REDD+ Indígena en el Perú by carlos acevedo

REDD+ Indígena en el Perú : Perspectivas y desafíos

PROGRAMA REGIONAL

PROINDÍGENA

REDD+ Indígena en el Perú: Perspectivas y desafíos

REDD+ INDÍGENA EN EL PERÚ: Perspectivas y desafíos Derechos reservados. Material gratuito, prohibida su venta. Prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio, sin permiso expreso y por escrito de los Editores. Los autores son responsables de la selección y presentación de los hechos contenidos en este libro, así como de las opiniones expresadas. Esta publicación es financiada por el Forest Governance Programme- FGP, un proyecto sectorial de la GIZ en Alemania. Editores: Vladimir Pinto López - Coordinador Nacional de Proindígena – Perú María Pía Molero Mesía - Asesora Técnica CBC – GIZ Corrector de Estilo: Lic. Luis Manuel Claps Diseño y diagramación: Carlos Acevedo Responsables de la contribución de GIZ: Sylvia Reinhardt Coordinadora del programa Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas en América Latina - PROINDÍGENA – Alemania. Paul Gregor Fischenich Asesor principal del proyecto Conservación de Bosques Comunitarios – Perú.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú: N° 2013 - 19926 500 ejemplares – Primera edición - 2013 Revisión de contenidos: ©Cooperación Técnica Alemana al Desarrollo Internacional – GIZ Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo – BMZ y del Ministerio federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear - BMU © Programa Regional PROINDÍGENA Pasaje Bernardo Alcedo 150, piso 5, San Isidro, Lima, Perú Teléfono: +51 1 421 1333 © Proyecto de Conservación de Bosques Comunitarios (CBC) Av. Dos de Mayo 1545. Oficina 502D – San Isidro Lima Perú Teléfono: + 51 1 422-4218 Correo electrónico: info@bmu-cbc.org.pe Impreso por: CAXARES SERVICIOS S.AC Av, Canada 929 Ofi,.201 – Santa Catalina / Lima Teléfono: 976388781 2

Indice 4. 8.

Presentación REDD Indígenas en el contexto de las negociaciones internacionales: Particularidades, ventajas y límites de la propuesta. Por: Deborah Delgado Pugley

50.

La implementación de REDD+ en el Perú: Avances desde el MINAM en relación a los derechos de los pueblos indígenas Por: María del Rosario Sevillano Arévalo

76.

Redd+ Indígena Amazónico: Logros, Avances y Desafíos Por: Roberto Espinoza

84.

Estrategia de intervención “gestión holística de territorios de vida plena” o REDD+ indígena amazónico Por: Claudia Maria Gálvez – Durand Besnard

Presentación El Perú alberga la segunda mayor extensión de bosques de América Latina, que cubren aproximadamente el 60% del territorio nacional. En ellos habitan más de mil comunidades nativas y cinco mil campesinas. Por la cantidad de carbono que pueden almacenar, estos bosques tienen un alto potencial de mitigación del cambio climático y aportan servicios ecosistémicos fundamentales, como la protección y regulación de los sistemas hídricos que sostienen la diversidad biológica. El Proyecto Conservación de Bosques Comunitarios (CBC) de la GIZ,financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU),brindaasistencia técnica al Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (Programa Bosques) del Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM). La asesoría está dirigida a la implementación de transferencias directas condicionadas (TDC) a comunidades nativas, mecanismo innovador para la conservación de los bosques y la promoción de actividades productivas sostenibles. En el marco del Programa Bosques, los proyectos de Reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD+) son vistos como una oportunidad para la mitigación del cambio climático y la reducción de deforestación en la Amazonía peruana. Buena parte, 15% del área de bosques primarios tropicales y subtropicales, se encuentra protegida en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, actores clave tanto en el manejo forestal como en la viabilidad política de la implementación de REDD+. El nuevo concepto de los Derechos Humanos incorporado en 2012 a la Política Alemana de Desarrollo, asume que “La participación activa de los pueblos indígenas consagrada en el Convenio 169 de la OIT es indispensable para la realización de sus derechos humanos”.Este enfoque coincide con el Mandato 142 “Cooperación al Desarrollo con Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe”del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ)aprobado en 2006.

De ese mandato deriva la creación del Programa Regionalde Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas en América Latina (PROINDIGENA), orientado a promover la implementación de los derechos indígenas en la región. El programaestimula el empoderamiento de sus organizaciones representativas para que canalicen demandas y propuestas hacia procesos de diálogo con elEstado y optimicen su capacidad de incidencia en los foros internacionales donde se discuten sus derechos. En esa perspectiva, tanto el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) como el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU)en Alemania, han conocido y discutido la iniciativa emprendida por la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica – COICA y en particular por su base en Perú, la AIDESEP, para construir una propuesta que enriquezca y complemente las iniciativas en torno a REDD, (Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación) de tal manera que los intereses y visiones de las comunidades indígenas sean adecuadamente incorporadas y promovidas dentro del marco de las políticas estatales vinculadas a estas iniciativas. El Ministerio del Ambiente del Perú–MINAM, entidad estatal que actúa como punto focal de las negociaciones internacionales relacionadas con REDD+, ha incorporado este enfoque de RIA - REDD+ Indígena Amazónico, suscrito tanto por AIDESEP como por CONAP, en las estrategias y políticas nacionales en el ámbito forestal. Este esfuerzo de adecuación intercultural de políticas públicas seguramente no ha estado exento de dificultades y definitivamente los retos para su implementación serán muy complejos, pero vale la pena resaltar que se han concretado una serie de acuerdos formales que se describen en esta publicación y que brindan un marco sumamente auspicioso par la COP 20, a realizarse en Perú el año 2014.

Esta publicación que ahora presentamos, recoge diversos artículos que dan cuenta de este proceso. Han sido redactados por funcionarios del MINAM, por académicos especializados en el tema y por asesores de las mismas organizaciones indígenas; todos ellos combinan sus insumos técnicos con una importante experiencia directa en diversos momentos del debate nacional e internacional sobre REDD+ y sobre RIA. Consideramos que, independientemente de los énfasis de cada sector o de los matices que son naturales en cualquier análisis de relaciones interculturales tan complejas, todos coinciden en que este proceso representa un excelente antecedente para abrir una nueva etapa de relacionamiento entre estado e indígenas, inspirada en el diálogo, el respeto y la buena fe entre ambas partes. Asimismo, se intenta contribuiral debate crítico y la construcción de propuestas desde una mirada amplia que reflexione sobre los principales avances y dificultades, considerando larelevancia del tema y sobre todo el gran interéssocial que genera.Todo el mérito es de las organizaciones indígenas del Perú y del Ministerio del Ambiente; tanto el Programa Regional PROINDIGENA como el Proyecto de Conservación de Bosques Comunitarios –CBC, nos sentimos muy satisfechos de haber acompañado muy modestamente este esfuerzo.

Sylvia Reinhardt

Paul - Gregor Fischenich

Coordinadora - Programa Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas en América Latina PROINDÍGENA – Alemania

Asesor Principal - Proyecto Conservación de Bosques Comunitarios (CBC) - Perú

Provincia de Atalaya - Regi贸n Ucayali, Foto: Lucas Dourojeanni- CBC - GIZ

REDD Indígena en el contexto de las negociaciones internacionales: Particularidades, ventajas y límites de la propuesta

Deborah Delgado Pugley Candidata a PhD Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris (Francia) Université Catholique de Louvain (Bélgica) Bruselas, 22 de julio de 2013

ACRONIMOS Grupo de Trabajo sobre la Plataforma de Durban ADP Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe AILAC CBD Convención sobre la Diversidad Biológica Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA COP Conferencia de las Partes ESMF Marco de gestión ambiental y social FCPF Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques IFI Institución Financiera Internacional IPCC Panel intergubernamental sobre el Cambio Climático LCA Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Acción Cooperativa de Largo Plazo Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico OSACT PES Pago por servicios ecosistémicos RIA REDD+ Indígena Amazónico R-PP REDD+ Readiness Preparation Proposal R-Pin REDD+ Readiness Plan Idea Note SBI Órgano Subsidiario de Implementación Evaluación Ambiental y Social Estratégica SESA Programa Colaborativo de Naciones Unidas sobre REDD UN REDD United Nations Framework Convention on Climate Chang UNFCCC 88

Contenido Resumen ejecutivo ........................................................................................................... pag. 10 Introducción .................................................................................................................... pag. 12 Parte 1: REDD+ en las negociaciones internacionales de la UNFCCC .........................................pag. 13 ¿Qué es REDD+ y cuál es su objetivo? ............................................................................. pag. 13 Recuento de la evolución de REDD+ en la UNFCCC ....................................................... pag. 15 Principales características de REDD+ en el espacio multilateral ....................................... pag. 16 Pueblos indígenas y salvaguardas en el marco de la UNFCCC ........................................... pag. 17 Previsiones de la decisión de Cancún (COP16) sobre REDD+ y salvaguardas ................... pag. 18 Puntos críticos y riesgos para los pueblos indígenas dentro de REDD+............................. pag. 19 ¿Qué significa el enfoque de pago por resultados? ............................................................ pag. 22 ¿Qué procesos internacionales abren oportunidades de apoyo para REDD+ Indígena?...... pag. 23 Vías abiertas para la consolidación de la propuesta de REDD Indígena después de Doha en el UNFCCC ............................................................ pag. 23 Fuera del ámbito de las negociaciones .............................................................................. pag. 27 ¿Qué procesos confrontan una proposición como REDD+ Indígena? ................................ pag. 27 Parte 2: Avances institucionales en previsiones relevantes para pueblos indígenas......................pag. 28 FCPF - Fondo Cooperativo Para el Carbono de los Bosques ............................................ pag. 28 FIP (Forest Investment Program) ..................................................................................... pag. 29 UNREDD ........................................................................................................................ pag. 29

Parte 3:

La proposición de REDD+ Indígena en el contexto internacional...................................pag. 31 Una estrategia de los pueblos amazónicos ....................................................................... pag. 28 Opciones de financiamiento propuestas .......................................................................... pag. 34 Estado actual de la propuesta ......................................................................................... pag. 35 ¿Una propuesta de estas características, puede ganar apoyo en el ámbito internacional? pag. 35 Temas a desarrollar en la propuesta ................................................................................ pag. 36 Algunos límites y potencialidades de la propuesta .......................................................... pag. 37 Potencialidades y Retos ................................................................................................. pag. 38 Conclusiones ................................................................................................................ pag. 40 Referencias bibliográficas .............................................................................................. pag. 46

Resumen Ejecutivo

REDD+ tiene como principal objetivo intensificar los esfuerzos nacionales e internacionales relativos a la mitigacióndel cambio climático, en lo que respecta a la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo, por intermedio de reformas en las políticas públicas y la creación de incentivos positivos. Se espera que REDD+ apoye la función de conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono (Decisión 1 /CP.13; Plan de Acción de Bali). Las salvaguardas para REDD+, aceptadas por la Convención en la Conferencia de las Partes 16, reconocen explícitamente los derechos de los pueblos indígenas y la importancia de su participación efectiva. De la forma en que están planteadas, estas salvaguardas ofrecen lineamientos sobre: (1) los objetivos y condiciones que REDD+ debe alcanzar para poder influenciar la reducción de las emisiones de la deforestación y degradación de los bosques; así como (2) los efectos nocivos que debe evitar. Aunque estas son provisiones importantes, hasta el momento no se ha establecido un suelo mínimo al desempeño en su cumplimiento ni una clara estructura de incentivos para la observancia de las salvaguardas de parte de todos los actores involucrados en el mecanismo. Esto implica que los gobiernos, en consulta con las partes interesadas, necesitarán decidir donde dibujar la línea

entre el estándar mínimo aceptable para cada salvaguarda y las consecuencias, si existieran, de no alcanzar ese mínimo. También tendrán que decidir si crearán incentivos para ir más allá del nivel mínimo aceptable. Todo o parte de estas estructuras de incentivos pueden estar contempladas por el sistema de salvaguardas o pueden ser consideradas como “co-beneficios” o “beneficios no-carbono” según la naturaleza del sistema y la definición utilizada a nivel nacional. En el contexto descrito y a nivel de la cuenca amazónica, REDD+ Indígena es particularmente pertinente para establecer modelos operacionales sobre cómo alcanzar los objetivos de las salvaguardas y consolidar los co-beneficios desde un enfoque de derechos. Se abren algunas oportunidades inmediatas en el contexto de la definición de los beneficios nocarbono o co-beneficios a realizarse de cara a la CP.19 en Varsovia a finales de 2013. En el espacio de las negociaciones internacionales, REDD+ Indígena Amazónico (RIA) puede demostrar cuáles son los resultados que se deberían recompensar y cómo hacerlo, para sustentar la factibilidad de ir más allá de la gestión del carbono forestal. Esto fortalecería su propuesta en el marco de las arquitecturas nacionales de los países amazónicos.

REDD+ Indígena Amazónico como alternativa que va más allá del carbono forestal Hasta el momento REDD+ Indígena se posiciona como una de las proposiciones centrales del major group de los pueblos indígenas, la jurisdicciónmejor posicionada en el esquema de Naciones Unidas para asumir el reto de construir una alternativa eficaz a REDD+ convencional que tome en cuenta la diversidad cultural de las comunidades que viven en los bosques. Se sostiene en la evidencia de que el manejo holístico de los bosques tropicales de parte de los pueblos indígenas ha fortalecido su resiliencia en diversos contextos ecológicos, políticos y geográficos en todo el trópico amazónico.

En suma, esta propuesta puede ser vista como una manera de garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas y respetar sus derechos (acorde con las salvaguardas de REDD+ y las disposiciones consensuadas en el seno de Naciones Unidas). En este sentido, ya cuenta con una importante aceptación en el ámbito internacional demostrada por la participación y manifestaciones de apoyo de diferentes negociadores, funcionarios de agencias de Naciones Unidas y miembros de la sociedad civil en sus sucesivas presentaciones. Se reconoce que las organizaciones indígenas - en coordinación con otros actores pertinentes para la gestión de los bosques tropicales - tienen la capacidad de anticipar, planificar, gestionar, monitorear y responder a los riesgos para las personas y el medioambiente asociados con REDD+.Una propuesta como REDD+ Indígena, si cuenta con el respaldo adecuado, reúne las características necesarias para cumplir los criterios de efectividad, eficacia y equidad que busca alcanzar este enfoque de política medioambiental. Para ello es necesario subrayar la importancia de contar con las condiciones adecuadas para activar las redes de organizaciones indígenas capaces de sostener una gestión holística de los bosques. Un marco legal, económico e institucional adecuado resulta clave.

REDD+ Indígena puede demostrar que: Facilita y asegura el acceso sostenido y equitativo a recursos naturales, ambientales y financieros a las comunidades y familias indígenas. Se apoya en la economía real y sostenible de las comunidades y territorios indígenas (que figuran en sus planes de vida) y reinserta ingresos adicionales para su desarrollo. Es realista incluir la visión de los pueblos indígenas en la construcción de metodologías concretas y en las arquitecturas nacionales de REDD+.

REDD+ Indígena tiene el reto de: Reconciliar e influir con sus propuestas y sus reivindicaciones la nueva normativa ambiental y social relativa a los pueblos indígenas de cada país de la cuenca amazónica. Crear mecanismos para fortalecer la cohesión interna de las organizacionesque les permita hacer frente a nuevas tareas en diferentes niveles de gobernanza (internacional, nacional, regional y local) e influenciar la repartición y administración del desembolso de incentivos que se esperan con REDD+. Esclarecer el rol de la COICA así como de las organizaciones indígenas nacionales y regionales dentro de la estructura del RIA para facilitar los procesos de creación de capacidades, representación y repartición de beneficios. Facilitar la comprensión y la elaboración de REDD+ a nivel de las bases. Adaptar el sistema de pago por resultados a los contextos culturales y económicos de las diversas comunidades y pueblos indígenas.

Introducción Todo indica que las políticas relativas a los bosques tropicales serán parte integral de un tratado internacional sobre cambio climático Post-Kioto elaborado en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y puesto en vigencia desde 2020. REDD+ es un tema relevante para el futuro de los pueblos indígenas ya que buena parte de los bosques primarios tropicales y subtropicales en el mundo (que este mecanismo procura proteger) se encuentran en sus territorios ancestrales. Por su legitimidad como pobladores originarios, su conocimiento y presencia en la zona, los pueblos indígenas son actores clave tanto para el manejo territorial de REDD+ como para la viabilidad política de este mecanismo. En ese contexto, la propuesta de REDD+ Indígena que la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) ha sostenido a nivel internacional llama la atención de una serie de actores involucrados en el debate global. El objetivo de este informe es brindar insumos conceptuales e información sistematizada para el Programa Regional PROINDIGENA de la GIZ en torno a las características, el estado actual, los puntos críticos y perspectivas del debate sobre REDD+, así como sobre la propuesta de REDD+ Indígena.

Aunque estos territorios ya se encuentran expuestos a la presión de una serie de actividades económicas que producen un cambio de uso de suelos considerado como “deforestación” o “degradación forestal”1, su tratamiento merece una atención especial debido a que los cambios de regímenes institucionales y legales pueden traer amplias consecuencias tanto para las personas como para los ecosistemas. El hecho de que las políticas de cambio climático le den importancia a combatir la deforestación y la degradación de los bosques tropicales y sub-tropicales a nivel global es, en principio, positivo para los pueblos que en ellos habitan. Estas políticas ayudarían a conservar los ecosistemas forestales de los cuales se sirven cotidianamente. Pero como veremos enseguida, las iniciativas apoyadas también pueden traer sustanciales efectos negativos en las condiciones de vida de los pueblos indígenas y en el medioambiente a escala del bioma. Muchas voces se han levantado frente a estos riesgos. En vista de esto, los programas y fondos existentes han diseñado una serie de previsiones que analizaremos. A la vez, muchos países ricos en cobertura forestal ya han establecido disposiciones nacionales para abordar el problema desde perspectivas nacionales.

Si bien la mayor parte de los bosques tropicales del planeta son de alguna u otra forma utilizados por comunidades locales, estos territorios están en su mayoría bajo la jurisdicción oficial de los Estados. Según Sunderlin (2011), el 85% de los bosques mundialesse concentra en treinta países, en los cuales los gobiernos controlan el 75% de dichas zonas forestales. Solamente alrededor del 11% de los bosques son propiedad, o están destinados a una utilización estable y reconocida, de las comunidades locales y los pueblos indígenas (RFN 2012). Es claro que REDD+ operaría de forma sustancial en territorios que aún no forman parte activa de un mercado de tierras.

Para contextualizar la importancia, potencialidad y límites de la proposición de REDD+ Indígena Amazónico, este documento se divide en tres partes: la primera introduce REDD y analiza las decisiones relevantes para los pueblos indígenas en el marco de la Convención2; la segunda presenta las provisiones relativas a los pueblos indígenas de los programas creados alrededor de la Convención (que son coordinadas por agencias de Naciones Unidas tales como UNREDD, FCPF y FIP); y una tercera se centra en la propuesta REDD+ Indígena. Finalmente, presentamos algunas conclusiones y recomendaciones.

Parte I: REDD+ en las negociaciones internacionales de la UNFCCC

¿Qué es REDD+ y cuál es su objetivo? Tipos de programas y proyectos considerados REDD+ Actividades de “REDD readiness”: actividades preparatorias llevadas a cabo por países con bosques tropicales (con la asistencia de organismos internacionales y donantes) para construir capacidades nacionales que les permitan cumplir con las normas y procedimientos del mecanismo en el futuro. Proyectos individuales REDD+: actividades en las zonas forestales definidas que comprometen la participación de las comunidades locales, organizaciones no gubernamentales nacionales y/o extranjeras, empresas privadas y/o otro tipo de intermediario. Emprendimiento para el mercado voluntario de carbono o anticipando la entrada en vigor de regulación internacional. REDD+ es un mecanismo internacional que responde principalmente a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés). Este mecanismo se acepta en los Acuerdos de la COP13, aprobados en Bali en 2007. Según la Convención el principal objetivo de REDD+ es la intensificación de la labor nacional e internacional relativa a la mitigación3 del cambio climático en lo que respecta a los “enfoques de política e incentivos positivos para las cuestiones relativas a la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo; y la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo”4 (Decisión 1 /CP.13 ; Plan de Acción de Bali).

El principal beneficio que busca este conjunto de políticas es la reducción de las emisiones de carbono (o el aumento de su captura en los bosques a partir del manejo forestal)5 pero por la naturaleza de sus actividades también puede ofrecer una serie de “co-beneficios”6 o “beneficios no-carbono”. Para que REDD+ llegue a conseguir su objetivo de reducción de las emisiones de carbono, tiene que resolver una serie de problemas relativos al manejo de los bosques (ligados a la gobernanza forestal) lo que lleva a tratar asuntos clasificados a nivel internacional como “motores de la deforestación” (Meyfroidt et al, 2013) y como “salvaguardas”. Ambos permitirían al mecanismo funcionar de manera óptima (ver más adelante). Estos beneficios podrían ser situados bajo los objetivos de otros tratados y convenciones (se pueden establecer sinergias formales con la CBD, CITES y otros)7 apoyándose en una serie de políticas con objetivos afines (Savaresi, 2012). REDD+ es sobre todo un esquema “pago por servicios medioambientales” (PES) similar a otros esquemas que se ensayan con otros objetivos de mantenimiento ambiental (Corbera, 2010). Finalmente, muchos actores que intervienen en las negociaciones internacionales ven a REDD+ como uno de los esquemas más elaborados a nivel multilateral de una “economía verde” (ver intervención de Eleonor Ostrom en el Forest Day 38 xx y de Christina Figueres en el Forest Day 59). En este sentido REDD+ podría servir como ejemplo (o contraejemplo) de un esquema que coadyuva a la necesaria convergencia de las metas de desarrollo y los objetivos medioambientales dentro de un contexto post- Objetivos del Milenio.

Comunidad Nativa Anapate, Foto: Miguel Schmitter- CBC - GIZ

Recuento de la evolución de REDD+ en la UNFCCC

2005 Montreal (COP 11): propuesta de Papúa Nueva Guinea y Costa Rica (por la Coalition of Rainforest Nations). El tema fue sometido a consideración del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT o SBSTA por sus siglas en inglés). Se llevaron a cabo varios talleres durante los dos años siguientes para llegar a algunos consensos. 2007 Bali (COP 13): se decidió que REDD debería también aplicarse a iniciativas destinadas a la función de la conservación, a la gestión sostenible de los bosques y al aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo. Al sumar esos tres componentes a la deforestación y degradación, se cambió el nombre de la iniciativa a “REDD+”. La decisión de la COP (que se llamó Plan de Acción de Bali), incluyó REDD+ en el párrafo 1(b) (iii). Ello proporcionó una base para las siguientes negociaciones. Su legitimidad e importancia se sustenta en que la deforestación y la degradación de los bosques contribuyen entre el 18% a 25% de las emisiones de CO211(según el informe de síntesis del IPCCC, 2007). 2008 Poznam (COP 14): orientación metodológica adicional sobre REDD+, SBSTA incluye “el papel de la conservación, el manejo sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo.” 12 2009 Copenhague (COP 15): el Acuerdo de Copenhague fue un acuerdo político, que se concluyó fuera del marco de la UNFCCC. Desde entonces parte del lenguaje de este acuerdo ha sido incluido en el texto de negociación y en las decisiones de la Convención. Además, la CP 15 en Copenhague adoptó una decisión sobre REDD+. La decisión 4/CP.15 proporciona orientación metodológica para REDD+, basada en el trabajo realizado por el SBSTA como seguimiento a la decisión 2/CP.13. En la decisión 4/CP.15 la Convención solicitó a los países en desarrollo que identifiquen los factores indirectos de la deforestación y la degradación de bosques; determinen las actividades que generen, dentro del país, una reducción de las emisiones y el aumento de la absorción, y la estabilización de las reservas forestales de carbono; utilicen como base para estimar las emisiones las orientaciones y directrices más recientes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCCC); y establezcan sistemas de vigilancia de bosques que sean robustos y transparentes. En la decisión, la COP alienta a que, según corresponda, se elaboren orientaciones para una participación efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la vigilancia y notificación. La decisión también alienta el desarrollo de capacidades. Menciona un financiamiento sustancial para REDD-plus en relación a un compromiso colectivo de los países desarrollados para proporcionar recursos nuevos y adicionales, incluyendo la silvicultura y las inversiones a través de instituciones internacionales, por un valor aproximado de US$30 mil millones para el período de 2010-2012, distribuidos proporcionalmente entre actividades de adaptación y de mitigación. Este párrafo también incluye una referencia a la movilización de US$100 mil millones por año para el 2020 (párrafo 8). 2010 Cancún (COP 16): esta COP fue decisiva para lograr decisiones sobre los derechos de los pueblos indígenas. Allí se determinaron salvaguardas para REDD+ que incluyen salvaguardas especificas para los pueblos indígenas reconociendo la UNDRIP (desarrollaremos el tema en seguida). 2011 Durban (COP 17): la decisión de Durban permite el financiamiento de REDD+ mediante mecanismos de mercado y no-mercado. Se decide la creación del Fondo Verde para el Clima. Se establecen guías de trabajo para detallar guías operativas sobre las salvaguardas REDD+ y la determinación de beneficios y co-beneficios del mecanismo a partir de la experiencia de los países que albergan REDD+. 2012 Doha (COP 18): SBSTA no llega a una decisión sobre el Sistema de Información sobre Salvaguardas de REDD+ pero se acuerda que será considerado en las reuniones del SBSTA de 2013 para obtener las guías solicitadas por la decisión de Durban. Se esperaba que en Doha las negociaciones que estaban divididas entre los diferentes canales abiertos por Bali (LCA y SBI) que ya deberían acabar con sus mandatos (aparte de los órganos subsidiarios de la Convención - SBSTA), convergieran en el ADP. Cuando se hizo claro que eso no sucedería, Papúa Nueva Guinea pidió la creación de un “Comité REDD” como nuevo espacio para estas negociaciones. El detalle de esta proposición fue reducido13por las demás partes para finalmente postergar la decisión hasta junio durante la reunión de SBSTA.

Principales características de REDD+ en el espacio multilateral El enfoque que sigue REDD+ esta sujeto a los principios de la Convención. Además se rige por las orientaciones cardinales delimitadas en las decisiones tomadas hasta hoy por las COP desde 2007. Los elementos principales de su enfoque con relevancia para los pueblos indígenas y las comunidades locales son: (1) el desarrollo por fases; (2) el pago por resultados; (3) la identificación de los motores de la deforestación y las políticas para controlarlos14 ; y (4) la identificación de salvaguardas sociales y medioambientales.

Desarrollo por fases:ya presente desde las decisiones de Copenhague, en las negociaciones de Durban se consolidó este acercamiento a REDD+. La idea es permitir el desarrollo de las condiciones para el mecanismo (1) preparando a los países para transferencias económicas a partir de resultados y (2) evitando generar efectos medioambientales y sociales no deseados. Así, los Estados se pusieron de acuerdo en que REDD+ se implementará en tres fases. La implementación de las salvaguardas se debe considerar en todas las fases y particularmente en el momento de implementación de pagos por resultados a partir de lo delimitado en la fase de preparación. Las fases son las siguientes:

Las fases de REDD+ 1º Fase de preparación (readiness) comienza por la elaboración de estrategias o planes de acción, políticas y medidas nacionales, y la realización de actividades de fomento de la capacidad. El establecimiento de mecanismos de queja y resolución de conflictos, la representación de indígenas en los órganos de toma de decisión, la aclaración de derechos de tierra y carbono, son parte integrante del proceso de preparación para REDD+. La elaboración y aplicación de estrategias o planes de acción nacionales supone abordar, entre otras cosas, las cuestiones de la tenencia de la tierra, la gobernanza forestal, las consideraciones de género y las salvaguardas, entre ellas las medidas de protección de los derechos de los pueblos indígenas. 11º Fase de implementación durante la cual se aplican las estrategias o planes de acción (contando con transferencia de tecnología) y se implementan proyectos pilotos de REDD+ llamados “demostraciones basadas en resultados”. 111º Fase de pago por resultados Es la puesta en práctica del mecanismo en sí, durante la cual se desarrollan proyectos, se verifican sus efectos y se pagan las compensaciones. Se reconoció que la puesta en práctica de esas medidas dependería de las circunstancias nacionales.15

Pueblos indígenas y salvaguardas en el marco de la UNFCCC16 El enfoque de derechos está poco presente en la Convención en su conjunto (Duyck y Johl, 2012) y existe resistencia de parte de una serie de actores a asumir un enfoque de derechos dentro de la Convención (Presentación de los Estados Unidos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2008).17 Además existe una dificultad seria en calificar los efectos del cambio climático como violaciones a los derechos humanos (Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la relación entre el cambio climático y los derechos humanos, 2009) y crear “derechos climáticos” propiamente dichos (Brandstedt y Bergman, 2013).18 Aun así podemos encontrar una serie de provisiones y salvaguardas sociales y ambientales para REDD+ acordes a las consensuadas en otros espacios multilaterales que analizaremos en seguida. La Convención hizo su primera y única referencia a los Derechos Humanos en los Acuerdos de Cancún adoptados en 2011. Hasta cierto punto, estas referencias permiten introducir provisiones y adaptar enfoques para favorecer el respeto de convenciones relativas a derechos sociales y ambientales reconocidos dentro del marco de Naciones Unidas.

La particularidad de las salvaguardas de REDD+ planteadas en el marco de la UNFCCC es que no están atadas a un tipo de financiamiento en particular, como podría ser el caso de las salvaguardas planteadas por UNREDD o el FCPF (y es sin duda el caso de salvaguardas que plantean las IFI tradicionalmente) sino que se aplican a todo tipo de inversiones REDD+, a nivel de todos los países parte de la Convención, y a toda fuente de financiamiento (mecanismos de mercado o no mercado).19 La Convención no incluye una cláusula que aborde específicamente los conflictos con otros instrumentos internacionales. En el contexto de REDD + estas superposiciones han sido abordadas a través de salvaguardas, que mencionan específicamente que las actividades REDD+ deben hacerse en “complementariedad o compatibilidad con” los objetivos de los programas forestales nacionales y las convenciones y los acuerdos internacionales pertinentes. Así, las salvaguardas de REDD + pueden ser vistas como un intento de adelantarse a los conflictos con otros objetivos y normas de derecho internacional. Sin embargo, es importante señalar aquí que se están llevando a cabo estos esfuerzos a través de decisiones de la COP y no por la inclusión de cláusulas específicas de conflicto en el texto de la CMNUCC (Savaresi, 2012).20

No existe una definición universalmente aceptada de la noción de salvaguardia a nivel global. Tradicionalmente, los términos “salvaguardas” y “sistemas de salvaguardas” se han utilizado para referirse a las políticas y procedimientos implementados por las instituciones financieras internacionales (IFI) para garantizar que sus inversiones no provoquen “perjuicios no intencionales”. En un principio las políticas de salvaguardia tradicionales estaban destinadas a llenar los vacíos de la normativa e instituciones nacionales. Así, siguiendo a Larson y Daviet (2012), este informe define el término salvaguardas como “un conjunto de normas e instituciones necesarias para lograr las funciones que permitan cumplir con los objetivos sociales y ambientales identificados.”

Previsiones de la decisión de Cancún (COP16) sobre REDD+ y salvaguardas La decisión de Cancún solicitó a los países en desarrollo que definan: (1) una estrategia o plan de acción nacional; (2) un nivel de referencia de emisiones de los bosques nacionales o nivel de referencia forestal (o como medida provisional niveles de referencia subnacionales); (3) un sistema de vigilancia de los bosques nacionales sólido y transparente (posiblemente con una vigilancia y notificación a nivel subnacional como medida interina); y (4)un sistema para proporcionar información sobre la manera en que se están respetando y dando respuesta a las salvaguardas descritas en el apéndice I de la decisión (párrafo 71). 2. Afirma además que, al llevar a cabo las actividades mencionadas, se deberían promover y apoyar las siguientes salvaguardas:

La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales pertinentes.

b. Estructuras nacionales de gobernanza forestal

transparentes y eficaces que tengan en cuenta la legislación y la soberanía.

El respeto por los conocimientos y derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y legislación nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las comunidades locales, en las medidas mencionadas en los párrafos 3 y 5. Medidas compatibles con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, velando por que las actividades mencionadas en el párrafo 3 no se utilicen para la conversión de los bosques naturales, sino para incentivar la protección y conservación de esos bosques y los servicios derivados de sus ecosistemas, y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales. Medidas para hacer frente a los riesgos de reversión.

g. Medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones.

Como se puede ver en el cuadro precedente, las salvaguardas de la UNFCCC hablan explícitamente de los derechos de los pueblos indígenas y de su participación plena y efectiva (puntos c y d) y reconocen la Declaración de las NacionesUnidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.Aun así, las salvaguardas del UNFCCC para REDD+ carecen de directrices sobre cómo se deben llevar a la práctica y qué se considera su cumplimientosatisfactorio. También queda por definir la forma de reportar este cumplimiento a la comunidad internacional. En otras palabras, las salvaguardas del UNFCCC no establecen una división clara entre un comportamiento aceptable y uno inaceptable tomando como criterio las disposiciones definidas; tampoco las medidas a tomar frente a un comportamiento no aceptable.

Esto deja una serie de decisiones clave en manos de los encargados de diseñar las estrategias de REDD+ y la implementación de las iniciativas REDD+ a nivel nacional y sub-nacional, que ya están en curso. Los Estados, en consulta con otros stakeholders, deberán decidir dónde dibujar la línea del estándar mínimo aceptable de desempeño para cada salvaguarda y las consecuencias de no alcanzar ese mínimo . También tendrán que determinar si (y si es así cómo) van a crear incentivos para ir más allá del nivel mínimo aceptable. Todo o parte de estas estructuras de incentivos pueden contemplarse en el sistema de salvaguardas, o pueden ser considerados co-beneficios dependiendo de la naturaleza del sistema y la definición utilizada por el país. En este marco, REDD+ Indígena Amazónico es particularmente pertinente como punto de partida para establecer modelos operacionales sobre cómo alcanzar de forma concreta y comunicable los objetivos de las salvaguardas y los co-beneficios de REDD+ en los territorios y comunidades indígenas, desde un acercamiento de derechos. Los actores involucrados con REDD+ tienen que respetar el conocimiento tradicional y los derechos de los pueblos indígenas. Las actividades de REDD+ tienen queasegurar la participación plena yefectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales. En el siguiente cuadro señalamos los puntos críticos y riesgos de REDD+ señalados por diferentes especialistas a partir del análisis de las disposiciones existentes y de los proyectos individuales en el estado actual del esquema REDD+ a los cuales REDD+ Indígena permitiría responder:

Puntos críticos y riesgos para los pueblos indígenas dentro de REDD+

REDD+ y derechos territoriales de los pueblos indígenas:

Autonomía y descentralización:

A medida que los gobiernos buscan captar ingresos de las reservas de carbono forestal se genera una tendencia a la marginación de las comunidades locales, lo que podría implicar el estancamiento -o reversión- de las reformas recientes hacia la descentralización de la propiedad de los bosques y las responsabilidades de gestión transferidas a las comunidades. Así, aumenta la tensión entre el reconocimiento de los regímenes de autogobierno indígena y la gestión centralizada de las zonas bajo REDD+22 (ver informe preparado para el Foro Permanente sobre temas indígenas, mayo 2013)23

Solo el 11 % de los bosques del mundo son propiedad legal de los pueblos y comunidades indígenas. El hecho de que existan partes considerables de territorios indígenas tradicionales sin reconocimiento claro genera un riesgo de violación de los derechos tradicionales a la tierra, pérdida del acceso a los boques, conflictos por su uso o desplazamiento físico fuera de los bosques. El conflicto sobre el acceso a recursos naturales y medioambientales no solo perjudica a las comunidades indígenas, representa un riesgo desde el punto de vista de los inversionistas (Mundem Project, 2012) y de la sociedad nacional.

Puntos críticos y riesgos para los pueblos indígenas dentro de REDD+ Reparto de beneficios» frente a la indefinición de la propiedad del carbono: solo algunos

países que participan del FCPF han explicitado aspectos operativos del reparto de beneficios (cómo se determinaría la elegibilidad para el pago o cómo sería específicamente incorporado el principio de equidad en sus políticas de distribución). A esto se suma el hecho deno haberse definido el valor y la naturaleza de la propiedad del carbono. ¿Cuál será la relación entre el sistema de intercambio de carbono forestal, la propiedad de la tierra y los derechos de uso de los bosques con que cuentan los pueblos indígenas en diferentes contextos nacionales? Por ejemplo, consideremos que una comunidad indígena tiene derecho a utilizar la tierra para actividades tradicionales. La actividad que ha venido haciendo ha contribuido con la conservación de los bosques. El manejo forestal para REDD+ (que incluye la mejora del stock de carbono y las actividades de monitoreo y verificación) no es propiamente tradicional; ¿de qué manera negociará los beneficios con otros actores interesados en participar de REDD+?

Existen entonces dos riesgos principales: (1) desligar los derechos forestales de carbono de la propiedad de los bosques o de los derechos de gestión, negando así la participación equitativa de las comunidades en los beneficios financieros de los programas forestales de carbono; y (2) que las comunidades no se vean en capacidad de participar en los programas de pagos de conservación debido a la falta de reconocimiento de los derechos sobre la tierra24 (ya sea a los bosques o reservas forestales de carbono), falta de información, altos costos de implementación y transacción o porque su contribución histórica a la conservación los hagan paradójicamente inelegibles.

REDD y cambios en las condiciones de vida de los pueblos indígenas: la limitación en el acceso a recursos medioambientales puede terminar en la pérdida de medios de subsistencia y la disminución de la producción local de alimentos, creando riesgos para la inseguridad alimentaria. Si se llega a un marco común para LULCF (por sus siglas en inglés, cuestiones relativas al uso de suelo, cambio de usos de suelo y actividades forestales) sería un tema clave para las comunidades indígenas y en general las comunidades rurales locales ya que afectaría su producción y sus circuitos mercantiles cortos.25 Acceso a financiamiento: el acceso adecuado a fondos de parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales que tienen derechos y/o capacidades sobre los territorios forestales es un tema que se ha venido debatiendo ampliamente en el espacio internacional. La formación del ‘Green Climate Fund’ se postula como una oportunidad para consolidad fondos dedicados a los pueblos indígenas (como el creado por el FIP)26. El exceso de intermediarios entre las comunidades forestales y un espacio de intercambio de emisiones (sea este un mercado o un espacio centralizado por gobiernos nacionales) es un problema bien identificado. Garantizar una participación efectiva: existe el riego de limitar la participación de los pueblos

indígenas únicamente al monitoreo de las actividades REDD+ (Skutch et al, 2011). El uso de un enfoque integrado, con la participación plena y efectiva de las comunidades en el monitoreo fortaleciendo al mismo tiempo y utilizando el sistema de seguimiento forestal nacional, así como otras fuentes de datos existentes, es rentable.

Comunidad NativaVilla Gonzalo, Condorcanqui-Amazonas. Foto: Barbara Lehnebach- CBC - GIZ

¿Qué significa el enfoque de pago por resultados? En la fase de pago por resultados se espera que REDD+ implique la transferencia a los países ricos en bosques tropicales de US$15-25 mil millones al año mediante un mecanismo basado en el desempeño (Global Witness, 2011). La compensación se basa en los resultados. Es así que este pago se daría únicamente al finalizar un período de tiempo acordado y después de verificar que las reducciones pactadas (y otros co-beneficios si fuera el caso) se hayan logrado. De allí la importancia de establecer un sistema claro de monitoreo, reporte y verificación (MRV). Si bien hasta el momento los pagos por resultados no están orientados a cubrir específicamente la implementación de las salvaguardas, se tienen que realizar de manera consistente con las disposiciones previstas por las salvaguardas (CP.17 párrafo 63). Las decisiones de Durban (párrafo 65) y Qatar confirman que esta fase de REDD+ puede financiarse a través de mecanismos de mercado y no mercado.

Comunidad Nativa Anapate. Foto: Miguel Schmitter- CBC - GIZ

¿Podrían haber pagos por resultados no-carbono? Estos no son centrales para el mecanismo, pero están nombrados en las decisiones de la CP.18 y sobre el financiamiento de REDD+ como desarrollaremos más adelante27. En el FCPF los beneficios no-carbono o co-beneficios ya se contemplan como resultado de REDD+ sujetos a pago por resultados. Las organizaciones medioambientalistas y pro-derechos, además de algunos países, intentan argumentar a favor de la importancia de medir y recompensar estos beneficios para llegar a acuerdos en este sentido.28 REDD+ Indígena Amazónico, los proyectos de REDD+ en áreas protegidas o en bosques primarios y REDD+ comunitario (comunity based REDD+) podrían beneficiarse de pagos por resultados no carbono ya que su trabajo resulta en una serie de estos beneficios. RIA puede ofrecer un resultado eficaz en reducción de emisiones de carbono (y con efectos duraderos en la estabilización de diferentes servicios ecosistémicos interrelacionados) desde una metodología con enfoque de derechos. La ventaja de estas metodologías es que garantizan la durabilidad de las emisiones captadas y facilitan el control de la adicionalidad de las iniciativas, además de la integridad social y ambiental. Asegurarse de que este tipo de iniciativas sean viables y ejemplares es clave para varios actores que intentan fundamentar la integridad medioambiental de REDD+ para protegerse de las sucesivas críticas al mecanismo por su falta de integridad medioambiental, así como para crear confianza en los inversores y donantes que no quieren poner en juego su reputación frente a una falla del esquema.

¿Qué procesos internacionales abren oportunidades de apoyo para REDD+ Indígena?º Vías abiertas para la consolidación de la propuesta de REDD Indígena en el UNFCCC después de Doha Desde su instauración, REDD+ se ha negociado en grupos de trabajo paralelos de forma casi simultánea. Esto ha hecho que la discusión se abra en flancos interdependientes donde en algunos casos se puede avanzar con una agenda de derechos mientras que en otros se modifican los términos de la discusión o se avanza mucho más lento. En este contexto no es sencillo determinar qué procesos internacionales de negociación coadyuvan a una propuesta como REDD Indígena y cuáles pueden ir en detrimento de ella. Aun así, se pueden observar algunos canales abiertos en el corto y mediano plazo y tendencias generales. En este momento, con el cierre de las vías de negociación abiertas por la Hoja de Ruta de Bali (CP 13) en Doha (CP 18), la mayor parte de los temas de REDD+ fueron trasladados a los órganos subsidiarios y a los “Programas de trabajo” establecidos en la decisión de la CP18. Así, durante los próximos dos años, las negociaciones de REDD+ se centrarán en el Ad Hoc Working Group Durban Platform (ADP)29 que llevarán a cabo una serie de talleres, comenzando en 2013, y en los órganos subsidiarios de la Convención. Según La Viña (2012) para REDD+ convencional, con miras al 2015 debería darse una “señal clara” de la ADP para crear demanda e inversión en REDD+ a nivel global. Esto solo se lograría con decisiones sobre cómoREDD+ va a interactuar con elementos como los compromisos de mitigación, MRV, finanzas y los nuevos mecanismos de mercado bajo un nuevo protocolo (además del nuevo protocolo de apoyo a los esfuerzos continuos del país para establecer REDD+ y las actividades de demostración). Todo esto depende a la vez de la voluntad de llegar a acuerdos sobre REDD+ como mecanismo de flexibilidad en un tratado post Kioto. De esa forma, las negociaciones continúan exigiendo mayores obligaciones de parte de los países en desarrollo acerca de cómo medir y verificar las reducciones de emisiones de carbono que hayan logrado antes de que exista ningún compromiso de apoyo financiero concreto para pagos por REDD+30. La contabilidad del carbono forestal es un ejercicio técnico

complejo y costoso31 y aun es discutible a qué nivel de detalle llegar en el reporte de este proceso. En Doha se debatió mucho sobre los niveles de referencia de emisiones y los niveles de referencia forestales, pero esto deja de ser un tema tan polémico en Bonn 2013 y quizás en Varsovia. Frente a este panorama exigente debe notarse que es de esperar que REDD+ sea un tema destacado en las negociaciones del ADP. Algunos países partes han enfatizado que REDD+ podría jugar un rol importante para el logro de una mayor reducción de emisiones. La recientemente creada Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe (AILAC, que incluye a Colombia, Costa Rica, Perú y Panamá) sostiene esta posición. SBSTA sobre el Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS): asumiendo que se ha llegado a un consenso sobre lo que son las salvaguardas, se espera que se pase a discutir sobre el Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS). Aún no hay consenso acerca del detalle del reporte del cumplimiento de las salvaguardas a nivel internacional. Varios países consideran que es un tema que toca a su soberanía y prefieren limitar las competencias de un espacio internacional en este ámbito. En Doha hubo una resistencia de Brasil (en nombre del G77) a reportar el cumplimiento de las salvaguardas a nivel internacional.

Antes de Doha, se retrasó el examen de la necesidad de una mayor orientación internacional sobre el SIS tomando en cuenta que existe el mandato de definir ese y otros temas en el SBSTA 39 (2014)32. Algunos países partes expresaron que antes de proporcionar orientación adicional sobre el SIS, los países deberían empezar a aplicar las salvaguardas de REDD+ durante algunos años, para crear mayores guías en base a las experiencias concretas y retos identificados. En este sentido, lo que se desarrolle en el marco REDD+ Indígena Amazónico puede guiar la operacionalidad de las salvaguardas relativas a los pueblos indígenas (respeto por sus derechos y su participación efectiva, además de cómo comunicar a nivel internacional sobre el tema). En otras palabras, REDD+ Indígena se podría emprender como ejemplo o como vía hacia el cumplimiento de las salvaguardas relativas a los pueblos indígenas. Así se aseguraría que se lleve a cabo esta propuesta en el marco de las arquitecturas nacionales de REDD+ de los países amazónicos.

En Durban, el Cónclave de los Pueblos Indígenas hizo una declaración ante el SBSTA sobre su posición con respecto a los sistemas de información sobre el cumplimiento de las salvaguardas: “Las directrices del SBSTA deberían garantizar que los Pueblos Indígenas son plena y efectivamente involucrados en el establecimiento, diseño e implementación de los sistemas de información sobre salvaguardas. Las metodologías y enfoques, tales como el monitoreo participativo comunitario, el mapeo participativo de los bosques en territorios de los Pueblos Indígenas, el enfoque de derechos humanos y basado en los ecosistemas deberían ser empleados en la implementación de REDD+.”

LCA y la definición de los beneficios no-carbono A diferencia del SBSTA, que por primera vez no pudo llegar a una decisión sobre REDD, LCA tomó una decisión al respecto en Doha: 29. Decide también que en el programa de trabajo se examinarán las opciones para lograr este objetivo, teniendo en cuenta una gran variedad de fuentes, como se indica en la decisión 2/CP.17, párrafo 65, entre ellas: a) Los medios para transferir pagos por las medidas basadas en los resultados b) Los medios para incentivar los beneficios no relacionados con el carbono c) Los medios para mejorar la coordinación de la financiación basada en los resultados 24

Así, uno de los “asuntos nuevos” que trata el SBSTA son los “temas metodológicos relativos a los beneficios no carbono resultantes de la implementación de las actividades referidas a la decisión 1/CP.16, párrafo 70, y reportar de ellos a la COP en su sesión 19”. Este asunto forma parte de un programa de trabajo que debería cerrarse en Varsovia durante la COP 19 a menos que la COP decida algo distinto. El programa de trabajo debe considerar “formas de incentivar los beneficios no carbono” pero no hay todavía una definición de qué significa ese término. Según Ecosystem Marketplace esto podría incluir la filtración del agua, la conservación de la biodiversidad y el apoyo a los pueblos de los bosques.33 Y de acuerdo a Ecosystems Climate Alliance podría incluir beneficios para la comunidad, resiliencia de los ecosistemas y mejoras en la gobernanza. Para el Accra Caucus (que agrupa a una serie de ONG y organizaciones de comunidades locales) y Forest Peoples Program (FPP), los beneficios de no carbono incluyen conservación de la biodiversidad, la protección de los medios de vida de las comunidades locales, las reformas de gobernanza, la reforma de la tenencia de la tierra y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Durante las reuniones del SBSTA en Bonn se comenzó con un “Taller sobre financiamiento en base a resultados para la implementación plena de las actividades relativas a REDD+” (viernes 8 de junio). Allí se presentó y discutió qué entienden los países parte por co-beneficio o beneficio no-carbono a ser recompensado como un resultado. Este es un proceso que permitiría garantizar pagos por resultados para REDD+ Indígena que van más allá del carbono. El texto LCA también solicita que el SBSTA considere “cómo los enfoques no basados en el mercado, tales como la mitigación y la adaptación conjunta” podrían apoyar la implementación de REDD. Esta es una referencia a la proposición de Bolivia alternativa a REDD. Como texto de negociación es también una vía de reforma del mecanismo, ya que crea un espacio para proposiciones “intermedias” o, en otras palabras, para abrir el espectro de opciones de “REDD+ comunitario”. En este proceso se debe tomar en cuenta que: Muchos países consideran que el debate sobre lo que es y lo que no es un beneficio no-carbono y cuáles serían las modalidades y medios para recompensarlos pueden atrasar el mecanismo en general. Hay resistencia de parte de varios países que negocian, como la Unión Europea y algunos BRIC, a pagar por otros ítems que no sean los pagos por unidad de medida de carbono. Sin embargo, muchos países (particularmente los receptores del programa) encontrarían una utilidad en tipificar qué beneficios no carbono pueden ser contemplados como resultados de REDD+ y por ende recibir compensaciones por ellos. En este contexto seria valiosa una participación de los representantes de los pueblos indígenas que desarrolle cuáles son los pagos por resultados que ellos quisieran ver reflejados en REDD+ y cuál es la legitimidad y funcionalidad de realizarlos. Si REDD+ Indígena demuestra que ésta puede ser una discusión, clara se reduciría la resistencia de las partes. Finalmente, otro proceso que también está en juego es el establecimiento de uncomité REDDo de un espacio de coordinación para el financiamiento dentro del UNFCCC.Es importante que, si se llega a establecer, se garantice una participación de los pueblos indígenas en este órgano. Este comité puede tener una voz sobre la evaluación y la transparencia del cumplimiento de las salvaguardas así como el futuro de la forma del mecanismo. 25

Comunidad Nativa Coriteni Tarso - Valle del Tambo, Selva Central. Foto: Miguel Schmitter / CBC - GIZ

Fuera del ámbito de las negociaciones del UNFCCC Procesos sociales de organizaciones representativas de pueblos y comunidades locales: varios procesos sociales en América Latina (y no exclusivamente) cuestionan los límites del enfoque “convencional” de REDD+. En el Chocó colombiano, las colectividades afro descendientes proponen alternativas de manejo comunitario que han llegado a acceder a los mercados voluntarios de carbono34. En Guatemala y en México se propone un REDD+ campesino. En otros países se desarrolla resistencia al enfoque desarrollado a nivel nacional. Las organizaciones de Honduras reclaman un reconocimiento real de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, donde se incluya el hábitat funcional de los pueblos y así evitar las violaciones los derechos humanos que diluyen cualquier “buena intención” que posean Naciones Unidas y el Banco Mundial en cuanto a frenar la muerte del planeta, ahogado por las emanaciones del “desarrollo”. La organización indígena nacional del Panamá, COONAPIP, ha presentado serias objeciones a UNREDD+ que la llevaron a salir del proceso35. Las propuestas de REDD+ de Base Comunitaria que también existen en Asia (Nepal y Filipinas son buenos ejemplos) pueden fortalecer el proceso amazónico alimentándose unas a otras.

¿Qué procesos o tendencias internacionales confrontan una proposición como REDD+ Indígena? Existe una tendencia a la centralización de la gobernanza (Argawal, 2011) que ya hemos tratado en el cuadro sobre los puntos críticos y riesgos de REDD+ para los pueblos indígenas. La preponderancia del enfoque bajo un modelo del mercado: (1) crea una fuerte dependencia a actores intermediarios que podría reforzar la falta de equidad en el reparto de beneficios. Es decir, la dependencia de actores intermediarios influye en la repartición de beneficios y no puede dejarse sin regulación; (2) a esto se suma el poco control del precio del carbono (cuya volatilidad puede influir de forma crítica en todo el mecanismo); y (3), pone en competencia a los pueblos indígenas y otros interesados en el mecanismo antes de la aclaración de la propiedad36 de la tierra y del carbono.

Parte 2:

Avances institucionales en previsiones relevantes para pueblos indígenas

FCPF - Fondo Cooperativo Para el Carbono de los Bosques El FCPF fue lanzado en la 13° Conferencia de las Partes en diciembre de 2007 y entró en su fase operativa en junio de 2008. Se ha convertido en el programa más activo en el desarrollo de arquitecturas nacionales para REDD+ (el FCPF ha ofrecido un modelo de diseño uniforme a los diversos países beneficiarios a través del R-PP37 y el R-Pacage38). Los participantes del Fondo son los países en desarrollo (definidos como beneficiarios), los países industrializados y entes públicos o privados (definidos como donantes).39 El objetivo del FCPF es doble: preparar a los Estados para la implementación de proyectos REDD+, así como generar experiencia con proyectos piloto para su futura aplicación a larga escala.40 El FCPF contempla dos mecanismos separados, cada uno incluye su propio fondo fiduciario del cual el Banco Mundial actúa como fideicomisario: el Mecanismo de Preparación (Readiness Fund) y el Mecanismo de Financiamiento de Carbono (Carbon Fund).41 El primero está interviniendo en la preparación de 37 países tropicales y subtropicales en vías de desarrollo, para un futuro sistema de incentivos positivos a larga escala para REDD. Los bancos multilaterales de desarrollo implicados en la implementación de REDD+ (como el Banco Mundial y el BID en el caso del Perú), han emitido normas internas que prevén la protección de los pueblos indígenas y mencionan los derechos a la participación y a la consulta (como la Política Operacional 4.10 del Banco Mundial sobre los Pueblos Indígenas)42. Esas directrices forman parte de las salvaguardas aplicables a todas las operaciones de la institución. Las políticas operacionales no tienen rango de tratado internacional. Son estándares internos aplicados por la institución dentro de sus relaciones con los beneficiarios de sus operaciones. Para asegurar que las preocupaciones ambientales y sociales se integran en la Estrategia Nacional REDD + y que el proceso de actividades de readiness del FCPF respetan las garantías aplicables, el FCPC utiliza la Evaluación Ambiental y Social Estratégica (SESA)43. Se espera que SESA ayude a los países a:(1) asegurar el cumplimiento de las salvaguardas aplicables a REDD+ desde la primera formación de la toma de decisiones, y (2) formular su estrategia REDD + en una forma que refleje los aportes de los grupos de interés clave y aborde las principales cuestiones medioambientales y sociales identificadas. SESA tiene como resultado principal la elaboración de un marco de gestión ambiental y social (ESMF) que permita mitigar los riesgos sociales y ambientales de los impactos de las inversiones futuras (proyectos, actividades y/o políticas y reglamentos) asociados con la implementación de la estrategia REDD+ en un país. El ESMF proporciona un enlace con los estándares de salvaguarda correspondientes del UNFCCC (FCFP, 2011)44. Se ha determinado un “Enfoque Común para las Salvaguardas Ambientales y Sociales para los Socios Implementadores Múltiples”,como es el caso en el Perú del Banco Mundial y el BID. El enfoque común no crea normas nuevas, sino que prevé un mecanismo para lograr la “equivalencia substancial” entre las disposiciones de las políticas internas que se aplican.45 El Enfoque común será parte del Acuerdo de Transferencia jurídicamente vinculante que será ejecutado por el Banco Mundial y los socios implementadores.

Este acuerdo de transferencia precisa que se deben diseñar e implementar proyectos y estrategias con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas de una manera que fomente el respeto pleno por la dignidad de los pueblos indígenas, los derechos humanos, el conocimiento tradicional, y la singularidad cultural y la diversidad para que: (1) reciban beneficios sociales y económicos compatibles con su cultura, y (2) no sufran efectos adversos durante el proceso de desarrollo. Además el Carbon Fund (al que se encaminan los países participantes del FCPF) los programas de pago por resultados a gran escala que financien buscan maximizar los beneficios sociales y ambientales. La elección de estos programas tomara en cuenta la calidad de la reducción de emisiones generada por éstos programas incluyendo los beneficios no-carbono (FCPF, 2012). El FCPF también coordina un “Programa para el Desarrollo de Capacidades del FCPF para los Pueblos Dependientes de los Bosques”. El presupuesto asignado para esta actividad en el año fiscal 2010 (desde el primero de julio de 2009 al 30 de junio de 2010) fue de US$200,000. En este momento, este programa esta en curso y es difícil aún evaluar su impacto tanto en la relación que las organizaciones indígenas establecen entre ellas como en la que el Estado (central y autoridades regionales) establece con las organizaciones indígenas.

FIP - Programa de inversión forestal

UNREDD

El Programa de Inversión Forestal (FIP) es un programa específico del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF). El SCF es uno de los dos fondos creados en el marco de los Fondos de Inversión Climática (CIF) administrado por un partenariado de bancos de inversión internacionales. El FIP cuenta con ocho países participantes, únicamente dos en la Amazonía (Brasil y Perú). Este fondo ha creado un mecanismo de donaciones para pueblos indígenas y comunidades locales que se aplica a cada proyecto piloto46. Las actividades que pueden recibir respaldo de ese mecanismo comprenden, entre otras: el fortalecimiento de capacidades, el reconocimiento de derechos de tenencia de la tierra, las funciones de protección de los bosques y sistemas tradicionales de gestión forestal (y el respaldo para su ejercicio), la participación en la elaboración de los proyectos, programas y estrategias de inversión del FIP, y la ejecución de proyectos. El monto total del financiamiento debería sumar US$5,5 millones para los pueblos indígenas del Perú.47 Esta experiencia es clave para RIA porque servirá como modelo para otros países de la región.

UNREDD ha establecido directrices conjuntas con el FCPF para el involucramiento de las partes relevantes en la preparación para REDD+ con un enfoque en la participación de los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques (2010).Múltiples informes hechos para el programa UNREDD sopesan las características que deberían tomar los procesos de consulta previa, libre e informada en diferentes regiones incluyendo América Latina.48 Sobre el tema de la propiedad de la tierra, según las directrices conjuntas del UNREDD-FCPF se señala que “será prioritario clarificar los derechos de propiedad y los bonos de carbono, incluyendo los derechos (colectivos) comunitarios, y hacer posible un mejor acceso y control sobre los recursos para el diseño y aplicación de REDD+.49

Comunidad Nativa Anapate - Valle del Tambo, Selva Central - Miguel Schmitter / CBC - GIZ

El consentimiento tal y como ha sido definido por las guías de UNREDD • Una decisión otorgada libremente que puede ser un “si” o un “no”, incluyendo la opción a reconsideración si las actividades propuestas cambian o si surge nueva información relevante; • Una decisión colectiva determinada por los pueblos afectados (por ejemplo consenso, mayoría, otros); • La expresión de derechos (a la autodeterminación, tierras, recursos y territorios, cultura); • Otorgado o negado en fases, durante períodos específicos de tiempo para etapas o fases diferenciadas de REDD+. (UNREDD, p.10)

Observaciones Las salvaguardas de ONU-REDD hasta el momento no explicitan la operacionalización de UNDRIP en sus metodologías y no están siendo monitoreadas. Las salvaguardas de FCPF solo requieren dar cumplimiento con los estándares del Banco Mundial, que actualmente están en revisión. Frente a los diferentes programas desarrollándose aún en paralelo y siendo que el lenguaje de salvaguardas de la UNFCCC REDD+ no establece normas mínimas claras, los gobiernos pueden encontrar ventajas en la creación de un “piso común” para los principales factores sociales y ambientales (Larson y Daviet, 2012). Un marco institucional que funcione satisfactoriamente debería incluir a los actores con el mandato y la capacidad de anticipar, planificar, gestionar, monitorear y responder a los riesgos para las personas y el medioambiente asociados con las inversiones en REDD+. Este ejercicio no debería limitar la capacidad de los pueblos indígenas de ejercer sus derechos reconocidos en las convenciones internacionales, ya que esto generaría descontentos e inadaptaciones en la forma en que se plantea el mecanismo. Muchos actores todavía presionan por el desarrollo de una arquitectura internacional de REDD+ que de prioridad a las normas que incluyen la supervisión y límites claros, con consecuencias en caso de incumplimiento. REDD+ Indígena cuenta con el potencial apoyo de estas iniciativas.

Parte 3:

La proposición de REDD+ Indígena en el contexto internacional

“No entendemos completamente esta cuestión de REDD, pero creemos que deberíamos beneficiarnos como socios. Lo que buscamos es conservar los bosques y que se fortalezcan nuestras instituciones.” “Las ONG solo quieren ayudarnos bajo su esquema, pero no para asegurar nuestros territorios.” Informe “La realidad de REDD+ en Perú”, AIDESEP y FPP 2011

Una estrategia de los pueblos amazónicos REDD+ Indígena es visto como una de las principales propuestas de la jurisdicción más grande y mejor ubicada en el sistema de Naciones Unidas para asumir el reto de construir una alternativa eficaz a REDD+ convencional pensada por y para los pueblos que viven en los bosques.50 En un contexto donde el énfasis está puesto en la medición de resultados (y la unidad de medida de éstos se define como las toneladas de carbono captadas o evitadas, expresadas en la biomasa forestal) REDD+ Indígena ofrece una alternativa que atrae la atención de diversos actores insatisfechos con las limitaciones y riesgos que puede acarrear REDD+ convencional desde una mirada global. La relación de las comunidades locales, los pueblos indígenas y la preservación de los bosques en la Amazonia es un tema que se ha venido explorando, al menos, desde los inicios de la década de 1980. Se ha construido una bibliografía extensa sobre el tema desde la Antropología, la Ecología Política, la Historia medioambiental, la gestión forestal y el cuidado de los bienes comunes, entre otros. También se ha escrito muchísimo sobre el rol de los conocimientos tradicionales de las poblaciones indígenas y locales o dependientes de los bosques. REDD+ Indígena puede recoger y alimentarse de lo

elaborado por esta tradición, al ser reconocido como un mecanismo gestionado y coordinado directamente por las organizaciones y comunidades indígenas, que garantiza la equidad en el reparto de los beneficios y la integridad medioambiental del programa (dos puntos débiles identificados en los enfoques predominantes en las negociaciones). REDD+ Indígena Amazónico fundamenta su pertinencia en la evidencia, difícil de rebatir, de la resiliencia de los bosques en tierras indígenas. Resiliencia que ha sido fortalecida por las actividades de diversos pueblos durante generaciones en diferentes ecosistemas amazónicos (Feirhead, 2012). REDD+ Indígena busca incorporar el mecanismo REDD+ a los planes de vida para territorios indígenas ya desarrollados en la Amazonía. Estos planes establecen visiones a largo plazo acerca de los caminos hacia la prosperidad y la autonomía de los pueblos indígenas frente a los retos contemporáneos. REDD+ se presenta como una política que podría apoyar la sostenibilidad del manejo de los territorios indígenas.

Las tres partes de la estrategia de REDD+ Indígena Mejora de las funciones del ecosistema mediante una gestión integral de los territorios indígenas 1. Seguridad legal 2. Planes de vida plena 3. Gobernanza territorial indígena Reducción de la Huella Ecológica Global 1. La reducción efectiva de GEI de todas las fuen tes de parte de todos los países 2. Revisión de los Mecanismos de Compensación

Reducción y control de los motores de la deforestación y la degradación de los bosques en la Amazonia. 1. SEA, moratorias, revisión de contratos existentes con industrias extractivas (minería e hidrocarburos), mega proyectos (plantas hidroeléctricas y carreteras), industrias agrícolas (biocombustibles, plantaciones, productos transgénicos) y ganadería 2. Implementación del CPLI cuando se realizan políticas, se desarrollan estrategias y proyectos.

Comunidad Nativa Anapate - Valle del Tambo, Selva Central Miguel Schmitter / CBC - GIZ

La COICA expresa a nivel internacional el compromiso de los pueblos indígenas amazónicos de implementar un manejo holístico de sus territorios y de los servicios ecosistémicos que sostienen (incluida la captación de carbono). Se compromete a realizar un monitoreo comunal de estas variables y a controlar el leakage de los motores de la deforestación: colonización, agribusiness, industrias extractivas, megaproyectos y biocombustibles.51

Para el manejo holístico de los territorios indígenas se necesita Salvaguardas “tempranas” y aplicación de compromisos internacionales sobre pueblos indígenas.

Marco normativo nacional que promueva la gestión holística y controle los motores de la deforestación y la degradación forestal

Efectivo y orientado a resultados, con metas geográficamente medibles y con métodos de “macromedición”. Verificación de (1) reducción de emisiones, (2) conservación de servicios ecosistémicos y (3) promoción de equidad e interculturalidad.

Gobernanza del mecanismo: participación indígena en instancias de decisión Funcionamiento de mesas REDD+ Indígena, autónomas y en diálogo con sociedad civil.

Monitoreo de los aspectos ecosistémicos y culturales.

Arreglos institucionales que permitan la participación indígena.

Mecanismo público, con estrategias innovadoras, sin depender del mercado de créditos de carbono. Igualdad de trato a las iniciativas de Redd+ Indígena frente a las de REDD+ convencional. Regulación pública para la acreditación y validación transparente de l mercado privado y de sus operaciones.

Salvaguardas tempranas: políticas y fondos públicos para seguridad territorial y manejo holístico de bienes naturales Consulta y consentimiento libre, previo, informado y vinculante sobre políticas, estrategias y proyectos REDD+ Sistema de información, monitoreo, evaluación , reclamos y solución de conflictos sobre cumplimiento de salvaguardas Mecanismo de informes independientes de PPII paralelos a los de los Estados y de solución imparcial de conflictos

Opciones de financiamiento propuestas por RIA RIA opta por proponer un esquema de financiamiento transnacional que pueda abarcar a todos los países amazónicos que forman parte de la COICA: el Fondo Amazónico REDD+ con múltiples fuentes de financiamiento52. Esta propuesta busca medios de financiamiento adecuados y sostenibles, que contribuyan a los objetivos de deforestación y degradación neta cero en la amazonia (afines con los principios del intercambio de derechos de emisión pero que buscan a su vez integridad medioambiental). El cálculo del financiamiento debería basarse en las necesidades reales de los pueblos indígenas determinadas por cada país53.Este fondo debería cubrir los costos de implementar un manejo holístico de los territorios indígenas para una conservación productiva y el monitoreo y la medida de resultados. Debería considerar la implementación de planes de vida que garanticen el respeto por los derechos indígenas. Cuatro elementos son imprescindibles: laseguridad territorial, el acceso y uso tradicional, la gobernanza autónoma y la propiedad intelectual.54 Múltiples fuentes de financiamiento: • Fuentes públicas que sigan estrategias de financiamiento innovadoras. • Cooperación internacional, sin depender de los mercados de carbono. Múltiples instrumentos: préstamos, bonos, donaciones • La creación del Fondo Indígena Amazónico REDD+ que puede usar el modelo de los fondos fiduciarios (por ejemplo el COICA Trust Fund) • Diferentes tipos de bonos (del Estado, cooperativas, municipalidades) para cambio climático, aplicando las obligaciones de los estados amazónicos de promover la mitigación y adaptación a la crisis climática. • Impuestos específicos a cada Estado (por ejemplo footprint tax) • Fondos de cooperación bilateral y multilateral para la mitigación y la adaptación al cambio climático, gobernanza forestal (por ejemplo FLEGT) e iniciativas de manejo forestal comunitario • Fondos no reembolsables de organizaciones filantrópicas u organizaciones de responsabilidad social empresarial Extraído de la presentación de la COICA sobre REDD+ Indígena en Bonn, junio de 2012.

Estado actual de la propuesta: REDD+ Indígena ha demostrado contar con el apoyo y crear consenso entre diferentes países partes, donantes y países REDD+. Las presentaciones que la COICA ha hecho sobre RIA en el marco de sidevents durante las negociaciones han contado con la presencia y el apoyo de países, organizaciones internacionales, ONG y donantes que se han convertido en aliados de esta propuesta. Se puede subrayar la participación de la Secretaria de la Convención Cristina Figueres durante la primera presentación de REDD+ Indígena en Bonn en 2012.55

¿Una propuesta de estas características, puede ganar apoyo de los actores en el ámbito internacional? A pesar de que no sea claro qué países podrían sumarse a una reforma sustantiva de REDD+ (más allá del caso de la propuesta de mecanismo conjunto de adaptación y mitigación para el manejo integral y sustentable de los bosques presentada por Bolivia56 que cuenta con el apoyo eventual de Brasil, Venezuela y Nicaragua), muchos tienen interés en extender el reconocimiento de los beneficios obtenidos por REDD+ y darle un enfoque más amplio.57 La creación y el posicionamiento de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe58 es clave y puede permitir una coalición de apoyo (o al menos aliviar las resistencias) a un enfoque más amplio y realista en las reformas del tratamiento político de los bosques. Aunque los países que la componen estén a favor de mecanismos de mercado a nivel nacional, no están en contra de un enfoque de derechos en los territorios en donde sea necesario fortalecer este acercamiento (pueden buscar ceder en algunos puntos buscando una posición concertada y viable políticamente). Una propuesta como REDD+ Indígena reúne las características necesarias para cumplir los criterios de efectividad, eficacidad y equidad (Sunderlin et al, 2012) que toda política viable de REDD+ necesita. Es percibido como atractivo pero tiene que mostrarse como una opción realista y ejemplar, en la que los pueblos indígenas se muestren como gestores del proceso y puedan controlar efectivamente su territorio (interviniendo los motores de la deforestación, asegurando la equidad en el reparto de los beneficios y evitando los procesos de desplazamiento de la deforestación). Todo lo mencionado implica un gran trabajo de coordinación y gestión. Es claro que tienen una red de trabajo sobre la cual construir. REDD+ Indígena les ofrecería los medios económicos y de gestión con los cuales trabajar a partir de la gestión comunitaria de los bosques y el monitoreo comunitario. Esto les permite reducir los costos de operación que hacen justamente inviable un enfoque REDD+ convencional para pequeños capitales.

Temas que necesitan continuar desarrollándose en la propuesta REDD+ Indígena ha demostrado contar con el apoyo y crear consenso entre diferentes países partes, donantes y países REDD+. Las presentaciones que la COICA ha hecho sobre RIA en el marco de sidevents durante las negociaciones han contado con la presencia y el apoyo de países, organizaciones internacionales, ONG y donantes que se han convertido en aliados de esta propuesta. Se puede subrayar la participación de la Secretaria de la Convención Cristina Figueres durante la primera presentación de REDD+ Indígena en Bonn en 2012. COICA señala que REDD Indígena representa otro camino para llegar a los objetivos que REDD+ se propone. Para ello, algunos de los criterios determinados para REDD+ comunitario deben ser esclarecidos en la propuesta de RIA a partir de los datos concretos recogidos de los proyectos piloto que ya están en curso (particularmente en Colombia, Ecuador y Perú).Sería importante demostrar y sistematizar cuáles son las barreras en cada uno de los países y regiones para obtener un real aprendizaje de las experiencias en curso. Los temas clave son: (1) la estimación de los servicios de los ecosistemas de tierras de pueblos indígenas a partir de líneas de base claras; (2) el estudio del marco legal relacionado con el acceso, uso y comercio de servicios ambientales en los territorios indígenas (considerando los diversos tipos de acceso a la tierra que tienen las poblaciones indígenas en cada contexto nacional); (3) desarrollo de una estructura de manejo; y (4) diseño de un mecanismo financiero.

Algunos de los retos prácticos que presenta gestionar esta propuesta serían los siguientes: Relación con la normativa ambiental y social relativa a los pueblos indígenas de cada país: la orientación de los reclamos por derechos debe presentarse en relación a los contextos legislativos y políticos de cada país. La COICA necesita tener claras las nuevas normativas en cada país para no adelantarse a ellas sino influenciarlas antes de que le corresponda, por ejemplo, determinar sistemas de inventario forestal indígena. Buscar financiamiento para establecer líneas de base por país, armonizadas (es decir con los mismos datos y medidas) con las líneas de base del país (ya que todos los actores trabajarán bajo los enfoques nacionales). Mecanismos para fortalecer la cohesión interna de las organizaciones: evitar los efectos nocivos de los incentivos propuestos por REDD+. Proponer fuentes de financiamiento de largo aliento (evitar desembolsos importantes sin continuidad). Fortalecer el rol de las mujeres indígenas en su intervención dentro de los territorios. Asegurar que los valores colectivos de sus sociedades, que se manifiestan en la búsqueda de consenso y la desconfianza del autoritarismo político, se preservan en un contexto transnacional.

Esto requiere una amplia difusión de la información, un vasto sistema de comunicación con las comunidades de base de la federación establecidas según “consenso sobre la elección de aplicar políticas comunes”. Esclarecer el rol de la COICA, las organizaciones nacionales y regionales en REDD+: es necesario definir de antemano el rol de la COICA, el rol de las organizaciones nacionales y el rol de las organizaciones regionales. Demostrar estas delimitaciones en el texto de la propuesta en lo que respecta a benefit sharing y co-beneficios o beneficios no-carbono. También es necesario delimitar la forma en que el trabajo de las organizaciones indígenas va a ser reconocido. Por ejemplo, esclarecer la recompensa del rol técnico de la COICA como promotora del reconocimiento territorial (tomando en cuenta que el pago es por “resultados” en el marco de REDD+ y no del esclarecimiento de derechos de territorio).

Algunos límites y potencialidades de la propuesta

Potencialidades

Retos

Más allá de las salvaguardas: el escepticismo sobre la capacidad de las salvaguardas para proteger los valores culturales y la biodiversidad tal y como fueron determinados en el UNFCCC y los órganos afines a éste es compartido en los espacios de negociación. REDD+ Indígena, tiene como objetivo desarrollar mecanismos alternativos de financiamiento que reconozcan la diversidad biológica y la salud del ecosistema como un valor central en lugar de un beneficio central. Relación con actores privados: dada la volatilidad actual de los mercados de carbono y la dificultad de contabilizar las emisiones forestales, un apoyo de fuentes privadas puede ser facilitado a esta clase de proyectos dirigidos a fortalecer la comunicación de estas empresas como medio ambientalmente responsables (entrevista presidenta IETA Europa). Gobernanza: quizás donde haya más expectativas y potencial es en la relación entre la gobernanza de territorios y la gobernanza de los fondos.59Aún queda pendiente un estudio para definir la estructura de gobernanza que incorpore las lecciones aprendidas de otros fondos similares. 37

Relación con el Estado: las organizaciones indígenas sostienen que las leyes nacionales sobre bosques, conservación de la vida silvestre y propiedad de la tierra no cumplen con las obligaciones internacionales en materia de derechos indígenas. Estas leyes recortan el margen de acción de los pueblos indígenas para cumplir con las metas planteadas por REDD+ Indígena. Coordinación interna de las organizaciones: construir REDD+ Indígena implica un trabajo de largo aliento que necesita distribuir roles estables que se apoyen en una construcción de incentivos durable. Esto constituye un reto para las organizaciones indígenas, que sus aliados deberían apoyar. Propiedad de la tierra: el tema es considerado alarmante y difícil de abordar en las negociaciones. Territorios indígenas sin reconocer pueden ser objeto de apropiación para proyectos REDD+ y esta es una preocupación compartida ya que podría deslegitimar todo el esquema comercial que se propone.

Comunidad Nativa Villa Aintam- RĂo Santiago, Amazonas. Foto: Barbara Lehnbach / CBC - GIZ

Conclusiones Muchos observadores del proceso internacional coinciden en afirmar que las salvaguardas de UNFCCC REDD+ son considerablemente generales, establecen metas suficientemente claras pero pocas guías metodológicas para alcanzarlas. La definición de guías metodológicas sobre este tema se darían en el marco de la formulación de estrategias REDD+ nacionales, que se negociarían en el espacio político nacional para luego alimentar el proceso internacional. Esto implica que si bien la intervención de la comunidad internacional existe, ya no se daría por los canales de la UNFCCC de forma privilegiada. Las salvaguardas de REDD+ respaldadas por la Convención que conciernen directamente a los pueblos indígenas son igualmente generales, pero tienen la característica positiva de reconocer explícitamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es la herramienta legal mejor consensuada en el marco de la ONU. Además, las guías y lineamientos de los programas multilaterales reconocen los principios de la consulta previa, libre e informada y el respeto de los derechos territoriales y culturales.60 REDD+ Indígena puede ofrecer alternativas realistas y demostrar buenas prácticas para cumplir con los objetivos de las salvaguardas, y es ejemplar en el manejo sustentable de los bosques amazónicos. Las valoraciones basadas en la biomasa (traducidas en toneladas de carbono), tienden a infravalorar las múltiples funciones de los ecosistemas y su rol para la estabilización del clima y la mitigación del cambio climático. Para algunos actores internacionales interesados en invertir en la mantención de servicios ecosistémicos, la ventaja de RIA es que su enfoque no se limita a la captura de carbono, sino que privilegia una visión integral que incorpora otros bienes y servicios que los bosques proveen, demostrando la utilidad de los co-beneficios para el buen funcionamiento de REDD+. RIA puede encarnar una propuesta de manejo de los bosques basada en derechos que proporciona múltiples beneficios y es económicamente viable.61 El reconocimiento de los límites de la capacidad de las salvaguardas para proteger los valores culturales y la biodiversidad (tal y como son determinados en el UNFCCC) es compartido en los espacios de negociación. RIA cuenta con la credibilidad necesaria para atraer mecanismos alternativos de financiamiento que reconozcan la diversidad biológica y la salud de los ecosistemas como un valor central en lugar de un beneficio colateral. Es necesario aprovechar el enfoque por fases para la financiación climática adoptado por REDD para ayudar a las reformas de tenencia y la gobernanza necesarias. Frente a una indefinición de los términos de la propiedad y el acceso a los diferentes recursos medioambientales, REDD+ Indígena podría garantizar el respeto por los derechos de propiedad (todavía indefinidos) y que sean atribuidos a los pueblos indígenas a través de la legitimidad de los proyectos que realicen. Visto en su conjunto, REDD+ Indígena es una oportunidad para hacer progresar el status de las comunidades indígenas y las poblaciones locales en el manejo forestal62 frente a las limitaciones de las características técnicas de escala de REDD+ que podrían reducir más aún su autonomía. REDD Indígena permitiría ofrecer un modelo de apoyo a la aplicación de la consulta previa, libre e informada desde etapas tempranas y la consolidación de formas coherentes de gobernanza territorial ancladas en una economía real y equitativa, sostenidas en una amplia participación.

Notas 8 Una sumilla de su intervención se puede encontrar en el siguiente enlace[http://blog.cifor.org/9749/nobel-laureate-elinorostrom-her-vision-for-common-resource-management/] y el video de su intervención en el enlace siguiente [http://www. youtube.com/watch?v=XbNtGi4-zP4] (consultado el 15 de julio del 2013).

1 Una extensa bibliografía ya identifica el hecho de incrementar el valor esperado de los ecosistemas forestales como una dinámica que genera presiones sobre los territorios que habitan los pueblos indígenas y otras comunidades locales. 2 A nivel global, REDD+ se desarrolla en el espacio de negociación ofrecido por la Convención Marco sobre Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés). La Convención ofrece un espacio de negociación y debate entre los diferentes actores involucrados y determina los principales lineamientos del mecanismo. Además, se han formado programas multilaterales (coordinados por agencias de Naciones Unidas -como UNREDD- y fondos multilaterales como el FCPF y FIP ). Todos estos programas tienen hasta hoy un carácter voluntario.

9 Una parte de la declaración de Christina Figueres se puede encontrar en el siguiente enlace[http://www.youtube.com/ watch?v=0DLutkqouAo]. 10 La UNFCCC no otorga de manera precisa a los COP la competencia de adoptar decisiones vinculantes para sus miembros. Véase artículo 7 del UNFCCC. A pesar de mencionar la adopción de “decisiones”, no precisa que son de cumplimiento obligatorio para los miembros de la COP. En comparación, ver artículo 2.9, inciso d, del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono de 1987. Sus efectos deberán analizarse caso por caso, teniendo en cuenta el contenido del documento, el contexto de su adopción y la actitud del Estado.

3 REDD es básicamente una política de mitigación del cambio climático. No obstante, su éxito depende también de la capacidad de los ecosistemas forestales de adaptarse al cambio climático. Las actividades de manejo forestal necesarias para conservar la integridad de los bosques tienen un lazo con este eje de actividades en el marco de la UNFCCC. 4 Las actividades previstas como REDD+ son: a) reducir las emisiones debidas a la deforestación; b) reducir las emisiones debidas a la degradación forestal; c) conservar las reservas forestales de carbono; d) aplicar una gestión sostenible de los bosques; e) incrementar las reservas forestales de carbono (CP/16). 5 Una de las razones por las que las negociaciones sobre REDD+ son complejas es que están ligadas a otras cuestiones negociadas en paralelo como la financiación climática, las negociaciones sobre los nuevos mecanismos de mercado y las sobre las medidas de mitigación a nivel nacional (NAMA). 6 Como lo define UNREDD los co-beneficios de REDD se derivan de la conservación o restauración de los ecosistemas forestales que de otro modo habrían sido degradados o perdidos. Los beneficios colaterales que se generan y la identidad de los beneficiarios estarán determinadas por el contexto social, ecológico e institucional en el que se implemente REDD. (Para más información consultar [http://www.un-redd.org/ Newsletter3_promoting_co_benefits/tabid/2041/language/enUS/Default.aspx]).

7 La CBD ha trabajado ya su relación con REDD+. Ver “Advice on

the application of relevant REDD+ safeguards for biodiversity, and upon possible indicators and potential mechanisms to assess impacts o REDD+ measures on Biodiversity”(agosto 2012).

11 Ver Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, Ginebra, Suiza. (2007) Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A., directores de la publicación. Estas cifras han sido revisadas a la baja por estudios climatológicos recientes. Desde 2011 se considera que el porcentaje de emisiones se ubica entre 7 y 15% de las emisiones anuales. 12 El papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono reciben el mismo nivel de prioridad en las negociaciones que la deforestación y la degradación de bosques.El párrafo 38 de la decisión del OSACT (SBSTA por sus siglas en inglés) (FCCC/SBSTA/2008/13) declara que: «SBSTA recomendó las orientaciones metodológicas que figuran en el anexo II, sin perjuicio de las decisiones que pudiese adoptar en el futuro la CP, sobre las cuestiones relacionadas con la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo, y el papel de la conservación, la ordenación sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo, mencionadas en el párrafo 11 de la decisión 2/CP.13, donde se tienen en cuenta las cuestiones metodológicas determinadas por el SBSTA en su 28º período de sesiones.

13 Otros países desarrollados argumentaron que la discusión debería enfocarse en qué elementos son necesarios para gobernar REDD+, en lugar de la creación de una nueva institución. Se piden presentaciones de partes y observadores, para el 25 de marzo de 2013, sobre mejoras de coordinación al apoyo, incluyendo arreglos institucionales y de gobernanza, con una decisión esperada para la COP19 a finales del 2013.

20 Técnicamente hablando instituciones en virtud de tratados, como el COP, son meras conferencias diplomáticas o “coaliciones de los dispuestos”. Stricto jure, las reglas de interpretación de los tratados consagradas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Convención de Viena) no pueden ser desplegados en relación con las decisiones de la CP, ya que no son tratados.

14 En el marco de este primer borrador no vamos a dedicarle atención a la determinación de los motores de la deforestación. Este tema ha sido debatido en la UNFCCC ampliamente, ya que podría traer a colación una serie de temas comerciales y de relación entre países generadores de demanda y países productores de mercancías ligadas directamente a la deforestación y a la degradación a través de la deforestación selectiva de maderas preciosas.

21 Basado en Kanyinke P.; Cunningham M. and Xavier B. (2013) «Indigenous People’s Rights and Safeguards in Projects related to Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)» Permanent Forum on Indigenous Issues Twelfth session New York, 20 - 31 May 2013.

15 Se observa que los países no están implementando esas fases una tras otra, sino que lo hacen de manera simultánea, de modo que ya existen proyectos REDD+ sin que las políticas o la normatividad sean adaptadas. 16 El tema del tratamiento de los derechos y la participación de los pueblos indígenas entra en las decisiones sobre REDD+ del UNFCCC como salvaguardas. Anteriormente, en la sesión 39 del SBSTA, se invitó a las Partes a comunicar sus visiones con respecto a los temas relativos a los pueblos indígenas y comunidades locales para el desarrollo y aplicación de metodologías (se recibieron hasta el 15 febrero del 2009). 17 Presentación de los EstadosUnidos a la Oficinadel Alto Comisionado para los DerechosHumanos (OHCHR) ‘Observations by the United States of America on the relationshipbetweenclimate change and humanrights’ ‘(2008) (US Submission) disponible en [http://www.ohchr.org/ Documents/Issues/ClimateChange/Submissions/USA.pdf ] (revisado el 22 de julio 2013). Ver para 17. 18 Un problema ya identificado por varios grupos de advocacy, particularmente puesto en evidencia en la MDL y en REDD+. 19 La decisión que establece claramente las salvaguardas vigentes es la de Cancún (COP). Existen también referencias en las decisiones 2/CP.13, 4/CP.15, 1/CP.16, 2/CP.17 y 12/CP.17. El hecho de ser aplicable a una serie de contextos nacionales y de tipos de inversión distintos las ha hecho permanecer en generalidad pero también permite un grado de comparación a nivel de todos los países que forman parte del mecanismo, lo cual ayuda a la transparencia en la aplicación del mecanismo y hace más sencillo destacar las iniciativas que demuestren excelencia a nivel mundial.

22 Las ventajas del manejo de amplias áreasforestales es reconocida por diversos estudios técnicos ya que reduce mucho los costos de MRV y de mejoramiento de los stocks de carbono (Van Benthem y Kerr, 2010). Este es un reto técnico que las poblaciones indígenas tendrán que afrontar en futuros manejos de su territorio dentro de los planes de vida si quieren sacar provecho de REDD+. 23 Report for the Permanent Forum on Indigenous Issues. Twelfth session New York, 20 - 31 May 2013. 24 Los derechos sobre la tierra (que acoge a los bosques) se entienden (conforme al Convenio 169 de la OIT) como un mosaico de usos que el Estado debe reconocer y que trasciende a la propiedad, como parte en (1) posesión, (2) propiedad y (3) aquellos ámbitos geográficos sobre los que no se tiene uso exclusivo y a los que se tiene un tradicional acceso. Si bien la CIDH sostiene que debe entenderse a las tierras usadas por los pueblos indígenas como un derecho de propiedad (cosa que es correcta y debe ser recogida), en la práctica se advierten estos mosaicos de usos que deben ser respetados por REDD+ para entender y atender mejor los derechos indígenas sobre la tierra y la conformación de sus territorios. 25 La importancia de evaluar con seriedad y cuidado los límites y riesgos del cálculo del «costo de oportunidad» ha sido ampliamente discutido por reportes de ONG (Gregersen et al, 2010 ) y por trabajos académicos (Karsenty 2009, Pirard 2008) en tanto se limita el acceso a ciertos recursos (necesarios para fines no lucrativos, como otros que sí lo son) se obtendrán efectos sobre la identidad cultural del colectivo indígena (practicas que pueden dejar de usarse) y, además, puede que el incentivo del pago no cubra lo que cubrían ciertas actividades que ya no se realizan por los proyecto REDD+. 26 El reto de la apropiación de élites locales y oportunidades de corrupción es uno de los argumentos que los Estados presentan frente a esta clase de proposiciones, ya que implican modificaciones de sistemas complejos de gobernanza a los que hay que hacer frente. 42

27 La decisión de SBSTA en Doha «23. Invita a las Partes y a los observadores a transmitir al secretariado, antes del 25 de marzo del 2013, sus visiones sobre los temas relativos a los co-beneficios que resulten de la implementación de actividades referidas en el 1/CP.16, Párrafo 70».

34 Ver :http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/ article.page.php?page_id=9427&section=news_articles&eod=1] y [http://www.trust.org/item/?map=colombian-communityprepares-to-sell-forest-carbon-credits] (consultados el 15 de julio 2013).

28 Se considera que hay un excesivo énfasis en la contabilidad del carbono que va fuera del mandato de la Convención y tiene como meta actividades que impacten en la adaptación y mitigación del cambio climático, lo cual no se limita a los resultados medidos en toneladas de carbono.

35 La carta del Consejo Indigena de Centro America del 10 de marzo de 2013 se puede consultar en el siguiente enlace: [http://www. redd-monitor.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/ CartaCICA-CCONAPIP-UNREDD.pdf]

29 El cual tiene dos líneas de trabajo - Workstream I con un resultado post-2020 y Workstream II con ambición pre-2020. Bajo el segundo, las Partes tienen que dar cuenta de los beneficios de mitigación y adaptación, incluida la resistencia a los impactos del cambio climático, las barreras y las formas de superarlos, y la construcción de las finanzas, la tecnología y la capacidad. 30 Los países desarrollados tienen la obligación legal de proporcionar recursos financieros en virtud del artículo 3 de la Convención. Sin embargo, hay un creciente rechazo a discutir este tema (Fern, 2012).A medida que avanzan los debates del ADP, las limitaciones de la contabilidad de emisiones para el sector uso de la tierra debe ser reconocida. Mientras las negociaciones de REDD + continúan en la dirección del establecimiento del comercio de carbono forestal mediado por actores públicos a través de sectores industriales o no. 31 El Protocolo de Kyoto se ha modificado en su segundo periodo. Se señala que cualquier unidad generada mediante los mecanismos de mercado, que sean establecidos dentro del marco de la Convención o sus instrumentos, puede ser utilizada por las Partes del Anexo I para ayudar a cumplir sus límites de emisión cuantificados y compromisos de reducción. Esto podría tener relevancia para REDD+ en el futuro. 32 Los acuerdos de Cancún piden ser consistentes con la orientación de la decisión 1/CP.16 apéndice I; ser transparentes y flexibles y proporcionar información sobre cómo están siendo aplicadas y respetadas todas las salvaguardas (decisión 12/CP.17, párrafo 2). La COP acordó que los países deben proporcionar un resumen de la información relacionada a las salvaguardas como parte de sus comunicaciones nacionales (ver párrafo 3-5) . Adicionalmente, la CP solicitó a SBSTA que considere la necesidad de contar con mayor orientación (párrafo 6). 33 Ver la nota completa sobre Doha en el enlace siguiente: [http://www.forest-trends.org/documents/newsletters/forest_ carbon_new.php?newsletterID=406]

36 La propiedad puede ser definido como “la organización y legitimación de los derechos y obligaciones con respecto a los recursos y servicios que se consideran valiosos” (von BendaBeckman et al, 2006, p. 1), que a su vez la estructura de las formas en que la riqueza se puede adquirir, utilizar y transferir. La propiedad es por lo tanto un concepto multidimensional, que se puede acceder y legitimado a través de diferentes medios, y que construye identidades sociales y las formas de la organización política de la sociedad (Corbera y Brown 2010). 37 Evaluaciones de los R-PP consideran que resolver los temas de propiedad de la tierra no se esta tomando como una problemática seria en los budgets de REDD+ nacionales. (Kenrick FPP, 2011). 38 El FCPF está desarrollando un marco de evaluación para el Paquete de Preparación. En junio de 2012 el Comité de Participantes del FCPF aprobó una resolución que define el propósito, alcance y proceso de evaluación y aprobación de la R-Package centrado en (1) un proceso multi-stakeholder de autoevaluación por país, y (2) una evaluación de los participantes del Comité. Las directrices prevén la inclusión y la participación activa de los representantes de los pueblos indígenas en la autoevaluación nacional. El Comité de Participantes incluye un observador representante de los pueblos indígenas y habitantes que dependen de los bosques. 39 Los países participantes de REDD de las regiones tropicales y subtropicales del planeta, que son miembros de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento (BIRF, Banco Mundial) localizados entre el paralelo 35 de latitud norte y el paralelo 35 de latitud sur; los donantes participantes, que son los gobiernos y entes públicos o privados que hacen una mínima contribución financiera para el Fondo de Preparación; y los participantes del fondo de carbono, que son los gobiernos y los entes públicos o privados que hacen una mínima contribución financiera para el Fondo de Carbono. 40 Donde también se contemplan«Pilot ways to improvelivelihoods and conserve biodiversity» (Bosquet, 2011).

41 El ReadinessFund cuenta con US$232 millones dedicados a alrededor de treinta países y el CarbonFund de US$211 millones dedicado a cinco países. 42 Las políticas operacionales, que son declaraciones cortas y específicas aprobadas por los órganos del Banco. Establecen los parámetros para llevar a cabo operaciones y describen las circunstancias en las cuales excepciones son permitidas. 43 El enfoque del FCPF, la Evaluación Ambiental y Social Estratégica (SESA) y la documentación relacionada están contenidos en la Propuesta de Preparación de Readiness (R-PP) Versión plantilla 5 Borrador de trabajo 13. 44 Enfoque común para las salvaguardas ambientales y sociales para los socios ejecutores múltiples [http://www. forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/ files/Documents/PDF/Sep2011/Common_Approach_Fact_ Sheet_SP_FINAL.pdf] 45 d. Reasentamiento involuntario: aplicar los más altos estándares de compromiso de los actores involucrados al DP en un esfuerzo por evitar o minimizar el reasentamiento involuntario y, cuando esto no sea posible, ayudar a las personas desplazadas a mejorar o al menos a restablecer su forma de sustento y los niveles de vida en términos reales con respecto a los niveles anteriores al desplazamiento o de los niveles prevalentes antes del comienzo de la implementación de los proyectos/estrategias, lo que sea mayor; e. Pueblos indígenas: diseñar e implementar proyectos y estrategias con la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas de una manera que fomente el respeto pleno a su dignidad, los derechos humanos, el conocimiento tradicional, y la singularidad cultural y la diversidad para que: (1) reciban beneficios sociales y económicos compatibles con su cultura y (2) no sufran los efectos adversos durante el proceso de desarrollo.El enfoquecomúnhabla de los pueblos indígenas y del momento en el cualdebenserconsultados los stakeholders relevantes: f. The diversity of stakeholders needs to be recognized and the voices of vulnerable groups must be heard; g. Special emphasis should be given to the issues of land tenure, resource use rights, customary rights, and property rights; h. There should be records of consultations and a report on the outcome of the consultations that is publicly disclosed in a culturally appropriate form, including language.

46 Para másinformación ver: [https://www.climateinvestmentfunds. org/cif/node/1956] 47 Además de este esquema de inversión dedicado, se mantuvieron reuniones regionales de consulta con los pueblos indígenas y comunidades locales en los países piloto del FIP entre noviembre de 2010 y abril de 2011. Por otra parte, no existe un documento similar al Enfoque Común del FCPF aplicable a las operaciones del FIP, queda la pregunta sobre si las políticas del Banco Mundial se aplicarían (Snoeck 2012, p. 120). 48 UNREDD habla de CLPI en estos términos: “El CLPI difiere de la consulta en la forma en que se ejercita y legitima la autoridad de la toma de decisiones. Mientras que la consulta requiere de un intercambio de información entre aquellos que patrocinan el proyecto y las comunidades afectadas, el CLPI les permite a las comunidades participar en los procesos de toma de decisiones, negociar resultados justos y realizables, y negar su consentimiento a un programa si sus necesidades, prioridades e inquietudes no son tratadas adecuadamente. Los procesos de CLPI pueden darle poder a las comunidades al cambiar sus términos básicos de participación y pueden ayudar inclusive a los grupos más marginados y desposeídos a participar en el proceso de toma de decisiones y a negociar una parte equitativa de beneficios del programa” (UNREDD 2012a; p.8) 49 [ h t t p : / / w w w. f o r e s t c a r b o n p a r t n e r s h i p . o r g / s i t e s / fore s tc ar b onp ar t n e rs h ip. org / f i l e s / D o c u m e nt s / P DF / Jan2011/FCPF_UN-REDD_Stakeholder_Guidelines_Note_ Draft_11-17-10_sp.pdf] 50 Muchos enfoques de REDD+ se centran en cálculos de costo de oportunidad por el cambio de uso de suelo (ver la estrategia de McKinsey para Papúa Nueva Guinea). Muchos costos se ocultan en esa curva que las comunidades indígenas tienen la estructura de necesaria para afrontar (a diferencia de actores privados o de estructuras del Estado) con el apoyo enfocado de otros actores. 51 Este es un compromiso interesante y loable, pero que pasa por un trabajo político a nivel local, regional y nacional bastante importante que implica construcción de capacidades, seguimiento, financiamiento y apoyo constante.

52 A pesar de que en muchos de sus documentos previos se posicionan contra los mercados voluntarios o los mercados de carbono, en la práctica tienen aliados en este sector que están interesados en crear demanda por bonos calidad prime que movilizan una serie de valores “pro-equidad” y responsabilidad medioambiental a partir del consumo y de la inversión de largo plazo. 53 Por ejemplo la COICA calcula que en el Perú se requerirían US$ 22 millones para resolver los problemas territoriales con los pueblos indígenas. 54 Según esta propuesta un volumen adecuado de financiamiento puede ser considerado como un financiamiento “modesto” comparado con otras alternativas: REDD+ Indígena podría proveer un modelo de autogestión viable para dar una alternativa económica a los pueblos indígenas y a posibles socios (trabajo con otras comunidades locales y socios comerciales). 55 El gobierno suizo es una de los principales financiadores de la iniciativa REDD Indígena y Keith Anderson, Director de Política Climática y Forestal de la Oficina Federal Suiza para el Medio Ambiente, dijo que REDD Indígena podría apelar a los donantes con objetivos de desarrollo (development-mindeddonors). La propuesta también es respaldada por la Asamblea de la Alianza del Clima de las Ciudades Europeas, que anunció públicamente su apoyo a esta propuesta y pidió su aplicación en al menos cuatro millones de hectáreas en cinco países amazónicos (Ecosytem Marketplace, 2012). 56 Su proposición es apoyada por la Decisión de Durban “67. Nota que enfoques que no están basados en el mercado, tal como el enfoque conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques, como alternativas de no mercados… pueden ser desarrollados.”

57 Por ejemploSudan y Filipinas han demostrado la intención de promover y fortalecer las salvaguardasdelsistemaapoyando un enfoque de derechos. 58 Otro de los elementossignificativos de estaalizana es que estaría a favor de crearobligaciones para todos los países (sean o no parte delAnexo I delProtocolo de Kyoto). Ver las declaraciones de la negociadorapor Costa Rica,Mónica Araya, a El Paísde Madrid [http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/05/ actualidad/1354699047_259945.html] 59 El reto de realizar una inversión descentralizada pero que pueda ser monitoreada a nivel de la cuenca amazónica en términos de resultados seria uno de los retos a afrontar. 60 La proposición demanda «Modificatoria de la ley de consulta 29785, forestal 29763 y alineamiento de legislación a los compromisos internacionales. (Convenio 169, Declaración ONU de derechos indígenas y Corte Interamericana de Derechos Humanos)» y determinan como requisitos de REDD+ Indígena en el Perú “Adecuar las leyes y políticas relacionadas con las obligaciones nacionales e internacionales del Perú hacia los pueblos indígenas incluyendo la ley y reglamento para la consulta previa, servicios ambientales y modificar la ley de forestal y fauna silvestre». 61 Ofrece oportunidades para impedir la “acumulación por el despojo” de forma concreta en los territorios. 62 Permitiría poyar la participación indígena en los modelos de cogestión de las áreas protegidas que permitan demostrar REDD+ Indígena y evitar condiciones restrictivas impuestas a las comunidades indígenas.

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Telar shipibo de la región Ucayali, Foto: María Pía Molero CBC

Comunidad Nativa Villa Gonzalo- Condorcanqui, Amazonas Foto: Barbara Lehnbach / CBC - GIZ

La implementación de REDD+ en el Perú: Avances desde el MINAM en relación a los derechos de los pueblos indígenas

María del Rosario Sevillano Arévalo Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales Ministerio del Ambiente Octubre de 2013.

ACRONIMOS AIDESEP BID BM CONAP CADH CMNUCC CIAM CIDH DNUPI FCPF (inglés) MINAM MINAGRI MEF OIT PI FIP FIP (inglés) REDD+

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú Convención Americana sobre Derechos Humanos Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático Consejo Interregional de la Amazonía Corte Interamericana de Derechos Humanos Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Mecanismo Cooperativo para el Carbono Forestal Ministerio del Ambiente Ministerio de Agricultura y Riego Ministerio de Economía y Finanzas Organización Internacional del Trabajo Plan de Inversión Forestal Programa de Inversión Forestal Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación

51 50

Contenido Breve Introducción sobre algunas consideraciones de REDD+........................................ pag. 52 Primera Parte: Aspectos generales DE REDD+ y los derechos colectivos de los pueblos indígenas....... pag. 54 1. REDD+ y los procesos que se siguen en el Perú .................................................... pag. 54 2. El Estado peruano y los derechos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a REDD+ ............................................................. pag. 56 2.1. Derechos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a REDD+ ................... a. Derecho a decidir sus prioridades de desarrollo .............................................. b. Derecho a la tierra y al territorio ..................................................................... c. Derecho a la consulta previa ............................................................................ d. Derecho a la participación ................................................................................

pag. 56

2.2. Otros instrumentos: las políticas operacionales de los bancos internacionales

pag. 63

pag. pag. pag. pag.

56 57 59 60

Segunda Parte: Avances institucionales en torno a REDD+ y a los pueblos indígenas............................. pag.66 1. Avances en el proceso del Mecanismo Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF) y las garantías para los pueblos indígenas ..................................................... pag. 63 2. Avances en el Programa de Inversión Forestal (FIP) y las garantías para los pueblos indígenas........................................................................................ pag. 68 Conclusiones ....................................................................................................................... pag. 73 Información revisada ........................................................................................................ pag . 75

Breve introducción a algunas consideraciones sobre REDD+

REDD+ surge en los países en desarrollo como un mecanismo de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques que toma en consideración, además del rol de la conservación de los bosques, el manejo forestal sostenible y el aumento de las reservas forestales de carbono. REDD+ representa una oportunidad para la conservación de los bosques en la Amazonía peruana. Asimismo, considerándose que nuestra Amazonía se encuentra habitada por pueblos indígenas, debe entenderse a REDD+ como un reto a la implementación de las garantías necesarias para la protección y respeto de sus derechos colectivos. En ese sentido, es importante señalar que el desarrollo de políticas y estrategias encaminadas a la implementación del mecanismo REDD+ también considera el marco normativo nacional e internacional específico para la protección de los pueblos indígenas. REDD+ brinda la oportunidad de contar con apoyo de diversas fuentes para la protección de los bosques. Mediante ellas, se pueda brindar una atención integral a las causas de la degradación y deforestación en el país. Esta atención integral debe ser entendida, diseñada y ejecutada bajo un enfoque participativo, en particular de los pueblos indígenas, a fin de asegurar la incorporación de sus intereses y preocupaciones en cada programa o proyecto REDD+. A continuación presentaremos los procesos en los que el Perú se encuentra involucrado y las acciones que, desde el MINAM, se vienen desarrollando para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

Comunidad Nativa Villa Gonzalo- Río Santiago, Amazonas Foto: Barbara Lehnbash / CBC - GIZ

53 Foto: Heinz Plenge

Primera parte: Aspectos generales sobre REDD+ y los derechos colectivos de los pueblos indígenas

En esta primera parte se abordarán los aspectos generales en torno a REDD+ y los pueblos indígenas, a fin de presentar el contexto de los procesos en los que participa el Perú y los aspectos normativos a considerar en torno a los pueblos indígenas.

1. REDD+ y los procesos que se siguen en el Perú La preocupación mundial por los efectos del cambio climático ha motivado el compromiso de los Estados con la mitigación de dichos efectos. Así, en 1992 se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la cual entró en vigor en 1994, y en 1997 se suscribió el Protocolo de Kioto –que entró en vigencia en 2005- en el cual se establecen acuerdos para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero. Asimismo, durante el desarrollo de la COP 11 (Conferencia de las Partes) en 2005 se discutió y aprobó el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación - REDD1. En la COP 16 realizada en Cancún en 2010 se aprobó la Decisión 1/CP.16, en cuyo párrafo 73 señala que las medidas que las partes emprendan deberán llevarse a la práctica por etapas2: De preparación, se trata de la elaboración de estrategias o planes de acción, políticas y medidas nacionales; De implementación de políticas y medidas, se trata de la aplicación de las políticas, estrategias, planes y medidas que podrían incluir el desarrollo de proyectos pilotos; y De implementación plena, se trata de la implementación plena de proyectos REDD+ y realización de actividades por resultados. Sin embargo, los países no han logrado una aplicación práctica progresiva de las fases señaladas, sino que se dieron de modo concurrente, como sucedió en nuestro país. El Perú es Estado parte de los tratados internacionales mencionados y el MINAM es la entidad estatal que actúa como punto focal en las negociaciones internacionales relacionadas con el mecanismo REDD+ en nuestro país. En el escenario internacional, el Perú asumió un enfoque por niveles que permite al país abordar la implementación de REDD+ a diferentes escalas, según el desarrollo de capacidades técnicas e integrando los esfuerzos del nivel subnacional al nacional. Así, desde 2011 se trabaja con San Martín y Madre de Dios como regiones piloto para REDD+3.

Asimismo, en el nivel internacional se desarrollan diversas instancias vinculadas a la implementación de REDD+. El Perú participa en las siguientes: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el Mecanismo Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF), el Programa de Inversión Forestal (FIP, por sus siglas en inglés) y los mercados voluntarios. Los tres primeros significan la entrega de aportes monetarios al Estado peruano para la implementación del mecanismo REDD+ en el país. Por otro lado, el mercado voluntario no es un único proceso estructurado sino conformado por iniciativas de privados, que se presentan de modo paralelo a las otras. Están conducidos por actores privados que se sujetan a un sistema de intercambio que puede ser directo o mediante intermediarios. En cada uno de los procesos mencionados, el MINAM implementa garantías de respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas.

En relación al FIP, durante 2011 se inició la elaboración del Plan de Inversión Forestal (PI FIP) cuyos objetivos son: impulsar y facilitar medidas que promuevan cambios transformadores en las políticas y prácticas forestales, introducir modelos experimentales para facilitar la comprensión de los vínculos existentes entre la ejecución de las inversiones, las políticas y las medidas relacionadas con los bosques, facilitar la movilización de nuevos recursos financieros para REDD+, aportar experiencia y comentarios valiosos en las negociaciones de la CMNUCC. En octubre de 2013 se aprobó una versión final del PI FIP. En relación al mercado voluntario, se trata de las iniciativas pioneras del modelo de REDD+ a consolidarse en el país. Estas experiencias reflejan las necesidades y retos que deben considerarse en la implementación. Cabe resaltar que en la actualidad el desarrollo de estas iniciativas no requiere la aprobación de permisos o autorizaciones de las entidades estatales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los avances institucionales en torno al mecanismo REDD+ redundarán en el establecimiento de garantías para los pueblos indígenas en las iniciativas privadas.

En el marco del FCPF durante los años 2009, 2010 y 2011, el MINAM llevó a cabo un proceso de difusión para la elaboración del documento “Propuesta para la fase de preparación de REDD+” (R-PP, por sus siglas en inglés). Dicho documento fue aprobado por el FCPF en marzo de 2011 y actualmente se está actualizando.

En particular, los temas más sensibles evidenciados por los representantes de los pueblos indígenas en diversas oportunidades4 están relacionados con el territorio, el uso de los recursos del bosque, la participación y consulta.

2. El Estado peruano y los derechos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a REDD+ El reconocimiento de los derechos humanos en general ha conllevado el reconocimiento de determinados derechos colectivos, en particular de los pueblos indígenas. Así, la comunidad internacional desarrolló instrumentos como el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUPI). A nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentó jurisprudencia para la interpretación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH) en relación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular sobre el derecho a la propiedad colectiva. Tales instrumentos desarrollan el contenido de los derechos colectivos al territorio, la consulta y la participación, identidad cultural, educación y salud intercultural, derecho a vivir según sus usos y costumbres, entre otros.

2.1. Derechos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a REDD+ A continuación se presentan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las obligaciones del Estado peruano respecto de ellos, que deberán tenerse en cuenta en los procesos de implementación del mecanismo REDD+ en el país.

a. Derecho a decidir sus prioridades de desarrollo El Convenio 169 de la OIT señala en su artículo 7 que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus prioridades de desarrollo. Dicho Convenio menciona a la participación y la consulta como mecanismos importantes para el ejercicio de este derecho. Mediante la sentencia emitida en el Exp. 01126-2011-HC/TC el Tribunal Constitucional señaló en relación al derecho a la autodeterminación: “(…) 43. Por consiguiente, el reconocimiento de tales pueblos indígenas, con sus costumbres propias, sus formas de creación de derecho y de aplicación del mismo, traspasan la dimensión de una mera asociación civil. Su visión se asienta sobre una dimensión política, establecida en última instancia en el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas (artículos 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Ello no implica, desde luego, proponer o incentivar la desintegración del Estado o propiciar demandas separatistas; por el contrario, ha sido una tendencia estable en el derecho y la doctrina internacional conceptualizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas sin el elemento separatista o secesionista. El objetivo es más bien el respeto de su autonomía para definir sus propios destinos, así como su idea y proyecto de desarrollo (…)”. El derecho reconocido en el Convenio 169 de la OIT, desarrollado más ampliamente por la DNUPI e interpretado por el Tribunal Constitucional, reconoce a los pueblos indígenas el derecho a decidir respecto a su desarrollo. En el Perú no se han establecido normas para la implementación de este derecho, sin embargo su ejercicio se puede lograr a través de mecanismos de participación y consulta que aseguren –mediante procesos de diálogo- el reconocimiento de sus intereses y preocupaciones. 56

b. Derecho a la tierra y al territorio El artículo 89 de la Constitución Política señala la existencia legal y la personería jurídica de las comunidades campesinas y nativas. En ese sentido, Enrique Bernales5 sostiene que dicho artículo es el reconocimiento jurídico de la existencia social e histórica de las comunidades y la reafirmación de que son grupos de seres humanos con una vinculación muy estrecha con el espacio territorial en el que tradicionalmente viven y que han hecho su hábitat. Es pertinente aclarar que en nuestro país, la Ley 29785 del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios, reconocida en el Convenio 169 de la OIT, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 001-2012-MC, definen como pueblos indígenas:

Foto: Miguel Schmitter

“(…) k) Pueblo indígena u originario.- Pueblo que desciende de poblaciones que habitaban en el país en la época de la Foto: Miguel Schmitter colonización y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; y que, al mismo tiempo, se auto reconozca como tal. Los criterios establecidos en el artículo 7 de la Ley deben ser interpretados en el marco de lo señalado en artículo 1 del Convenio 169 de la OIT. La población que vive organizada en comunidades campesinas y comunidades nativas podrá ser identificada como pueblos indígenas, o parte de ellos, conforme a dichos criterios. Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas no alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos. (…)”

La misma norma señala que las comunidades campesinas y nativas pueden ser pueblos indígenas en tanto cumplan con los requisitos objetivos y subjetivos establecidos en el Convenio 169. Entonces las comunidades pueden ser formas de organización de los pueblos indígenas. En el escenario internacional se han aprobado instrumentos normativos que recogen el derecho al territorio de los pueblos indígenas: la CADH (artículo 21), la Observación General 23, Derecho de las minorías (numeral 3.2), el Convenio 169 OIT (artículos 13, 14, 16, 17, 18 y 19) y la DNUPI (artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31).

Foto: Miguel Schmitter

Cabe resaltar que desde 2001 la Corte Interamericana ha desarrollado jurisprudencia en torno a este derecho, a partir de una interpretación extensiva de la CADH. Así, estableció que los Estados podían determinar restricciones al uso del territorio indígena que deben establecerse por Ley, ser necesarias, ser proporcionales y hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática6. En 2005 se señaló que el territorio indígena comprende la idea de supervivencia del pueblo y el control del hábitat es condición necesaria para la reproducción de su cultura, propio desarrollo y realización de sus planes de vida7. En el Perú, a partir del artículo 13 del Convenio 169 OIT, se tiene que la referencia a la “tierra” debe ser comprendida bajo el término de territorio. Durante mucho tiempo esto no fue evidenciado en el sistema

jurídico nacional pues el tratamiento se centró únicamente en el derecho a la tierra, entendido como la propiedad de las comunidades nativas y campesinas. No obstante, la reciente Ley 29763 Forestal y de Fauna Silvestre aprobada en 2011 reconoce el territorio de los pueblos indígenas conforme al Convenio 169 OIT. En el Perú, la titulación del territorio indígena aún no ha concluido y sigue siendo uno de los principales retos que se deben asumir. Para los pueblos resulta de suma relevancia tener garantías sobre su territorio pues como hemos anotado abarca un concepto integral. De acuerdo a la normativa actual, el MINAM no tiene competencias en la formalización y titulación de los territorios indígenas; no obstante, no se puede dejar de reconocer la relevancia de este tema en la implementación del mecanismo REDD+ en nuestro país.

Comunidad Nativa Anapate-Valle Río Tambo, Selva Central Foto: Miguel Schmitter / CBC - GIZ

c. Derecho a la consulta previa La Ley 29785 sobre el Derecho a la Consulta Previa y su Reglamento8 señalan que la consulta es el derecho colectivo de los pueblos indígenas a que la adopción de medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar directamente sus derechos colectivos, sea antecedida de un proceso de diálogo entre ellos y el Estado. El proceso de consulta es una obligación del Estado que garantiza la participación de los indígenas y tiene por finalidad llegar a un acuerdo o consentimiento sobre las medidas administrativas o legislativas propuestas, en el marco del diálogo intercultural de buena fe basado en la generación de relaciones que propicien la equidad y el respeto. La consulta se fundamenta en el principio de igualdad y dignidad de todos los pueblos y culturas, por tanto, igualdad en la capacidad de los pueblos para controlar sus instituciones y determinar libremente sus formas de vida y modelo de desarrollo9, principio establecido por el artículo 7 del Convenio 169 OIT. El proceso de consulta debe llevarse a cabo antes de aprobarse una medida que afecte directamente a los pueblos indígenas, sea legislativa (leyes, decretos legislativos, ordenanzas regionales y municipales), administrativa (reglamentos, códigos) y planes o proyectos que puedan causar afectación directa en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Los acuerdos o consensos logrados durante el proceso de consulta son de cumplimiento obligatorio para el Estado y los pueblos indígenas consultados. Si no es posible llegar a un acuerdo, la decisión final la tomará el Estado, justificando su decisión y asegurando que la acción a tomar respete la integridad y cultura de los pueblos indígenas. Debe considerarse que la consulta es uno de los mecanismos de participación garantizados para los pueblos indígenas. Sin embargo, las normas sobre pueblos indígenas hacen referencia explícita respecto del derecho a la participación. Por ello, conviene hacer un tratamiento particular en relación a ese derecho y los procesos emprendidos desde el MINAM. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en diversos instrumentos, la normativa nacional señala los supuestos en los que será necesario obtener el consentimiento como resultado de la consulta. De acuerdo a la Sétima Disposición Complementaria, Transitoria y Final, estos son: • Cuando se requiera que los pueblos indígenas sean trasladados de las tierras que ocupan. • Cuando se requiera almacenar o realizar la disposición final de materiales peligrosos en tierras de los pueblos indígenas, o emitir medidas administrativas que autoricen dichas actividades.

Telar Shipibo - Laureana, artesana de la Comunidad Nativa Pahuyan. Foto: María Pía Molero CBC - GIZ

d. Derecho a la participación indígena El derecho colectivo a la participación10 de los pueblos indígenas significa la adecuada participación desde la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas, por lo que podemos señalar que este derecho es más amplio que el de la consulta, que es un mecanismo específico de participación. El derecho a la participación de los pueblos indígenas se encuentra recogido en el Convenio 169 OIT y la DNUPI. Ambos instrumentos internacionales reconocen el derecho a la participación de los pueblos indígenas en la formulación, aplicación y evaluación de los planes, políticas y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarlos directamente. Debemos resaltar que el derecho a la participación es más amplio que el derecho a la consulta, pues se ejerce incluso desde la formulación de políticas, planes y programas. La aplicación de este derecho se podrá ejercer a través de la participación en espacios políticos con un diseño de cupos especiales para los representantes de los pueblos indígenas, como en el caso de Colombia y Venezuela11, o mediante otros mecanismos que garanticen su efectiva participación en el diseño y ejecución de los planes, programas y políticas.

Debe tenerse en cuenta que nuestra Constitución Política12 no se refiere a este derecho colectivo, sino únicamente al derecho a la participación ciudadana en general, el cual involucra mecanismos como el referéndum (que es un tipo de consulta ciudadana), la iniciativa legislativa y la remoción de autoridades, entre otros. Estos mecanismos de participación ciudadana en general no involucran el diseño o elaboración de planes o políticas (como el derecho colectivo reconocido a los pueblos indígenas) sino que recoge los principios de participación ciudadana que inciden en la responsabilidad de todo ciudadano de realizar aportes y recomendaciones de modo responsable con las acciones u oportunidades de participación que se presentan en la sociedad. Sin embargo, en nuestro país, el Convenio 169 OIT ostenta rango constitucional en tanto es un tratado en el que se reconocen derechos humanos específicos de los pueblos indígenas. Asimismo, el Reglamento de Consulta Previa señala en su Quinta Disposición Complementaria y Final que conforme al Convenio 169 OIT, los mecanismos de participación son adicionales y complementarios a los de consulta, es decir que esta norma reconoce a ambos derechos con contenidos distintos. A pesar de ello, es preciso indicar que aún no se ha desarrollado legislación específica que señale los mecanismos, procesos, procedimientos y metodologías a seguir, por lo que se pueden tomar como base los principios establecidos en el Convenio 169 OIT y la legislación de consulta previa. 60

Principio

Buena fé

Contenido Implica que las parte participen con actitud dispuesta al diálogo. Es decir que ambas partes actúen sin crear desconfianzas entre sí.

Interculturalidad

Flexibilidad

Informado

Significa que los procesos participativos deben llevarse a cabo bajo un enfoque intercultural. Es decir, considerando las características culturales, geográficas.

Implica que el desarrollo del proceso se realizará considerando un tratamiento flexible cuando sea necesario.

Significa que todo el proceso deberá considerar la entrega de información comprensible para todos los actores.

El derecho a la participación debe estar garantizado en todos los momentos del ciclo de políticas, programas y planes. Esto es: (i) en la elaboración o planeamiento, (ii) durante la ejecución y (iii) en la evaluación. Para ello, se deben considerar mecanismos diferenciados para cada uno de los momentos.

Etapa 1: Diseño de la Política, Programa o Plan

Etapa 2: Ejecución de la Política, Programa o Plan

Etapa 3: Monitoreo y evaluacion de la Política, Programa o Plan

Entonces, a manera de resumen se podría señalar:

Derecho

Derecho a la participación indígena

Contenido Garantizar la participación de los pueblos indígenas en la formulación, aplicación y evaluación de políticas, planes y programas de desarrollo nacional y regional. Este es un derecho colectivo especial de los pueblos indígenas, diferente al derecho a la participación ciudadana y la consulta previa.

Realizar procesos de consulta antes de la aprobación de una medida legislativa o administrativa y antes de la autorización de proyectos de desarrollo de gran envergadura que afecten a los pueblos indígenas. Se requiere obtener el consentimiento

Derecho a la consulta previa

Previo al traslado de los pueblos indígenas de las tierras que ocupan. Para almacenar o realizar la disposición final de materiales peligrosos en tierras de los pueblos indígenas, o emitir medidas administrativas que autoricen dichas actividades.

Instrumento Normativo Quinta Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley 29785, Decreto Supremo 001-2012MC. Artículos 2, 6(b) y 7(1) del Convenio 169 OIT. Artículo 5, 18 y 23 de la DNUPI.

Artículos 6 y 15 del Convenio 169 OIT. Artículo 19 de la DNUPI. Sétima Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley 29785, Decreto Supremo 001-2012MC. Artículo 16 del Convenio 169 OIT. Artículos 10 y 29 de la DNUPI.

Otros instrumentos: las políticas operacionales de los bancos internacionales Entre los actores relevantes para la implementación de REDD+ en los países podemos mencionar, además de los Estados, los pueblos indígenas y demás actores vinculados al bosque, a los bancos internacionales como el Banco Mundial y el BID. Ambos bancos han desarrollado normas internas que aplican en sus operaciones.

Salvaguarda

Descripción

Banco Mundial En todos los proyectos con pueblos indígenas en su zona de influencia, se deben llevar consultas durante todo el ciclo del mismo, para lo cual se requiere: Un estudio preliminar para determinar la presencia de pueblos indígenas en la zona del proyecto o la existencia de un apego colectivo a dicha zona. Una evaluación social a cargo del prestatario. Un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas y su amplio apoyo comunitario para el plan. La elaboración de un Plan para los Pueblos Indígenas o un Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas, y Divulgación del Plan o Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas.

BP 4.36: Bosques:

OP 4.04: Hábitats

Bosques: estapolíticaaplicaparalosproyectosquetienenopuedantenerimpactosen la salud y calidad de los bosques; los que afectan a los derechos y el bienestar de las personas y su nivel de dependencia de los bosques o interacción con ellos; y aquellos cuya finalidad es generar cambios en el manejo, protección o utilización de los bosques naturales o las plantaciones, sean de propiedad pública, privada o comunal.

En esta política el banco respalda la protección, elmantenimiento y la rehabilitación de los hábitats naturales ysus funciones. Para ello, los estudios económicos y sectoriales delbanco abarcan la identificación de: i. Problemas relativos a los hábitats naturales y necesidades especiales para su conservación, incluyendo elgrado de amenaza a los hábitats naturales identificados (enparticular hábitats naturales críticos). ii. Medidas para proteger estaszonasen el contexto de la estrategia de desarrollo del país. Segúnsea el caso, las estrategiasde asistenciaa los países y proyectos incorporan lasconclusiones de esos estudios económicos y sectoriales.

OP/BP 4.12:

Reasentamiento involuntario

OP/BP 4.11:

Patrimonio físico y cultural

Salvaguarda

Descripción

BP 4.36: Bosques:

OP 4.04: Hábitats

OP/BP 4.12:

Reasentamiento involuntario

OP/BP 4.11:

Patrimonio físico y cultural Fuente: INDUFOR. Informe Final 4 Componente I PIA, 2011.

Se debe tener en cuenta que estas normas operacionales son aplicadas por los bancos en sus operaciones, es decir que se encuentran fuera del marco jurídico de los países y serán aplicadas únicamente en el marco de las operaciones que los Estados lleven a cabo con alguno de los bancos señalados. Sin embargo, REDD+ debe tener especial consideración de estas políticas ya que los bancos internacionales son actores importantes para la implementación del mecanismo. Asimismo, es importante señalar que las políticas operacionales de los bancos deben ser leídas conjuntamente con las normas internacionales y nacionales específicas de cada país, a fin de mantener la armonía en la aplicación de los instrumentos a cada caso concreto. En ese sentido, el tratamiento de la consulta y la participación de los pueblos indígenas merecen particular atención. Los textos de las normas operacionales de los bancos señalan indistintamente a los mecanismos de participación y consulta como aquellos que deben ser emprendidos tanto para las fases de diseño, ejecución y monitoreo de los proyectos. Asimismo, hacen referencia al “amplio apoyo” que deberán obtener los Estados en cada fase mencionada. Como se ha mencionado en la primera parte, el Convenio 169 OIT y la Ley 29785 sobre la consulta previa, reconocen diferencias en torno a la participación y la consulta. Así, en nuestra norma nacional se han establecido los supuestos específicos en los que una propuesta de medida administrativa o legislativa deberá ser materia de un proceso de consulta previa, cuando tenga la posibilidad de generar afectación directa a los derechos colectivos de los pueblos indígenas; y cuando sea materia de procesos de participación si se trata del diseño de la medida o plan, cuando no haya posibilidad de afectación directa a derechos colectivos por cuanto se trata de una norma general, pero su posterior aplicación involucrará a los pueblos indígenas. Entonces, el Convenio 169 OIT y la norma nacional definen la aplicación de la consulta previa o participación, según corresponda. Las normas operacionales de los bancos son complementarias en lo relacionado a la metodología a emplearse. En relación a la finalidad de los procesos, tanto el Convenio 169 OIT como la legislación nacional – ambos instrumentos de cumplimiento obligatorio – señalan al acuerdo o consentimiento como finalidad de los procesos de consulta, siendo este el sentido que debe tener para comprender “el amplio apoyo” al que se refieren las normas procedimentales de los bancos. Las acciones que se vienen implementando en torno a REDD+ vinculadas con los pueblos indígenas han sido desarrolladas considerando los alcances señalados.

Valle del Pichis, Oxapampa - Junin, Foto: Juan Zacarias / GIZ

Segunda parte:

Avances institucionales en torno a REDD+ y los pueblos indígenasas Como se señaló al inicio de la primera parte, actualmente el Perú participa de varias iniciativas a nivel internacional para la implementación de REDD+: el Mecanismo Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF) y el Programa de Inversión Forestal (FIP) son los principales. A continuación presentaremos las acciones desarrolladas desde el MINAM en cada uno de los procesos mencionados, señalando específicamente los avances en torno a las garantías para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

1. Avances en el Proceso del Mecanismo Cooperativo para el Carbono Forestal y garantías para los pueblos indígenas. El FCPF es uno de los procesos internacionales abiertos a los Estados interesados en la implementación de REDD+. Para ser parte de este proceso es necesario que los Estados presenten documentos conceptuales cuyo contenido incluye en la planificación pública para la implementación de REDD+ y el presupuesto estimado para el proceso. Estos son:

1. R-PIN 2. RPP Readiness Preparation Proposal Idea Note = “Nota sobre la Idea del Plan de Preparación”

“Propuesta de Preparación REDD”= Readiness Preparation Proposal -RPP Se identifica un plan de preparación, un presupuesto y un cronograma para mejorar las capacidades del Estado de llevar adelante las actividades REDD.

2008: Perú presentó el R- PIN.

2010: Perú presentó el RPP. 2011: Se aprobó elRPP para PERÚ. Se está actualizando el RPP. 66

3. R-Package Readiness Package, en adelante R-Package Es el informe final del proceso de preparación, que describe: a) cómo se ha elaborado y aplicado el sistema de monitoreo; b) el escenario de referencia de las emisiones de CO2 (para poder medir las reducciones en comparación de la situación inicial). Será aprobado cuando se muestre suficiente preparación en la implementación de REDD+.

El Perú elaboró y presentó los documentos R-PIN y RPP entre los años 2008 y 2010. En 2011 la RPP fue aprobada por el FCPF, que actualmente está siendo actualizado y se tiene planificado concluir con dicha actualización antes de 2014. El RPP presenta las actividades necesarias que se deben realizar para el diseño, elaboración e implementación de la Estrategia Nacional REDD+, que permitirá que el país se prepare para la fase de implementación. La elaboración del RPP (2008-2010) tuvo en cuenta espacios de información, socialización y participación de los distintos actores interesados, tanto de la sociedad civil como representantes de los pueblos indígenas. En ese sentido, es destacable señalar que los procesos participativos permiten reconocer la importancia del diálogo para la construcción de este tipo de documentos. Así, para la aprobación del RPP se lograron acuerdos con los representantes de la sociedad civil y los pueblos indígenas, en los temas sobre los que expresaron preocupaciones. Entre ellos:

nº

Acuerdos

Comentarios

Establecer mesas REDD+ Indígena nacional y regional auto organizadas.

En julio de 2013 se estableció la Mesa Nacional REDD+ Indígena y se le reconoce.

Considerar la propuesta sobre REDD+ Indígena o su adecuación intercultural.

En el Plan de Inversión Forestal – PI FIP se ha incorporado el enfoque de REDD+ Indígena Amazónico.

Recoger demandas territoriales. Inicio de saneamiento territorial de Loreto con US$ 200 mil del FCPF y US$ 800 mil a proponerse al FIP.

En el RPP y el PI FIP se incluyen acciones destinadas a temas de titulación de territorio indígena.

Aprobación de la Ley de Consulta Previa y Ley Forestal y de Fauna Silvestre, acordes con el Convenio 169 OIT.

En 2011 se aprobaron la Ley de Consulta Previa y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Ambos textos reconocen que se interpretarán conforme a las disposiciones del Convenio 169 OIT.

Incorporación expresa del Convenio 169-OIT y la DNUPI entre las salvaguardias del RPP.

El RPP y el PI FIP incorporan expresa mención del Convenio 169 OIT y la DNUPI entre las salvaguardias.

Reconocimiento y respeto del derecho a la consulta en los procesos REDD+ desde la preparación de la estrategia nacional.

El RPP señala que se llevarán a cabo procesos de consulta, cuando correspondan, en el marco de la ley de consulta previa vigente.

Se debe tener en cuenta que el RPP fue aprobado antes de la Ley de Consulta Previa y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, por lo que en la actualización del texto se incorporarán estos nuevos marcos jurídicos que resulta relevante contemplar en la ejecución de las actividades propuestas. Asimismo, el RPP considera los mecanismos de participación y consulta que se emplearán a lo largo de este proceso de preparación cuando correspondan, a fin de asegurar el involucramiento de los actores vinculados al bosque. Así, entre las actividades propuestas en el RPP se considera asegurar la participación de los representantes de los pueblos indígenas en cada uno de las fases de diseño e implementación de la estrategia nacional de REDD+. Las actividades específicas son descritas en uno de los anexos del RPP, el Plan de Participación para Pueblos Indígenas y otros actores.

En 2010 el Perú fue seleccionado como uno de los ocho países piloto para el FIP por su potencial para implementar acciones tanto públicas y privadas, como nacionales y subnacionales, que conlleven a reducciones medibles de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector forestal. Durante 2011 y 2012, se realizaron acciones preparatorias para contar con los insumos suficientes para el diseño del Plan de Inversión Forestal. Durante el 2013 se elaboró el Plan de Inversión Forestal – PI FIP para acceder a un monto de entre US$30 y US$50 millones.

2. Avances en el Programa de Inversión Forestal (FIP) y garantías para los pueblos indígenas El FIP se creó como parte del Fondo de Inversión Climática (CIF) y busca apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo por reducir sus emisiones por deforestación y degradación de bosques (REDD), así como los esfuerzos por promover un manejo forestal sostenible que conlleve a reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y a la conservación de las existencias de carbono (REDD+). La estrategia propuesta por el FIP consiste en proveer financiamiento inicial a países seleccionados para implementar las reformas necesarias y las inversiones públicas y privadas identificadas durante la elaboración de las estrategias para la fase de preparación para REDD+ o similares. Los fondos FIP son ejecutados por el Banco Mundial en colaboración con los bancos multilaterales regionales (BID para el Perú) y tiene cuatro objetivos estratégicos:

Para la formulación del PI FIP, se conformó un Comité Directivo compuesto originalmente por el MINAM, que lo preside, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y un representante del Consejo Interregional Amazónico (CIAM).13 Dicho Comité, en cumplimiento con la normativa nacional vigente y los lineamientos del FIP sobre participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisión en temas ambientales, consideró importante el diseño de instrumentos que garanticen una adecuada participación de los actores. De ahí que durante 2013 se formularon el Plan de Participación para el diseño del Plan de Inversión Forestal y el Plan de Involucramiento de Actores – PIA.

a. Impulsar y facilitar cambios transformadores en las políticas y prácticas forestales del país. b. Introducir modelos experimentales que puedan ser replicables en otros lugares. c. Facilitar la movilización de nuevos recursos financieros para REDD+. d. Aportar experiencia en las deliberaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC).

El Plan de Participación presenta los objetivos, el cronograma, la metodología y los contenidos a abordarse durante el proceso de diseño del PI PIF de manera que se asegure su desarrollo en el corto plazo. Por otro lado, el Plan de Involucramiento de Actores orienta la participación a lo largo de la implementación del PI FIP en el Perú, por lo que será aplicable durante las fases de diseño, ejecución y monitoreo de los proyectos. 68

Instrumento aplicado o por aplicar: Plan de Participación

Etapa 1: Diseño y Formulación del PI FIP 2011 - 2013 Procesos de Participación Ciudadana e Indígena.

Plan de Involucramiento de Actores – PIA Planes de Participación y Consulta Previa. Etapa 2: Diseño y Aprobación de Proyectos del PI FIP 2014 - 2015 Procesos de Participación Ciudadana. Procesos de Participación y Consulta Previa con los pueblos indígenas.

Etapa 3: Ejecución, evaluación y monitoreo de los Proyectos PI FIP 2015 - 2016 Procesos de Participación Ciudadana e Indígena

Como se ha mencionado en la primera parte de este documento, resulta de suma importancia asegurar la participación de los actores, particularmente de los pueblos indígenas, pues esto permitirá conocer los intereses y preocupaciones de estos pueblos y considerarlos en la toma de decisiones. Una efectiva participación de los pueblos indígenas garantiza la no afectación de los derechos colectivos, como el territorio/tierra, usos y costumbres, entre otros. El plan de participación elaborado para el diseño del PI FIP señaló que los principios que guían el proceso son el acceso a la información y la transparencia, la buena fe de quienes participan, el respeto a los derechos y la diversidad cultural de los actores, la inclusión y representatividad y la gobernanza eficaz. Asimismo, distinguió tres fases en el proceso con objetivos, contenidos y acciones diferenciadas conforme se puede apreciar a continuación:

Comunidad Nativa Aintam, Condorcanqui Amazonas Barbara Lehnebach / CBC - GIZ

Acción

Partes

Contenidos

Primera Fase 1. Diagnóstico, enfoques 2. Ámbitos de priorización 3. Propuestas temáticas de los conceptos de las intervenciones estratégicas.

Nacionales y regionales: - Comité Directivo - Gobiernos regionales - Gobiernos locales - Representantes de los pueblos indígenas - Sociedad civil - Sector empresarial

Reuniones Talleres Difusión en Internet

Segunda Fase Temas específicos: Presentación y recojo de aportes del Plan de Inversión y de las ideas de proyectosa nivel nacional y en las regiones priorizadas.

Nacionales y regionales: - Comité Directivo - Gobiernos regionales - Gobiernos locales - Representantes de los pueblos indígenas - Sociedad civil - Sector empresarial

Reuniones Talleres Difusión en Internet Recojo de aportes

Tercera Fase Presentación final del documento y recojo de aportes: Presentacióndel documento final del PI FIP.

Nacionales y regionales: - Comité Directivo - Gobiernos regionales - Gobiernos locales - Representantes de los pueblos indígenas - Sociedad civil - Sector empresarial

Presentación Final Diálogo Decisión del Comité Directivo

Fuente: Plan de Participación para el Diseño del PI FIP. Versión octubre 2013. Disponible en: www.minam.gob.pe

En el Anexo 2 Plan de Participación y rol de actores involucrados del PI FIP14 se da cuenta de que el desarrollo del plan de participación significó la realización de más de veinte reuniones, lo que garantizó el involucramiento continuo de los actores en las diferentes fases de preparación del PI FIP. Es importante resaltar que el Plan de Participación incorporó actividades específicas para los pueblos indígenas basadas en un enfoque intercultural15. Así, incluyó la participación de intérpretes de lenguas indígenas cuando fuese necesario y la presentación de la información de manera sencilla para asegurar la comprensión del PI FIP, entre otros criterios. La activa participación de las organizaciones indígenas a lo largo de cada una de las fases facilitó la mejora continua durante todo el proceso. Así, culminada la primera fase y tras la presentación de la segunda versión del PI FIP, las organizaciones nacionales presentaron nuevas observaciones al texto PI FIP16. Tras esto, y a fin de atender las preocupaciones e intereses planteados por las organizaciones nacionales, en coordinación con dichas organizaciones se construyó una metodología que permitió atender de modo específico los intereses y preocupaciones de los pueblos indígenas.

De esta manera, tras el análisis y atención de las observaciones alcanzadas, se lograron importantes acuerdos con los representantes de las organizaciones nacionales y cada una de sus bases regionales17. Entre los principales acuerdos logrados se pueden mencionar:

nº

Acuerdos

La incorporación de un representante de las organizaciones indígenas amazónicas nacionales, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), al Comité Directivo del FIP.

La incorporación del enfoque REDD+ Indígena Amazónico - RIA en el PI FIP.

En el Plan de Inversión Forestal – PI FIP se ha incorporado el enfoque de REDD+ Indígena Amazónico.

El reconocimiento expreso del Convenio 169 OIT y la DNUPI entre las salvaguardias del PI FIP.

En la versión final del PI FIP se incorpora textualmente la mención a ambos instrumentos. De igual manera, se ha incorporado en el texto del RPP que se viene actualizando.

El Viceministerio de Interculturalidad participó activamente en los talleres regionales.

La asignación de US$14,5 millones para abordar temas indígenas, tales como titulación (US$7 millones), manejo forestal comunitario (US$ 4 millones) y gobernanza indígena (US$3,5 millones).

La última versión del PI FIP incorpora en el presupuesto este acuerdo.

Reconocimiento y respeto del derecho a la consulta en los procesos REDD+ desde la preparación de la estrategia nacional.

Para la culminación del proceso participativo en el diseño del PI FIP se coordinó estrechamente con las organizaciones indígenas.

Comentarios

La incorporación de representantes de ambas organizaciones garantiza su participación en el espacio de toma de decisión de las acciones vinculadas con la ejecución, evaluación y monitoreo del PI FIP. Actualmente, las organizaciones vienen participando activamente en las reuniones del CD FIP.

Seguidamente, se llevaron a cabo cuatro talleres regionales en cada uno de los ámbitos identificados para realizar los proyectos PI FIP: Atalaya, Puerto Maldonado, Tarapoto y Lamas, a fin de continuar brindando información y recoger aportes. Como parte de la metodología, se prepararon matrices de trabajo para recoger los aportes y que estos pudieran ser luego fácilmente identificados. Como resultado de cada taller se suscribieron actas en los que se evidenciaron los principales aportes presentados y se anexaron las matrices de trabajo. Sin duda, el involucramiento de las organizaciones indígenas nacionales en el diseño de la metodología y las coordinaciones fue un aspecto importante para el desarrollo de confianza a nivel regional y permitió la recolección de aportes.

diferentes actores (representantes indígenas nacionales y regionales, sociedad civil y entidades estatales). Al concluir este proceso las organizaciones indígenas respaldaron el texto final del PI FIP y participarán como miembros de la delegación del Estado peruano en la próxima reunión del Subcomité del FIP a desarrollarse a fines de octubre. Ello refleja claramente la importancia del diálogo intercultural para la implementación de los planes que involucren a los pueblos indígenas. También se debe mencionar que el desarrollo de procesos participativos continúa siendo un reto para todos los actores involucrados, por lo que es importante mantener una plena disposición a escuchar y mantener una amplia apertura a los posibles cambios, pues ello significará una mejora en la forma de toma de decisiones. Como se ha mencionado, apenas ha culminado la fase de diseño del PI FIP, durante los siguientes años se continuará con el desarrollo de metodologías participativas que incorporarán las lecciones aprendidas de cada proceso realizado.

Las entidades estatales miembros del CD FIP analizaron y atendieron cada acuerdo y aporte y elevaron a las organizaciones indígenas una matriz en la que se evidenciaban los aportes y las respuestas a cada uno. Cabe precisar que muchos de los aportes recogidos en los talleres regionales constituyen un insumo importante para la fase de diseño de los proyectos. Asimismo, cuando el aporte fue incorporado en el nuevo texto del PI FIP, se indicó la página y párrafo en el que se evidenciaba el aporte integrado. De esta manera, sobre la base de los aportes recogidos y analizados, se elaboró la versión final del PI FIP.

El desarrollo de procesos participativos como el descrito evidencia una clara voluntad del sector ambiental de mantener un diálogo permanente con los representantes de los pueblos indígenas a fin de poder conocer e incorporar los intereses y preocupaciones de estos pueblos desde el diseño de planes, programas y políticas que los involucren hasta su ejecución y evaluación, conforme lo señala el Convenio 169 de la OIT.

El proceso de participación para el diseño del PI FIP concluyó el 4 de octubre último, con la reunión de presentación de la versión final del PI FIP a los

Conclusiones

La implementación de REDD+ en nuestro país se entiende no solo en el marco de la reducción de las emisiones de GEI, sino también como la oportunidad para brindar un tratamiento integral a las causas de la deforestación y degradación de los bosques. Por ello resulta de particular importancia la incorporación de los actores, especialmente los pueblos indígenas, desde el diseño de las estrategias y durante su ejecución. Entre los derechos indígenas vinculados con la implementación de REDD+ se pueden mencionar principalmente los derechos al territorio, a la consulta y la participación. Estos derechos tienen reconocimiento constitucional por el Convenio 169 de la OIT. El derecho a la participación y consulta revisten especial importancia en tanto aportan garantías a los otros derechos colectivos. El Estado peruano, a través del MINAM, viene participando de los procesos del FCPF y FIP con la finalidad de obtener fondos para la implementación de REDD+. En ambos procesos se desarrollaron instancias participativas con los pueblos indígenas para el diseño de las propuestas iniciales. Asimismo, en ambos existe el compromiso de asegurar procesos y mecanismos participativos en el diseño, ejecución y monitoreo de los proyectos, así como la realización de procesos de consulta previa cuando correspondan. La participación indígena debe entenderse como procesos integrales que se desarrollan a lo largo del proyecto o plan. En ese sentido, la participación indígena no se agota en la elaboración del documento del Plan de Inversión Forestal, ni posteriormente en la aprobación de cada uno de los proyectos, sino que debe también garantizarse durante el desarrollo mismo del plan. En ese sentido, el plan contempla acciones enfocadas en garantizar la participación de los pueblos indígenas en el manejo integral del bosque y el fortalecimiento de sus capacidades en temas vinculados, así como acciones de fortalecimiento del enfoque de manejo forestal comunitario. Las experiencias de diálogo sostenidas en el marco de ambos procesos muestran el compromiso por el respeto de los derechos indígenas. No obstante, los procesos son dinámicos y es preciso que se vayan nutriendo de las experiencias sostenidas. La inclusión plena de los pueblos indígenas en el órgano encargado de la toma de decisiones garantiza una participación permanente desde el diseño, formulación e implementación del plan o los proyectos.

Notas

La propuesta de REDD fue rediseñada a REDD+ al incluir en su aplicación iniciativas destinadas a la función de la conservación, a la gestión sostenible de los bosques y al aumento de las reservas forestales de carbono en los países de desarrollo.

Puede encontrarse la Resolución en el siguiente link: http:// unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf

Informe Nacional del estado del Ambiente. 2009-2011. MINAM, diciembre 2012.

Así lo han señalado las organizaciones indígenas durante las reuniones y talleres realizados en los procesos vinculados con REDD y en los documentos a través de los cuales han acercado sus aportes y preocupaciones.

Citado en el Informe Defensorial 12 “Análisis de la Normatividad sobre la existencia legal y personalidad jurídica de las comunidades nativas”. Pág. 4.

Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tigni Vs. Nicaragua. Sentencia del 31 de agosto de 2001.

Caso de la Comunidad Indígena Yackie Axa Vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005.

Ley del Derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 001-2012MC.

Yrigoyen F., Raquel. “De la tutela indígena a la libre determinación del desarrollo, participación, consulta y consentimiento”. Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS. Lima, enero 2009. Pág. 5.

10.

Derecho reconocido en el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT. Artículo 7: (…) Además dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

11.

Yrigoyen F., Raquel. Pág. 12.

12.

Artículo 31 de la Constitución Política del Perú sobre la participación ciudadana en asuntos públicos: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. (…) Artículo 32 de la Constitución Política del Perú sobre laconsulta popular por referéndum y sus excepciones: Pueden ser sometidas a referéndum:1. La reforma total o parcial de la Constitución; 2. La aprobación de normas con rango de ley; 3. Las ordenanzas municipales; y 4. Las materias relativas al proceso de descentralización.

13.

Posteriormente, se acordó con las organizaciones indígenas la incorporación de un representante de cada una de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas de la Amazonía a nivel nacional: AIDESEP y CONAP.

14.

La versión final del PI FIP se encuentra disponible en: www. minam.gob.pe

15.

También se consideraron actividades para los demás actores en el marco de la participación ciudadana, la Ley General del Ambiente – 28611 y el Decreto Supremo 002-2009-MINAM – Reglamento sobre Transparencia, acceso a la información pública ambiental, participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales. Entre julio y agosto se recibieron aportes de organizaciones de la sociedad civil y entidades estatales.

16.

En junio de 2013 AIDESEP presentó al MINAM un documento con observaciones a la segunda versión del PI FIP. Posteriormente, durante una reunión de trabajo CONAP señaló su apoyo a las observaciones presentadas por AIDESEP.

17.

Las actas de la reunión nacional con representantes de las organizaciones nacionales AIDESEP y CONAP y cada una de sus bases regionales, sostenida el 1 y 2 de agosto; así como las de los talleres regionales y sus respectivas matrices con los aportes recogidos se encuentran disponibles en: www. minam.gob.pe.

Información Revisada

Documentos oficiales Ministerio del Ambiente (2012). Informe Nacional del estado del Ambiente. 2009-2011. Lima: MINAM. Plan de Inversión Forestal (versión octubre 2013) Documento de RPP (versión 2011) Informes, actas y matrices del proceso participativo para el diseño del PI FIP.

Instrumentos normativos Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Protocolo de Kioto. Decisión 1/CP.16. Decisión de Cancún. Convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT. Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Ley del Derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Reglamento de la Ley de Consulta Previa, Ley 29785 - Decreto Supremo 001-2012-MC. Ley 28611General del Ambiente Reglamento sobretransparencia, acceso a la información pública ambiental, participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales - Decreto Supremo 002-2009-MINAM.

Jurisprudencia Expediente 0022-2009-PI, proceso de inconstitucionalidad seguido en el Tribunal Constitucional. Exp. 01126-2011-HC/TC Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tigni Vs. Nicaragua. Sentencia del 31 de agosto de 2001. Caso de la Comunidad Indígena Yackie Axa Vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005.

Otros documentos Informe Defensorial 12 “Análisis de la normatividad sobre la existencia legal y personalidad jurídica de las comunidades nativas”. Yrigoyen F., Raquel. “De la tutela indígena a la libre determinación del desarrollo, participación, consulta y consentimiento”. Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS. Lima, enero 2009.

Redd+ Indígena Amazónico: Logros, Avances y Desafíos Roberto Espinoza Equipo Técnico AIDESEP Octubre de 2013.

En 2011, en pleno debate dentro del movimiento indígena nacional e internacional sobre aceptar REDD+ convencional o rechazarlo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) procesó una consulta en las organizaciones regionales y locales que generó una tercera opción: dar la batalla dentro de Redd+ para hacer avanzar la agenda permanente de los pueblos indígenas al condicionarlo, vigilarlo y adaptarlo a sus derechos y cosmovisiones, mediante la propuesta de manejo holístico de los territorios indígenas entendido como Redd+ Indígena Amazónico (RIA). Como precisó el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, se trataba de intentar transformar las amenazas de Redd+ en oportunidades y en el camino, según los resultados, ir evaluando y redefiniendo acciones y posturas. Dos años después podemos decir que hoy el camino es menos largo y estamos menos solos. Se han logrado avances sustanciales con repercusión nacional e internacional y ya no se puede seguir hablando de un solo tipo de Redd+ carbonífero y privatizador. El RIA está instalado, posicionado, es admitido y respetado. Pero como siempre nada es definitivo ni seguro y es posible que RIA avance hacia su consolidación e implementación cabal, así como también hacia su cooptación, reversión o tergiversación. Como siempre, todo depende de la tenacidad, creatividad y persistencia de la lucha indígena, la coherencia de los aliados en el apoyo y el tipo de respuesta política y técnica que decidan desarrollar los decisores nacionales y globales. Ampliemos un poco más sobre los avances, logros, fortalezas, debilidades y desafíos, con la esperanza de que este texto sirva no para la especulación y dubitación académica o técnica, sino para que los actores sociales, ambientales y políticos acompañen con convicción al movimiento indígena en la construcción de RIA como una estrategia más eficaz, eficiente y sostenible de reducción de la deforestación y degradación de los bosques, control de sus impulsores, almacenamiento de carbono y reducción de la pobreza, que se supone es el objetivo primordial de Redd+, pero sin caer en las trampas de la mercantilización y financiarización de la naturaleza ni supeditando todo a los negociados de la comercialización del mercado privado de carbono de quienes contaminan.

Se avanzó en la definición conceptual del RIA, a partir de diversos ejes claves, que podemos resumir en los siguientes: La prioridad son los Planes de Vida Plena a largo plazo de cada pueblo, los cuales definen el rol que puede tener o no Redd+ y no al revés, inducir o imponer Redd+ como dogma y tema central. Lo primordial no es acelerar “las herramientas del mercado de carbono”, sino un horizonte más amplio: planes de vida de los pueblos y planes nacionales sobre bosques, dentro de los cuales Redd+ es una herramienta más, que no tiene por qué ser la central ni estructurante de las demás.

La seguridad y consolidación de la territorialidad indígena, como condición

habilitante, salvaguarda temprana e indicador de la viabilidad de Redd+. Sin territorialidad segura para los pueblos indígenas no puede haber Redd+ y este ya nos es un asunto ajeno a Redd+ sino estructural en él.

El manejo holístico territorial, integrando mitigación y adaptación, resiliencia climática y biodiversidad.No es aislando al carbono, que mejor se le protege, sino al contrario, integrándolo en el conjunto de funciones ecosistémicas con un enfoque más amplio. Los pueblos indígenas han hecho “redd” gratis desde hace siglos para beneficio de la humanidad, sin necesidad de ser “carboníferos”.

Mayor importancia de la macro-medición ecosistémica (del carbono y demás funciones de los

bosques) frente a las controversiales micro mediciones. Es suficiente precisar los tipos debosques por hectárea y demostrar que se conservan, para estar seguros que sus funciones ecosistémicas están activas, entre ellas las del balance del carbono y sus mediciones aproximadas de toneladas métricas. Eso es lo que la humanidad necesita saber. Lo demás, las mediciones engorrosas (suelo, subsuelo, hojarasca, etc) exactas de carbono, solo las necesitan los comerciantes de carbono que buscan maximizar ganancias con especulaciones financieras.

Compensaciones económicas con mecanismos públicos, controlados por la sociedad civil, sin

privilegiar la intermediación del mercado privado que incrementa la piratería del carbono. El capital en general, y sobre todo el que deforesta y contamina, debe ser detenido, sin facilitarle que “compense” su destrucción.Y en esa transición, deben pagar por su huella ecológica, para aportar a fondos públicos bajo control social (no estatistas). Es inmoral e inaceptable que el capital depredador, además quiera obtener “ganancias” cuando estamos al borde del precipicio humano global.

Reducción efectiva de impulsores (“drivers”) de deforestación (petroleras, mineras, hidroeléctricas, colonos, agroindustria, megaproyectos) que agreden a los territorios indígenas. Los estados tendrán serios problemas para controlarlos porque están presionados por los intereses extractivistas y desarrollistas. Al contrario, los pueblos indígenas son sus principales víctimas y, como se les va la vida en ello, ofrecen más garantías para regular, mitigar, controlar o detener esos drivers.

Reducción efectiva de gases de efecto invernadero

en el mundo y no la falsa solución de “canjearlos” por carbono de Redd+, agravando los impactos climáticos y ecosistémicos que destruyen la Amazonía y la pervivencia indígena. En la Amazonía la crisis climática es tan grave que exige ser detenida con soluciones de fondo, no aparentes. Las gigantescas inundaciones, sequías e incendios forestales avanzan indetenibles, sumados a la drástica alteración de los ciclos naturales de los alimentos, la cacería y recolección. Sería falso e irresponsable decir que Redd+, incluso si se generalizara, fuera a detener estos cataclismos. La única forma es cambiar el patrón de consumismo, despilfarro y adicción petrolera y minera de las economías centrales y no lavarles la cara ni permitirles que sigan contaminando con pagos por Redd+.

Se avanzó en la incidencia sobre la propuesta del RIA, sus componentes y elementos conexos en el debate nacional y estatal sobre Redd+, lo que se expresó en los siguientes aspectos:

Posicionar la necesidad de precisar la magnitud de la demanda territorial pendiente de las comunidades indígenas, así como priorizar su debida atención mediante procesos de titulación territorial en sus nueve componentes: identificar posesionarios, reconocimiento, titulación, ampliación, territorios por pueblos, reservas comunales, reservas territoriales, traslapes entre territorios y áreas protegidas y rectificación de planos errados. Aceptación de dicha demanda territorial en la planificación de procesos claves de Redd+ en el Perú, como son el RPP (Plan de preparación nacional), PI-FIP y Mecanismo Dedicado Específico (MDE) para pueblos indígenas del FIP. Reapertura del proyecto de titulación territorial en la Amazonía por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el MINAGRI, por alrededor de $ 40 millones, aunque falta vigilar que se priorice la titulación de comunidades respetando su derecho de posesión originaria antes que la multiplicación de la fragmentación territorial y parcelación de colonos, con la migración subsiguiente. Llamar la atención sobre la impunidad y descontrol con que operan en el país los “piratas del carbono” que intentan estafar a comunidades indígenas en regiones como Loreto, Ucayali y San Martin. También sobre malas prácticas de presiones sobre Redd+ en algunas comunidades con procesos poco transparentes y carentes de buena fe. La ampliación de la demanda al MINAM de establecer un sistema o mecanismo de regulación y supervisión de “iniciativas tempranas”, que incluya eventuales sanciones. Lamentablemente su establecimiento es indebidamente lento, se reduce en una primera etapa al registro de toneladas de carbono involucradas en dichas iniciativas y posterga en forma incierta la etapa de monitoreo y supervisión, Se avanzó en el proceso organizativo de las mesas de Redd+ indígenas a nivel de las regiones de Madre de Dios, San Martin, Loreto, Ucayali, Selva Central, Atalaya y la conformación de la Mesa Nacional de Redd+ Indígena. Dichas mesas están ya reconocidas a nivel del gobierno central, a nivel del RPP, PI-FIP, MDE/GDM-FIP y en los proyectos sobre Redd+ que elabora el PNUD. En todos ellos, se dispone la necesidad de presupuesto público para su fortalecimiento institucional y asistencia técnica. El Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD), aprobó la Ordenanza Regional N° 018-2013-RMDD/CR reconociendo y validando dicha mesa, en base a lo cual su funcionamiento debe ser incluido en el presupuesto regional. Se avanzó en la inclusión de la propuesta de RIA en los planes y estrategias nacionales estatales sobre Redd+. Fue incluido en el plan de preparación de Redd+ del Perú (RPP) donde se menciona la adecuación de la normativa sobre territorios indígenas al Convenio 169 de la OIT y además el porte de US$1 millón para titulación efectiva en Loreto ($200 mil del RPP y el saldo de otras fuentes). Fue incluido también en el Plan de Inversión del Fondo de Inversión Forestal del Perú (PI-FIP) en el cual de US$50 millones se destinarán US$14.5 para las propuestas indígenas en torno al RIA: titulación territorial (US$7 millones), manejo forestal indígena (US$4 millones) y gobernanza comunitaria (US$3.5 millones). Otra expresión de este avance de la propuesta RIA en los planes y estrategias nacionales es la inclusión de AIDESEP y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) en el Comité Directivo Nacional del FIP, la principal instancia que impulsará Redd+ en el país, junto a los ministerios de Ambiente, Agricultura, Economía, el Consejo Interregional Amazónico

Foto: Heinz Plenge

(CIAM, los gobiernos regionales amazónicos) y los bancos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, se aceptó la inclusión de las organizaciones regionales indígenas involucradas en las instancias de conducción del PI-FIP en las tres zonas de intervención nacional: Madre de Dios, Atalaya y Tarapoto-Yurimaguas.

del RIA recibió el respaldo del liderazgo indígena de las confederaciones nacionales amazónicas y más de doscientas organizaciones regionales de nueve países amazónicos. En Colombia, se formó la Mesa Indígena Amazónica sobre Cambio Climático que impulsa la propuesta del RIA y en la región del Chocó se planteó la adaptación de Redd+ Afrodescendiente. En México y Guatemala, se debate sobre el Redd+ Campesino. Recogiendo estos impulsos, la ONU-REDD+ abrió el Programa Redd+ de Base Comunitaria y aportó su financiamiento.

Se avanzó en el RIA mediante el Mecanismo Dedicado Específico del FIP para pueblos indígenas y comunidades locales (MDE o GDM, por sus siglas en inglés) a nivel del Perú, del cual ya se conformó el Comité Directivo Nacional MDE integrado por líderes indígenas amazónicos. También se aprobó su reglamento de funcionamiento y los lineamientos del plan operativo, que incluye una primera etapa de inversión de US$3 millones (de un total de US$5 millones provenientes del Banco Mundial) en dos ejes temáticos centrales: US$2 millones en titulación territorial y US$1 millón en manejo forestal comunitario.

Hay más avances, pero estos ejemplos bastan para terminar con las visiones pesimistas, escépticas y hasta excluyentes de ciertos especialistas en Redd+ (nacionales o internacionales) respecto al RIA. Ya está posicionado y forma parte de la agenda sobre Redd+ en el Perú, en cumplimiento del derecho de adecuación intercultural de las políticas públicas. Si bien habrá una sola política y objetivos nacionales de Redd+ en el Perú, ello es compatible con la co-existencia de estrategias que enfatizan los enfoques del RIA, junto a las estrategias convencionales del Redd+ tradicional.

Más allá del Perú, se avanzó en los procesos de Redd+ también en el plano internacional. En la I Cumbre Regional Amazónica promovida por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) en Manaos (agosto de 2011) la propuesta 80

Si bien son logros importantes, significativos y estratégicos, estos avances están, sin embargo, en sus comienzos; falta mucho por trabajar para lograr la plena implementación y consolidación del RIA en el Perú. Entre los principales desafíos pueden señalarse los siguientes: El cumplimiento por parte del Estado peruano de los acuerdos alcanzados con AIDESEP a nivel del RPP (13 puntos) y del PI-FIP (40 ítems)

Fortalecer capacidades de AIDESEP para el diseño e implementación de propuestas en el RPP, PI-FIP, MDE, PTRT y otros proyectos similares.

Participación y contratación de consultores acreditados por AIDESEP, tres zonales y uno transversal nacional, para el diseño en detalle de los cuatro proyectos del PIFIP. Así continuaremos con la “construcción conjunta” de procesos y evitaremos los diseños excluyentes conflictivos.

Implementar un observatorio inmediato de los pueblos indígenas y la sociedad civil que supervise las “iniciativas tempranas” de Redd+, denuncie las malas prácticas y exija sanción drástica a la piratería de carbono. Fortalecer el funcionamiento, asistencia técnica y capacidad propositiva de las Mesas de Redd+ Indígena a nivel de las regiones amazónicas y a nivel nacional.

Establecer mecanismos para que los “beneficiarios” del PIFIP sean los ejecutores directos de las acciones de manejo y gobernanza forestal comunitaria; y co-ejecutores (con los gobiernos regionales) en las de titulación.

La implementación de las experiencias piloto de Redd+ Indígena, como son las de Madre de Dios en la Reserva Comunal Amarakaire, San Martin y otras regiones.

Continuar con la precisión de la demanda territorial pendiente que alcanza ya a veinte millones de hectáreas.

Finalmente, la cooperación internacional, las ONG ambientalistas, forestales y los especialistas, académicos y funcionarios vinculados a los procesos Redd+ en el Perú, deben respetar el derecho de adecuación intercultural sobre Redd+, ya logrado por los pueblos indígenas, a través de la propuesta del RIA. También respetar el logro de su inclusión formal en las políticas y procesos públicos sobre Redd+. Ese respeto debe traducirse en varios niveles: abandonar la dogmatización del proceso Redd+ excesivamente sesgado a “promover negocios y ganancias del comercio de créditos de carbono”. Admitir que dentro del objetivo común de reducción de emisiones forestales, pueden y deben apoyar al RIA como una estrategia específica. No discriminar las propuestas del RIA en la planificación, distribución presupuestal y diseño de los proyectos.

Reforzar la elaboración de las auto demarcación de los Territorios Integrales, así como su Titularidad jurídica y los Estatutos colectivos como pueblos indígenas. Fortalecer las capacidades de AIDESEP y sus organizaciones nacionales para impulsar la elaboración de Planes de Vida, así como el manejo territorial holístico que incluya agroforestería, producción forestal maderable y no maderable con valor agregado y bioindustrias.

82 Comunidad Nativa Villa Gonzalo, Condorcanqui Amazonas, Barbara Lehnbach / CBC - GIZ

Estrategia de intervención “gestión holística de territorios de vida plena” o redd+ Indígena Amazónico

Claudia Gálvez-Durand Besnard Biologa-Consultora Marzo de 2013.

ACRONIMOS AIDESEP: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana ANP: Área Natural Protegida DRIS: Desarrollo Rural Sustentable FENAMAD: Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes MINAM: Ministerio del Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PSA: Pagos por Servicios Ambientales PSE: Pagos por Servicios Ecosistémicos RA: Rainforest Alliance RIA: REDD+ Indígena Amazónico REDD/REDD+: Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas UNAMAD: Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 84 84

Contenido

Resumen ejecutivo ................................................................................................... pag. 86 I. Justificación ............................................................................................................. pag. 88 II. Ámbito de intervención del proyecto .........................................................................pag. 89 III. Marco conceptual de la “Gestión holística del territorio de vida plena” o REDD+ Indígena Amazónico ............................................................................... pag. 90 IV. Objetivos ................................................................................................................. pag. 90 V. Estrategia de intervención ........................................................................................ pag. 91 Indicadores de resultados ........................................................................................ pag. 111 Referencias .............................................................................................................. pag. 119

Resumen Ejecutivo El presente documento presenta los principales contenidos de la estrategia para el desarrollo de experiencias piloto de la “Gestión holística de territorios indígenas de vida plena” o REDD+ Indígena Amazónico (RIA) en los territorios de los pueblos indígenas de Madre de Dios. Ha sido elaborado con la participación de los dirigentes de las organizaciones de base Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), Consejo Harakmbut Yine Machiguenga (COHARYIMA) y el Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA-RCA). Busca plasmar las ideas que los dirigentes, líderes y comuneros han manifestado en diferentes oportunidades respecto a la crisis climática, la propuesta RIA y cómo debería ser aplicada en las comunidades. El objetivo principal de la propuesta escontribuir a las estrategias globales de mitigación y adaptación frente a la crisis climática, fortaleciendo y valorando las funciones ecosistémicas del bosque amazónico así como la gestión integral del territorio indígena, mediante iniciativas RIA para lograr el desarrollo rural sustentable que permitan una mejor calidad de vida a las personas que habitan en los bosques y dependen de ellos. Se espera que la propuesta fortalezca los medios de vida sostenibles de la población local beneficiaria de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), al mismo tiempo que se asegure la mitigación del cambio climático. La conservación de los bosques y su uso productivo asegurará que la RCA y su zona de amortiguamiento mantengan la provisión de las funciones ecosistémicas como la diversidad biológica, belleza escénica, recursos hídricos y aspectos culturales, entre otros, para las poblaciones aledañas.

Foto: Heinz Plenge

El documento cuenta con un marco teórico que desarrolla las ideas centrales sobre los principios y fundamentos que sustentan RIA. Luego se presentan los objetivos generales y específicos y la estrategia para alcanzarlos. Esta es la parte medular, compuesta por la descripción y los resultados esperados para cada línea estratégica, es decir la condensación del enfoque de la propuesta RIA.

Integración de RIA a las comunidades y en las políticas y procesos regionales. Los componentes de la estrategia deben ser desarrollados en forma gradual o paralela según los casos. La estrategia es una propuesta que debe ser socializada, debatida yvalidada por las asambleas y estructuras organizativas comunales, que se irá retroalimentando en la medida que se vaya ejecutando. Para la implementación de la estrategia se debe solicitar la participación, respeto y respaldo de los gobiernos a nivel nacional, regional y local, bancos multilaterales y ONG, de manera que apoyen y contribuyan a satisfacer las necesidades técnicas, políticas y financieras que requiere la experiencia piloto de REDD+ Indígena. En la implementación también se deben incluir aspectos de monitoreo y evaluación, para identificar oportunamente las distancias que se van creando entre lo esperado y la realidad, debido a cambios estructurales o errores de ejecución. El monitoreo ayudará a la identificación oportuna de las causas que podrían estar alterando el proceso de ejecución de la estrategia, proponiendo los correctivos oportunos, apoyando la reestructuración del proceso y adecuándolo a la realidad.

La importancia del contenido de la estrategia radica en la identificación de las principales líneas y acciones necesarias para la implementación del enfoque RIA en Madre de Dios. En tal sentido, el contenido del presente documento organiza las diferentes categorías conceptuales, lineamientos y acciones necesarias. Se proponen seis estrategias de intervención: a) Sensibilización y fortalecimiento de capacidades de los líderes de FENAMAD, el Consejo Indígena de la Zona Baja de Madre de Dios (COINBAMAD), COHARYIMA, ECA-RCA, la Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios (AFIMAD) y las comunidades; b) Consolidación del territorio de los pueblos indígenas; c) Fortalecimiento de la gestión del territorio y sus recursos naturales; d) Monitoreo, reporte y verificación y salvaguardas; e) Mecanismo de financiamiento a largo plazo para asegurar la sostenibilidad de la gestión de la estrategia RIA; f)

Justificación

Las reservas comunales son áreas que albergan predominantemente sistemas naturales no modificados, destinados a la realización de actividades de manejo para garantizar a largo plazo la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica y proporcionar al mismo tiempo un flujo sostenible de productos y servicios naturales para satisfacer las necesidades de las comunidades.

aumenta la energía reflejada, disminuyendo la cantidad entrante y haciendo descender la temperatura. De igual forma, una superficie más clara refleja mayor cantidad de la radiación que alcanza la superficie, contribuyendo también al enfriamiento y evitando el calentamiento global. Además, la reserva protege la belleza escénica para satisfacción espiritual propia y para el ecoturismo, y promueve valores culturales y espirituales, entre otras tantas funciones ecosistémicas. Dichos beneficios son reconocidos por el Estado en sus objetivos de creación, junto con la protección de las cuencas de los ríos Eori/ Madre de Dios y Karene/Colorado, asegurando la estabilidad de las tierras y bosques y manteniendo la calidad y cantidad de agua, el equilibrio ecológico y un ambiente adecuado para el desarrollo de las comunidades nativas harakmbut.

La Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) cubre un área de 402 335,62 ha y se encuentra ubicada en el departamento de Madre de Dios entre dos áreas naturales protegidas de alta diversidad biológica: el Parque Nacional del Manu y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, que junto con la Reserva Nacional Tambopata y otras quince áreas naturales protegidas en Brasil y Bolivia conforman el corredor internacional de conservación Vilcabamba Amboró de gran importancia ecológica a nivel mundial.

El mantenimiento de las funciones ecológicas de la RCA depende de la interacción de los procesos ecológicos y socioculturales. Dicha interacción definirá procesos de producción cultural que influyen en los procesos ecológicos, razón por la cual ambos requieren atención especial en su gestión o manejo.

La RCA y su zona de amortiguamiento, donde se encuentran las comunidades nativas beneficiarias del ECA, se caracteriza por tener una alta variedad fisiográfica en diversas zonas ecológicas representativas de selva baja y alta, que proveen condiciones excepcionales para una gran variedad de ecosistemas y microclimas, originando diferentes grados de riqueza biológica e importantes unidades biogeográficas que brindan refugio a una gran cantidad de especies de fauna y flora, muchas de ellas en situación de amenaza. Asimismo, la RCA mantiene funciones ecosistémicas que brindan beneficios a la población local, como ser fuente de agua dulce, vital para el sostenimiento de la vida tanto de la flora y fauna como de los seres humanos que dependen de ella; la evapotranspiración, ya que en los ecosistemas forestales el agua evapotranspirada puede representar entre el 70% y el 90% del agua de lluvia; y la consecuente autogeneración de capa de nubes, que además de la regulación hídrica, ayuda a reflejar los rayos solares. La cantidad de luz reflejada depende directamente de la cobertura nubosa, así como de la naturaleza del terreno. Una mayor cantidad de nubes

En las últimas décadas, los bosques han estado expuestos a la extracción intensiva de recursos naturales y actividades forestales ilegales. La actividad minera, la prospección y explotación de hidrocarburos y la actividad maderera se han extendido en los territorios y ecosistemas vitales de la población indígena con el riesgo de provocar contaminación de suelos, tierra y aire. El cambio en los modos de vida ha significado para los pueblos indígenas pasar a depender de bienes manufacturados y el surgimiento de nuevas necesidades básicas que, de manera creciente, son parte de su economía. En zonas de reducida accesibilidad el valor de los productos agrícolas es bajo y los costos de transporte de las manufacturas son altos. Las posibilidades para que las familias generen ingresos es limitada, por lo que el empleo en las actividades extractivas aparece como una alternativa. 88

Foto: Heinz Plenge

Actualmente, en la Reserva Comunal Amarakaeri y su zona de amortiguamiento se desarrollan algunas actividades que se han convertido en graves amenazas para su integridad. Las amenazas son ocasionadas principalmente por la gran migración que ha resultado en la ocupación desordenada de la zona, con la consiguiente realización de actividades ilegales en muchos casos. Casi toda la cuenca del río Eori/ Madre de Dios, desde la parte este de la RCA y la zona de amortiguamiento, entre las partes bajas de los ríos Karene/ Colorado y Pokiriwe/Pukiri hasta la Reserva Nacional Tambopata, se dedica a la actividad minera. Se calcula que hasta 2009 la minería en Madre de Dios ha deforestado unas 18,000 ha de bosques y degradado 150,000 ha adicionales. El mercurio y otros metales pesados utilizados para esta actividad han contaminado fuentes de agua, ríos, quebradas, cochas y, por supuesto, aguajales, poniendo en riesgo la salud de la fauna y la flora, además de la propia población humana.

Por otro lado, la extracción selectiva de especies maderables en el ámbito de la reserva comunal genera un comercio informal de madera, vía terrestre por la carretera Cusco-Shintuya y vía fluvial hasta Puerto Maldonado, ocasionando crecientes áreas de deforestación alrededor en los territorios comunales que rodean a la reserva y en su interior. La idea de conectar la zona de la provincia del Manu con la provincia de Huepetuhe ha sido impulsada durante los últimos añospor políticos regionales con la propuesta de construcción de la carretera ItahuaníaChoque, que atraviesa la Reserva Comunal Amarakaeri, o un trazado alternativo que bordea la reserva a través del territorio de algunas de las comunidades beneficiarias. Asimismo, el Área de Influencia Indirecta Ambiental (AII) del tramo III de la Carretera Transoceánica, que colinda con la zona de amortiguamiento de la RCA, en zonas de alta incidencia de la actividad minera aurífera, específicamente en la comunidad nativa de Barranco Chico, está considerada dentro de la categorización de impactos secundarios.

La RCA y las comunidades nativas del ECA enfrentan también la amenaza de la actividad hidrocarburífera, ya que el Lote 76, otorgado a la empresa Hunt Oil Company, últimamente liberado en la mayoría de su superficie original, en la parte norte del lote, se superpone al área sur de la reserva en las zonas de mayor fragilidad geomorfológica donde se encuentran las cabeceras de los ríos Karene (Colorado) y su afluente el río Wasorokwe (Huasoroco). La empresa se encuentra próxima a iniciar la etapa de perforación exploratoria con la apertura de ocho pozos contra la voluntad del ECA-RCA. Esta actividad puede acarrear serios impactos ambientales y agravar los impactos sociales que ya se vienen dando como consecuencia del desarrollo de la actividad extractiva. Esta situación continuará y se agravará a menos que se diseñen nuevos mecanismos que puedan generar valor para el bosque en pie y compitan con otros usos de la tierra. La importancia de la RCA y los territorios comunales en la zona de amortiguamiento, en el mantenimiento de las funciones ecosistémicas del bosque que brindan beneficios a nivel local y global, la posicionan como un área de gran interés para recibir compensaciones por el mantenimiento de éstas funciones del bosque.

II- Ámbito de intervención del proyecto El ámbito del proyecto es de 900,000 has e incluye a los territorios comunales bases de la FENAMAD. Durante una primera etapa la intervención del proyecto prevé una extensión de 402 335,62 has y abarca la Reserva Comunal Amarakaeri y el territorio comunal de diez comunidades nativas en la zona de amortiguamiento beneficiarias de la reserva con una extensión territorial total de 181,435.48 ha. Este ámbito incluye los distritos Manu, Fitzcarrald, Madre de Dios y Huepetuhe en la provincia de Manu. El Plan Maestro de la RCA 2007 identifica una población asentada en la zona de amortiguamiento de más de 10,049 habitantes, de los cuales 1644 son indígenas y 8405 mestizos. Se distribuyen en 33 centros poblados, de los cuales diez son comunidades nativas y 23 son asentamientos colonos (incluyendo Huasoroquito, dentro de la reserva comunal).

La implementación del RIA en la ECA-RCA se dará previa consulta a las comunidades beneficiarias de la RCA, luego de un proceso de información adecuado y culturalmente pertinente. En una siguiente etapa se procederá a realizar la consulta a las demás comunidades de FENAMAD sobre la aceptación del RIA y su articulación para la elaboración de una propuesta en conjunto.

III- Marco conceptual de la “Gestión holística del territorio de vida plena” o REDD+ Indígena Amazónico. La propuesta de REDD+ Indígena Amazónico surge en respuesta a la problemática del cambio climático y busca valorar la integralidad de las funciones ecosistémicas de los bosques y territorios indígenas, que va más allá de la captura de carbono, reduciendo las áreas amenazadas por la deforestación. Propone una visión holística e integral para incorporar todas las funciones que brindan los bosques, fortaleciendo los medios de vida de las comunidades indígenas y la revalorización de ecosistemas tanto naturales como manejados, mediante un modelo de gestión del territorio comunal y ancestral como es la RCA, que reconoce y enfatiza el rol de la población indígena en el mantenimiento de dichas funciones ecosistémicas, respetando sus derechos y generando importantes beneficios sociales y ambientales. El punto de partida son los objetivos esenciales de “reducir las emisiones y la pobreza en los bosques” (REDD+), pero con una estrategia que priorice los objetivos ambientales por encima de los mercantiles (offset) y ofrezca mayor eficacia para afrontar la crisis climática garantizando la pervivencia de los pueblos indígenas y de los territorios, con alternativas innovadoras de cooperación internacional. Las iniciativas de REDD+ Indígena están referidas a la adecuación cultural de REDD, redefiniéndolo de acuerdo a su cosmovisión y al reconocimiento de sus derechos colectivos, como parte del derecho a decidir y controlar las estrategias de su propio desarrollo (artículo 7 del Convenio 169 de la OIT). En ese sentido, RIA refuerza la unidad bosque – territorio – pueblos. 90

IV- Objetivos. Objetivo general: cultural y empoderamiento de los pueblos indígenas en el manejo de sus recursos naturales. La estrategia de REDD+ Indígena debe servir de guía en la creación de los procesos de compensación por el mantenimiento de las funciones ecosistémicas en las comunidades nativas de la Región Madre de Dios. Deberá también reducir las causas de la deforestación y degradación así como contribuir a la solución de temas clave como la tenencia de la tierra y gobernanza.

El objetivo general de la propuesta es contribuir a las estrategias globales de mitigación y adaptación frente a la crisis climática, fortaleciendo y valorando las funciones ecosistémicas del bosque amazónico así como la gestión integral del territorio indígena, mediante iniciativas de manejo holístico de territorios de vida plena de pueblos indígenas, también llamadas REDD+ Indígena Amazónico, que permitan una mejor calidad de vida para las personas que habitan en los bosques y dependen de ellos.

Objetivos específicos:

La estrategia debe asegurar la participación de todos los actores relevantes en el proceso, entre los que se incluyen las organizaciones de base, comunidades y el gobierno regional. De esta manera se construirá un documento sostenible, equitativo y legítimo, para el reconocimiento y compensación por el mantenimiento de las funciones ecosistémicas.

Fortalecer las capacidades de los actores locales en RIA. Consolidar el territorio de los pueblos indígenas. Fortalecer la gestión del territorio y sus recursos naturales. Establecer e implementarmecanismos de financiamiento a largo plazo para asegurar la

En tal sentido, el trabajo de REDD+ Indígena Amazónico se da en torno a los siguientes lineamientos:

sostenibilidad de la gestión del territorio. Diseñar estándares, MRV, salvaguardas, PDD

Promoción, reconocimiento y fortalecimiento del rol de la mujer en la toma de decisiones comunales, resaltando la importancia de su participación en los espacios políticos, públicos, ambientales, productivos y organizativos.

(project design document o documento de diseño de proyecto) adaptadas a RIA. Integrar RIA a las políticas y procesos regionales.

V- Estrategia de intervención.

Valoración e inclusión de los componentes humanos, en especial los agroecosistemas, dentro del esquema de bosque manejado integralmente, evitando enfocarse de manera prioritaria o exclusiva en la conservación de árboles en bosque o plantaciones forestales.

Las estrategias son la manera de conseguir los objetivos planteados en la iniciativa de RIA. Están orientadas a fortalecer la gestión integral del territorio comunal de los pueblos indígenas en el departamento de Madre de Dios y disminuir las principales causas de la deforestación y degradación de los territorios comunales.

Se aseguran los derechos de usufructo y control de las comunidades nativas; se reconoce y compensa a los pueblos indígenas por su papel de resguardo de los ecosistemas naturales y los modificados por el hombre.

La estrategia apunta al desarrollo de un mecanismo de sostenibilidad financiera en base al reconocimiento y compensación por las funciones ecosistémicas mantenidas por las comunidades nativas y al fortalecimiento

Los esquemas y mecanismos de compensación deben definirse a partir del contexto ecosistémico local, teniendo en cuenta la realidad ambiental e institucional local, identificando los factores y temas clave que deben tomarse en cuenta a la hora de pensar esquemas de compensación capaces de beneficiar a las comunidades rurales y sobre la base de genuinos procesos de participación social. Se identifican como herramientas clave para la implementación: la información oportuna previa a la consulta, los estándares y salvaguardas, el monitoreo etnobiológico y cultural participativo reconociendo el papel fundamental del conocimiento ecológico tradicional de las comunidades indígenas para el manejo de los recursos y la selección de especies de flora y fauna de importancia económica, cultural y espiritual para el monitoreo; la conservación de la biodiversidad y la provisión de modelos válidos para vivir plenamente. Se plantea un enfoque de respeto de principios y derechos como el territorio y la autodeterminación, derecho fundamental presente en convenios y tratados internacionales, que consiste en respetar las decisiones de los pueblos indígenas sobre sus formas de vida, el grado de interrelación con la sociedad nacional, su presente y su futuro.

Valle del Tambo, Selva Central Foto: Diego Perez / CBC - GIZ

Dado que las causas directas y subyacentes de la deforestación en la RCA y zona de amortiguamiento son muy complejas y dinámicas, se requiere un plan integral y estrategias diversificadas para poder contrarrestarlas. Para alcanzar los objetivos planteados en el documento, se plantean las siguientes líneas estratégicas:

Línea estratégica 1: Sensibilización y fortalecimiento de capacidades de líderes de FENAMAD, COHARYIMA, COINBAMAD, AFIMAD, ECA-RCA y comunidades Desarrollar capacidades en los líderes de las organizaciones de base y los líderes comunales para un apropiado entendimiento de los derechos indígenas, así como fortalecer las organizaciones en sí, aportando institucionalidad para que los procesos logren sostenibilidad. El fortalecimiento de la organización comunal y de las organizaciones representativas o de base es una condición necesaria para asegurar esquemas de compensación que operen a favor de las comunidades y, en general, para lograr el cumplimiento de los derechos y mejoras efectivas en los medios de vida. En tal sentido se fortalecerán las capacidades técnicas, institucionales y comunicacionales de las organizaciones de base, especialmente de FENAMAD, COHARYIMA y del ECA-RCA; y complementariamente también de COINBAMAD y AFIMAD como un avance hacia la segunda etapa. El diseño de esta línea estratégica de fortalecimiento tiene como objetivo generar capacidades técnicas, políticas, organizativas, de planificación y operativas. El fortalecimiento debe tomar en cuenta la elaboración de instrumentos normativos y de organización interna que definan la visión y la misión de la organización y de las comunidades. Para el proyecto piloto se actualizarán los Planes de Vida de COHARYIMA y FENAMAD con énfasis en la crisis climática, sus impactos y las estrategias de mitigación y adaptación, conforme los acuerdos del VI Congreso de la FENAMAD, promoviendo los procesos de estatutos que respetan los principios comunales y le añaden horizontes estratégicos comunes buscando recuperar la integralidad como pueblos de manera que se fortalezca la gestión holística de los bosques. Como parte del fortalecimiento de las capacidades se deben realizar talleres en temas administrativos, técnicos, informática, técnicas de negociación, conservación cultural, recaudación de financiamiento, gestión de proyectos y derechos indígenas. Asimismo, se busca el fortalecimiento de capacidades de los actores locales en todos los aspectos relacionados a la problemática actual del cambio climático y las propuestas para su mitigación y adaptación como RIA y REDD+, de manera que las poblaciones indígenas cuenten con información relevante que les permita participar plena y efectivamente en los procesos de toma de decisiones sobre la planificación y la acción para el cambio climático, como parte del proceso de la consulta previa, libre e informada. Es importante la formación y fortalecimiento de un grupo de jóvenes indígenas, hombres y mujeres, que lideren el proceso de implementación de la estrategia para la gestión integral del territorio, asegurando un enfoque intercultural y metodología apropiada que reconozca y valore el conocimiento indígena, incorporando el rol de los expertos indígenas, sabios y sabias que cuentan con el respeto comunal. Es importante también la inclusión de la Defensoría del Pueblo como veedor en el proceso de fortalecimiento.

Mediante el desarrollo de esta línea estratégica, se espera alcanzar los siguientes resultados:

Resultado 1: Se han fortalecido las comunidades y organizaciones de base a nivel organizacional, aportando institucionalidad a la organización para que los procesos tengan sostenibilidad. Para lograr estos objetivos se debe fortalecer a las organizaciones de base, al ECA-RCA y a la organización comunal, en las funciones dirigenciales, temas de planificación, administración y monitoreo, entre otros. El fortalecimiento de la gobernanza y organización comunitaria y organizacional debe darse integrando las dinámicas tradicionales de autoridad y relaciones de clanes, como condición necesaria para lograr el cumplimiento de los derechos y mejoras efectivas en los medios de vida, para la gestión del territorio comunal, de la RCA y sus recursos. De ésta manera, se aseguran acuerdos, se establecen normas y se resuelven conflictos, así como también se fortalece la capacidad de vinculación externa que permite asegurar apoyos y establecer acuerdos mutuamente favorables con otros actores. Para lograr este resultado es importante determinar el contexto político y normativo que minimiza la organización comunal y dificulta su funcionamiento, identificar los problemas de asistencialismo y clientelismo que se originan como consecuencia del desarrollo de actividades extractivas y analizar la manera en que pueden ser afrontados y superados.

Resultado 3: Hombres y mujeres indígenas conocen y ejercen sus derechos sociales y ambientales. Es imprescindible que tanto los líderes de las organizaciones de base como los líderes comunales conozcan las leyes y reglamentos que amparan sus derechos, en especial los referentes a la integridad del territorio: Convenio 169 de la OIT, Ley 29785 del Derecho a la Consulta Previa, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Derecho consuetudinario, normas o regulaciones tradicionales, justicia comunitaria, jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), normativa clave del CMNUCC, CDB, FIIB, CERD, Comisión de Derechos Humanos y Relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Para ello es necesario contar con un Plan de Fortalecimiento en temas legales referente a derechos indígenas con enfoque intercultural y con la asesoría de un experto en el tema.

Resultado 2: El personal del ECA-RCA incorpora capacidades y competencias necesarias para el desarrollo de sus funciones.

Resultado 4: Se han fortalecido las capacidades de hombres y mujeres indígenas en la problemática de cambio climático y alternativas de solución como REDD+ y REDD+ Indígena

El fortalecimiento debe tomar en cuenta la elaboración de instrumentos normativos y de organización interna del ECA-RCA, así como elaborar la visión y misión del ECA-RCA. Como parte del fortalecimiento de capacidades se deben realizar talleres en temas administrativos y técnicos como medioambiente y conservación, producción sostenible, impacto ambiental y social, informática, técnicas de negociación, conservación cultural, ANP y normatividad, operativos, financiamiento, gestión de proyectos, así como potenciar las habilidades existentes del ECA-RCA y optimizar las relaciones interinstitucionales con otros niveles del Estado, agentes privados y la cooperación internacional, en beneficio de su gestión. Se debe promover el intercambio de experiencias con otros ECA y de gestión holística amazónica en Bolivia y Brasil.

Se requiere un Plan de Fortalecimiento de Capacidades sobre la problemática ambiental del clima, las causas y efectos a nivel mundial y regional, y las propuestas de REDD+ y RIA, que incluya talleres e intercambio de experiencias con enfoque intercultural que implique la recopilación de experiencias y perspectivas locales que conlleven a propuestas propias de mitigación y adaptación al cambio climático. Se debe identificar un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, para ser fortalecidos como futuros “entrenadores” sobre el tema de cambio climático y RIA. Debe aplicarse la metodología de aprender haciendo y la capacitación indígena a Indígena, rescatando y potenciando expertos y expertas de las comunidades o líderes reconocidos. 95

Línea estratégica 2: Consolidación del territorio de los pueblos indígenas Asegurar el territorio comunal con una apropiada georeferenciación de los linderos y la correspondiente titulación. Se busca además rectificar los planos menores al área efectivamente ocupada por las comunidades (y alternativas), desde el reconocimiento, defensa y protección de los derechos territorialesde los pueblos indígenas. Reconstitución de la titularidad colectiva de la territorialidad ancestral de los pueblos Harakmbut y Ese Eja, en base a estudios y procesos de reconstrucción histórica, etnográfica, ecológica y auto georeferenciación, que solucione la superposición de derechos. Hay que promover el intercambio de experiencias de reconstitución territorial con los pueblos Achuar, Kandozi, Kukama de Datem del Marañón. En la ejecución de esta línea estratégica se espera lograr los siguientes resultados:

Resultado 1: Territorios de las comunidades nativas beneficiarias del ECA-RCA están consolidados y saneados.

Resultado 2: Los territorios ancestrales Harakmbut (RCA) y Ese Eja están debidamente demarcados y señalizados.

Requiere la rectificación de planos menores al área efectivamente ocupada por las comunidades y la titulación de las comunidades nativas en proceso de titulación o ampliación del territorio. Las comunidades que necesitan actualización catastral y georeferenciación son Arazaeri, Boca Inambari, Boca Ishiriwe, Diamante, Infierno, Isla de los Valles, Kotsimba, Palma Real, Palotoa Teparo, Puerto Luz, Queros, San Jacinto, San José de Karene, Shintuya, Shipetiari, Shiringayoc, Sonene y Tres Islas.

Para ello se requiere la reconstitución de la titularidad colectiva de la territorialidad ancestral de los Pueblos Harakmbut y Ese Eja, en base a estudios y procesos de reconstrucción histórica, etnográfica, ecológica y auto georeferenciación. Es necesario también precisar los límites de la RCA y señalizarlos, en especial en los lugares donde existen o podrían existir conflictos con la población local.

Las comunidades que necesitan culminación de actualización (georeferenciados) son Boca Pariamanu, El Pilar, Puerto Arturo y Barranco Chico (culminación de proceso). Las comunidades con solicitud de ampliación territorial son Shintuya, Diamante, Palotoa Teparo, Santa Rosa de Huacaria, Boca Inambari y Palma Real. Las comunidades en proceso de titulación son Santa Teresita, Tipishka, Puerto Nuevo. Todas las comunidades necesitan reconocimiento de linderos y reconocimiento de límites.

Foto: Heinz Plenge

Resultado 3: Migración de colonos en territorios indígenas bajo control. Cada vez más, la migración de colonos y personas foráneas a las comunidades nativas pone en riesgo la integridad de los recursos naturales de su territorio, por lo cual es imprescindible el control del flujo de personas ajenas hacia el territorio indígena. Para lograr éste objetivo se deben establecer estatutos comunales que controlen el ingreso y abuso de foráneos de manera que se resguarden los territorios comunales y ancestrales. Asimismo es importante coordinar con el gobierno regional y local una estrategia de control de la migración, la creación de salvaguardas legales para los territorios comunales, como su ordenamiento y titulación, en especial para los existentes en el área de influencia del proyecto de hidrocarburos, la carretera interoceánica y la propuesta de la carretera ChoqueItahuanía. Un elemento esencial es el fortalecimiento de la población para su participación en la supervisión comunitaria socio-ambiental de los impactos. De igual manera, se debe procurar no construir caminos nuevos y dar preferencia al uso de los caminos y accesos existentes, exigir el empleo de mano de obra local para los trabajos que se puedan realizar, evitando el empleo de foráneos que luego se dedicaran a actividades extractivas, así como promover la conformación de una mesa de diálogo de concertación para el control de acceso a la zona.

Línea estratégica 3: Fortalecimiento de la gestión del territorio y sus recursos naturales

Esta línea estratégica busca lograr una gestión integral del territorio comunal con un enfoque intercultural, donde se fortalezca la gobernanza y organización de las comunidades promoviendo el ordenamiento del territorio comunal, zonificando y delimitando áreas de uso de los recursos de manera que se resguarde la diversidad biológica y ecosistémica. Se enfatiza la importancia de contar con normas comunales para el uso de los recursos, en especial de aquellas especies de importancia económica que sustentan la seguridad alimentaria de la población local. La reducción de los procesos de deforestación y degradación en los territorios indígenas, incorporando medidas de protección, mitigación y adaptación, así como de acuerdos de compensación por los Planes de Vida.

cumplimiento de los derechos y mejoras efectivas en los medios de vida, para la gestión del territorio y sus recursos, para asegurar acuerdos, establecer normas y resolver conflictos, así como fortalecer la capacidad de vinculación externa que permita asegurar apoyos y establecer acuerdos mutuamente favorables con otros actores. Se generarán procesos de reflexión y empoderamiento en temas como economía indígena, manejo de recursos naturales y puesta en valor de los beneficios que brinda el bosque (funciones ecosistémicas), así como la apropiación de conocimientos y técnicas referentes a la valoración y uso de los ecosistemas y recursos naturales, que permitan posicionar a la población indígena en una situación ventajosa para la defensa y gestión del territorio comunal y sus recursos.

La mayor presión sobre la RCA y los territorios comunales proviene de un inadecuado uso de la tierra y la realización de actividades de extracción ilegal de recursos naturales maderables. Es necesario contar con planes para reducir los impulsores de procesos de deforestación y degradación locales y su zona de influencia, contemplando los impactos, el control y mitigación. Hay que brindar asistencia técnica a las comunidades vecinas a la RCA sobre el aprovechamiento de estos recursos de manera que se reduzcan sus impactos ambientales (en el caso específico de la minería, tecnología de reciclaje y manejo del mercurio) para la formalización y auto regulación de la extracción minera comunitaria. Se busca estabilizar la frontera agrícola, incrementar la masa forestal con proyectos de manejo de la regeneración natural y parcelas agroforestales así como hacer un uso más eficiente de la leña. La iniciativa considera que la participación local es fundamental como complemento para poder contrarrestar la deforestación en la zona de amortiguamiento de la RCA. Para ello se potenciará el fortalecimiento de la gobernanza y organización comunitaria como condición necesaria para lograr el

Además, es fundamental lograr que las comunidades manejen los ecosistemas que controlan buscando el autoabastecimiento de recursos básicos como alimento, leña, agua, la generación de ingresos en el mercado a partir de sus estrategias de producción y la búsqueda de nuevas alternativas, algunas de ellas vinculadas a la provisión de servicios ecosistémicos, pero sin ser mercantilizados como commodities. Cuando los pueblos indígenas son el punto de partida, es mucho más factible construir estrategias equitativas, sostenibles y legítimas de compensación por servicios ecosistémicos. Se busca concretar la estrategia alineando los sistemas productivos en las comunidades mediante Acuerdos de Compensación por los Planes de Vida de RIAlocal, cuya finalidad es involucrar a la población en la implementación de acciones de resguardo de su territorio comunal y de la RCA de manera que se reduzcan las emisiones, se valoren las prácticas que sustentan el carbono y se articulen estos productos a cadenas de producción sostenibles en el tiempo. 98

Con la implementación de esta línea estratégica se espera lograr los siguientes resultados:

Resultado 1: Fortalecimiento de la gobernanza comunitaria y las organizaciones de base a nivel de autoridades sobre el uso de los recursos naturales. Se promueve la elaboración e implementación participativa de Planes de Vida Comunales y por Pueblos como herramientas de diagnóstico que ayudan a identificar lo que se puede y debe hacer en el territorio comunal, y de planificación concreta de las acciones a desarrollar. El Plan de Vida permite iniciar un proceso de reflexión comunal sobre sus verdaderas necesidades, priorizándolas y clasificándolas. Antes de formular los planes debe darse una etapa de sensibilización sobre su importancia y metodología. El plan incluye aspectos culturales y la microzonificación, mapeo y ordenamiento territorial intercultural con la combinación de información técnica desde la cosmovisión y conocimientos de los pueblos involucrados. En el proceso de microzonificación se debe considerar la inclusión de un área de protección donde no se desarrollarán actividades que puedan alterar la composición del bosque, así como las áreas para el desarrollo de la actividad agroforestal y de piscicultura. Se fortalece la gobernanza comunitaria y de cada pueblo sobre el uso de los bienes naturales, la organización interna comunal y los conocimientos tradicionales. Se debe establecer un sistema de vigilancia comunitaria independiente, que permita monitorear el impacto de las actividades de hidrocarburos así como de extracción ilegal de madera, mediante la participación activa de los pobladores locales en el resguardo de su territorio y recursos naturales. Incorporación a los estatutos comunales, reglamentos y acuerdos de asambleas de auto regulaciones comunitarias sobre el uso y conservación productiva de los recursos naturales, construidos en forma participativa y consensuada y retomando normas orales ancestrales con complementos y actualizaciones que sean necesarias.

Resultado 2: Fortalecimiento de la autosuficiencia alimentaria y la economía indígena. Se han logrado establecer sistemas productivos agroforestales, hidrobiológicos, forestales maderables y no maderables que aseguran la alimentación balanceada y la autosuficiencia alimentaria, que se alcanza cuando se satisfacen las necesidades alimenticias mediante la producción local. Se busca la comercialización de excedentes de las parcelas agroforestales y de productos hidrobiológicos, artesanías, ecoturismo, transformación de materia prima en productos más elaborados certificados como provenientes de bosques manejados y con productos de valor agregado que contribuyen a la mitigación de la problemática ambiental. Para conseguir este resultado es necesario contar con un diagnóstico y alternativas sobre patrones nutricionales y desnutrición, identificar las especies y ecosistemas clave para la autosuficiencia alimentaria, diseñar planes de manejo para el adecuado aprovechamiento de los bosques que incluyan de ser posible el monitoreo de las principales especies de interés económico para los pueblos indígenas, el establecimiento de normas propias de uso y regulación del territorio comunal y de sus recursos naturales. 99

100 Comunidad Nativa Aintam Foto: Barbara Lehnebach / CBC - GIZ

Se requiere la identificación (diagnóstico) y seguimiento (monitoreo) de los impactos de la crisis climática a nivel comunal que conlleven a la elaboración e implementación de un Plan de Adaptación a dichos impactos con adecuación cultural que sea eficaz y sostenible. La adaptación está definida por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) como: “Ajuste en los sistemas naturales o humanos como respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados, o sus impactos, que reducen el daño causado y potencian las oportunidades benéficas”. Los conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos indígenas les brindan la capacidad de adaptarse a diversas presiones y cambios ambientales y socioeconómicos, tal como ha sucedido históricamente. En tal sentido los conocimientos, tecnologías y capacidades de adaptación a entornos cambiantes que integran estos saberes ancestrales, pueden contribuir a los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático. Para lograr este resultado es necesario fortalecer e incluir el conocimiento indígena existente referente a la problemática ambiental del cambio climático, recoger testimonios, perspectivas y experiencias locales con entrevistas a sabios y sabias, mujeres, expertos cazadores, pescadores y otros conocedores del bosque para sistematizar sus observaciones sobre el cambio climático y sus impactos y medidas de adaptación en coordinación con FENAMAD, COHARYIMA, COINBAMAD, AFIMAD y el ECARCA. Para la implementación de propuestas de proyectos productivos es necesario la realización de inventarios forestales comunitarios y asistencia, para la aprobación oficial de planes de manejo forestal maderables y no maderables, promoción de piscigranjas familiares naturales o artificiales con especies nativas y la elaboración y desarrollo de proyectos productivos de economía indígena culturalmente pertinentes, así como el reconocimiento de la diversidad genética de especies domesticadas por los pueblos indígenas.

Planificación integral de las actividades auríferas, buscando su formalización, separando áreas específicas para su realización con desarrollo de tecnologías limpias; evitando la circulación ambiental del mercurio; fortaleciendo los derechos comunitarios frente a terceros. Exploración de productos con valor agregado basado en el conocimiento indígena sobre nuevos alimentos, nuevas medicinas, productos cosmetológicos y nuevos insumos industriales, siempre bajo el enfoque de mantener el bosque en pie. Se apunta a la comercialización de productos transformados ya elaborados procedentes de bosques manejados, sin actividad de hidrocarburos, con actividad minera de tecnología limpia, como respuesta a la problemática de la crisis climática, como por ejemplo: chocolates de parcelas agroforestales de cacao, orfebrería en oro proveniente de comunidades que desarrollan al actividad minera de manera responsable, el turismo y otras actividades.

Resultado 3: Desarrollo de un modelo de gestión del territorio para contribuir a la mitigación de las causas de la crisis climática. Para alcanzar éste resultado, es necesario previamente realizarun análisis de las principales amenazas e impulsores de la deforestación. Este análisis debe incluir la identificación de los actores involucrados y sus características, las causas subyacentes y amenazas indirectas que llevan a las principales amenazas. Así mismo se requiere el análisis, y la elaboración de un mapa, de la distribución espacial y la intensidad de las amenazas principales dentro del área del

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proyecto piloto RCA y ZA, teniendo en cuenta el pasado y el futuro (15 años), de manera que se genere un modelo de deforestación futura para la zona, identificando las zonas de cobertura forestal que tienen mayor amenaza de deforestación. Se requiere realizar un diagnóstico participativo sobre los impactos sociales y ambientales del cambio climático, la elaboración de una línea de base sobre las funciones ecosistémicas integrales para los territorios comunales y de la RCA que permita conocer la situación actual del ecosistema forestal, que incluya el cálculo de biomasa, mapa de carbono forestal, biodiversidad, aporte cultural al mantenimiento del bosque y las demás funciones ecosistémicas que brinda.

Todo esto con la intención de formular un Plan de Mitigación de dichos impactos, adecuado culturalmente, como estrategia efectiva para contrarrestar las amenazas, que contemple la regulación, reducción, control y mitigación de los procesos de deforestación y degradación en los territorios indígenas y la RCA respecto a las actividades que podrían constituirse como amenazas: actividad minera, tala ilegal, construcción de la carretera Choque-Itahuanía, colonización, actividad de hidrocarburos (superposición del lote 76 a la RCA) que incluya la recuperación de las áreas degradadas. Se busca el reconocimiento de la importancia de las funciones ecosistémicas del bosque por los beneficios que brinda tanto al poblador local como a nivel mundial, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas en su rol como garantes del mantenimiento de las funciones ecosistémicas del bosque. Para lograr este resultado se debe elaborar:

PDD

Estándar de Documento de Diseño de Proyecto- PDD adecuado a los enfoques del RIA, en base a la integración y adecuación intercultural de los elementos convergentes del Rainforest Standard, CCB (Clima, Comunidad y Biodiversidad) y REDD+ SES (Estándares Sociales y Ambientales). El proyecto (PDD) debe sustentar que, de no implementarse una estrategia de intervención para evitarlo, el bosque dentro del área se encuentra total o parcialmente amenazado de ser deforestado o degradado.

CER Certificado de Reducción de Emisiones (CER) adecuado a los enfoques del RIA, que permita mediciones, compensaciones y monitoreo, sin convertirse en un “artículo mercantil” (o commodity) para comercializar en la bolsa de valores.

E R PA Un sistema de Acuerdos de pagos por reducción de emisiones (ERPA) adecuado a los enfoques del RIA y no subordinado a la incertidumbre del offset.

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Línea estratégica 4: Monitoreo, reporte, verificación y salvaguardas adaptadas al RIA

Esta línea estratégica plantea el desarrollo de herramientas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) locales que evalúen la integralidad de funciones ecosistémicas y no solo la parte deforestada o degradada (ni solo carbono). Las herramientas de medición deben ser integrales y a nivel macro, así mismo las MRV deben ser sencillas, participativas, eficaces, eficientes, sostenibles y también sólidas en sus resultados. Para que la reducción de la tasa de deforestación pueda transformarse en realidad y para poder cuantificar cuánta deforestación se ha evitado efectivamente y cuánto CO2 ha dejado de emitirse a la atmósfera, primeramente se necesita un conocimiento profundo de la situación histórica y actual de la tasa de deforestación y la cantidad de biomasa existente en los distintos tipos de bosques de la región. De igual manera, se requiere información detallada sobre los actores involucrados en los procesos de deforestación. El conocimiento de estas variables es crucial si se quiere efectuar una previsión de la deforestación futura ya que son indispensables para correr un modelo informático válido que pueda generar mapas donde sea posible visualizar la extensión de la deforestación en una ventana temporal de 5, 10 o 20 años. Se evalúan y miden el conjunto de funciones ecosistémicas dentro de la integralidad del territorio, dado que también inciden en la mitigación y adaptación al cambio climático y deben ser objeto de formas diversas de compensación. Además, éstas variables son insumos necesarios para la creación de una estrategia efectiva de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y su implementación. El diseño de un sistema de MRV es un tema profundamente importante y delicado, porque representa en últimos términos la aguja de la balanza para una distribución equitativa de los beneficios de RIA a las comunidades y define el empoderamiento del RIA. Se enfatiza la necesidad de contar con un sistema de salvaguardas tempranas construido participativamente que asegure que las oportunidades y los riesgos sociales

y ambientales potenciales se aborden eficazmente. El sistema de salvaguardas tempranas debe contemplar el respeto por los pueblos indígenas y comunidades originarias, distribución equitativa de beneficios y la certidumbre sobre los derechos de propiedad y posesión legítima de los recursos naturales. Es importante reconocer el rol determinante que las salvaguardas sociales y ambientales pueden tener en mejorar la gobernanza forestal. De manera que su implementación eficaz contribuya a la protección de la diversidad biológica, genere beneficios sociales, reduzca la pobreza y sea positiva para los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, las salvaguardas deben incluir políticas, leyes y normas, un sistema de información para monitorear y presentar informes sobre su aplicación, mecanismos de reclamo y reparación que permitan a los actores afectados recibir retroalimentación y respuestas apropiadas relacionadas con la aplicación de las salvaguardas. Se busca implementar la veeduría forestal comunitaria como instancia técnica dentro la estructura organizativa indígena con el propósito de fortalecer los mecanismos de respuesta de las comunidades orientados a asegurar su bienestar, salvaguardando sus derechos territoriales y la gestión de sus recursos forestales. Para lo cual se deben conformar y empoderar equipos técnicos indígenas internos en sus organizaciones y comunidades, quienes tendrán el rol de velar por la transparencia y justicia en las relaciones comerciales de los bienes y servicios del bosque que mantienen las comunidades con terceros, asegurando la sostenibilidad de los bosques, evitando la pérdida de cobertura vegetal y la degradación. Desarrollo de estrategias y herramientas de MRV para RIA en la RCA-MDD basadas en macro-medición integral: comparación de imágenes satelitales, comparación de cobertura boscosa y comparación de parcelas de evaluación, que incluyan mecanismos de atención de reclamos y solución de conflictos y mecanismos de informes independientes de los pueblos indígenas paralelos a los del Estado.

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Resultado 1: Los actores locales aplican el MRV para RIA satisfactoriamente.

Resultado 2: Desarrollo de alianzas con entidades académicas y de investigación locales nacionales para implementar procesos de capacitación, investigación y transferencia de tecnología.

Se evalúa el conjunto del territorio y la integralidad de funciones ecosistémicas y no solo la parte deforestada o degradada ni solamente las mediciones de carbono, con participación comunitaria eficaz, eficiente, sostenible y sólida en resultados.

Para lograr este resultado, es importante contar con un grupo de apoyo técnico que incluya a la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD) y otras instancias de investigación locales, nacionales e internacionales para las mediciones de biomasa y de las funciones ecosistémicas, que se conformen comisiones de trabajo que incluyan a la UNAMAD como organismo responsable de MRV, que sean las mismas que han participado en el análisis de deforestación y cálculo de biomasa y mapa de carbono forestal.

Es fundamental que la organización responsable del MRV participe en su diseño así como en el fortalecimiento de capacidades locales. El sistema MRV para la zona debe evaluar el bosque de manera integral en sus funciones ecosistémicas (biodiversidad, recurso hídrico, paisaje, carbono) y reconocer el aporte cultural al mantenimiento del bosque.

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Resultado 3: Se han definido salvaguardas sociales y ambientales para el RIA. Los instrumentos internacionales juegan un papel especialmente importante con relación a las salvaguardas. Las salvaguardas deberán recalcar la necesidad fundamental de reformar la tenencia de la tierra y de medidas para que se reconozcan y respeten los derechos a la tierra como piedra angular de un enfoque de la planificación y la puesta en práctica de la RIA basadoen derechos y principios reflejados en convenios internacionales. Por ello, se considera que utilizar los instrumentos internacionales ayudará a entender el rol de las salvaguardas y aclarar su significado y definición de medidas de implementación. Los derechos de los pueblos indígenas deben salvaguardarse en conformidad con los acuerdos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también con medidas definidas a nivel local y de sistemas jurídicos locales.

Los principales puntos a tener en cuenta en la elaboración de las salvaguardas son las siguientes: - Salvaguardas tempranas (no futuras) frente a la emergencia temprana de iniciativas privadas y “piratas de carbono”. - Salvaguardas tempranas, para prevenir e impedir (no solo administrar) conflictos. - Salvaguardas tempranas como por ejemplo: a) Saneamiento de las posesiones indígenas con su titulación t erritorial; b) Rectificación de planos errados que recortan territorios ocupados; c) Derecho del Redd+ Indígena a acceder a los fondos públicos sobre Redd+. - Adopción de salvaguardas basadas en obligaciones e instrumentos internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y Convenio 169 de la OIT, entre otros. - Fomentar la participación de los titulares de los derechos y de las partes interesadas pertinentes. Reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado (CLPI). - Participación de los pueblos indígenas a todos los niveles en actividades del Fondo Verde para el Clima. - Adopción de salvaguardas que aseguren la integridad del territorio y de los recursos naturales ante las principales actividades extractivas: minería, hidrocarburos, forestal maderable. - Lineamientos para distribución equitativa de beneficios económicos. Para lograr este resultado, se debe fortalecer a personas de ambos sexos, de manera que luego puedan dirigir los talleres comunales de identificación de las salvaguardas sociales y ambientales. Asimismo, se conformará un grupo de apoyo para la construcción de las salvaguardas que incluye instituciones como WWF, RA, PNUD, DRIS, FPP, RFN y otros que aportarán al fortalecimiento de capacidades.

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Línea estratégica 5: Mecanismo de financiamiento a largo plazo para asegurar la sostenibilidad de la gestión de la estrategia RIA La sostenibilidad financiera tanto para la gestión de la RCA como para la implementación de los planes de vida y proyectos requiere el diseño de un plan financiero a largo plazo que estime los costos a futuro de la gestión del RIA. En ese sentido, se busca el desarrollo de mecanismos financieros adecuados para la implementación de los planes de vida de los pueblos locales que incluyen RIA, fuera del mercado de crédito de carbono (offset) y sin compra- venta de créditos de carbono específicos. La propuesta piloto específica de RIA a nivel local promueve la diversificación de ingresos, se inserta en los mecanismos financieros públicos ya existentes, así como a propuestas de mecanismos financieros innovadores para RIA que cubran los costos que la reserva requiere para mejorar su gestión y asegurar la sostenibilidad de los planes de vida en las comunidades. Para ellos, se debe promover el acceso directo de la EC-RCA, COHARYIMA y FENAMAD a los diversos fondos y programas existentes sobre cambio climático, como el FIC, GCF, FIP y Fondo Amazonía. Un porcentaje de los costos podrán ser cubiertos por esquemas de pago por mantenimiento de las funciones ecosistémicas. Este mecanismo de compensación operaría bajo el principio “protector-recibidor”, transfiriendo recursos de aquellos que se benefician hacia aquellos que “ayudan” a la naturaleza a producir o mantener las condiciones que garantizan los procesos ecológicos de los que dependemos. En Madre de Dios, se vienen dando algunas experiencias en función de Áreas Naturales Protegidas, como por ejemplo la experiencia de la ONG AIDER y las dos ANP: Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional Tambopata. Es importante recalcar que debe haber claridad en la toma de decisiones sobre derechos, responsabilidades y procedimientos o reglas, para evitar efectos perversos y lograr mecanismos de compensación aceptables y equitativos. De igual manera se buscarán otros mecanismos financieros complementarios como el ecoturismo en la zonas de gran belleza escénica y biodiversidad, el manejo forestal, entre otros, así como la búsqueda de donantes adicionales que puedan financiar proyectos complementarios como de gestión de cuencas y la articulación de la iniciativa a esquemas de desarrollo a nivel regional o nacional que permitan demostrar un modelo que sume recursos públicos y privados para la sostenibilidad a largo plazo de la RCA y su zona de amortiguamiento. Es posible pensar en la combinación de mecanismos y formas de compensación, lo importante es asegurar que las orientaciones y las reglas operen a favor de las comunidades. Ello supone integrar objetivos ambientales y objetivos sociales y de equidad en el diseño y aplicación de los esquemas y mecanismos. Más allá de los mecanismos, la importancia radica en garantizar condiciones previas, fundamentalmente la expansión de los derechos de acceso, usufructo y control. Por otro lado, se debe promover el establecimiento de un grupo o redes de trabajo, para el piloto de RIA local, con participación de entidades públicas, de cooperación, académicas, nacionales o internacionales, con acuerdos de financiar o buscar financiamiento para actividades específicas del RIA-local.

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Esta línea estratégica permitirá alcanzar el siguiente resultado:

Resultado 1: Se cuenta con un plan económico para las comunidades beneficiarias de la RCA basado en el uso sostenible de sus bosques

Resultado 2: Análisis de los principales actores, procesos y proyectos que operan en MDD y que podrían vincularse con el RIA.

Para lograr este resultado, se requiere de un plan económico para la RCA basado en el uso sostenible de sus bosques, la identificación de fuentes financieras y el establecimiento de un grupo o redes de trabajo, con participación de entidades públicas y privadas como la UNAMAD, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), ONG y cooperación internacional.

Se requiere la identificación de los principales actores participantes en las propuestas de REDD+ y/o temas relacionados directa o indirectamente a mitigar las causas del cambio climático en MDD, así como los proyectos que se vienen desarrollando. La FENAMAD y/o el ECA-RCA, deben elaborar y negociar propuestas de reformulación o adecuación de actividades de los proyectos identificados de manera que se creen sinergias con el RIA en MDD.

Asimismo, establecer lineamientos para la distribución equitativa de los beneficios y el diseño de un plan económico para la RCA basado en el uso sostenible de sus bosques, así como la identificación de fuentes financieras.

Entre los principales actores que figuran en Madre de Dios se tienen los siguientes: Proyectos de WWF-Perú Proyectos de SE Perú Proyecto de ICCO con COICA Proyectos de DRIS y Agro Acción Alemana Proyecto del PNUD con apoyo de IKI Proyectos de Rainforest Alliance Implementación del Fondo Amazonia en países vecinos del Brasil, como Perú (MDD) Proceso de diseño del Plan de Inversión Forestal (PIF) del Perú en el marco del FIP Proceso del Mecanismo Dedicado Específico del FIP para los pueblos indígenas y comunidades locales del Perú

Dadas las experiencias anteriores relacionadas al reparto desigual de beneficios económicos en las comunidades, que han ocasionado división interna, corrupción y despilfarro, se debe integrar a estructuras y normas tradicionales de distribución de beneficios, promoviendo la inversión a largo plazo y la planificación del destino del dinero.

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Línea estratégica 6: Integración del RIA a nivel de comunidades y en las políticas y procesos regionales y nacionales Esta estrategia busca posicionar a la RCA y las comunidades nativas beneficiarias del ECA en la zona de amortiguamiento, como un área de gran importancia local por el mantenimiento de sus funciones ecosistémicas y los beneficios que brindan a nivel local, regional y nacional. La estrategia se propone posicionar a la propuesta RIA-RCA como parte integral de un modelo de gestión de cuenca a nivel de todo el Alto Madre de Dios realzando los beneficios ecosistémicos que brinda el buen mantenimiento del territorio comunal y ancestral a nivel de las poblaciones de toda la región. Se da a conocer a la propuesta RIA como una estrategia indígena de mitigación y adaptación a la crisis climática basada en una propuesta de desarrollo de economías saludables y sostenibles. Para lograr esta estrategia se busca: a) crear un espacio de concertación indígena en los temas relacionados a la crisis climática de manera que contribuyan con la problemática a nivel regional y nacional; b) articular los modelos productivos que promueve el RIA-RCA a procesos de desarrollo a nivel provincial, regional y nacional; c) contar con un plan de comunicación y difusión que incluya la elaboración de materiales de difusión, el uso de medios de comunicación masiva tradicionales como la radio y modernos como el Facebook y páginas web, entre otros. RIA debe insertarse, conectarse, hacer incidencia y crear sinergias con los procesos sobre clima, bosques y REDD+ en MDD, entre otros los referidos a GOREMAD, SERNANP, MINAM, Mesa Cambio Climático GOREMAD, proyectos en MDD que promueve el MINAM, en las direcciones de cambio climático y el Programa Bosques.

Río Santiago, Condorcanqui Amazonas. Foto: Barbara Lehnebach / CBC - GIZ

108

Resultado 1: La mesa REDD+ Indígena es reconocida por el Gobierno regional y las instituciones privadas y del Estado como un espacio de concertación indígena.

Resultado 2: Existe conocimiento de la propuesta RIA en el territorio comunal y ancestral del ámbito local, nacional e internacional. En el proceso de implementación de la estrategia es fundamental la socialización de información actualizada referente a la problemática ambiental y a la “Gestión holística del territorio de vida plena”. Esta línea estratégica busca crear procesos de información y comunicación que permitan que las comunidades nativas del ECA-RCA, conozcan sus derechos y responsabilidades, la propuesta RIA y eventualmente se empoderen de la gestión de la RCA usando como estrategia de intervención la propuesta RIA.

Se ha conseguido el reconocimiento de la mesa REDD+ Indígena por una ordenanza regional. Para el adecuado funcionamiento de la mesa REDD+ Indígena Amazónica, es necesario contar con un plan de trabajo que incluya metas, plazos y resultados concretos que se reflejen en la agenda de la mesa, de manera que se garantice su efectividad. Es necesario contar también con una hoja de ruta que permita saber en qué momento del proceso se encuentran y si están avanzando o no.

Para lograr este resultado se requiere diseñar e implementar una estrategia y plan de comunicación y difusión que fortalezca las habilidades y conocimientos existentes para la “Gestión holística del territorio de vida plena” y que contribuya a la participación efectiva e informada en la implementación de las medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático en el marco de la gestión. La estrategia debe contemplar la socialización y actualización de información sobre los procesos de REDD+ a nivel regional, nacional e internacional y la propuesta RIA y el proyecto piloto en la RCA y su zona de amortiguamiento, la difusión de los resultados de las actividades y logros en la reserva, a través de boletines semestrales. Los materiales de difusión deben estar enmarcados dentro de la propuesta local de REDD+ Indígena Amazónica. De igual manera, la estrategia debe incluir el uso de herramientas de comunicación tradicionales como la radio comercial, en castellano, harakmbut y ese eja. También se deben aprovechar los medios de comunicación modernos como Internet.

Es importante que la mesa contemple dentro de su plan de trabajo la cantidad de reuniones que serán necesarias de manera que las agendas de cada reunión estén claras. Cada reunión debe contar con un informe memoria, que sea facilitado a todos los miembros de la mesa, aún los que no pudieron asistir. Dado que la Mesa RIA es un espacio de concertación donde se discuten los casos y los proyectos, se cuestionan los asuntos que no están encaminados, direccionándolos, y se toman decisiones, debe contar con el apoyo de un grupo asesor técnico- legal que la fortalezca. Para lograr su inserción en la agenda del Gobierno regional, es necesario participar activamente en la MSAR-MDD con propuestas y puntos de vista que conlleven a un mejor entendimiento y posicionamiento de la propuesta indígena en cuanto a la problemática del cambio climático, así como al mantenimiento de las coordinaciones interinstitucionales.

Es necesario establecer convenios con medios de comunicación (prensa escrita, televisión y radio) locales y nacionales para difundir los valores de la reserva.

109

Resultado 3: La propuesta RIA se inserta en el plan de desarrollo distrital, regional y nacional Se han articulado los modelos productivos que promueve el RIA-RCA a los procesos de desarrollo a nivel provincial, regional y nacional. Esto será posible a través de alianzas estratégicas con otros grupos que están trabajando en el área, del Estado y privados. Se deben promover alianzas con el Gobierno regional de Madre de Dios y los gobiernos municipales para posicionar a la RIA-RCA dentro de sus esquemas, planes y estrategias de desarrollo. Finalmente, bajo esta estrategia se espera articular la experiencia de la RIARCA a la estrategia nacional. Se busca el reconocimiento por parte del SERNANP y del MINAM al RIA-RCA como parte de la iniciativa de conservación y una alternativa viable para la gestión sostenible de la RCA, así como insumo para el desarrollo de una posible estrategia nacional REDD+.

Resultado 4: Población comprometida conoce sus derechos y responsabilidades frente a la valoración de la RCA y sus bosques comunales. La conexión de la población con su territorio, así como el reconocimiento de los beneficios que brinda el bosque, tanto en el territorio comunal como en su territorio ancestral (RCA), es fundamental para lograr una relación perceptiva de las cuestiones ambientales, su valor en la vida cotidiana, su salud, la producción y la economía. Para que la población valore los servicios que brinda el bosque en pie, tanto dentro de su territorio comunal como en la RCA, es necesario que se mejore la calidad, disponibilidad y análisis de la información referente a los servicios que brinda el bosque, de manera que se reconozcan los derechos y responsabilidades frente a su territorio comunal y ancestral en las comunidades indígenas beneficiarias de la RCA de manera que se fortalezca el vínculo, ya existente, entre el territorio y la población indígena, logrando el respaldo de la opinión pública para los esfuerzos de conservación de la reserva comunal.

110

Indicadores de resultados

111 111

Objetivo

Sensibilización y fortalecimiento de capacidades de líderes de FENAMAD, COINBAMAD, COHARYIMA, ECARCA, AFIMAD y comunidades.

112

R2: El ECA-RCA cuenta con capacidades y competencias necesarias para el desarrollo de sus funciones.

R1: Se han fortalecido las comunidades y organizaciones de base a nivel organizacional, aportando institucionalidad a la organización para que los procesos tengan sostenibilidad.

Resultados

Fotos, Informes.

Plan de trabajo elaborado.

El personal del ECA-RCA implementan su plan de trabajo.

Contratos de los asesores Informes.

Informes del ECA-RCA. Informes de la Jefatura de la RCA.

Folletos y documentos producidos.

Plan de Fortalecimiento de las Capacidades del ECA-RCA para la adecuada gestión de la reserva comunal.

Cinco planes de vida institucionales FENAMAD, COINBAMAD, COHARYIMA y ECA-RCA y AFIMAD.

Actas de acuerdos comunales.

Actas de reuniones comunales. Informes.

Medios de verificación

Se han realizado por lo menos cuatro visitas de intercambio de experiencias.

El ECA-RCA cuenta con un equipo de asesores técnicos e indígenas.

El ECA-RCA lidera los procesos relacionados a la RCA (monitoreo de amenazas, proyectos, diseñan proyectos etc.)

Número de folletos y documentos preparados para la capacitación del personal.

100% del personal capacitado y fortalecido.

FENAMAD, COHARYIMA y ECA-RCA diseñan e implementan sus planes de vida.

Se han identificado y solucionado los problemas de asistencialismo y corrupción en las comunidades.

Indicadores cualitativos y cuantitativos

112

Se cuenta con financiamiento asegurado.

Comunidades con autonomía para la tomar decisiones.

El ECA tiene estabilidad y cuenta con el apoyo de las comunidades.

Plan de capacitación aprobado con financiamiento asegurado.

Las comunidades tienen buena disposición para construir sus planes de vida.

Supuestos

113

Objetivo

R4: Hombres y mujeres indígenas conocen la problemática de cambio climático y las alternativas de solución como REDD+ y REDD+ Indígena.

R3: Hombres y mujeres indígenas conocen y ejercen sus derechos.

Resultados

Informes.

Plan de fortalecimiento.

Un Plan de Fortalecimiento de Capacidades sobre la problemática ambiental del clima, las causas y efectos a nivel mundial y regional, las propuestas de REDD+ y RIA.

Informes.

Acuerdos comunales.

Informes de reuniones Acuerdos comunales.

Informes.

Documento del plan de fortalecimiento.

Informes, Actas.

Medios de verificación

Experiencias y perspectivas locales sobre la problemática ambiental recopiladas.

Los expertos indígenas, sabios y sabias, cumplen un rol importante en la definición de las actividades a nivel comunal.

Grupo de jóvenes indígenas, hombres y mujeres,lideran el proceso de implementación de la estrategia.

Número de hombres y mujeres de las comunidades beneficiarias fortalecidos en temas relacionados al cambio climático.

Juntas directivas de FENAMAD, COINBAMAD, AFIMAD, ECA-RCA COHARYIMA, fortalecidos en temas legales

Un Plan de Fortalecimiento en derechos indígenas con enfoque intercultural.

Número hombres y mujeres de las comunidades beneficiarias fortalecidos en temas legales.

Indicadores cualitativos y cuantitativos

La población indígena tiene interés en conocer la problemática ambiental actual.

Plan de capacitación aprobado con financiamiento asegurado.

Supuestos

113

Objetivo

Consolidación del territorio de los pueblos indígenas.

114

R3: Migración de colonos en territorios indígenas bajo control.

R2: El territorio ancestral harakmbut (RCA) y ese eja está debidamente identificados.

R1: Territorios de las comunidades nativas beneficiarias del ECA-RCA están consolidadas y saneadas.

Resultados

El 80% de las comunidades nativas ha solucionado el problema de la invasión de foráneos.

Estudio de territorialidad harakmbut Estudio de territorialidad ese eja.

El 100 % del perímetro de la RCA está demarcado y señalizado en los puntos más estratégicos.

Comunidades nativas con territorio ampliado: Shintuya, Diamante, Palotoa Teparo, Santa Rosa de Huacaria, Boca Inambari, Palma Real.

Comunidades nativas han culminado su actualización (georeferenciados): Boca Pariamanu, El Pilar, Puerto Arturo, Barranco Chico.

Comunidades nativas con actualización catastral y georeferenciación: Arazaeri, Boca Inambari, Boca Ishiriwe, Diamante, Infierno, Isla de los Valles, Kotsimba, Palma Real, Palotoa Teparo, Puerto Luz, Queros, San Jacinto, San José de Karene, Shintuya, Shipetiari, Shiringayoc, Sonene, Tres Islas.

Las diez comunidades nativas beneficiarias del ECA-RCA cuentan con el territorio comunal saneado.

Indicadores cualitativos y cuantitativos

Actas de acuerdos comunales.

Lista de miembros de las comunidades.

Estudio de territorialidad ese eja.

Estudio de territorialidad harakmbut.

Hitos, letreros.

Acuerdos de colindancia.

Informe de reconocimiento de linderos y límites.

Acuerdos de colindancia Informe de reconocimiento de linderos y de límites.

Medios de verificación

Compromiso de las autoridades competentes en apoyar el control de la migración.

Se cuenta con recursos financieros.

Actitud favorable de las instituciones públicas y privadas para apoyar los procesos de saneamiento territorial.

Supuestos

114

Objetivo

Fortalecimiento de la gestión del territorio y sus recursos naturales

115

R2: Se ha fortalecido la autosuficiencia alimentaria y la economía indígena.

R1: Se hafortalecido la gobernanza comunitaria y de las organizaciones de base a nivel de autoridades sobre el uso de recursos naturales.

Resultados

Plan de vigilancia Actas comunales. Informes Mapas comunales. Acuerdos comunales. Diagnóstico Talleres realizados.

Plan de Vigilancia Comunitaria implementándose. Territorios comunaleszonificados con áreas de uso de los recursos de limitadas. Normas comunales para el uso de los recursos. Diagnóstico sobre patrones nutricionales y desnutrición.

Fotos, Actas comunales informes. Informe de proyectos

Número de piscigranjas familiares implementadas. Número de proyectos productivos implementándoseas.

Plan de adaptación

Planes de manejo.

Número de planes de manejo.

Un Plan de Adaptación a los impactos del cambio climático.

Inventarios forestales.

Actas comunales donde se acuerdan las normas de uso de los recursos.

Diez inventarios forestales comunitarios.

Un informe de normas de uso de recursos comunales.

Informe.

Actas comunales. Plan maestro actualizado.

Plan Maestro de la RCA actualizado.

Informe sobre especies y ecosistemas clave para la autosuficiencia alimentaria de las diez comunidades nativas.

Planes de vida Actas comunales.

Medios de verificación

Diez planes de vida comunales.

Indicadores cualitativos y cuantitativos

Se cuenta con los estudios necesarios.

La población indígena reconocen la importancia del cuidado y buen uso de los recursos naturales.

Las comunidades nativas están organizadas y son capaces de mantener sus propias normas de uso de recursos y trabajar coordinadamente con autoridades locales.

La población indígena percibe la necesidad de zonificación y ordenamiento territorial.

Se cuenta con financiamiento asegurado para la realización de las actividades.

Supuestos

115

116

R3: Se ha desarrollado un modelo de gestión para contribuir a la mitigación de las causas de la crisis climática.

Un estándar de Documento de Diseño de Proyecto- PDD adecuado a los enfoques del RIA,

Se cuenta con un paquete de compensación por mantenimiento de las funciones ecosistémicas

Plan de Mitigación Indígena a los Impactos de la Crisis Climática (incluye la regulación, reducción, control y mitigación de las principales causas de la deforestación).

Un modelo de deforestación futura para la zona, identificando las zonas de cobertura forestal con mayor amenaza de deforestación.

Mapa de distribución espacial e intensidad de las amenazas principales a la RCA y ZA, teniendo en cuenta el pasado y el futuro (15 años).

Informe de las principales amenazas de la deforestación, que incluye los responsables y actores involucrados. Causas subyacentes y amenazas indirectas.

Documento

Plan de mitigación

Informe del modelo

Mapa

Informes Modelo de gestión

Disponibilidad de investigadores calificados para realizar los estudios

116

nterés de la población indígena en participar de las investigaciones necesarias

Objetivo

Monitoreo, reporte y verificación y salvaguardas

117

R3: Se han definido salvaguardas sociales y ambientales para el RIA.

R2: Entidades académicas y de investigación locales y nacionales participan en la implementación del MRV.

R1: Actores locales aplican el MRV para RIA satisfactoriamente.

Resultados

Se cuenta con un informe de salvaguardas sociales y ambientales

Informes.

Talleres Actas Informes fotos

Número de hombres y mujeres fortalecidos en la metodología del MRV .

Inclusión de la Defensoría del Pueblo en el proceso de fortalecimiento como veedor.

Talleres Actas Informes fotos

Acuerdos.

Informes, Actas.

100% de las comunidades nativas implementan la veeduría forestal comunitaria como instancia técnica dentro la estructura organizativa indígena. Acuerdos con UNAMAD y otras instituciones de investigación.

Informes, fotos.

Talleres Actas comunales.

Número de hombres y mujeres fortalecidos en el MRV. Plan de acción del MRV implementándose.

Documento.

Medios de verificación

Documento de diseño de MRV para RIA.

Indicadores cualitativos y cuantitativos

Se cuenta con un plan de construcción de salvaguardas con financiamiento asegurado

117

Interés de las instituciones científicas en participar.

Interés de la población indígena en actividades de monitoreo e investigación.

Supuestos

Mecanismo de financiamiento a largo plazo para asegurar la sostenibilidad de la gestión de la estrategia RIA.

Objetivo

Integración del RIA a nivel de comunidades y en las políticas y procesos regionales.

118

R2: Existe conocimiento de la propuesta RIA en territorio comunal y ancestral en el ámbito local, nacional e internacional.

R1: La mesa REDD+ Indígena es reconocida por el gobierno regional y las instituciones privadas y del estado como un espacio de concertación indígena.

R2: Análisis de los principales actores, procesos y proyectos que operan en MDD y que podrían vincularse con el RIA.

R1: Se cuenta con un plan económico para las comunidades beneficiarias de la RCA basado en el uso sostenible de sus bosques.

Resultados

Convenios. Enlace de página web Enlace de página Facebook. Informes.

Tres convenios con mediosde comunicación locales ynacionales. Página web, Facebook actualizada enlazada a la página de la FENAMAD. Cuatro reuniones de la mesa RIA al año. Programa radial de FENAMAD (y ECA) con creciente audiencia.

Plan de comunicación, boletines.

Actas. Informes, acuerdos.

Ordenanza publicada.

Informes.

Estrategia, Informes.

Medios de verificación

Estrategia y plan de comunicación y difusión implementado en un 80%. Dos boletines por año

Número de reuniones realizadas de la mesa RIAconcretas.

La mesa RIA ha participado en el 70% de las reuniones de la MSAR-MDD con propuestas concretas.

Ordenanza de creación de la mesa REDD + Indígena Amazónica.

Proyectos y actores identificados.

Se han establecido lineamientos para la distribución equitativa de los beneficios.

Propuestas de financiamiento diseñadas y en negociación .

Se han identificado fuentes financieras.

Estrategia financiera para la propuesta de RIA.

Indicadores cualitativos y cuantitativos

118

Población indígena interesada en los valores y beneficios de la RCA y sus territorios comunales Interés de las autoridades locales en la propuesta RIA.

Interés y compromiso de fuentes financieras.

Supuestos

Referencias AIDESEP, 2012. Construyendo REDD+ Indígena Amazónico. 25 pág.

AIDESEP, 2013. Construyendo REDD+ Indígena. 40 pág. CHE PIU, H., & GARCÍA, T., 2011. La situación de REDD en el Perú. Lima. 76 pág. COICA 2010, Posición política de COICA sobre REDD+. 17 pág.

Población valora la RCA y su territorio comunal, conoce sus derechos y responsabilidades frente a su territorio comunal y ancestral (RCA).

COICA, 2009. “Mil y una preguntas sobre gestión de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica en cambio climático en la Amazonia”. 60 pág. Chapin, Mac, 2004. Un reto a los conservacionistas. Worldwatch Magazine, Noviembre/diciembre. ISA 2009. REDD en territorios indígenas de la cuenca amazónica. 93 pág. SERNANP 2007. Plan Maestro de la RCA. 215 pág.

R4: Población comprometida conoce sobre sus derechos y responsabilidades frente a la valoración de la RCA y sus bosques comunales.

Alianzas con ONG y OG, Gobierno regional.

R3: La propuesta RIA está insertada dentro del plan de desarrollo distrital, regional y nacional .

Instituciones públicas y privadas adoptan la visión de RIA en sus políticas .

Informes, acuerdos, convenios.

Acuerdos, informes.

AIDESEP, 2011. La realidad de REDD en el Perú: entre la teoría y la práctica. 64 pág.

119 119

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REDD+ Indígena en el Perú : Perspectivas y desafíos

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