POSICIONAMIENTO DEL FA EN EL NUEVO PERIODO POLÍTICO 2016-2021 (Moción propuesta al Congreso Nacional del FA del 24-25 de Setiembre por el Movimiento Patria Ciudadana) Manuel Dammert Ego Aguirre I. Los Desafíos del Bicentenario y la transición entre dos Repúblicas entre los años 2001 al 2021 Los desafíos históricos al Bicentenario han entrado a un periodo político nacional muy singular y que resolverá en algún sentido la crisis fundamental que vive la nación. Vivimos un Periodo de Tránsito en relaciones de poder en la Nación, para cambios generales de régimen, con los desafíos del Bicentenario. Reúnen los aportes marcados en nuestra historia Patria, por Túpac Amaru (base civilizatoria andina amazónica, Visión Continental, fin de la opresión y la esclavitud), José F. Sánchez Carrión (Perú en la Patria Grande, con República igualitaria de ciudadanos, no de súbditos) y J.C. Mariátegui (Perú Nuevo Integral, que une y potencia la base civilizatoria andina amazónica, en la patria grande latinoamericana, con el socialismo y lo más avanzado de la humanidad). El Perú, superadas la “República militar guanera” del S. XIX, y la “República Oligárquica Latifundista” (S. XX), está en Tránsito entre la hegemónica República Financiera Plutocrática enfrentada a la naciente República de Ciudadanos, en un mundo multipolar y un continente latinoamericano en pugna de integración o subordinación. Se ha señalado que el Perú está atravesando, desde el golpe autocrático neoliberal del fujimorismo en 1992, un período político de pugna entre dos sentidos y formas de organización productiva, social e institucional de la República y la Patria, como forma de organizar la vida común de los peruanos. Se vive la pugna en la Patria en sus diversas dimensiones. El actual sistema político está instalado en el Estado como República lobista plutocrática, manejado por los grandes grupos financieros, que se sustentan en un proceso de acumulación por desposesión y desnacionalización. Este poder se enfrenta a la naciente República de ciudadanos, la que desde la sociedad y en las diversas presencias institucionales, reclaman Patria, con Soberanía, trabajo, vida digna, sostenibilidad ambiental, democracia participativa, y derechos sociales e individuales universales. Esta pugna entre dos Repúblicas, tiene una forma singular de organizarse en el período político institucional que va del 2001 al 2021. El 2001 el pueblo echó abajo a la dictadura autocrática neoliberal del fujimorismo impuesta en 1992. La Autocracia dejó un país en crisis: reprimarizado, con estado mafioso y la acumulación por precarización de la vida humana y de la naturaleza. El gobierno democrático de transición de Paniagua, no logró cambiar la Constitución, ni las Instituciones, ni la dinámica productiva de Acumulación por Precarización y Desigualdad.
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Luego de echar a la dictadura autocrática, la mayoría de la ciudadanía votó por cambios en las elecciones generales del 2001, 2006 y 2011. Pero los gobiernos que fueron elegidos porque ofrecieron realizarlos, no los hicieron, ni el de Toledo (2001), ni el de García (2006), ni el de Humala (2011). Continuaron el neoliberalismo plutocrático, pese a sus singularidades y tímidos aprestos de reformas. La vida democrática abierta la restringieron con formas de gobierno, rápidamente cooptadas por el poderoso clan plutocrático financiero, que en el Perú tiene el poder económico y controla los vericuetos de las fuerzas políticos y del Estado. Aprovecharon efímeras bonanzas de precios internacionales, pero mantuvieron como marca la desigualdad social y el deterioro del sistema político. En el actual período abierto existen algunas novedades en los diversos actores políticos y sociales que van a marcar muchos acontecimientos y sucesos de esta transición entre dos Repúblicas y de esta pugna entre los tres contingentes políticos del 2016 hacia el Bicentenario. Las principales singularidades de este Tránsito en la Economía son:
➢ Poder Económico: altamente concentrado dirigido por el sector financiero. Esta polarizado
con el resto de la economía. La actividad productiva nacional se ha reprimarizado y conducido por empresas extranjeras, dependiendo de las grandes minas, los neo-latifundios, y la extracción de gas y petróleo, los que paradójicamente orbitan en dos circuitos en pugna mundial: el de USA con el dólar y el de China con el Yuan.
➢ Poder Plutocrático financiero altamente concentrado y dependiente, sometido al dólar y a USA.
➢ Gran Debilidad de economía nacional productiva y reducida base científica tecnológica nacional.
➢ Forma de acumulación por desposesión masiva, bajo el dólar, usando el yuan, y rompiendo la integración de América Latina priorizando hegemonía USA (Alianza del Pacífico).
➢ Política Económica: Prioridad Infraestructura para proyectos de facilitación extractiva financiera y flexibilización de derechos. Privatización de Fondos Públicos (proyectos de inversión detallados, APP, servicios privatizados), que recortan y traban una adecuada relación “patria- vida-trabajo” la que exige diversificación productiva con desarrollo territorial en megarregiones con circuitos compatibles con la protección ambiental e industrialización nacional, propiedad comunal, derechos a la ciudad, mypes, tasas crédito consumo, trabajo, salarios, precios servicios y subsidios.
➢ Los “nuevos” ricos desde el Estado, se afianzan desde la captura del Estado y el uso de-
los fondos públicos para intereses privados, a semejanza del poder económico forjado en Chile bajo Pinochet.
➢ Subsiste y pugna en esta lucha desigual la fuerza económica popular territorial ascendente del nuevo Perú.
Las principales singularidades de este Tránsito en la Sociedad y la Política son:
➢ Predominio de las redes lobistas del poder plutocrático.
El Gobierno 2016-2021 de PPK: Singularidades y Perspectivas en la crisis nacional
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➢ Las crisis de las clases medias: el duro ascenso de los pequeños sectores altos y la precariedad estructural de los sectores medios y bajos.
➢ La persistencia, impulso y actividad de los productores agrarios, comunidades y pueblos indígenas, sometidos a la precariedad de vida y al abandono del Estado.
➢ La generalización del Trabajo en mypes, el autoempleo, y otras modalidades entre la sobrevivencia y los escasos tiempos en sectores medios bajos.
➢ La generalizada precarización de la vida y de la naturaleza, opuesta a las formas de defensa y protección de las diversas poblaciones.
➢ Casi total control mediático en la prensa, la difusión y las formas de comunicación nacional, supeditadas al poder plutocrático.
➢ El ascenso de múltiples movimientos ciudadanos en torno a derechos universales relacionados con edad, género, lenguaje, cultura, seguridad, territorios
➢ La persistencias de los pueblos, los trabajadores y los movimientos sociales, en luchas
diversas con nuevos derechos, nuevas formas ciudadanas de presencia, nuevos símbolos de resistencia y propuesta.
II. El Gobierno 2016-2021 de PPK: Singularidades y Perspectivas en la crisis nacional. El resultado de las elecciones generales del 2016 evidenció la singularidad de la crisis política nacional. En las elecciones generales fue elegido presidente de la República PPK en segunda vuelta. Derrotó a Keiko Fujimori. Logró hacerlo por escaso margen y sumando los votos del movimiento popular y varias fuerzas de izquierda y progresistas que buscaban impedir el retorno del Fujimorismo al poder del Estado. Estos contingentes se constituyeron como tercera fuerza político social, que expresa el afán por los cambios postergados. Este paradójico resultado electoral fue sintetizado por el analista Juan de la Puente como un resultado político con “Tres mitades”. Aludía a que, a lo largo del proceso electoral 2016, en sus diversos incidentes de los distintos candidatos presidenciales, en un proceso electoral con una confusa y embrollada legislación reglamentaria se perfilaron 3 grandes bloques. En la primera vuelta, resulta en primer lugar la fujimorista Keiko, hija de Autocrata Fujimori, seguida por el neoliberal PPK. A escasa distancia de este último, la candidata del izquierdista Frente Amplio (FA) Verónica Mendoza. En la segunda vuelta electoral, entre el candidato de la derecha PPK y la candidata del Partido Fujimorista, apareció como fuerza decisiva el Frente Amplio. En la primera vuelta electoral presidencial su candidata quedó con 2 puntos de diferencia con PPK, habiendo incrementado su respaldo electoral hasta 3 millones de votantes, pese a la debilidad partidaria organizativa y al cerco de los principales medios de comunicación. El FA, con Verónika Mendoza, y un amplio y plural movimiento ciudadano, enfilaron para derrotar la posibilidad de un narco-estado si ganaba la candidata del fujimorismo, y dejaron abierta a la decisión del pueblo el voto a favor por el candidato de Peruanos Por el Kambio. De esta forma se afirmó como una clara tercera
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fuerza y actor político ante las dos mitades de la segunda vuelta, influyendo en forma decisiva en su resultado final. El Gobierno electo de Pedro Pablo Kuczynski plantea continuar el régimen político vigente que recorta los derechos políticos de república a los ciudadanos, mientras produce una intensa concentración de la economía del país y del Estado a fin de resolver diferencias de predominio entre grupos bancarios, mineros y lobistas de la plutocracia financiera. Pretenden incorporar temas neoliberales en lo social para deformar el discurso de “derechos” de República. Quieren reducirlos a efectos formales, de individuos aislados, que compiten entre sí, en un territorio reducido a mercado sin sentido de Patria. Busca reforzar una altísima concentración de los recursos nacionales e instituciones públicas en manos de sectores de la plutocracia financiera, cuya fuente de acumulación es apátrida y destructora de nuestra base ambiental civilizatoria. Una singularidad de este Gobierno del 2016 es la mezcla liberal de “derechos individuales” en la República, con la “legitimidad” del poder propio de la Plutocracia neoliberal, en la economía, en la cultura, en el Estado y en las instituciones. Es lo que expresa su discurso, activa su legitimización y organiza su actuar institucional. Pretenden disolver las comunidades campesinas andinas y amazónicas, para un supuesto auge de la pequeña propiedad, que no logra ocultar la voracidad de los neolatifundios. Reducen a los ciudadanos a súbditos financieros, atados de mil formas a la voraz acumulación financiera de las altas y expoliadoras tasas de interés. La plutocracia las establece de mil formas precarizando la vida con altas tasas de interés (en tarjetas de consumo, en créditos hipotecarios de viviendas, en créditos a las mypes y productores agrarios, industriales y comerciales, en créditos de servicios a la salud, en las tasas de extorsionadoras de las AFP en las pensiones, etc.), precarizando el trabajo en todas sus formas, y destruyendo los derechos de la naturaleza. Pretenden implantar el libre imperio de las empresas extractivas, a lo que agregan la privatización internacional del subsuelo, para debilitar una de las bases económicas fundamentales de la nación. Se ha manifestado en el reclutamiento para el Gabinete y en las responsabilidades políticas de profesionales e intelectuales, con perspectivas del liberalismo individual, pero sin poder real. También, en que el control efectivo de los ejes políticos e institucionales del poder del Estado lo ejercen personajes directamente representativos de los principales grupos económicos financieros, que han ido modelando el Estado a sus intereses desde 1993, aunque cambiando algunos de sus representantes. Esta plutocracia, desde el poder del Estado, afianzó su propio poder económico y recortó la democracia, segmentando los derechos, bajo los distintos y sucesivos gobiernos, que pese a sus diferencias y composiciones variadas, dieron forma a la actual República Plutocrática Financiera Lobista. El Gobierno de PPK, encabalgado de esta composición, tiene a su cargo nada menos que resolver decisiones políticas cruciales del Estado Peruano, entrampadas en las últimas décadas, respecto a soberanía, rentas estratégicas, sistemas productivos e infraestructuras mayores, políticas de endeudamiento y de tributación, así como de los derechos fundamentales. Keiko Fujimori, con el Partido Fujimorista, han construido una base social en diversos sectores populares, con métodos clientelistas y buscando representar a sectores contrapuestos de la economía nacional y de grupos que han adquirido poder a partir de irregularidades en
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los asuntos públicos o de economías precarias, incluso algunas delictivas, y otras emergentes. Tienen el control con mayoría propia en el Congreso Nacional, por efecto de la arbitraria legislación electoral aplicada, que estableció un criterio de beneficio en la distribución de los escaños parlamentarios, de forma tal que con 39.86% de votos Presidenciales, se le bonificó otorgándole el control de una mayoría propia del congreso con 73 congresistas cuando obtuvo 36.33% de votos congresales, debiendo tener 46 escaños de un congreso de 130 integrantes. Se le regaló con esta bonificación 27 escaños, lo que le permite una mayoría absoluta del Congreso Unicameral. No se trata solo de tres fuerzas políticas y candidaturas. Esta paradoja de las “Tres mitades” expresa un hecho nuevo en la actual correlación política y social que vive el Perú, al irrumpir en la acción política los diversos movimientos de ciudadanía. La singularidad fue evidente. Pese a la crisis de todo el sistema de partidos políticos, incluyendo los de las fuerzas populares y de izquierda, y a pesar del cerrado dominio mediático de los grupos económicos financieros sobre los medios de comunicación mayoritariamente concentrados, una mayoría ciudadana decidió su voto para enfrentar el peligro del Narco-estado con el retorno del Fujimorismo al poder del Estado. Se configura, de esta forma una nueva dinámica nacional fundamental de la crisis política actual. Se dio curso a una expresión singular de nuevas relaciones de poder, que incluye y va más allá de la votación electoral. En la actual lucha política nacional, se hacen patentes nuevas relaciones de poder, las que se expresan en diversos ámbitos de la vida social, económica, cultural, institucional, y que cuestionan las desiguales relaciones vigentes impuestas por la plutocracia lobista, y exigen cambios democráticos en la vida económica, social e institucional para lograr universalizar los derechos básicos y afirmar la patria soberana.
III. La República Lobbysta pretende perennizarse con la Superconvivencia Neoliberal PPK-Keiko Están en crisis las relaciones de poder impuestas por el ciclo iniciado en 1992 con el golpe autocrático de Fujimori, para la imposición del neoliberalismo y del dominio sobre el Estado y la Nación de los grupos económicos de la Plutocracia Financiera. El Estado fue capturado por el poder plutocrático financiero, el que corroe su base de soberanía y afecta su democracia. Pero en estos largos años la sociedad ha crecido en exigencias y vivencias de diversos derechos universales, sociales, personales y ambientales. Las elecciones del 2016 han abierto este nuevo ciclo, en el cual las dos fuerzas neoliberales en pugna, una en el Poder Ejecutivo y otra en el control del Congreso, bajo la egida de la plutocracia financiera, diseñan una Superconvivencia para evitar que el pueblo se organice y la ciudadanía movilizada y organizada políticamente abra el 2016 las puertas para los cambios que el nuevo Perú reclama.
3.1 El Ajustón Neoliberal: base de la neo superconvivencia Ha sido presentado y está en negociaciones el Paquete de Facultades Delegadas para el Ajustón neoliberal. Entre el Poder Ejecutivo de PPK y el Fujimorismo, actúan en base a un reparto de naipes, entre quienes controlan el Ejecutivo y los que tienen mayoría propia en el Congreso. Empezó el tira y afloja incluyendo la Defensoría del Pueblo, la Sunat,
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ESSALUD, y de otras entidades públicas. La base de la Superconvivencia es que ambos co-gobiernen ahora, uno desde el Ejecutivo y el otro desde el Congreso, con el poder lobbysta financiero en el centro del Estado como el decidor final. Y que en este proceso, en las próximas elecciones en el Bicentenario, sería el fujimorismo quien continuaría el gobierno, y podría impedir que el FA con el pueblo sean la alternativa patriótica y democrática para afirmar la Patria hermosa y soberana. El pedido del Poder Ejecutivo no se ha quedado corto: solicita autorizaciones para implantar los próximos 5 años lo fundamental del ajuste neoliberal privatizador financiero, que no logró culminarse los 15 años previos. Solo le falta la parte laboral y derechos sociales, que denominan “formalización”, en cuya precarización sustenta su ajustón, y lo que será consecuencia de su aplicación. El Paquete de legislación delegada tiene algunos aspectos positivos, en seguridad ciudadana y en política anticorrupción, lo cuales, mirados a futuro, serán endebles en el marco del ajustón neoliberal. El Paquetón delegativo condona deudas tributarias por miles de millones dólares a grandes empresarios, que se negaron a pagar sus impuestos por US$ 2,500 millones, o que se llevaron recursos a paraísos financieros para evadir pago de impuestos. Busca privatizar las empresas estratégicas en hidrocarburos, Petroperú, y en Agua Potable, Sedapal. No plantea ninguna reforma del sistema financiero de Banca-AFP, para reducir su alta concentración, sus tarifas abusivas, su marcada especulación, más bien, les afianza su inmenso poder en el manejo de la nación y la república. Busca imponer un nuevo ente administrativo nacional, fusionando entidades para crear lo que podríamos denominar el Ministerio de la Privatización y la Recentralización. Rediseña el Estado para que en las inversiones públicas su ejecución sea privada, directamente o en APP (privados subsidiados financieramente por el Estado). Reducen el Estado a promover la infraestructura, con dinero público y/o tarifas y aportes de la ciudadanía, dejando la dinámica del sistema económico en manos de grandes empresas privadas, y bajo la batuta de la alta concentración financiera. Establece amnistía tributaria para los grandes deudores que mantienen en reclamo o judicializadas sus deudas. Se quiere exonerar todos los intereses y las multas tributarias, así como “Sincerar” el tributo insoluto, se pretende un regalo tributario a grandes empresas, que tienen deudas con Sunat. Telefónica, Lan Perú y Claro han judicializado deudas tributarias por 2,560 millones de dólares. Pluspetrol, Cerro Verde, Doe Run y Buenaventura, deben 4,142 millones de soles. Interbank y Scotianbank, deben 1,481 millones de soles. Universidad Alas peruanas, Unión Andina de Cementos, Luz del Sur, Fluor y Grupo Santo Domingo, deben 851 millones de soles. Las 50 empresas más influyentes del Perú deben a la SUNAT y pelean en el Poder Judicial para no pagar, la suma de 15,000 millones de soles, un monto superior al presupuesto del sector salud. Reorganización del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) y la Creación del Ministerio de la Privatización (EESMEF + Snip + Pro inversión). Se reorganizará el SNIP y para ello se profundizará la centralización desde el Gobierno nacional para priorizar la infraestructura pública bajo su dominio, ampliando la rectoría del Gobierno central y
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reduciendo los gobiernos regionales y locales a simples promotores. Para ello se pide facultades para modificar PROINVERSIÓN, reestructurándola para que se haga cargo de las APPs y OXI como un Ministerio de las Privatizaciones. Este Ministerio estará a cargo del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del MEF, que además de sus abusivas facultades actuales (como la de sancionar a los funcionarios de cualquier nivel que no cumplan sus órdenes), tendrá además facultades especiales para contratar asesores y contar con equipos de saneamiento físico legal. También regulará la responsabilidad civil y administrativa de los servidores públicos dentro del proceso de promoción de la inversión privada. PRIVATIZACIÓN DE SEDAPAL Y PETROPERÚ. El Ejecutivo quiere facultades para: 1) Promover, facilitar y agilizar las inversiones públicas y públicas- privadas APPs en los servicios de saneamiento. Para ello plantea: Convertir al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en CONCEDENTE (persona, entidad o empresa dueña, propietaria del producto, servicio marca, patente, etc.) para la ejecución de proyectos para la construcción, operación y mantenimiento de saneamiento y contratos de gestión. Esto significa que este Ministerio otorgará las concesiones del servicio de agua y alcantarillado, que para el caso de Lima está en manos de SEDAPAL. Lo que constituye la vía para la privatización de SEDAPAL y por ende el agua potable. Para este efecto quieren emitir una norma legal para fortalecer la rectoría en saneamiento, que no es más que quitarle facultades a SEDAPAL para dárselas al mencionado Ministerio. PETROPERÚ. El objetivo fundamental de la facultad legislativa solicitada en este tema agregado es que el Poder Ejecutivo legisle sobre Petroperú y la gestión estratégica de los hidrocarburos, teniendo como pretexto los derrames y el oleoducto, para privatizarlo ampliando los temas delegados a todos los ámbitos de la empresa pública y el sector de hidrocarburos. Los que permitieron el saqueo ambiental y social de la amazonia, regalaron las rentas estratégicas, perdonaron millonarias multas ambientales redujeron otras en forma escandalosa, no solo dejaron impunes a los responsables de desastres ecológicos, sino que ahora pretenden privatizar la gestión de hidrocarburos en la amazonia y capturar a Petroperú para sus propósitos. En el pedido de facultades delegadas, se amplía los ámbitos y se hace una autorización general legislativa sobre la reorganización de Petroperú y el abastecimiento de hidrocarburos al país, con la finalidad de dar en concesión privada el oleoducto norperuano separándolo de Petroperú, privatizar los lotes petroleros a cargo de Petroperú (64 y 192), y reorganizar la empresa para privatizarla. Se pretende dejar de lado el Plan aprobado por Petroperú y elaborado con la consultora Wood Mackenzie, para la Integración Vertical uniendo con el oleoducto norperuano los lotes petroleros en la amazonia y la costa, con la nueva refinería de Talara y la diversificación productiva regional. ENTREGA DE LA SOBERANIA SOBRE EL GAS DE CAMISEA. Pretenden entregar a la empresa Shell (comercializadora y eje del consorcio exportador Perú LNG) la soberanía sobre el gas para su exportación a mercados spot especulativos, pagando regalías al Estado en ridículas sumas menores incluso a las del mercado interno. Quieren anular el mandato del laudo del CIADI que establece se pagan según el precio del destino final de regasificación. Esta entrega de la soberanía del gas ocasionara la pérdida de 20 mil millo-
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nes de dólares los próximos 15 años. Se bloquean los usos del gas para petroquímica, y para el consumo domiciliario. El Perú debe renegociar soberanamente el contrato que finaliza con México, cambiar los contratos de licencia a servicios para recuperar la soberanía sobre la molécula, sobre sus destinos, usos y regalías, desarrollando la petroquímica.
3.2 La Recentralización del Estado y la Infraestructura a favor de la reprimarización extractivista neoliberal, afectando la base productiva nacional y los derechos de los territorios, las poblaciones y las ciudades. El nuevo Gobierno de PPK anuncia un paquete de proyectos de infraestructura como uno de los asuntos más novedosos de su gestión. Los reduce y concentra en el periodo 20162021, y dice que serán el eje de su gobierno para el desarrollo nacional. Todo indica, más bien, que constituyen una política que generara un gravísimo problema al desarrollo del Perú al bloquear su desarrollo productivo, con valor agregado, diversificado y descentralizado. De esta forma, entrega las rentas estratégicas al capital extranjero y al financiero en el país, descapitalizando los activos nacionales y empobreciendo a la nación. Sobre todo, es una política financiera, antes que solo infraestructura. Para impulsarlos desde el Estado, mientras rebaja impuestos a las grandes empresas y negocios financieros, limitando seriamente los ingresos fiscales, está aceleradamente contrayendo crédito con la banca mundial por más de 6 mil millones de dólares. Este negocio, y muy serio, está en las tasas de interés de los créditos que se están casi subastando. La deuda la pagaremos los ciudadanos. Además, los proyectos de infraestructura escogidos para el periodo 2016-2021, tienen un marcado sesgo extractivista y de casi nulo incremento de la productividad nacional. Podemos apreciarlo en los grandes ejes macrorregionales y los proyectos, algunos incluso con nombre propio. Macro Norte y Amazonia. Se desfigura y debilita la Modernización necesaria de la Refinería de Talara de Petroperú, pretender privatizarla, separarla de los lotes petroleros de la amazonia (192 y 64), así como de bloquear la planta de fertilizantes con los fosfatos de Bayóvar. También la carretera de Lambayeque a Loreto es un absurdo descomunal. No tiene puerto costero de profundidad y por tanto tendrá cargas muy reducidas; abrirá el saqueo masivo de los arboles amazónicos para vender madera acabando con las riquezas de la biodiversidad; y acentuará las plantaciones de transgénicos y palma que afectan la amazonia. También, se anuncian proyectos de generación hidroeléctrica, en función de proyectos mineros como enclaves que afecten el desarrollo diversificado descentralizado. Macrosur y Centro Andino. Se reduce el Gasoducto surandino a llevar gas para quemarlo y producir electricidad para las mineras del surperuano y para el norte de Chile. Es un saludo a la nada al “Complejo Petroquímico”, que abandona. Se afecta seriamente la mayoría agraria y comunera, así como las iniciales actividades de diversificación productiva industrial y turística. Lima Metropolitana. Se busca una inmensa macrocefalia territorial centralista en torno a Lima, para concentrar 20 millones de habitantes, en función de la especulación de vivien-
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da urbana, de las rentabilidades de ejes comerciales convertidos en centros financieros y de servicios públicos (salud, educación, agua potable) privatizados. Se ahoga a las mypes de Lima y todo el país, con el anunciado incremento de las tasas de interés de los créditos, y la invasión masiva comercial de bienes importados.
IV. Con el poder ciudadano y desde la soberanía del sufragio: la forja del gobierno patriótico ciudadano. La Política en crisis refundacional. El neoliberalismo pretende reducir la política a los afanes de los individuos en sus metas personales, y divagan al respecto, obviando el sentido real de la política. El reino de la política es el de la Soberanía, el de la voluntad de poder para resolver los asuntos de una sociedad en sus derechos sociales, ambientales e individuales. Expresa una relación general de fuerzas, entre los poderes económicos, sociales y políticos, desde las cuales debe analizarse las distintas respuestas de los individuos y grupos sociales. En el Perú está en crisis refundacional de la política, por la confrontación de una determinada relación estructural de fuerzas. La disyuntiva enfrenta al neoliberalismo apátrida con las fuerzas de la Patria Hermosa. El neoliberalismo y el poder dominante de la plutocracia financiera, vigente desde la dictadura autocrática de 1992, pretende instalar su continuidad por varias décadas, e impedir que el poder de la ciudadanía afirme la soberanía de una república para todos. Quieren reducir la patria a un territorio subordinado sin nación, el Estado a una fachada de república sin ciudadanos, y la política a una fachada subordinada al control mediático y al vacío de la institucionalidad política. ¡Patria hermosa Soberana, o Plutocracia apátrida! es el conflicto político que marca este largo periodo hasta el Bicentenario Nacional. La Ley 30414, de Partidos Políticos, expresa esta crisis. Esta ley cierra el sistema político actual a la ciudadanía e incorpora pocos mecanismos que en otro marco legal son positivos (elecciones primarias abiertas para elegir candidatos, control de los gastos partidarios). La Ley 30414 perenniza los actuales partidos inscritos, reconocidos por millones de firmas que deambulan sin existencia real. Les permite continuar participando elección tras elección, en las más abigarras mezclas de apetitos, y dándoles aportes del dinero público. Al mismo tiempo, cierra el sistema político, elevando a 4% del patrón electoral los adherentes, cuyas firmas deben pagar para registro. Y deja sin derechos políticos nacionales a movimientos regionales y locales. Deja intacto el poder mediático, altamente concentrado, que se ha afirmado como un “partido” regulador, y que buscan manejar al pueblo, por las emociones y fantasías de la política reducida al espectáculo. El poder económico financiero, la plutocracia apátrida que ya tiene el control del Estado, pretende cerrar el sistema político para imponer el saqueo, la corrupción, y la precarización de la vida. Existe más del 30% del electorado que sigue buscando alternativas de cambio real. Desde este desafío, el Frente Amplio, y las diversas fuerzas populares, progresistas y de izquierda, debemos asumir las responsabilidades con la Patria.
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V. Cambios en las relaciones de Poder en los procesos constituyentes sociales de la República La singularidad de este periodo de transición más impactante entre las dos repúblicas esta afincada en que no se trata solo en el resultado político electoral de “las tres mitades” expresadas electoralmente. Lo que está ocurriendo es la irrupción de un amplio contingente ciudadano, de diversos sectores territoriales, económicos, sociales. Movilizan sus propias reivindicaciones de territorio, ambientales, culturales, de género, actividad, poblamiento, que están cuestionando las relaciones de poder existentes, cuyas crisis se agudizaron desde 1993 por el régimen neoliberal y la plutocracia financiera, sus organizaciones y sus defensores. No se trata solo de reivindicaciones grupales o sectoriales sino de exigencias que requieren cambios en las diversas relaciones de poder que sustentan la República neoliberal. Estas relaciones de poder no se limitan a trámites administrativos u organizativos. Son una modificación en las atribuciones y competencias para organizarse, movilizarse, conquistar y ejercer derechos universales. En el Perú, existe una pugna histórica entre dos Repúblicas, entre dos sentidos, disposiciones, territorios, imaginarios, hábitos e instituciones, en las relaciones de poder en la sociedad. Se ha impuesto la República plutocrática lobista apátrida, que pretende reducir el Perú a una provincia administrada sin soberanía. Pero esta forma de dominación, es confrontada por la creciente afirmación de derechos universales, a partir de nuestra base andina-amazónica-criolla civilizatoria y de las correspondientes movilizaciones sociales por trabajo, vida digna, justicia social y ambiental, y por derechos de igualdad social, que se proyectan hacia una República de Ciudadanos en una Patria Soberana. La movilización social y política de la ciudadanía, en cada actividad, frente, reclamo, propuesta y exigencia, busca afirmar una comunidad política con derechos universales efectivos y su correspondiente institucionalización democrática soberana, para lograr el Perú Nuevo, la Patria Hermosa, en la integrada Patria Grande Latinoamericana. Esta pugna entre dos Repúblicas, que ha tenido varias etapas desde la instalación del neoliberalismo y el Estado mafioso con el golpe en 1992, entra de esta forma, el 2016, ante la crisis del neoliberalismo, a un periodo de definiciones cruciales, pese a las diferencias marcadas entre sus participantes. Todos los actores políticos, económicos, sociales y las formas institucionales, están marcados por este cuestionamiento general en las relaciones de poder, en los diversos ámbitos de la vida nacional. No hay una determinación previamente establecida, sino que será la propia historia la que establezca cuáles serán los resultados de este singular momento de transición. Son procesos constituyentes de cambios en las relaciones de poder nacional a partir de la legitimidad de la soberanía democrática del pueblo en la nación. Podemos reconocer entre ellos:
➢ Afirmación de soberanía desde el poder de ciudadanía en los ejes territoriales-societales, regionales y locales, para un Estado Unitario y Descentralizado.
Cambios en las relaciones de Poder en los procesos constituyentes sociales de la República
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➢ El nuevo diseño del poder constitucional de la República de Ciudadanos: Soberanía efectiva del Estado Unitario y Descentralizado; tres niveles de gobierno (Nacional, regional y local municipal), Presidencialismo controlado; Bicameralidad Legislativa; Rediseño del Poder Judicial, con autonomía y balance de controles; vigencia plena de derechos fundamentales de la persona, la sociedad, el trabajo, la vida y la naturaleza, reconocimiento de la pluriculturalidad de la patria; derecho a la seguridad de las personas y poblaciones; reconocimiento y promoción de las formas productivas sociales sean comunales, asociativas y cooperativas, y de las Mypes .
➢ Lucha legal nacional y forja de un nuevo sistema plural de partidos, de carácter democrático ciudadano participativo (partidos con unidad programática forjada democráticamente; de organización con afiliados y corrientes y vida activa; con elecciones abiertas primarias para elegir sus candidatos a cargos públicos, con presencia directa en los asuntos de la vida cotidiana de la gente, activo en expresiones culturales, sanción ejemplar con pérdidas de derechos políticos a los corruptos y corruptores).
➢ La afirmación soberana de las bases del desarrollo nacional diversificado y sostenible: re-
cursos naturales (biodiversidad andina amazónica, agua, gas-petróleo, especies marinas, etc.), las empresas públicas estratégicas (Petroperú, Banco de la Nación, Sedapal, etc.), la diversificación productiva agraria-industrial-servicios en los grandes ejes territoriales macrorregionales; las formas productivas y de servicios comunales y asociativas urbanas y rurales; la masificación del gas natural domiciliario; la competencia empresarial y la regulación de las posiciones de dominio, cartels, monopolios y concentración.
➢ El despliegue de la actividad de los movimientos por derechos fundamentales: trabajo, territorio, ciudad-barrio, género, pluriculturalidad, empresarialidad individual y asociativa, comunales andina y amazónicas, barriales y locales.
➢ Respaldo, afirmación y despliegue de las experiencias de gestión social, asociativa y pública descentralista, urbana y rural, con activa participación ciudadana
➢ Conquistas y avances en servicios públicos al servicio del ciudadano y sin fines de lucro,
en salud, agua potable, educación (primaria, secundaria, tecnológica y universitaria), seguridad, alimentación básica, apoyo social.
➢ Universalizar el derecho a la comunicación y a la información. Democratizar el acceso a
los medios de comunicación, para garantizar la libertad de información y el derecho al acceso universal por los ciudadanos.
Diversos aspectos de estos procesos constituyentes sociales, se organizan a partir de sus condiciones de vida y de reclamos para mejorar y universalizar derechos. Estos procesos constituyentes, desde la movilización social del poder de ciudadanía, empiezan a cambian las relaciones de poder, avanzando en reconocer derechos fundamentales en lo personal, social y ambiental. Son el sustento y fuerza ciudadana para que se formule la propuesta de lucha por una nueva Constitución del Perú integral Bicentenario, que sintetice el nuevo pacto social, ambiental, cultural, político y económico del Nuevo Perú.
➢ En las relaciones de trabajo, por trabajo digno, con derechos plenos, salarios adecuados,
y vigencia plena de los derechos reconocidos por la OIT (sindicalización, pliego de empre-
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Posicionamiento del FA en el nuevo periodo político 2016-2021
sa y de rama, incrementos periódicos, etc.) para superar la precarización, la anulación de derechos laborales básicos reconocidos, los bajos sueldos, las diversas formas de explotación y discriminación.
➢ En la actividad agropecuaria, familiar, comunal y cooperativa, para lograr el reconocimiento, respeto y titulación de las tierras de las comunidades campesinas y nativas amazónicas; créditos promocionales, asistencia técnica, gestión de las fuentes y sistemas de riego, industrialización de productos y accesos a mercados nacionales e internacionales.
➢ En los reclamos de futuro de la juventud, incluyendo los cambios educacionales, las oportunidades de empleo, y las habilidades socio-técnicas del mundo informatizado.
➢ En los asuntos ambientales fundamentales vinculados al territorio, al agua, a los espacios públicos, a las ciudades y a la ruralidad.
➢ En la ética pública y el enfrentamiento a los sistemas de corrupción que el neoliberalismo acompaña y que el narcotráfico acentúa en el Estado y la sociedad.
➢ En la recuperación de las soberanía del Perú sobre sus recursos naturales, como el agua, la biodiversidad, los hidrocarburos, la recuperación del gas de Camisea.
➢ En la afirmación y protección del patrimonio cultural material e inmaterial, abandonado a la mercantilización inmobiliaria o comercial.
➢ En los derechos igualitarios de género, cultura, identidades, etarios. ➢ En los derechos de las personas con discapacidad. ➢ En los derechos universales básicos ciudadanos y del acceso a la educación al agua potable, a las comunicaciones, a la vivienda, al transporte, a la seguridad, entre otros bienes públicos reclamados y exigidos como servicios universales.
➢ En el acceso a condiciones financieras de tasas de interés no usureras, sino promocionales para micro y pequeños empresarios, urbanos y rurales.
➢ En los derechos a las ciudades con espacios públicos respetados y planeamiento concertado.
➢ En la afirmación de las empresas públicas que representan el derecho de los ciudadanos en áreas estratégicas y servicios fundamentales para el conjunto de la nación.
➢ En la universalización de los deportes y en las actividades recreativas a todo nivel. ➢ En la superación de toda discriminación a las personas con discapacidades, para afirmar plenamente sus derechos.
➢ Y otros. Lima, 22 de Setiembre de 2016.