasta el momento promovían en la Sierra Nevada de Santa Marta (Molano, 2017). Para entonces, ya existía la Ley 135 de 1961 (ley de Reforma Agraria), en la que el Estado incluyó el reconocimiento legal de tierras a grupos indígenas a través de la asignación de tierras en zonas marginales mediante la figura de Reservas Indígenas (Garzón, 2017, pág. 73), pero

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su territorio no fue protegido bajo esta figura ni bajo la figura de Resguardo que data de 1890. A estas circunstancias se suma el Pacto de Chicoral en 1972 entre poderosas familias de los partidos tradicionales que abrió paso a la “colonización dirigida” hacia el bosque húmedo tropical como alternativa para no implementar la reforma agraria en las tierras más fértiles del país (Fajardo, 2000; Fajardo, 2008). Con la reproducción de la semilla de coca, lo/as colono/as aumentaron su capacidad adquisitiva y se inició una nueva ola de migraciones que recrea las condiciones para una nueva bonanza (1979-1981). Para entonces los misioneros norteamericanos de Nuevas Tribus habían logrado el contacto con lo/as Nükak en la parte nororiental del territorio en 1974 pero con más permanencia desde 1980, informando a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno sobre sus acciones con el pueblo desde 1982. La presión de la colonización fue tal que lo/as Nükak empezaron a salir en algunos lugares del río Inírida, entre ellos Tomachipán aproximadamente en 1980 (Politis, 1990, pág. 19), del río Guaviare como Laguna Araguato y Mocuare, en donde hubo más asesinatos a Nükak y en la zona occidental donde tuvieron que abandonar sus huertos que se encontraban en las veredas Caño Seco, Charrasquera, Cueva Local y Caño Makú (Cabrera, Franky, y Mahecha, 1999 (2001), págs. 74-78). Mondragón también señala otras dos masacres en Caño Cumare (1970) y Caño Danta - Caño Negro (1987) (Mondragón, 1992, pág. 10). Finalmente en abril de 1988 un grupo de mujeres, niños y niñas Nükak llegan al municipio de Calamar (Guaviare) producto del robo de un niño y posterior persecución

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de lo/as colono/as. Existen otras versiones sobre esto, que plantean como causa de la salida un posible enfrentamiento entre ejército y guerrilla (Mahecha, Fajardo, Franky, y Cabrera, 1998, pág. 4). Este se considera el contacto oficial del pueblo con la sociedad mayoritaria. Los años posteriores a este suceso murió aproximadamente el 40% del pueblo a raíz de enfermedades ante las que no tenían inmunidad (Franky & Mahecha, Los Nükak: El último pueblo de tradición nómada contactado oficialmente en Colombia, 2011, pág. 10). Durante estos años las mujeres empezaron a ser asediadas sexualmente debido a su desnudez (Cabrera, Franky, & Mahecha, 1999 (2001), pág. 82). Ellas narran que en esos primeros años empezaron los raptos asociados a matrimonios forzados, violaciones y amenazas (Peña, Tejiendo la verdad de la violencia sexual contra las mujeres nukaks, 2018) y en un informe para el Ministerio de Gobierno de 1990 se afirma que ya algunos colonos usaban el verbo “makusiar”, “es decir, buscar makusas” (Politis, 1990, pág. 10) con un sentido sexual y que todavía es usado en la región. Como registro de posibles situaciones de violencia sexual, a principios de los años noventa, se encuentra la instrucción que establece las Farc-Ep donde prohíbe “matar ‘makúses’ bajo pena de muerte, así como raptar niños o abusar sexualmente de las mujeres” (Cabrera, Franky, y Mahecha, 1999 (2001), pág. 90). El extractivismo, indudablemente, específicamente el del cultivo de la coca comercial, inicia el despojo “en el cuerpo de las mujeres y se extiende al territorio” (Federici, y otros, 2019, pág. 81). Dadas las características de esta economía y de las organizaciones criminales que giraban sobre está, la insurgencia se opuso, pero fue cediendo cuando sintió que su base social se podía poner en riesgo ante su renuencia (Molano,

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2017). Lo/as colono/as, campesino/as empobrecido/as relegado/as a la periferia, por primera vez tenía la oportunidad de acceder al consumo y a un grado de bienestar material en medio de la marginalidad. Con la derrota de las Farc-Ep a las mafias asociadas al cartel de Medellín en lo que se llamó la “guerra del Guaviare”, se inició un nuevo proceso de retoma de los corredores y territorios de producción y transporte de cocaína, por parte de las AUC en 1997, que empezó con el desembarco de un centenar de miembros de dicha organización en San José del Guaviare y que se desplazó hasta zona de influencia del Resguardo Indígena Nükak-Makú, en inmediaciones de la vereda Charras con rumbo hacía Mapiripán, donde realizaron una de las más sangrientas masacres del país (Caso “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, 2005). La zona prontamente se vio en disputa entre los dos grupos armados ilegales y el ejército, razón que llevó al desplazamiento de campesino/as y de varios grupos locales Nükak, primero en las zonas de Charras y Caño Makú, posteriormente en Caño Hormiga, Mocuare y Araguato – El Búnker (Franky & Mahecha, 2011, pág. 12). Toda esta etapa de desplazamiento forzado y despojo producto de condiciones históricas y del conflicto armado, sumado a las vulnerabilidades propias del contacto inicial, especialmente la inmunológica que los obliga a vivir cerca a la oferta de salud, fue llevando a que lo/as Nükak perdieran totalmente el control de su territorio. Estos años también significaron la inserción de esta comunidad en el trabajo como raspachines4 en las fincas coqueras, torturas, muerte a líderes, reclutamiento forzado entre otros vejámenes que la guerra trajo a su territorio. 4 Raspachines es el nombre que se usa regionalmente para las personas que recolectan hoja de coca con fines comerciales.

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Con el desplazamiento forzado, las mujeres, especialmente las niñas, fueron víctimas de nuevas expresiones de violencia sexual con otros actores, entre ellos, estatales como se confirmó en el 2009 cuando el ICBF advierte sobre varios casos de presunta violencia sexual por parte las fuerzas militares de hacia niñas del pueblo de entre 5 a 14 años, como lo documentó el relator de la ONU en su informe anual del 2010 sobre Colombia. Tanto para los grupos desplazados por el conflicto armado como para los grupos desplazados por la oferta de salud se afianza una etapa de relacionamiento afectivo con la población colona en la que se dan varios matrimonios, pero donde también se profundiza la explotación sexual comercial de niñas del pueblo. Una de las autoridades tradicionales del pueblo manifiesta: “(…) yo pensaba que los kawene5 se enamoran para vivir para siempre, no, es que hay otra cosa, llenan de familia y lo dejan y no solo eso y lo golpean y lo emborrachan y se aprovechan de las niñas nükak, a mí me duele (…) cuando nosotros vamos a coger una niña blanca, nosotros sí las respetamos, yo no puedo abrazar a una campesina o una colona, yo lo abrazo a los que trabajan con nosotros, los de mi confianza, o sea personas como usted, para saludarlo le doy mi mano y nada más porque sé que son otra persona, si nosotros los tocamos pueden decir que fulano de tal lo está violando, entonces nosotros como nükak no podemos hacer, en cambio, colono, así sea guerrillero, así sea militar, sí se aprovechan de las niñas de nosotros” (Yau N. , 2020). Algunas mujeres han denunciado esta situación durante mucho tiempo sin la posibilidad de ser escuchadas, por ello desde el 2018 hasta el 2020, se dispusieron a realizar un informe a la Comisión para el Esclarecimiento de la 5 No-indígenas, “blanco/as”.

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Verdad6 que buscó posicionar sus voces y confirmar la sistematicidad de las violencias hacía sus cuerpos, en simultáneo con el despojo de su territorio. Con estas voces buscaron combatir la violencia epistémica del extractivismo, es decir, “el anulamiento tanto de los sistemas de simbolización, subjetivación y representación que el otro tiene de sí mismo” (Belasteguigoitia, 2001, pág. 237), esta misma violencia que pone en riesgo no solo su territorio, sino su proyecto político, social y moral, del que se hablará más adelante. La pandemia: un camino de ida y vuelta a la triste normalidad Entregado el informe el 8 de marzo del 2020, la posibilidad de continuar quedó truncada con la llegada de la pandemia. Los y las Nükak luego de enterarse por los medios de comunicación de la existencia del COVID-19, se reunieron en la noche para decidir qué iban a hacer y recordaron el tiempo no muy lejano en que el virus de la gripe mató a sus familiares. A los días siguientes hicieron la solicitud a las instituciones para que los apoyaran en el traslado a Caño Flor, un riachuelo que da límite a su Resguardo Indígena en la parte occidental, pese a que este se encuentra bastante afectado por la ampliación de la ganadería extensiva, la presión de grupos armados ilegales, la extracción maderera, los cultivos comerciales de coca y la llegada de la agroindustria de palma aceitera a los límites del Resguardo Indígena (Pardo, 2020). Los medios del mundo informaron sobre su aislamiento temprano (Oquendo, 2020; Collyns, Cowie, Parkin, 2020; Proenza, 2020). 6 Para la elaboración de este informe la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública brindó las herramientas logísticas y de sistematización para materializar sus denuncias en un documento, pero la titularidad de éste es únicamente de las mujeres Nükak. 198

Los primeros meses del aislamiento cuenta una lideresa Nükak que estaban contentos porque se habían encontrado con sus familiares, que se han ubicado estos años en la vereda Tierra Alta, en el municipio de El Retorno (Guaviare). Poco a poco los hombres jóvenes y algunos adultos empezaron a incorporarse en la recolección de hoja de coca en las fincas cocaleras, dentro y en inmediaciones del territorio, así que en su mayoría mujeres y abuelos se dedicaron a sostener la autonomía económica de su comunidad. Dice la lideresa consultada: “(...) las mujeres, empezamos a trabajar, a andar, el bejuco de yaré y la pesca, casi no había cumare para sacarle la fibra, recogíamos mucha pepa porque había muchas matas de moriche por allá cada ocho días. Con el Yaré nos dedicamos a enseñar a tejer a las niñas en yaré del propio, porque en Agua Bonita hay de otro y amanecíamos cantando y jugando con fuego y nos sentimos felices porque allá el coronavirus no iba a llegar, porque ahí estábamos guardados” (Entrevista a Numat Yore Niijbe, 2020). Pero esta situación cambió cuando los niños y niñas empezaron a consumir de la pasta base con la que les pagaban por el trabajo en la recolección de coca, y las niñas a frecuentar los caseríos, porque algunos en la comunidad fueron perdiéndole el miedo al coronavirus y en los caseríos de los colonos se hacían fiestas. “Las mujeres mayores dialogaban y estaban tristes en las noches porque los blancos empezaron a coger a todas las menores” (Entrevista a Numat Yore Niijbe, 2020). La misma lideresa cuenta que en su mayoría, los abusos a las niñas suceden en el marco del consumo de licor y pasta base que estos hombres les suministran, aprovechando su inconciencia. En esos días, la noticia de una violación masiva a una niña Embera Chamí por parte de miembros de la fuerza

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pública en el departamento de Risaralda (La Vanguardia, 2020) despierta indignación a nivel nacional. Las mujeres Nükak ese año habían denunciado, durante la entrega del informe de violencia sexual, que una niña de su comunidad había sido víctima de una violación colectiva por miembros de la fuerza pública, situación que relató la Comisionada Étnica de la CEV Patricia Tobón Yagarí a los medios de comunicación locales (Marandúa Estéreo, 2020). Aunque esta alocución no tuvo trascendencia nacional, con el caso de la niña Embera Chamí, Ariel Ávila inició la investigación y presentó una semana después de los hechos de Risaralda, la noticia del abuso masivo de militares a una niña Nükak en un Facebook Live de Semana, en su programa El Poder (Ávila, 2020). Días después, la Defensoría del Pueblo expuso que ha visitado otras veredas del municipio de San José del Guaviare donde habría denuncias de situaciones similares con niñas del pueblo Nükak (Semana Tv, 2020). Los y las Nükak se enteraron una semana después y se comunicaron con varios funcionarios para preguntar sobre los rumores que llegaban a las comunidades. Quince días más tarde, durante el aislamiento de los grupos locales Nükak, Salud Hernández, una periodista de la Revista Semana, fue a dos de los asentamientos a entrevistar a las mujeres; cuestión que fue criticada fuertemente por las organizaciones indígenas más importantes por apología a expresiones de racismo simbólico y estructural, por revictimizar, estigmatizar y poner en riesgo frente al COVID-19 a “una población con mayor vulnerabilidad epidemiológica” (Organización Nacional Indígena de Colombia, 2020; OPIAC, 2020). Como consecuencia de los conflictos interculturales con los colonos por los robos (Marandúa Estéreo, 2020) lo/as

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Nükak de la zona de Caño Flor recibieron amenazas (no denunciadas) por parte del grupo armado presente en la zona (Disidencias FARC F1). De igual forma, la población no tuvo acceso a atención médica y ante el inicio de contagios de COVID-19 deciden desplazarse nuevamente hacia Agua Bonita. En tamizaje de COVID-19 realizado el 8 de septiembre se confirman 15 casos positivos en la comunidad y en días posteriores se han ido confirmando 3 casos más. Las condiciones actuales de vida de la comunidad no permiten garantizar las condiciones mínimas de higiene, acceso al agua y otros servicios, para la prevención y control de la enfermedad. El riesgo de complicación y muerte de la población Nukak es alto, debido a su estado de salud y afecciones como desnutrición en la población” (Acción contra el hambre et Al, 2020). Reencontrándose por la lucha por una vida libre de violencias Con los primeros casos de COVID-19 en la comunidad, los temores a la enfermedad fueron superándose, aunque el regreso significó la retoma de las condiciones precarias de vida, con el agravante que es mucho más difícil transitar, vender las artesanías y las condiciones de hacinamiento son evidentes. Sumado a esto, la situación de consumo de psicoactivos en lo/as jóvenes tiene en vilo a la comunidad. Para las mujeres jóvenes, el consumo se relaciona con la violencia sexual: “Para mí lo más que puedo decir, es que nosotras tenemos que estar en nuestro territorio sin tanta gente así, en medio de la coca, nosotras las mujeres nükak también el tema del consumo, en las veredas hay muchas violencias, ahí en el territorio no vamos a tener relaciones así a la fuerza, a la mala, eso no se encuentra

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en la selva, en la ciudad es que eso aparece” (Niijbe N. Y., 2020). Tanto las conversaciones de mujeres como las comunitarias se han dirigido a la acción política en torno a dos asuntos: concretamente, resolver la situación de consumo de los niños y las niñas, y el retorno al territorio. Uno como condición para el otro (Niijbe D. , 2020). La experiencia vivida durante los meses de pandemia fue fundamental para entender cuáles son los asuntos que se deben resolver para garantizar la tranquilidad de la comunidad; aspectos como salud, educación, cultura son fundamentales, de acuerdo a los líderes, para que cuando los jóvenes regresen de un posible tratamiento –imaginando que este se pueda dar– no recaigan en el consumo. Entre las mujeres hay diversas opiniones sobre cómo pueden abordarse las violencias hacia ellas. La vida cada vez más cercana a los caseríos colonos ha transformado sus espacios donde se ven insertas en una dinámica de consumo. “Las amigas [Nükak] de mi hija se la llevan para donde los ‘blancos’, toca dar consejo, yo enseño la cultura de nosotros, pero ella escoge otro camino, me da mucha tristeza de mi hija, cada vez que viene yo le enseño a ser nükak baka’ que como tiene que poner la hamaca, hacer una maloca en la selva, caminar, hacer chicha, le corto el pelo, las muchachas ya no quieren ser como nosotras” (Ui, 2020). Enseñar la cultura, dar consejo, es la herramienta que tienen, pero parece insuficiente. Ella alude al proyecto propio que condensa uno social, moral y político, con el que este pueblo indígena busca reproducirse física y socialmente, fecundar y perpetuar el cosmos, y guiar las relaciones con las demás gentes y seres del universo. Más exactamente, condensa un proyecto biopolítico, en tan202

to que la política nükak está encaminada a reproducir la vida, a perpetuar y defender tanto la forma de vida de la gente verdadera, como la continuidad de la vida en este mundo (Franky, 2011, pág. 62). Esta disputa se manifiesta especialmente en sus cuerpos. Mahecha afirma que la noción de persona entre los Nükak “está imbricada con la construcción del cuerpo. Esta se concibe como el resultado del trabajo individual y colectivo, especialmente de los parientes con quienes se reside a lo largo de la vida. Desde que nacen, los cuerpos de los niños son involucrados en un proceso que los feminiza o masculiniza de acuerdo con los dominios de conocimiento y acción de cada género, en función de las expectativas de la colectividad. A su vez, la colectividad está involucrada en una red de relaciones con otros seres humanos y espirituales, que se perciben como consanguíneos o afines, para garantizar el bienestar físico y espiritual de todos los seres del universo” (Mahecha, 2013, pág. 64). Los cuerpos de las mujeres jóvenes son objeto de disputa de dos proyectos distintos; uno, el propio, que se sustenta desde un proyecto político, social y moral de ser y formar Nükak Baka’, y otro que asimila las relaciones y jerarquías que se entretejen en la vida cotidiana, desde una perspectiva colonial. El cuerpo ocupa un papel central en todo lo que tiene que ver con la colonialidad, es decir con todo aquel conjunto de patrones de poder que mediante la naturalización de jerarquías como las raciales o de género, posibilitan la “reproducción de relaciones de dominación territoriales y epistémicas, que no sólo garantizan la explotación por el capital de unos seres humanos por otros, a escala mundial, sino que también subalternizan y obliteran los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son

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así dominados y explotados” (Restrepo, 2007, pág. 292 en Martí, 2012, pág. 320). Martí sugiere interpretar el cuerpo social y político en su dimensión simbólica; el cuerpo como herramienta o arma de domesticación y disciplinamiento, y de identificación, sometimiento y resistencia. El cuerpo puede ser instrumentalizado políticamente precisamente porque constituye un “punto de imputación por excelencia del campo simbólico” (Le Breton, 2002, pág. 32 en Martí, 2012, pág. 322). No se quiere plantear desde esta perspectiva que la cultura no se transforme como reflejo de su estructura social y económica, que para el caso puntual de los y las Nükak está dada por las condiciones materiales y relacionales que produce la colonización, el conflicto armado y de las vulnerabilidades del contacto reciente, pero es importante destacar cómo esas transacciones sobre los cuerpos actúan en el marco de una disputa política. La estrategia de las mujeres es entonces el cuidado del cuerpo, es decir, desde ese “dispositivo estrechamente relacionado con la estrategia de la construcción del cuerpo y con otros dispositivos como la consustancialidad, el consejo y el ejemplo, la crítica o el elogio público, y los rituales y chamanísticos” (Franky, 2011, pág. 235). No obstante, dentro de las transformaciones y negociaciones sobre los cuerpos de las mujeres, que se constituyen a partir de las relaciones de poder y económicas existentes en el entorno donde viven actualmente los grupos Nükak, y desde las expectativas del cuerpo social, el consumo de sustancias psicoactivas no culturales llega subjetivamente como una exploración que permite el intercambio de bienes y reconocimientos de la sociedad no indígena, pero objetivamente “se las enmarca en un esquema de orden y jerarquía social, y se establecen e imponen unos patrones de

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intercambio según los intereses y la visión de mundo” de los colonizadores (Martí, 2012). Ante esta disyuntiva sobre las transformaciones, algunas consideran que donde se debe hacer el cambio es en la sociedad mayoritaria, en sus relaciones violentas y coloniales: “Ellas me dijeron que para las violencias tenemos que enseñar a las niñas a tejer manillas, yo le dije, para esas violencias no solamente enseñar a las muchachas a tejer manillas, tenemos, yo no sé cómo será eso, tener un respeto de los hombres blancos que no nos lleguen a tocar (…) tenemos que acompañar, para que nos escuchen, para las mujeres su opinión, su decisión, su reconocimiento, como está pasando esas cosas en su vida” (Entrevista a Numat Yore Niijbe, 2020). La garantía de ello estaría en la transformación de la economía extractivista y de la garantía del uso, manejo y control sobre el territorio: “solución necesita del territorio, pero adentro solos, sin los colonos, porque de otra forma no hay solución, ellos no nos respetan” (Mupabu, 2020). Durante estos años, los hombres mayores y adultos han dado importancia a los espacios de mujeres, respetándolos y acompañándolos cocinando los alimentos mientras ellas se reúnen y hay muchas expectativas sobre sus propuestas que posteriormente se comparten en los espacios comunitarios. Si bien este momento es de crisis, también puede ser una oportunidad para afianzar los espacios autónomos, el proceso de las mujeres y para fortalecer y actualizar el proceso de ser/formar Nükak Baka’ para responder a este escenario intercultural tan conflictivo.

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Frente a la precarización global, organización internacional Un análisis feminista del trabajo y de las resistencias de lxs repartidorxs de las plataformas digitales en tiempos de COVID-19 Flora Partenio, Kruskaya Hidalgo Cordero y Belén Valencia Castro1

“Nuestras Vidas son esenciales” Afiche en las bicicletas de repartidoras, 29M Paro Internacional “El que reparte, se lleva la peor parte” Cartel hecho a mano en la mochila de repartidorxs, 1A Ciudad de México

El último paro internacional de repartidores de delivery se extendió en 19 países de Latinoamérica, Europa, Asia y África. Se trató del cuarto paro internacional de trabajadorxs de reparto de las aplicaciones (apps), realizado en octubre, cuyos reclamos insistieron en el reconocimiento de los derechos laborales y de la seguridad social, licencias pagas, la provisión de elementos de protección frente al COVID-19, el cese de “bloqueos y despidos” y “justicia y resarcimiento por trabajadorxs fallecidxs en el marco de 1 El orden de los nombres de las autoras no es jerárquico ni alfabético. Este es un ejercicio de escritura colectiva donde hemos decidido rotar el orden de los nombres cada vez que nos juntamos a construir palabra.

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su trabajo”2. En efecto, los gobiernos decretaron una serie de medidas frente a la pandemia, entre ellas, la prohibición de circulación y asistencia al lugar de trabajo para algunas personas y la declaración de una serie de tareas “esenciales” para el mantenimiento de ciertas actividades, por ejemplo, el reparto de bienes, alimentos y bebidas a domicilio. Lxs repartidorxs de delivery entraron en esta categoría, y se movieron en bicicleta o moto por distintas ciudades de Latinoamérica, y de otras regiones, entregando pedidos. Se movieron durante meses sin derechos, ni cobertura por accidentes y riesgos, sin medidas de protección frente al contagio, ni compensaciones. Este artículo recupera la experiencia de investigación-acción que emprendimos como ciclistas y militantes feministas, al calor de la profundización de la precarización de las condiciones laborales durante la pandemia de COVID-19. Desde Argentina y Ecuador, articulamos miradas, lecturas y cruzamos pedaleos para recuperar lo que fueron estos meses atravesados por medidas de “aislamiento social”, “distanciamiento” y confinamiento debido al riesgo de contagio. En este contexto, lxs trabajadorxs de apps de distintos países denuncian que se enfrentan a condiciones mucho más precarias de trabajo. Los diálogos transfronterizos y la solidaridad internacional han logrado que lxs repartidorxs realicen acciones internacionales durante 2020. Así, se organizaron cuatro paros internacionales y movilizaciones en los últimos meses y nosotras también estuvimos en las calles. Este texto nace de las múltiples conversaciones con lxs compañerxs repartidorxs, de todo lo aprendido en las calles, y sobre todo del deseo por aportar a la lucha de vidas justas y dignas para todxs lxs 2 La convocatoria puede consultarse en: https://unidosworldaction.com/ espanol.html

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trabajadorxs de este sector. Se trata de una lectura feminista de las condiciones laborales de lxs trabajadores de apps, modalidad laboral que se han extendido en los últimos años bajo el capitalismo de plataformas (Srnicek, 2018). Con la intención de recuperar esta experiencia desde una perspectiva situada, organizamos este capítulo de la siguiente manera: un primer apartado presenta las condiciones bajo las cuales se expandió, y profundizó, la economía digital y el trabajo en las plataformas en el contexto de la pandemia del COVID-19 en distintas ciudades de Latinoamérica, con especial foco en la situación de Argentina y Ecuador. En el segundo apartado se reconstruye la organización de los paros internacionales y se recupera la voz de las y los repartidores, desde sus experiencias y luchas. Finalmente, retomamos una serie de reflexiones en torno a la pregunta sobre quienes sostienen la cuarentena en tiempos de pandemia y qué trabajos se vuelven necesarios y “esenciales” para la sostenibilidad de la vida. La expansión de la economía digital en la pandemia La pandemia de COVID-19 ha trasladado al centro del debate, temas que desde la economía feminista venimos discutiendo desde hace tiempo: la crisis sistémica; la reproducción social de la vida; el rol clave que tienen los trabajos de cuidados; la jerarquización de ciertos cuerpos; el conflicto entre el capital y la vida. Por esta razón, decimos que la pandemia se ha imbricado con otras problemáticas preexistentes intensificando las brechas de desigualdad e inequidad ya existentes. Este es el caso de las oportunidades laborales generadas a partir de la expansión del comercio electrónico y las plataformas digitales. Antes 217

de que se decrete la pandemia, nuestras lecturas venían advirtiendo que el trabajo en las plataformas reafirmaba y profundizaba la división internacional sexual-racial del trabajo, ya que por un lado, encontramos sectores fuertemente masculinizados –como las plataformas de reparto y transporte de pasajerxs-, mientras otras destinadas al cuidado de personas dependientes, de animales de compañía o de servicios (como el trabajo doméstico remunerado), están altamente feminizadas (Partenio, 2020a). Asimismo, algunas plataformas, como las de aplicaciones geolocalizadas, cuentan con un importante porcentaje de fuerza de trabajo migrante. Con el anuncio de la “emergencia sanitaria” y el llamado al “aislamiento social preventivo y obligatorio” por parte de muchos gobiernos a nivel mundial, se ha intensificado la carga en el trabajo de cuidados en los hogares, que han asumido las mujeres. De hecho, los límites entre trabajo remunerado y de cuidados se desdibujan. Y esto nos lleva a preguntarnos ¿quién sostiene la cuarentena? Indudablemente quienes sostienen y hacen posible la cuarentena fueron nombradxs “esenciales” pero sus salarios, condiciones laborales y protección social no solo que no se consideran prioritarios, sino que en medio de la pandemia se profundizan sus condiciones precarias de vida. Es decir, sobre el trabajo de un sector de la población se posibilita el aislamiento preventivo y el distanciamiento físico, para evitar el contagio en la población. Entre lxs trabajadorxs “esenciales” - en la primera línea - están lxs repartidorxs de delivery. A través de las ventanas veíamos veredas y calles desiertas, en donde personas con mochilas rojas, naranjas, azules, verdes y amarillas transitaban en motos y bicicletas.

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Mientras gran parte de la población –en su mayoría mujeres- vive del trabajo informal diario y fuera del sistema de seguridad social, se las arregla con extrema dificultad para sobrevivir en países que estuvieron más de 6 meses en confinamiento y/o aislamiento preventivo. En este escenario, el delivery se ha vuelto una actividad laboral que posibilita ingresos a quienes se registran en una aplicación geolocalizada de las empresas de plataforma. Ecuador y Argentina comparten algunas problemáticas (como los recientes procesos de endeudamiento y condicionalidades exigidas por el FMI), aunque los primeros meses de la pandemia, sus gobiernos tomaron decisiones diferentes en materia de política sanitaria y social. En el caso ecuatoriano en un abandono absoluto del Estado con sistemas de salud colapsados, sin empleo, sin sueldos dignos, sin acceso a la vivienda, sin la gestión para el acceso a una muerte digna; por el contrario, recrudeciendo en las vidas del pueblo mediante la implementación de medidas neoliberales que benefician directa y descaradamente a las élites del país. En el caso de Argentina, se decretó a mediados de marzo el estricto cumplimiento en todo el país del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), que en algunos conglomerados urbanos se extendió hasta el mes de noviembre. Frente a los números alarmantes de desempleo y desprotección para quienes se vieron impedidxs de desempeñarse en el sector informal, el gobierno implementó una serie de medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono mensual para trabajadorxs de casas particulares, informales y monotributistas de las categorías más bajas3. Por otra parte, se reestableció el Ministerio de Salud de la Nación y se buscó en los primeros meses de ASPO recuperar el sistema de salud 3 Hasta el momento se ha depositado este bono a 9 millones de personas, en un monto equivalente a 117 USD.

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que se encontraba devastado, ya que se había reducido al rango de “secretaría” y había sufrido grandes recortes presupuestarios durante el gobierno anterior. Sin embargo, en materia de regulaciones laborales, lxs trabajadorxs de reparto comparten similares condiciones en términos de ausencia de derechos y protección social, tanto en países como Chile, Brasil, Guatemala, Argentina y Ecuador, por nombrar algunos. El delivery ha sido catalogado en estos meses como una “actividad esencial”; requerida en su mayoría por quienes -con un acentuado privilegio de clase- no solo pudieron vivir el #QuedateEnCasa en tranquilidad, sino también pedir comida, víveres y medicinas a domicilio “a su antojo”4 y “sin moverse del sillón”, tal como lo expresan las publicidades de las empresas. Todo el circuito es sostenido por la falta de regulaciones que pongan límites al avance acelerado de la economía digital, al extractivismo de datos y el trabajo en las plataformas. Según Subirats (2019) una de las características esenciales del nuevo régimen de acumulación que promueve el capitalismo digital de plataformas es el control de los datos. Los datos alimentan algoritmos y generan ganancias. De acuerdo con Scaserra (2019), la información cruda del comportamiento humano extraída mediante la tecnología ha sido transformada en materia prima del capitalismo tecnológico. Su extracción y análisis se realizan mediante medios de producción inmateriales conocidos como algoritmos. En palabras de Terranova (2018) las aplicaciones o plataformas son para el capital, un medio de monetizar y acumular datos sobre el movimiento del cuerpo mientras lo subsumen en redes de consumo y vigilancia. En contexto de pandemia estas redes de consumo, 4 Se puede ver en la publicidad durante los meses de abril y mayo de 2020 de la empresa Pedidos Ya en su sitio oficial de Facebook: https://www.facebook. com/pedidosya/posts/4113440435363460

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en distintas ciudades del Norte y el Sur global, son alentadas por las empresas que controlan estas aplicaciones por campañas que pregonan la “entrega sin contacto”5 y “sin costo”. En el caso de Colombia Rappi lanzó una flota de robots que generó “mayor confianza” en sus clientes. En países como Ecuador, el gobierno incentiva el uso de las app, incrementando la atracción de nuevos clientes (proveedores y usuarios) y trabajadorxs –que no son reconocidxs como tales-. Los circuitos de comercialización se quedan en un puñado de cadenas transnacionales de comidas que operan con ventanilla de delivery, lo que a su vez aumenta las ganancias multimillonarias de estas empresas transnacionales: UberEats, Glovo, Rappi, PedidosYa, Deliveroo. En el caso de Argentina, las plataformas se instalaron con grandes beneficios fiscales durante el gobierno neoliberal de Macri y se permitió su rápida expansión de la economía digital sin regulaciones. Además de las empresas que funcionan con las apps de reparto, en Argentina se consolidó el predominio y extensión del comercio digital bajo el protagonismo de empresas unicornio como Mercado Libre, que ha extendido su modelo de negocios en otros países de Latinoamérica. El actual gobierno de Fernández, quien asumió la gestión en diciembre de 2019, elaboró un proyecto de regulación de plataformas digitales que aún no fue tratado en el congreso (Filipetto y Romano, 2020). Cuando se trata de analizar quien gana y quien pierde en la pandemia, las narrativas hegemónicas tienen a relativizar los costos sociales. Desde miradas antirracistas y feministas se ha puesto en jaque la frase “el virus COVID-19 no distingue clases sociales, ni etnias, ni razas, para propagarse” (Duaa et al. 2020), cuando vemos sus efectos inmediatos acentuando asimetrías y discriminaciones. 5 La campaña publicitaria en Argentina de Pedidos Ya sobre “Entregas sin contacto” puede verse en el siguiente enlace: https://fb.watch/1M6tNkt-sU/ 221

Ahora bien, el impacto de la extensión de las plataformas digitales en contexto de pandemia es diferenciado entre el Norte y el Sur global, y causa diferentes vulneraciones para las mujeres, las disidencias sexuales, las poblaciones migrantes y racializadas. Las disputas por derechos que garanticen pisos mínimos de protección quedan entrampadas en los marcos de negociación de las fuerzas políticas en el gobierno (local-nacional) y de las tensiones e intereses que jerarquizan los problemas en el marco de la crisis; en algunos casos, los gobiernos de derecha –como en la Ciudad de Buenos Aires- han reforzado regulaciones que benefician a las empresas y dejan en abierta desprotección a lxs trabajadorxs (Partenio, 2020b). Además, los Estados han desplegado una necropolítica extendida donde se ha colocado a ciertos cuerpos en la “primera línea para enfrentarla”, sin cuyo trabajo la vida misma no sería posible y mucho menos en tiempos de cuarentena. Esos cuerpos cargan, almacenan, empaquetan y reparten a domicilio lo que se compra por internet a solo un click. Esta llamada “explosión” del comercio electrónico contempla una serie de aristas que deben ser analizadas en clave feminista. Con el paso de los primeros meses de la pandemia, fue posible identificar a los ganadores y perdedores del COVID-19 ¿a través de qué datos? Basta mirar las cifras alcanzadas por el modelo de negocios Amazon que registró ganancias por millones en el primer trimestre, al mismo tiempo que sostenía una campaña publicitaria que ubicaba a la “seguridad” y el “cuidado” de sus empleados como prioridad6. Algo similar a lo sucedido con el mercado de reparto y delivery que controlan las plataformas como 6 Al respecto ver: https://www.aboutamazon.com/news/company-news/ amazons-covid-19-blog-updates-on-how-were-responding-to-the-crisis

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Rappi, Glovo, Pedidos Ya o UberEats en las ciudades Latinoamericanas7, con campañas publicitarias en esta misma dirección. Ahora bien ¿qué significa la apropiación de la palabra “cuidados” en estos tiempos?8. El lado B de estas estrategias publicitarias son las luchas sindicales que se extendieron en distintos países, a pesar del contexto de restricción de la circulación y aislamiento social. Por ejemplo, en los almacenes de Amazon durante los meses más agudos de la primera ola de la COVID-19 en Francia, se puso en evidencia que ese “cuidado” no es tal y por eso se vieron judicialmente obligados a cerrar sus almacenes y pagar la totalidad del salario a sus trabajadores, bajo la exigencia de respetar normas de protección (Union Syndicale Solidaire, 2020). Por su parte, las empresas enfocadas en el mercado de delivery, acrecentaron sus ganancias por el crecimiento de pedidos, pero al mismo tiempo eludieron toda responsabilidad en la provisión de elementos de protección y cuidado de la salud de lxs trabajadorxs. De hecho, los primeros reclamos de repartidorxs en las capitales de Latinoamérica pero también en Valencia, Barcelona o Madrid, se enfocaron en la demanda de elementos de higiene y protección frente a los contagios. Si hacemos una lectura de las condiciones laborales en las principales ciudades de Latinoamérica, comprobamos que 7 En el caso argentino, los estudios de los primeros meses muestran el crecimiento y expansión de estas empresas en el servicio de delivery: https:// www.infobae.com/economia/2020/04/29/delivery-en-la-cuarentena-porlas-comisiones-de-las-apps-los-comercios-y-casas-de-comidas-pierdenhasta-25-del-valor-de-cada-venta/ 8 Para las empresas multinacionales, la seguridad para sus clientes se expresa en asegurar y “cuidar” sus ganancias en base a la precarización, explotación y crueldad para con sus trabajadorxs. La seguridad y el mal llamado “cuidado” en estas empresas ponen en el centro de lo que se asegura y “cuida” a la tasa de ganancia. Para conocer mejor el manejo de supuesta seguridad y cuidado de Amazon podemos revisar: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-04-18/deben-hacer-trabajadores-amazon-seguir-trabajo_1551418/ 223

lxs repartidorxs son de esas vidas que no están alcanzadas por las regulaciones y protecciones sociales. Ellxs, que son mayoritariamente migrantes, asumen todo el riesgo del contagio al transitar las calles para llevar insumos a través del delivery en motos o bicicletas ¿En qué condiciones realizan su trabajo? Lxs repartidorxs denuncian a nivel mundial que la pandemia ha profundizado las condiciones precarias y de explotación a las que estaban sometidxs. Estxs trabajadorxs invisibles a la regulación estatal, que no cuentan con derechos laborales, ni salarios mínimos, ni pagos justos, ni seguridad, ni cuidados para realizar su trabajo, deben arreglárselas durante la cuarentena para trabajar y no enfermarse. En el caso ecuatoriano, deben enfrentar la violencia xenófoba y aporofóbica cotidiana de la policía, agentes de control migratorio, agentes de control de tránsito y de algunxs clientes. Las diferencias y brechas de género se marcan con mayor notoriedad, y no solo en los ingresos que pueden generar las trabajadoras a diferencia de los trabajadores. En el caso de las mujeres repartidoras, la situación se agrava y las brechas de ingresos se acrecientan porque deben combinar la salida por repartos con las tareas de cuidado que han aumentado durante la cuarentena. En ese sentido las repartidoras de la agrupación argentina “Dar Vuelta Todo” denuncian que muchas trabajadoras se enfrentan a la tarea titánica de ser madres precarizadas, sin que las aplicaciones garanticen el acceso a centros de primera infancia para el cuidado de sus hijxs; así mismo visibilizan que las mujeres que se encuentran en período de gestación se ven obligadas a optar por abandonar el trabajo o continuar realizándolo a pesar de los riesgos que esto implica. Las trabajadoras no cuentan con paradas sanitarias y de aseo y además se enfrentan al acoso callejero diario.

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En Ecuador, miles de familias, mayoritariamente migrantes, basan su sustento únicamente en el trabajo de delivery. Según la encuesta de condiciones laborales de repartidorxs de App, el 66,2% de repartidorxs es migrante, de lxs cuales, el 62.2% es de nacionalidad venezolana (Hidalgo y Salazar, 2020). Desde el aislamiento obligatorio muchas mujeres han tenido que dejar de trabajar en la esfera pública porque ahora que no hay escuelas, ni guarderías, siguen siendo ellas las que se encargan del trabajo de cuidado y la educación de lxs niñxs. En estas familias, las personas que continúan realizando el trabajo de delivery, tienen que buscar trabajar más horas, en peores condiciones, con tal de llegar a tener un mínimo de ingresos que les permita sostenerse. De hecho, trabajando siete días a la semana, en promedio diez horas diarias, lxs repartidorxs ganan 500 dólares -poco más de un sueldo básico (Hidalgo y Salazar, 2020). En Argentina, desde la Asociación de Personal de Plataformas9, entienden que esta situación se genera porque las trabajadoras que “son sostén de hogar” terminan “trabajando menos horas porque no pueden dejar solos” a sus hijxs que no van a la escuela, y el “el algoritmo castiga” a quien no tiene posibilidades de “conciliar trabajo y familia” porque esto impacta en la toma y tiempo de entrega de pedidos y en el tipo de pedidos recibido. Las 9 Se trata de una de las organizaciones sindicales de Argentina que aún no cuenta con la personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Si bien no es un tema que abordaremos en profundidad en este capítulo, es importante señalar una serie de cuestiones claves al momento de analizar la importancia de la sindicalización: la problemáticas asociadas al encuadramiento sindical de lxs trabajadorxs de este sector; la importancia de la representación sindical frente a la asimetría de poder a la que se enfrentan con las empresas de plataformas; las dificultades que acarrea la falta de reconocimiento del vínculo laboral entre empresas de plataformas y trabajadorxs, para lograr el reconocimiento y legitimidad de las organizaciones sindicales que se creen en este sector. Para ver los detalles de sus declaraciones se puede ver las publicaciones de esta asociación sindical en sus redes sociales: https://twitter.com/appsindical?lang=es 225

repartidoras migrantes en Argentina tampoco han podido acceder al “Ingreso familiar de emergencia” (IFE) implementado por el gobierno, ya sea por no contar con los años de residencia o por tener mal consignados esos años o porque se les ha denegado el acceso, como a cientos de trabajadoras de casas particulares migrantes (AMUMRA, 2020). Al igual que los trabajadores varones, tampoco les proveen de elementos de seguridad y cuidado de su salud, y les prohíben el acceso a lugares para higienizarse durante la entrega. Frente a este panorama, el gerente general de Glovo en Ecuador, mediante una entrevista a un medio nacional afirmó que lxs “glovers” habían sido dotadxs de material de seguridad e higiene. Afirmación que fue desmentida por lxs repartidorxs (PeriodistasVe, 2020). El 17 de abril del 2020, ellxs convocaron a un Paro Nacional, porque, entre otras cosas, las tarifas de pago que reciben son sumamente bajas y desde que inició la cuarentena, se les obliga a realizar entregas grupales. Es decir, se realizan dos o más entregas, que son cobradas individualmente y al precio común a lxs usuarixs; mientras que a quién reparte se le paga por la realización de un solo pedido más un supuesto bono de 0,30 ctvs: “El 25 de Noviembre del 2019 Glovo bajó la tarifa base y de kilometraje en el país y los primeros días ponía bonos altos, que compensaban la reducción en la tarifa. Estos bonos altos solo duraron hasta que la app fuera eficiente y eficaz, llevándonos a realizar entregas grupales que aseguraban serán beneficiosas para nosotros porque ganaríamos mejor. Antes de que inicie la pandemia los bonos cayeron a 1.10 y 1.15; actualmente son de 1.2 y 1.5, recibimos pagos de 0,80 ctvs. Hace unos días Glovo informó que los bonos serían retirados” (repartidor de Glovers organizadxs Ecuador).

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En el caso de Ecuador la situación adquiere componentes que precisan ser contextualizados con mayor detalle frente las medidas tomadas y a un año del levantamiento popular en octubre de 2019 frente al paquetazo de medidas neoliberales. El gobierno ecuatoriano, desde que empezó la cuarentena obligatoria, mediante un sinnúmero de decretos y acuerdos y finalmente con la aprobación de la “Ley de Apoyo Humanitario” ha legalizado en el país la precarización, la explotación y la flexibilización laboral como medidas para paliar la crisis; lo que significa un retroceso enorme en derechos laborales y un recrudecimiento feroz de las ya precarias condiciones que tienen en el país la clase trabajadora. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre mayo y junio del 2020, apenas el 16,7% de lxs trabajadorxs cuentan con empleo adecuado10 y la tasa de empleo inadecuado subió al 67,4%. Es la clase trabajadora -totalmente desprotegida- quien asume y sostiene la emergencia. Así, el país vive una ola de despidos ilegales, ausencia de pago de salarios, dobles y hasta triples jornadas laborales que no se reconocen, tiempo de cuarentena colocada como vacaciones a pesar de que muchxs están trabajando. La Ley de Apoyo Humanitario, que de humanitaria no tiene absolutamente nada, precariza los contratos laborales, las condiciones de trabajo, las condiciones salariales y el acceso a la seguridad social. ¿Cómo exigimos a un Estado de estas características que vele por los derechos de lxs trabajadorxs de delivery si no vela por la clase trabajadora en sí? Frente a esta situación de trabajo en emergencia, las centrales sindicales se encuentran recopilando cifras de despidos intempestivos, han canalizado denuncias y articulan estrategias, 10 El INEC considera empleo adecuado cuando se perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario básico unificado, que en el país es de 400 USD y que trabajan 40 o más horas a la semana.

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pero que las ubica de cara a una institucionalidad nula. En este sentido, Anahí Macaroff visibiliza que “desde diversos sectores sociales y sindicales se afirma que la Ley de Apoyo Humanitario no tiene que ver con el contexto de emergencia sanitaria, sino que es la continuidad de un camino abierto hacia la flexibilización y precarización laboral iniciado previamente” por el gobierno neoliberal de Lenin Moreno (2020: 5). La pregunta entonces es ¿a dónde llevar las demandas si es el mismo Ministro de Trabajo quién encabeza las medidas antipopulares? Parte de estas preguntas quisiéramos retomarlas en el próximo apartado, en clave de pensar las estrategias de organización, la importancia del carácter internacionalista de las últimas medidas y la pregunta por el lugar que tiene la agenda de demandas de las trabajadoras repartidoras en esta organización colectiva. La organización internacional frente a la precarización global En la organización de “paros internacionales” de riders y trabajadorxs de la llamada gig economy -o economía de la “changa”- se combinaron asambleas virtuales y callejeras, caravanas, bocinazos, twitazos, ruedas de prensa, charlas y declaraciones que permitieron difundir las demandas en el medio del aislamiento provocado por la pandemia. Así vivimos la mañana del 22 de abril, pedaleando las calles de Quito que, por cierto, no estaban vacías. Había personas vendiendo productos informalmente (frutas, verduras, plantas medicinales, mascarillas, guantes, cigarrillos, etc.), otras movilizándose a realizar compras. Se trataba del día del primer Paro Internacional de Repartidorxs. En el punto de encuentro, la tienda Glovo, habían “glovers” con marcadores, hojas de papel bond y papelotes escribiendo 228

consignas, exigencias y visibilizando las razones del paro. Otrxs colocaban sus mochilas en la puerta principal de la tienda para evitar el despacho de pedidos. Y había quienes hablaban con sus compañerxs, para explicarles la necesidad de parar; así algunxs reconocían la necesidad de parar un día para conseguir derechos, pero no pueden hacerlo porque viven al día. Si un día no trabajan, no pueden llevar el sustento a sus familias. A la larga, la solidaridad y la vivencia compartida permiten que entre lxs trabajadorxs dejen de repartir mientras se apoya a quienes verdaderamente no puedan parar. Ese mismo día pero en la Ciudad de Buenos Aires, los gloverxs y rappitenderxs recorrían gran parte de los barrios. Mientras pedaleamos al ritmo de ellxs, hicimos una parada en una esquina céntrica junto a otrxs. Campera de una empresa y con mochila de otra, una de las repartidoras nos decía que le parecía bien una huelga, pero si ella “no salía a laburar”, sus hijxs no comían. Desde su moto, otro de lxs repartidorxs que tenía un pequeño pedido pendiente de entrega en sus manos, reconocía que la única manera de pagar el alquiler era salir a entregar todos los días. Por la tarde, en la playa de estacionamiento de un hipermercado, un grupo de “rappitenderxs” apilaba las mochilas rojas, amarillas y naranjas en una entrada de acceso y les pegaba carteles de consignas, mientras difundía el comunicado en las redes sociales y compartía “como venía la mano” con el paro. En uno de los carteles hechos a mano por lxs repartidorxs y pegados sobre las mochilas de colores pudo leerse “si la precarización es global, que la lucha sea internacional”. Estas imágenes se viralizaron en las redes sociales, junto a otras de distintos países del mundo donde se pudo organizar el paro. Frente a ello nos preguntamos: ¿cómo se tejieron esos cuatro

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paros y que alcances tuvieron?, ¿cuáles son las estrategias de lucha colectiva que pueden desafiar la gestión algorítmica11 del trabajo?, ¿cuáles pueden ser los aportes de las luchas feministas internacionalistas frente a la expansión de condiciones precarias de trabajo generadas por la economía digital? A nueve meses de la declaración de la pandemia global de COVID-19 por la OMS, trabajadorxs de Latinoamérica encabezan una serie de acciones locales y globales frente a la profundización de la precarización laboral a través de las actividades de reparto, delivery y mensajería vía apps. Esta articulación de resistencia fue tejiendo lazos con algunos países en Europa, América del Norte, África y Asia. Para el último paro internacional en octubre, se dieron conversaciones virtuales entre repartidorxs y trabajadorxs de plataformas digitales de más de 36 países. Quienes estuvimos en estas llamadas virtuales, nos maravillamos de las tres y hasta cuatro traducciones simultáneas que debíamos hacer para entendernos entre todxs. Del español al inglés, del inglés al japonés, uno de los tantos ejemplos de esa mediación lingüística y esa construcción de conversaciones transpacíficas y transatlánticas. Por ejemplo, el 26 de agosto tuvo lugar la “Asamblea Internacional de repartidores”, en donde participaron dirigentes de organizaciones de repartidorxs de EEUU, España, México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Inglaterra, Japón, etc. El intercambio de experiencias reafirmó lo antes mencionado: la precarización extrema de las condiciones laborales a la que se enfrentan lxs trabajadorxs en todos los países; haciendo énfasis en el incremento de muertes de repartidorxs en medio de la pandemia; ya que se hallan expuestxs a accidentes, robos y a la presión por rankings y puntajes que si no se cumplen son castigadxs con el 11 Para un análisis en detalles sobre la conceptualización de la gestión algorítmica de las relaciones laborales ver: Lee et al. (2015) 230

cierre o bloqueo de la cuenta (Mareco, 2020). Así mismo se intercambiaron las experiencias de resistencia y lucha que se han llevado a cabo en cada país. A diferencia de sus compañeros varones, las mujeres repartidoras de distintos países de Latinoamérica y EE.UU. evidenciaron los mayores riesgos que corren en su trabajo, a través de rondas y encuentros virtuales12. Ellas compartieron las situaciones de violencia laboral y violencia patriarcal a la que se ven expuestas, tanto por los clientes como en la circulación por ciudades en distintas horas de día, con altos niveles de violencia machista y riesgo de agresión sexual y desaparición forzada. Estas violencias contra mujeres, lesbianas, travestis y trans han recrudecido en todas sus formas durante la pandemia. El primer paro internacional se dio el 22 de abril de 2020 donde plegaron repartidorxs o “riders” de Argentina, México, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Perú y Estado Español. El comunicado del Paro Internacional anunciaba: “los Riders en España fueron a la huelga y se movilizaron contra la reducción del 50% del pago de los pedidos que impuso Glovo. En Perú los repartidores se enfrentaron al cierre de las aplicaciones de reparto por una decisión arbitraria por parte del Estado, dejando a centenares de trabajadores sin sustento en el marco de un parate económico mundial. En Costa Rica quitaron multiplicadores, bonos por lluvia y aplicaron pedidos dobles (ellos cobran 2, a nosotros nos pagan por 1)” (El Salto, 2020). Además, lxs trabajadorxs de Ecuador, que sumaron su apoyo y su firma al comunicado, realizaron un paro el 17 de abril denunciando 12 Desde la convocatoria “En tu pedido va mi vida”, en octubre de este año se hizo un diálogos en línea junto a repartidoras de distintos países, en el marco de los Diálogos de saberes en tiempos de pandemia, organizados por la Sección de Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) y el Observatorio de Plataformas.

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la rebaja salarial y la falta de insumos para protegerse de los contagios. En el marco del Paro Internacional de repartidorxs la demandas se centraron en: reducción de ingresos, pagos precarios, falta de provisión de equipo de seguridad e higiene necesarios que lxs expone a contraer el virus. A su vez, se ven expuestxs a la inseguridad vial y delincuencial, y a los abusos policiales, que muchas veces no reconocen que están en la calle trabajando ¿de qué modo se aceleró la reforma laboral -encubierta- en estos países al ritmo que se extendían los pedidos por apps? Ecuador es el segundo país en Latinoamérica con mayor cifra de contagiadxs, a pesar de ser el tercer país más pequeño de la región; y para agosto del 2020 superó a China en contagios de coronavirus (El Universo, 2020). Indudablemente las estructuras de injusticia social que el Estado, a través de los gobiernos y las élites, han sostenido históricamente en Ecuador, devela el lado más cruel e inhumano en el enfrentamiento de la crisis sanitaria que atravesó Guayaquil, ciudad costera y uno de los puertos principales del país. En medio de esta crisis, el gobierno nacional informó a la población que para adquirir productos debe hacer uso de las plataformas de delivery que operan en el país (Glovo, Uber, Rappi, Delivereo, Picker). Es importante recordar que en Ecuador no todxs acceden a tecnología e internet, y son principalmente las zonas rurales y sectores populares quienes carecen de conectividad y las plataformas tampoco operan en todo el territorio nacional. De esta manera, podemos inferir que el mensaje del gobierno nacional fue realmente dirigido a las clases medias privilegiadas y altas del país, que pudieron #QuedarseEnCasa y acceder a los medios necesarios para usar las apps de delivery. Además, los productos que ofertan las plataformas digitales de delivery pertenecen a locales 232

comerciales manejados por élites nacionales y transnacionales. Un análisis realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador demuestra que si para el año 2000, que el país vivió la crisis del feriado bancario, la apropiación del ingreso de lxs ricxs era del 45,40%, este, en medio de la crisis sanitaria por COVID-19, en el 2020, asciende al 48,41%; mostrando el incremento exacerbado de la desigualdad social en beneficio de las élites. El Estado no ha planteado usar la tecnología para apoyar las economías populares y solidarias. Por el contrario, continúa la acumulación de la riqueza en manos de las élites nacionales y transnacionales en base al trabajo explotado y precarizado de las clases populares racializadas, feminizadas y migrantes del país. Para las clases populares y trabajadoras, quedarse en casa no fue una opción, muchas personas necesitaron salir para llevar el sustento diario a su familia. Ese es el caso de lxs repartidorxs de plataformas: “En realidad tener pagos justos sería ser reconocidos como trabajadores, con todos los beneficios de ley, tener un salario base más comisiones, pero…., eso está muy lejos....” (repartidora, Glovers Ecuador). En Chile, el Movimiento de Repartidores, riders, de #PedidosYa, denunciaron la situación tan deplorable en la que realizan la actividad laboral, debido a las sistemáticas políticas arbitrarias de la empresa que van en detrimento y precarización de su situación laboral, que consideran “inhumana”. Por esto hicieron un llamado al “cese de actividades” en Chile para el 27 de abril. La lucha conjunta va contra las arbitrariedades de Pedidos Ya que no los considera “trabajadores”: “Las empresas saben que nosotrxs no tenemos otra opción de trabajo. En vez de valorar y gratificar la labor que como repartidores hacemos, poniendo nuestras vidas y la de nuestras familias en la calle, lo que 233

hacen es aprovecharse de las circunstancias y las necesidades de cada quién. Bajan los precios de pagos, aprovechando que son empresas facultadas para trabajar en esta época. Vemos desmejoras a nivel mundial. Son estafadores y ladrones todos. En Chile tenemos un marcha para demostrar que unidos se pueden lograr grandes y muchas cosas” Repartidxr de Pedidos Ya en Chile. En Argentina, la situación de la empresa Pedidos Ya muestra una serie de discrecionalidades cometidas previamente a la pandemia: a inicios de 2019 decidió pasar un porcentaje de su plantilla de repartidores a la condición de “autoempleadxs”, eludiendo responsabilidades en material laboral y previsional. En este país las empresas de plataforma de este sector aparecen como meras “intermediarias” entre el cliente que pide comida vía app y lxs repartidorxs. A un mes de decretado el ASPO, la “Agrupación de Trabajadorxs de Reparto” (ATR) y Glovers Unidos Argentina hicieron el llamado a la organización del paro nacional el 22 de abril, con asambleas virtuales y el 8 de mayo volvieron a alentar una movilización y caravana en distintas ciudades del país, reclamando porque se les brinde elementos de seguridad y protección, por el aumento del 100% en el pago por pedido, por las reincorporaciones de trabajadorxs despedidos, justicia para dos trabajadores que murieron atropellados en las calles sin seguro ni cobertura por riesgos y accidentes (Breme y Natalí, 2020). En algunas ciudades, fueron reprimidas las movilizaciones por incumplir la distancia social. En la secuencia de paros, movilizaciones en caravana, comunicados que se vienen emitiendo desde que comenzó el COVID-19, las principales exigencias son el reconocimiento como trabajadorxs en relación de dependencia y no como “falsos autónomxs”, el aumento del 100% en

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el monto por pedido realizado y la entrega de elementos de seguridad e higiene por parte de las empresas. Estas demandas se enlazan con las de otras regiones como en el Estado español, donde el Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ha requerido a Glovo, Deliveroo y UberEats que no recorten derechos durante esta pandemia, denunciando que se han hecho modificaciones en las apps encaminadas a reducir el valor de los pedidos para ajustar la oferta y la demanda ya que “si se les ha declarado esenciales, es esencial que tengan derechos y se les reconozca como trabajadores y trabajadoras” (UGT, 2020) Desde las organizaciones locales de riders, como en Valencia, Madrid y Barcelona se ha alentado la autogestión de estaciones de entrega de elementos de protección y “cajas de resistencia”13 para sostener con fondos los gastos en las disputas judiciales y salud. En el caso de Argentina, desde “Asociación de Personal de Plataformas”, se emitió un comunicado en los inicios de la cuarentena obligatoria, que va en la misma línea de los reclamos al plantear “no queremos ser héroes ni heroínas, queremos elementos de seguridad, licencias y compensación por cuarentena” frente a los afiches de las empresas14 con repartidorxs con barbijos. En este sentido, desde esta asociación sindical nos comentaban que precisamente porque las empresas han alentado la estrategia comercial de “entrega sin contacto” deberían proveer elementos de higiene básica: “Estamos hablando de trabajadores ultraprecarizados (…) el gobierno de 13 Para mayor información sobre la caja de resistencia para trabajadorxs de la hostelería y del servicio de reparto a domicilio, se puede ver el enlace: https://www.goteo.org/project/caja-resistencia-trabajadorxs-hosteleria-y-riders 14 La campaña de Rappi en Argentina desplegó una serie de afiches en redes y medios audiovsiuales anunciando “Por cuidarnos y llevar lo que necesitamos, los llamamos Rappi héroes”.

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la Ciudad (de Buenos Aires) debería haber convocado a todo el circuito de comercio y reparto para que: se adopte un protocolo común para la entrega de artículos de primera necesidad; se asista a las plataformas a la compra de barbijos y alcohol a precios razonables; se distribuyan elementos de protección en los comercios; que se les permita acceder al baño a repartidores para higienizarse”. El viernes 29 de mayo, se llevó a cabo el Segundo Paro Internacional de Repartidorxs. Esta vez solo con representación latinoamericana. Trabajadorxs de seis países pararon: Argentina, México, Guatemala, Perú, Costa Rica y Ecuador. Con esta segunda movilización transfronteriza, algo quedaba claro: estxs trabajadores no están cubiertos por “ningún sistema de riesgo” si se enferman y “más que en héroes, lxs convierte en un factor de riesgo”. Enfatizando especialmente las medidas de “emergencia” que alcanzan a otrxs trabajadorxs, insisten en que “se aplique el mismo régimen de licencias extraordinarias pagas que se aplica para los trabajadores en general”. Y para el caso de “las mujeres, las madres y las hijas” que se encuentran bajo una situación de total desprotección enfrentando acoso sexual constante, sin derechos inalienables como la licencia de maternidad o la reducción de jornada laboral por lactancia. Como mencionaba Yuly Ramírez, repartidora y activista de Glovers_Ecuador, una de las demandas que ella posiciona para el segundo paro internacional era “baños diferenciados para mujeres; las repartidoras no tenemos ni baños”. Esta problemática nos invita a pensar las violencias específicas que enfrentan las mujeres dentro del trabajo en plataformas digitales que ofrecen servicios como el reparto y el transporte de pasajeros. Brasil protagonizó el Tercer Paro Internacional el 1 de julio. Las imágenes de las calles de Sao Paulo con miles

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de “entregadores” dieron la vuelta al mundo. Inspirando el diálogo con sindicatos y organizaciones de otras latitudes. Esta acción se realizó con fuerza en al menos en 20 ciudades brasileñas. Bajo el lema de #BrequeDosApps, lxs repartidorxs en Brasil problematizaban la racialización de este trabajo: la mayoría de entregadores son negrxs y de barrios periféricos en condiciones de extrema vulnerabilidad. Esta representaba una lucha contra el racismo sistemático y la brutalidad policial en el país contra la población negra y las mujeres. Semanas después, el 25 de julio, lxs trabajadorxs en Brasil armaron otro paro, esta vez a nivel nacional demostrando la capacidad y potencia de organización que tienen y la rabia contra la explotación, en el marco de las medidas fascistas tomadas por el gobierno de Bolsonaro. En Colombia, el 15 de agosto, alrededor de 1000 trabajadorxs de reparto se declararon en huelga en la ciudad de Bogotá; denunciando el bloqueo de cuentas, la baja de tarifas de pago y el sistema de puntos que establece objetivos imposibles para las entregas por parte de Rappi (Griffin, 2020). En Ecuador el 24 de agosto se llevó a cabo un Paro de Repartidorxs; en donde lxs trabajadorxs visibilizan que trabajan 10 horas diarias, siete días a la semana, sin utilidades ni vacaciones; gastando más de 200$ mensuales en mantenimiento de las motos y enfrentando la baja de tarifas por parte de las empresas (El Comercio, 2020). El cuarto paro internacional de repartidorxs se llevó adelante el pasado 8 de octubre, impulsando una campaña común en 36 países, contra la precarización laboral, por el aumento de tarifas en los pedidos, seguro contra accidentes y robos, exigir justicia por lxs compañerxs asesinadxs, y sobre todo “dar pelea por el reconocimiento de la relación laboral” entre trabajadorxs y aplicaciones; con todos

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los derechos laborales que está relación implica (Mareco, 2020). Hasta la fecha, este cuarto paro ha sido el más grande, con presencia de más de 60 organizaciones de repartidorxs y trabajadorxs de plataformas digitales. Con mayor presencia, las mujeres trabajadoras, algunas de ellas en condición de migrantes, han alzado la voz poniendo en evidencia las diferentes formas de violencia a la que se ven expuestas. Una luz de esperanza y dignidad rebelde para combatir la “nueva normalidad” y las formas despiadadas de estos modelos de negocio que encabezan las economías de plataformas. ¿Quién sostiene la cuarentena? Desde diferentes organismos multilaterales y financieros se han advertido los costos y el tiempo que llevará la recuperación económica. En medio de la recesión, organismos como el FMI declararon que “las economías avanzadas se encuentran en general en mejores condiciones de responder a la crisis, pero muchos países de mercados emergentes y de bajo ingreso confrontan importantes desafíos”15. Cuando la gerenta del FMI dice “proteger a la gente y limitar el daño económico”, hay que precisar que la pandemia va a profundizar brechas sociales y de género, terminando de excluir a quienes trabajan en la informalidad, en las calles o que incluso sostienen la “economía del delivery” vía plataformas. ¿cómo leer estos efectos en países de América Latina? Ante el inminente “daño económico” de la pandemia, en muchos países se ha implantado la lógica de la guerra, en donde no importa cuántas vidas se pierdan 15 Palabras de la declaración de la Directora Gerente del FMI Kristalina Georgieva tras una conversación ministerial del grupo de países del G-20 sobre la emergencia del coronavirus: https://www.imf.org/es/ News/Articles/2020/03/23/pr2098-imf-managing-director-statement-following-a-g20-ministerial-call-on-the-coronavirus-emergency 238

con tal de no frenar la economía, ubicando, una vez más, al mercado en el centro. En países donde se venían imponiendo “paquetazos” con reformas laborales y previsionales, ahora se han acelerado estos procesos. Los casos de Ecuador, Chile y Brasil –con números dramáticos de contagios y muertes- demuestran la desprotección y ausencia de un marco de derechos que alcance al sector de trabajadorxs en general, y de plataformas en particular, pertenecientes a las clases populares racializadas, feminizadas y migrantes. En particular, en el caso de Ecuador, el gobierno de Lenin Moreno bajo el discurso de “limitar el daño económico”, propone medidas para eliminar las barreras y requerimientos a la salida de divisas. En México, donde el gobierno no ha tomado medidas de aislamiento social, teme la paralización de la economía, y lxs trabajadorxs –de cadenas de restaurantes, comidas rápidas y sector servicios- son obligados a firmar contratos donde les anuncian que no cobrarán salario por 1 o 2 meses. En el caso de Argentina, para repartidorxs donde la relación laboral se encuentra desdibujada, los gobiernos locales de derecha han avanzado con regulaciones que benefician a las empresas16; al tiempo que se ha declarado el COVOD-19 como enfermedad profesional para aquellos trabajadorxs protegidxs ¿cómo se harán las evaluaciones de riesgo para repartidorxs expuestxs a contagios?, ¿cómo lxs alcanza el Decreto 367/2020 donde se reconoce al COVID-19 como una “enfermedad profesional”? ¿Cómo gestionar una licencia por contagio? ¿y por cuidados para un familiar? Si hay algo que se ha profundizado con la pandemia es la crisis de los cuidados. En el caso de las trabajadoras 16 .Al respecto ver el caso del proyecto votado por la legislatura de Buenos Aires en julio de 2020 (Partenio, 2020b) y las acciones de denuncia por parte de organizaciones de trabajadores y feministas: https://www.facebook.com/Escuelafeminismopopular.norita/photos /a.1590377397641200/3510798172265770/ 239

de reparto, vemos que a pesar de haber sido nombradas como “esenciales”, no se han diseñado políticas y licencias que permitan afrontar la corresponsabilidad de los cuidados. En este sentido, la agenda feminista -que ha denunciado la injusta organización social del cuidadose transforma en un aporte clave para la transformación de las condiciones laborales y para los intentos de regulación que comienzan a ensayarse bajo el formato de “estatutos” o regulaciones para el empleo de plataformas. En el contexto de pandemia, la división sexual, racial e internacional del trabajo se ha reafirmado y profundizado, colocando a ciertos cuerpos en la “primera línea para enfrentarla”; cuerpos sin cuyo trabajo la vida misma no sería posible y mucho menos en tiempos de cuarentena. Y surge la pregunta ¿quién sostuvo la vida en este nuevo régimen de aislamiento social o distanciamiento? Indudablemente han sido lxs productores de alimentos, lxs indígenas y campesinxs; lxs trabajadorxs de mercados populares, lxs trabajadorxs del transporte público y vía apps, lxs repartidorxs de delivery; el personal de salud y educación, que es altamente feminizado; las mujeres que en sus hogares se encargan mayoritariamente del trabajo de cuidados y afectivo -ese trabajo no remunerado, no valorizado, invisibilizado y no distribuido-. Para las clases populares trabajadoras quedarse en casa no fue, ni es, una opción; muchas personas necesitaron salir para llevar el sustento diario a su familia. ¿Y qué pasa con lxs repartidorxs y sus familias que no cuentan con seguridad social en tiempos de coronavirus? ¿Qué hace el Estado para cuidar su salud? ¿cuáles son las exigencias que recaen sobre las transnacionales dueñas de las apps en materia de garantías a la protección social de sus trabajadorxs?

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Los “paros internacionales” de repartidorxs y las movilizaciones en distintos países han logrado visibilizar al cuerpo que trabaja, logrando un reconocimiento político importante. Sin embargo, las luchas muestran su revés en la habilidad que tienen las empresas para eludir sus compromisos legales, fiscales y laborales, ya que pueden cerrar sus filiales y mudarse alegando “problemas financieros” justo cuando el plantel había logrado ser reconocido como trabajadorxs y sindicalizadxs. La medida que toma Fodoora Delivery Hero en Canadá un día antes del 1º de mayo es parte del ejemplo. En Argentina en los últimos dos meses se ha provocado una concentración del mercado de reparto en pocas empresas, a partir de que Glovo y UberEats anunciaron el retiro del país porque deciden “enfocar recursos y energía en otros mercados alrededor del mundo”. Frente a la falta de sanciones o inacción por parte de los Estados, nuevamente estas decisiones colocan en el centro a los mercados. En otros casos, las empresas de plataforma tienen sus estrategias para disminuir la conflictividad laboral o disciplinar, por ejemplo, frente al reclamo o huelgas deciden bloquear las aplicaciones a sus trabajadorxs, contratan nuevxs en su lugar, rebajan las categorías. Para quienes no pueden destinar una mayor cantidad de horas a la entrega de pedidos, en la asignación de sanciones y pedidos se imponen sesgos de género en la asignación algorítimica. Son las mujeres repartidoras que mayoritariamente hacen las tareas de cuidado en sus hogares. Y en el caso de los repartidores, son sus madres, esposas, novias o hermanas que realizan estas tareas. Esto significa que las mujeres se enfrentan a doble y triple carga laboral; tienen menos tiempo para descansar o destinar el tiempo a otras actividades. Es decir, son las mujeres y las disidencias sexuales

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que sostienen el trabajo en plataformas en base a su trabajo no pagado ¿cuán presente está la agenda de los cuidados en este sector de trabajadorxs? Es necesario traer al centro del debate la importancia de la sostenibilidad de la vida en el contexto de avance de una economía dominada por las plataformas, por la deslocalización y por el ritmo del comercio electrónico: ¿Cómo es posible pensar las estrategias de organización colectiva en este contexto?, ¿alcanza con hablar de boycott al sistema de pedidos de apps?, ¿cuáles son los alcances de los apagones virtuales y sus efectos en las ganancias de las empresas de plataformas? Como investigadoras, ciclistas y militantes feministas, estas reflexiones son el resultado de nuestros múltiples pedaleos, nuestros viajes en moto con ellxs, de nuestro apoyo en calles y paros. Nosotras apostamos a la extensión de redes de solidaridad internacional. Un acompañamiento activo, en el que establecemos diálogos sensibles, llevando mensajes y voceos. Tejemos puentes y plataformas para que las voces y demandas de lxs repartidorxs se escuchen. Frente a un recrudecimiento de regímenes necro políticos, nos queda disputar el sentido de esta pandemia y su salida. Por eso es urgente preguntarse por las condiciones en las que se está profundizando el conflicto capital-vida en el contexto de la pandemia, sea en su primera o segunda ola. Desde los sectores del poder corporativo se habla de la “postpandemia” y de la necesaria “reapertura” y “reactivación económica”. En más de nueve meses de pandemia, mientras las empresas de plataformas han multiplicado sus ganancias, no se ha avanzado en regulaciones que establezcan pisos mínimos de protección para lxs trabajadorxs “esenciales” que sostienen el #quedateEnCasa. La “nueva normalidad” está en disputa y frente a eso nos preguntamos ¿Cuáles son los cuerpos que importan?

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Algunos retos de las académicas mexicanas entre el teletrabajo y la reproducción de la vida, en tiempos de COVID-19 Lisseth Mariana Pérez Manríquez y Amaranta Cornejo Hernández Introducción Poco se ha hablado de las consecuencias que la pandemia de COVID-19 ha ocasionado sobre la vida de las mujeres, más allá de señalar el aumento de violencia dentro de los hogares. Al verse redirigidos casi todos los aspectos de producción y reproducción de la vida al espacio privado, los trabajos domésticos, de cuidado y de crianza se han intensificado para las mujeres de forma aún más pronunciada. Aquellas que ya habíamos logrado ocupar el espacio público, a través de nuestra participación en los procesos de producción del capital, nos vimos forzadas a regresar a lo privado, y junto a las que sin remuneración económica ya hacían la mayoría del trabajo de reproducción desde casa, comenzamos a percibir una mayor carga de trabajo. Consideramos que el poco abordaje de esta compleja situación se debe a que en la actualidad, social y culturalmente, se asume como natural la división sexual del trabajo, así como la persistente reproducción de roles de género, y por ende, se continúa asumiendo que las mujeres somos cuidadoras, por lo que invertimos más tiempo manteniendo el hogar y lo que esto conlleva, incluyendo el cuidado y bienestar emocional de quienes integran la familia. Todo lo anterior repercute en una invisibilización a la aportación no remunerada de las mujeres, y como 247

señala Silvia Federici, ésta se ha invisibilizado aún más con la llegada del COVID-19 (Bazán 2020); pese a que estas labores se encuentran en el centro de la reproducción de la vida. Así, reconocemos que el trabajo doméstico y de cuidados es el servicio más esencial que hay en el mundo y por lo tanto es vital visibilizarlo en las condiciones actuales de pandemia, pues la brecha de género que a las feministas tanto nos ha costado estrechar, nuevamente se está agrandando, dado que “cuando la reproducción y el cuidado de la vida aparecen como un aspecto fundante de la identidad femenina, se pierden los derechos que protegen nuestra condición de ciudadanas y trabajadoras” (Poblete, 2020). Tomando en cuenta lo apenas dicho, consideramos que es de suma importancia comenzar a analizar, visibilizar y actuar frente a las problemáticas manifestadas en los cuerpos y vidas de las mujeres como consecuencia de la pandemia. Desde el feminismo se ha evidenciado que las mujeres solemos ser las más perjudicadas en los procesos de crisis sociales y económicas, “esto es así porque mujeres y hombres ocupamos una posición diferenciada y en la mayoría de los casos desigual y desequilibrada en el acceso a los recursos económicos [...]; en el reparto de tiempos y trabajos; o en el acceso a los espacios de poder” (Galvez y Rodríguez, 2011: 113). En este capítulo haremos énfasis únicamente en algunas experiencias dentro de la comunidad académica. Puntualizamos una serie de preocupaciones, como la transición al teletrabajo; la importancia del trabajo de mujeres académicas en la generación del conocimiento, y las implicaciones de la pandemia en el desarrollo de sus labores y persona; así como la trama afectiva mediante el uso de tecnologías de la información para mantener las redes de

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resistencia colectiva. De forma puntual retomamos la experiencia de 19 académicas mexicanas, vividas hasta antes de agosto del 2020. El interés por estudiar y conversar sobre estas cuestiones surgió a partir de nuestras propias experiencias, pues en estos meses de trabajar desde casa hemos percibido un evidente cambio en nuestras rutinas, relaciones y vidas. Además, es importante entender la experiencia de las mujeres que laboramos en los espacios institucionales de generación de conocimiento y los impactos que la pandemia ha provocado en nuestros afectos y vidas, pues inevitablemente modifica la realidad social en sí. ¿Y por qué nos importaría la academia y las mujeres en y desde ella? Desde hace décadas, diversas epistemólogas feministas (Harding, 1996) señalaron cómo una ciencia que no reconoce las implicaciones del género se traduce en interpretaciones con un punto ciego histórico, en el cual las mujeres y nuestras necesidades específicas no son atendidas. Con el esfuerzo sostenido por miles de mujeres científicas hemos sido reconocidas como sujetos cognoscentes capaces de construir conocimiento, desde la complejidad socio-cultural y económica, en todos los campos del saber. Todo este logro colectivo se encuentra actualmente en riesgo en el contexto de crisis mundial que implica la pandemia de COVID-19. En abril de 2020, unas semanas después de la migración al teletrabajo comenzamos a ver que circulaba un artículo periodístico (Kitchener, 2020) que abordaba la disminución en la productividad de mujeres académicas, centrada en las publicaciones científicas hechas en revistas indizadas, principalmente. Esto nos llamó la atención, más allá 249

de la cantidad de publicaciones, porque nos remitía a preguntarnos, en primer lugar, cuáles eran las condiciones materiales y subjetivas que estaban provocando esto; en segundo lugar, nos intrigaban y preocupaban las repercusiones que este cambio tendría cuando nosotras y las colegas fuéramos evaluadas, pues sabemos que en México un parámetro es la cantidad de publicaciones que se realizan anualmente; por último, nos preguntábamos cómo esta ausencia en las publicaciones daba cuenta de la menor participación en investigaciones científicas. Así, entre julio y agosto del 2020 diseñamos un cuestionario para sondear la situación en México. Este instrumento lo enviamos a 19 académicas de seis ciudades, siete instituciones, y con distintas situaciones laborales. De este universo, el 47% reportó una afectación en su rendimiento laboral; 73% que incrementó su carga de trabajo, recibiendo la misma paga por más horas insumidas; 58% advierten una diversificación en su cúmulo de responsabilidades laborales; y el 32% reportó que éstas aumentaron. El texto de Caroline Kitchener, a la luz de la experiencia de las académicas con quienes trabajamos, nos lleva a indagar en torno a cómo la construcción histórica del sistema sexo-género se refleja en la academia, y en el contexto de la pandemia lo hace de forma intensificada. Veamos, la división sexual del trabajo que asigna a lo femenino el espacio doméstico y las labores de cuidado, ahora está en disputa con el espacio productivo en el mismo lugar, dando como resultado la dificultad para cumplir con los compromisos académicos de investigación, docencia y gestión académica, ya que al tener que realizarlos en casa, la histórica dinámica de roles de género nos lleva a las mujeres a tener que realizar labores de cuidado en los horarios que antes solíamos tener para lo académico. Los testimonios recabados por Kitchener hacen eco con la información 250

aportada por las académicas mexicanas, quienes reportan que diariamente dedican un promedio de cinco horas diarias a las labores de reproducción, de las cuales el tiempo que se invierte el 84% es en comprar y preparar alimentos, 79% lavar la ropa, 73% barrer y trapear la casa, 63% cuidar mascotas, y quienes tienen personas a cargo, dedican el 26% a cuidar personas mayores, y 32% a cuidar hijxs. Las implicaciones de la modalidad de teletrabajo se han convertido en una fuente de estrés adicional para las mujeres, puesto que en la situación actual se han intensificado los cuidados de personas mayores, con discapacidad, menores y enfermas; además se concurre con el estudio de hijas e hijos en el hogar (RUIGEU, 2020). De esta manera se han tenido que compatibilizar todas estas tareas con el uso personal del tiempo (autocuidado), para finalmente utilizar nuevas herramientas tecnológicas que permitan cumplir con las responsabilidades laborales. Así, tenemos entonces un panorama en el cual las académicas en México fusionamos los espacios de producción y reproducción en uno solo, con un marcado incremento de las actividades del primero, tensionando así la llamada armonización entre ambas labores; a tal punto que el tiempo para el desarrollo en las dimensiones de la investigación y lo personal queden rezagadas, configurando subjetividades por demás tensas y precarias. Lo anterior nos lleva a preguntarnos cómo podemos fortalecer una dinámica social que apunte al desmantelamiento de los roles de género que sostienen la división sexual del trabajo, y cómo hacerlo desde una lógica que reconozca el valor social de las labores de cuidado, como la base para poder realizar el trabajo productivo también en la academia. Consideramos que si esto no es tomado en cuenta en los procesos de evaluación que tendremos

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las académicas en los meses y años por venir, nos enfrentaremos al panorama descrito por Kitchener: afectaciones en los resultados que nos permitan fortalecer nuestras carreras profesionales en los ámbitos de la academia, o incluso mantener los puestos de trabajo que ya tenemos, o acceder a alguno. Es importante que las instancias de toma de decisiones y de evaluación revisen las dinámicas que privilegian el productivismo, bajo la ceguera de los procesos de producción social de la vida que sostenemos, incluso, con una base de doble/triple jornada que se está intensificando durante la pandemia. Por si fuera poco, también hemos percibido desde una lógica productivista la instauración de una dinámica de disponibilidad total laboral. La preexistente delimitación de horarios ha desaparecido y el teletrabajo nos está exigiendo una total disponibilidad de tiempo. Frente a esta apremiante situación, en la que la pandemia está contribuyendo en la profundización de la brecha de género, es fundamental que se comience a actuar desde las instituciones educativas. Consideramos que la regulación y manejo del teletrabajo deben ser reglamentados desde una perspectiva de género, pues es muy probable que las mujeres académicas nos estemos enfrentemos a más obstáculos al momento de desempeñar nuestras labores. No es cuestión de simplemente brindar capacitación para hacer uso de las tecnologías digitales, sino de aportar a la construcción de condiciones para que las mujeres tengamos posibilidad de seguir realizando el trabajo, sin que nuestra vida personal y rendimiento laboral se vean sacrificados. La trama afectiva y las mediaciones tecnológicas Ahora, si pasamos de la producción académica, con todos sus retos técnicos y tecnológicos, a la reproducción de la 252

vida, entramos a otra de las preocupaciones que hemos señalado páginas arriba: la dimensión subjetiva, centrada en la afectividad1. Así, consideramos importante recalcar que la disputa entre una lógica productivista y una que busca poner en el centro a la reproducción de la vida en el contexto de pandemia implica una tensión entre los espacios público, privado e íntimo2 de las académicas, el cual, como ya vimos, se traduce en una reducción en el tiempo de autocuidados de las mujeres, dado que el tiempo cotidiano lo dedicamos al trabajo doméstico no remunerado, en detrimento, ya no sólo de las labores del trabajo académico, sino también y quizá sobre todo de actividades recreativas, de descanso, ejercicio y/o socialización. En México, las mujeres aportan el 76.4% de las labores de cuidado y trabajo doméstico, mientras que los hombres el 23.6% (INEGI, 2019). La diferencia de este dato radica en que la diferencia en el aporte se basa en la percepción de que, por un lado somos las mujeres y seres feminizados quienes debemos estar a cargo de ello; y por el otro, de que estas actividades tienen menor valor productivo y social. No obstante, de todas las actividades que integran el cúmulo del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, son las labores de cuidado las que más consumen tiempo, energía, y tendrían así un mayor valor económico (INEGI, 2019), seguidas por la preparación de alimentos y limpieza de la casa, entre otros. Aquí vuelve a emerger la pregunta de quién cuida a quiénes nos cuidan y procuran cotidianamente. 1 Optamos por partir desde la noción de los afectos y no de lo emocional para reconocer que la afectividad señala justo el proceso de afectar y ser afectadxs en la vida social. Así, reforzamos la noción de interdependencia en esta dimensión de la vida social. (Garcés, 2013) 2 Sabemos que esta división en la vida cotidiana no se presenta tal como aquí la recreamos, ya que hacemos una división con fines analíticos que permita reconocer los efectos en y desde cada uno de estos espacios. 253

Es importante reconocer que ante esta crisis de cuidados catalizada por la pandemia y su consecuente cuarentena, hemos sorteado el colapso físico y emocional gracias, en gran medida, a la trama afectiva pre-existente. Dicha trama la conforman en su mayoría otras mujeres, con quienes apostamos a lo que Raquel Gutiérrez llama el entre mujeres, el cual es un espacio tan tenso como deliberado en su politicidad (2020). La trama afectiva, pre-existente al COVID-19, también la hemos intensificado al echar mano de las tecnologías digitales de comunicación, haciendo uso de estas herramientas no sólo para trabajar, informarnos y comunicarnos, sino para nutrir vínculos. Estos, en una crisis como la actual, resaltan la condición de interdependencia que nos constituye en tramas, y nos aleja de la noción enajenante e individualista propia del capitalismo. Este uso de ciertas tecnologías nos permite re-construir una infraestructura que imbrica lo afectivo con lo tecnológico (Zaragoza, 2020), potenciando a ambos como la argamasa que ponga en el centro a la reproducción de la vida a partir de algo tan vital como la empatía (López y Sandoval, 2020). Si en el teletrabajo las tecnologías digitales de comunicación están instaurando una dinámica de disponibilidad total encaminada a la productividad, y esto nos coloca frente al reto de marcar límites sobre nuestro tiempo, espacio y energía vitales, en la reproducción de la vida esas mismas tecnologías nos permiten gravitar desde la interdependencia. Es decir que los vínculos de nuestras tramas pueden ser más o menos contingentes -dado que responden a la mutabilidad social que implica un virus “nuevo”sin embargo, la convivencia y organización desde una lógica de tramas, nos permite disputar lo afectivo y tecnológico como algo en lo que incidimos de forma colectiva.

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Así, una infraestructura como la que señalamo, creada en el entre mujeres, deviene un acto profundamente político cuando tomamos conciencia tanto de nuestra vulnerabilidad como desde nuestro quehacer en la reproducción de la vida. Tal infraestructura, en la situación presente, ha implicado que todas las académicas con quienes trabajamos actualmente utilizan más de una aplicación digital para nutrir esa red, frente al hecho de que antes de la pandemia, sólo el 42% era usuaria de las plataformas digitales; otro 42% lo era de forma esporádica, y el 16% no las usaba nunca. La intensidad en el uso actual varía, así como las personas de su red afecta con quienes se comunican. El feminismo, trinchera de resistencia para asegurar la reproducción de la vida El feminismo no para, pues como lo señalan Mina Navarro y Raquel Gutiérrez (2018), las redes relacionales producto de estas luchas son fundamentales para asegurar la reproducción simbólica, afectiva y material de la vida. La interdependencia es elemental en este momento en que la pandemia ha develado la cara más despiadada del capitalismo, puesto que las mujeres hemos resultado las principales afectadas. Así, pese a un inmenso aumento de la violencia, opresión y marginación en contra de las mujeres como resultado de la crisis de salud y la consecuente crisis económica, a nivel global las diferentes resistencias feministas permanecen conectadas y en resonancia. Las mujeres, dentro y fuera del hogar, seguimos ocupando las primeras filas en las contiendas; las que reciben los impactos más acentuados de esta crisis y de otras. Es así que desde la academia y ahora desde los espacios digitales, nos organizamos, cuestionamos y nos sumamos, pero sobre todo, nos oponemos para evidenciar los embates de 255

la pandemia en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Pese a las adversidades, las interminables labores en el hogar, el cuidado de las y los demás, el escaso tiempo para el autocuidado y las dificultades para sacar a flote el teletrabajo, nos hacemos momentos para sostener nuestras propias batallas y las de las demás. La interdependencia y la interconexión convergen para que aun cuando la prolongación del confinamiento nos obliga a estar separadas, permanezcamos vinculadas, porque las luchas de las mujeres y la reproducción de la vida lo son todo y no se detienen. Recapitulemos... Como lo reflexionamos a lo largo del texto, la pandemia y el consecuente confinamiento han traído significativos impactos en las vidas de todas las mujeres, sin embargo, en estas páginas hemos meditado en específico sobre las dificultades que las mujeres académicas hemos tenido que enfrentar en esta nueva realidad. Analizamos distintas problemáticas alrededor de la prevalencia de la división del trabajo, la reiteración de los roles de género y las implicaciones de lógica capitalista, puesto que son elementos que han abonado a la ampliación de la ya existente brecha de género. La reproducción de la vida y lo que conlleva, en su mayoría sigue recayendo en las manos de las mujeres, lo cual ha dificultado el desempeño laboral de las académicas. Como resultado del confinamiento, es una realidad que las mujeres estamos mermando nuestra productividad académica, y que nuestra participación en la generación del conocimiento se está viendo reducida, a pesar de que hemos tenido un aumento en la carga laboral.

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Lo aprendido y lo por venir De todo lo analizado y reflexionado en este texto rescatamos la insistencia en poner la reproducción de la vida en el centro de toda acción a realizar de aquí en adelante, y hacerlo desde una clave feminista porque ésta nos permite resquebrajar el sedimento de la división sexual del trabajo, ya que ésta se basa en una matriz patriarcal de expoliación y extractivismo, de dominación. Consideramos vital poner nuestras energías en construir espacios desde el entre mujeres en tanto politización de la vida cotidiana, politización consciente y crítica a las desigualdades y brechas que existen entre las académicas en México. A su vez, la práctica de la interdependencia nos permitirá hacer conciliaciones de las separaciones que el patriarcado ha instaurado, de esta forma, la construcción de alternativas durante y después de la pandemia se harían en colectividad, como respuesta a la enajenación e individualización capitalista que depreda como resultado de un borramiento de las tramas interdependientes entre lo humano y lo no-humano. Además, consideramos que es vital seguir trabajando para conocer la situación que atravesamos las académicas, no sólo en México, tanto para aportar a la documentación y análisis y evitar así la invisibilización epistémica que señalamos al inicio de este texto, como para contar con elementos que nos permitan hablar sobre la importancia de la armonización entre el trabajo reproductivo y productivo, de forma que las instituciones desarrollen políticas que la garanticen.

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Asamblea de Trabajadoxs en Tiempos de Pandemia Activismo virtual y estrategias políticas frente a la crisis global Viviana Norman Una pandemia anunciada La pandemia de COVID-19 se volvió un lugar común en discursos y acciones a nivel global, sea para los gobiernos, lxs intelectualxs o para la población que vivió con desconcierto la irrupción de las transformaciones en su cotidianeidad. En Argentina, el gobierno decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en marzo de 2020, con el propósito de preservar la salud–enunciado en términos de cuidados- y acondicionar el sistema de salud pública, insuficiente y dañado, para responder a la demanda. Las voces de la intelectualidad del norte abrieron un abanico de explicaciones que no obviaron el negacionismo al estilo Agamben, que señaló a los medios de comunicación y a los gobiernos por imponer un estado de excepción (2020), o entender la pandemia como oportunidad para un cambio estructural, a partir de profundizar la comprensión sobre la conexión entre la expansión de la pandemia y el modelo socioeconómico de las sociedades modernas (Zizek, 2020). Los matices abundan pero no es propósito polemizar sobre ello. De lo que se trata aquí, es recuperar las estrategias que construyen los feminismos para dar batalla a esta pandemia anunciada y preparar redes para afrontar lo que nos deje cuando pase. Coincidimos con la afirmación de Ángela Davis: “Muchas per261

sonas se dan cuenta que el capitalismo no está preparado para responder a las necesidades de la gente y de otros seres de este planeta. El capitalismo global es responsable de la imposibilidad para abordar esta pandemia. También es responsable del gran número de personas en prisión, del alto costo de la atención médica, la vivienda y la educación. Las personas hoy tenemos la capacidad de darnos cuenta de que no tenía por qué ser así.” (2020) Los feminismos se nutrieron de las experiencias de las luchas y levantan reclamos que son transversales a todos los sectores sociales. Esto, los constituyó como un catalizador de voluntades y de causas militantes que exceden a las de las mujeres, e incluyen a otras identidades sexo genéricas, las diversas formas de opresión heteropatriarcales y las injusticias producidas por la inacción de las instituciones frente al avance descarnado del mercado sobre nuestras vidas, haciéndolas cada día más precarias. El rol del estado es central en la relación sociedad-estado-mercado, donde éste último, se queda con la mejor tajada. Mientras tanto, seguimos activxs y exigentes; aun en estos tiempos raros no estamos dispuestxs a detenernos hasta que llegue la nueva a-normalidad. No nos calmamos nada Apenas pasadas unas semanas de establecido el ASPO y, tal vez, con la única certeza de tener interrogantes frente al confinamiento, muchxs de nosotrxs acudimos al convite hecho por la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiña y la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Géneros (AAIHMEG) para realizar una asamblea de trabajadorxs en tiempos de pandemia, de manera virtual. El acuerdo tácito que

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aún motiva juntarnos cada jueves1 radica en que, lejos de agotarse, las urgencias se reactualizan y las respuestas se demoran. Y desde los feminismos, nos situamos para dar batalla porque nos hacemos un hueco afectuoso para arroparnos, tejer complicidades y desarmar incomodidades. Pensamos que esta herramienta política, devenir y práctica de vida, es el lugar donde enlazar las luchas para lograr las transformaciones pendientes y las que soñemos juntxs. Para nosotrxs, “la potencia de los feminismos cuestiona sus propias estructuras. Interpela y hace repensar con quiénes y para quiénes es posible transformar y construir” (Hoyos, 2020) otras condiciones y maneras de habitar los territorios.

Flyer de convocatoria 28 Asamblea

1 Desde el 16 de abril hasta el 12 de noviembre de 2020 se han realizado 29 asambleas. 263

En las casas, en las camas, en las calles o…en la virtualidad; no hay lugar o manera en la que no podamos improvisar encuentros e inventar otros debates sobre nuestras existencias. La opción por esta “conexión” virtual primero fue recurso y luego mutó en herramienta política para resistir el encierro real que deparaba el confinamiento. En estos meses la asamblea se convirtió en el medio para acercarnos con quienes “apenas” nos separan los kilómetros. De ese modo, a través de sus presencias, conocimos las vivencias de sus territorios. A partir de ese diálogo, a los ejes urgentes que atravesábamos en la pandemia le sumamos esos otros temas que supimos en cada nueva intervención. El compromiso desde entones es contribuir a agitar la visibilización de las injusticias y las deudas pendientes respecto de nuestras condiciones de vida. Cada asamblea, nos arrima para escuchar esas voces y juntxs hacerlas grito en nuestros pronunciamientos colectivos. Porque además, esas miradas y voces se renuevan, y hacen de estas asambleas un lugar crítico, plural y federal. Ponemos las urgencias sobre las mesas Al ritmo de las noticias y de una cuarentena que se diluyó en su propio suceder, percibimos que esta situación nos mantendría atrapadxs largo tiempo. Era necesario reflexionar sobre las cuestiones que habían quedado a la vista, apenas caído el velo que cubría no pocas conciencias. “Si algo nos ha mostrado esta pandemia es lo ligados que estamos, lo profundamente entramados y no sólo entre humanos sino con todas las criaturas y entidades de la naturaleza” (Najmanovich, 2020). Para trabajar sobre esos emergentes, se constituyeron tres mesas con el propósito de reflexionar y producir nuevos saberes de manera colectiva, y construir formas de or264

ganización y resistencia, que nos imponen estos tiempos. Mesa 1; Condiciones laborales en la virtualización; Mesa 2: Trabajadorxs esenciales para la sostenibilidad de la vida y Mesa 3: Salidas feministas ante las violencias, los punitivismos y las exclusiones en tiempos de pandemia. Desde las mesas, se lanzaron campañas que sirvieron como canal para hacer públicos los reclamos del activismo virtual. Las preocupaciones se recogieron de los testimonios sobre los territorios del país que habitamos –también se sumaron voces de los territorios de Abya Yala- quienes coincidieron con nuestra inquietud frente al peligro para la existencia de toda forma de vida. Lo regional es dimensión necesaria para idear las estrategias feministas frente a lo que hoy se manifiesta en clave de la pandemia. Sin embargo, sabemos que la precarización de la vida no es excepción sino regla del neoliberalismo. El reconocimiento de las identidades y los territorios introdujo el debate acerca de las tensiones presentes, que no escapa a los feminismos, entre los privilegios y la opresión, le dieron a esta trama una oportunidad para los propios debates que nos atraviesan y avanzar para generar compromisos desde adentro atendiendo a la interseccionalidad (Crenshaw, 1989; Collins, 2000). Desde la Mesa 1, se enfatizó en las condiciones en que transcurre el teletrabajo/trabajo remoto, que se mezcló con las tareas de hogar, el cuidado no remunerado y que recaen sobre nosotrxs. Las obligaciones escolares, con internet intermitente, un solo dispositivo familiar. Todo nos hace colapsar. Nos sentimos presionadxs por horarios que jamás se ajustan a las jornadas de trabajo, lo que obliga a detenerse en el incumplimiento de derechos laborales durante la pandemia.

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Campaña sobre teletrabajo. Mesa 1

En la Mesa 2, se recuperaron testimonios de quienes no cesaron de cuidar, producir, alimentar. Es decir, quienes son esenciales para el sostenimiento de la vida. A pesar de la centralidad de estas tareas para la reproducción social de la vida, se recuperaron historias que revelan el modo invisible en el que opera la explotación capitalista aun fuera de la relación salarial y su función disciplinadora (Federici, 2018).

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Placas correspondientes al video de la campaña de la Mesa 2 sobre sostenibilidad de la vida

Y en la Mesa 3, se trataron las violencias y sus diversas manifestaciones; se mostró, a través de una campaña gráfica en las redes, cinco ejes que de ningún modo agotan la gravedad del tema. Seguridad no es cuidado, nociones equiparadas desde el discurso oficial para referir al ejercicio de las fuerzas de la seguridad, nos alertaron para ver cómo se extendieron los territorios de control, la gestión del miedo y los instrumentos usados para lograr el disciplinamiento social. El racismo en nuestras sociedades que es estructural, aun cuando no lo aceptemos. El derecho a la salud integral que se mezquina, a pesar del argumento oficial de que es prioridad. La violencia sexista y machista que recrudece en los hogares como consecuencia del confinamiento: no paran de matarnos y seguimos contando

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feminicidios y travesticidios. Por último, la campaña sobre el avance de los grupos conservadores, que niegan derechos, oponiéndose a una supuesta ideología de géneros que vendría a subvertir un orden natural de los sexos.

Placa de la campaña de la Mesa 3 sobre cuidados y violencias

Merecer las vidas Fuimos testigxs de las imágenes y fotos que ilustraban las notas periodísticas sobre el despojo territorial en todas sus formas. Escuchamos en primera persona sobre las formas de producción basadas en la explotación capitalista extrema, de los recursos ambientales y del trabajo que afectan nuestrxs cuerpxs, la tierra, el clima, la geografía,

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que alcanza también a nuestras latitudes porque el afán de acumulación de capital no conoce de fronteras. Los incendios, el agro negocio aliado del extractivismo impone modelos de depredación del medio ambiente y atenta contra toda vida humana, animal y vegetal, y provee alimentos envenenados que enferman y matan. La mega minería y la extracción de combustibles contaminan los ríos y pueblos enteros. Comunidades que luchan para detenerlo, como sucede en Chubut con el histórico movimiento NO A LA MINA, reciben represión y la acusación de “ecoterrorismo” por los medios de comunicación hegemónicos. Supimos del avance de los capitales del turismo, que en Bariloche se les entrega concesiones con ganancias millonarias, con el argumento de la generación de puestos de trabajo mientras se desconoce el hábitat del pueblo mapuche. Quienes trabajan en Parques Nacionales, alertaron sobre los intentos por avanzar sobre estos, con lógicas nuevamente extractivistas y destructivas, que cuentan la complicidad de las autoridades locales y ejecutores de la violencia institucional. Desde Santa Fe y Entre Ríos, supimos de la quema de los humedales, a la par de la negativa de legislar una ley que los proteja. Sentimos la desesperación de las compañerxs de Córdoba y San Luis, frente a los incesantes focos de incendios sobre bosques nativos. Nos indignamos por el desalojo de Guernica y de quienes resistían la especulación inmobiliaria que restringe la posibilidad de una vivienda digna. Rechazamos la imposición de esas lógicas del mercado y de la depredación del planeta que habitamos. Todas esas formas de violencias hetero patriarcales se manifiestan en nuestrxs cuerpxs y en nuestros territorios. Nos condena también a decidir en clandestinidad sobre nuestrxs sexualidades y nos empujan a practicarnos abortos inseguros. Estas asambleas se constituyen en lugar de 269

encuentro para pensar y reconocer colectivamente que no queremos volver a una normalidad cargada de violencias, racismos, exclusiones y saqueos. Sabemos que esas diversas formas de violencias y arrebato de nuestros derechos van juntas. “El racismo es una cuestión feminista, la falta de vivienda es una cuestión feminista, la abolición de las cárceles es una cuestión feminista” (Davis, 2020) por eso, estas asambleas nos convocan a construir formas contra hegemónicas de imponer el consumo y de organizar nuestras vidas, y construir feminismos anticapitalistas, antirracistas, descoloniales, antipatriarcales.

Referencias Agamben, G. (2020). “La invención de una epidemia en Ficción de la razón”, Ficción de la razón. https://ficciondelarazon. org/2020/02/27/giorgio-agamben-la-invencion-de-una-epidemia/ Crenshaw, K. (1989). “Demarginalización de la intersección de la raza y el sexo: una crítica feminista negra de la doctrina antidiscriminación, la teoría feminista y la política antirracista” en Foro Legal de la Universidad de Chicago: vol. 1989, artículo 8. https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8 Davis, A. y N. Klein (2020). “Imaginarios para salir del desastre”, Revista Anfibia. Entrevista realizada por Lucía Sbriller y Solana de la Torre. http://revistaanfibia.com/ensayo/imaginarios-salir-del-desastre/?fbclid=IwAR1KSAQ7AzaF4BvzJJicgJj2n59T_XzStD6mNcGFZMg5r78YY_Y9yRjJk90 Federici, S. (2018). El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones.

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Hill Collins, P. (2000). Distinguishing features of black feminist thought, Black Feminist Thought. Nueva York: Routledge. Hoyos, S. (2020). “De privilegios y opresiones: ¿qué sabemos de feminismo e interseccionalidad?”, Latfem,. 27/07/20. https://latfem.org/de-privilegios-y-opresiones-que-sabemos-de-feminismo-e-interseccionalidad/ Najmanovich, D. (2020). “Pensar en tiempos de pandemia”, BiodiversidadLA. 20/10/20. http://w w w.bio diversidad la.org/D o c umentos/Pen sar-en-tiempos-de-pandemia?fbclid=IwAR37UU5jXLf8RTcIQtiCYIIWQp3DeTkuW_kYq5HrdfJhmFoJZEHxqaNcapk Zizek, S. (2020). “Los efectos de la crisis según Zizek: ‘No habrá ningún regreso a la normalidad’”, La Vanguardia. Entrevista de Justo Barranco. España. 07/05/20 https://www.lavanguardia.com/libros/20200507/481007665603/ zizek-pandemia-libro.html

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Autoras Nalu Faria es psicóloga y educadora popular; integra el equipo de la SOF Sempreviva Organização Feminista, ONG con base en São Paulo, Brasil, donde desarrolla actividades de asesoría, articulación, formación y reflexión feminista. Participa de la REMTE (Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía) y es militante de la Marcha Mundial de las Mujeres, es actualmente integrante de su Comité Internacional. Miriam Nobre es ingeniera agrónoma; master por el Programa de Estudios en Integración de América Latina - PROLAM-USP. Integra el equipo de SOF Sempreviva Organização Feminista, ONG con base en São Paulo, Brasil, donde desarrolla actividades de formación e investigación-acción en agroecología, economía feminista y economía solidaria. Es militante de la Marcha Mundial de las Mujeres cuyo secretariado internacional coordinó entre 2006 y 2013. Renata Moreno integra el equipo de SOF Sempreviva Organização Feminista, ONG con base en São Paulo, Brasil, es activista de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil, desde donde participa en procesos como la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo y sigue los temas de Economía Feminista crítica al poder corporativo y digitalización. Es doctora en Sociología por la Universidad de Sâo Paulo, con investigación sobre el cuidado de niños en São Paulo desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida. 272

Andrea Sato Jabre es Profesora de Estado y Licenciada en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago de Chile, Magíster en Sociología de la Modernización de la Universidad de Chile, en la actualidad es investigadora en Fundación SOL. Ha desarrollado estudios e investigaciones relacionadas a las mujeres en el mundo del Trabajo y Economía del Cuidado desde perspectivas sociohistóricas. Ana Felicia Torres Redondo es educadora popular, antropóloga social y teóloga. Militante feminista desde los años 80. Fundadora e integrante del Movimiento Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna. Integrante del Consejo Directivo de la Red de Educación Popular entre Mujeres -REPEM. Actualmente está dedicada a realizar procesos de educación popular con mujeres de sectores populares. Ana Maria Morales Troya es antropóloga feminista ecuatoriana. Realizó sus estudios de pregrado en la Universidad San Francisco de Quito, estudió la Maestría en Antropología Social en FLACSO, Argentina. Actualmente es doctorante en Antropología Social en la Universidad Nacional de San Martín Argentina. Sus estudios se han focalizado en las construcciones raciales y de género y, la economía feminista en Ecuador. Es co editora de Revista Amazonas, una revista feminista que publica artículos en español y portugués. Es parte del GT de Economía Feminista Emancipatoria y del GT de Economías Populares: mapeo teórico y práctico de CLACSO.

Corina Rodriguez Enriquez es economista (Universidad de Buenos Aires), Magíster en Políticas Públicas (Institute of Social Studies, La Haya, Holanda), Doctora en Ciencias Sociales (Flacso, Sede Académica Argentina). Investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) con sede en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp) en Buenos Aires. Docente en Universidades Nacionales públicas de Argentina. Miembro del Comité Ejecutivo de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN), una red feminista del Sur Global. Ha escrito extenso sobre economía del cuidado, y políticas sociales y fiscales desde la mirada de la economía feminista. Ana Patricia Castillo Huertas es feminista, activista y académica guatemalteca; ha acompañado y gestionado los procesos agrarios para la reincorporación de excombatientes y población desarraigada por el conflicto armado interno en Guatemala. Especialista en desarrollo rural, políticas agrarias y derechos de las mujeres rurales, indígenas y campesinas. Licenciada en Desarrollo Sostenible (Universidad URACCAN de Nicaragua), Magister en Políticas Públicas (Universidad Rafael Landivar de Guatemala), Maestra en Estudios de Género y Feminismo (Facultad de Ciencias Sociales Guatemala), está preparando la tesis doctoral en Ciencias Sociales (Universidad de San Carlos de Guatemala). Kelly Johana Peña Riveros es investigadora y activista feminista. En la actualidad hace parte de la Confluencia de

Mujeres para la Acción Pública en la Amazonía colombiana. Es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia y aspirante a Mg. en Antropología social de la UNSAM/ IDES/IDAES de Buenos Aires (Argentina). Flora Partenio es militante feminista y lesbiana. Integrante de la red DAWN. Dra. en Ciencias Sociales (UBA). Docente-investigadora en universidades públicas de Argentina. Co-coordinadora de la Escuela de Economía Feminista. Kruskaya Hidalgo Cordero es Lesbofeminista en senda decolonial. Cuenta con una maestría en Estudios de Género (CEU). Integra la Red Interuniversitaria de Estudios Feministas sobre las Violencias contra las Mujeres, el Observatorio de Plataformas y Revista Amazonas. Belén Valencia Castro es feminista y ciclista anticapitalista y anticolonial. Es investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos (lEE) y del Observatorio del Cambio Rural (OCARU). Forma parte de Ruda Colectiva Feminista y de Ciclovélicas, Ecuador. Lisseth Mariana Pérez Manríquez estudió la licenciatura en comunicación y posteriormente la maestría en Estudios e Intervención Feministas. Se ha dedicado al diseño y desarrollo de procesos de comunicación con enfoque social desde diferentes organizaciones y causas de la sociedad civil. Sus temas de investigación están dirigidos al análisis de tecnologías y procesos de la comunicación, actualmente desde un enfoque feminista.

Amaranta Cornejo Hernández es académica y activista feminista, de perfil académico interdisciplinario, cuyo hilo conductor son las teorías propuestas desde el género, el feminismo, la comunicación radical, y las emociones sociales. Doctora en Estudios Latinoamericanos (2013) por la UNAM. Maestra en Desarrollo Rural (2004) por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Licenciada en Lengua y Literatura Inglesas por la UNAM (1998). Integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género, de la Red de Investigación en Estudios Socio Culturales de las Emociones, y del Grupo temático CLACSO en Economía Feminista Emancipatoria. Publicó libros y revistas académicas, teoría literaria y diversos artículos periodísticos. Para sonreírle a la vida disfruta de la ficción, la poesía, el baile, y el chocolate. Viviana Norman es socióloga feminista. Magíster en Investigación en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigadora en el GEPoJU- IIGG/ UBA- Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Las líneas de trabajo son: activismo juvenil en relación al estado, su implicancia en los procesos de producción de políticas públicas para jóvenes y la producción socio-estatal de las juventudes. Géneros y sexualidades, feminismos y aborto. Activista de la Campaña nacional por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito y de la Asamblea de trabajadorxs en tiempos de pandemia.

Índice Presentación Cristina Carrasco en diálogo con Editorial Madreselva INTRODUCCIÓN La vida en pandemia: una mirada desde la economía feminista Cristina Carrasco Bengoa

CRISIS DE REPRODUCCIÓN Y PANDEMIA EN ABYA YALA Trabajo, comida y solidaridad: miradas sobre la pandemia en Brasil desde las mujeres en movimiento Nalu Faria, Miriam Nobre, Renata Moreno

“Donde comen tres, comen cuatro” Crisis de la reproducción social en Chile y su agudización en tiempos de pandemia Andrea Sato Jabre

Mujeres y COVID-19 en Mesoamérica: Reflexiones desde la experiencia de las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna Ana Felicia Torres 109

Las tramas de interdependencia entre la precariedad y destierro. El caso de Ecuador Ana María Morales Troya 129 De la profecía autocumplida a la sostenibilidad de la vida ¿Puede ser la pandemia el punto de inflexión para construir otra economía? Corina Rodríguez Enríquez 143 Recuperar la producción campesina de alimentos en tiempos de COVID-19, esa es nuestra decisión Ana Patricia Castillo Huertas 171 CON LA LUPA DE LA ECONOMIA FEMINISTA EN LOS TERRITORIOS DE ABYA YALA ALGUNAS EXPERIENCIAS PARTICULARES DE REEXISTENCIA Nükak: contacto inicial, despojo y resistencias de las mujeres en el noreste de la Amazonía colombiana Kelly Peña Riveros 189 Frente a la precarización global, organización internacional Un análisis feminista del trabajo y de las resistencias de lxs repartidorxs de las plataformas digitales en tiempos de COVID-19 Flora Partenio, Kruskaya Hidalgo Cordero y Belén Valencia Castro 215