Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal

Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal

El 24 de octubre de 1996 se decretó la reserva estatal Santuario del Manatí, con una superficie de 277,733.669 hectáreas. Territorios totales o parciales de 5 ejidos, 4 asentamientos humanos: Laguna Guerrero, Raudales, La Fe, Calderas de Barlovento, y un gran número de propiedades privadas y posesiones rurales quedaron dentro del polígono. En el caso de los ejidos Tollocan y Calderas Barlovento, la totalidad de su territorio quedó inmersa en el polígono del ANP. El programa de manejo se decretó el 24 de junio de 2008, 12 años después de la imposición del ANP. Como en los demás casos, esta ANP fue establecida sin consultar a las comunidades propietarias, avalada por la representación de ONGA y grupos cercanos a la tríada, como representantes únicos autodenominados de las comunidades. La prueba es que las comunidades, sobre todo aquellas cuyas parcelas quedaron en las zonas núcleo, han estado luchando por recuperar sus áreas productivas, desde el decreto. En la ficha técnica del ANP, publicada por el IBANQROO (Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo), se afirma que 25 años después de su decreto, este ecosistema binacional (compartido con Belice) no tiene un acuerdo binacional de manejo, pero hay “la intención”. Es decir, tenemos un ANP sin manejo o protección, sin restricciones ambientales en el 15 a 20% del ecosistema, y la zona de influencia, al sur, porque es parte de otro país y ha sido así por 25 años. No existe un análisis del impacto residual y la sinergia de las aportaciones de impactos ambientales provenientes del territorio de Belice, que se agregan a la problemática del sistema, mientras se sigue insistiendo en criminalizar a las comunidades al norte, del lado mexicano, a quienes se les imponen ANP, restricciones, se les priva de sus zonas de parcelas, se les condiciona y acosa, se fomenta la sobrerregulación y la corrupción, mientras se sigue teniendo la intención de hacer un acuerdo de entendimiento tras 25 años de calamidades y de que el ANP no ha servido más que para control de las autoridades para su beneficio, y para obtener fondos para las ONG y académicos. Adicionalmente, en dicha ficha se da por sentado que el sitio se convertirá en un sitio Ramsar.

“…Sitio Ramsar: Propuesta para declarar el Corredor Transversal Costero

Bahía de Chetumal – Bacalar, la cual se trabaja en coordinación con la

UNAM, ECOSUR y los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco…”

Lo que se suma a la estrategia de inserción mediática y manipulación de la opinión pública que utilizan también otros miembros de la tríada como el caso de la académica promotora de esta iniciativa, Luisa Falcón, quien, como ya citamos para el caso de estudio de Ramsar, declaró púbicamente en mayo de 2021 (7 años después de que la propuesta de Corredor Transversal Costero Bahía de Chetumal – Bacalar, no progresara) que continúa gestionando un sitio Ramsar para el complejo Bacalar – Bahía de Chetumal, como si tuviera el derecho divino de imponerse sobre el destino de miles de familias y cientos de miles de territorios comunitarios, con el beneplácito de los otros integrantes de la tríada, la admiración sectaria de sus defensores y seguidores y la incredulidad de los locales. Esta es una estrategia clara de cómo funcionan los mecanismos de interacción entre los miembros de la tríada, a través de la ficha técnica del ANP se “valida” la propuesta que construyeron de manera unilateral con los académicos para la opinión pública y ONGA, a pesar de la oposición de las grupos comunitarios (que no son los mismos que la “sociedad civil organizada” de ONGA, que son parte de la tríada) y para demostrar el respaldo y aprobación en caso de consulta de la autoridad nacional y la misma Secretaría de Ramsar, aparentando que existe una aprobación amplia de la población, cuando no es verdad. Otros Aspectos que resalta la ficha técnica del ANP incluyen:

La existencia de Estudios y Proyectos que en apariencia parecieran participativos, pero cuando se revisan a fondo las investigaciones son declaraciones difíciles de verificar. Por ejemplo, se declara en la ficha técnica que existe un proyecto de Monitoreo Satelital del Manatí Daniel, con participación comunitaria. Esta última parte de la declaración “con participación comunitaria”, hiciera parecer que las comunidades están participando en el monitoreo satelital, presuponiendo que el proyecto les está dando herramientas y capacidades, empoderándolos tecnológicamente. Cuando uno lee el proyecto de investigación no resulta claro si la participación comunitaria realmente implicó este tipo de empoderamiento o solo se limitó a apoyar la captura de los especímenes o a indicar si se les ha observado en alguna parte del cuerpo de agua. Las menciones de estudios y proyectos son generalizadas, sin proporcionar los datos específicos para corroborar lo dicho. De este modo, investigando para dilucidar sobre el proyecto de monitoreo satelital de manatíes, nos

encontramos estudios de 2006 y 2007, que continuaron republicándose hasta 2014, sin saber a ciencia cierta si la mención de IBANQROO, realizada alrededor de 2020 estaba relacionada con estas investigaciones o algunas más recientes, pero no se proporcionaron suficientes datos para corroborar lo declarado.

Otras declaraciones de estudios y proyectos incluyeron: Monitoreo de la Calidad del agua. Implementación de la Estrategia de Desarrollo Comunitario. Vigilancia ambiental comunitaria a través de los guardianes comunitarios. Implementación del Programa de Educación Ambiental. Sin especificar períodos, actores, financiamiento o beneficiarios directos e indirectos. Lo que presupone no una herramienta de transparencia, sino más un esquema auto justificativo y mediático para que parezca que algo está sucediendo de manera permanente y con impacto comunitario, pero no es posible verificarlo. También menciona los Proyectos Regionales que se trabajan en el ANP: “… Actualmente somos área prioritaria y elegible dentro del Proyecto Conservación de Recursos Marinos en Centro América fase II, el cual es financiado por el Banco Alemán KfW y administrado por el Fondo SAM (MARFund). Área prioritaria para el proyecto Manejo Integrado de la Cuenca al Arrecife del Sistema Arrecifal Mesoamericano” (MAR2R), el cual fue aprobado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF), ejecutado por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) e implementado por WWF…” El proyecto contaba con una junta directiva presidida, en 2017, por Lorenzo de Rosenzweig que era el director ejecutivo del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN) desde 1994 y hasta 2019– que como mencionamos antes, también maneja el FANP (Fondo de Áreas Naturales protegidas). En la declaración del FMCN sobre este proyecto se establecen dos líneas de trabajo: 1) Consolidación de áreas marinas protegidas y 2) Fomentar el bienestar económico y mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. Sólo que la ficha de IBANQROO no clarifica que el proyecto terminó en 2019, y en 2021 se publicita como si continuara ejecutándose, sin detallar que el período que abarcó fue de 2014 a 2019; no clarifica que los proyectos se ejecutaron por ONGA, en el caso de México se elegía una ONGA distinta cada año, como el caso de PRONATURA, Península de