RAMSAR, a la mexicana

Para entender de dónde surge la Convención de Ramsar tendríamos que hacer una pregunta que parece el inicio de un chiste: ¿Qué tenían en común un árabe, hijo de un príncipe, un francés, dueño de una de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas más grande y poderosa del mundo, y un inglés hijo de un lord? Pero no es un chiste, lo que tienen en común es: 1. Los tres eran personajes influyentes en la política de sus regiones, 2. Eran empresarios poderosos para los que el dinero no era un problema, 3. Eran ornitólogos y… 4. Crearon la Convención de Ramsar.

La página de Ramsar establece que sus fundadores fueron: Eskandar Firouz (ex ministro de Medio Ambiente de Irán), Luc Hoffmann de la estación de investigación Tour du Valat en la Camarga en Francia, y Geoffrey Matthews del Wildfowl &Wetlands Trust en Slimbridge, a finales de la década de 1960.

Eskandar Firouz era un ornitólogo iraní, hijo del príncipe Mohammad Hossein Mirza Firouz; Luc Hoffman era en ese momento propietario y miembro del consejo de administración de Hoffman-La Roche. Vicepresidente de la UICN de 1960 a 1969. En septiembre de 1961, fue uno de los cofundadores del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y fue vicepresidente de la Junta directiva de esa organización de 1961 a 1988. También dirigió en 1961 el proyecto MAR, que finalmente dio lugar a la convención internacional para la protección de los humedales de importancia internacional, conocida como la Convención Ramsar, firmada en 1971 y fundó el Instituto Luc Hoffmann, del que hablaremos más adelante.

Geoffrey Matthews era entonces director honorario de Wetlands International (entonces International Wildfowl Inquiry), una organización

fundada por Peter Scott, amigo cercano de Luc Hoffman, con quien también fundó IUCN y WWF. Geoffrey Matthews dedicó una buena parte de su carrera al desarrollo y promoción del concepto de una convención intergubernamental sobre la conservación y el uso racional de los hábitats y recursos de los humedales. En ese inter Luc Hoffman estaba en la mesa directiva como parte de la familia propietaria de Hoffmann La Roche. La convocatoria inicial de una convención internacional se produjo en 1962 durante una conferencia que formó parte del Proyecto MAR (de "MARshes", "MARécages", "MARismas"), un programa establecido en 1960 tras la preocupación de los países desarrollados por la rapidez con la que se estaban "utilizando" grandes extensiones de marismas y otros humedales de Europa, con una disminución resultante del número de aves acuáticas.

La Conferencia MAR fue organizada por Luc Hoffmann, con la participación de la IWRB (International Waterfowl & Wetlands Research Bureau), la UICN (la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), el Consejo Internacional para la Preservación de aves, ICBP (ahora BirdLife International), y por supuesto el Instituto Luc Hoffmann, que tocamos anteriormente, todas ONGA creadas o con participación de Hoffman, que contribuyeron, y la Conferencia MAR se celebró en Les Saintes Maries-dela-Mer en la Comarca Francesa, del 12 al 16 de noviembre de 1962.

Luc Hoffmann, el hombre detrás de todas estas iniciativas, era entonces miembro del Consejo directivo de la empresa de su familia: Los laboratorios farmacológicos Hoffman – La Roche. La historia de esta empresa es muy interesante, dado que actualmente es la empresa más poderosa en biotecnología y farmacología a nivel mundial, y está valorada en más de 62.1 billones de dólares, con un capital de mercado de 287.1 billones de dólares. Esta empresa familiar comenzó como un laboratorio farmacéutico modesto a finales del siglo XIX, vendiendo vitaminas y algunos medicamentos, hasta que dio con la vitamina C, la cual comercializa mundialmente hasta la fecha, este suplemento le permitió incrementar mucho sus ganancias pero no fue sino hasta después de la segunda guerra mundial, que Luc Hoffamnn, nieto del fundador, biólogo de formación y conocedor de la importancia y relevancia de la biodiversidad (era ornitólogo), entró al consejo de administración, que la compañía comenzó a volverse lo que es actualmente: La mayor farmacéutica y empresa de biotecnología del mundo.

La Convención de Ramsar se estableció en 1971 y fue un acuerdo entre 19 países (actualmente incluye 190 países) y su objetivo establecido y declarado era proteger las áreas importantes de anidación de aves acuáticas a nivel mundial. Aun cuando el acuerdo dice que se deben considerar propuestas de desarrollo sostenible para estos humedales registrados, las propuestas para declaratorias de sitios Ramsar se limitan a colocar valor a aquellos elementos que permitan resaltar la importancia del humedal en términos ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos…no sociales, bioculturales ni socioeconómicos. Esto ha sido cuestionado por múltiples investigadores sociales dado que falla en impulsar mecanismos efectivos para garantizar el “uso racional” de los humedales que dicen proponer y solo se enfocan en el componente ambiental del sitio.

Como corolario, la Convención de Ramsar trabaja muy estrechamente con seis organizaciones no gubernamentales (ONG) mundiales que, en la resolución VII.3 (1999), fueron confirmadas en la condición oficial de organizaciones internacionales asociadas a la Convención. Estas ONGA son: Birdlife International, UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Wetlands International, BirdLife International, International Water Management Institute (IWMI), Wetlands International, Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) y WWF, todas creadas y en algún momento dirigidas por Luc Hoffman y sus socios cercanos. Sin ir más allá, citamos a la Frase de Sánchez (2004):

“… Las tres principales vías de obtención de fármacos son actualmente la naturaleza, la síntesis química y la biotecnología, que permite el hallazgo de moléculas mediante técnicas de ingeniería genética…” No presuponemos en este punto nada, pero dos de ellas requieren de los principios activos o el material genético de los recursos de biodiversidad y la conservación de los sitios donde ubicar el material parental. Aunque la Convención de Ramsar se estableció en 1971, a nuestro país le tomó pensarla unos 15 años antes de decidirse a declarar el primer sitio en territorio nacional, en 1986. Realmente pareció que se hizo por compromiso más que por otra cosa porque no hubo otra declaratoria hasta 1995, en el gobierno de Ernesto Zedillo (6 declaratorias para ser precisa).

Y luego, de la aparente nada, nuestro país se inspiró por los humedales y entre el 2000 y hasta el 2012, durante el gobierno de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, hubo una explosión de declaratorias: 58 en la época de Fox y 73 en la época de Calderón; alguien podría argumentar que había una enorme consciencia ambiental en esa época, pero ambos gobiernos fueron duramente cuestionados precisamente por la violación a derechos humanos de las comunidades y las simulaciones de creación de reservas para entregar a compañías extranjeras el manejo de recursos clave. Entonces, si esas dos administraciones no se caracterizaron por ser muy ecológicas ni comprometidas con las comunidades que se diga ¿Qué estaba sucediendo en esos dos sexenios (de 2000 a 2012) en nuestro país en materia de “conservación” y “protección” del ambiente? Cuando uno se hace esa pregunta se vuelve obligatorio analizar el contexto de la época en que se dio el “boom” de las declaratorias mexicanas de Ramsar. Es muy interesante notar que de las 142 áreas establecidas desde 1986 a la fecha, el 92% de los sitios se establecieron en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa. Es decir, 9 de cada 10. Es que aparentemente no les quedó de otra. Verán, en 1999, cuando Ernesto Zedillo –como presidente- y Julia Carabias –como secretaria de Medo ambientepreparaban su salida del gobierno federal para entregar la administración política del país a otro partido político después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo manejara de manera hegemónica durante 75 años, se aseguraron que los arreglos y manejos que el PRI había realizado a nivel Internacional no pudieran ser echados para atrás, o peor, no fueran a beneficiar a miembros de la tríada que ya no eran ellos; y cambiaron la ley. Antes de este cambio en la ley, los tratados internacionales estaban al mismo nivel de las leyes federales, debajo todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero Zedillo y Carabias, entre otros, lograron colocarlos por encima de cualquier regulación nacional, solo debajo de la Constitución. Las justificaciones de los jueces que impulsaron esta reforma se resumen de la siguiente manera: el país y el presidente quedarían mal parados si no cumplimos con los compromisos internacionales que adquirimos, así que el presidente y el Senado tienen el poder para obligarnos a todos a cumplir y no hacer el ridículo; y el segundo argumento era más o menos así: el presidente y el Senado pueden obligarnos en cualquier tema, aunque en cualquier otra situación no fuera

de su competencia. Y como al cabo a los Tratados Internacionales, por ser internacionales y no mexicanos, no les aplica el 124 constitucional, que limita la actuación legal de ciertas regulaciones mexicanas en México, pues nos la aplicaron a todos. Así, un tratado internacional o convenio, como lo es Ramsar, se colocó por encima de cualquier ley federal o estatal, y en este caso se les concedió a autoridades ambientales (porque es su sector) el intervenir cuando se considerara que se estaba perjudicando el humedal reconocido a nivel internacional y lo cual podría dejar mal parado a nuestro país por incumplir con una convención internacional. No fuéramos a hacer el oso mundial.

Con respecto a las repercusiones, aunque los funcionarios de Ramsar a nivel internacional y regional insisten que tanto para este instrumento como otros instrumentos de política ambiental NO hay represalias contra una parte (un país firmante) por incumplirlo, la realidad es que, dados los mecanismos creados por este y otros instrumentos de política ambiental internacional si hay “castigo” a una parte (un país) que incumple sus compromisos, pero se hace disimulado. Por ejemplo, cumplir los compromisos de Ramsar, condiciona a países como México para obtener fondos internacionales, dado que Ramsar es prerrequisito, por ejemplo, del Fondo Mundial del Medio Ambiente (FMAM), en Banco Mundial. Un incumplidor vería limitadas sus oportunidades de fondos y quedaría mal parado frente a la opinión mundial, por lo que está obligado a cumplir, aunque sea una simulación, y en un país como México la simulación ha llegado a ser cultura. Y como ese fondo en especial es el que paga sus asuntos de la mayoría de los miembros de la tríada, como financiamientos para ONGA, el Fondo para ANP de CONANP y los fondos de investigación, y todo lo que se les ocurra para desarrollo sustentable, economía verde y cuanto incentivo surja en “pro” del medio ambiente, pues no podemos quedarle mal al Banco, porque nos quedamos sin fondos para la tríada…que son los principales beneficiarios.

En este sentido, dada la jerarquía y el “interés” del país para el cumplimiento de los compromisos ambientales y la urgencia de perpetuar la imagen de liderazgo y preocupación por la conservación ambiental que México se esfuerza tanto por mantener, no es una prioridad ni un obstáculo el respeto a los derechos de los locales y los pueblos originarios, cuando de colocar a ultranza este tipo de instrumentos sobre territorio de pueblos originarios o comunidades rurales se trata. Y que, como

veremos más adelante, para empeorar las cosas, son instrumentos ambientales realmente inoperantes. Regresando a 1999, las líneas de financiamiento internacional habían sido “blindadas” para asegurarse que los nuevos gobiernos (de otros partidos políticos) no tuvieran acceso a ellos, como ejemplo el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza que maneja desde 1998 el Fondo de Áreas Naturales Protegidas (FANP), convenido por el Gobierno de México y Banco Mundial. Con ese fondo esta ONGA ministraba (y ministra) directamente a las áreas naturales protegidas, en ese entonces les daban la atribución rectora a centros de Investigación y organizaciones ambientalistas locales, so pretexto de que no había en el gobierno una institución dedicada a las Áreas Naturales Protegidas, exclusivamente. Para 1997- 1998 el FMAM había colocado varios millones de dólares en el FANP y dado que el gobierno no había agarrado la onda de la importancia de tener una instancia administradora de las ANP, el dinero que comenzaba a llegar por carretadas se pasaba por enfrente de las narices, directamente a los promotores y operadores privados de la tríada, y aunque fueran tríada el gobierno no podía permitir eso. Me recordó a una frase de mi abuela “entre ladrones o hay honor”. Así que organizaciones como el Centro de Investigaciones de Quintana Roo (CIQROO) o la ONGA Amigos de Sian Ka’an, en Quintana Roo, la hacían de administradores de ANP. El gobierno se remitía a desarrollar sus funciones a través de la SEMARNAP (T), pero no tenía acceso a los fondos como ente administrador, con lo que su tajada era reducida en relación a la que le tocaba a los privados y, para ser francos, a nivel internacional la presión neoliberal de los grandes intereses ya estaba posicionándose en el discurso ambientalista. Así que al inicio del sexenio de Fox se buscaron otras formas de financiar a su burocracia utilizando el discurso de la sustentabilidad, se estableció el denominado Plan Verde, con fondos FMAM (Banco Mundial al rescate). Este Plan iba a ser una estrategia de inclusión de aspectos de sustentabilidad. Se intentaba generar una imagen más neoliberal y articulada con la visión del desarrollo sustentable del nuevo gobierno, la industria limpia y la conservación ambiental, que estaba en boga. El Plan verde pretendía ser una consultoría de un año para establecer la línea base donde se construirían las políticas ambientales con visión de desarrollo que México necesitaba, de acuerdo a la corriente internacional.

Fue más fácil decirlo que hacerlo. Si bien era un nuevo gobierno, bajo un nuevo partido político, se quedaron en pie muchas de las anteriores estructuras y “mañas” de 75 años de gobierno priista, como la propensión a “desviación”, “simulación”, “corrupción” y la total desarticulación de los actores, las políticas y las verdaderas intenciones; de este modo la iniciativa, y la consultoría de un año para estructurar la política ambiental del país se llevó 10 años. 10 años de pretextos, de solicitudes de más tiempo, más fondos, más consultorías, hasta que el FMAM ordenó cerrar y evaluar los logros alrededor de 2010. De las observaciones de la auditoría ordenada por Banco Mundial y supervisada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que para esa época era el brazo operativo de FMAM, se encontró que solo dos, de las casi 20 consultorías millonarias pagadas por este fondo, valían la pena, de acuerdo a los parámetros comprometidos. Solo el 10% del trabajo entregado, que tomó 10 veces más tiempo, y fondos, tenía alguna utilidad como para considerarse que podía haber aportado algo al desarrollo de una política de ese tipo, que para entonces era una iniciativa obsoleta. Es decir, se gastaron el dinero, tardaron 10 veces más de lo comprometido y solo un 10% de lo hecho medio hubiera servido para algo, pero ya el país estaba en otro asunto, era muy tarde. Muy mexicano el Plan Verde.

Entonces al principio del sexenio de Fox, el gobierno federal no le había podido echar el guante al FANP libremente, dado que el fondo estaba controlado por una ONGA privada y la administración / operación de las ANP estaba en manos de ONGA y Centros de Investigación. Dado que en el inter México había hecho muchos compromisos a nivel mundial para ser “sustentable” (por pura presión de Banco Mundial, que como ya dijimos es quien realmente dirige las políticas de medio ambiente en todo el mundo – un Banco), la nueva forma de gobierno necesitaba demostrar que podía ser capaz de subirse al barco del ambientalismo, pero desde su perspectiva tecnocrática (lo cual era perfecto para el neoliberalismo). De este modo, a partir del año 2000, se buscaron formas de dar cumplimiento a los compromisos y posicionar al país en la creciente corriente de ambientalismo neoliberal que derramaba fondos a manos llenas para establecer mecanismos que “promovieran” la conservación a través del desarrollo sustentable, de modo que México conservara el papel de liderazgo a nivel Latinoamérica ante instancias internacionales como el

FMAM, mientras aplicaba los instrumentos diseñados a nivel internacional ex profeso (es decir, para eso mismo). El gobierno necesitaba urgentemente tomar la batuta, y se creó la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con todas las atribuciones para administrar, controlar y hacerse de los financiamientos para las ANP. Esto permitió recuperar el control administrativo de las ANP y fundamentar la necesidad de más fondos para seguir creando más ANP, para tener más personal, más gastos administrativos y poder publicitar que se estaban turnando fondos a comunidades a través de financiar ONGA y algunos grupos, siempre y cuando encajaran en la paradoja de la conservación neoliberal: aprovechamiento sustentable para la conservación, desde el punto de vista neoliberal. Pero había un problema de diseño con la CONANP, como lo dice un estudio que se mandaron a hacer, muchos años después: la CONANP nació quebrada, con la meta de colocar obsesiva-mente hectáreas bajo el esquema de ANP, sin detenerse nunca a pensar cómo iban a mantener las estructuras, personal, operación y requerimientos que implicaba cada adición, lo que a su vez acarreó problemas como la degradación de los sitios y la corrupción. Como una especie de acumulador compulsivo. Regresando a los tiempos felices de la recién creada CONANP, entre las atribuciones que se le dieron estaba el crear el Comité Nacional de Humedales, como órgano consultivo, y los conformó 3 años después de su creación (en el 2004). El objetivo de dicho Comité era encargarse de coordinar la aplicación de la Convención Relativa a los Humedales de importancia internacional (Ramsar). ¿Cómo estaba integrado el Comité? Sector gubernamental 60%, organizaciones de la sociedad civil 28% y academia 12%. El mismo trinomio de conservación neoliberal de siempre. Parecería lógico para la recién creada CONANP, el buscar consolidar su administración, fortalecerse como institución y para ello necesitaba consolidar algún tipo de herramienta “certificadora” que posicionara las áreas más allá de lo que los administradores anteriores habían logrado. Ramsar era una elección perfecta porque implicaba que no tenían que consultar con otros actores, como las comunidades o los propietarios que de por sí podrían estar “un poco furiosos”” con las áreas naturales protegidas que se les habían colocado, la mayoría, a la fuerza prácticamente en el patio trasero de sus comunidades o ANP que habían “planchado” sus territorios.

Para responder algunas de las dudas sobre lo que realmente ocurre y la manera en que funcionan administrativa y operativamente los humedales registrados, lo que hubiera pasado a Bacalar si este grupo hubiera conseguido su objetivo, haremos un breve análisis de cómo funciona Ramsar en México. Los párrafos a continuación analizan los resultados manifestados por México, tomados de los Informes nacionales sobre la aplicación de la Convención de Ramsar para nuestro país. Tomamos los Informes nacionales que se presentaron para la 12ª y 13ª reunión de la conferencia de las partes contratantes (COP12) en Uruguay, 2015, época alrededor de la que se promovió la propuesta por la Dra. Falcón y los demás actores, y una referencia comparativa del informe nacional para la COP13, donde incluimos datos del informe de 2018.

Hablemos de números, para 2015 ¿Cuánta superficie había en declaratoria Ramsar? En la página 29 del informe de 2015 se estipula: superficie bajo declaratoria: 5’413,568.79 hectáreas. De poco más de 5 millones en 2015, brincó a poco más de 8 millones de hectáreas en 2018. Esto es relevante si nos detenemos a pensar que, EN NINGUNO DE LOS CASOS, se tomaron la molestia de consultar a los propietarios o usuarios de los territorios si querían o no colocar su territorio como sitio Ramsar; y aquí no cuentan las ONGA autonombradas representantes de la sociedad, ni los grupos cercanos de intereses ambientalistas similares, que por lo general no son ni propietarios ni usuarios históricos del territorio. 8 millones de hectáreas decretadas por decisión unilateral de un miembro o todos los integrantes de la tríada. ¿Cuántos sitios Ramsar había en 2015? 63 sitios que eran antes un Área Natural Protegida Federal, 79 Sitios que eran una ANP estatal o municipal o alguna figura de protección, o Sitios sin ninguna regulación normativa o figura de protección previa. Aquí retomemos este último dato de 79 sitios que eran o ANP estatal o eran ANP municipal, o tenían algún tipo de protección o no eran ninguno de los anteriores. Suena a broma, a mí me sacó una carcajada: dijimos a la comunidad internacional que 79 sitios eran rojo, o eran negro, o eran verde o no eran ninguno de los anteriores. Adivine usted cuál es cuál…que ¡oso contigo CONANP! ¿Por qué no simplemente separar los datos por categoría? Simple, porque no tenían el dato, o no querían dar el dato.

Cuando declaras un sitio Ramsar ¿Qué sigue? Una vez establecida la declaratoria en un sitio, para todos los casos, la CONANP desarrolla un

Programa de Manejo o se adapta el existente (si es un ANP y ya cuenta con uno), que debe integrar las herramientas de monitoreo ecológico y de manejo, desarrollado por Ramsar. Porque el enfoque de Ramsar es ecológico y biológico, así que no importan los grupos sociales y las actividades económicas locales, que se supeditan al “bien común” del medio ambiente y las especies de flora y fauna o los procesos ecológicos. ¿Cuántos sitios Ramsar tienen Programa de Manejo? Se supone que un ANP tiene como base el programa de manejo, pero eso a la tríada mexicana no le parece relevante. Les explico, ya que había 63 ANP como sitio Ramsar, uno supone que al menos debió haber para 2015, aproximadamente 63 Programas de Manejo de las 63 ANP federales/ sitios Ramsar declarados, más algunos de los 79 ANP estatales / municipales, dejando fuera quien sabe cuántos que eran de otro tipo y los que quien sabe cuántos eran que no eran ninguno de los anteriores, también mencionados. Pero no, en el informe de 2015 se admitió que solo 12 Sitios Ramsar, menos del 10% del total de los sitios Ramsar en México, contaban con un instrumento así. ¿Qué pasó con todas las ANP que algunas tenían más de 30 años decretadas? ¿Por qué no usaron su Programa de Manejo? Tal vez porque NO tenían. Luego hacen una serie de aseveraciones que vemos por demás FALSAS, cuando revisamos los casos de ANP/Ramsar. CONANP asegura que los Programas de manejo de las ANP que también son sitios Ramsar, incorporan cuestiones sociales, económicas, ecológicas y un marco legal que permitirá la generación de estrategias para la conservación, protección, manejo (uso y aprovechamiento) y restauración de los mismos. Así mismo, asegura que fomentan el uso adecuado del sistema y promueven la realización de actividades productivas, en beneficio de la calidad de vida y el bienestar de la población con énfasis en las comunidades rurales e indígenas que viven cerca de los humedales. Continúa inflando el papel, argumentando que los lineamientos de manejo de los sitios Ramsar buscan garantizar un consenso con los actores involucrados, pero si tomamos en cuenta que incluso para 2018, las 8 millones de hectáreas que se declararon como sitios Ramsar se establecieron en primer lugar SIN consultar a los involucrados, sin su aprobación y que es más, la mayor parte de las ocasiones las comunidades, habitantes locales y usuarios históricos ni se enteraron que les declararon un sitio Ramsar sobre su territorio, pues es difícil comprobar su dicho.

El caso del ejido Dziuché, en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, más adelante expuesto, sirve como ejemplo para desmentir la declaración de CONANP donde asegura que los documentos son consultados con las comunidades locales a través de talleres, particularmente, la propuesta de zonificación y su matriz de manejo, previo a su adopción como instrumento final. Los dueños del terreno ni se enteraron que les aplicaron un Ramsar en más de 11 mil hectáreas de su ejido, por Amigos de Sian Ka’an…y luego les quisieron meter un ANP ¿Así pos cómo? Así que la aseveración de los promotores de la declaratoria de Ramsar para Bacalar, donde argumentaban que la autoridad federal o estatal ambiental no se involucraría en determinar la forma de vida y destino de las actividades productivas de los locales porque Ramsar “NO se establecía mediante decreto, y no era como un ANP”, era FALSA. Cuando se crea un Programa de Manejo de Ramsar ¿Qué cosas se escriben en ellos? ¿Qué cosas dice el programa de manejo, que va a hacerse en el sitio Ramsar? ¿Con que acciones la tríada dice que el Programa de Manejo va a salvar al humedal? Sobre todo, tomando en consideración que necesitaba entender ¿Cómo lucía un Programa de estos para un sitio que no era previamente un ANP, como Bacalar? Ya que había 79 sitios Ramsar que eran ANP estatal, o municipal, o eran otra cosa o no eran ANP, supuse que, en ese montón de sitios, podría encontrar algo. No fue sencillo encontrar este tipo de ejemplos, lo cual da una idea de la escasa operación efectiva del modelo en nuestro país. Afortunadamente, doble afortunadamente, encontré uno de esos programas realizado en el 2014 para el sitio Ramsar Presa La Vega, en el Estado de Jalisco. Un sitio que no era antes algún tipo de ANP ¿Quiénes hicieron el Programa? Investigadores y académicos del comité técnico para el manejo integral de la Presa La Vega, que incluían al Centro Universitario de los Valles, funcionarios de la Comisión Estatal del agua de Jalisco, de la Secretaría del Medio Ambiente para el desarrollo sustentable, la Promotora de la conservación de la Cultura y Medio ambiente A.C. –triada de promotores del modelo del ambientalismo neoliberal-. ¿Por qué fue una doble fortuna? Porque encontramos que la consultora que hizo el programa de la Vega, denominada Geoalternativa, fue la empresa que luego sería contratada por la Secretaria de Medio Ambiente de Quintana Roo –a cargo entonces de Alfredo Arellano Guillermo – y la Secretaria de

Turismo a cargo de Marisol Vanegas, para crear el infame PROTUR, del que hablaremos en su momento. ¿Qué actividades incluía el programa del sitio Ramsar Presa La Vega? ¿Qué les interesó a los constructores del programa? ¿Qué actividades iban a contribuir a salvar al sitio Ramsar Presa La Vega? De manera resumida (y mencionando cuales son los tipos de acciones que incluyen):

• Subprograma de protección, incluye vigilancia, capacitación sobre normas y regulaciones, señalización, impulsar declaratorias de ANP cuando las áreas no cuentan con ellas, acuerdos con universidades, centros de investigación, vigilancia sobre recurso agua, desincentivar actividades productivas “no compatibles” con la visión de conservación (de la tríada).

• Subprograma de manejo: Incluye actividades de monitoreo ecológico y biológico, reforestación, más monitoreo, involucramiento de universidades y centros de investigación, capacitación, más monitoreo, promover Ordenamientos Ecológicos territoriales, gestionar ante

SAGARPA y otras instancias la “reconversión” de sistemas de riesgo o actividades que hacen uso de agua en exceso, capacitación, creación de ordenamientos turísticos territoriales para atraer inversión, certificación de prestadores de servicios turísticos.

• Subprograma de restauración, acciones para asignación “apropiada” del agua para el humedal, reforestación, gestiones ante diversas instancias para reforestación, vigilancia, aumentar especies en NOM 059, involucrar a universidades y centros de investigación para realizar restauración, estudios, consultorías, infraestructura municipal, más monitoreos y difundir información al público.

• Subprograma de conocimiento o comunicación, incluye involucrar a los pobladores en las actividades de investigación que hacen centros de educación e investigadores – le llaman ciencia ciudadana, yo le llamo mano de obra barata y validación tokenista-, involucrar a instituciones educativas para que hagan investigación de modo permanente, monitoreo y más monitoreo, acuerdos con universidades e instituciones de investigación para investigación, sistema de información geográfica que generalmente quedará a cargo de alguna universidad o centro de investigación, crear centros de educación o difusión o educación ambiental manejados por organizaciones no gubernamentales, centros de investigación o universidades, promotores ambientales, organizar a los

productores para que cumplan los Programas de Operación Anual (POA), del plan de manejo, gestionar restauración involucrando a la comunidad).

• Subprograma de educación, más capacitaciones a los productores, a educación oficial, inclusión de políticas de conservación en toma de decisiones de CONAGUA, talleres, diplomados, cursos, involucrar a universidades y centros de investigación para hacerlo, promover ecoturismo, capacitación y más capacitación, crear un centro de capacitación a ambiental o algo similar para que instituciones académicas y gubernamentales eduquen al público.

• Subprograma de gestión, crear fondos, fideicomisos, gestionar apoyos, fondos y convocatorias en colaboración con instituciones gubernamentales, ONG, instituciones académicas para conseguir los fondos, diagnósticos, estudios, consultorías y planes, capacitación para que la población “aprenda a hacer bien sus actividades en el humedal”. NO hay que pensarle mucho para darse cuenta de que el programa fue diseñado entre académicos y autoridades; la consulta se limitó a talleres, sin describir metodología, ni tamaño o alcance de la misma, tampoco se proporcionaron datos de participantes y forma de validación ante asambleas comunitarias o ejidales o algún mecanismo de diseño que mostrara realmente que se cumplió con las reglas de la planeación participativa a nivel internacional o si quiera la normativa nacional, fuera de lo ambiental.

No hay que tratar de entender lo que sucede entre la tríada repartiéndose los sitios y colocando sus actividades en papel para volverlo decreto. Los convenios y acuerdos se hacen entre gobierno, instancias académicas, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales; la población solo es receptora pasiva de educación y proyectos afines a la visión de la tríada de lo que su papel debería ser: actividades “aptas” para ellos y el humedal, como actores pasivos, como si fueran solo observadores que ven de lejos esta fiesta entre los promotores de los sitios Ramsar y los creadores de los Programas de Manejo y Conservación para controlar y administrar su casa, sin estar invitados.

¿Es efectivo el manejo y conservación bajo el Programa de Sitio Ramsar en México? Uno supondría que tanto entusiasmo por la declaración de sitios en México, por parte de todas estas instancias de gobierno, académicos e

investigadores y ONGA, podría deberse a que la efectividad de este modelo para la conservación es excelente. Además, contando con la CONANP, una instancia de gobierno creada precisamente para asegurarse que la conservación y la protección de territorios funcionen, que cuenta con un fondo asegurado para operar cada año a través del Fondo de Áreas Naturales Protegidas (FANP), financiado por FMAM y administrado por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, tendríamos una garantía para asegurar la efectividad de las acciones en estos sitios, pero no es así.

De las respuestas chavodelochescas de la CONANP a Ramsar, a la pregunta realizada por la Secretaria de Ramsar en el formato de informe para México COP12 ¿Se ha realizado alguna evaluación de la efectividad del manejo de los Sitios Ramsar?, en el Informe Nacional 2015, la respuesta de nuestro país fue: NO. ¿Qué significa ese NO? Significa que, 28 años después de que México estuvo sumando hectáreas, violentando los derechos de las poblaciones, jeringando que era por el bien común, por los humedales y era la única forma de conservar de manera efectiva un sitio; 28 años desde la primera declaratoria de Ramsar en México. 28 años después y los encargados NO sabían si los sitios Ramsar estaban o no siendo efectivos para lo que fueron decretados. Ya teníamos un montón de sitios, una superficie bajo manejo de humedal Ramsar en 5, 413,568.79 hectáreas y nunca habíamos hecho una evaluación para saber si estaban cumpliendo, no sabíamos si realmente funcionaban.

Peor aún, ni siquiera el que la mayoría de estos sitios fueran áreas naturales protegidas declaradas previamente, con presupuesto, personal y una multiplicidad de actores de ONGA y academia e investigadores trabajando en ellas desde 1986 les proporcionó información como para poder responder esa pregunta de la secretaría de Ramsar. ¿Qué hizo México al respecto para poder mejor la respuesta a la pregunta para la siguiente COP13? ¿Se realizó la necesaria y obligada evaluación? ¿Se hizo lo que otros países? Es decir ¿enfocamos las baterías en los sitios existentes para consolidarlos y mejorar los indicadores? ¡No! Dijimos: no sabemos cómo están los 5 millones de hectáreas, así que ¡Vamos a declarar más hectáreas para que no se note! Así que, para el siguiente informe de 2018, nos presentamos con 142 sitios y más de 8 millones de hectáreas bajo denominación Ramsar en México.

Aún seguíamos sin saber si estaban funcionando, pero ¡a quién le importaba! qué bien nos vimos con casi tres millones de hectáreas más en nuestra repisa. No como los Estados Unidos, con solo 40 sitios y 1.8 millones de hectáreas, o Canadá, solo 37 sitios, aunque cubrían más de 13 millones de hectáreas, pero que en este último caso no habían declarado ningún sitio Ramsar desde hacía más de 15 años, y que ambos solo se habían dedicado a consolidar sus sitios y cumplir con los indicadores. Seguíamos con las mismas problemáticas de falta de fondos, poniendo como prioridades para México el conseguir fondos, pero sin cumplir aspectos clave: No había datos para determinar si los sitios Ramsar habían mejorado el uso del agua, o si se estaba aplicando planificación efectiva del manejo, sin contar planes de manejo oficiales, o sin saber si se había alentado al sector privado a un mejor uso de estos sitios y sus recursos. Para 2018, después de 32 años declarando obsesivamente Sitios Ramsar, solo un 28% de los sitios se habían caracterizado ecológicamente de manera completa y sólo un 36.6% tenían comités de manejo intersectorial, y eso porque CONANP utilizó los Comités asesores de reservas ya existentes declaradas sitio Ramsar, y ni así se cumplió. Imagine esta situación de Ramsar como la fiesta familiar de la familia Norteamérica, donde si los sitios Ramsar fueran hijos, Canadá y Estados Unidos habrían cerrado la fábrica para ya no seguir acumulando niños, y se habrían dedicado a darles educación, nutrición, dándoles las herramientas para ponerlos a trabajar y ver que cumplieran con su objetivo en la vida; y nuestro país es el hermano fanfarrón que llega a cada reunión familiar presumiendo que ya tiene más hijos…muertos de hambre, sin educación, en andrajos y piojosos. Y lloriqueándole a papá Banco Mundial para que le dé más dinero para mantenerlos porque no le alcanza con tanto chamaco, y así cada reunión familiar; dando excusas patéticas de por qué no tiene a sus hijos en mejores condiciones y remitiéndose a justificar que es porque no le alcanza el dinero nunca, porque su objetivo es tener más hijos, no mantenerlos ni asegurarse que estén bien. No cumplimos ni porque nos la pongan facilita. Para 2018 solo 18 sitios, de 142, habían sido sometidos a evaluación de la efectividad del manejo, ni porque nos pusieron el método R-METT, el cual es como una encuesta que se llena y en el cual se suman puntos para ver datos del sitio, nombre, tamaño, ubicación, identificación y descripción de los elementos ecológicos, y datos que se pusieron desde el principio; es una encuesta que

prácticamente uno mismo contesta y califica. Y, aun así, en México sólo se cumplió con 18 evaluaciones de este tipo, es decir un 12% del total de los sitios Ramsar declarados, en 32 años.

Para 2018, no se habían hecho planes o proyectos para mantener o reforzar la función de los humedales para ayudar o mantener sistemas agrícolas viables. Este es un punto clave que debería ser prioritario en las iniciativas Ramsar en nuestro país, pues permitiría dejar de criminalizar a los producto-res agrícolas y establecer mejores estrategias que respetarían el patrimonio biocultural y mejorarían la relación de los humedales con las poblaciones humanas. ¿Qué hizo la tríada en este tema? Lo que mejor saben hacer: Criminalizar a los productores; por ejemplo, en Presa La Vega, la solución fue: eliminar las concesiones para uso agrícola una vez vencidas, si éstas habían implicado cambio de uso de suelo. Es decir, una especie de castigo y sanción retroactiva. Para el informe de 2018 tampoco se había trabajado sobre la documentación y el respeto al conocimiento tradicional, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales que se referían al uso racional de los humedales; es decir, no se cumplió la Meta 10 de Ramsar para la COP13. La Meta 11 para la COP13 de Ramsar requería demostrar, documentar y divulgar ampliamente las funciones, los servicios y los beneficios de los humedales. En México solo 2 (1.4%) de los 142 sitios cumplieron en parte con el requisito, ninguno incluyó valores culturales en la planificación del manejo. Así que tampoco se cumplió. Llama la atención la respuesta dada para el cumplimiento de la Meta 13 de la COP13: ¿Se han tomado medidas para aumentar la sostenibilidad de sectores clave como el agua, la energía, la minería, la agricultura, el turismo, el desarrollo urbano, las infraestructuras, la industria, la silvicultura, la acuicultura y la pesca cuando estos afectan a los humedales? La respuesta fue: SI.

No sorprende de entrada que la respuesta haya sido SI, lo sorprendente fue la explicación de esta respuesta afirmativa. En México, las acciones para aumentar la sostenibilidad, repito: para aumentar la sostenibilidad, de sectores productivos clave en humedales fue: “…las Reglas de Operación de la SAGARPA NO otorgaran apoyos a terrenos catalogados como Sitios

Ramsar, salvo aquellas actividades que no impliquen cambio de uso de suelo…” Ya no supe si reír o llorar.

Es decir, la estrategia mexicana para aumentar la sostenibilidad de sectores productivos que eran clave y que veía la Secretaria de Agricultura y Ganadería, en humedales fue: negar los apoyos al sector agropecuario si implicaba agricultura y ganadería (cambio de uso de suelo) en un humedal. Respuesta: aumentamos la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería en humedales, negándoles apoyos para que dejen de hacer agricultura y ganadería. Y no es chiste, es anécdota. Probablemente esos productores terminaron siendo guías de turistas o artesanos, que eso es a lo que la tríada considera que los locales deben dedicarse. Para ser justos, habría que decir que no solo se trataba de no hacer el ridículo frente a la comunidad internacional diciendo que Ramsar está nomás de adorno para pedir más dinero y despojar a los locales de sus territorios, también habría que decir que se trataba de evitar que se nos castigara por no cumplir las cuotas neoliberales de la comunidad internacional. Aunque claro, sería más sencillo si no nos metiéramos en camisa de once varas para tener que seguir haciendo como que si cumplimos, sin realmente cumplir, y todos hacer como que no se dan cuenta que nuestro país usa excusas ridículas y explicaciones que parecen escribirse bajo los efectos de algún estupefaciente, a la hora de presentar informes que rayan en lo cantinflesco o tipo chavo del ocho. Otra cosa, Ramsar no es gratis. No es un acuerdo de buena voluntad, pertenecer a Ramsar no solo implica firmar un documento, también hay que pagar una cuota como país, porque es un contrato donde hay que hacer pagos anuales. También está en el formato de informe Ramsar ¿Ya pagó México sus cuotas a Ramsar? En promedio nuestro país desembolsó entre de 80 a 114 mil francos suizos al año - un promedio de dos millones de pesos al año, al cambio actual - entre 2012 y 2014 para pagar contribuciones a Ramsar.

Entonces, si la estrategia de Ramsar está siendo implementada de manera tan mediocre en México, si está tan desarticulada y carente de un enfoque integral que permita al país cumplir con los requerimientos mínimos de sustentabilidad, respeto a la cultura y a los pobladores en el marco de la Convención ¿Por qué seguir incorporando sitios Ramsar?

Como ya mencionamos antes, la respuesta es sencilla, los promotores de estas declaratorias que vienen de la academia o de la investigación, no les interesa las poblaciones humanas, porque su enfoque, tema y muchas veces su conflicto de intereses son especies, ecosistemas o su idea del sitio silvestre intocado, los fondos, los reconocimientos o los puntos en el Sistema Nacional de Investigadores. Las Organizaciones no gubernamentales ambientalistas, por otra parte, como representantes auto nombradas de la sociedad, “sobreviven” y algunas “viven bastante bien” de estas iniciativas, recibiendo importantes beneficios económicos, prestigio y reconocimiento sin que realmente puedan probar un impacto positivo de sus acciones. Y pues gobierno, obtiene reconocimiento, fondos y otros beneficios jugosos que se crean de la sobre regulación y el control impuesto de manera forzada sobre los actores locales, lo que muchas veces resulta en el jugoso negocio de la corrupción. Como en el resto del país, la mayoría de los sitios Ramsar en Quintana Roo fueron declarados entre 2003 y 2008. Se establecieron 13 áreas que se aprobaron, y una propuesta adicional, la de 2014 para Bacalar, impulsada por Luisa Falcón y su equipo, que no procedió. De estas, 9 fueron propuestas directamente por las Direcciones de la misma reserva, como parte de la CONANP, sin decir ni agua va a las comunidades locales. Dos sitios fueron propuestos por Amigos de Sian Ka’an, una por un grupo local de ONG ambientalistas y una más por la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo. Todas declaradas entre el año 2003 y 2009, durante el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Laguna de Chichankanab es un caso inédito que sentó un precedente de los propietarios del territorio ganando su derecho a eliminar un decreto de ANP impuesto por los miembros de la tríada, sobre su territorio. Pero no pudo eliminarse la declaratoria de Ramsar. Amigos de Sian Ka’an registro el humedal de 11,609.73 hectáreas del territorio del ejido Dziuché, un núcleo ejidal indígena, localizado en el municipio de José María Morelos, al poniente del Estado de Quintana Roo, donde se localiza el sistema lagunar y de humedales de Chichankanab…sin notificar y sin la autorización del ejido. Posteriormente, tal y como la estrategia mexicana lo dispone, se intentó convertir este territorio en un Área Natural Protegida por el gobierno del estado de Quintana Roo, pero el ejido logró revertir el decreto en la corte, no así la declaratoria de sitio Ramsar.