UN Periódico No. 227

Posacuerdo: la paz postergada

Nยบ 227 / octubre 2020 ISSN 1657-0987

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Periódico ­– N.º 227 – Universidad Nacional de Colombia

Especial Posacuerdo

octubre 2020 | 2

Construir paz y recuperarse de la pandemia, un esfuerzo conjunto Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la onu en Colombia

Cuatro años después de haberse firmado el Acuerdo Final de Paz son muchas las lecciones que Colombia le ha dado al mundo, y sea esta la oportunidad para recordar lo que el país ha alcanzado con su implementación, para así proteger los logros y profundizar las esperanzas puestas en él, sobre todo para las comunidades más afectadas por el conflicto.

La terminación de más de cinco décadas de confrontación entre el Estado colombiano y las farc, y la apertura de una de etapa larga y compleja de construcción de una paz duradera, fueron el objetivo central del Acuerdo, un camino que según la Corte Constitucional tomará 15 años, y que no estará exento de dificultades o retos.

Los resultados hasta ahora son innegables: la dejación de armas de las farc y su transición a un partido político; un paquete de normas y leyes que sustentan el Acuerdo en el marco constitucional del país, ofreciendo garantías para la implementación a través de los gobiernos; la reducción de la violencia en mucha zonas del país; y una arquitectura institucional relativa a la paz con nuevas entidades derivadas del Acuerdo, que demuestran la adaptación del Estado a la transición, especialmente con un sistema innovador de justicia transicional que prioriza a las víctimas.

Debo desatacar que la mayoría de las 13.000 personas que se mantienen activas e involucradas en su proceso de reincorporación lideran proyectos productivos con el apoyo del Gobierno, del sector privado, de la academia, de comunidad internacional, y, más importante aún, de las comunidades. Cultivos exitosos de café, talleres de confecciones y proyectos turísticos, entre otras iniciativas, ofrecen una oportunidad socioeconómica para los excombatientes.

Otros programas también derivados del Acuerdo y que privilegian a las regiones afectadas por el conflicto, para reparar a las víctimas, sustituir cultivos ilícitos, promover el desarrollo local, prevenir y proteger a comunidades, si bien están en su etapa inicial, prometen lograr las transformaciones que el país requiere.

Estos logros ofrecen una base fundamental para profundizar la implementación de la paz. El compromiso constante de las partes, además de la participación activa de las entidades del Estado y de la sociedad civil, y recursos adecuados, garantizarán que sea posible seguir construyendo sobre estos logros y que sean realmente sostenibles.

Respeto al Sistema Integral es fundamental El proceso de justicia transicional está ganando impulso a medida que los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición llevan a cabo su crucial labor. Las tres entidades muestran cada vez más resultados, que buscan mantener a las víctimas en el centro de la implementación del Acuerdo.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas sigue su importante tarea de determinar el paradero de las víctimas del conflicto, para sus familias y seres queridos.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición reúne a las víctimas y actores

Foto: Misión de Verificación de la onu.

Uno de los objetivos del Acuerdo de Paz es lograr una transformación profunda de la Colombia rural.

involucrados en el conflicto en diálogos significativos sobre la reconciliación y la no repetición. Y la Jurisdicción Especial para la Paz (jep) avanza en los siete macrocasos sobre crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

Estos, junto con los actos de reconocimiento y de admisión de responsabilidad de quienes se acogen a la jep, demuestran que el proceso de paz está empezando a cumplir su promesa de dilucidar los horrores del pasado, que es un elemento esencial para sanar a la sociedad colombiana.

Por eso es fundamental el pleno respeto de la autonomía e independencia del Sistema Integral, la cooperación de todos los actores y la participación activa y auténtica de quienes formaron parte del conflicto.

Más seguridad para excombatientes A pesar de la reducción general de la violencia desde la firma del Acuerdo, infortunadamente algunas de las zonas siguen estando asediadas por la violencia de otros actores que siguen atacando a líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes y comunidades enteras.

Las recientes masacres han servido como un doloroso recordatorio de cómo civiles inocentes, incluidos jóvenes, están siendo víctimas de las acciones de estos grupos. Encontrar formas de detener esta violencia es fundamental para cumplir la promesa del Acuerdo Final de Paz. Para ello es imperativo reforzar la atención a las recomendaciones de las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y la finalización y pronta implementación de la política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales, las organizaciones criminales y sus redes de apoyo.

Además, es igualmente importante avanzar en mejorar la protección de excombatientes, líderes sociales y comunidades, luchando contra la impunidad de esos delitos, incluso llevando a los autores intelectuales ante la justicia. Los progresos en las investigaciones de la Unidad Especial de Investigación sobre crímenes contra excombatientes deben continuar, en particular mediante la cooperación de otras entidades del Estado, incluida la Fuerza Pública regional.

pandemia han puesto aún más en evidencia la urgencia de asumir el reto histórico de llevar desarrollo, seguridad y oportunidades a las zonas rurales de Colombia. En este sentido, la implementación integral de este es esencial para la recuperación de los efectos de la pandemia. Por ejemplo, las inversiones necesarias en salud pública en las zonas rurales pueden guiarse por los puntos sobre salud rural del primer capítulo del Acuerdo.

La reactivación económica en las zonas afectadas por el conflicto se puede reforzar con el fortalecimiento de proyectos productivos que benefician a excombatientes y comunidades. Así mismo, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet) siguen siendo un mecanismo valioso para llevar inversiones y presencia estatal a los 170 municipios más afectados por el conflicto y la pobreza. Es importante garantizar que la implementación de los pdet se lleve cabo en colaboración con las autoridades regionales y locales, y con la participación de las comunidades locales, además de asegurar su articulación con otros programas del Acuerdo de Paz, incluidos la reincorporación y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (pnis).

Los esfuerzos tanto para construir la paz como para la recuperación de la pandemia se deben complementar entre sí y basarse en el objetivo fundamental de fortalecer la presencia integral del Estado en las regiones que más la han reclamado durante décadas.

El Gobierno, las farc y la sociedad colombiana pueden seguir contando con las Naciones Unidas. Estamos comprometidos en apoyar cada esfuerzo, en impulsar propuestas y soluciones a cada reto que se presente, y en contribuir a que Colombia siga avanzando en su mayor deseo: la consolidación de la paz.

Inversión en salud pública, esencial en recuperación de la pandemia Otro de los objetivos del Acuerdo es lograr la transformación de la Colombia rural. Las consecuencias de la

palabras clave: Misión de Verificación de la onu, justicia transicional, seguridad, excombatientes. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

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“Es mejor implementar una paz firme y duradera que tener nostalgia de la guerra”: Humberto de la Calle

Especial Posacuerdo

Andrés Mauricio Montenegro Vergara, Unimedios Bogotá

Para el jefe negociador del proceso de paz en La Habana, aunque la violencia no ha desaparecido, sí se había atenuado, por lo que el recrudecimiento de las masacres en los últimos meses genera de nuevo incertidumbre en las comunidades.

Así lo manifestó durante la séptima sesión del curso de contexto “Del conflicto armado a la construcción de paz”, promovido por la Red de Ética, Cultura, Creación, Ciencia, Tecnología e Innovación para la Paz (Red Paz) de la Universidad Nacional de Colombia (unal).

Foto: Archivo Unimedios.

Para Humberto de La Calle “El desarrollo nacional se debe dar en un marco de equidad y de integridad territorial; la priorización de las políticas públicas se debe cambiar hacia ese camino”.

Tras la firma del Acuerdo Final de Paz con las farc, las dudas sobre la implementación, las noticias falsas y los “torpedos” que el Centro Democrático –partido de Gobierno– envía permanentemente contra la Jurisdicción Especial para la Paz (jep) han marcado el camino en estos cuatro años.

Con respecto a las metas de reincorporación, De la Calle declara que se han ido cumpliendo, que hay cronogramas aplazados, problemas fiscales, pero que estas no se deben reducir a cifras. “Hay una distorsión de fondo en la reincorporación, pues parece más una rendición: ‘ustedes dejaron las armas y yo les recompenso con apoyo’, pero me parece que los elementos que llevarían a conseguir la paz en una década, prácticamente han desaparecido. Esto es en parte por la posición del Gobierno y del partido de Gobierno de pensar que la reincorporación se limita a los guerrilleros de base, con lo que en últimas se llevaría al desconocimiento del conflicto”.

En relación con el Fondo de Tierras, que hasta la fecha suma 1 millón de hectáreas –a 2028 debe reunir 3 millones– adjudicadas a campesinos, el principal reparo del abogado es que buena parte de estas son el resultado de procesos antiguos, que aunque se debe aplaudir que se ejecute, no necesariamente es por cumplimiento del Acuerdo. A eso le suma la precaria normalización de dichas tierras, pues señala que el 48 % de los predios rurales no tiene títulos, y un campesino en esas condiciones no puede acceder a servicios bancarios ni pertenecer a la economía formal.

Sobre la sustitución de cultivos, apunta que es falso que en La Habana se haya prohibido la fumigación, que esa fue una decisión del Gobierno, el Consejo de Estupefacientes y las Cortes; y manifiesta que el Acuerdo lo que señala es que se deben priorizar acciones como la sustitución voluntaria con decisiones comunitarias y generar presencia institucional integral del Estado. En ese punto, De la Calle menciona que el gobierno Duque dijo que cumpliría, pero que sus políticas podrían ser traumáticas en la medida en que le quita eficacia a la sustitución y vuelve a las visiones netamente represivas que se vienen aplicando desde hace 30 años: “cualquier organización criminal debe ser combatida, pero las

familias involucradas se deben ver de una forma mucho más amplia; las acciones represivas para combatir los cultivos ilícitos han fracasado”.

del todo sí se había atenuado, el exministro dice que “en pocos días se ha concentrado un mayor número de masacres, así les quieran cambiar el nombre, y eso ha venido generando mayor incertidumbre”. En Derogar la justicia transicional su opinión, los actores de violencia que persisten se deberían abordar desde hipotéticas negociaciones, sería un acto irresponsable neutralización de las organizaciones criminales y el Para De la Calle, derogar la jep sería negar la verdad sometimiento a la justicia sin negociación. y los derechos de las víctimas: “la Jurisdicción no era En palabras de De la Calle, “las propuestas más un ‘sapo’ que los colombianos debíamos tragarnos; es recientes para modificar lo acordado son impulsadas una necesidad para que se obtenga el mayor volumen por nociones falsas. Algunos, apelando a la antilógica, de justicia sin sacrificar la paz. […] Es la primera vez en dicen que el aumento de la violencia es consecuencia el mundo que una guerrilla acepta voluntariamente de lo acordado, que son los 13.000 excombatientes y que sus crímenes más graves sean revisados desde lo sus armas, pero estas se inventariaron y se destrujudicial transicional. Si la derogatoria funciona, los yeron; a esto se suma que el riesgo no solo está en militares involucrados en crímenes la jep sino que se puede extender Desconocer lo pactado hasta las raíces pluralistas de la y terceros financiadores serían más vulnerables frente a jurisdiccioConstitución de 1991”. después de que la nes y tribunales internacionales Por último, subraya en que el guerrilla dejó las que decidan intervenir al ver que Acuerdo se hizo entre el Estado y armas y se sometió a los mecanismos locales fallaron. un grupo rebelde en medio de un la vida civil es lo que se conflicto armado interno, por lo Se está jugando de manera muy que desconocer lo pactado después irresponsable, hay que solidificar conoce como “acto de el Acuerdo, lo cual implica que toperfidia”, enmarcado en de que la guerrilla dejó las armas y dos los responsables acudan y se se sometió a la vida civil es lo que el Derecho Internacional se conoce como “acto de perfidia”, sometan a la jep en un manto de Humanitario enmarcado en el Derecho Internaverdad y reparación”.

Uno de los argumentos de quiecional Humanitario, y que se explica nes promueven la derogatoria es la falta de resultados como si una de las partes en un conflicto que negocia de la jep, ante lo cual el exjefe negociador expone la paz lo hace con la intención de romper esa promesa que es una visión errada, pues aunque el Acuerdo cuando el “enemigo” esté expuesto. Para De la Calle, se suscribió hace cuatro años, los dos primeros años desde el punto de vista de la responsabilidad jurídifueron “perdidos” ante la falta de regulación. “Claro ca e histórica de Colombia, como Estado, eso sería que quisiéramos resultados más rápido, pero no una mancha imborrable. Desde su perspectiva, “es perdamos de vista que se trata de siete macroproce- mejor llamar a la implementación de una paz firme sos de extrema complejidad, por tanto, la pregunta y duradera, que tener cierta nostalgia de la guerra”. no es si habrá resultados, sino cuál será el sistema de monitoreo del Gobierno que le garantice a la sociedad que las sanciones que se produzcan son palabras clave: Acuerdo Final reales; la catástrofe sería que la jep se pronuncie y de Paz, jep, posacuerdo, perfidia, esto no se concrete”.

Humberto de la Calle. Consúltelas en Ante el recrudecimiento de la violencia en algunas www.unperiodico.unal.edu.co regiones del país, donde si bien no había desaparecido

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Especial Posacuerdo

octubre 2020 | 4

La “Paz con legalidad” que le cumple a Colombia Emilio José Archila Peñalosa, Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación

La implementación de esta estrategia del Gobierno nacional es seria, verificable y reconocida tanto por las comunidades en los territorios como por la cooperación internacional; además está comprometida con el cumplimiento de 507 indicadores que se derivan del Acuerdo Final de Paz y de la necesidad de estabilizar los territorios vulnerables.

No puede caber ninguna duda de que como Gobierno hemos asumido una tarea inaplazable frente al país, con compromiso, con planeación robusta y resultados tangibles, pensando en las próximas generaciones, particularmente para que los más vulnerables vivan en mejores condiciones, con infraestructura y desarrollo, con equidad y emprendimiento, y por supuesto libres de las violencias que nos han afectado en el pasado.

Lo estamos logrando, a través de la “Paz con legalidad”, una política de desarrollo social e inversiones. Este propósito de la administración del presidente Iván Duque avanza aún en las difíciles condiciones de la muy dolorosa pandemia, y mantiene y reitera su compromiso en el cumplimiento del Acuerdo firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las farc.

Hoy la “Paz con legalidad” está comprometida con el cumplimiento de 507 indicadores que se derivan tanto del Acuerdo como de la necesidad de estabilizar los territorios vulnerables. Las cifras lo demuestran: 4,3 billones de pesos de inversión en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet) para transformar la vida de 6,6 millones de personas; más de 200.000 millones de pesos en recursos para atención a excombatientes que dieron paso a la legalidad; más de 1 millón de hectáreas para víctimas en el Fondo de Tierras; más de 819.000 millones de pesos para casi 100.000 familias que dieron un paso a la legalidad; atención y reparación de víctimas; y recursos para educación, salud, energía y vías terciarias. Esto es solo una mención al trabajo realizado.

En una de las sesiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hacerle seguimiento a la implementación del Acuerdo y a la política de “Paz con legalidad”, todos los embajadores felicitaron al presidente Duque por su valentía política para mantener su decisión de avanzar en la implementación del Acuerdo, mostrando tantos y tan significativos avances en cada uno de sus frentes, aún con las dificultades derivadas de la migración venezolana y ahora las que ha causado la pandemia por el covid-19.

Sustitución de cultivos ilícitos Como se señala en la política, el Gobierno está comprometido a reducir los cultivos ilícitos por el convencimiento del daño que conllevan a la sociedad, a la familia, a los jóvenes y al medioambiente, entre otros. Así, en el marco de la legalidad, además de la sustitución voluntaria, el Estado cuenta con las opciones de grupos de erradicación manual y aspersión para erradicar las plantaciones de coca.

En ese contexto, aunque recibimos un programa de sustitución mal planeado, sin ejecutar, desfinanciado y con múltiples expectativas, logramos la sustitución voluntaria de 15.295 hectáreas de coca. Hasta el momento, 73.853 familias han recibido pagos por asistencia alimentaria inmediata, 59.940 familias insumos y herramientas de sostenimiento y seguridad alimentaria, y 61.183 familias asistencia técnica integral. De esta manera, en esta administración hemos invertido en los diferentes componentes del programa más de 819.719 millones de pesos.

Hemos abierto nuevas modalidades de sustitución voluntaria, con las cuales hemos atraído al sector privado y a la comunidad internacional. Es el caso de la estrategia

Foto: Misión de Verificación de la onu.

para el Gobierno es prioritaria la seguridad tanto de los excombatientes y sus familias como de los miembros de la farc.

“Formalizar para sustituir”, con la cual se proyecta atender a 1.500 familias en municipios del Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander. Este modelo además busca apoyar la formalización de 4.311 hectáreas en trabajo articulado con la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz.

Reparar a las víctimas, una prioridad En el centro de la atención de la administración del presidente Duque siempre han estado y seguirán estando las víctimas. Así lo hemos demostrado con actuaciones y logros por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, entre otras.

Se han otorgado 199.308 indemnizaciones individuales con una inversión superior a los 1,6 billones de pesos, y 20 sujetos de reparación colectiva culminaron su proceso integral con una inversión cercana a los 13.567 millones de pesos.

Con ese mismo ánimo entendemos que, cuatro años después de haber firmado el Acuerdo, es tiempo prudente para que el hoy partido político farc cumpla –antes del 31 de diciembre de este año– con la obligación de entregar los bienes mal habidos, para la reparación de sus víctimas. Eso, por supuesto, jamás se podría entender como una afrenta injustificada a ninguno de los 13.673 excombatientes que se mantienen en la legalidad.

Compromiso con los excombatientes Del mismo modo, para el Gobierno es prioritaria la seguridad tanto de los excombatientes y sus familias como de los miembros de la farc. Después de recibir del Presidente la instrucción de que todas las entidades del Estado que tienen funciones de protección y seguridad para los colombianos trabajen articuladamente, se han adelantado más de 30 medidas especiales de seguridad y protección que se han llevado a los territorios para cumplir con este compromiso. Estas han sido analizadas por las Naciones Unidas y se consideraron relevantes y apropiadas en la dirección que todos buscamos: lograr mayor seguridad para esta población.

El Estado trabaja en la protección individual y colectiva; en la presencia del Ejército y la Policía en antiguos Espacios

Territoriales de Capacitación y Reincorporación (etcr); en investigación y judicialización; en acciones de prevención, y en la articulación interinstitucional. A la fecha 348 personas están cubiertas por medidas de protección, y se resalta que en las elecciones de 2019 ningún candidato del partido farc fue asesinado o secuestrado, y que 117 candidatos contaron con esquemas de protección.

En los antiguos etcr, en cuyo interior solo se han presentado dos homicidios y un atentado, con más de 4.000 efectivos de Policía y Ejército se está garantizando la seguridad de las 2.626 personas que permanecen en ellos.

Resaltamos la celeridad con la que la Unidad Especializada de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ha procedido para el esclarecimiento de los casos. Esta obtuvo avances en las investigaciones por agresiones en contra de excombatientes y sus familiares. Se evidenció un esclarecimiento del 46,55 % sobre 128 afectaciones de las 275 conocidas desde la firma del Acuerdo.

En síntesis, este Gobierno entiende la responsabilidad histórica que enfrenta y se basa además en un criterio lógico, sano, bien intencionado e indispensable para acabar con odios y rencores.

Ustedes, los jóvenes universitarios, y muchos de sus profesores, darán fe en 2035 de que la planificación, las hojas de ruta, la asignación de recursos, las obras y las inversiones fruto de los impuestos que pagan los colombianos, del apoyo de la empresa privada y de los valiosos aportes de la comunidad internacional, tienen el rostro de un campesino que sonríe porque las cosas por fin empezaron a mejorar. Pero este propósito requiere del apoyo de todos, con visión y sin politiquería, para dejar atrás del todo esa absurda creencia de que hay amigos y enemigos de la paz.

Todos lo vamos a lograr. Esta es la paz con legalidad que le cumple a Colombia.

palabras clave: “Paz con legalidad”, sustitución de cultivos ilícitos, reparación a las víctimas. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

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octubre 2020 | 5

La paz desfinanciada Especial Posacuerdo

Luis Jorge Garay Salamanca, ingeniero industrial y economista, doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos) Jorge Enrique Espitia Zamora, director, Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia

Aunque el presupuesto de la paz para 2021 se mantiene con respecto al de 2020 –alrededor de los 10 billones de pesos–, los programas establecidos para la implementación del Acuerdo Final recibirían menos recursos de los previstos en 2016, cuando este se firmó y se estimó una inversión de 129 billones de pesos en 15 años.

En julio, el Gobierno del presidente Iván Duque Márquez presentó el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2021 por un valor de 314 billones de pesos, 13,3 billones de pesos más que en 2020, equivalente a un crecimiento interanual del 4,42 %.

En dicho proyecto, los recursos se destinarían así: el 24 % al pago de la deuda externa –amortización y abono a intereses–, el 15 % a educación, el 12,2 % a defensa y Policía, el 11 % a salud y protección social, el 8,6 % a trabajo, el 7,1 % a hacienda, y el 4,8 % a inclusión social y reconciliación.

De los rubros estimados sobresale que apenas el 0,6 % se asigne al agro, lo que representa una caída del -13,6 % con respecto a 2020.

Un instrumento utilizado por el Gobierno nacional tanto para atender el Acuerdo como para cumplir con lo acordado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) es el Sistema General de Participaciones (sgp), que corresponde a las transferencias intergubernamentales que la nación les entrega a las entidades territoriales para proveer educación y salud, entre otros bienes esenciales.

En el marco del derecho a la igualdad y del principio de no discriminación, los ingresos que aparecen en la Constitución para la provisión de bienes públicos esenciales no deberían formar parte del conjunto de recursos que financian el Acuerdo y la Ley 1448 de 2011, la cual define la ruta de asistencia, atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno.

Por ejemplo, los recursos del sgp representan el 29 % de los rubros indicados en el Plan Marco de Implementación (pmi) del Acuerdo Final; a su vez, en el caso de la Ley 1448, de los 16 billones de pesos contabilizados para 2020, el 60 % corresponde a los recursos que financian educación y salud, lo cual le resta transparencia a las asignaciones presupuestales para atender las diferentes intervenciones prestacionales.

Ahora bien, según el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (spi) –herramienta que permite observar la implementación de las intervenciones de las unidades ejecutoras–, las intervenciones realizadas en el marco del Acuerdo Final son las que se desarrollan en seguida.

Reforma rural a paso lento En el pmi, el Acuerdo Final se clasifica en seis pilares temáticos, a saber: i) Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral; ii) Participación política: apertura democrática para construir la paz; iii) Fin del conflicto; iv) Solución al problema de las drogas ilícitas; v) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, y vi) Implementación, verificación y refrendación. Estos sirven de base para el seguimiento de las asignaciones presupuestales por parte del Gobierno entre 2017 y 2020.

Existen diferentes maneras de asociar los proyectos de inversión (no de transferencias) con el Acuerdo Final, entre ellos: i) proyectos que cuentan con una leyenda precisa en el Banco de Proyectos, o en los que se especifique que a su focalización se destinan todos los recursos; ii) los que están directamente relacionados con la implementación y ejecución del pmi, y iii) aquellos que en desarrollo de acciones misionales de las unidades ejecutoras del pgn focalizan un porcentaje de sus recursos como parte de

una política transversal y se identifican con el respectivo clasificador de política transversal (“Contrucción de Paz”).

Según la información reportada por las unidades ejecutoras del spi del Departamento Nacional de Planeación (dnp), todas iniciativas que de una u otra forma atienden el Acuerdo Final son 132, y su monto de inversión es de 44 billones de pesos para el actual año fiscal. De ese valor global, solo 5,5 billones de pesos impactan cada uno de los puntos del Acuerdo, lo cual equivale al 1,82 % del pgn.

El 93,5 % asociado con la Reforma Rural Integral (rri) está distribuido así: planes de acción para la transformación regional 25,7 %; desarrollo social: educación rural 44,3 % y producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa 10,4 %, entre otros.

En la composición de la intervención en la rri sobresale una tendencia a desfinanciar las intervenciones en los componentes asociados con la tierra; por ejemplo, con respecto al ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo los recursos pasaron del 15,4 % en 2017 al 1,3 % en 2020; algo similar sucedió en infraestructura y adecuación de tierras, componente al que en 2017 se le asignó un presupuesto de 41 % y el presente año alcanzó apenas el 4,7 % (ver cuadro 1).

Para los demás componentes del Acuerdo Final se observa una alta volatilidad tanto en la presupuestación de recursos como en el número de proyectos que lo respaldan (ver cuadro 2), entre estos se destaca que en el componente de víctimas se mantiene la línea de obligatoriedad de la Ley 1448, pues varios de los programas de intervención se complementan e interceptan.

Presupuestos insuficientes

dos finalizan en diciembre: “Asistencia técnica y jurídica para la formalización de la pequeña propiedad privada rural” y “Asistencia jurídica y técnica para la regularización de la propiedad”, que tienen como año de terminación 2020, y a pesar de que ya estamos en octubre no se les han asignado recursos.

Entre tanto, los proyectos “Implementación del programa de legalización de tierras” y “Fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas” cuentan con una solicitud por parte de la ant por 48.000 millones de pesos para el pgn 2021, y en el Proyecto de Presupuesto solo aparecen asignados 34.000 millones de pesos.

Con respecto a la “Implementación del Sistema Nacional Catastral Multipropósito desde el dnp”, que tiene una asignación de 7.700 millones de pesos en 2020, solo se ha ejecutado el 10 % , y su avance dependía de la obtención de un crédito externo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, firmado hace solo un año.

Por considerarse como el corazón del Acuerdo Final de Paz, la rri requiere de una mejor gestión por parte del Gobierno nacional, mediante la provisión de suficientes recursos y una mejor ejecución en correspondencia con su grado de importancia estratégica, si la quiere constituir en un eje nuclear para transformar el campo y consolidar la paz, y también para mejorar el bienestar de sus pobladores, además de cumplir con lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 del actual Gobierno: “Impulsar la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y agroindustrial y el desarrollo rural, promoviendo condiciones que dinamicen la provisión de bienes y servicios, la inversión privada, la innovación y el emprendimiento para la generación de oportunidades de crecimiento y bienestar de toda la población rural”.

Para la estrategia “Ordenamiento social de la propiedad rural” del pmi, el pgn 2020 contempla 19 proyectos de inversión, pero infortunada e inexplicablemente tienen muy bajos niveles de ejecución.

Por ejemplo, de los seis proyectos de inversión de la Agencia Nacional de Tierras (ant) previstos para este año,

palabras clave: Presupuesto General de la Nación, reforma rural, proyectos de inversión. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Cuadro 1. Porcentaje de recursos destinados a la RRI por componentes en el periodo 2017-2020 2020 (%)

2019 (%)

2018 (%)

2017 (%)

Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo

1,3

2,1

7,5

15,4

Infraestructura y adecuación de tierras

4,7

2,3

26,1

41,0

Desarrollo social: salud

0,0

0,0

0,3

0,3

Desarrollo social: educación rural

44,3

55,6

12,2

8,3

Desarrollo social: vivienda y agua potable

4,3

4,7

15,8

19,5

Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa

10,4

8,7

1,5

11,5

Garantía progresiva del derecho a la alimentación

2,9

1,4

0,4

1,9

Planes de acción para la transformación regional

25,7

15,8

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total PMI

Cuadro 2. Distribución de inversión y proyectos en el marco del Acuerdo Final según puntos en el periodo 2017-2020 2020

2019

2018

2017

Número Proyectos

Inversión Transversal Proyecto (MM$)

Número Proyectos

Inversión Transversal Proyecto (MM$)

Número Proyectos

Inversión Transversal Proyecto (MM$)

Número Proyectos

Inversión Transversal Proyecto (MM$)

Reforma Rural Integral

138

37

118

24

70

13

69

14

Participación política

10

0

5

0

8

0

5

1

Fin del conflicto

11

0

5

0

0

Solución al problema de las drogas

6

1

4

1

4

114

0

Víctimas del conflicto

22

15

22

11

20

2

11

1

Implementación, verificación y refrendación

9

2

7

3

3

0

6

0

Puntos del Acuerdo

Fuente: SPI, DNP. Cálculos propios.

0

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Especial Posacuerdo

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Paz rural sin la comunidad Darío Fajardo Montaña, docente, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Externado de Colombia

En la coyuntura actual, la Reforma Rural Integral adquiere relevancia especial, dadas las urgencias del abastecimiento alimentario, en particular a través del fortalecimiento de sistemas de producción y comercialización apoyados en la asignación de tierras, asistencia técnica e infraestructuras previstas en el Acuerdo, como vía para iniciar una vinculación equilibrada de comunidades rurales con los núcleos periurbanos y urbanos más vulnerables.

Colombia sufre con mayor rudeza las crisis ambientales, de salud, alimentarias, económicas y políticas, que con su confluencia han afectado al resto del mundo. Las orientaciones y decisiones asumidas desde la dirección del Estado en torno a la disposición de los recursos públicos en defensa de los sectores más poderosos de la economía y en detrimento de las capas populares y medias, condujeron al debilitamiento de la institucionalidad, de las dotaciones de infraestructuras sociales, en particular de las que podrían haberlas salvaguardado en los ámbitos de la salud, la producción, el empleo y el acceso a los alimentos.

Esta perspectiva ilustra sobre los efectos que tendría la urgente aplicación del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno y las farc, en particular de su punto agrario, dados sus alcances para la transformación del país.

Colombia registra niveles de concentración de la propiedad que le asignan uno de los rangos más elevados en América Latina; con un coeficiente de Gini de 0.900, en una superficie de 69 millones de hectáreas se encuentran 2 millones de unidades de explotación, de las cuales, las 15.800 mayores de 500 hectáreas, el 0,5 del total, controlan 47 millones de hectáreas, equivalentes al 68 % de la superficie, en tanto que las 1,4 millones de unidades con menos de 5 hectáreas disponen solo de 1,8 millones de hectáreas, equivalentes al 2,7 % de la superficie.

A su vez, los propietarios de las mayores extensiones asignan 34 millones de hectáreas a praderas para un hato de aproximadamente 24 millones de cabezas, mientras las explotaciones campesinas, con la reducida superficie del suelo de la que disponen, participan con el 67 % de la producción agrícola.

A estos datos se añaden las condiciones del uso del suelo, en las cuales siguen predominando las praderas para ganaderías extensivas, y que la distribución de la propiedad se ha sustentado en gran medida en el uso de la violencia y en su apropiación ilegal, condiciones que han generado el conflicto social armado que supera las seis décadas.

Sobre tal diagnóstico se construyó el primer punto del Acuerdo Final de Paz, la Reforma Rural Integral, en el cual se pactó el establecimiento de un Fondo de Tierras de distribución gratuita, de carácter permanente, el cual dispondrá de 3 millones de hectáreas durante 12 años, además de la formalización de 7 millones de hectáreas de la pequeña y mediana propiedad rural.

Implementación con poco presupuesto La ejecución del Acuerdo, iniciada en 2018 e incluida en el Plan de Desarrollo 2018-2022, ha conllevado cambios políticos y administrativos derivados de las orientaciones del Gobierno actual, en particular con la comprensión y valoración del proceso de paz.

A propósito, el informe para la Contraloría General de la República de 2019 observa que estos cambios expresan la concepción del Acuerdo por parte de esta administración como una decisión del gobierno anterior, no como una

Foto: Nathalia Angarita/Unimedios.

Según el Censo Agropecuario de 2014, el 47 % de la población del área rural se encuentra en condiciones de pobreza, con un reducido acceso a la tierra.

decisión del Estado; destaca además que en escenarios internacionales el Gobierno ha expresado su compromiso con el Acuerdo, pero ante el país manifiesta reservas, no promueve las inversiones necesarias en las regiones, no ha impulsado una política de seguridad ciudadana, objetó la ley que establece la Jurisdicción Especial de Paz (jep) y viabiliza reformas legales que lo ponen en riesgo.

La actual administración caracteriza el conflicto armado como “condiciones de marginalidad y violencia” asumiendo las intervenciones para superarlas con un enfoque sectorial que difirieren de una comprensión integral y territorial de este, con implicaciones en la concepción política del proceso, en el dispositivo institucional a cargo de las intervenciones, en la construcción y asignación del presupuesto.

En cumplimiento de tal compromiso, durante 2019 el Gobierno reportó que había entregado o formalizado un poco más de 73.000 hectáreas frente a la meta de 10 millones de hectáreas para los dos tipos de acciones, equivalentes al 8,7 % del compromiso, “beneficiando a 6.009 familias” pero sin que se diferenciara entre dotación y formalización.

Los recursos asignados al cumplimiento del Punto 1 ascendieron a 110 billones de pesos, 85 % de los 129 billones acordados. De esa suma, el 65 % corresponde al Presupuesto General de la Nación, mientras el resto provendría del Sistema General de Regalías, sujeto a incertidumbres políticas. A lo anterior se añade la reducción de las asignaciones a las entidades ejecutoras ordenada por el Gobierno nacional, según la cual la Agencia Nacional de Tierras (ant) sufrió un recorte del 19 %, en tanto que la Agencia para la Renovación Territorial (art) tuvo una reducción del 10 %.

vacíos en la comprensión tanto del proceso de paz como del diseño del pacto y de la propuesta para su puesta en funcionamiento; no se evaluaron las condiciones y capacidades de las instituciones que debían estar al frente de estas tareas ni se previó la adecuada asignación de recursos, como mencionan los investigadores Geert van Vliet, del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (Cirad) y Érika Ramírez, del Centro de Estudios Regionales del Sur (Cersur) en su estudio “Retrasos en la implementación de la dimensión rural del Acuerdo Final de Paz en Colombia: una revisión desde los departamentos de Caquetá y Putumayo”.

De igual manera, los niveles departamentales no se tuvieron en cuenta; no es suficiente que las instituciones estén presentes ni que fluyan los recursos: es necesario comprender sus relaciones con el Estado central y con las comunidades.

Por otra parte, han incidido la concepción y el carácter de intervenciones estatales contrainsurgentes previas, en particular del Programa de Consolidación Territorial, establecido y prolongado desde las administraciones de Álvaro Uribe y encaminado a la promoción de proyectos e iniciativas civiles en el marco del control militar. Esta concepción ha orientado la intervención de la art en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet) y se ha insertado en la implementación del Acuerdo Final de Paz, afectando los procesos de participación de las comunidades.

Sin participación de las comunidades La implementación del Acuerdo también se ha dificultado por elementos procedentes del gobierno anterior, como los

palabras clave: Acuerdo Final de Paz, Reforma Rural Integral, concentración de la tierra.

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Periódico – N.º 227 – Universidad Nacional de Colombia

octubre 2020 | 7

Cultivos ilícitos y posacuerdo, los problemas estructurales siguen Especial Posacuerdo

Ricardo Vargas Mesa, sociólogo con estudios de maestría y de doctorado en la Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia

Carencia de un diagnóstico riguroso sobre el impacto territorial del narcotráfico, falta de planeación presupuestal, y una débil estrategia que terminó por usar la sustitución como una herramienta más para reducir áreas –al lado de las otras fórmulas en las que predomina el uso de la fuerza–, son factores que dificultan el avance en la implementación del Punto 4 del Acuerdo Final de Paz, inscrito claramente dentro de la estrategia global de reducción de la oferta de drogas.

La consigna de reducir la oferta incluida en el Punto 4 del Acuerdo –“Solución al problema de las drogas ilícitas”– se plasma bajo ciertas consideraciones que pusieron en primer plano la erradicación manual de los cultivos como una de las prioridades que cobraron cuerpo en pactos colectivos en territorios con una incidencia de los cultivos de uso ilícito, y que luego se concretaron en acuerdos formales individuales.

La medición de áreas erradicadas se tornó en un indicador del éxito de la acogida y el cumplimiento de su compromiso por parte de las comunidades. No obstante, el ejercicio se hizo sin un ordenamiento del territorio, sin diagnósticos complejos de los impactos por décadas de vigencia del fenómeno del narcotráfico –con toda su infraestructura y dominio geopolítico–, sin oferta clara de protección por los organismos de seguridad del Estado frente a los cambios en el dominio armado territorial, sin planeación presupuestal y buscando un impacto que terminó por usar la sustitución como una herramienta más de reducciones de áreas al lado de las otras fórmulas en las que predomina el uso de la fuerza.

Con ese marco, el gobierno de Iván Duque buscó superar gran parte de las carencias técnicas en los procesos de implementación de la estrategia de “reducción de áreas con cultivos de uso ilícito” con intentos de planeación que culminaron en un énfasis y en una apuesta sobre los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet), y dentro de estos priorizando las seis “Zonas Futuro”: Pacífico nariñense, Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba; el Catatumbo, Arauca, Chiribiquete y los parques naturales aledaños.

En los ejercicios piloto adelantados, el diagnóstico se ha reducido a la cobertura de servicios y a los niveles de conectividad de los territorios, y a medir las expectativas de las comunidades para encauzar desde el Estado lo que se considera como una “presencia integral”, pero cuyos contenidos siguen limitados frente a un enfoque riguroso de ordenamiento territorial para construir alternativas sostenibles al complejo entramado de la economía ilegal de la coca.

caracterizó la estratega del gobierno de Álvaro Uribe: uso de la fuerza como punta de lanza en el ingreso a los territorios, y la “llegada” de una parte del aparato estatal sin que con ello se allane el camino hacia la vigencia sostenible del Estado social de derecho.

Los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública crean estados de excepción locales en los que se afectan gravemente los derechos humanos de los pobladores, sus bienes, sus hijos reclutados para la guerra, a la vez que se violenta el tejido social mediante el asesinato de líderes.

La construcción de democracia se estanca, pues la esfera de lo civil se aniquila al convertir a las comunidades, bajo presión violenta, en agentes de información y de prestación de servicios para los actores armados.

Por su parte, a los problemas estructurales que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (pnis) arrastra desde su creación se suma su desfinanciación. El cálculo del costo de la política agenciada sumó 4,8 billones de pesos, pero las asignaciones anuales muestran un movimiento descendente que lo ha puesto en coma inducido: mientras en 2017 se asignaron 510.000 millones de pesos, para 2020 contó con apenas 191.000 millones de pesos, lo cual afecta el cumplimiento de los pactos individuales, en especial la asistencia técnica integral, pues las familias reciben solo un 17 % de lo presupuestado en ese rubro.

El desafío del narcotráfico crece Mientras los gobernantes repiten sus viejas fórmulas esperando resultados distintos, la economía transnacional de la cocaína se afianza en el contexto internacional constituyéndose en un incentivador de demanda de materia prima y de la sustancia procesada. Según el Informe europeo sobre drogas 2020: cuestiones clave, del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, el número de eventos y la cantidad de cocaína incautada son actualmente los más altos jamás registrados, con más de 181 toneladas de droga aprehendida en 2018.

En Estados Unidos, un estudio financiero de la economía ilegal de las drogas realizado por la Global Financial Integrity muestra que el lavado de activos en Colombia como producto del movimiento hacia México y ee. uu. alcanza el 5,4 % del pib de 2017, lo que significa en términos absolutos un monto cercano a los 17.000 millones de

dólares. Esta referencia también cita resultados en estudios similares del Banco Mundial, que sitúa el lavado en el orden del 4,7 % del pib.

El tamaño de la influencia de los dineros del narcotráfico se agiganta cuando la referencia son los municipios y departamentos implicados, afectando la configuración del poder político, la competencia electoral, el uso privado de la fuerza, la concentración de la tierra, la informalidad y la corrupción, con lo cual se crea una estructura que rebasa el pobre diagnóstico del alto Gobierno que reduce el problema a los cultivos de uso ilícito.

Perspectivas Algunas recomendaciones de un grupo de parlamentarios que busca mejorar aspectos cruciales del Acuerdo en materia de drogas, valdría la pena asumirlas como punto de partida para un proceso incluyente y menos ortodoxo frente a la estrategia de reducción de la oferta.

Un buen punto de partida para hacer sostenibles los procesos de cambio es incluir nuevos indicadores, pensados más sobre la creación de condiciones estructurales de la calidad de vida de los productores y cosecheros, y basados en ejercicios de concertación y transformación integral de los territorios.

A ello se debe agregar la protección del medioambiente (además del pago por servicios ambientales), el reconocimiento de derechos y los procesos de autonomía de los territorios colectivos y de comunidades indígenas; también la evaluación del pnis con participación de las comunidades en sus diferentes expresiones, junto con autoridades locales ante el Gobierno nacional y sus responsabilidades presupuestales e institucionales; los énfasis del enfoque de cumplimiento de la ley en la parte asociada con el crimen organizado a través de diagnósticos y diseño de políticas públicas que den cuenta de la complejidad del fenómeno de las drogas y sus impactos en los territorios. Todo esto en el marco de la defensa de las organizaciones sociales y sus derechos en el contexto de la construcción de una esfera civil que soporte la democratización del Estado.

palabras clave: cultivos ilícitos, cocaína, crimen organizados. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Un enfoque con problemas estructurales Las salidas a ese complejo nudo socioeconómico, político y cultural de los territorios no se ven claras, y la incertidumbre domina la escena. A ello se suma la re-significación de los cultivos de uso ilícito que introduce el Gobierno por considerarlos como un problema de seguridad, con lo cual se desvirtúa el concepto que logró incorporar el Acuerdo, de asociarlos como una consecuencia de un problema de exclusión y marginalidad relacionado con el conflicto agrario.

Con la administración Duque asistimos a un giro en los énfasis de lo que se entiende por “presencia de Estado”, en el cual se reproduce el modelo de consolidación que

Foto: El Tiempo.

La cadena ilegal se sigue observando a partir de la reducción de los cultivos de uso ilícito, y no de la estructura del narcotráfico, que mueve grandes capitales.

Periódico ­– N.º 227 – Universidad Nacional de Colombia

Especial Posacuerdo

octubre 2020 | 8

Política y justicia con balas Camilo González Posso, presidente, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)

El asesinato de líderes sociales, el homicidio de excombatientes de las farc y el creciente número de masacres –67 en 2020– obedecen a una acción sistemática cuyo sentido es disputarles a las comunidades y a las organizaciones el control territorial, no solo para el tráfico de drogas sino también para las dinámicas de acumulación de rentas por parte de poderes locales que se acostumbraron a hacer negocios, política y justicia con armas.

Entre todos los países del mundo, Colombia ocupa el primer lugar en homicidio de líderes sociales y defensores de derechos humanos y el segundo en masacres, después de México que lleva 439 en 2020. En este año, en medio de la pandemia se han reavivado muchas formas de violencia que han desbordado la capacidad de respuesta del Estado.

Entre enero y octubre se han presentado 221 asesinatos de líderes sociales, 67 masacres con 260 víctimas, entre ellas 6 de esos líderes, el homicidio de 52 excombatientes en proceso de reincorporación –para completar 235 desde la firma del Acuerdo– y más de 30.000 personas desplazadas por la fuerza.

El ministro de Defensa y Seguridad Nacional, Carlos Holmes Trujillo, resumió el diagnóstico y remedio que ha encontrado el Gobierno ante la ola de violencias, al señalar que el origen de estos males está en el legado del Acuerdo Final de Paz que permitió el crecimiento exponencial de los cultivos de coca y el tráfico de cocaína. Con ello, según el ministro, se permitió tanto el crecimiento de grupos armados relacionados con el narcotráfico como la multiplicación de nuevos grupos posacuerdo de paz con las farc.

La respuesta de la administración de Iván Duque es elevar a primer rango la guerra al narcotráfico destinando los mayores recursos humanos de la Fuerza Pública y de las agencias del Estado a la erradicación forzada y al combate a los grupos armados organizados y delincuenciales sustentados por las rentas del narcotráfico.

Incluso la protesta con explosiones sociales, como la ocurrida en Bogotá el 9 de septiembre, es interpretada por el Gobierno como un incremento del crimen organizado basado en el narcotráfico y el terrorismo. La receta se resume en control militar de territorios y militarización de la seguridad ciudadana, que en medio de la pandemia se inscribe en la imposición de un estado de excepción con un régimen de guerra.

Esa relación que hace el Gobierno entre las supuestas concesiones al narcotráfico en aras de las negociaciones con las farc en La Habana y la persistencia de asesinatos y masacres dos años después de gobierno del Centro Democrático encabezado por Iván Duque, y el expresidente Álvaro Uribe como jefe de la coalición de gobierno, es un sofisma de distracción muy efectivo para la propaganda de corto plazo. Sin embargo, se soporta en una mala lectura de los hechos y dinámicas de las violencias a las cuales pretende responder.

Hay que anotar que la expansión de cultivos de coca y el aumento de la producción de cocaína entre 2014 y 2020 tiene muchas causas asociadas que dependen de la debilidad de políticas de los gobiernos, de los ciclos de la demanda desde Estados Unidos y Europa, de los precios del oro y del dólar, y sobre todo de las fallas del Estado colombiano en políticas integrales de incorporación de

poblaciones y territorios a las economías legales y al pleno funcionamiento del Estado social de derecho.

los documentos de Seguridad y Defensa como en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020.

Acciones erráticas

Líderes sociales y sociedad atrapados en varias pandemias

Al actual gobierno le cabe la responsabilidad de haber perdido dos años de respuesta efectiva a las urgencias de las regiones con historias de conflictos estructurales por impacto de modelos violentos y armados de acumulación de riqueza y de poderes.

Mientras repite que “heredó el problema”, la administración Duque hace todo para agravarlo poniéndole freno a la reforma rural, la ampliación democrática y la restitución de tierras; le agrega gasolina al rescoldo desprestigiando a la justicia transicional y la reincorporación de excombatientes con el estigma de que es impunidad y entrega de espacios políticos a criminales.

No es extraño que congele los programas de sustitución concertada de cultivos de coca y le dé preminencia a la erradicación forzada que se sabe es costosa y poco efectiva. Al fin de cuentas el objetivo no es que las poblaciones y los pequeños productores se transformen en los usufructuarios legales de esas tierras: vaciar territorios y redefinir la propiedad colectiva y campesina es el sentido real de la estrategia.

Los asesinatos sociopolíticos y las masacres encuentran condiciones propicias por la polarización y el intento del partido de gobierno de desmontar piezas fundamentales del Acuerdo y reinstalar una estrategia de guerra en el país y en territorios en los cuales la población está cada vez más organizada, exigiendo respuestas y ejerciendo control territorial frente a las aspiraciones de grupos armados y sus aliados desarmados que se acostumbraron a hacer riqueza en contexto de guerra.

Al sustituir la política constitucional de paz –que incluye la implementación integral del Acuerdo Final por la llamada “Paz con Legalidad”–, el Gobierno acoge solo pedazos que incorpora en la implementación del programa del partido de gobierno, que es de seguridad para copar territorios a costa de las comunidades. A las violencias estructurales que siguen esperando soluciones, a la recomposición de grupos armados para disputar rentas y territorios, este responde con otras violencias, pues el objetivo de la consolidación y la sostenibilidad es transformar esas regiones de viejos conflictos en zonas estratégicas de grandes inversiones, de alta productividad y de capacidad exportadora. Así está escrito tanto en

Los asesinatos y masacres forman parte de ese panorama de nuevas violencias que azotan directamente a la tercera parte de los municipios de Colombia. No se trata solo de una disputa por el control de territorios en zonas apartadas o en las áreas impactadas por 200.000 hectáreas de coca.

Los líderes sociales y la sociedad entera están atrapados en medio de varias pandemias. Las comunidades y colectividades de la sociedad civil se han empoderado desde la firma de los pactos de paz y en medio de la pandemia para ejercer control de sus territorios y rechazar las dictaduras locales de los armados.

Las estructuras macrocriminales mafiosas, narcotraficantes y paramilitares están en desequilibrio en disputas entre sí, con fraccionamientos y reacomodos en sus alianzas internas e internacionales; la discordia por rentas y control los lleva a enfrentar los poderes de hecho de los sectores más organizados, étnicos, campesinos, comunales, juveniles, de mujeres y de expresiones políticas. Grupos de interés que mantienen poder en los territorios –construido en medio de la guerra– siguen interesados en hacer alianzas con armados y corruptos para formalizar tierras despojadas y valorizar títulos mineros acumulados.

Por encima de este escenario de violencias se sitúan poderes económicos e instituciones cooptadas que siguen interesadas en recomponer los territorios colectivos, las zonas de reserva forestal, para imponer lo que consideran el verdadero desarrollo basado en megaproyectos minero-energéticos, agroindustriales y forestales.

Esta visión panorámica contradice la idea de que los asesinatos y masacres son el simple resultado de la acción de grupos armados organizados y de intereses del narcotráfico. Además de la violencia armada de estos grupos, lo que explica la persistencia de crímenes de lesa humanidad es la presencia de fuerzas que ven en la paz, en la implementación de los acuerdos y en el fortalecimiento de la democracia un peligro para su modelo de poder y de acumulación de riqueza. Mientras unos cumplen el papel de perpetradores directos de las agresiones, otros el de cómplices beneficiosos de la persistencia de las violencias.

palabras clave: asesinato de líderes sociales, democracia, control territorial. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Foto: Nicolás Pérez Forero, geógrafo y estudiante de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, unal.

El control ejercido por los grupos armados ilegales -tradicionales y emergentes- también afecta la movilidad de la población civil en regiones como La Macarena donde se han reportado amenazas y asesinatos de líderes sociales.

Periódico – N.º 227 – Universidad Nacional de Colombia

octubre 2020 | 9

“Extrañamos la grandeza de un liderazgo que convoque el país hacia la paz”

Especial Posacuerdo

María Luzdary Ayala V., Unimedios Bogotá

El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, S. J., se prepara para dejarle al país el mayor acervo de testimonios de colombianos que han estado en el escenario de la guerra, como un legado para construir un país que sí es posible.

Cuando al padre De Roux se le pregunta sobre los testimonios que ha ido recopilando en todos los lugares donde la violencia parece perpetuarse, se le agolpan las palabras en un interminable mar de recuerdos de relatos dolorosos, de mujeres que buscan a sus hijos y a sus compañeros, de excombatientes arrepentidos, de militares, de familias campesinas despojadas de sus tierras, de comunidades indígenas y afro víctimas del racismo… de una locura de país que tiene que cambiar.

Hoy la Comisión de la Verdad, creada en 2018 por un periodo de tres años, ha recopilado más de 15.000 testimonios individuales y colectivos, además de acopiar trabajos de otros organismos, como el Centro de Memoria Histórica y las universidades, para entregar la más amplia documentación de lo que ha significado la tragedia del conflicto armado en Colombia.

El padre De Roux, quien se muestra impresionado por la inmensa capacidad de resiliencia del pueblo colombiano, de no dejarse vencer, habló con un Periódico de la gestión de la Comisión de la Verdad y de lo que falta por hacer.

UN Periódico (unp): ¿cómo va la enorme tarea encomendada a esta Comisión, cuando apenas falta un año para la entrega del informe final?

Francisco de Roux (FdR): el avance ha sido muy sólido, hemos logrado una recuperación de fondo sobre la realidad de la tragedia del conflicto armado, esperamos tener un análisis profundo el año entrante. Tenemos 27 casas regionales, hemos tratado de escuchar a todas las víctimas, en particular mujeres, indígenas y pueblos étnicos, nuestro inmenso mundo campesino, académicos, empresarios, militares, miembros de las farc y excombatientes paramilitares. Con ellos hemos realizado encuentros personales y colectivos. Tenemos un acervo de comprensiones del dolor del país, de todos los lados. unp: ¿el tiempo que le queda a la Comisión será suficiente para concluir su misión?

FdR: somos conscientes de que mucha de la información que esperábamos apropiar con entrevistas en territorio y en reuniones con diversas comunidades no se pudo terminar de recoger porque se nos atravesó la pandemia.

Esto nos ha significado ocho meses de retraso. Y aunque hemos avanzado de manera virtual no es lo mismo, sobre todo cuando se trata de escuchar testimonios de personas que difícilmente se atreven a decir esas verdades incluso en escenarios discretos. unp: ¿hasta dónde se ha logrado recopilar esa verdad que nos podría ayudar a superar el conflicto?

FdR: estamos volcados hacia las grandes preguntas que nos permiten entender la realidad: ¿por qué este conflicto se resiste en el país e incluso está al borde de recrudecer esos patrones de violencia política, de secuestros, de ataques a pueblos, de minas antipersona, de falsos positivos, de desplazamientos masivos, de abusos contra las comunidades afro, del robo de tierras a los campesinos?

Son patrones que perpetúan la desigualdad y la inequidad. unp: ¿cuáles hechos han identificado como grandes generadores del conflicto?

FdR: trabajamos en grandes líneas: la eliminación mortal del opositor político, las formas de seguridad contra el enemigo interno, el proceso violento de “descampenización” del país, la violencia contra la mujer, la negación del futuro para los niños, la imparable diáspora

Foto: Comisión de la Verdad.

“Nos impresiona muchísimo la inmensa capacidad de resiliencia del pueblo colombiano, de no dejarse vencer, de tratar de salir adelante”, afirma Francisco de Roux.

colombiana para proteger la vida, el narcotráfico como continuador del conflicto, y las dinámicas económicas que producen rupturas en las comunidades y destruyen el medioambiente. unp: ¿la Comisión ha estado a la altura de las expectativas creadas en torno a ella?

FdR: es el resultado de muchas luchas de la sociedad civil por construir un país sobre la verdad de lo que pasó sin ambages, de contar las cosas como nos pasaron para reaccionar a lo intolerable y construir un país que sí es posible. En esta tarea son muy importantes nuestros grandes aliados como universidades, organizaciones sociales, periodistas, educadores, grupos religiosos, empresarios, artistas; queremos depositar en ellos este legado. En los meses que nos faltan vamos a invitarlos a ayudarnos a construir esta alternativa. unp: ¿qué le dejará al país la Comisión?

FdR: queremos dejarle al país, no un museo físico, sino una gran plataforma de conocimiento donde cualquier persona pueda entrar y hallar testimonios hablados, archivos que trajimos de otras partes, películas, videos, testimonios colectivos para seguir construyendo hacia adelante. No habrá una verdad final ni una verdad de Estado, eso sería torpe, sino una comprensión de lo que nos ha pasado y una invitación a seguir avanzando. unp: ¿qué hacer con esta verdad?

FdR: parte de lo que debemos hacer es establecer caminos de no repetición, pero anhelamos algo más grande: no se trata de no repetir la locura que ya hicimos, sino de construir una cosa nueva. Queremos dejar este legado, muy contundente y muy evaluado por las instituciones. unp: ¿se ha logrado la verdad real o cree que algunas de estas han sido amañadas?

FdR: hemos tenido las dos experiencias, de personas y organizaciones, de sindicatos y, paradójicamente, de paramilitares y de Fuerzas Armadas que nos han entregado verdades tan dramáticas que jamás hubiéramos esperado; de víctimas que han dicho lo indecible, hemos encontrado el perdón de lo imperdonable. Pero también hemos encontrado el negacionismo, la resistencia a decir la verdad, el “tapen tapen”, el “yo no hablo de eso”, por miedo, porque no les creo o me da vergüenza; hablar

sería revictimizarme, me pueden matar si hablo, pueden destruir la imagen de mi empresa o la legitimidad de instituciones del Estado. unp: entre los diferentes mecanismos que contempla el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, ¿cuál ha avanzado más frente a su misión durante el posconflicto?

FdR: hacemos un trabajo integral muy articulado y avanzamos en forma simultánea, porque el avance de uno es el de todos; en este momento de presiones políticas vamos muy juntos, para protegernos como sistema. unp: ¿cómo ve la Comisión de la Verdad el papel del actual Gobierno para apoyar este mecanismo en el posacuerdo?

FdR: nuestro presupuesto para el año entrante no se ha reducido, por lo menos en cuanto a recursos asignados por Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creo que han entendido que esos recursos son necesarios. Pero también hemos echado de menos –como sistema– un planteamiento importante del Gobierno de lanzarnos hacia la paz, de incorporar el Acuerdo Final, el cual es muy muy sólido, en vez de ponerle trabas; por ejemplo, el Punto 1 referente a la Reforma Rural Integral.

Apreciamos el trabajo serio que ha hecho Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, pero echamos de menos la grandeza de un liderazgo que entusiasme y convoque a este país hacia la paz. unp: ¿qué es lo que no podemos dejar de decir desde la Comisión de la Verdad?

FdR: no podemos dejar de evidenciar toda las veces que el ser humano ha sido destruido hasta niveles de violencia inauditos, por una violencia política, unas luchas por el poder que nos desbaratan a todos, que no solo destruyen la dignidad de las víctimas, de los perpetradores inmediatos, sino de toda Colombia, una profunda crisis ética; es la dignidad de todos y a todos los niveles la que está cuestionada, la posibilidad de tener algún valor como pueblo.

palabras clave: Comisión de la Verdad, posacuerdo, paz, víctimas, Francisco de Roux.

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Periódico ­– N.º 227 – Universidad Nacional de Colombia

Especial Posacuerdo

octubre 2020 | 10

“En tres años los avances de la jep muestran que la verdad es posible” Diana Manrique Horta, editora, un Periódico

Así lo afirma Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (jep), quien en entrevista con un Periódico hace un llamado para que se observe con objetividad el avance del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (sivjrnr), un modelo que a pesar del ambiente hostil proveniente de ciertos sectores políticos y sociales, empieza a mostrar resultados.

Foto: Nathalia Angarita/Unimedios.

La jurista, quien termina en noviembre sus tres años como presidenta de la jep, reitera que antes de finalizar el año habrá “escritos de determinación de hechos y conductas” –equivalentes a los “escritos de acusaciones” que preceden a las audiencias de reconocimiento de responsabilidad– y las respectivas resoluciones de conclusiones para los macrocasos 01 “Retención ilegal de personas por parte de las farc-ep” y 03 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

“Los resultados arribarán con la garantía para las víctimas y la sociedad de que nuestras acciones se están haciendo con el debido rigor”, afirma la abogada, magíster en Administración Pública y con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Filosofía, mientras recuerda que la función de este ente no se agota en el castigo. Se trabaja a partir de criterios de selección y priorización, con una vocación hacia los máximos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos durante 50 años de conflicto armado interno en Colombia, cuyos expedientes han reposado durante décadas en la justicia ordinaria, sin ser resueltos de manera definitiva.

Con respecto al papel que ha jugado la Universidad Nacional de Colombia, afirma que uno de los momentos más gratos de su periodo como presidenta fue la visita de la rectora Dolly Montoya Castaño para decirles: “la Universidad se abre al proceso de paz y quiere colaborar con la tarea del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. En ese sentido, desde hace año y medio trabajan, entre otros aspectos, en el fortalecimiento del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (saad) para los comparecientes, en pedagogía, asesorías y apoyo psicosocial y jurídico. un Periódico (unp): ¿cuál es la legitimidad de la jep en el contexto histórico y actual del país?

Patricia Linares (pl): administramos justicia, somos jueces de la República reconocidos como tales en la Carta Política, y nos debemos única y exclusivamente a sus mandatos; la legitimidad la estamos construyendo y la ganaremos en la medida en que podamos ofrecerles a las víctimas, a la sociedad y a la comunidad internacional esa verdad plena, sustento ineludible para la reparación de las víctimas y para alcanzar la paz en Colombia. unp: ¿cómo afectan el papel de la jep los obstáculos al Acuerdo de algunos sectores políticos? pl: el Acuerdo establece que los tres gobiernos siguientes a su firma deben cumplir con sus mandatos. Esa obligación constitucional está en cabeza de todos los poderes del Estado, de todo los servidores públicos que deben orientar sus esfuerzos y políticas a dar cumplimiento a este imperativo jurídico y –yo

“Se suele decir que lo único que une a los colombianos es el fútbol, pero alcanzar la paz podría convertirse en un elemento cohesionador muy fuerte”, afirma Patricia Linares, presidenta de la jep.

diría– ético; no hacerlo es perder una oportunidad histórica para avanzar hacia una paz que reclaman las víctimas y la sociedad colombiana. Dentro de la jep tenemos una tarea que supone avanzar hacia la verdad, supuesto necesario para la reparación integral de las víctimas, moral, simbólica, y obviamente económica, aclarando que la administración de esta última está en cabeza del Gobierno. unp: una de las críticas constantes realizadas a la jep es la falta de resultados… pl: esa es una percepción que se construye aplicando la lógica y los fundamentos que caracterizan a la justicia ordinaria, la jep administra justicia restaurativa, es un paradigma que tiene otra lógica y otros fundamentos, un modelo inédito que no trabaja caso a caso; diseñamos macrocasos que cuando se cierren darán cuenta de sanciones impuestas a cientos de comparecientes y de la reparación de miles de víctimas. Sin embargo recibimos con respeto la controversia liderada por algunos sectores políticos que han convertido los resultados en una herramienta de debate permanente en ese ámbito en el cual nosotros no incursionamos. El posacuerdo todavía se encuentra en una etapa inicial, frágil, por lo que se necesita es una clase política que excluya el proceso de paz de sus debates. unp: ¿qué sanciones ha impartido la jep hasta hoy? pl: las sanciones que impone la jep a través de su tribunal se darán en los macrocasos abiertos cuando se concluyan las etapas que actualmente se están desarrollando. unp: ¿cómo val e caso de reclutamiento forzados de menores en el cual están comprometidas las farc? pl: en marzo de 2019, a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, se abrió el macrocaso 07 “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”, que actualmente se encuentra en fase de versiones, es decir que los implicados están aportando información sobre la existencia, el origen y la evolución de la política que orientó o permitió la vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado por parte de la organización que dirigían, y las violaciones a los derechos que fueron consecuencia de dicha política.

Si se mira con objetividad qué pasó con esos casos en la justicia ordinaria, se tiene que en los últimos 15 años –según información suministrada por la Fiscalía General de la Nación– se recibieron alrededor de 5.000 denuncias sobre este tipo de casos, que comprometían a unas 5.000 personas. En ese tiempo se han producido cerca de diez sentencias, siete de las cuales fueron anticipadas, es decir que

la persona confesó. Por su parte la jep en diez meses abrió el caso, vinculó a 38 comparecientes de las farc, máximos responsables, y tiene acreditadas 108 víctimas de reclutamiento y violencia sexual, a pesar de las dificultades que implica para ellas acudir por ese tipo de delitos, debido a la estigmatización a la que son sometidas. unp: como sociedad cuesta entender que hay otras formas de hacer justicia… pl: como sociedad no hemos logrado asumir que existen otras formas de garantizar que no haya impunidad; por ejemplo, para nosotros es muy importante el referente que significa la justicia restaurativa que administran los pueblos indígenas.

Obviamente necesitábamos encontrar un camino diferente para saber la verdad, garantizarles a las víctimas y a la comunidad internacional que habrá justicia; ese camino se encontró en la justicia transicional, que brinda herramientas diferentes a la justicia retributiva, como por ejemplo un tipo de sanciones –denominadas propias– que no implican cárcel como estamos acostumbrados a conocer; esas sanciones obligarán a los comparecientes a resarcir el daño producido por su acción de guerra y allanarán el camino a la reconciliación. unp: desde diferentes sectores se exigen sanciones ejemplarizantes para los excombatientes de las farc, pero no se realizan las mismas exigencias para los financiadores o colaboradores de grupos armados, ¿cuántas de estas personas se han presentado a la jep y cómo comprobar que dicen la verdad? pl: en tres años los avances de la jep muestran que la verdad es posible. En este tiempo, 12.612 personas se han sometido a la jep, 9.763 de ellas excombatientes de las farc y 2.728 agentes del Estado –miembros de la Fuerza Pública–, quienes, cumpliendo con sus funciones constitucionales cruzaron una línea roja y se ubicaron en el campo delictivo. Los terceros civiles –es decir los financiadores, promotores o auspiciadores de grupos armados– deben acudir voluntariamente a la Jurisdicción; a la fecha superamos los 200 casos. Su sometimiento a la jep implica para ellos la obligación ineludible de aportar plena verdad detallada y verificable; estamos hablando de macrocasos, de la satisfacción de los derechos de 10 millones de víctimas; el camino es de pleno rigor.

palabras clave: Jurisdicción Especial para la Paz, farc, secuestro, desaparición forzada. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Periódico – N.º 227 – Universidad Nacional de Colombia

octubre 2020 | 11

¿Apertura democrática o consolidación autoritaria?

Jairo Estrada Álvarez, profesor, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de Colombia

Después de cuatro años de la firma del Acuerdo Final de Paz los propósitos de habilitar condiciones para la apertura democrática y la ampliación de la participación política, en particular de los sectores excluidos históricamente, no se han materializado y tampoco se encuentran en un estado del cual pudiera predicarse que están en proceso de hacerlo.

Con reconocidas limitaciones, el Acuerdo contiene numerosas disposiciones con las que se buscan derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política y social (Punto 2.1), el desarrollo de mecanismos democráticos para la participación ciudadana, incluidos los relativos a la participación directa en diferentes niveles y temas (Punto 2.2), y la puesta en marcha de medidas efectivas para promover una plena participación política en la política nacional, regional y local (Punto 2.3).

Con la excepción de la expedición del Estatuto de Oposición, las más importantes de tales disposiciones han quedado en diseños preliminares no desarrollados ni incorporados al ordenamiento jurídico, o simplemente fueron desconocidas. Se bloqueó la reforma política y electoral; se maniobró en el Congreso de la República para impedir la creación de las 16 circunscripciones especiales transitorias de paz (hoy a la espera de fallo del Consejo de Estado); no se han definido las garantías para los movimientos y organizaciones sociales (incluidas las garantías a la protestas social); los propósitos de fortalecimiento del control y la veeduría ciudadana y de la planeación democrática y participativa se encuentran en el tintero; aspectos para la promoción de la participación política que no requerían de un marco normativo nuevo, han tenido apenas ejecutorias magras.

En otros casos, como en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), a pesar de la expedición del Decreto-ley 895 de 2017 que lo regula, la acción estatal no ha sido efectiva, y, por el contrario, en el actual gobierno el Sisep ha sido sustituido por su propia estrategia, a todas luces ineficaz en el propósito de brindar garantías de seguridad a quienes protestan y hacen oposición.

En suma, los contenidos nodales del Punto 2 del Acuerdo se encuentran bajo la amenaza de formar parte de la larga lista de aspiraciones de reforma no realizadas históricamente, que además de explicar la particular forma “democrática” de la organización y la reproducción del poder existente, han constituido uno de los factores de origen y de las causas de persistencia de la confrontación armada y de la violencia política, como fue reconocido por las partes en las negociaciones de La Habana.

Punto 2 bajo amenaza Los cuatro años de implementación han puesto nuevamente en evidencia –como ha ocurrido en el pasado– la presencia de resistencias sistémicas, contrarias a la reforma, representadas en quienes han detentado el poder desde el inicio de la vida republicana. La perspectiva de la democratización y la modernización del ejercicio del poder es concebida como una amenaza que debe ser conjurada.

A esa “condición sistémica”, en nuestro presente hay varios factores que han venido convergiendo

para explicar la amenaza que se cierne sobre el Punto 2 del Acuerdo. Unos, explicados por la tendencia de la implementación; otros, derivados de la contingencia y de la situación política; en todo caso, entrecruzados e interrelacionados.

En cuanto a los relacionados con la tendencia de la implementación, se deben señalar, por una parte, los incumplimientos de las disposiciones establecidas en La Habana, iniciados en la “fase temprana de la implementación” durante el gobierno de Juan Manuel Santos; por la otra, por efecto de la caracterización del gobierno de Iván Duque sobre lo acordado, como una concesión innecesaria otorgada a la extinta guerrilla, de la cual se abriría una caja de Pandora que podría fisurar y desestabilizar el régimen de dominación de clase existente. Como respuesta a ello, la actual administración ha optado por una estrategia que conjuga la convivencia obligada con el Acuerdo, con la simulación del cumplimiento, su obstaculización y la persistencia (fallida) en propósitos de reversión de lo pactado.

Con respecto a los derivados de la contingencia y de la situación política, se trata, por un lado, de la excepcionalidad impuesta por el covid-19 que ha fortalecido los rasgos autoritarios del régimen político y las tentaciones a la organización dictatorial y represiva del ejercicio del poder; y por el otro, de la agudización de la violencia política con masacres en aumento, desapariciones y desplazamiento forzado, y el exterminio en curso de líderes sociales y de exintegrantes de la extinta guerrilla de las farc. A lo anterior se agrega la extensión de la violencia a los centros urbanos.

Frente a esos factores convergentes –contrarios a los propósitos de democratización política del Acuerdo– se advierte al mismo tiempo la existencia de importantes resistencias, coordinaciones y articulaciones de procesos organizativos políticos y sociales (partidos, movimientos, organizaciones de diversa índole, entre otros) y de expresiones espontáneas, todas ellas de nuevo en ascenso, que muestran que la disputa por la apertura democrática y la participación política no está cerrada y es intensa.

Urge democracia La superación de la “hibernación” de las luchas impuesta por la pandemia hará más notorias estas numerosas expresiones, con protaganismos destacados de los jóvenes y de las mujeres. Las voces plebeyas tanto de la Colombia profunda en los territorios como campesinas, de nuestros pueblos ancestrales y de las comunidades negras también se vienen haciendo sentir, cada vez con más fuerza.

Cuatro años de implementación demuestran que el establecimiento no se reforma por sí mismo, y que el potencial de democratización política del Acuerdo se podrá desatar e implementar en la medida en que “los de abajo” lo asuman como parte de sus aspiraciones más generales.

Por lo pronto, en el horizonte más cercano, en todos los casos reaparece –por una parte– la contradicción entre la necesidad de

Especial Posacuerdo

regular democráticamente el conflicto social y de clase (en absoluto superado por la firma del Acuerdo Final de Paz), y por la otra, la persistencia de políticas y estrategias de militarización y el tratamiento militar y de orden público que se le da a este, o, para decirlo en otros términos, entre la necesidad de habilitar las condiciones derivadas de la implementación integral del Acuerdo –en especial las referidas a la participación política y la apertura democrática– y la persistencia en políticas para la fundamentación del poder existente con base en el combate a la subversión y a enemigo interno.

Esta irresuelta contradicción explica en buena medida el momento que atraviesa el país, la disyuntiva entre profundización democrática y autoritarismo.

Según como ella se logre resolver se podrá afirmar, o bien que se avanza por la senda de la construcción de la paz democrática con justicia social, o bien que se sigue en la trampa impuesta por la confrontación y los poderosos intereses que se lucran con ella, política y económicamente.

palabras clave: participación política, democracia, construcción de paz. Consúltelas en www. unperiodico.unal.edu.co

Territorio, medioambiente y ruralidad • Seguridad y soberanía alimentaria. Después de perder tierras, cultivos y viviendas por el conflicto, la comunidad de El Castillo (Meta) está convencida de que la vocación del territorio debe ser nuevamente agrícola y ganadera, y no extractivista. En ese empeño les ayuda el Grupo de Investigación en Economía, Territorios, Organización y Sociedad ( ) del Departamento de Sociología de la Sede Bogotá, que promueve la creación de un banco de semillas tradicionales, el uso de plantas medicinales y las técnicas de agricultura orgánica.

En la la paz es el centro de la innovación rural DIANA MANRIQUE HORTA, editora, UN Periódico

Ciencia, tecnología e innovación • Nuevos alimentos para peces. En Icononzo (Tolima) excombatientes e investigadores del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia implementaron una planta piloto de producción de harina de mosca soldado negra, fuente de proteína y nutrientes para peces.

• Sacándole el jugo a las frutas. Mediante buenas prácticas de manufactura enseñadas por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos ( ), reincorporados de San José del Guaviare y Colinas aprovechan el potencial nutricional de las frutas típicas de la región –como azaí, seje y copoazú– para transformarlas en pulpas, néctares, mermeladas o encurtidos; y del bagre amarillo para elaborar hamburguesas y chorizos.

• Niñas de grados 10 y 11 víctimas del conflicto armado, y mujeres reincorporadas de las , reciben talleres de astronomía, biología, química, física y matemáticas con los que se quiere incentivar su interés por la ciencia. El proyecto, liderado por la profesora Yuly Edith Sánchez, del Departamento de Física de la Sede Bogotá, se ha realizado en Tumaco, San José del Guaviare y Sumapaz.

Salud, buen vivir y calidad de vida • Agua potable. Sistemas de filtración elaborados con tuberías de , mangueras y acoples, entre otros materiales populares y construidos en comunidad por la población de Cucaita (Boyacá), permiten obtener agua potable y mejorar el acceso a este servicio básico. Esta zona del país afronta las consecuencias de la ganadería extensiva y de la explotación de carbón, lo cual ha afectado sus acuíferos. La iniciativa surgió de un equipo interdisciplinar de egresados de la Facultad de Ciencias –antes Grupo Estudiantil ConCiencia Rural– de la Sede Bogotá.

• Salud para las comunidades. La Red de Universidades y Organizaciones Sociales para la Paz (Red SaludPaz) –coordinada desde el Doctorado Interfacultades en Salud Pública– ha adelantado entre otras acciones: la caracterización de la calidad de vida y salud de la población de las zonas transitorias veredales de normalización y comunidades aledañas; la puesta en marcha del Plan Comunitario de Salud Rural: Salud sin Fronteras en La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá); la creación del Centro de Pensamiento Red SaludPaz , y la realización de la Semana Itinerante de la Salud Rural.

Ante la necesidad que tiene el país de consolidar una paz justa y duradera, la Universidad Nacional de Colombia ), a través de la Red de Ética, Arte, Cultura, Ciencia, ( Tecnología e Innovación Social para la Paz (Red Paz), apoya este llamado mediante acciones e iniciativas como los 85 proyectos que adelanta con comunidades de las 9 sedes donde hace presencia. Aquí les mostramos algunos.

Ciudadanía y democracia • Agroecología en red. La consolidación de su página web y de redes en Instagram y Facebook son algunos de los avances de 60 jóvenes campesinos que se han sumado a la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos (Redmac), que cuenta hoy entre sus logros el reconocimiento de sus fincas por sus procesos agroecológicos, el empoderamiento de la mujer campesina y la Escuela de Pensamiento Agroecológico ( ), en la que han trabajado junto con el Grupo de Investigación en Agroecología de la Sede Palmira.

• Escuelas de paz y el emprendimiento. En la Sede Manizales, excombatientes de las se capacitaron y certificaron –a través de seminarios-taller ofrecidos por la Unidad de Emprendimiento e Innovación– en áreas como derechos laborales y emprendimiento, lo que les ha permitido incursionar en la agroindustria: producción de panela en polvo, aceite de aguacate, y en el cultivo de cachama y mojarra.

Reconstrucción del tejido social • Experiencias de memoria. El Observatorio Nacional de Procesos de Memoria (onalme.co) es el resultado de un proyecto adelantado por la , junto con las universidades de Bolonia, de Ámsterdam y de Buenos Aires, en el que se relacionan distintos procesos de producción y circulación de memorias, con el propósito de identificar diferentes historias de violencia, opresión y resistencia de pueblos, comunidades y colectivos, asociadas con el conflicto armado colombiano.

Arte, educación y cultura para la paz • Cultura de paz. Por medio de la construcción colectiva de tres invernaderos, 10 actores de la Zona Veredal Transitoria de Normalización Carlos Patiño, del corregimiento La Elvira, municipio de Buenos Aires (Cauca), abordaron conceptos de nuevas ciudadanías y cultura de paz. El proceso se cumplió desde el módulo “Jugar, crear y recrear”, del programa educativo “Forjando Paz”, del Consejo Noruego para Refugiados, con el apoyo de la Sede Palmira.

• Diseño de modas. En el barrio Llano Verde de la Comuna 15 de Cali, víctimas del conflicto armado, personas desmovilizadas y familias reubicadas por riesgos ambientales, diseñaron dos colecciones (mujeres y niños), cada una con alrededor de 12 prendas de vestir entre pantalones, faldas, blusas, blusones, camisas y accesorios. El proyecto, en el que participa el Departamento de Diseño de la Sede Palmira, promueve la generación fuentes de ingresos sostenibles para la comunidad.

Implementación del Acuerdo Final de Paz • Academia, alidada en el camino hacia la paz. En alianza con más de 20 organismos nacionales e internacionales –entre ellos las Naciones Unidas–, el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz ha sido un actor confiable y garante, primero en el proceso de negociación entre el Gobierno y las , y posteriormente en la implementación del Acuerdo Final de Paz. Entre sus acciones más relevantes se encuentran: el proceso de selección y acompañamiento de las cinco delegaciones de víctimas que asistieron a La Habana, la organización de nueve foros de participación ciudadana y la realización del censo socioeconómico de los excombatientes.

Conozca todos los proyectos: redpaz.unal.edu.co

Periódico ­– N.º 227 – Universidad Nacional de Colombia

Especial Posacuerdo

octubre 2020 | 14

Reincorporados, población campesina que aún busca oportunidades Carlos Medina Gallego, profesor titular e integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz Universidad Nacional de Colombia

Aunque los proyectos productivos buscan que los excombatientes se inserten definitivamente en la economía legal, las políticas y los aportes realizados por el Estado son insuficientes para garantizar la estabilidad económica y social del proceso.

Han transcurrido cuatro años desde la firma del Acuerdo Final de Paz, y las dificultades que ha tenido la implementación de sus puntos centrales no son pocas, resultado no solo del cambio de un gobierno firmante a un gobierno que se opuso, sino como consecuencia de una ruta de implementación que se ve atravesada por la simulación y el incumplimiento.

En marzo, a puertas del inicio de la pandemia por covid-19, 13.330 personas se habían acreditado en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como excombatientes de la antigua guerrilla de las farc –firmantes del Acuerdo– en proceso de reincorporación y vinculados, a distinto nivel, a programas desarrollados conjuntamente por el Gobierno y la rebautizada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. De estas, 312 han perdido la vida en lo que va del año, 223 asesinadas y 89 por otras causas.

Tanto los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (etcr) como las Nuevas Áreas de Reincorporación (nar) son espacios inseguros para los excombatientes; hasta el momento se han reportado 679 casos de riesgos personales, 519 amenazas, 74 persecuciones, 61 atentados, 7 extorsiones y 114 hechos de desplazamiento forzado.

A las adversas condiciones de seguridad se suman otras circunstancias de vida y supervivencia que han obligado a los excombatientes, por un lado, a reacomodarse en los antiguos etcr, y por otro a crear las nar buscando protección y trabajo para sobrevivir con sus familias. Es importante destacar que la movilidad de los firmantes del Acuerdo no está restringida a los etcr.

Ante el escenario de finalización de la figura jurídica de los etcr, en agosto de 2019 la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación anunció la puesta en marcha de una estrategia de consolidación de los antiguos etcr. Para tal fin, aunque se creó una mesa intersectorial de reincorporación en la que participan delegados de 10 sectores con competencias en el proceso de reincorporación, aún existe una sombra de incertidumbre sobre la gestión institucional y social realizada hasta el momento.

Renta básica, proyectos productivos y acceso a la propiedad de la tierra El proceso de reincorporación evidenció que lo que se encontraba detrás de la estructura armada era una población de campesinos pobres buscando oportunidades de trabajo; acceso a la propiedad de la tierra; apoyo a proyectos productivos; educación y salud, entre otras necesidades.

Las políticas y los aportes realizados por el Estado, aunque son importantes, son insuficientes para garantizar la estabilidad económica y social del proceso.

Del total de la población de reincorporados, 10.278 (79 %) reciben desembolsos de asignación mensual y 613 desembolsos de renta básica mensual. Sin embargo, la preocupación mayor la constituye la posibilidad de desarrollar proyectos productivos

Foto: Henri Bugard, Misión de Verificación de la onu en Colombia.

Tres toneladas de tilapia roja producidas por excombatientes de las farc en Puerto Guzmán, Putumayo, fueron distribuidas en Nariño y en el mercado local en agosto pasado.

suficientemente sólidos para garantizar la calidad de vida de los excombatientes y sus familias.

A enero de 2020, de las 43 iniciativas que cuentan con desembolso, solo se estaban ejecutando 22 proyectos productivos colectivos con una cobertura de 2.158 personas (16,35 %) de la población en reincorporación. Aunque los proyectos aprobados son 53 –con una cobertura de 2.546 personas (19,28 %)–, estos presentan, entre otras dificultades, inseguridad jurídica en los predios (razón por la que el 22 % de los proyectos productivos colectivos hayan presentado retrasos en su desarrollo) y costos adicionales por adecuación de tierras, limitación que la padecen iniciativas de piscicultura en Anorí (Antioquia) y Quibdó (Chocó); de porcinos en Icononzo (Tolima) y de ganadería en Vegalarga (Huila).

Según datos de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (arn), solo a partir de 2019 se empezó a brindar asistencia técnica al 38 % de los proyectos productivos. Otro dato desalentador es que de las 3.125 iniciativas que tenían previsto aprobar, en marzo del año pasado solo 400 se encontraban en fase de formulación; además, dicha entidad ha privilegiado el desarrollo de los proyectos individuales sobre los colectivos, contraviniendo así el espíritu del Acuerdo, cuya idea central era mantener la comunidad unida.

A todo lo anterior se suma la falta de medidas para garantizar la producción y comercialización de aquellos proyectos que ya se estaban ejecutando y que se vieron afectados por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia.

Es urgente que el Gobierno avance en la expedición e implementación de la normatividad necesaria para habilitar rutas expeditas de acceso a tierras que partan del reconocimiento de la nueva geografía de la reincorporación.

Confinamiento y desprotección El confinamiento trajo nuevos problemas y agudizó los anteriores. Por ejemplo, surgieron dificultades

de atención en bioseguridad que dejaron por fuera de la atención de emergencia a cerca del 80 % de la población en reincorporación, puesto que la movilidad es limitada y el traslado a los etcr no era posible, tanto por las normas de movilidad y transporte de emergencia como por la posibilidad de aumentar el riesgo de contagio. La población ubicada en las nar se quedó por fuera.

Las medidas adoptadas para contener el avance de la pandemia han afectado el desarrollo de los proyectos productivos. Se sabe que en algunos casos hay dificultades para comercializar los productos, como sucede en la frontera con Ecuador, o para instalar internet en Ituango porque los técnicos no pueden llevar a cabo sus funciones, o que los proyectos turísticos se encuentran paralizados.

Pese a que con la Resolución 4309 del 24 de diciembre de 2019 el Gobierno nacional estableció la Ruta de Reincorporación Social y Económica que se fundamenta en el cumplimiento de unos criterios de salida con respecto a sus siete componentes: educación, sostenibilidad económica, vivienda, salud, familia, bienestar psicosocial y bienestar comunitario, lo cierto es que las comunidades siguen enfrentando importantes retos de habitabilidad, acceso a agua potable y seguridad alimentaria, pero sobre todo con respecto a los planes y programas que comprometen el futuro de los reincorporados y sus familias.

palabras clave: reincorporación, proyectos productivos, acceso a tierras. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Periódico – N.º 227 – Universidad Nacional de Colombia

octubre 2020 | 15

Economía ilegal atiza la inseguridad en los territorios Alejo Vargas Velásquez, director, Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz

Especial Posacuerdo

Universidad Nacional de Colombia

Actividades como el narcotráfico y la minería se constituyen en los principales financiadores de las estructuras delincuenciales –antiguas y emergentes– y además en un campo de conflicto por su control, problemáticas que se derivan de la persistente falta de presencia estatal en zonas apartadas y de la lenta respuesta en la implementación del Acuerdo Final de Paz.

La desmovilización de las farc conllevaba cambios en el escenario de amenazas y riesgos a la seguridad nacional y pública; el primero, sacar del conflicto armado a todos los miembros de una de las guerrillas más antiguas del mundo; también se esperaba una disminución del área de cultivos de coca y de las actividades delictivas colaterales, pero el resultado hasta el momento está siendo inverso, en particular durante las últimas semanas, en las que se han incrementado las masacres y los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las farc.

Una de las explicaciones a esta situación es que se desaprovechó un momento fundamental, que fue cuando distintos frentes de esa guerrilla abandonaron territorios donde desde tiempo atrás ejercían un poder regulador, pero ilegal. Aunque se esperaba una estrategia de copamiento de esas zonas, y que la presencia del Estado se fortaleciera allí, ni el actual ni el anterior Gobierno –que hizo bien la fase de negociación pero se descuidó completamente en la fase de posacuerdo– han desarrollado una política adecuada en ese sentido, a pesar de la puesta en marcha de la estrategia integral de Zonas Futuro que se desarrolla en cinco regiones del país: Pacífico nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca y sur de Córdoba, Arauca, y Chiribiquete con los Parques Nacionales Naturales aledaños, equivalentes al 2,4 % del territorio nacional.

Para el posacuerdo, la administración de Duque trabaja con base en dos políticas: “Paz con legalidad”, y “Defensa y seguridad”, que pretenden ser integrales, multidimensionales. Una de sus innovaciones es la importancia que se les dio como activos estratégicos de la nación al agua, la biodiversidad y el medioambiente. Según Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, “el Plan Nacional de Desarrollo establece que la principal amenaza a la seguridad son los espacios que carecen o tienen una precaria institucionalidad, definición que enmarca la política pública y evidencia que el objetivo es construir Estado social de derecho y legitimidad democrática en territorios donde históricamente el aparato estatal no ha cumplido adecuadamente su función”.

A lo anterior se añaden las demoras y problemáticas en la implementación del Acuerdo Final de Paz, la cual se ve acompañada por la incertidumbre política en cuanto a la voluntad por ejecutarlo. Este hecho retrasa de manera notable algunas posibilidades en la reducción de la conflictividad armada en el país, que se encuentra en aumento a pesar de los rescatables avances que se han hecho respecto a la reincorporación de los excombatientes, la participación política y los programas de sustitución de cultivos ilícitos.

En este aspecto, según los informes de Naciones Unidas, es necesario que exista voluntad política y que se logre acelerar el proceso.

vías de comunicación, inversión que genere empleo, etc.

Por el contrario, no existe la posibilidad del desarrollo de una economía que le dé oportunidades mejores a los pobladores de estas Zonas Futuro, por lo que las rentas ilegales de los cultivos de uso ilícito siguen siendo una de las principales opciones de supervivencia; igualmente, al haber un Estado ausente o indiferente, son los grupos ilegales los que regulan la vida social, resolviendo e imponiendo sus propias normas a los pobladores.

Sin embargo, los espacios dejados por las farc pasaron a ser ámbitos de competencia territorial por parte de diferentes grupos armados. El eln, los residuos del epl, el Clan del Golfo y los disidentes de las antiguas farc –guerrilleros que no se sometieron al proceso o lo abandonaron–, además de otros grupos de menor calado, se enfrentaron por la definición de rutas, acceso a recursos, control de las poblaciones, de mercados y de influencia en los territorios.

Este enfrentamiento vendría en escalada: desaparecieron las organizaciones ilegales pequeñas, se buscó la expansión en nuevos territorios y se aumentó la capacidad de reclutamiento y de acceso a recursos estratégicos. El incremento de acciones armadas se presenta especialmente en el norte y el sur del Cauca; el occidente de Nariño; el Pacífico chocoano y el Putumayo, como salida al Pacífico y la frontera con Ecuador; la zona del Urabá antioqueño como salida al Caribe y frontera con Panamá; el Catatumbo en Norte de Santander y Arauca, como pasos hacia Venezuela y el lago de Maracaibo. También se registran nuevos focos de conflicto en los Llanos Orientales, el sur de Bolívar, los Montes de María, zonas del Pacífico, del Tolima y la Costa Caribe, todos puntos estratégicos para el transporte de drogas y de armas, con baja presencia estatal.

Cuando suceden hechos de violencia aparece la Fuerza Pública, pero para los pobladores es difícil establecer confianza con esta, pues la perciben como transitoria, lo que dificulta obtener información, que se relaciona con la confianza y la legitimidad, y ellos requieren que haya un Estado con presencia estable en el territorio y que les brinde apoyos y servicios.

es que en paralelo al desarrollo de las conversaciones de La Habana, esta inició un proceso interno de re-pensarse con miras el posacuerdo, para lo cual diseñó el Plan de Transformación del Ejército del Futuro.

Dicho Plan se planteó en 2011, cuando se creó el Comité de Revisión Estratégica e Innovación que, junto con el Comité Estratégico de Diseño del Ejército del Futuro, abrieron paso al Plan Minerva, en el cual se enmarcaba el Proyecto Damasco 1.0. El proyecto parte inicialmente del Acuerdo de Paz, pero a la vez del señalamiento de la victoria militar.

Con el cambio de Gobierno, una crisis en el interior de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército, obligó a echar para atrás mucho de lo avanzando y se retomó la tendencia a ideologizar y a ver “enemigos” en sectores que habían realizado valiosos aportes al Acuerdo. Esta situación se reflejó en los escándalos de corrupción y en inteligencia, con los llamados perfilamientos.

En relación con la seguridad, para combatir modalidades delictivas que afectan a los ciudadanos, y para garantizar la convivencia, era importante hacer énfasis en la Policía Nacional. Una prioridad estaba en las actividades de inteligencia –táctica y operativa–, justamente para adelantar políticas y acciones preventivas. Sin embargo, ha sucedido algo similar a lo que ha pasado con el Ejército; en este caso se han presentado abusos en el control de la protesta social y en la regulación de la convivencia.

Infortunadamente, los fallos en la conducción civil de la seguridad y la defensa están dificultando que en este periodo de transición hacia otro momento de nuestra democracia la Fuerza Pública desarrolle los procesos de reingeniería que la sitúen en un nuevo escenario estratégico, uno que sea fuerte, sólido y legítimo en la medida en que actúe estrictamente ceñida tanto a la ley como a la Constitución, pero hay mucho por hacer en esta dimensión.

Buenas intenciones que no se concretan Un elemento a destacar con respecto al papel de la Fuerza Pública (la administración pública más grande con que cuenta el Estado colombiano, alrededor de 450.000 efectivos entre Policía, Fuerza Aérea, Armada y Ejército Nacional)

palabras clave: seguridad, territorio, bandas criminales, narcotráfico. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Competencia a muerte por el territorio En efecto, de lo que se trataba era de construir Estado en serio, por ejemplo con presencia permanente de la Fuerza Pública, pero también de jueces, inspectores de Policía, médicos con puestos de salud, maestros con escuelas,

Foto: Misión de Verificación de la onu en Colombia.

La falta de centros de salud, escuelas e infraestructura para suplir las necesidades básicas (agua y luz) imposibilita el desarrollo de una economía que ofrezca mejores oportunidades a los pobladores de zonas apartadas del país, como La Guajira.

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octubre 2020 | 16

Paz territorial no puede descuidar las fronteras Especial Posacuerdo

Socorro Ramírez, politóloga, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) Universidad Nacional de Colombia

Al reducir apoyo y recursos a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet) y al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (pnis), el Gobierno envía un ambiguo mensaje nacional e internacional frente a la implementación del Acuerdo Final de Paz, en especial ante la construcción de paz territorial, eje crucial para revertir situaciones que alimentan la problemática de las drogas y el conflicto armado, concentradas hoy en regiones marginadas y fronterizas.

Uno de los avances del Acuerdo Final entre el Gobierno y las farc es el referido a la construcción de paz territorial, el cual debe generar impactos positivos, en especial en las zonas fronterizas donde se acumuló el conflicto armado. Allí se ubicó la mitad de los espacios territoriales de capacitación y reinserción (etcr) donde se concentran los exguerrilleros dispuestos a ayudar a construir paz, en especial en esas regiones. Pero la implementación del Acuerdo enfrenta no pocas amenazas.

La construcción de paz territorial arrancó de la consulta veredal-municipal-subregional en 170 municipios enfrentados a pobreza aguda, conflicto armado, cultivos de uso ilícito y precariedad estatal, la cual abrió un proceso crucial, en especial en la periferia fronteriza. La participación social ayudó a formular los pdet y a esbozar los Planes de Acción para la Transformación Regional (patr).

Lamentablemente se paralizaron los emprendimientos y la priorización de proyectos de ordenamiento social de la propiedad y uso del suelo; infraestructura y adecuación de tierras; salud, edu-

cación y primera infancia; vivienda, agua potable y saneamiento; reactivación económica y producción agropecuaria; derecho a alimentación, reconciliación, convivencia y construcción de paz; mecanismos de rendición de cuentas; veedurías; observatorios de transparencia; y participación étnica.

Al mismo tiempo se desarrolló el pnis, que –como mostró en 2019 el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc)– había logrado 96 % de cumplimiento de los compromisos de erradicación voluntaria, lo que empezó a reducir las hectáreas sembradas (la resiembra bajó a menos del 1 %). El Plan de Atención a Recolectores de hoja de coca había comenzado la reconversión laboral en 33 municipios de 13 departamentos, vinculándolos a la gestión comunitaria para el mantenimiento de vías terciarias o caminos de herradura, el mejoramiento de escuelas y la reforestación. Así, el pnis propiciaba que cultivadores y “raspachines” encontraran ingresos para su subsistencia, los municipios ahorraran recursos y las comunidades beneficiarias fortalecieran su tejido social.

El presidente Iván Duque se comprometió con Donald Trump a volver a la guerra contra las drogas, reducida por ambos Gobiernos a forzar la disminución de cultivos para uso ilícito. Ellos creen que para conseguir resultados a corto plazo bastan las fumigaciones aéreas con glifosato, pese a la afectación del ambiente, la salud, los cultivos legales y las poblaciones locales; obligan a las familias productoras a desplazarse y no producen un cambio sustancial, como si habían empezado a generarlo los pdet y el pnis. Además, rompen el esfuerzo emprendido por diversos países –entre ellos Colombia– de separarse de la cruzada contra cultivos de uso ilícito lanzada desde Estados Unidos, que antes que reducir refuerza la problemática de las drogas e impide la coordinación de acciones entre países latinoamericanos y caribeños afectados, en particular entre los que comparten fronteras con Colombia, pues cerca del 70 % de los cultivos de coca están en zonas que colindan con Venezuela, Ecuador y el Pacífico.

El Gobierno no ha podido recomenzar la fumigación aérea del glifosato porque no ha cumplido las condiciones que le exigió la Corte Constitucional (auto 387 de agosto 2019): aplicación de planes de prevención y mitigación ambiental y de salud; consulta previa a comunidades étnicas; aplicación de

Foto: Jaime Moreno/EL TIEMPO.

La creciente migración de venezolanos hacia el país es uno de los ejemplos de la dramática situación que afronta esta zona fronteriza y que afecta la construcción de paz territorial.

la política vigente de sustitución voluntaria como opción preferencial, y, solo si esta fracasa, recurrir a otras formas de erradicación.

Entonces se ha empeñado en la erradicación forzada con la Fuerza Pública y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), y además intensifica su acción en medio de la pandemia, lo que genera tensiones adicionales con las comunidades locales. En el primer cuatrimestre de 2020, en 46 de los municipios que forman parte del pnis, o sea en el 82 % de estos, se dieron operaciones de erradicación forzada; 9 de los 13 municipios donde hubo incidentes se encuentran en este grupo, mientras la resiembra de coca ha subido 35 %.

Acción policial no garantiza seguridad ciudadana En julio el presidente Duque anunció la creación del Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo (Pisda), una herramienta que formará parte de la política de “Paz con legalidad”, cuyo objetivo es combatir las economías ilegales. Inicialmente el Plan se implementará en siete municipios: Cumaribo (Vichada), Barrancominas (Guainía), Rosas y Piamonte (Cauca), Dagua (Bolívar), El Dovio (Valle del Cauca) e Ipiales (Nariño).

El 20 de julio llegaron 53 militares estadounidenses a cinco unidades militares ubicadas en zonas cercanas a Venezuela, para “asesoramiento, cooperación y entrenamiento en la lucha contra el narcotráfico”, según manifestó el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo.

Las zonas fronterizas con Venezuela han vivido una dramática situación que también ha afectado la construcción de paz territorial con la destrucción de todo el andamiaje institucional para manejar esa compleja vecindad. Nicolás Maduro ordenó el “cierre total de la frontera” (peatonal, de vehículos y mercancías), y un año después abrió algunos puentes para carga comercial y en horario restringido para el paso de personas, pero en febrero de 2019 impuso un nuevo bloqueo y rompió relaciones diplomáticas y consulares. Con la pandemia, el mandatario colombiano ordenó “cierre de fronteras”.

Todo eso se traduce en la renuncia intergubernamental a regular los flujos transfronterizos entre los dos países por los siete pasos formales que existen en una línea limítrofe de 2.219 km, obligando a que personas y mercancías pasen por trochas informales controladas por grupos ilegales y criminales, que imponen a su favor regulaciones con extorsión, trata de personas, explotación sexual, trabajo forzado, etc.

Como lo mostró en su informe de 2019 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la onu, la situación se agrava con el incremento de los niveles de violencia contra defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en regiones periféricas colombianas, reflejados en 36 masacres y 133 personas asesinadas.

Pese a que el Acuerdo Final de Paz tiene valiosos instrumentos para la construcción de paz territorial, la falta de persistencia del Estado en su implementación no le ha ayudado a superar su ausencia o traumática presencia, que a veces se reduce a la acción policial y militar, pero que no garantiza la seguridad ciudadana ni el control territorial.

palabras clave: paz territorial, fronteras, Acuerdo de Paz, derechos humanos. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Periódico – N.º 227 – Universidad Nacional de Colombia

octubre 2020 | 17

En Catatumbo todo cambia para seguir igual Especial Posacuerdo

Luis Humberto Hernández, docente, integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz Universidad Nacional de Colombia

Una mirada realista a la situación actual del Catatumbo permite considerarla como una región fallida, pues allí no hay control del territorio por parte del Estado, a sus pobladores no se les satisface la demanda de sus servicios básicos y no hay capacidad de interactuar con el Estado vecino, Venezuela; este desalentador panorama se debe en buena parte al fracaso del Acuerdo Final de Paz.

Cada día diversas notas periodísticas e informes académicos que le hacen seguimiento a esta subregión del país (en Norte de Santander) ilustran la difícil situación que afronta: el asesinato de 200 reincorporados de la extinta guerrilla de las farc y de líderes sociales; la concentración del 36 % de los sembradíos en siete enclaves productivos, entre los que sobresalen la región de Catatumbo; el retorno sin garantías de las familias después de las masacres; y los ataques contra la Fuerza Pública que han dejado numerosos militares asesinados.

Según la Fundación Ideas para la Paz, “la falta de una estrategia clara para generar condiciones de seguridad en la etapa de estabilización está pasando factura, con la reconfiguración de las dinámicas de violencia y la degradación de la confrontación armada”.

Considera además que la actual situación humanitaria es producto tanto de la confrontación armada como de la migración, y en uno de sus informes señala que “relacionando los datos de 2017 y 2018, se evidencia un incremento del 469 % en las acciones de desplazamiento masivo, 64,3 % en los accidentes por minas antipersona, 175 % en los homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos, y del 324 % en la restricción al acceso de bienes y servicios”. Así mismo, la influencia de las disidencias de las farc se hace cada vez más evidente en Tibú, Convención, El Tarra y Sardinata.

Lo paradójico es que desde hace algún tiempo este escenario había sido pronosticado tanto por organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en la región, como por observadores externos. El aspecto novedoso consiste en que su desenlace se ha dado antes de lo previsto, incidido por tres factores inesperados: el incremento de la migración de ciudadanos venezolanos a partir de 2017 (Norte de Santander concentra el 11 % de esta población residente en Colombia); la elección en 2018 de Iván Duque como presidente y vocero del partido Centro Democrático –opuesto al Acuerdo Final de Paz–, y la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.

La región permanece en el estado connatural al proceso histórico vivido desde su fundación, una situación calificada de gatopardista, “donde todo cambia para seguir igual”, su impronta y su destino inercial.

Al asumir ese supuesto desde una perspectiva constructivista –que considera que la realidad socioeconómica y política es obra de los actores involucrados, en este caso Estado, grupos irregulares, sectores socioeconómicos y comunidades, que actúan como dolientes del proceso de paz–, se observa que la situación se corresponde con lo que se conoce como una “profecía autocumplida”, según

Foto: archivo Unimedios.

La implementación del Acuerdo de Paz avanza de manera fragmentada y con dificultades.

la cual, al definir los actores sus situaciones como reales, son reales sus consecuencias.

Las limitaciones en la implementación continúan Es innegable que al firmar el Acuerdo Final de Paz, tanto el Gobierno como las farc suponían el margen de amenazas propias y ajenas y los posibles riesgos para lograr los puntos contenidos, en particular: el 1 “Reforma Rural Integral”, el 2 “Sobre la participación política” y el 4 “Sobre la solución al problema de las drogas ilícitas”, alrededor de los cuales gravitan poderosos intereses –antiguos y emergentes– tanto del sistema sociopolítico (terratenientes, narcotraficantes y grupos armados irregulares) como de las necesidades de sobrevivencia de las comunidades involucradas, todos, actores más expectantes que comprometidos con el desenlace del pacto en ciernes, como lo corroboró el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 convocado para su aprobación.

El “No” oxigenó la línea dura de la coalición dominante liderada por el Centro Democrático, que luego se hizo al ejecutivo con la elección de Iván Duque –quien ganó en ocho de los once municipios de Catatumbo–, comprometido con el arrecio del conflicto, la fumigación de las áreas de cultivos ilícitos y la política exterior estadounidense contra el régimen venezolano, factores que resultan cruciales en el Catatumbo. Valga la pena señalar que en el Catatumbo hacen presencia la Fuerza de Tarea Vulcano, la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra iii), los Batallones de Operación Terrestre (batot) y los Batallones Especiales Energéticos y Viales (baeev). El gobierno Duque ha desplegado además a 3.000 militares para combatir el narcotráfico, está implementando el Plan de Seguridad Fronterizo para Cúcuta, la campaña militar y policial “Esparta”, y ha enviado 12 pelotones (508 integrantes de la Fuerza Pública) a las zonas de mayor afectación, entre otras acciones.

Igual, Juan Manuel Santos sabía de las limitaciones estructurales económicas, políticas y militares del Estado para cumplir con lo pactado, pues para establecer el Acuerdo en su conjunto, de lo que se trataba realmente la negociación era del desarme de uno de los actores más significativos del conflicto.

De la misma manera, las farc eran conscientes del costo político y en vidas a pagar, y de la existencia de diferencias en su interior, que desembocó en el rearme de su línea dura y el abandono de muchos militantes de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (etcr).

Así mismo, sabían de sus consecuencias los sectores socioeconómicos y las comunidades adaptadas para su sobrevivencia a las condiciones de abandono del Estado y, por demás, beneficiados de la rentabilidad de los cultivos ilícitos, aliñada con los bajos costos salariales propiciados por los migrados venezolanos.

Daron Acemoğlu y James A. Robinson, autores del libro Por qué fracasan los países, señalan que en el siglo xiv la peste negra generó una coyuntura crítica en Europa que llevó a la transformación de las instituciones con las cuales se dio paso a la época moderna.

Si se tiene en cuenta la pandemia provocada por el covid-19, no es arriesgado considerar posibles efectos similares en el país, pues respecto a su tratamiento se ha dado una confrontación entre el poder central y los poderes regionales y locales, cuyas acciones públicas han sido más oportunas y efectivas. Por ejemplo, el pasado 3 de septiembre, Corina Durán, alcaldesa de Tibú, aprovechó la visita del presidente Duque tras el ataque armado que cobró la vida de cuatro militares, para denunciar que la poca destinación de recursos a municipios del Catatumbo ha provocado una difícil situación sanitaria y el escaso número de camas de uci que padece el municipio, el cual no cuenta con un hospital de segundo nivel de complejidad. “Señor presidente, ¿usted viene a prestarnos plata para comprar ventiladores o camas de uci para la ese Regional Norte, o viene a hablar de seguridad? Porque la realidad que estamos viviendo es otra”, expresó la alcaldesa durante una intervención replicada por los principales medios de comunicación.

palabras clave: Catatumbo, abandono estatal, cultivos ilícitos, frontera venezolana. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Periódico ­– N.º 227 – Universidad Nacional de Colombia

octubre 2020 | 18

Territorios para reincorporados no pueden ser omitidos en los pot Especial Posacuerdo

Carlos Alberto Torres Tovar*, profesor asociado, Escuela de Arquitectura y Urbanismo Universidad Nacional de Colombia

Para reubicar físicamente a los excombatientes en la vida civil no basta con el asentamiento, sino que también se debe analizar la figura de ordenamiento territorial en la cual se pueden articular.

Con el posacuerdo se ha venido estructurando y consolidando en Colombia un número significativo de nuevos asentamientos rurales sin una definición clara de estos y sin la existencia de lineamientos de política pública al respecto.

El presente artículo muestra los principales resultados del diagnóstico integral elaborado por el Grupo de Investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad sobre la manera como se han dado los asentamientos rurales en el país a partir del proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno y las farc.

Desde la perspectiva gubernamental, el Acuerdo no previó la permanencia de los excombatientes en el territorio, ya que se entendía que lo acordado era un ejercicio de desmovilización total. Por su parte, desde un comienzo las farc entendieron que el proceso era de reincorporación y dejación de las armas, no de desmovilización. Aunque no todos los excombatientes permanecerían en los territorios de influencia de sus acciones, muchos de ellos sí lo harían y definirían estos territorios como su lugar de vida y proyecto permanente. En 2017, datos del Registro Nacional de Reincorporación mostraron que el 77 % de los excombatientes no tenían a dónde ir.

En esa perspectiva, el Gobierno generó lugares de ubicación en 25 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (zvtn), las cuales fueron sustituidas por los denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (etcr), que perdieron su vigencia el 15 de agosto de 2019 dejando en un limbo jurídico la situación de los excombatientes y sus familias.

Según datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (arn), más de 2.877 excombatientes y sus familias permanecen en 22 antiguos etcr. Sin embargo, ante la falta tanto de claridad para la adjudicación de tierras como de apoyo a proyectos productivos colectivos y de precisión en el otorgamiento de subsidios y propuestas para la vivienda, además de la presión constante de vulneración de sus derechos –entre ellos la vida–, se han venido configurando nuevos espacios de asentamientos en los que, por su cuenta y riesgo, los excombatientes han establecido hasta ahora 93 nuevas áreas de reincorporación. Dicho vacío legal también influye en la indefinición del ordenamiento territorial de estas áreas (ver mapa).

Ubicación en espera Por su densidad poblacional, de los municipios donde se localizan los antiguos etcr y las nuevas áreas de reincorporación, 13 poseen Esquemas de Ordenamiento Territorial (eot) (municipios con menos de 30.000 habitantes) y 10 tienen Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (pbot) (municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes); solo Tumaco (Nariño) cuenta con Plan de Ordenamiento Territorial (pot). Es importante anotar que en la mayoría de estas administraciones locales tales instrumentos se encuentran desactualizados y además no cuentan con los recursos económicos y técnicos para ejecutar procesos de revisión general. Otro aspecto relevante es que 19 de los 24 municipios son mayoritariamente rurales, con índices porcentuales que van desde el 51 % hasta el 96 % de su población.

Cuando se relaciona esta información con los Indicadores de Pobreza Multidimensional (ipm), se encuentra que los índices más altos coinciden con aquellos municipios donde la ruralidad es mayor. El 87,5 % de estos con presencia de

antiguos etcr presenta un ipm entre el 42 y 77,8 %; Riosucio (Chocó) es el municipio que registra el mayor indicador.

En esa perspectiva, todos los antiguos etcr y las nuevas áreas de reincorporación que se localizan en suelo rural deben ser incorporados a los respectivos eot, pbot o pot, lo cual implica tomar decisiones sobre los usos del suelo; los tipos de asentamientos que se pueden desarrollar en ellos; las dinámicas productivas que se pueden adelantar; las responsabilidades que asume el municipio al momento de cambiar los usos del suelo; la definición de las formas de asentamiento rural que se configuren en ellos; la articulación con las autoridades ambientales frente a los determinantes ambientales; y los niveles de densidad y ocupación que se pueden vincular a las nuevas dinámicas territoriales.

Sin embargo, la mayoría de las administraciones locales –como por ejemplo Icononzo (Tolima)– han argumentado que no cuentan con los recursos económicos que les permita hacer un ejercicio de actualización y revisión general de su eot; así mismo, no encuentran la vía normativa y jurídica para incorporar esos nuevos territorios a la dinámica de ordenamiento territorial. También están los municipios que no tienen la disposición política de incluir estos territorios, lo que genera graves conflictos frente al uso y la apropiación de la tierra.

A lo anterior se suma que el Gobierno nacional ha hecho compras parciales de terrenos sin que hayan sido adjudicados y escriturados a los excombatientes; es el caso de los antiguos etcr La Fila (Icononzo) y Las Colinas (San José de Guaviare).

Frente a este complejo panorama, cuatro años después de firmado el Acuerdo de Paz, el actual Gobierno tampoco tiene clara la estrategia a seguir para garantizar el acceso a la tierra, y por ende para localizar la vivienda y los proyectos productivos de los excombatientes.

Así mismo se deben considerar otros conflictos asociados con el uso del suelo que afectan el ordenamiento territorial y el futuro de dichos espacios territoriales, ya que 2 de los asentamientos se encuentran en resguardos indígenas; 1 en territorio de comunidades afrodescendientes; 22 en Zonas de Reserva Campesina reconocidas o en proceso de reconocimiento; 14 en espacios con cultivos ilícitos en la vereda y 14 con acuerdo para su sustitución; 7 en zonas designadas para desminado humanitario y 4

con parte del predio del antiguo etcr en reserva forestal según la Ley 2 de 1959.

Regularización no es clara Los principales interrogantes que surgen frente a los asuntos de ordenamiento territorial se pueden agrupar en: i) vigencia jurídica de los espacios, ii) seguridad y adquisición de tierras para el desarrollo del hábitat y la vivienda de los excombatientes, y iii) dinamización de procesos productivos. Tampoco hay claridad sobre el proceso de regularización de los asentamientos rurales que permanezcan.

El marco normativo que regulariza el suelo rural en Colombia es el Decreto 3600 de 2007; sin embargo, dentro de sus componentes este no contempla temas de crecimiento y sostenibilidad integral incluidos en el Acuerdo.

También se debe señalar que los esfuerzos que se adelantan en materia normativa no son los indicados; un ejemplo es el proyecto de ley sobre vivienda rural que cursa actualmente en el Congreso, cuyo artículo 32 con su parágrafo establece que los proyectos de vivienda en los antiguos etcr no se oponen al ordenamiento territorial establecido en los municipios, es decir que se pasan por alto las decisiones y la autonomía territorial en ordenamiento.

Todos los desajustes mencionados impiden que haya un desarrollo más propositivo –e incluso creativo– frente a los asentamientos rurales para la reincorporación y su armonización con las apuestas de ordenamiento territorial municipal, que a su vez demandan tomar decisiones asertivas que permitan pensar la ruralidad en Colombia en escenarios de mediano y largo plazo. * Líder del Grupo de Investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad. El artículo se deriva de la investigación en curso “Hábitat y asentamientos rurales en Colombia. Construcción de lineamientos de política pública. Caso de estudio: Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (etcr)”.

palabras clave: planes de ordenamiento territorial, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, suelo rural.

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Periódico – N.º 227 – Universidad Nacional de Colombia

octubre 2020 | 19

Visión de país excluyente amenaza la paz ambiental Alexander Rincón Ruiz*, docente, Facultad de Ciencias Económicas

Especial Posacuerdo

Universidad Nacional de Colombia

En el posacuerdo varias regiones quedaron abiertas a múltiples intereses y visiones de desarrollo que contrastan entre sí, lo cual ha provocado disputas asociadas con la expansión de proyectos hidroeléctricos, agroindustriales y minero-energéticos, como lo evidencia la existencia de 129 conflictos ambientales en Colombia, según el Atlas de Justicia Ambiental.

Cuando en un país como Colombia se piensa en temas ambientales, es difícil no tener como referentes a pensadores como Augusto Ángel Maya y Julio Carrizosa, o a líderes sociales como Foto: Óscar Bernal/El Tiempo.

Francia Márquez, cuyo poderoso mensaje desde las comunidades señala la importancia de El Ideam señala que los Parques Nacionales Naturales -como el de La Macarena, en la foto- perdieron 21.046 hectáreas solo en 2018, con mantener la vida, la naturaleza, como propósito el agravante de que en esos territorios habita el 32 % de la biodiversidad identificada en el país. superior y transversal.

En este sentido, lo ambiental se convierte en una visión, más que en un adjetivo en un plan de desarrollo minera (caso Minesa), que han sido rechazados por las líderes sociales y personas defensoras de los o en un discurso ante organismos internacionales; se aso- comunidades y por gran parte del sector ambiental (acderechos humanos, así: 21 en 2016, 208 en 2017, 298 en 2018, 279 en 2019 y 194 en 2020. De estos, el cia con un enfoque integral, transversal e incluyente, un tualmente en estos tres puntos se han logrado victorias 37,6 % eran indígenas, 10,1 % afrodescendientes, principio básico sobre el cual se estructura la gestión del parciales luego de intensos debates y manifestaciones), 52,1 % campesinos, 70,9 % en sectores rurales y territorio, la economía y la misma política, como principio y para finalizar, las propuestas actuales sobre baldíos que básico de prioridad global, en el cual el mantenimiento de pueden aumentar la acumulación en un país con una ya 29,1 % en sectores urbanos. El asesinato de líderes sociales representa una gran pérdida de capital la “casa común” es la base fundamental, como lo estipulara elevada cifra de concentración de tierras. social para consolidar procesos de largo plazo y el papa Francisco en su Laudato si'.

Además, el último informe de la Contraloría General de El Punto 1 (Reforma Rural Integral) y el Punto 4 (Sus- la República sobre el estado del sector ambiental evidenció posibilitar transiciones más sustentables desde titución de Cultivos Ilícitos) del Acuerdo Final de Paz un recorte presupuestal de 21 % en 2019 con respecto a 2018. los territorios; con esto se eliminan dramáticamente procesos que se venían desarrollando y que le otorgan un énfasis fundamental al papel de las co- En el documento se menciona que en el país se estarían resultaban fundamentales en materia ambiental. munidades, tanto como beneficiarias e interlocutoras profundizando las debilidades de la institucionalidad am• Cultivos de uso ilícito: desde 2016 los cultivos del eje transversal de lo socioambiental. El enfoque biental, además de un incremento de pasivos e impactos de uso ilícito (coca) han tenido los mayores niveterritorial y diferencial del Acuerdo la da importancia ambientales. Según la Contraloría no se acogieron, en lo les de la historia (a pesar de una reducción en el a la participación de los diversos actores locales en los esencial, algunas de las recomendaciones formuladas por último año), por lo cual el Gobierno ha insistido espacios de planeación, diseño, ejecución y evaluación la ocde durante el proceso de admisión de Colombia en ese de las políticas públicas. Sin embargo, para que esto sea organismo: integración de políticas nacionales, regionales en la necesidad de volver a la política basada en fumigaciones. Contraria a esta lectura que aduce posible es fundamental crear las condiciones: fortalecer y territoriales; participación ciudadana efectiva y revisión que el incremento obedece al proceso de paz y el capital social, empoderar a la población, planear y del gasto fiscal en términos de la evaluación de efectos al freno a las fumigaciones, hay una lectura más formular políticas desde las comunidades, es decir que ambientales. Adicional a lo anterior, lo ambiental se agrava profunda: muchos años de una política coyunlo ambiental va más allá del “crecimiento verde”, se en otros aspectos en los últimos años, así: tural, no estructural, homogénea y sin contexto.

• Deforestación: las cifras del Instituto de Hiasocia con el entendimiento de las relaciones ser huAunque con el Acuerdo más de 99.000 familias se mano-naturaleza a partir de los diferentes territorios; drología, Meteorología y Estudios Ambientales acogieron al Plan Nacional Integral de Sustitución la negación de esto es en parte una de las causas de que (Ideam) muestran que en 2019 se redujo en 19 % (pnis) de cultivos de uso ilícito, la implementación Colombia sea uno de los países con mayor número de la deforestación del país; sin embargo, haciendo del Acuerdo no avanza en este componente de conflictos ambientales: 129 registra para el presente año énfasis en la Región Amazónica, para el primer el Atlas de Justicia Ambiental liderado por el Instituto de visión integral e incluyente. trimestre de 2020 se deforestaron alrededor de Las posibilidades de cambio son muchas, pero el contexto Ciencia y Tecnología Ambiental (icta) de la Universidad 64.000 hectáreas, un incremento del 83 % con político nacional actual no genera condiciones favorables Autónoma de Barcelona (uab) en asocio con múltiples respecto al mismo trimestre del año anterior. para una transición más sustentable. La visión actual de país Entre las causas de la deforestación en el país, el organizaciones. difícilmente podrá resolver las problemáticas estructurales Ideam menciona la praderización (conversión de que están detrás de la exclusión, las asimetrías de poder Débil institucionalidad áreas de bosque tropical a nuevas áreas de pasto), y el acaparamiento de tierras, entre otros. Sin embargo la los cultivos de uso ilícito, las malas prácticas de en lo ambiental organización local, la academia, el pensamiento crítico, y ganadería extensiva y la minería ilegal, algo que sobre todo la empatía existente en la población colombiana, La visión de país del actual Gobierno evidencia un enfoque analistas como Rodrigo Botero, director de la pueden dar un giro a esta realidad. homogeneizador, centrado en la producción, que mantiene Fundación Conservación y Desarrollo, asocian grandes asimetrías de poder, excluye la diversidad, algo que con el acaparamiento de tierras y la expectativa * Coordinador Grupo de Investigación Economía, contrasta con un país en el que existen múltiples actores, en el mercado de tierras por el avance de la fronAmbiente y Alternativas al Desarrollo (geaad). pero que con una idea de “desarrollo”, “crecimiento”, y tera agroindustrial, además del narcotráfico y la ahora “reactivación económica”, le da la espalda a esa presencia de grupos armados ilegales.

• Asesinato de líderes sociales: según el Instituto Colombia compleja y excluye los territorios.

Lo anterior se evidencia entre otras cosas por la insispara el Desarrollo de la Paz (Indepaz), desde la palabras clave: medioambiente, Acuerdo de Paz, territorios. Consúltelas en tencia del Gobierno en temas como el fracking, la expansión firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, hasta el www.unperiodico.unal.edu.co de puertos (Tribugá el más mencionado) y la explotación 21 de agosto de 2020, han sido asesinados 1.000

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octubre 2020 | 20

Muchas cifras y pocos avances en territorios afrodescendientes Especial Posacuerdo

Claudia Mosquera Rosero-Labbé*, directora, Grupo de Investigación sobre Igualdad Racial, Diferencia Cultural, Conflictos Ambientales y Racismos en las Américas Negras (Idcarán) Universidad Nacional de Colombia Ariel Palacios, Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa)

La esperanza transformadora que suscitó la firma del Acuerdo de Paz en los pueblos negros pareciera haberse esfumado de manera progresiva, pues las cifras oficiales chocan con la lentitud institucional en la implementación, la incomprensión del alcance del capítulo étnico y la falta de interés político por parte del actual Gobierno.

Leído desde un lente afrodescendiente, el capítulo étnico contiene los principios y garantías de no regresividad de los derechos étnico-territoriales; la observancia del derecho a la Consulta Previa; la restitución de derechos territoriales; el desminado humanitario; el reconocimiento de la Guardia Cimarrona; la participación activa en la implementación tanto de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet) como del Programa Nacional de Intervención Integral de Sustitución (pnis), y el derecho a representación en la instancia especial de alto nivel con los pueblos étnicos para el seguimiento de la implementación.

Los pueblos negros han visto desaparecer lentamente la esperanza que tenían en el Acuerdo; a nivel institucional, esto se tradujo en la creación del Plan Marco de Implementación (pmi), con 36 metas trazadoras y 97 indicadores étnicos aprobados en el Conpes 3932 de 2018.

Para analizar el estado actual del Acuerdo nos detendremos en dos puntos neurálgicos: la Reforma Rural Integral (rri) y la solución al problema de las drogas de uso ilícito. Informes del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), señalan que los avances en la implementación para las comunidades negras están en un 10 %, lo cual evidencia que los asuntos afrodescendientes chocan con la lentitud institucional, la incomprensión del alcance del capítulo étnico, y de la falta de interés político por parte del Gobierno.

ejecutados y cuál era el monto de los recursos de la subcuenta afrocolombiana, pues las cuentas no son claras. Además, en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020 la ant sufrirá una reducción de su rubro, lo cual afectará de manera drástica la inversión en los grupos étnicos.

Por otro lado, las organizaciones perciben un retroceso en seguridad jurídica territorial; el ejemplo más reciente es el del Consejo Comunitario La Boquilla (Cartagena), en el que una sentencia del Tribunal de Bolívar anuló en primera instancia la resolución que desde 2012 le atribuía legalmente esas tierras, alimentando así el anhelo de propiedad que tiene una parte del sector empresarial colombiano que ve a las comunidades afro como sus competidoras en relación con la tenencia de la tierra en el Caribe y el Pacífico colombianos.

De igual forma, en algunos lugares del Caribe la implementación del Acuerdo reveló el problema de tierras en lugares que antes no habían sido objeto de atención institucional, como en el caso de las comunidades negras que habitan en Llerasca (Agustín Codazzi), Victoria de San Isidro (Jagua de Ibirico) y Betulia, Santa Cecilia, Las Piñas y Catiguara (Becerril), aledañas a la Serranía del Perijá (Cesar) y que en algunas zonas eran asumidas como territorialidades de los pueblos indígenas binacionales yukpa y motilón-barí, situación que está provocando tensiones.

Sin claridad en los presupuestos En relación con los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional (patr) estipulados por la Agencia para la Renovación de Tierras (art), se suscribieron 85 pactos étnicos que se tradujeron en 8.008 iniciativas, sobre las cuales la ieanpe ha solicitado conocer los detalles de dichas inversiones y el peso de la participación de los territorios y la infraestructura vinculada.

Con respecto a los pdet, aunque es cierto que los diálogos adelantados se convirtieron en un listado de necesidades a la espera de que se conviertan en acciones de ordenamiento de territorio, por ejemplo, merece la pena destacar que en el pdet Sierra Nevada-Perijá, se concretó el Mecanismo Especial de Consulta en una mesa de participación intercultural que cuenta con un protocolo aprobado por los pueblos indígenas y negros que confluyen allí.

Sin embargo, a consecuencia de la pandemia las actividades proyectadas se ralentizaron.

¿El decreto étnico del PNIS para cuándo?

En sustitución de cultivos se reporta un proceso de erradicación de 3.644 ha en áreas de pueblos étnicos, con un proceso abiertamente contrario a lo pactado en el Acuerdo, lo que ha generado tensiones territoriales que han dejado dos masacres en Alto Mira y Frontera, área rural de Tumaco (Nariño). Desde el Gobierno se reporta un avance de los Lineamientos Modelo de Sustitución con Comunidades Étnicas en Territorios Colectivos y un proceso de concertación con el 41 % de estas (87 resguardos indígenas y 8 consejos comunitarios).

Aunque el Gobierno ha realizado un esfuerzo al intentar darle más vuelo a la política de erradicación forzosa y absorber la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por las vías administrativas, jurídicas y mediáticas, es importante persistir en estas teniendo en cuenta que la mitad de los cultivos de uso ilícito se encuentran en territorios étnicos, razón por la que es lamentable que en cuatro años no se haya avanzado en la formulación del decreto étnico del pnis.

La implementación del capítulo étnico afrodescendiente está maniatado entre un sólido alistamiento institucional, con burocracia experta con pocos resultados para mostrar, y una implementación del Acuerdo de Paz severamente afectado por un Gobierno que prometió hacer trizas los acuerdos. Las pocas victorias tempranas que existen demuestran una vez más el sistemático racismo institucional enquistado en todos los ámbitos de la actuación pública. * Profesora asociada, Sede de La Paz, Universidad Nacional de Colombia.

palabras clave: afrodescendientes, pueblos negros. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Crecen las tensiones territoriales Con respecto a la rri, informes oficinales de la Agencia Nacional de Tierras (ant) señalan que se han realizado procesos de titulación colectiva en la lógica del pmi; para 2018, se culminó la formalización de 6 titulaciones colectivas con 874 hectáreas y 2.435 m2, con cargo al Fondo de Tierras, que benefició a 841 familias en La Guajira, Valle del Cauca y Cauca.

Para 2020 se culminaron 6 titulaciones colectivas que beneficiaron a 181 familias con un área de 1.032 ha y 9.801 m2 en Cauca y Magdalena. En los últimos dos años, la Dirección de Asuntos Étnicos (dae) de la ant avanzó en la formalización de 12 consejos comunitarios con cargo al Fondo de Tierras, que benefició a 1.022 familias con un área de 1.907 ha y 2.236 m2.

Las organizaciones étnicas consideran que, en relación con las 280 solicitudes existentes, la cifra oficial es muy baja. Además hacen énfasis en que después de insistir mucho se abrieron dos subcuentas: indígena y afro, por lo que uno de los aprendizajes es que institucionalmente se desconocen las implicaciones de la formalización de tierras.

Por ello, en una comunicación dirigida al Gobierno, la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (ieanpe) preguntó sobre cuáles eran los recursos

Foto: archivo Unimedios.

Por medio de sus organizaciones más representativas, los pueblos negros expusieron en la mesa de negociación la importancia de que el Acuerdo de Paz tenga una perspectiva étnico-racial.