La Habana, ¿paz de los vencedores o de los vencidos? (2ª Parte)

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La Habana, ¿paz de los vencedores o de los vencidos? (2ª Parte) Por Gearóid Ó Loingsigh Se anunció el inicio de un proceso de la paz con las FARC con bombos y platillos y convocaron a la prensa, gobiernos, ONG, la ONU etc. para un evento en Oslo que daría inicio al proceso. Era una rueda de prensa glorificada donde cada parte intentó quedar mejor que la otra. Como en todos los procesos de paz hubo un intento de sentar las bases del discurso público sobre el proceso como tal. Iván Márquez el comandante de las FARC dio un discurso muy acertado en muchos puntos sobre la realidad de Colombia. Difícilmente el gobierno podía negar la realidad. Márquez afirmó que “En Colombia no hay economía nacional. Quienes exportan petróleo, carbón, ferroníquel y oro, y se benefician con ellos, son las multinacionales. La prosperidad, entonces, es de estas y los gobernantes vendidos, no del país.” Pero una descripción de la realidad puede hacer cualquiera y el gobierno no se molesta, pero intentar dar la impresión que las FARC iban a negociar esos puntos era otra cosa. El jefe de la delegación estatal Humberto de la Calle fue enfático, el modelo no estaba en discusión. El Estado colombiano es un estado de mentirosos, criminales y corruptos. Cuando uno lee sus informes presentados ante entidades internacionales como la ONU, se ve con claridad que la mentira cae de los labios de un representante del Estado con más facilidad que la verdad. Pero no se trata de una cuestión de la poca honestidad. Podemos creerle a De la Calle por una simple razón: el Estado no está derrotado y no hay nada que indique que la burguesía siente la necesidad de hacer concesiones mayores de fondo como sería en el caso de la política minero-energética. Si quisieran, podrían hacer esos cambios sin necesidad de negociar con la guerrilla, pero han hecho todo lo contrario, profundizando las políticas estatales en materia de minería, el agro, los derechos humanos etc. Semejante espectáculo se vio en Irlanda donde el IRA y Sinn Féin hicieron sus declaraciones duras, por poco declarando la victoria, y hoy sabemos que el invicto estado británico tenía más razón, ellos no se iban del país. Márquez también afirmó que “la locomotora minero-energética es como un demonio de destrucción socioambiental, que, si el pueblo no la detiene, en menos de una década convertirá a Colombia en un país inviable”. Eso es cierto, pero surge la pregunta entonces ¿por qué a cambio de dinero varios frentes de las FARC permiten la entrada de maquinaria minera a las comunidades campesinas, y los territorios de los pueblos negros e indígenas? Si quieren apostar a una nueva Colombia deben ser coherentes y consecuentes. Aunque el ELN no está en negociaciones con el Estado en este momento, se les puede hacer la misma pregunta, pues varios de sus frentes hacen lo mismo que las FARC respecto a la minería. Realmente el discurso de Márquez fue un ejercicio en relaciones públicas. Estaba diciendo a su base que iban a negociar una Colombia nueva, y como las negociaciones son secretas nadie iba a poder llevarle la contraria hasta el final del proceso cuando seguramente, nos habríamos olvidado de las declaraciones duras o revolucionarias hechas durante el proceso. Sin embargo, a pesar de la manta de secretos en que han envuelto el proceso nos incumbe intentar mirar por donde va el proceso y la naturaleza de los “acuerdos” con el gobierno. El


primer punto en la agenda fue el tema agrario, algo lógico teniendo en cuenta la desigualdad en la tenencia de la tierra en Colombia y los orígenes de las FARC como organización campesina. El primer acuerdo firmado fue el de la cuestión agraria. Se recibió con regocijo y como los feligreses evangelistas, los intelectuales, periodistas y ONG alzaron sus brazos y gritaron con alegría “alabado sea el señor, soy salvo” y las lágrimas corrieron por sus mejillas como sólo puede pasar a los que tienen fe. A los demás, nos tocó mirarlos y preguntar ¿cómo saben que los han salvado? ¿Qué es lo que han visto que nosotros no hemos podido vislumbrar? Fernanda Espinosa afirma: Es histórico el acuerdo que se hizo público el pasado 26 de mayo de 2013 entre las Farc y el gobierno. Lo firmado en La Habana no tiene antecedentes, es una conquista de fuerzas sociales que quieren la solución política...1 ¿Histórico? ¿Sin antecedentes? ¿Conquista de fuerzas sociales? Surge una pregunta, ¿Cómo sabe Espinosa que el acuerdo es histórico y sin antecedentes? Pues el acuerdo es secreto, oficialmente, nadie fuera de los equipos negociadores lo han leído. Sí, emitieron algún comunicado y luego se publicaría un informe sobre el acuerdo, pero los detalles del acuerdo como tal no son de dominio público. Nada de eso impide que los hinchas del proceso digan lo que les convenga, no importa cuán poco fundamento tiene, lo importante es apoyar al proceso y como el predicador evangelista, enardecer la multitud a favor del proceso y que todos digan al unísono, “alabado sea el señor”. Alfredo Molano, por una vez en su vida, fue algo más realista en su opinión, reconociendo los límites del acuerdo pero a la vez afirmando que todo eso es muy bueno. El acuerdo sobre tierras firmado en La Habana por el Gobierno y las Farc es un marco, aún genérico, que amojona no sólo los límites dentro de los cuales podrán moverse las partes para avanzar sobre otros puntos, sino la almendra que deberá ser molida para convertirse en artículos concretos del tratado que la negociación busca. La gente —para usar el lenguaje del comunicado— esperaba un texto más específico que hablara, por ejemplo, de hectáreas, platas y fechas. Con prudencia los delegados no cayeron en ese campo minado que tienen preparado el uribismo, el paramilitarismo y los latifundistas. Algo se ha aprendido de las negociaciones pasadas, razón por la cual los términos usados por las partes son distintos. Hay que señalar, por último, que este acuerdo es el primero que firman las Farc y el establecimiento sobre el tema agrario. Falta el trabajo de cincel, pero si este paso es seguido de los cinco que faltan, el camino hacia una “paz sin victoria” quedaría 1 Espinosa, F (31/05/2013) Del Acuerdo Agrario A La Construcción De La Paz www.palabrasalmargen.com


despejado.2 El texto de Molano es algo más honesto frente a lo que se sabe sobre el contenido del acuerdo pero es igualmente deshonesto. El acuerdo es poco preciso y usa un lenguaje genérico no por una supuesta prudencia, o la habilidad de los negociadores sino porque las FARC han acordado bien poco con el Estado, es decir que no esperen mayor cosa sobre la cuestión agraria. Fue precisamente el lenguaje genérico que permitió que el estado salvadoreño incumpliera lo acordado con el FMLN. Molano ensalza que las partes usen términos distintos, pero si usan términos distintos no es otra gran estrategia sino es que están diciendo cosas distintas. Unos quieren tranquilizar a su base y a los hinchas recién adheridos a su causa. El Estado, el que tiene el poder, está diciendo aquí ganamos nosotros, ¡qué lo sepan! Otra vez se repiten las prácticas del modelo irlandés, y ya sabemos que esto acaba en lágrimas. Las FARC volvieron al tema en un comunicado seis meses más tarde y dijeron que: ...es impensable que en un proceso, como el que adelantamos, se pueda pasar por alto que es necesario devolverle la función social a la propiedad. De ahí que el sexto mito es ilusionarse con que la paz estable y duradera podría ser posible sin acabar el latifundio y sin frenar la extranjerización de la tierra.3 Hay una confusión en el texto, en las sociedades capitalistas la propiedad no tiene función social, que no sea que se entienda la acumulación capitalista como social, y sabemos que las FARC no consideran eso como una función social. El término delata una ingenuidad frente a las posibilidades y alcances del proceso. Es cierto cuando dicen que hay que acabar con el latifundio y la extranjerización de la tierra, pero eso no se ve en el Informe Conjunto. Se ve todo lo contrario. Debemos recordar que después de firmar este acuerdo el gobierno salió a tranquilizar a los terratenientes, diciendo que se respetaría la propiedad privada. No puede haber una reforma agraria respetando a la propiedad privada. El Informe Conjunto sobre el acuerdo agrario nos da algunas luces sobre el contenido del acuerdo, por vago y genérico que sea en su lenguaje. El mismo informe repite ese lenguaje genérico, hay muy poco concreto en el documento. Según el texto “El acuerdo reconoce que las zonas de Reserva Campesina son una figura que tiene el Estado para promover la economía campesina y contribuir al cierre de la frontera agrícola y la producción de alimentos.”4 Por supuesto reconoce la figura jurídica de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) pues existe en la legislación colombiana. Difícilmente podrían desconocerla. Eso no es ningún avance, y de hecho reconocer las ZRC ya existentes o en proceso de formalización tampoco lo es, es algo ya logrado. Las ZRC no significan más tierra para los campesinos, significan un cierto blindaje jurídico sobre el uso y la enajenación de la tierra. Dicho blindaje puede ser revocado, debemos recordar que la sublevación zapatista en México en 1994 fue precisamente por la derogación del artículo 27 de la Constitución, uno de los logros de la 2 Molano Bravo, A (El Espectador 01/06/2013) Paz sin victoria, www.elespectador.com 3 Comunicado de las FARC-EP (23/01/2014) Sobre proceso de paz: mitos y mitomanías 4 Informe Conjunto de Mesa de Conversaciones , Enero de 2014 pág 9


revolución mexicana. Además, podemos afirmar que es poco probable que haya muchas ZRC más. El año pasado, como mes y medio después de firmar el acuerdo, los campesinos del Catatumbo salieron a protestar y exigir que les reconozca una ZRC. Santos, pudo haber salido a decir que la ZRC del Catatumbo ya estaba acordada y les tocaría esperar hasta finalizar las conversaciones en La Habana, o pudo haber cedido ante las demandas de los campesinos como muestra de buena fe y que el gobierno quiere cambiar el campo colombiano. No lo hizo, sino que envió a las fuerzas represivas del Estado para combatir a los campesinos desarmados con todo lo que tenía durante más de un mes. Aparte de las ZRC, el informe habla de muchas cosas muy prácticas y coyunturales. Cosas muy parecidas a algunas de las demandas de las organizaciones campesinas en sus jornadas de protestas. No significan una reforma agraria, están muy lejos de eso y dejan en poder del gobierno las facultades para delimitar o decidir muchas cosas según les convenga. Debemos recordar que el Estado colombiano lleva décadas incumpliendo los pactos firmados con las organizaciones campesinas y no hay ninguna razón por creer que haya cambiado de parecer. El año pasado también tuvimos el paro agrario que resultó en la muerte de 12 personas, la desaparición de 4 más además de casi 500 heridos. Al final del paro el gobierno llega a acuerdos con las distintas organizaciones campesinas. Muchas de las demandas eran cosas muy prácticas como las que piden las FARC y muchas de las cosas acordadas eran por ejemplo subsidios para los insumos etc. Sin embargo, en la Cumbre Agraria celebrada en marzo de este año en Bogotá, esas mismas organizaciones se quejaron del incumplimiento del Estado y advirtieron que si éste no cumple con lo pactado convocarían a otro paro. Más les vale ir preparando ese paro, pues el Estado no les va a cumplir. Los últimos treinta años en la historia de Colombia están repletos de centenares de acuerdos firmados pero no implementados. Lo significativo de este incumplimiento es que el paro tuvo lugar poco después de firmar el acuerdo con las FARC e incumplen descaradamente lo pactado con los campesinos y aún así hay quienes quieren que creamos en lo histórico del acuerdo firmado en La Habana. En el Informe Conjunto se habla de Fondo de Tierras, como lo hicieron en El Salvador: El Fondo se alimentará principalmente de tierras que han sido indebida e ilegalmente adquiridas, y para ello se fortalecerá y aplicará la extinción judicial del dominio y se recuperarán baldíos apropiados y ocupados contraviniendo la legislación vigente.5 Ya es la hora que las FARC y las ONG se porten serios. La extinción del dominio existe desde hace rato y no ha servido para nada. Es más, el Incoder, viene repartiendo tierras entre los ricos y no entre los pobres. ¿Qué les hace pensar que esta vez sí? Pues no hay nada en el prontuario de Santos que nos demuestre su buena voluntad en ese sentido. De hecho, va en contravía de su trayectoria política. Las tierras que han sido adquiridas de forma ilegal tienen dueño, no son tierras que se pueden repartir entre desplazados distintos a los antiguos ocupantes de los terrenos. O sea no estamos agregando más tierras a un fondo para aumentar la participación del campesino en la producción agrícola, sino 5 Informe Conjunto op. cit. pág 7


proponen coger unas tierras de un campesino desplazado y regalarle esas mismas tierras a otro campesino. Las mismas propuestas ya existen en la Ley 1448 de 2011 conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y todos sabemos cuáles son sus falencias. Muchas ONG criticaron dicha ley. En la práctica la ley no devuelve la tierra al campesino como bien queda señalado en la siguiente cita. De por medio hay un dilatado proceso en el cual la carga de la prueba recae sobre el campesino que exige la devolución de la tierra. Además de aportar las pruebas y para poder acceder a la tierra, los campesinos deben comprometerse a sembrar cultivos industriales, como la palma africana, la caña de azúcar, el caucho o el cacao e incluso ciertos vegetales para el mercado europeo como los espárragos que no hacen parte de la dieta alimenticia colombiana. Para poder sembrar estos cultivos, los campesinos deben asumir un préstamo de un ente estatal como FINAGRO. Es decir, la tierra no se les otorga; se les facilita siempre y cuando cumplan con una serie de condiciones que incluyen contraer una deuda, con el fin de dar cumplimiento a los planes de exportación agrícola del Gobierno. No obstante, esta no es la única dificultad. El art. 99 de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) especifica cuáles son las circunstancias bajo las cuales se puede restituir tierras. Este artículo estipula muy claramente que cuando el nuevo ocupante haya probado su “buena fe” y esté desarrollando proyectos agroindustriales productivos ‐por ejemplo un cultivo de palma o caucho ‐ el ocupante podrá seguir explotando la tierra después de firmar un acuerdo con el campesino. El campesino recibirá una indemnización económica y seguirá siendo reconocido como el propietario legítimo, pero no como el usufructuario legal. Además debe recordarse que es responsabilidad del campesino probar que el ocupante actuó de mala fe. En aquellos casos en los que se desarrolla un proyecto agroindustrial en las tierras y el campesino prueba la mala fe del ocupante, esto no basta para que se le restituya automáticamente la tierra. En el mismo artículo 99 se estipula que el magistrado que conozca del proceso “entregará el proyecto productivo a la unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para [que] lo explote a través de terceros y se destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del predio”. Esto significa que a los campesinos no se les devuelve la tierra ni siquiera si se prueba la mala fe del ocupante. El artículo 99 concluye estipulando que: “El Magistrado velará por la protección de los derechos de las partes y [por] que éstas obtengan una retribución económica adecuada.” Para esclarecer las cosas, las partes en este contexto son el ladrón y la víctima. Los dos recibirán una retribución económica adecuada. ¿Por qué se indemnizaría a un ladrón a través de una ley que busca restituir tierras a las víctimas del despojo? Porque como suele suceder en Colombia, lo que cuenta es el modelo económico, no el ciudadano. No se permitirá a ningún engreído campesino interponerse en el camino del modelo de la agroexportación...6 6 Montesinos Coleman, L y Ó Loingsigh, G. (2013) La paz en Colombia: Realidad, mito y


Muy bien señores de las FARC, con semejante auto-gol, no hace falta que los gremios agrícolas metan la mano. Se debe señalar que ya hay muchas experiencias en el país de implementación de políticas, supuestamente transformadoras. Ojalá que me equivoque, pero no creo y otras partes del texto dan más motivos para preocuparnos. En el Informe Conjunto se hace referencia al latifundio improductivo, término que también se emplea en las 100 Propuestas Mínimas de las FARC. Lo que nos dicen es que una parte de las tierras del Fondo provendrán no sólo de la mil veces fracasada política de extinción del dominio sino de tomar latifundios improductivos. Muy bien señores, y ¿cuántos latifundios en Colombia son improductivos? Pocos, en las 100 Propuestas se hace referencia a latifundios que no dan un uso adecuado de la tierra etc., pero es la misma vaina. ¿Cómo funcionará esto? Simple, un latifundio poco productivo, por no decir improductivo, dirá al Estado que le den subsidios para aumentar la productividad o cambiar el uso del suelo. ¿Cuáles subsidios? Pues los mismos, que piden las FARC para los campesinos que recibirían dichas tierras para trabajarlas. Pues con toda razón el Informe Conjunto afirma: No se trata simplemente de brindar acceso a la tierra, sino de asegurar el acceso integral; es decir que junto con las tierras hay que proveer los medios y capacidades para hacer uso de ellas (como capital semilla, riego donde sea necesario, asistencia técnica, vivienda y crédito), así como crear un entorno que contribuya a la productividad y el bienestar mediante la provisión de bienes y servicios públicos como vías, salud, educación, agua potable...7 Uds. señores de las FARC llevan medio siglo en el monte luchando contra el Estado colombiano, su página web y sus declaraciones sobre el proceso de paz, dan fe de una burguesía indolente, tolerante de la corrupción y sobre todo una clase dominante que entiende, como ninguna otra, como subvertir cualquier ley para beneficio propio. Sin embargo quieren que creamos que esta vez todo lo que Uds. dicen sobre ellos no es cierto. No pues, en más de un punto Uds. sí, se han acertado sobre la naturaleza de esa pandilla de hampones y matones que son la clase dirigente de Colombia. Así se puede preguntar ¿qué harán los dueños/hampones de los latifundios de baja productividad? Ellos dirán en aras de la justicia y un tratamiento equitativo, que el Estado mediante subsidios etc. debe darles la posibilidad a ellos de aumentar su productividad y ellos también necesitan vías, agua etc. y además tienen algún primo empresario quien puede ejecutar de la forma más corrupta cualquier proyecto en ese sentido. Así, no sólo no habrá una reforma agraria, algo ya descontado por el Estado y las FARC, ni siquiera habrá un reparto de esos pocos latifundios a que aluden. Si miramos a ley de restitución de tierras de Santos vemos lo que pasa y como se aprovechan de leyes de este estilo. Según León Valencia, en un artículo reciente de Semana, el proceso va muy lento. Según el analista sólo se han restituido 20.694 hectáreas en dos años y medio cuando se esperaba haber restituido 360.000 hectáreas para la misma fecha de un total de 6.000.000 hectáreas. De las tierras entregadas, 8.400 hectáreas, es decir el 40%, se entregaron a una misma fantasías pág 6 y 7 https://bacupblog.wordpress.com 7 Informe Conjunto op. cit. pág 7


familia en el Meta quien no tiene derecho a recibir baldíos de la nación.8 Sin embargo, los tiene y los campesinos no. Es más, Valencia señala que el Estado ha optado por los procedimientos más lentos en la legislación y no aprovechar otras provisiones para expeditar rápido la entrega de tierras. Todas las restituciones están pasando por los jueces que son pocos e inexpertos, cuando el gobierno podría seleccionar infinidad de predios sin oposición y proceder a restituciones rápidas y expeditas por vía administrativa. En vez de apoyarse en al artículo 97 de la ley para dar vía libre a las restituciones en todas las zonas riesgosas del país acudiendo al sistema de compensaciones, prefirieron inventarse la llamada “microfocalización”, que significa ir al Ministerio de Defensa a preguntar en dónde se puede hacer restitución, convirtiendo a los militares en los árbitros del proceso. Les dieron la espalda a organizaciones de víctimas que se ofrecieron para ayudar en la difusión y en la implementación de la ley tal como lo denuncia Carmen Palencia, de la Asociación Tierra y Vida. Pasan por alto la cifra brutal de 69 reclamantes de tierra asesinados desde 2008.9 León Valencia es otro desmovilizado y cree en los procesos de negociación, sin embargo, le toca en este caso reconocer la realidad del país y del Estado. Aunque el título del artículo Presidente Santos ¡Salve a la restitución de tierras! demuestra la misma ingenuidad o falta de política que tienen las FARC. Parece creer que a Santos le interesa resolver este problema. Aquí tenemos una ley que tiene varios aspectos del Fondo de Tierras planteado en el Informe Conjunto y sin embargo vemos que el gobierno no facilita a los campesinos reclamar las tierras que les fueron robadas. Todo lo contrario, los siguen asesinando. La burguesía está tranquila. El Senador del Partido Conservador, Juan Mario Laserna, viajó a Cuba como parte de una delegación de congresistas y volvió muy contento con lo que vio y escuchó allí. Según Laserna, lo que proponen Las FARC no es nada descabellado. Lo que oí no es exótico. Seguramente detrás están hablando también de una visión de propiedad colectiva que alguien como yo, que cree en la economía social de mercado, puede estar en desacuerdo en muchos puntos. Pero en la cosa del desarrollo rural campesino, de mercadeo, de problemas de precios, de volatilidad, de revaluación, de acceso, hay cosas que están dentro del plan de desarrollo y que no son exóticas sino necesidades que el Gobierno de todas maneras tiene que atender, con o sin proceso de paz.10 Luego en el mismo artículo dice que las empresas mineras pueden pagar mayores 8 Valencia, L. Semana (29/03/2014) Presidente Santos ¡Salve a al restitución de tierras! www.semana.com 9 Ibíd. 10 Rueda, M. I. El Tiempo (10/03/2014) La paz tiene un precio que podemos pagar': senador Juan Mario Laserna www.eltiempo.com


impuestos para financiar un acuerdo de paz, pues con la supuesta reducción en los problemas de seguridad que un acuerdo significaría para ellas, pueden pagar algo más de impuestos. Suena como opinión personal, pero la minería no desaparece de Colombia, las multinacionales se quedarán: así que es necesario ver hasta que punto esa opinión de Laserna recoge un sentir entre las élites. Mientras las FARC negocian en La Habana, el gobierno pretende cambiar la actual ley para poder entregar los baldíos de la nación a las grandes empresas y sigue galopante la extranjerización de la tierra. En violación de la ley, la empresa estadounidense Cargill compró algo más de 52.000 hectáreas en Vichada y no pasó nada.11 La burguesía no tiene una doble personalidad ni nada parecido y si propone cambiar la ley y si está entregando tierras a las multinacionales mientras hablan en La Habana es porque lo de Cuba no va a cambiar su política para nada, digan lo digan los hinchas del proceso. La Participación Política. La participación política es el segundo acuerdo que han firmado las partes. Pero es el más chistoso de los dos. Pues, esperan que les creamos que quieren que haya participación política, no sólo de los comandantes de las FARC sino de la sociedad en general cuando el gobierno vetó cualquier participación de organizaciones de campesinos, victimas etc en las negociaciones en La Habana y las FARC lo aceptaron. Es de risa hablar de participación política surgiendo de un proceso secreto, a espaldas del pueblo donde se excluye a la gente. Cuando terminen las negociaciones Iván Márquez no va a sembrar yuca, sin embargo es él y sus compañeros quienes negocian el tema de la tierra y no los campesinos, quienes ahora no tienen derecho ni de opinar. Valga señalar que las FARC tienen sus 100 Propuestas Mínimas sobre la Participación Política. Es de suponer que las FARC quieren una mayor participación de la gente en la toma de decisiones en Colombia. Y nadie puede ni debe oponerse a las reformas que se pueden sugerir en ese sentido, pero no se trata de eso. El problema con la participación política no es sólo una cuestión de cuántas curules tendrán las FARC como parte de un acuerdo, ni cuántas pueden ganar luego en elecciones o dentro de formaciones políticas ya existentes, como el Polo, Los Verdes o la Unión Patriótica. La verdad es que la inmensa mayoría de la población está excluida y en el país se compra el voto, con fondos propios o fondos del Estado. La misma insurgencia y la izquierda legal no ha dado buen ejemplo al pueblo. La izquierda colombiana mira las elecciones como algo coyuntural, las ve como las ve la derecha, como su momento de sacar tajada. Cada vez que hay elecciones municipales las organizaciones campesinas y obreras se sientan con los candidatos y negocian. Pero no sólo negocian y discutan el programa político sino, que con descaro, piden que el Alcalde de turno sea corrupto y les regale a ellos proyectos, puestos de trabajo e inclusive hay los que tienen la desfachatez de pedir que se les haga una sede con fondos públicos. El candidato que más cede en la corrupción es quien gana el voto. En todo ese proceso el pueblo queda excluido por la misma izquierda quien les llama a poner su sello a la corrupción que la misma izquierda negoció a sus espaldas. 11 Véase Suárez, M. (2013) Pacto Agrario en Colombia, ¿a lo Cargill siglo XXI? www.moir.org.co


Esa es la izquierda legal, tanto, reformista, revolucionaria, radical etc. Las insurgencias no han sido mejores en eso. No es secreto para nadie que en algunas zonas las insurgencias ayudan a candidatos con quienes han llegado a un acuerdo sobre algunos puntos del programa político y por supuesto sobre la corrupción. La mirada es puramente coyuntural. Los acuerdos programáticos son de menor índole. En un caso que conocí el candidato dijo que estaba en contra de las fumigaciones. A cambio de eso dieron su apoyo, aunque poco puede hacer un alcalde sobre eso, pues es de orden nacional e internacional. Luego resultó que el candidato fue acusado de tener nexos con los paramilitares. Ese es el ejemplo que han dado, un ejemplo que no dista tanto de la derecha colombiana. Claro, la izquierda ilegal no está sola a la hora de dar su apoyo a personas de un carácter dudoso. El Polo hizo lo mismo en Barrancabermeja dando su aval a Elkin Bueno, el actual alcalde y también a Julio Cesar Ardila, ambos de dudosa reputación, y Ardila fue condenado por el asesinato de un periodista. La izquierda colombiana puso al indígena Floro Tunubalá como gobernador del departamento de Cauca y no significó nada para el pueblo. Tunubalá tomaba las decisiones siquiera sin la necesidad de consultar a la formación política que lo puso como candidato. Su paso por la gobernación no tuvo impacto positivo alguno sobre la participación del pueblo y tuvo su cuota de corrupción e ineficiencia. De hecho, el BSA, perdió las siguientes elecciones al frente al candidato Juan José Chaux, hoy día acusado de nexos con los paramilitares. Cuando Tunubalá salió de la gobernación fue a trabajar con la Fundación Coca Cola. Con izquierdistas así, no hace falta una derecha.12 La derecha colombiana no va a fomentar la participación política de la gente y la izquierda sólo puede hacerlo si deja sus viejas prácticas clientelistas, corruptas y mira a las elecciones de forma programática y de largo plazo. Colombia es el único país en el mundo donde supuestos izquierdosos se presentan como candidatos para partidos como el Partido Conservador o que un ex ministro de gobiernos neoliberales como Horacio Serpa se considera de la izquierda. Tampoco debemos olvidar que cuando Angelino Garzón se convierte en el Vicepresidente de Santos, algunos de la izquierda y varios grupos de derechos humanos lo vieron con buenos ojos, pues Garzón había sido miembro de distintas organizaciones de la izquierda e inclusive tuvo el aval del Polo como gobernador de Valle. La participación no se negocia, se hace y Uds. de la izquierda legal e ilegal, lo hacen muy mal y lo hacen de una forma tan corrupta que no podemos creer que de repente habrá una mayor participación real por un decreto saliendo de La Habana. También hay que señalar que en el debate actual la participación se reduce a la arena electoral. Es un concepto limitado e ignora todas las demás formas de participación de un pueblo a la hora de decidir su futuro. Estructura del poder. El problema con el acuerdo agrario y el de la participación política es que son paños tibios 12 Para mayor análisis sobre Floro Tunubalá y su tiempo como gobernador véase Ó Loingsigh, G (2011) Una mirada desde el sur: Huellas de lucha y resistencia, CNA, Bogotá.


en el mejor de los casos. El problema de la tierra es un problema de poder en el campo. Por mucho que repartan tierras, o lo poco como se ve; por muchas líneas de crédito que den al campesino, si la estructura del poder en el campo no cambia, sus esfuerzos serán en vano. Eso debemos tener claro, no hay una mini-revolución en camino, no habrá un cambio en la estructura del poder en Colombia, eso está muy pero muy lejos. Peor aún, para la izquierda legal y para las organizaciones campesinas y obreras, el acuerdo demarcará los límites de las demandas sociales. Cada vez que una organización pide una reforma más política en el campo les dirán que no se puede, pues rompe con el nuevo contrato social firmado en La Habana y la izquierda mansa lo acatará como lo han hecho respecto a la Constitución de 1991. Los únicos que se dejan limitar por la institucionalidad, la constitución etc. es la izquierda, la derecha se ríe. Cualquier cambio en la estructura del poder, requiere un pueblo no sólo movilizado sino claro en sus demandas, que no se deje comprar por migajas, que no se deje dividir porque el Estado le da algo a unos y no a otros, como hicieron con los paperos en el paro agrario del año pasado, quienes rompieron la unidad a cambio de unos subsidios que nunca recibieron. La Constituyente Entre las demandas de las FARC aparece una demanda por una nueva Asamblea Constituyente. La idea que el pueblo tenga voz y voto no es nueva, pero como siempre está mal planteada. El gobierno que no quiere que el pueblo participe en el proceso ni en ningún otro escenario fue enfático respecto a una constituyente. Humberto de la Calle rechazó cualquier pretensión a una asamblea constituyente. Entre los argumentos que avanzó figuran las siguientes preguntas: “¿Alguien puede garantizar que lo acordado en La Habana se preserve en la Asamblea? ¿Alguien puede amarrar y siquiera predecir su composición política? ¿Quién asegura que en vez de profundizar el espíritu tolerante de la Constitución estemos abriendo la puerta a una contrarreforma?”13 Es un ejercicio en demagogia, por parte de un representante de los que jamás han creído en la participación y la democracia, pero las preguntas no son nada descabelladas, aunque nadie quiere reconocer el por qué. Una nueva asamblea constituyente podría replicar la representación del nuevo congreso, con su bancada de la ultra derecha uribista y puede significar un retroceso grave en materia social y de derechos humanos. Sin embargo, es el por qué que es lo importante. Una constituyente decretada desde arriba solo puede replicar la de 1991. Una constituyente debe resultar de un proceso largo de lucha y movilización, debe salir de un proceso social con una correlación de fuerzas muy distinta a la actual. Decretarla no resuelve nada, no es la Asamblea como tal sino el proceso que nos lleva lo que es importante. Las constituciones políticas de los países reflejan varias cosas. Primero, reflejan los intereses y postulados de la clase dominante. En un país capitalista, la constitución no puede ser socialista. Parece obvio, pero en el debate actual corre la idea que sí puede ser. Sin embargo, muchas constituciones también incluyen elementos progresistas, que reconocen distintos derechos o ponen límites al actuar de los capitalistas. Empero, esto ocurre donde 13 Semana (15/06/2013) De la Calle le dice NO a las Farc. ¿Por qué? www.semana.com


la correlación de fuerzas es tal que se pueden exigir concesiones y lograr avances sociales. La demanda por una nueva asamblea constituyente es mecánica y el resultado será mecánico. Más mecánico que el proceso de 1991 y ya sabemos cómo nos resultó eso. Una vez aprobada la nueva constitución, hay que defenderla, aplicarla, sacar provecho de ella y para eso se requiere que sea el resultado de un proceso fuerte de movilización social. Eso en parte explica el fracaso, retrocesos y sinfín de enmiendas de la de 1991. La Constitución de 1991 no evitó las grandes masacres de los paramilitares y las fuerzas estatales, no evitó los falsos positivos, ni el Procesos 8000, el robo de tierras, ni siquiera pudo evitar la moderna invasión de la gran minería. De hecho, uno podría argumentar que facilitó algunas de estas cosas, sobre todo en el campo económico. Una nueva constitución que no es el resultado de una lucha real para lograr mayores derechos democráticos, no sirve de nada. Pero si las FARC creen que se puede hacer una nueva constituyente y aún están a tiempo de movilizar al pueblo en entorno a ese propósito, pues entonces esa debe ser la única demanda. Pues, ¿para qué están negociando si luego el pueblo va a decidir todo en una asamblea constituyente? Un proceso de constituyente podría ser algo muy positivo, pero como ya señalamos ya se ha descartado la idea de conceder el derecho de decidir al pueblo colombiano en este proceso. El ELN tenía la idea de una Convención Nacional donde el pueblo discutiría su futuro. Claro, eso lo propusieron, por primera vez, hace 18 años cuando la situación era algo más favorable para celebrarla. No tuvo mucho eco entonces y lo volvieron a proponer al gobierno de Pastrana cuando este negociaba con las FARC en el Caguán. Pastrana lo rechazó pues, él tampoco cree que los pobres tengan derecho a opinar. Parece, que hoy día el mismo ELN ha abandonado su propuesta bandera y pide que le den un trato parecido a las FARC en La Habana. La Alternativa. En todos los procesos de paz las organizaciones armadas, las ONG, los intelectuales y los estados exigen a los pocos críticos su alternativa al proceso de paz. A esa exigencia, tenemos que preguntar una alternativa ¿A qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Estas tres preguntas son importantes, pues la exigencia de una alternativa tiene varios supuestos: que el estado es legitimo, el régimen lo es también y todo aquel planteamiento de una visión distinta de la sociedad es ilegitima o utópica en el mejor de los casos. Además se intenta polarizar el debate entre la rendición de un grupo armado o la continuación de su estrategia fracasada. La estrategia armada de las FARC ha fracasado por muchas razones y no hay espacio para entrar en el por qué ni el como acá, pero también lo creen las FARC, pues sino ¿qué hacen negociando después de tantos años de pregonar la toma del poder y la revolución? Ellos reconocen que ellos no lo van a poder hacer. Entonces, una alternativa ¿a qué? Pues obviamente quieren decir al proceso. Pero como no somos ni miembros de las FARC ni del gobierno, no tenemos por qué dar una alternativa a un proceso de negociaciones entre ellos, ni tampoco tenemos que buscar alternativas para desmovilizar a las FARC. Cuando uno critica el contenido de los acuerdos, salen los otrora militaristas como Yezid Arteta, ex comandante de las FARC para intentar ubicar el debate


entre la rendición política o la guerra. Ante todo debemos tener claro que la crítica se hace a una rendición política. La cuestión militar es lo de menos, es la cuestión política. Previniéndose contra posibles críticas a las negociaciones, Yezid Arteta en un artículo en la revista Semana dijo, burlándose de los críticos, Se perfila una traición en La Habana, subraya el libelista, desde su MacBook. No tiene la menor idea de los padecimientos por los que han pasado los rebeldes para sostener su causa y forzar una negociación, pero continúa escribiendo. A estos tampoco hay que tomarlos en serio pero se les puede leer como pasatiempo si no tenemos crucigramas o sudokus a la mano.14 Pues, señor Arteta, su artículo se escribió mucho antes de que yo escribiera sobre el proceso de paz pero de pura casualidad, igual que Ud, yo tengo un Macbook, aunque de mi Macbook me salen muchos menos artículos escritos en los cafés de Barcelona para la prensa burguesa, como los que escribe Ud. para la revista Semana mientras sorbe un carajillo en Els Quatre Gats. Celos de pronto de mi parte, añoro mis tiempos en Barcelona. A diferencia de Ud. nunca he sido siquiera combatiente de una guerrilla y menos aún un comandante, así que tiene razón, no sé que es lo que padeció en su lucha en el monte y en la cárcel, algo que tengo en común con la mayoría de la gente del país quienes tampoco saben que es lo que sufrió. Pero de eso no se trata. Nadie está cuestionando su valentía personal ni la de otros guerrilleros, sino las propuestas políticas. Pero si hay una constante en todos los procesos de paz, cuando los otrora militaristas de los grupos armados quieren hacer un arreglo cualquiera es que salen y dicen “Ud. no tiene un fúsil, así no me puede criticar por lo que hago con mi fúsil y ahora que quiero dejarlo tampoco puede criticar mis ideas políticas o los cambios en ellas, porque nunca tuvo un fúsil.” Así, antes cuando se hacía críticas a hechos como la masacre de Bojayá no pudimos, por no tener fúsil propio; ahora que Uds. dejan, o quieren dejar las armas, no podemos hacer ninguna crítica a sus postulados políticos porque nunca tuvimos fúsil. Es una estupidez apolítica, que no merecería tener en cuenta, si no fuera por el poder y papel que tienen los que salen con semejante idiotez. Ud. dejó a las armas, pero como todos, recurre a su pasado para justificar unas ideas políticas, pero las ideas se justifican por sí mismas, no porque Ud. fue muy valiente. Por supuesto ese moralismo nunca se aplica a los escritores social demócratas quienes antes condenaban a las FARC pero ahora apoyan al proceso de paz; el moralismo sólo se aplica a quien les lleva la contraria. Los campesinos y sus organizaciones tampoco son guerrilleros, quizás por eso a nadie les importa que no tengan ni voz ni voto en este proceso. Este tono moral y moralista es común en todos los procesos de paz del mundo. Pero sr Arteta, no nos hable como si la traición fuera ajena a las FARC. ¿Cuántos guerrilleros se han entregado voluntariamente a las fuerzas estatales? Serán miles, por lo menos, entre ellos la legendaria y temida comandante Karina, quién se entregó al gobierno Uribista. El igualmente legendario y temido comandante del FMLN Joaquín Villalobos quien dijo que nunca entregaría las armas declaró la victoria en 1992 y afirmó que “lo que ocurre hoy en El Salvador es una revolución. Es por eso que no es tan fácil. Estamos tocando las vacas 14 Arteta, Y (Semana 08/08/2013) Miedo a la traición www.semana.com


sagradas – reformando a las fuerzas armadas y la Policía.”15 Hizo esas declaraciones mientras otros de sus compañeros dijeron que las fuerzas armadas de los EE.UU. podrían ayudar en la transición hacia la paz.16 En su diatriba Ud. también se ríe de los que saben citar a Lenin. Algo curioso para un hombre que dedicó gran parte de su vida a una supuesta guerrilla marxista. Yo no cito a Lenin, ni a Marx, no para evitar un ataque de personas como Ud. quienes se jactan de su ignorancia y falta de lectura, sino porque las ideas marxistas no están en discusión en La Habana, no hay referentes en común para citarlos. Si después de 50 años el marxismo es tema de burla para los farianos, eso es muy diciente. Hay librerías muy buenas en Barcelona, atrévase sr Arteta, entra a una y lee algo. Menos mal que Ud. sr Arteta no está negociando la educación en Colombia. Con semejante desdén por el estudio y la lectura, terminaría todo el mundo como analfabeta. ¿Quién leería sus artículos escritos en los cafés de Barcelona entonces? Entonces sr Arteta deje a un lado sus burlas a los supuestos intelectuales de café con sus Macbook, pues quienes más se parecen a eso son los ex guerrilleros como Ud. y León Valencia, entre otros, escribiendo sus columnas para la revista Semana. Deje a un lado el moralismo de que Ud. fue valiente. Nadie más valiente que Villalobos cuya facción del FMLN fue la que mayores bajas infligió a las fuerzas armadas de El Salvador. Él es el ejemplo claro que el pasado de los personajes no significa nada. ¿Dónde está Villalobos hoy en día? Pues criticando a la izquierda a diestra y siniestra, y miembro de instituciones derechistas como Inter-American Dialogue donde la ultra derechista ex ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez se desempeña como miembro de la junta, con el ex presidente de México, Zedillo, varios funcionarios de la Casa Blanca y el infame Francis Fukuyama. El debate es sobre las ideas, no lo que Ud. hizo o no hizo en el pasado, pues si un pasado guerrillero fuera lo único que cuenta tendríamos que escuchar a Villalobos y tendríamos que aceptarle el dominio del neoliberalismo. Además, Ud. reclama el derecho a dejar las armas, y no se da cuenta que muchos no se metieron en la guerrilla por creer que ese camino no era viable. Pero en su diatriba dice que las FARC forzaron una negociación con el Estado. Nada más lejos de la verdad, durante años insistían en otra zona de despeje en los municipios de Florida y Pradera, Colombia y Santos los llevó al municipio de La Habana en Cuba. Está claro quien forzó a quien. Las FARC y las ONG ven el conflicto social como algo entre las FARC y el Estado y no entre los campesinos, los obreros y las élites de este país. Pero si por alternativa se refiere a una alternativa para conseguir una reforma agraria, una mayor participación política, mayores derechos laborales, políticos, sociales etc, pues lo primero que se debe señalar es que la negociación en La Habana no va a conseguir nada de eso, de hecho como ya se dijo no se pretende transformar al país; aquí no estamos hablando de una alternativa sino una propuesta. La propuesta es de seguir luchando y no dejarse amarrar por el contenido de los acuerdos. Si el acuerdo no da una reforma agraria, se sigue luchando. Nadie debe sentirse amarrado por ese acuerdo. Lamentablemente, sabemos que los procesos de paz definen el 15 Lemoyne, J. (1992) Out of the jungle – In El Salvador Rebels With a New Cause, New York Times 09/02/1992 www.nytimes.com 16 Ibíd.


discurso público y amarran a muchas organizaciones a una agenda que legitima al estado y el capitalismo como única alternativa para los pobres. Dicho de otro modo, la alternativa es de no aceptar el refrán capitalista que dice que no hay alternativas. Debemos hacer esfuerzos por salirnos de las fórmulas habituales. En 1930 la mayoría de la novel izquierda corrió detrás del liberalismo. En 1991 una parte de la izquierda se integró al establecimiento y la otra parte – legal y armada – se mantuvo en la oposición, pero tampoco se convirtió en alternativa real. ¿En 2014 la izquierda será capaz de preparar las condiciones para hacer realidad la segunda independencia en 2019? No se visualiza en el panorama una alternativa nítida de los trabajadores y campesinos pobres que le plantee al pueblo con toda claridad la lucha por la Paz y la democracia como parte de la lucha por el socialismo, y que levante con toda contundencia un programa revolucionario que desenmascare la trampa aparentemente democrática que han diseñado el imperio y los capitalistas para engañar una vez más al pueblo. Esa alternativa revolucionaria debe ser construida en medio de la lucha popular y del debate ideológico-político que al interior y exterior de la izquierda debe ser desarrollado. La “nueva apertura democrática” rápidamente va a mostrar su carácter dictatorial y neoliberal, y el pueblo tendrá que enfrentar la crisis capitalista que tiene diversas manifestaciones en nuestro país. La lucha continúa y deberemos avanzar. ¡De eso que no quepa duda!17 Los procesos de paz se basan en la noción absurda que en un conflicto pueden haber dos ganadores. No puede haber. También descartan por completo que existen las clases sociales y la lucha de clases. Todo es un malentendido entre unos gobernantes que quieren hacer lo correcto pero no han podido y con quienes tenemos que reconciliarnos. Es decir que el campesino con una hectárea o 30 tiene que reconciliarse con el que tenga mil, tres mil o más. Esa es la noción que tenemos que rechazar, con o sin el proceso de paz, la lucha por la tierra sigue, los obreros tienen que seguir luchando, nada de eso cambiará, nada de eso ha cambiado en otros países víctimas de dichos procesos. Las FARC verán si ellos siguen luchando una vez desmovilizados, pero la historia de otros países y la de Colombia es que los desmovilizados se pasan a integrar a la nueva institucionalidad, defendiendo a capa y espada el capitalismo y el pacto social. No sabemos cuántos personajes como Villalobos saldrán de las FARC, sólo sabemos que es un hecho que habrá personajes como él. Los acuerdos no pueden ser el horizonte ni el referente para el campesinado ni los obreros de Colombia. Esos acuerdos son la paz de los vencedores, el Estado.

17 Dorado, F (2013) Elecciones 2014 y la izquierda manatiada Semana 29/11/2013 www.semana.com


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