UN Periódico No. 228

Corrupciรณn en Colombia:

un mal que nace, crece, se reproduce y nunca muere

Nยบ 228 / diciembre 2020 ISSN 1657-0987

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Periódico ­– N.º 228 – Universidad Nacional de Colombia

diciembre 2020 | 2

La captura del Estado agrava la pobreza Especial Corrupción

Jorge Iván González*, docente, Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Colombia

En las actuales circunstancias, cuando todo indica que el número de pobres seguirá aumentando como consecuencia de la pandemia por el covid-19, se hace más urgente luchar contra la desigualdad, propósito que no se alcanzará mientras el Estado permanezca capturado por una minoría de personas muy ricas.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) acaba de publicar los datos de pobreza monetaria de 2019, en los cuales se observa que entre 2018 y 2019 la incidencia de la pobreza pasó del 34,7 al 35,7 %, lo que significa que el número de personas pobres aumentó de 16,8 a 17,4 millones, es decir que en apenas un año el número de pobres se incrementó en 662.000 personas.

La tendencia decreciente que traía la pobreza comenzó a revertirse hace tres años; aun antes de la pandemia ya era evidente que los logros sociales conseguidos en este tiempo se estaban perdiendo, y sin duda se acentuarán con la pandemia por covid-19, incrementando además la desigualdad, que también aumentó entre 2018 y 2019, lo que se refleja en el coeficiente de Gini, que muestra que esta subió de 0,517 a 0,526. Recordemos que dicho indicador se mide en un rango de 0 a 1, donde 0 significa que todos tienen el mismo ingreso y 1 que una persona concentra todos los ingresos. Cuanto más elevado es el coeficiente, mayor es la desigualdad.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región los efectos económicos de la pandemia se reflejarán en el aumento tanto de la pobreza como de la pobreza extrema y de la desigualdad.

Según sus estimaciones, entre 2019 y 2020 la pobreza se incrementará en 4,4 puntos porcentuales, lo que significa que habrá 28,7 millones de nuevos pobres, es decir que se llegaría a 214,7 millones de personas pobres (el 34,7 % de la población de la región). De otra parte, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales), lo que sumaría 83,4 millones de personas. Estas cifras también muestran que no se logrará cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible no. 1, “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”.

Para entender cómo influye la corrupción en este escenario de desigualdad es importante anotar que la captura del Estado, en sus diversas modalidades, es un factor que puede contribuir a agudizar la pobreza, aunque nunca se debe considerar como la causa de la pobreza.

Sistema tributario y corrupción El Banco Mundial (bm) define la captura del Estado como el ejercicio de influencia abusiva (lobby, presiones, etc.) por parte de las élites económicas y políticas para que las leyes y los Gobiernos funcionen según sus intereses y prioridades y en detrimento del interés general de la población. Desde tal perspectiva, frecuentemente esta se presenta sin que haya ninguna violación de la ley. Por

Foto: Nathalia Angarita/Unimedios.

Los privilegios para unos pocos han llevado a concentrar la riqueza, la propiedad de la tierra y los bienes inmobiliarios, generando más pobreza entre las comunidades

lo tanto, entender la captura debe ir más allá del marco estrictamente legal.

Entre las formas de captura del Estado se destacan el desvío presupuestal (para el bm la forma de captura más importante), que se debe mirar no solo desde el lado de la cobertura sino también desde la calidad, y el uso de las normas tributarias (exenciones, tarifas menores, descuentos, entre otras).

La legislación tributaria es una de las formas más complejas de captura del Estado; por ejemplo en Colombia las personas más ricas han logrado que los niveles de tributación sean bajos, y además que las tarifas efectivas sean considerablemente inferiores a las nominales. Esta diferencia se presenta porque en virtud de las exenciones, la elusión, la evasión, etc., el impuesto que realmente se paga es muy inferior al que correspondería si se aplicara la tarifa definida en la norma.

Los organismos internacionales suelen llamar la atención sobre la evasión y la elusión, pero no parecen inquietarse por la forma como las reformas tributarias terminan favoreciendo a determinados grupos. En el caso de las entidades territoriales, por ejemplo, es urgente prestar atención a los impuestos prediales, especialmente en las áreas rurales, donde es muy bajo, y esta constatación es más preocupante en un momento como el actual, en el que el proceso de concentración de la tierra se ha intensificado.

La regresividad del sistema tributario se refleja en dos hechos contundentes: primero, la estructura tarifaria no respeta los principios mínimos de equidad vertical, y segundo, la política fiscal –entendida como la conjunción de impuestos y subsidios– no reduce la desigualdad, en parte porque de la captura de la tributación es improbable obtener los recursos que serían necesarios para atender a las personas más vulnerables.

Sin equidad es imposible romper la trampa de la pobreza. Por eso el sistema tributario es el mecanismo más expedito para lograr una mejor distribución de la riqueza, pero si el Estado está capturado no es posible luchar, por la vía impositiva, contra la concentración. En tales circunstancias, los avances que se logren en la disminución de la pobreza serán muy frágiles, y en cualquier coyuntura se pueden revertir.

Integridad atañe a los individuos, no a las instituciones La aproximación cuantitativa a la corrupción es difícil por dos razones: la primera tiene que ver con la ambigüedad del concepto, y la segunda con la forma tan disímil como se percibe la corrupción. La cultura, la historia, las costumbres, etc., van delineando la interpretación social de esta. Los contenidos de las categorías dependen del contexto ético, y por lo tanto están supeditados a la norma de bienestar que cada sociedad se impone.

Los dos conceptos principales de la ética son lo bueno y lo correcto, pero se debe considerar que su significado no es el mismo en todas las sociedades. Según el filósofo estadounidense John Rawls, la sociedad bien ordenada se funda en la justicia como imparcialidad, y es factible pensar que este tipo de sociedad es gobernable. La exclusión, la captura del Estado y la corrupción atentan contra la justicia como imparcialidad y la gobernabilidad.

En los análisis que suelen hacerse sobre la corrupción y la captura del Estado se hace mucho énfasis en la responsabilidad individual. El mensaje de fondo de esta percepción es claro: la honestidad de las personas es la mejor garantía del éxito de la lucha contra estas dos problemáticas.

No hay duda de que la integridad de los ciudadanos puede contribuir a consolidar instituciones justas e imparciales, pero no son suficientes para que el resultado final sean las instituciones justas: de la honestidad individual no se deriva necesariamente la sociedad ordenada.

Una sociedad ordenada tiene que desarrollar los mecanismos que permitan explicitar la importancia de la responsabilidad personal y ejercer las sanciones de orden moral y legal. *Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (acce).

palabras clave: corrupción, pobreza, captura del Estado, desigualdad. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Director: Fredy Chaparro S. Coordinación editorial: Blanca Nelly Mendivelso Rodríguez • EDITORA: Diana Manrique Horta Corrección de estilo: Liliana Ortiz Fonseca • diagramación: Ricardo González Angulo • foto portada: Nathalia Angarita • Impresión: ceet, Casa Editorial El Tiempo Las opiniones expresadas por los autores y sus fuentes no comprometen los principios de la Universidad Nacional de Colombia ni las políticas de UN Periódico.

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La ambigüedad de la corrupción legal Lucio Picci, profesor, Departamento de Ciencias Económicas

Especial Corrupción

Universidad de Bolonia (Italia)

Combatir las acciones corruptas es una tarea monumental debido a lo complejo que resulta hallar a los autores primarios; por lo general, los castigos recaen en los más vulnerables de la cadena, pero no en aquellos que sacan mayores frutos.

Dentro de las amplísimas formas en el universo de la corrupción hay una que ha sido poco estudiada: la corrupción “legal”, en la que se actúa con las leyes bajo el brazo.

En las últimas décadas, por primera vez en la historia ha surgido un discurso globalizado sobre qué es y cómo combatir la corrupción. La respuesta a la primera inquietud es que se trata de un delito grave con un enorme coste social; y para la segunda, que se combate haciendo cumplir no solo la ley, sino además un complejo sistema articulado de reglas, hacia el cual las administraciones públicas y las empresas deben mostrar su conformidad, para formar un “cordón sanitario” que aleje a la sociedad honesta de la tentación de sobornar.

Cuando una idea gana consenso global, adquiere un aura de inevitabilidad y casi una vida propia. Cuando un pensamiento se vuelve único suele ir acompañado de ceremonias que lo fortalecen, como el Día Internacional contra la Corrupción de Naciones Unidas (9 de diciembre de cada año); y de rituales, como el principio de “conformidad”, a los planes anticorrupción, que se convierten en liturgia articulada, recogidos en sustanciales documentos titulados “Plan nacional anticorrupción”.

Entre los ritos que marcan el momento actual se encuentra la publicación anual de reconocidos índices de corrupción, uno de ellos el de “Percepción de la corrupción”, de Transparencia Internacional, organización no gubernamental con sede en Berlín, o el Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial. Otro, la publicación de rankings como una medida para absolver o condenar; según el lugar que se ocupe nos elevamos al cielo en el que se encuentran solo ciertos países escandinavos o Nueva Zelanda, o, en dirección contraria, hacia el calor del infierno, el de la corrupción total donde hay varios ejemplos de Estados fallidos. Tales indicadores, que se vuelven de diferentes matices en un mapa mundial, son tan ecuménicos como un globo terráqueo, casi como para bendecir –con el aire de aparente cientificidad que solo los números pueden dar– el discurso global sobre la corrupción, que se celebra y casi santifica.

Que mi tono no engañe al lector: personalmente contribuí al consenso sobre la corrupción que acabo de describir y no me arrepiento. Pero hoy nos equivocaríamos si no nos detuviéramos a reflexionar después de observar tanto los resultados mediocres

paraísos fiscales sin que la justicia local le preste mucha atención a los movimientos extraños.

Por otro lado está la corrupción política, endémica en las sociedades latinoamericanas y que, en sí misma, encierra un mundo de prácticas que impiden el desarrollo de un país, como el abuso del poder, la obstrucción de la justicia, el encubrimiento o la naturalización de las malas prácticas políticas y la negación sistemática de los partidos políticos a admitir responsabilidades cuando han cometido errores.

Difícil de medir ¿Por qué la corrupción legal ha permanecido en la periferia del debate? Creo que por dos razones principales: la primera, no sabemos cómo medirla; tenemos buenas razones para creer que podría ser enorme, por ejemplo en Estados Unidos, donde una pequeña minoría tiene recursos económicos abrumadores y controla herramientas efectivas para convertir el resultado de los procesos democráticos a favor de sus propios intereses, de hecho, “capturarlo”. Allí la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza ha crecido: el ingreso del 1 % más rico en 1980 era el 10,7 % del ingreso nacional total, pero este porcentaje ahora es alrededor del doble. Se ha activado un círculo vicioso en el que una mayor desigualdad significa que una minoría privilegiada tiene más herramientas para influir en el proceso político, y por lo tanto puede enriquecerse aún más.

Si bien el aumento de la desigualdad en Estados Unidos es una señal de que el problema está empeorando, no se puede considerar como corrupción legal porque la desigualdad económica tiene múltiples causas. Así, es difícil hablar de lo que no Foto: Brandon Pinto/Unimedios. se puede medir, y el énfasis del debate en un tipo de corrupción, la ilegal, y no en que hemos obtenido en la lucha contra la corrupción, como los desa- la otra, legal pero no menos importante, deriva gradables efectos de varios proyectos políticos alrededor del mundo, en parte de esta dificultad que hace impalpable y casi quedaría en la lucha contra la corrupción, la limpieza y la depuración imposible afrontar lo que no sabemos cuantificar. (¿no es también la purificación ritual y ceremonia?) que sobre estos La segunda razón que explica la falta de atención a la corrupción legal es: centrar la atención en la se ha fundado gran parte de sus ambiciones de poder. corrupción-crimen reduce el problema a una dimenNo es ilegal pero es corrupción sión individual, que concierne al cumplimiento de las leyes y normas, y el cumplimiento de los planes Partiendo de esa equivalencia fundacional entre corrupción y crimen, anticorrupción mencionados antes. Se ignoran así ahora es necesario repensar el fenómeno de la “corrupción legal”, los aspectos colectivos y los problemas de funcioaquella que esconde de nuestros ojos los actos corruptos que no violan namiento de nuestras sociedades en su conjunto, la ley, pero que aun así es corrupción. y se logra ser eximido de responsabilidad, pues Pensemos en una empresa que desea aumentar sus beneficios con- al redactar leyes y documentos sustanciales, y en taminando el medioambiente. Puede hacerlo sobornando al inspector definitiva, seguir al pie de la letra los rituales y lique debe hacer cumplir la ley que previene la contaminación, y será turgias vigentes, se demuestra que se cumple con un delito grave. Supongamos ahora que esa empresa puede optar por las obligaciones. otra vía para lograr el mismo objetivo: obteniendo la derogación o Repensar la corrupción hoy puede no ser fácil, modificación de la ley que le impide contaminar, por ejemplo, finan- porque nunca es conveniente cuestionar hábitos, ciando tanques de pensamiento –o think tanks– que niegan la evidencia ritos y ceremonias compartidos. Pero es necesario científica sobre el calentamiento global y enfatizan en la primacía del repensar dicho fenómeno, precisamente porque se ámbito económico; controlando los medios de comunicación que tiene que superar el discurso global actual partiendo promueven los mismos puntos de vista y la misma agenda política, o de uno de sus pilares: esta es sumamente dañina, realizando actividades de lobby. Así, la empresa se podrá enriquecer sea ilegal o legal. contaminando sin violar la ley, o ubicándose en esa zona gris entre lo permitido y lo prohibido, la cual es mucho más amplia cuanto mayor sea la cantidad de abogados capaces de contratar.

Otros ejemplos en el sector público son: someter las políticas públicas a los intereses de los grupos económicos; y utilizar información privilegiada para el beneficio propio y de terceros. Y en el sector palabras clave: corrupción legal, lobby, grupos de poder. Consúltelas en privado, que los ricos hagan contribuciones a las compañas políticas, www.unperiodico.unal.edu.co evadan sus responsabilidades tributarias o trasladen sus fortunas a

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diciembre 2020 | 4

La corrupción se nutre de la desigualdad Especial Corrupción

Juan Gabriel Gómez, profesor, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) Universidad Nacional de Colombia

En sociedades desiguales como la de Colombia, donde el poder económico y político está concentrado, los poderosos tienen más oportunidades de violar la ley, pues poseen diversos recursos para prevenir que la justicia los castigue.

Su ejemplo cunde y se extiende la idea de que apropiarse de lo público y hacerle “el quite” a la justicia es un privilegio personal o un signo de astucia reconocido por la sociedad.

Cuando los actos de corrupción se multiplican, la corrupción se convierte en un sistema que se nutre de la desigualdad y produce a su vez más desigualdad. Sus participantes son conspiradores que actúan en contra tanto del patrimonio público como de la confianza y la moralidad públicas. Estas son las claves para entender la extensión del fenómeno en Colombia.

No es casualidad que las denuncias de corrupción tengan como protagonistas a funcionarios públicos, muchos de ellos elegidos popularmente. Quienes tienen poder tienden a abusar de él, a menos que haya quienes los vigilen; el asunto es que los primeros eligen a los segundos. No nos llamemos a engaños: la mayoría de los procuradores y contralores han sido unos grandes impostores; sus grandilocuentes discursos no guardan proporción con los exiguos resultados en la lucha contra la corrupción, y ni qué hablar de aquellos jóvenes y ambiciosos que esperan usar su cargo para saltar a uno más alto. Deberían ser declarados peligro público.

La corrupción de los representantes elegidos popularmente tiene su principal causa en la manera como funciona la competencia electoral. En los países donde hay una burocracia profesional y meritocrática, además de una judicatura independiente, si bien la competencia electoral es dura, se realiza dentro de los límites de la ley, como en un partido de fútbol en el que los árbitros no temen sacar tarjetas rojas y amarillas. En el caso colombiano, donde nunca ha habido mayores esfuerzos por liberar la administración pública de la interferencia clientelista y la justicia ha terminado politizándose, la competencia electoral es a patada limpia, con muchos fuera de lugar, penas máximas a favor de ciertos equipos y partidos arreglados con árbitros que tienen interés directo en el resultado del juego.

La consecuencia de tener un sistema político como este es tener a su vez un sistema económico que favorece a los poderosos. La cosa funciona así: los poderosos financian las campañas de los congresistas e intervienen en el Congreso para que las leyes se hagan a su favor. La evidencia más clara de este fenómeno es la legislación tributaria.

de todos los atajos posibles a la hora de presentar la declaración de renta.

Otro tipo de leyes que promueven los poderosos son las que crean barreras artificiales a la entrada en el mercado, como por ejemplo los fondos de pensiones, que están en manos de grandes conglomerados económicos que administran el mayor ahorro que tiene el país como si fuera su propia plata. Tienen en sus juntas directivas representantes de los aportantes, pero nombrados por ellos mismos, como hacen los bancos con los “defensores del cliente”. Tales conglomerados maniobran política y legalmente para impedir que haya fondos de pensiones gestionados por asociaciones que no controlan, pues se les dañaría el negocio.

Otro tanto podemos decir de la manera como funcionan otros negocios. Los bancos, por ejemplo, han logrado que esté en vigor un sistema legal que los favorece, en el que las tasas de interés son exorbitantes y las comisiones injustificadas son legales. Aunque existe una superintendencia financiera, esta trabaja más para los bancos que para los ahorradores. El resultado de esta iniquidad es un gran cuello de botella que limita las posibilidades de crecimiento del país.

Tal y como funcionan las cosas, no debería extrañar que alrededor de la mitad de la población está por fuera del sistema financiero. De hecho, la mayoría prefiere no poner sus ahorros en los bancos, donde su dinero podría circular como inversión en proyectos productivos. Por eso la cultura del ahorro y de la inversión es débil, y por ende existe una fuerte propensión a la especulación, las apuestas y los atajos a la ley.

En el país los poderosos también consiguen que la justicia no les aplique las leyes, cuando los desfavorecen. A la vista están los casos de Odebrecht e Interbolsa, que se pueden considerar como representativos de un patrón común. Desde luego hay casos en los cuales se ha castigado la iniquidad, pero se podría decir que son más para la galería, pues tenemos una justicia mediática, que habla menos por sus sentencias y más por la vía de filtraciones a los medios de comunicación.

Colegios y universidades sin rendición de cuentas La corona de este sistema de la corrupción y la desigualdad es el sistema educativo, presidido en

muchos casos por grandes simuladores. Hay rectores de universidades y de colegios que se echan discursos muy sazonados acerca de la importancia de la sanción social y del pensamiento crítico e independiente, pero bajo la superficie de sus palabras la realidad es otra: los establecimientos educativos tienen una estructura autoritaria, en la que lo que diga el rector o el consejo directivo es ley. No hay transparencia, y menos rendición de cuentas.

En paralelo al programa de estudio explícito, hay otro implícito, muchas veces inconsciente: el de que es mejor callar y no denunciar, y también cultivar el malsano arte del postureo y la lambonería.

Entonces, que no nos extrañe que los protagonistas de muchos actos de corrupción sean personas educadas que se saben la “carreta” de la ética y la responsabilidad social.

Colombia tiene grandes desafíos por delante.

Sin gobiernos locales competentes y honestos, por ejemplo, no podremos mitigar los efectos del calentamiento global; sin corregir las inequidades que hay en el país, estamos abocados a que numerosos conflictos se expresen por fuera de las instituciones, pues en este país la democracia es representativa, pero del interés de los poderosos.

Habrá quienes me repliquen que “estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca”. En el país de los daneses la gente es honesta, hay emprendimiento y prosperidad, y no hay concentración de la riqueza, lo cual sirve para confirmar que la honestidad y la igualdad van de la mano. Pero no es el único caso. Políticas equitativas han hecho que Kerala, un pequeño estado al sur de la India, sea ejemplar en muchos aspectos: uno de ellos, el de funcionar de manera más honesta.

Según estimaciones hechas por la Alianza Global por la Justicia Fiscal en su último informe, la evasión tributaria en Colombia, legal e ilegal, supera 105 veces la de Dinamarca. Este solo dato ya nos debería poner a pensar acerca de la íntima relación que hay entre la corrupción y la desigualdad. El asunto, sin embargo, no es solo de pensar sino también de actuar. La verdad es que, si quisiéramos, podríamos hacer de Colombia un país honesto y equitativo.

palabras clave: desigualdad, corrupción, evasión, poderosos. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Leyes a la medida Aunque en teoría todos tenemos que ponerle el hombro a las cargas públicas, en la práctica hay una minoría que logra liberarse de sus responsabilidades fiscales: aquella que tiene cabilderos en el Congreso y abogados tributaristas que promueven exitosamente exenciones y descuentos, amnistías para legalizar patrimonios no declarados, figuras legales para sacar la plata a paraísos fiscales, además

Foto: archivo Unimedios.

Sin gobiernos locales competentes y honestos será imposible corregir las inequidades en el país, un ejemplo de ello es Tumaco (Nariño).

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diciembre 2020 | 5

Fernando Carrillo: “la corrupción es un cáncer para la democracia”

Especial Corrupción

María Luzdary Ayala V., Unimedios Bogotá

En entrevista con un Periódico, el procurador General de la Nación afirma que la sociedad colombiana ha tolerado la corrupción por mucho tiempo, como si fuera un legado de la cultura del dinero fácil, del narcotráfico, de la capacidad de cooptar el Estado, con el agravante de que en Colombia –hoy más que nunca con la pandemia– se están afectando los derechos fundamentales del Estado.

Su liderazgo en el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, que promovió el plebiscito para reformar la Constitución Política de Colombia en 1991, lo hace referirse con frecuencia a los logros de la nueva Carta para el control político, como la pérdida de la investidura o las acciones populares.

Para el procurador, luchar contra la corrupción requiere el esfuerzo de todos: de los empleados públicos, del sector privado, de la academia, y por supuesto de la sociedad.

Desde su experiencia en el Estado, no duda en calificar este fenómeno como “la peor de las enfermedades que ataca la legitimidad del Estado”, que afecta a instituciones públicas y privadas. un Periódico (unp): ¿cuánto dinero del Presupuesto General de la Nación cree que se pierde por actos de corrupción?

Fernando Carrillo Flórez (fcf): la sabiduría convencional muestra que la corrupción le cuesta al país 50 billones o más cada año; es una suma inmensa, muchos de estos actos no salen a la superficie –las coimas, los porcentajes que cobran por contratos, por ejemplo–, son dineros que, por regla general, no se recuperan, que podrían ir a obras públicas. De ahí que una obsesión de la Procuraduría sea tratar de quitarles a los corruptos los dineros que le han robado al Estado. unp: ¿cómo describiría la corrupción en Colombia? fcf: la mayoría de las prácticas corruptas tienen que ver con coimas, con porcentajes o montos que los particulares les ofrecen a los empleados públicos o que estos cobran por los contratos, pero creo que la más dañina es el financiamiento ilegal de las campañas políticas; es un mercado de pesos y votos: yo le entrego un dinero para ganar unas elecciones y usted me paga después, a través de contratos.

Ahora, en época de pandemia, el aumento del gasto público ha supuesto el aumento de la contratación. unp: ¿en este caso del covid-19, como en otros momentos de crisis, reina el oportunismo? fcf: así es, buena parte de la “corrupción covid”, como la denominamos en las entidades de control, se ha dado en esta época en que mandatarios departamentales y municipales creyeron que no existían controles y que las facultades de emergencia los legitimaban para entregar, sin ninguna restricción, contratos en los que están comprometidos los derechos de la gente, de los más necesitados. unp: ¿esta conducta incurre siempre en los mismos procedimientos? fcf: la corrupción nace, crece se reproduce y no muere, porque se transforma, tiene capacidad de adaptarse a la realidad de los intercambios sociales, por eso siempre hay nuevas formas. Por ejemplo si una tecnología se pone en marcha sin parámetros éticos termina al servicio de la corrupción. Hoy se

Foto: Oficina de Comunicaciones-Procuraduría General de la Nación.

Para actos gruesos de corrupción, que no puede combatir un juez penal, es necesario mantener la competencia de la Procuraduría": Fernando Carrillo Flórez.

están cometiendo muchas faltas disciplinarias en el mundo virtual, uno de los grandes debates es ponerle la brújula ética a los procesos de digitalización de las entidades del Estado. unp: ¿herramientas tecnologías como el blockchain ayudan contra la corrupción? fcf: sí es una herramienta objeto de diversos convenios institucionales, entre ellos con la Universidad Nacional de Colombia (unal); sirve para vigilar, por ejemplo, el manejo de recursos del Programa de Alimentación Escolar (pae).

Por ser información encriptada evita que una mano humana no autorizada modifique pliegos de contratación o las inhabilidades de quienes van a ser contratados por el Estado, lo cual nos servirá para procesos electorales y todo lo que implique manejos éticos de grandes bloques de información. unp: ¿cómo va el proyecto de ley promovido por la Procuraduría para indemnizar a las víctimas de la corrupción? fcf: este proyecto fue presentado con varias organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia por Colombia; queremos que se respete tal como se presentó, aunque algunos funcionarios no querían hablar de víctimas de corrupción como si eso tuviera que ver con el conflicto armado, esa figura no existe en Colombia. Por ejemplo, la Procuraduría tuvo que instaurar una acción popular contra Odebrecht para lograr una indemnización de 280 millones de dólares, pero queremos un mecanismo inmediato para indemnizar por los perjuicios que causan los carteles de la salud o la corrupción en el pae, eso sería un gran paso. unp: ¿estas indemnizaciones las pagarían los particulares, no el Estado? fcf: exacto, pero no veo en el proyecto del Gobierno la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El 90 % de los países desarrollados ya tiene consagrado un régimen de responsabilidad penal que permite sancionarlas. Si en Colombia se tuviera, las sanciones de responsabilidad penal en el caso de Odebrecht habrían sido más drásticas. unp: ¿cuáles considera los casos más críticos de corrupción en el país? fcf: en esta épocas, la macrocorrupción de Odebrecth, que trató de contaminar todo el sector público colombiano y que afectó a por lo menos 12 países de América Latina e incluyó a Estados Unidos; también los carteles de la salud y el de alimentación escolar, por mencionar solo algunos. unp: a los colombianos se nos cuestiona por volver a elegir a los corruptos en cargos públicos, ¿a qué se debe este comportamiento? fcf: tenemos la herencia del narcotráfico; en Colombia parece que la corrupción diera estatus, muchas veces los corruptos son aplaudidos por la sociedad cuando salen victoriosos de

procesos judiciales. Esa gran tolerancia es lamentable, esa impunidad social es incluso peor que la impunidad legal, con el agravante de que es la sociedad abriéndole la puerta a los corruptos y perdonándoles sus crímenes. unp: ¿cómo analiza la reciente destitución del presidente del Perú por presuntos actos de corrupción? fcf: es difícil emitir juicios de valor sobre lo que sucede en otro país, pero diría que aparentemente están respetando un procedimiento constitucional. Yo buscaría que operen instrumentos regionales de protección de la democracia y que lo que vaya a salir de esta crisis no sea peor de lo que venía, porque la informalidad democrática puede llevar a situaciones peores. unp: ¿cuál es el mayor aporte que pueden hacer instituciones como la unal para construir una cultura de transparencia en Colombia? fcf: es crucial, porque si bien tenemos muchos diagnósticos, desarrollos normativos, proliferación de convenciones internacionales, como las de la Organización de Estados Americano (oea), Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), es importante avanzar en la comprensión de los contextos sociales contemporáneos de corrupción. Qué mejor que la unal, el centro más importante de pensamiento del Estado, para avanzar en debates constructivos. De la academia salen las líneas de comportamiento de la sociedad, son laboratorios para la toma de decisiones. unp: ¿cuál es la mejor contribución de la academia al cambio generacional frente a la corrupción? fcf: es fundamental, los grandes cambios culturales tienen origen en la universidad. El gran cambio en Colombia, hace 30 años, surgió de la universidad, esta institución sigue siendo el escenario de la innovación, que es esencial. Desde la academia salen herramientas de análisis, de procesamiento de datos, de soluciones. No me imagino este mundo digital sin el aporte técnico de la universidad. unp: ¿qué mensaje le deja a la procuradora entrante? fcf: mantener la independencia de la Procuraduría. Una entidad como esta si llegara a estar subyugada a determinado poder, al gobierno o a la clase política, simplemente pierde su razón de ser.

palabras clave: coimas, transparencia, víctimas corrupción, Procuraduría General de la Nación. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

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diciembre 2020 | 6

Inequidad tributaria favorece percepción de corrupción Especial Corrupción

Víctor Mauricio Castañeda Rodríguez, profesor asociado, Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Colombia

Cada reforma tributaria, incluida la que se prepara para 2021, parece estar destinada a afectar cada vez más a la clase media y a favorecer a los grandes capitales. Ello, además de contribuir a la inequidad, podría favorecer una mayor percepción de corrupción, al considerarse que los ricos son los que evitan pagar impuestos gracias a su cercanía con los gobernantes.

La pandemia de COVID-19, además de mostrar cuán vulnerable es la vida humana, ha afectado la economía mundial a tal punto, que por ejemplo el Fondo Monetario Internacional (fmi) –en su Informe de perspectivas de la economía mundial de octubre– proyecta que durante 2020 alrededor de 90 millones de personas caerán en la indigencia y que el pib mundial se contraerá en un 4,4 %. Para el caso colombiano, la desaceleración económica y las mayores presiones sobre el gasto público producirán un déficit fiscal que rondará el 8,2 % del pib, lo que hace necesario que en 2021 se considere de nuevo una reforma tributaria.

Aunque se suele asumir que al incrementar la recaudación a través de mayores impuestos los ciudadanos contribuirán conforme quede establecido en la ley, esto pasa por alto la importancia de algunos factores contextuales como la extensión de la corrupción y su incidencia en el grado de aceptación ciudadana con respecto a las medidas tributarias.

En efecto, en varios estudios se ha identificado que existe una relación negativa entre la predisposición de los contribuyentes a pagar impuestos, o su moral tributaria, y la percepción de este delito.

Al respecto, y según encuestas como la realizada por Latinobarómetro en 2018, en Colombia los ciudadanos consideran que la corrupción es uno de los

principales problemas del país, con un 22,2 % de las respuestas. Además, el 63,6 % de los 1.200 encuestados percibe que este fenómeno ha aumentado “mucho” o “algo” con respecto a 2017, lo cual es coherente con trabajos como el de Transparencia Internacional, que ubican a Colombia como uno de los países con una mayor y creciente percepción de la corrupción en el mundo. Para 2019 al país le corresponde un índice de 37 en una escala de 0 a 100, donde un mayor indicador se asocia con una menor percepción del fenómeno.

Por su parte, cuando la corrupción es un fenómeno común en una sociedad, también se termina aceptando como un medio para lograr determinados fines. Por lo tanto, no sorprende que la encuesta de opinión ciudadana citada indicara que cerca de un 34,8 % de los encuestados en Colombia estaban “muy de acuerdo”, o “de acuerdo”, con la afirmación de que “cierto grado de corrupción es aceptable, siempre que se solucionen los problemas del país”.

Esto indica que dicho fenómeno es endémico en el territorio, al haberse extendido a todas las capas de la sociedad, lo que también se denota en frases bien conocidas como “el fin justifica los medios” o “a papaya puesta, papaya partida”.

Lo anterior merece especial atención cuando se trata de analizar propuestas de reforma tributaria como la que se anticipa para 2021, pues el aumento de impuestos también podría motivar la evasión fiscal, especialmente en contextos como el colombiano.

¿Se justifica el esfuerzo?

Una primera línea de razonamiento que podría seguir una persona que se enfrenta a una mayor carga tributaria es pensar si se justifica hacer el esfuerzo para cumplir con la respectiva obligación, considerando probable que una parte de lo que pague terminará en los bolsillos de algún funcionario o político, o que se dilapidará en contratos con vicios de irregularidad, caso de Odebrecht y Reficar, para citar solo dos ejemplos bien conocidos.

Así mismo, los cambios y motivaciones que se empiezan a conocer sobre la próxima reforma tributaria sugieren que el mayor esfuerzo en el aumento de la recaudación sería soportado por la clase media,

Foto: archivo Unimedios.

Los cambios y las motivaciones que se empiezan a conocer sobre la próxima reforma tributaria sugieren que el mayor esfuerzo en el aumento de la recaudación sería soportado por la clase media.

y no por quienes cuentan con una mayor capacidad de pago. Ello, además de contribuir a la inequidad tributaria, podría favorecer una mayor percepción de corrupción, al considerarse que los ricos son los que evitan pagar impuestos gracias a su cercanía con los gobernantes.

Las alocuciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indican que el ajuste fiscal necesario tras la pandemia implicará revisar y eliminar las exenciones al iva, con el argumento de que ya existe un sistema de devolución de lo pagado a los hogares de menores ingresos.

Aunque es cierto que posiblemente los más pobres ya estén identificados para efectos de la devolución del iva pagado, la clase media vería afectado su bolsillo de manera importante con una posible generalización del impuesto. Ello, sumado a la dificultad de que una herramienta como el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén) capture de manera oportuna el deterioro en la situación económica de los individuos, la alta informalidad de la economía y las restricciones operativas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (dian), que limitan su eficacia, hacen todavía más fácil tomar la decisión de evadir impuestos.

Fortalecer moral tributaria La corrupción parece estar asociada de manera positiva con la evasión y de manera negativa con la moral fiscal, lo que da cuenta del riesgo de que una sociedad como la colombiana termine siendo presa de un círculo vicioso. Además, los países con una amplia aceptación de la corrupción pueden adolecer de una falta de recursos necesarios para invertir en gasto público social y fortalecer su capacidad de regulación e intervención económica.

También existen estrategias que contribuirían a cambiar esta situación. La primera es considerar que “incrementar la recaudación” no es sinónimo de “aumentar los impuestos”, pues también se puede optar por fortalecer la capacidad institucional de las entidades recaudadoras, para dar el mensaje de que el delito no paga. Así mismo, es necesario educar a los ciudadanos, desde niños, de suerte que comprendan su rol en la sociedad y la importancia de pagar impuestos, de lo cual algunos ejemplos se encuentran en el informe Fomentando la cultura tributaria, el cumplimiento fiscal y la ciudadanía: Guía sobre educación tributaria en el mundo, realizado de manera conjunta entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (fiiapp).

Estos dos planteamientos solo darían fruto en el mediano y largo plazo, por lo que para financiar estas apuestas es necesario repensar hoy la justificación de numerosos beneficios tributarios en la legislación colombiana, que además de contribuir con la inequidad fiscal y el sentimiento de injusticia y corrupción, le cuestan al país, en su conjunto, alrededor de 80 billones de pesos, cifra incluso mayor a las estimaciones del costo de la corrupción que para 2018 realizó la Contraloría General de la República, a saber, 50 billones de pesos.

palabras clave: moral tributaria, evasión, corrupción, reforma tributaria. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Periódico – N.º 228 – Universidad Nacional de Colombia

diciembre 2020 | 7

Corrupción en salud: ¿existe una cura para la enfermedad?

Especial Corrupción

Jairo Humberto Restrepo Zea, profesor titular, Facultad de Ciencias Económicas Universidad de Antioquia

Los efectos negativos de este fenómeno son más dramáticos en el caso de la salud, pues se reflejan en la falta tanto de atención como de control de enfermedades, en el deterioro de la calidad de los servicios, y lo peor, en la muerte de quienes no pueden acceder a la atención médica o a los recursos necesarios como medicamentos o insumos hospitalarios.

¿Cuáles son los síntomas y quiénes los pacientes?

La corrupción adopta diversas formas según la práctica empleada. No se trata solo de un fenómeno de gran alcance o monto, como el descalabro de las eps por malos manejos o los fraudes en la contratación de grandes obras, en los que aparece envuelta la clase política y la dirigencia del país. También se deben reconocer las prácticas corruptas de varios actores del sistema de salud, por ejemplo en los niveles territoriales, en el interior de las entidades e incluso entre los usuarios.

En dos encuestas del ges, adelantadas en 2017 entre la población colombiana y en entidades del sistema de salud para conocer la percepción sobre la corrupción, precisamente se dio cuenta de que todos los actores del sistema son vistos con algún grado, desde moderado hasta muy alto. Quienes salen mejor librados son los usuarios y los profesionales de la salud, con un grado moderado según la calificación que dieron representantes de entidades de salud, pero en el otro extremo están alcaldías,

Más educación ciudadana Reconociendo lo anterior, la mejor vacuna o el mejor antídoto Ilustración: Paola Andrea Bustos Peláez/Oficina de Proyectos Estratégicos de Unimedios. contra la corrupción está tanto en la educación ciudadana y en la gobernaciones, hospitales públicos y eps, que son selección del personal como en la forma de gobernar las empresas y las entidades para evitar aquellas conductas corruptas. Pero además vistos con un grado muy alto (ver gráfico).

Por otra parte, como muestra de lo generalizado de la prevención es necesario contar con tratamientos para actuar en del fenómeno, el 53 % de los participantes en la la medida en que se puedan presentar casos, y por ello se requiere una encuesta ciudadana del ges reportaron haber sido fuerte vigilancia y mecanismos de sanción eficaces.

Aunque el sistema de salud presenta situaciones que lo hacen más testigos en los últimos dos años de algún acto de corrupción en el sistema de salud, “porque lo hayan propenso a la corrupción, especialmente el gran número de actores y presenciado o conocido de cerca”. Las prácticas de contratos, no se puede pensar en que un cambio en el sistema borre reconocidas, según el porcentaje de personas que el fenómeno de manera automática. Es necesario reconocerla como dijeron haber sido testigos, fueron: favoritismo (27 %), un problema nacional y afrontarlo mediante un conjunto de políticas tráfico de influencias (25 %), conflicto de intereses que involucren a la ciudadanía en forma más directa, con mecanismos (20 %), fraude en la contratación (17 %), desvío de de denuncia efectivos y de protección a los denunciantes. dinero (14 %) y pago o recepción de sobornos (12 %).

Se proponen tres conjuntos de acciones para la lucha contra dicho problema en el país: una política general que contemple sanciones Alta tolerancia ejemplares en un estatuto anticorrupción; una política propia del sistema de salud que involucre a todos sus actores, y una política de Aunque se pudiera plantear que la causa de la co- educación y cultura de más largo plazo y que trasciende a otros sectores. rrupción se encuentra en fallas en los sistemas de información, en la falta de vigilancia o en vacíos palabras clave: sistema de salud, eps, sobornos. normativos, entre otros asuntos, estos se pueden Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co reconocer más bien como factores facilitadores

Calificación del nivel de corrupción en el país, el sistema de salud y sus actores. Encuestas de percepción 2017

100 Nivel de corrupción

Uno de los principales asuntos que preocupa a la ciudadanía sobre la situación del país es la corrupción, y en particular la que se da el sistema de salud, incluso en medio de la pandemia por covid-19. Una encuesta realizada entre abril y mayo de 2020 por el Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia (ges) para conocer los efectos de la cuarentena sobre la salud y la economía de los hogares del país, arrojó que solo el 2,4 % de los participantes consideraba que en la contratación para atender la crisis no se presenta este fenómeno, contrario al 42,6 % que piensan que sí, y para los demás también existe algún grado de este.

La corrupción es un comportamiento por el cual se desvía el beneficio colectivo hacia beneficios particulares mediante prácticas que van en contra de la ley o de la ética. En el caso colombiano, es considerada endémica por cuanto se trata de un problema generalizado, que ha permanecido por años y sin soluciones a la vista.

En la medición anual de Transparencia Internacional (ti) sobre percepción ciudadana de la corrupción, Colombia está entre los países en los que esta se cataloga como medio-alta, ubicándose en posiciones por encima de 90 entre 180 países ordenados del menos al más corrupto. En el caso de salud la situación es aún más preocupante pues también en mediciones de ti Colombia aparece entre los 20 países más corruptos del mundo y el peor en América Latina. En 2016, el 63 % de los participantes en el estudio consideró que tal problema en el sector salud era muy alta.

(la ocasión hace al ladrón). La causa fundamental se encuentra en la conducta de las personas, quienes están dispuestas a contravenir la ética o la ley.

Entre los hechos que hacen difícil luchar contra este flagelo se encuentran la tolerancia y la baja denuncia. La encuesta ciudadana del ges mostró que para el 80 % de las personas la sociedad acepta la corrupción, y de hecho cuando se mencionan casos que pueden traer beneficios sobre las personas, estos resultan justificados o incluso no se reconocen como actos corruptos. Por otra parte, el 26 % de quienes fueron testigos de hechos corruptos denunciaron ante su jefe o ante un organismo de control la, Policía o la Fiscalía, pero lo más dramático es que apenas en el 14 % de los casos denunciados se reconocieron culpables y hubo castigo, mientras en el resto no pasó nada.

75

88 87 Muy alto

86 81

74

50

Alto

25

Moderado

0

89 83

81

70

71

76 69

76

75

71

52

54

54

59

53

42 28

Bajo El país en general (Colombia)

El sistema de salud colombiano

Alcaldías, gobernaciones y secretarías de salud

Hospitales públicos

Empresas promotoras de salud (EPS)

Industria farmaceútica

Encuesta ciudadana

Ministerio Superintendencia Clínicas de Salud Nacional y hospitales y Protección de Salud privados Social

Profesionales Usuarios de la salud de los servicios de salud

Encuesta institucional

Nota: Los resultados se presentan como una calificación promedio para cada actor, desde cero (no existe corrupción) hasta 100 (la corrupción es muy alta).

Fuente: Grupo de Economía de la Salud. En busca de una mayor integridad y transparencia en el sistema de salud colombiano, 2018.

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Especial Corrupción

diciembre 2020 | 8

Delincuencia organizada ejerce control desde todos los poderes públicos Henry Torres Vásquez*, abogado, Universidad Nacional de Colombia

Aunque exista voluntad política y conciencia social acerca de la necesidad de enfrentar la corrupción y sus estrechos lazos con la delincuencia organizada, esta no será efectiva mientras se pretenda combatirla desde una política criminal. De hecho, conductas delictivas como enriquecimiento ilícito, lavado de activos, extinción de dominio y testaferrato, no son debidamente perseguidas por la justicia penal.

Se podría pensar que la corrupción es un manido concepto que la sociedad emplea particularmente cuando se hace referencia a la política colombiana.

Ante ese panorama se escuchan voces en su contra por parte de sectores sociales, lo que es destacable; sin embargo, diferentes Gobiernos han minimizado sus consecuencias.

La corrupción adquiere una dimensión trascendental en cuanto a su relación con la delincuencia organizada. El doctor en Derecho de la Universidad de Sevilla (España) Alri Zurita Gutiérrez, en su investigación “El delito de organización criminal: fundamentos de responsabilidad y sanciones jurídicas”, adelantada en 2017, señala que esta “se ha convertido en un fenómeno sistémico, donde los comportamientos rebasan la esfera personal o individual del funcionario, para convertirse en un mecanismo regular o habitual de la asignación presupuestaria y de la contratación pública que compromete el proceso de adopción de decisiones de las instituciones democráticas”.

Es evidente que en la sociedad colombiana las redes que proceden tanto de la delincuencia organizada como de la corrupción desdibujan la idea de democracia; en especial la última sirve de estímulo a una élite presa del dinero fácil o ilegal, es decir que la corrupción no se percibe como un delito, contrario a lo sucede con la delincuencia organizada.

El crimen organizado tiene múltiples facetas y una variopinta conceptualización. Sin embargo, en la del artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Crimen Organizado Transnacional se entiende como “grupo delictivo organizado” un grupo “estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

Para el caso colombiano, hasta los años setenta el país se había preocupado por un tipo de criminalidad local, y en los ochenta comienza a mostrar preocupación por la delincuencia organizada. En 1982 los narcotraficantes colombianos manejaban un negocio que les permitía importar divisas que oscilaban entre 800 y 2.000 millones de dólares, según los cálculos más amplios, es decir entre el 10 y 25 % de las exportaciones totales del país. Esta pasó a ser transnacional, no nació de forma incipiente o desordenada, empezó perfectamente estructurada, de la mano de Pablo Escobar Gaviria y el Cartel de Medellín, desde donde se permitía que a la activi-

dad del narcotráfico se vincularan los más variados sectores y estamentos sociales.

Lo anterior evidencia cómo, a través de empresas lícitas y de organizaciones criminales, la delincuencia se introdujo en el Estado; en especial, durante las últimas décadas el concepto de democracia se ha visto resquebrajado ante una macrocriminalidad en la que la corrupción es casi un sacramento a la corruptela.

Así, de manera muy fácil, y por supuesto con la valiosa ayuda de los medios de comunicación, en el Estado hay impunidad y una evidente apología de la ilegalidad. Se sabe que la corrupción alienta a que se extienda la delincuencia organizada, y está última, por su actividad criminal, reproduce dicho fenómeno.

Defensa del statu quo En medio del conflicto armado interno, funcionarios públicos han estado vinculados a la comisión no solo de delitos sino de crímenes internacionales, mezclándose delincuencia organizada y un vasto poder estatal. No en vano, muchos servidores de toda estirpe en casi todas las regiones del país y en múltiples cargos públicos –incluso de elección popular– han sido condenados por conductas delictivas relacionadas con el narcotráfico.

La debilidad de las instituciones, que en algunas ocasiones son regidas por integrantes de esa delincuencia organizada, consolidó no solo el gran negocio del narcotráfico en Colombia, sino que permitió que algunos partidos políticos construyeran élites de poder en las que se totalizan simbióticamente actores estatales y empresariales que constituyen el principal problema de la corruptela nacional.

A su vez, el hecho de que esta amalgama de conductas criminales se haga cada vez más fuerte, ha dado lugar a una clara intención de asegurarse una defensa del statu quo.

Verdades históricas han confirmado la sangrienta alianza entre narcotráfico y violencia, pero también han evidenciado que algunos políticos, cuyas campañas han sido financiadas con dineros de grupos

delincuenciales, se encuentran legislando y tomando medidas sobre acciones públicas que abarcan toda suerte de perspectivas, lo que pone en tela de juicio la idoneidad de tales decisiones.

Entre enero de 2016 y julio de 2018 el Monitor Ciudadano –plataforma de curaduría de información, investigación y seguimiento del fenómeno de la corrupción en el país– identificó 327 hechos de corrupción reportados por la prensa nacional y regional en los 32 departamentos del país.

El 73 % se relaciona con la corrupción administrativa, el 9 % con corrupción privada y el 7 % con corrupción judicial. Del total de actores individuales involucrados recopilados se evidenció que el 39 % fueron funcionarios públicos y el 30 % autoridades electas por voto popular. De dichas autoridades electas, el 81 % fueron concejales (41 %) y alcaldes (40 %).

Para anular la corruptela y la criminalidad organizada, se requiere fundamentalmente abordar las causas que dan origen a esa delincuencia, lo que implica eliminar fueros e inmunidades, amnistías e indultos, y otras formas de impunidad que han dado lugar a que cuando la delincuencia –a través del ejercicio de la violencia– imponga sus condiciones no se cause ningún tipo de alarma social. Además, es importante que la mayor parte de la sociedad comprenda que la transgresión perpetrada por sus dirigentes también es un crimen.

Las soluciones para erradicar la corrupción en una situación y en un contexto tan complicado como el señalado requerirían un ataque integral, que incluya incluso la reestructuración de buena parte del Estado. *Profesor, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (uptc).

palabras clave: narcotráfico, impunidad, delincuencia organizada. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Foto: archivo Unimedios.

La mayor rentabilidad económica de las actividades de la delincuencia organizada se logra en la medida en que la comisión de algunos crímenes quede impune con “ayuda legal”.

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diciembre 2020 | 9

Corrupción en la justicia: la criminalidad de los decentes

Especial Corrupción

Estanislao Escalante*, profesor, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Miguel Lamadrid Luengas*, profesor, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de Colombia

Ineficiencia, poca preparación de los funcionarios, mecanismos disciplinarios poco rigurosos, lentitud en los procesos de investigación y un aumento irracional de normas y delitos, hacen que la justicia sea un escenario propicio para buscar alternativas ilegítimas –como el soborno– que llenen el vacío de la institucionalidad, todo ello ante la tolerancia de la ciudadanía.

Para hablar de la corrupción en el sistema de justicia penal colombiano es necesario identificar dos escenarios. De una parte, y en sentido general, se trata de la corrupción como fenómeno del ejercicio desviado del poder y su judicialización, en el que se observan conductas de servidores públicos que tienen poder de decisión y lo ejercen en beneficio propio o de un tercero, en detrimento del mandato especial por el que fueron investidos; también del agente que soborna al funcionario para obtener provecho para sí, para un tercero o para acelerar una gestión.

En este escenario, la percepción ciudadana sobre la impunidad de la corrupción es alta, pues ven un sistema ineficaz y lento para la criminalidad de los poderosos, como se observa en el Índice Global de Impunidad 2020, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (México), en el que Colombia se ubica en el puesto 49 entre 69 países analizados.

El segundo escenario hace referencia a la corrupción de los actores del sistema judicial, desde los usuarios, testigos, auxiliares y abogados, hasta aquellos a quienes se les ha conferido el poder de administrar justicia, investigar o gestionar la función judicial. Se trata de los actos que traicionan la confianza pública y el mantenimiento de la recta administración de justicia como una especie de corrupción pública.

Sin embargo, la corrupción judicial merece un análisis específico por el daño que implican los actos corruptos en la credibilidad de la función judicial y su íntima relación con los demás poderes públicos y la definición de intereses en los procesos judiciales. En el Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe de 2019, elaborado por Transparencia Internacional, la percepción ciudadana de una justicia corrupta en Colombia se ha incrementado en los últimos tres años. Así, en relación con el soborno, esta pasó del 11 al 12 % entre 2017 y 2019, y con respecto a quienes la administran pasó del 37 al 47 % en el mismo periodo.

No es para menos, ya que cada vez son más frecuentes los actos de desviación de poder relacionados con la influencia de la política y los partidos políticos en la esfera judicial, en especial en la función nominadora que tienen los magistrados de las Altas Cortes o de sus propios nombramientos.

Al parecer, en ellos prevalecen los criterios políticos de conveniencia corporativa o los intereses particulares, pero no el mérito y las calidades profesionales y técnicas de los candidatos, como sucede en la selección del fiscal General de la Nación. Tal situación ha minado la independencia judicial, su imparcialidad y probidad.

Problemas estructurales profundizan la crisis de la justicia Pero no solo ha sido la influencia de la política la que ha generado un escenario propicio para la desviación de poder de los jueces y magistrados. También se han observado actos de corrupción, estructural o interna, que se relacio-

Ilustración: Diana Carolina Pinzón Velandia /Oficina de Proyectos Estratégicos de Unimedios.

nan con la función propia de la administración de justicia, tanto en la rama judicial como en la Fiscalía. Por ejemplo, los magistrados, abogados y funcionarios relacionados con la obtención o exigencia económica para la manipulación de las decisiones (conocido como “cartel de la toga”), para retardar u omitir órdenes de captura, variar la tipificación de delitos o para incluir o no a actores armados en los procesos de justicia especializada o transicional.

De igual manera, se conocen casos a menor escala y de práctica cotidiana relacionados con dádivas para acelerar trámites o decisiones, ocultar o retardar causas criminales, manipular notificaciones, alterar documentos para favorecer a terceros, embargos irregulares o tráfico de influencias, lo cual muestra cómo la función judicial no es ajena a un amplio catálogo de prácticas corruptas que atentan contra su credibilidad, independencia e integridad.

La función judicial en Colombia no es ajena a los problemas estructurales que caracterizan la justicia en la región, en especial su ineficiencia, la poca preparación de los funcionarios, los mecanismos disciplinarios poco rigurosos o la lentitud en los procesos de investigación.

A esto se añade el aumento irracional de normas y de delitos que incrementa la carga laboral, lo que hace que la justicia penal sea un escenario propicio para buscar alternativas ilegítimas que llenen el vacío de la institucionalidad, todo ello ante la tolerancia resignada de la ciudadanía.

Quizá el aspecto más problemático que se viene presentando es la denominada Reconfiguración Cooptada del Estado (rcde), que consiste en las acciones de diversas organizaciones (políticas, productivas o criminales) para modificar el régimen político de manera sistémica, de tal suerte que inciden en la composición del Congreso para obtener legislación favorable a sus intereses, en las autoridades administrativas para cooptar las políticas públicas, y en la rama judicial para asegurar la impunidad.

No obstante, lo cierto es que son miles los funcionarios judiciales y los usuarios que actúan de manera transparente y comprometida con las pocas herramientas con que cuentan, pero que vienen afrontando un aumento de la violencia estructural por la reacomodación de actores armados, la conformación y reorganización de redes criminales organizadas, y la contracción de la economía por cuenta de la pandemia, que además ha elevado la comisión de delitos.

Urge profesionalización y mayor sensibilización Como se observa, la administración de justicia penal sufre una serie de transformaciones que forman parte de las crisis consustanciales a los sistemas penales. Sin embargo, para transformar este desalentador escenario actual, es necesario implementar políticas de prevención. Por ejemplo, reformar el gobierno judicial, fortalecer la carrera judicial por méritos, mejorar la formación constante y periódica de los funcionarios, consolidar órganos de control internos en la rama judicial y externos en la comunidad y las universidades, por lo que es imperativa la conformación de un tribunal de ética judicial sin influencia de los partidos políticos.

Con respecto a los abogados, es necesario profesionalizar el litigio, de manera que quienes opten por esta vía de desarrollo profesional, además de colegiarse, reciban formación específica para ello. Urge una política de sensibilización de todos los involucrados, con el fin de crear modelos de conducta, por lo menos éticamente aceptables, en los cuales se generen sentimientos de identificación común y de preponderancia del interés social, con responsabilidad y vocación de servicio.

Lo anterior debe venir desde las facultades de Derecho.

En un mundo donde cada vez se fomenta más la búsqueda de un éxito económico rápido, sin esfuerzo y a cualquier precio, donde se buscan sistemas retributivos con incentivos a corto plazo, donde para los estudiantes en formación es más valioso trabajar duro que ser justo, solidario o amable, tenemos la obligación de formar abogados que más que exitosos tengan valores, sean responsables, ayuden a reconstruir el tejido social en nuestro país y a recuperar la majestad de la justicia. *Integrantes de la Escuela de Pensamiento Penal “Luis Carlos Pérez” Polcrymed, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la unal.

palabras clave: sistema judicial, cartel de la toga, impunidad, jueces. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

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Especial Corrupción

diciembre 2020 | 10

Políticas anticorrupción en los territorios colombianos, tarea en lento proceso Marco Fidel Agudelo Cano*, magíster y especialista en Estudios Políticos Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

La modernización del Estado colombiano implica situar la transparencia en el centro de las decisiones gubernamentales, ya sea como estrategia de buen gobierno, garantía de derechos fundamentales o lucha contra la corrupción.

Los gobiernos locales son actores determinantes en la modernización del Estado, por cuanto son reconocidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República como los escenarios de mayor riesgo de corrupción en el país. De ahí que sean los primeros llamados a implementar en sus territorios tanto las políticas y estrategias de lucha contra la corrupción que ha formulado el Gobierno nacional, como aquellas que forman parte de los acuerdos y convenios internacionales.

En la última década ha sido prolífica la promulgación de normas y políticas de lucha contra la corrupción, entre las que sobresalen el Estatuto Anticorrupción y la Política Pública Integral Anticorrupción (ppia), las cuales establecen medidas para que todas las entidades públicas asuman la responsabilidad de atacar este fenómeno. Sin embargo no es suficiente promulgar leyes, sino que es necesario garantizar su aplicación mediante una institucionalidad fuerte. Además está la necesidad de fortalecer las acciones pedagógicas para que los ciudadanos reconozcan y defiendan los intereses públicos, realicen control social a la gestión pública y demanden la rendición de cuentas de sus gobernantes.

Para lograr estos objetivos es necesario enfrentar algunos desafíos en los territorios, entre ellos la debilidad institucional, que se caracteriza por mecanismos de control insuficientes; la normatividad con poca capacidad vinculante; la cultura política y de gestión que elogia los hechos de corrupción (cultura del avivato); y el desinterés por las normas.

Además de las anteriores, otras problemáticas afectan de manera especial a las entidades territoriales e inciden en la resistencia o incapacidad para crear o implementar medidas o acciones protransparencia. Por ejemplo en algunos municipios –especialmente en aquellos más pobres o alejados– aún no se ha logrado modernizar la institucionalidad pública, ya sea por insuficiencia económica o por falta de acceso a plataformas tecnológicas que faciliten algunas de las estrategias relacionadas con el gobierno abierto, los trámites o la participación ciudadana.

La violencia armada también ha limitado la articulación entre las administraciones locales y el nivel nacional, generando condiciones propicias para la corrupción; en la ciudadanía hay escepticismo, desconocimiento o miedo ante los asuntos públicos, la gestión pública y la transparencia, en cuanto a su cuidado, denuncia o protección. Esto aumenta los niveles de discrecionalidad en los servidores públicos para llevar a cabo los objetivos que establece el poder político. Además, desplegar la estrategia anticorrupción requiere recursos para su implementación, que el Estado haga presencia en los territorios a partir de programas permanentes, dependencias subregionales instaladas, disposición y acceso a la información y despliegue de justicia territorial.

Así, los gobiernos locales se transforman para responder a las acciones y políticas asociadas con las necesidades ciudadanas e institucionales, que exigen prácticas en transparencia como rendición de cuentas, control social y uso del derecho fundamental de acceso a la información pública. Pero se debe tener en cuenta que casi el 90 % de los municipios de Colombia son de categoría 6 (con población igual o inferior a 10.000 habitantes), y entre ellos existen

Foto: Diana Manrique Horta/Unimedios.

El fenómeno de la corrupción no disminuye en los municipios, por ejemplo en Leticia, los organismos de control han denunciado irregularidades en la construcción del aeropuerto, en la contratación del Programa de Alimentación Escolar y más recientemente, a propósito de la pandemia por covid-19, en la administración del Hospital San Rafael.

diferencias fuertemente marcadas tanto de capacidades institucionales como culturales, económicas y sociales.

Vacíos administrativos ¿Cómo incide esta heterogeneidad de capacidades institucionales en la implementación de la ppia en los territorios colombianos? Esto es importante porque el proceso descentralizador colombiano entregó múltiples funciones y responsabilidades a las entidades territoriales, sin que esto represente más ingresos o capacidades para ejecutarlas.

En este sentido, si la oferta institucional y los recursos del Gobierno nacional no llegan de manera equitativa, se seguirá alimentado el círculo vicioso de la dependencia de las transferencias, y la brecha de capacidades institucionales para responder a las exigencias en la implementación de la ppia.

De esta manera, en las entidades territoriales se identifica: i) falta de claridad y exhaustividad en la identificación de los riesgos de corrupción, ii) falta de coherencia y correlación entre los riesgos identificados, sus causas, consecuencias, y las medidas tomadas para intervenirlas, iii) aunque en el país existe un reconocimiento generalizado de la corrupción, las medidas institucionales aplicadas no logran impactar las prácticas de esta en los territorios, por ser insuficientes o poco claras. El fenómeno de la corrupción no disminuye en los municipios colombianos.

Entre los aspectos negativos más preocupantes están: i) la escasa pedagogía y apropiación de la metodología por parte de los funcionarios encargados de elaborar los planes anticorrupción, ii) la obligatoriedad se puede traducir en una lista de chequeo formal solo por cumplir con el requerimiento para evitar sanciones y por lo tanto se descuida el cumplimiento del propósito, iii) para la elaborar e implementar los planes anticorrupción y de atención al ciudadano no se tienen en cuenta las capacidades institucionales que requieren los gobiernos territoriales, iv) en los municipios de categoría 5 (entre 10.000 y 20.000 habitantes) y 6 existe mayor rotación de servidores públicos, además de exceso de funciones y responsabilidades para un cargo u oficina, lo que puede incidir en la calidad de la puesta en marcha de las acciones anticorrupción.

Es por eso que visibilizar riesgos de corrupción implica reconocer vacíos administrativos en el control, intereses particulares de los actores que participan de la operacionalización del Estado en los territorios, falta de capacidad

técnica de los funcionarios, entre otros, lo cual implica mayor compromiso político para imponer y transformar la cultura de la prevención del riesgo en instituciones y actores locales que pueden aprovechar esta opacidad para beneficio individual. Un requerimiento técnico y normativo como la implementación de la ppia implica un cambio de cultura en la gestión de lo público, que paulatinamente le puede quitar posibilidades de beneficio individual a los corruptos.

Además, la capacidad operativa de los entes de control o de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República –como ente responsable de la territorialización de la ppia– es insuficiente para cubrir el nivel nacional; su falta de autonomía administrativa limita las acciones a desplegar en los territorios, por lo cual es necesario contar con un órgano con mayor autonomía administrativa y presupuestal.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) sugiere que en el marco de la ppia se contemple la opción de conformar una entidad con personería jurídica y presupuesto propio, cuyo direccionamiento debe permitir la incidencia de la sociedad civil.

Con este propósito, la Secretaría debe incentivar con más fuerza la participación de la ciudadanía en los ejercicios de control a la administración pública, articulando acciones con los demás componentes de la estrategia, tales como la rendición de cuentas, la gestión de pqrs (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias), la estrategia antitrámites, el control social, el acceso a la información y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. * Coordinador de la línea Corrupción, Transparencia y Control Social del Grupo de Investigación Gobierno, Instituciones y Transparencia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia.

palabras clave: Política Pública Integral Anticorrupción, municipios, rendición de cuentas. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

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diciembre 2020 | 11

Ciencia, tecnología e innovación en la unal

Bogotá. Juguetes y dibujos animados ayudan en terapias de niños con autismo.

Manizales. Con molienda mecánica, cascarilla de arroz –fuente natural de silicio– se convierte en materia prima para la producción de fibrocemento, incrementando su resistencia.

Manizales. Deshidratación con ultrasonido conserva aroma del tomate de árbol.

Bogotá. Una celda de estaño de punto fijo se puede usar como patrón de temperatura en la calibración de termómetros de alta exactitud.

Bogotá. La carne bovina del trópico alto es rica en ácidos grasos omega 3 y 6.

Bogotá. Tratamiento químico y microorganismos convierten plumas de pollo en alimento para animales.

La

UNAL cuenta

Bogotá. Reservas campesinas como la de Cabrera (Cundinamarca), donde se combatió la inequitativa distribución de la tierra, entre otros aspectos, facilitarían la implementación de la Reforma Rural Integral.

Bogotá. Chelus orinocensis es el nombre de la nueva especie de tortuga matamata identificada para la Orinoquia colombiana, y considerada como uno de los vertebrados más exóticos hasta ahora conocidos.

Medellín. Nuevo diseño de prótesis mecánica de brazo para niños con discapacidad física bajo el codo, se acomoda a su proceso de crecimiento y brinda posibilidad de agarre de codo y pulgar.

Bogotá. Con bacterias controlan hasta un 95 % el moho gris en las rosas.

Bogotá. Prueban eficacia de la espectroscopia para medir carbono orgánico en el suelo.

Manizales. Inadecuada salud bucodental en las gestantes está relacionado con problemas como parto prematuro, bajo peso del recién nacido, o mayor riesgo de preeclampsia.

Bogotá. Dispositivo de bajo costo permite ampliar la medición de los rayos desde torres de transmisión, como las que se usan para la interconexión eléctrica.

Bogotá. Suero de leche, residuo de la industria quesera, resultaría hasta un 50 % más económico que otros sustratos comerciales utilizados para cultivar probióticos.

Bogotá. Desarrollo experimental en la exploración física y biológica del “efecto tornasol” en las alas de las mariposas Morpho cypris y Greta oto, permitiría avances en la industria óptica.

Manizales. Residuos de aceite de motor, materia prima para fabricar asfalto menos contaminante.

Bogotá. Por medio de simulaciones, a partir de un modelo matemático se encontró que inyectar gases ligeros y vapor en yacimientos de crudo aumentaría reservas de hidrocarburos en el país.

Palmira. Una planta procesadora abastecería de carne de cuy a Cali, Candelaria y Tuluá (Valle del Cauca).

Medellín. Adicionar un 15 % de harina de auyama a la harina de maíz permite elaborar arepas ricas, más nutritivas y que no incrementan los costos de producción para la agroindustria.

Bogotá. Cultivar de manera conjunta microorganismos marinos generaría potenciales antibióticos.

Bogotá. Modelos numéricos miden estabilidad de laderas antes de construir grandes obras.

Más información en www.agenciadenoticias.unal.edu.co

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diciembre 2020 | 12

Universalizar la seguridad social, el reto de América Latina Política & Sociedad

Berenice P. Ramírez López*, co-coordinadora del Grupo de Trabajo Seguridad Social y Sistemas de Pensiones Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso)

Antes del covid-19 cerca del 40 % de la población de la región no contaba con ningún tipo de protección social, situación que se ha profundizado durante la pandemia haciendo más evidentes las vulnerabilidades asociadas con empleabilidad, pobreza y desigualdad. La crisis obliga a impulsar políticas públicas que conduzcan a un modelo civilizatorio distinto, en el que se ponga la vida en el centro de las decisiones.

Nos encontramos en una situación de incertidumbre de alcance sistémico, derivado de la expansión, duración y expectativas que genera la pandemia del covid-19. El impacto más significativo se encuentra en el intento por reorganizar la vida y la cotidianidad en un contexto tanto de paro forzado de la economía como de profundas desigualdades sociales, el cual muestra que, para reajustarlas, primero hay que mantener la vida, y para ello se requiere ingreso.

En las últimas décadas se hizo mayor énfasis en favorecer las relaciones de mercado, casi por encima del Estado y la sociedad. Así, la incesante búsqueda por generar riqueza –particularmente financiera– descuidó el curso de la vida misma, agudizando situaciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad en medio de la ausencia de una base de protección social de alcance universal para todas las personas.

Superar esta situación y construir una seguridad social que conduzca a la protección humana, y que tal vez se pudiera combinar con un ingreso mínimo vital como derecho social y universal, constituye el primer gran desafío identificado por el Grupo de Trabajo Seguridad Social y Sistemas de Pensiones, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el cual requerirá de amplia participación ciudadana.

Los países de la región tienen grandes coincidencias en los orígenes de sus sistemas de seguridad social, con orientación laborista –enfocada solo en el aseguramiento de los asalariados subordinados–, fragmentada en diversos sistemas y desigual en el acceso y disfrute, lo que ha segmentado y polarizado aún más a la sociedad y ha llevado a una serie de reformas, unas más radicales que otras.

Seguridad social: pública e incluyente A partir de los años ochenta se han venido implementando diversos modelos de financiamiento y de orientación a la seguridad social que han convertido los sistemas de pensiones o previsionales en sistemas de ahorro, individualizados y privatizados, todos con muy pobres resultados. En 1991 Chile fue el primer país de la región en inscribirse a los modelos completamente privatizados; después lo hizo México en 1995, Bolivia y Venezuela en 1997, El Salvador en 1998 y República Dominicana en 2013. Entre los que adoptaron sistemas mixtos, público y privado, se encuentran: Perú en 1993, Colombia y Argentina en 1994, Uruguay en 1996, Costa Rica en 2000 y Panamá en 2008. Vale la pena anotar que en algunos países los sistemas mixtos son complementarios, mientras en otros compiten entre

Foto: Brandon Pinto/Unimedios

En América Latina la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 desnudó el rotundo fracaso de tres décadas de políticas en seguridad social.

ellos. De otra parte, Venezuela regresa al sistema público en 2002, Argentina en 2008, y en Ecuador está suspendido desde 2001.

Los Estados latinoamericanos han diseñado diversas reformas, modificando cotización y edad –como Cuba y Brasil–, pero manteniendo su sistema público de reparto. Se han creado pensiones asistenciales y de costo fiscal para los que no cotizan o no lograrán obtener una pensión, con magros resultados que agudizan la desigualdad. Así, superar la ausencia de seguridad social pública, sólida, universal, incluyente, suficiente y sostenida fiscalmente, destaca como segundo gran reto.

El predominio de la perspectiva centrada en lo laboral, relacionada casi exclusamente con el trabajo asalariado subordinado, no permite cobertura universal en un mercado con alto índice de ocupación informal y precariedad (según la Organización Internacional del Trabajo es cercano al 53 %).

Hoy, un promedio del 46 % de los trabajadores latinoamericanos están cotizando a una pensión contributiva. La complejidad se expresa cuando vemos países como Uruguay con un alcance del 75 % de la población ocupada, frente a Brasil, Argentina o Costa Rica con 50 %, o como México, Colombia y el resto de los países centroamericanos con menos del 37 %, como lo muestra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su informe Panorama Social de América Latina 2019.

La situación ha obligado a establecer pensiones no contributivas y otras de corte asistencial focalizadas en los que no cotizan, o reconociendo los tiempos de cuidado y de trabajo no remunerado de las mujeres.

La cobertura ha crecido pero las desigualdades se manifiestan. El 65 % de los que pertenecen al quintil de más altos ingresos se encuentra protegido por la seguridad social pública, frente al 19 % del quintil de menor ingreso.

En el mismo informe, la Cepal indica que de los mayores de 65 años, el estrato de más altos ingresos reporta una pensión promedio de 1.427 dólares mensuales, mientras que el grupo de población en extrema pobreza reporta 81 dólares. Incorporar todo tipo de trabajo a la seguridad social (autónomo, agrícola, comerciantes, etc.) permitiría transitar a una real formalización por situación laboral y mejorar las condiciones de las actividades generadas por la

unidad económica de los hogares, tercer gran reto identificado.

Salud, en el centro de las decisiones sociales En algunos países de la región la previsión social de la atención en salud se separa por instituciones específicas; en otros, como México, se mantienen conjuntamente en instituciones de Seguro Social.

Lo que importa destacar es el estado en que la pandemia sorprendió a la salud pública: desfinanciada, mercantilizada en muchos tramos de atención, desorganizada para enfrentar retos pandémicos y con falta de personal, por haber priorizado la subrogación o subcontración de servicios.

De igual manera, encontró a la población latinoamericana con deficiente salud pública, altos índices de diabetes, obesidad e hipertensión, y otras morbilidades propias de la deficiente nutrición y vigilancia en salud, lo que se debe revertir de manera urgente.

Si se quiere cambiar el futuro, la salud deber estar en el centro de las decisiones sociales, políticas y económicas; para ello es esencial fortalecer una salud pública universal, no segmentada, no mercantilizada.

Impulsar los programas preventivos integrales y transversales vinculados con buena nutrición, ejercicio físico y salud mental requiere del fortalecimiento de los servicios, bienes y espacios públicos; la integración con los movimientos sociales que han perseguido mejores condiciones de salud como derecho social y universal, y la promoción de la participación comunitaria en la vigilancia del estado de salud y de cuidados. Y aunque este cuarto gran reto ha quedado para el final de presente análisis, se trata de uno de los aspectos más relevantes a cambiar y fortalecer, si realmente se quieren afrontar los riesgos sanitarios y sociales derivados de pandemias –la del covid-19 y las que vendrán– y del ciclo vital. *Investigadora titular, Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).

palabras clave: seguridad social, ingreso mínimo vital, políticas públicas.

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Periódico ­– N.º 228 – Universidad Nacional de Colombia

diciembre 2020 | 13

El covid-19 y la industria farmacéutica nacional Salud

Álvaro Zerda Sarmiento, profesor asociado, Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Colombia

Con la pandemia, la industria farmacéutica –o mejor, su ausencia en el país– reveló la carencia de estrategias múltiples para poder producir en un corto plazo no solo medicamentos, sino también implementos y dispositivos médicos adecuados.

Los colombianos se preguntan por qué en el país no se han presentado propuestas para el desarrollo y la producción de una vacuna contra el nuevo coronavirus sars-cov-2. La razón se encuentra tanto en la debilidad que tiene la base productiva como en la tradicional desidia de los diferentes gobiernos para canalizar recursos hacia el apoyo de la investigación científica y tecnológica, en particular desde hace tres décadas, cuando se abandonó la estrategia de crecimiento económico basada en la actividad industrial. ¿Existe alguna alternativa?

Hasta el estallido de la crisis de la deuda externa en la década de 1980, la industria farmacéutica química desempeñó un papel importante en algunos países latinoamericanos para proveer a su población de medicamentos en ciertas ramas de la actividad terapéutica.

No obstante, con la negociación de la deuda vinieron condiciones impuestas por la banca multilateral de apertura de las economías y levantamiento de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. Esto significó que México, Chile y Colombia abandonaran en distintos momentos el apoyo al desarrollo de una industria nacional, con lo cual empezó el marchitamiento del sector farmacéutico local. La excepción la constituyeron Argentina y Brasil, que además tampoco entraron en la onda de las negociaciones de tratados de libre comercio en la década de 2000.

En Colombia, el desarrollo industrial sufrió un retroceso desde comienzos de los años noventa, cuando empezó el proceso de apertura económica en el gobierno de César Gaviria. De participar con un 25 % del pib y una porción similar en la generación de empleo nacional, rápidamente descendió a un 12 – 14 %, niveles no superados en las décadas posteriores. En esos términos se puede hablar de un fenómeno de “desindustrialización neta”, pero también relativa en algunos sectores, como el farmacéutico, por ejemplo, en el que muchos laboratorios internacionales salieron del país o se dedicaron a la comercialización, y muchos de capital nacional cerraron o fueron vendidos al capital extranjero.

cionales, al punto de que en la actualidad el principal gremio que agrupa estas empresas cuenta con solo 19 afiliados.

Los laboratorios nacionales producen ciertos medicamentos básicos para abastecer el mercado, pero algunos también realizan procesos de producción (maquila) para laboratorios multinacionales. Estimaciones realizadas por la Fundación Ifarma indican que, en conjunto, los laboratorios de capital nacional cubren un 40 % de la producción local.

En el contexto internacional, desde décadas atrás se observa un continuo movimiento en la propiedad de los laboratorios farmacéuticos transnacionales, en procesos de fusión, de adquisición y de toma agresiva por algunas empresas, con lo que se constituye en un sector cada vez más concentrado. Estas empresas farmacéuticas se mueven en torno a la configuración de portafolios de patentes –fuente de grandes ganancias monopólicas– leitmotiv del modelo de investigación vigente en el campo de la salud.

Las prioridades de investigación quedan así marcadas por la rentabilidad, ligada a la amplia demanda de la población y esquema sanitario de los países sede de dichas empresas. En tales condiciones, cada vez es más difícil la emergencia de laboratorios de origen local que desarrollen productos para atender las necesidades en salud de la ciudadanía, por no contar con un marco institucional que le apoye en desplegar capacidades de producción, tecnológicas y de innovación.

Situación frente a la pandemia

aparato productivo y el de investigación, desmantelado por la onda neoliberal de los años noventa, como fue el caso del Instituto Nacional de Salud, no cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar investigación que plantee la formulación y realización de una vacuna a lo largo de todas las etapas que ello requiere, su aplicación y permanente evaluación.

Para revertir esta situación se requiere de un cambio en las prioridades de la dirigencia nacional, en el sentido de plantear una estrategia de desarrollo científico y tecnológico, con los esfuerzos presupuestales que ello demanda. Mientras tanto, cabría utilizar recursos financieros existentes, como los del Fondo de Investigación en Salud, creado en 2001, que se alimenta de dineros provenientes del 7 % de las rentas obtenidas por la explotación del monopolio de algunos juegos de azar. Con esa base y el liderazgo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se podría conformar un consorcio de universidades e institutos, con investigadores locales e invitados extranjeros. Incluso se podría pensar en el concurso de empresarios de la industria farmacéutica de capital nacional.

Nuevamente, como en muchos aspectos de la vida nacional, es menester que la voluntad política y la mentalidad estratégica vayan más allá del facilismo del momento (que no da para más que plegarse a esquemas de ganancia a través del mercado) planteando metas ambiciosas en busca de un proyecto que permita establecer la soberanía farmacéutica para el país.

La llegada de la pandemia del covid-19 al país demostró la debilidad en que se encontraba su aparato sanitario para atacar de manera eficiente y eficaz un problema de salud pública que requería de un sistema de salud integrado, pero también de infraestructura productiva que respondiera a las necesidades que se generaron.

En este caso no se trata de escasez de talento humano.

El país cuenta con personal científico y técnico capaz de adelantar la producción de vacunas; sin embargo, el

palabras clave: medicamentos, vacunas, industria farmacéutica, pandemia. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Gráfico 1. Colombia - Participación porcentual de la producción farmacéutica en el total de la industria, 1995-2015 3,6 % 3,4 % 3,2 % 3,0 % 2,8 % 2,6 % 2,4 % 2,2 %

El gráfico 1 muestra la aguda caída del peso relativo de la producción farmacéutica en el país con respecto a la producción industrial total. Si se tiene en cuenta que la actividad manufacturera en su conjunto venía descendiendo, es claro que el desplome farmacéutico fue aún más profundo.

Como consecuencia, el sector depende cada vez más de las importaciones de medicamentos como productos finales, con mínima agregación de valor en procesos de empaque y distribución en el país, lo que configura una balanza comercial farmacéutica crecientemente deficitaria (gráfico 2).

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el tamaño del mercado farmacéutico colombiano en 2018 era de 14,5 billones de pesos, que se abastece en un 58 % de producción en el país (8,4 billones de pesos) por parte de laboratorios extranjeros y nacionales.

Fuente: DANE, Encuesta anual manufacturera, varios años.

Gráfico 2 – Colombia – Déficit comercial del sector farmacéutico, 2010–2019 (Millones de dólares) 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000

La industria de origen local En los años ochenta existían en Colombia alrededor de 300 laboratorios de capital nacional, pero paulatinamente fueron cerrando o siendo vendidos a laboratorios multina-

2015

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Dependiente de importaciones

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2015

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Fuente: Mincit, 2019.

Periódico ­– N.º 228 – Universidad Nacional de Colombia

Ciencia & Tecnología

diciembre 2020 | 14

Ultrasonido aceleraría recuperación de los ligamentos María Alejandra López, Unimedios Bogotá

Con esta técnica, que estimula las células de los tejidos incentivando la producción de proteínas como el colágeno –implicadas en el proceso de cicatrización–, se reduciría el tiempo de recuperación de un ligamento lesionado, que normalmente es de alrededor de seis meses.

ciertos vacíos e inquietudes sobre los efectos del ultrasonido terapéutico utilizado para tratar las lesiones de los ligamentos.

“Los fisioterapeutas aplicamos el ultrasonido de forma mecánica, sin saber muy bien qué está pasando dentro de la célula, es decir la unidad estructural y funcional que va a reparar el tejido que se rompe”, señala la fisioterapeuta Cárdenas, integrante del Grupo de Investigación de Mecanobiología de Órganos y Tejidos de la unal.

Para resolver esa inquietud y darle soporte al trabajo que se hace con el ultrasonido, ella desarrolló un modelo computacional capaz de simular lo que ocurre cuando los ligamentos se curan.

Experimentación e informática En enero de 2014 una lesión de ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda dejó a Radamel Falcao García, futbolista de la Selección Colombia, por fuera del Mundial de Brasil, para cuya clasificación el “Tigre” había tenido un papel protagónico.

Durante un par de años, el banquillo pasó a ser su nuevo lugar hasta que tras un intenso trabajo de recuperación volvió a ser titular en el Mónaco y en el Mundial de Rusia 2018.

La incidencia de rupturas del ligamento cruzado anterior varía ampliamente según la población. Se calcula que al año una de cada 3.000 personas sufre un accidente de este tipo; en Estados Unidos, por ejemplo, esto supone unas 100.000 lesiones anuales.

Se trata de lesiones que son mucho más frecuentes en deportistas. Estudios realizados por expertos en traumatismos musculoesqueléticos, como el cirujano ortopédico suizo Daniel Fritschy, estiman que durante la primera década de 2000 el fútbol, el béisbol, el baloncesto y el esquí originaron el 78 % de las lesiones del ligamento cruzado anterior en esta población.

La fisioterapeuta Rosy Paola Cárdenas, Ph. D. en Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (unal), explica que las lesiones de los ligamentos, o “esguinces”, son un trastorno musculoesquelético común que afecta el movimiento del cuerpo. Cuando esto sucede, la articulación pierde su estabilidad y propiocepción (conciencia de nuestra posición corporal en el espacio) aumentando el riesgo de caídas, y a largo plazo puede incluso incrementar el peligro de osteoartritis, enfermedad que afecta las articulaciones provocando rigidez y dolor.

Para disminuir la hemorragia y la hinchazón, los fisioterapeutas recurren tanto al hielo o a la compresión –con el objetivo de estimular la recuperación del tejido– como a corrientes eléctricas, ondas de choque y ultrasonido. Con respecto a este último tratamiento, la investigadora advierte que existen

Foto: archivo Unimedios.

El experimento consistió en cultivar fibroblastos aislados del ligamento colateral de la rodilla de ratas Wistar para obtener células y estimularlas biofísicamente con ultrasonido.

Los cultivos de ligamentos se separaron en tres grupos que se expusieron a diferentes frecuencias: 1 W/cm2 (vatios por metro cuadrado) –dosis baja de ultrasonido–, 2 W/cm2 –dosis alta– y un grupo control que no recibió tratamiento, para comparar los efectos. En los dos primeros, el ultrasonido se aplicó cada 24 horas durante 5 días.

En el procedimiento se tuvieron en cuenta dos factores: las propiedades biológicas de la célula –asociadas directamente con el proceso de cicatrización– y otras variables mecánicas que tienen que ver más con la estructura de la célula.

En las variables biológicas, la investigadora encontró que el grupo de ligamentos cultivados que recibió dosis baja estimuló la “proliferación”, un proceso biológico en el que las células se dividen y migran al sitio de la lesión favoreciendo la cicatrización.

Entre tanto, en el grupo que recibió dosis altas el ultrasonido no estimuló los procesos de proliferación y migración, pero sí aumentó la producción de proteínas tipo colágeno, aspecto importante que favorece los procesos de cicatrización, pues estas permiten conformar tejido nuevo.

En cuanto a las variables mecánicas, los hallazgos arrojaron que en las dosis de ultrasonido tanto bajas como altas se altera el “citoesqueleto”, estructura interna de la célula, que se podría explicar como una red de proteínas que se ensamblan y desensamblan según su proceso biológico.

Para el profesor Diego Alexander Garzón Alvarado, director del Grupo de Investigación, el trabajo de su pupila resulta novedoso porque conecta datos que resultan de una fase experimental con aquellos que se obtienen del modelo computacional, para dar explicaciones desde ambos puntos de vista a

Foto: Nathalia Angarita/Unimedios.

Los hallazgos del estudio también son un aporte a la educación del paciente sobre la importancia de la consulta temprana.

lo que sucede con las células de los ligamentos al someterlas al ultrasonido.

Para un mejor tratamiento ¿Esto contribuye a una recuperación más rápida y una mejor cicatrización del tejido?, la respuesta es sí. Como las etapas tempranas de reparación normal del tejido se caracterizan porque los fibroblastos se reproducen en mayor cantidad y migran a la zona de la lesión para repararla, según los resultados obtenidos experimentalmente las dosis bajas estimulan aún más esa división celular que hace que proliferen.

Pero el ultrasonido también mostró beneficios para la etapa tardía de recuperación, que puede ocurrir cuando los pacientes consulten a un fisioterapeuta semanas o meses después de haber sufrido la lesión. En ese momento las células comienzan a hacer recambio en la matriz que conforma el tejido, renovando el colágeno que la compone, actividad que aumenta al aplicar una dosis más alta de ultrasonido.

“Eso le permite al fisioterapeuta tomar decisiones desde el racionamiento crítico sobre qué puede hacer según las condiciones en las que llega el paciente. Las dosis bajas colaboran con la reparación temprana, y las altas con la tardía”, explica la investigadora, quien también identificó que el ultrasonido puede favorecer la producción de proteínas involucradas en la sanación.

Ambas dosis estimularon la síntesis de fibronectina, proteína que mejora la comunicación entre el estímulo externo con el interior de las células. Según detalla la doctora Cárdenas, esta es la encargada de facilitar la interacción entre las ondas y ambos procesos, tanto la migración de las células hacia la herida como la manera en que estas se mantienen unidas a su matriz extracelular para promover la síntesis de más proteínas.

Según la experta, “el modelo computacional refuerza la hipótesis de que el citoesqueleto es dinámico y está cambiando debido al estímulo externo”. Este hallazgo podría permear los contenidos académicos de los programas de fisioterapia y a los fisioterapeutas del área clínica, ya que permitiría actualizar el conocimiento sobre los efectos biológicos de la aplicación del ultrasonido a nivel celular, un ámbito que hasta el momento era inexplorado.

palabras clave: ultrasonido, ligamentos, lesión, recuperación, células. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Foto: Brandon Pinto/Unimedios.

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diciembre 2020 | 15

Medioambiente Contaminación atmosférica facilita transmisión de covid-19 Científicos de la Universidad de Ginebra y la Escuela Politécnica Federal de Zúrich concluyeron que el virus aumentó su transmisión en Europa en periodos de alta concentración de micropartículas de diámetro inferior a 2,5 micras, principales causantes de fenómenos como el esmog. Tal incremento tendría que ver con las inversiones térmicas que se producen en días de niebla o con nubes de polvo procedentes del Sahara.

Bogotanos, más expuestos a partículas nocivas dentro del transporte masivo

Medioambiente

Andrés Montenegro Vergara, Unimedios Bogotá

En un estudio comparativo entre los sistemas de transporte masivo de Bogotá y Medellín, TransMilenio y Metro respectivamente, se evidenció que la concentración de contaminantes dentro de los vehículos de servicio público supera las establecidas en las directrices de organismos internacionales sobre exposición diaria.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (oms), alrededor de 4 millones de personas mueren prematuramente cada año; la mayoría de las muertes se atribuyen a la exposición de material particulado pm2,5 presente en la atmósfera de las ciudades en forma sólida o líquida (polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento y polen, entre otras).

Los valores guía establecidos por la oms son tres: material con tamaño de partícula superior a 10 micras; inferior o igual a 10 micras –conocido como pm10– e inferiores a 2,5 micras, o pm2,5. Este último es el más importante en la contaminación urbana, ya que causa enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de cáncer.

El profesor Luis Carlos Belalcázar, del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia (unal), señala que al pasar varias horas al día dentro de los sistemas de transporte masivo, estos espacios se convierten en un lugar clave para medir los niveles de exposición que afrontan los usuarios.

El trabajo adelantado por investigadores de las Universidades Nacional, Sergio Arboleda y Nacional Abierta y a Distancia (unad) evidenció que en la capital del país los pasajeros de TransMilenio están 10 veces más expuestos a la inhalación de partículas nocivas que en el Metro de Medellín.

¿Cómo se midió la autocontaminación?

En Bogotá, el equipo de investigación se enfocó en las troncales de la calle 80, Caracas, Autopista Norte, Norte-Quito-Sur (nqs) y calle 26. En Medellín se adelantó en el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (sitva) y también se analizó el Metro, Metrocable y Tranvía (eléctricos) y el Metroplús brt, que funciona con gas natural comprimido.

El profesor Belalcázar aclara que cuando se hizo el estudio aún no se habían renovado los buses en el sistema TransMilenio; de los 39 analizados, 30 funcionaban con tecnología Euro iv o inferior, es decir que estaban en el límite o por debajo de las emisiones aceptables según la normativa europea de emisiones.

Agrega que se realizaron dos tipos de medición, una manual, que consiste en recolectar muestras durante varias horas en el lugar, luego se va al laboratorio y se pesa el filtro que capturó el material particulado, este se compara con el que había antes de medir, y con base en ese dato y el flujo de aire que atravesó el equipo durante la medición, se calcula la concentración.

La otra opción fue empleando DustTrak, equipos automáticos que miden en tiempo real la concentración de material particulado y los datos obtenidos durante

Foto: Nathalia Angarita/Unimedios.

La OMS ha determinado que la concentración máxima de PM2,5 a la que se puede exponer una persona es de 25 microgramos por metro cúbico.

el trayecto se procesan en computador. De esta manera se obtuvieron más de 80 horas de mediciones, lo que se traduce a unos 17.000 datos de pm2,5 para ser analizados en cada ruta.

Los hallazgos Una vez procesada la información se concluyó que la exposición personal no solo depende del tipo de bus y su antigüedad, sino también de lo que ocurre alrededor, como por ejemplo la geometría de las calles y la distancia del bus al tráfico particular. El docente Belalcázar explica que “en Bogotá vemos que la Caracas es muy cerrada, tiene poca ventilación exterior, está rodeada de edificios altos y los buses comparten espacio con camiones o motos, lo cual influye en la cantidad de material contaminante que las personas respiran dentro de los buses”.

La oms ha determinado que la concentración máxima diaria de pm2,5 a la que se puede exponer una persona sin peligro inminente a su salud es de 25 microgramos por metro cúbico. Sin embargo, las mediciones del estudio arrojaron que en Bogotá la cifra llegó a 300 microgramos por metro cúbico, mientras que en Medellín no superaba los 50.

En la capital de Antioquia lo que sucede es que el sistema se alimenta de energía eléctrica, por lo que la variación es menor; pese a ello, en los tramos en los que los buses btr o articulados van por el mismo carril que los automóviles, las concentraciones son de hasta 3 veces las que se midieron en el mismo bus, pero en carriles exclusivos.

El investigador Belalcázar subraya “que los resultados de este trabajo pueden ser esenciales para definir políticas públicas de transporte masivo. Los datos obtenidos permiten observar que no solo es necesario renovar el parque automotor –como se hizo en Bogotá, donde la mayoría de los buses tiene ahora tecnología Euro v y Euro vi–, sino que también se deben intervenir los vehículos que circulan alrededor del sistema de transporte”.

Así mismo advierte que no se trata solo de un problema técnico sino también político, en la medida en que si no se hacen los mantenimientos correctamente, de nada sirve tener tecnología menos contaminante porque se llegaría al mismo problema, por lo que se requiere un control

estricto, y esa política todavía no es clara en Bogotá ni en el resto del país.

“La mejor opción es la renovación pero pensando en el largo plazo, aunque eso signifique una inversión mayor.

No solo hay que pensar en el ciclo de vida del vehículo, sino en el costo de la salud de quienes se enferman por esas emisiones y en las afectaciones en el medioambiente por el uso de combustibles fósiles”, señala el investigador.

Evaluación integrada El grupo de investigación espera que cuando las limitaciones de movilidad por la pandemia lo permitan, se puedan hacer estudios que midan la exposición a estas partículas en otros sistemas de transporte como el Masivo Integrado de Occidente (mio) de Cali, Metrolínea de Bucaramanga o Transmetro de Barranquilla.

Por lo pronto, un frente en el que ya trabajan es en aplicar una metodología mediante la cual se evalúan factores como los costos de los medios de transporte y las emisiones directas e indirectas; un ejemplo de estas son los vehículos eléctricos, que aunque no generan emisiones por el escape sí lo hacen en la producción de sus baterías o en las fuentes de donde toman la electricidad.

Al respecto el docente menciona que “ahora promovemos mucho los vehículos eléctricos y asumimos que la emisión es cero, pero no lo es; incluso hay casos en los que la electricidad viene de termoeléctricas que queman carbón u otros combustibles, y eso tiene implicaciones ambientales que se deben considerar”.

Por último, insiste en que se debe avanzar en entender la mejor opción para las condiciones de la ciudad, si son automóviles compartidos, motos, troncales de TransMilenio o redes de metro eléctricas, y recalca que el trabajo inmediato es superar el déficit en esas investigaciones.

palabras clave: contaminación, calidad del aire, material particulado, TransMilenio. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Periódico ­– N.º 228 – Universidad Nacional de Colombia

Ciencia & Tecnología

diciembre 2020 | 16

Una oreja de palo transforma residuos de palma Paula Andrea Gaviria A., Unimedios Palmira

Dictyopanus pusillus, perteneciente al grupo de hongos de la división Basidiomycota que crecen formando una estructura en forma de oreja –de ahí su nombre común-, tiene capacidad para degradar raquis de palma aceitera, lo cual lo convertiría en una alternativa sostenible para transformar los residuos que genera la industria palmera en el país.

Esta pequeña oreja, de color amarillo-pardo y con diminutas columnas que se entrelazan que dan la apariencia de una superficie agrietada, fue identificada como Dictyopanus pusillus lmb4, crece sobre las maderas de los bosques húmedos tropicales del mundo, incluida Colombia.

Aunque a simple vista parece un inquilino inofensivo para sus hospedadores, los árboles, cuando el hongo es cultivado y estudiado en el laboratorio se puede convertir en un estupendo aliado para la degradación de residuos forestales, ¿por qué? secreta enzimas que penetran la parte dura de la madera (lignina) hasta llegar a la zona blanda (celulosa), de la que se alimenta.

Andrés Mauricio Rueda, doctor en Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia (unal), explica que aunque una enzima es una proteína, tiene la capacidad de acelerar los procesos en la célula, es decir que “son como los empleados dentro de la célula, pero lo hacen de forma acelerada”.

El biotecnólogo de la unal se encargó de identificar este nuevo uso para D. pusillus, que de ahora en adelante se podrá reconocer dentro del grupo de los “hongos de la podredumbre blanca”, es decir aquellos que tienen la capacidad de degradar lignina y celulosa.

El propósito inicial de su investigación era buscar los hongos que crecen sobre los troncos de los árboles para hallar las enzimas que pudieran transformar la madera. Estas les servirían como un degradador biológico con el que darían una alternativa para mitigar la acumulación y contaminación por residuos de la industria de palma de aceite, y su eventual uso en la producción de bioetanol.

El investigador encontró lo que estaba buscando, pero además se topó con la sorpresa de que D. pusillus no estaba reportado como poseedor de estas capacidades, por lo que él tenía entre sus manos dos noticias para la ciencia, con importante repercusión en la agroindustria mundial.

Biocombustibles no son tan “verdes” La palma africana provee casi un tercio de la producción global de aceites y grasas vegetales. Colombia es el cuarto productor de aceite de palma en el mundo y el primero de América Latina, con Santander, Cesar

Foto: Andrés Mauricio Rueda.

Foto: archivo Unimedios.

El hongo Dictyopanus pusillus se ha comportado como una importante herramienta biotecnológica para el tratamiento de residuos industriales y de la madera.

y Bolívar como los departamentos con el área más grande de palma aceitera sembrada en el país.

Según datos del Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (Sispa), en 2018 se produjeron 8.027.867 toneladas de racimos de fruta fresca, 1.627.552 toneladas de aceite de palma y 325.835 toneladas de palmiste (aceite obtenido de la almendra de la palma), pero también se generaron alrededor de 6 millones de toneladas de residuos que representan un problema para el ambiente.

El biotecnólogo Rueda menciona que “una de las grandes dificultades que afronta la producción de biocombustibles a partir de residuos de madera –o de segunda generación– es que suele promoverse como un proceso ecológico y totalmente sostenible, y realmente no lo es, ya que para remover la lignina y aprovechar la celulosa y los azúcares fermentables (para su posterior transformación en bioetanol) se utilizan procesos físicos y químicos de alto costo y poco sostenibles, mientras que los hongos, y concretamente algunas de sus enzimas, pueden degradar la madera sin generarle impacto al medioambiente”.

Los resultados de su investigación –adelantada dentro del proyecto “Aprovechamiento de los residuos generados del beneficio de la palma aceitera”, liderado por el Laboratorio de Micología de la Universidad Industrial de Santander (uis)– ofrecen una alternativa de utilización que va más allá de la quema que se hace con los residuos para producir calor.

Por los caminos de Lengerke Los hongos se buscaron en las cercanías del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, entre los municipios de Zapatoca y San Vicente de Chucurí (Santander). Buena parte de los trayectos para obtener las muestras fueron guiados por los “caminos de Lengerke”, nombrados así por el ingeniero alemán

Geo von Lengerke, quien llegó a construir las vías y rutas internas de la región en la década de 1860.

Las muestras se llevaron a laboratorio, donde se aislaron y pusieron en cajas o placas de Petri; después se tomó el hongo D. pusillus y se empezaron a hacer fermentaciones: en diferentes botellas, el inóculo (parte del hongo) se mezcló con residuos de palma aceitera. Así, se iba midiendo si este producía la enzima de interés, en este caso la lacasa, una de las más reportadas en el mundo para degradar compuestos contaminantes en el ambiente.

Con estas mezclas y otros experimentos realizados se descubrió que las enzimas obtenidas de Dictyopanus pusillus sí surtían el efecto esperado, es decir traspasar la barrera de la lignina.

Además otras investigaciones adelantadas dentro del proyecto han evidenciado que también actúa con un 80 % de eficacia en compuestos fenólicos en agua, colorantes como el cristal violeta y la cáscara de cacao.

Como en el mundo no se sabía que Dictyopanus pusillus tenía las características halladas, los investigadores tuvieron que ir un paso más adelante y realizaron una caracterización del hongo (identificación parcial de las enzimas e identificación molecular), gracias a un convenio con el Instituto Nacional de Investigación Científica (inrs, por sus siglas en francés), adjunto a la Universidad de Quebec (Canadá), país al que el biotecnólogo viajó para desarrollar esta parte de su trabajo.

El biotecnólogo Rueda explica que, desde el punto de vista de investigación, no se trata solo de mostrar un resultado, sino también de estar seguros de que son las enzimas, y no el ph –indicador de acidez– u otro factor el que interviene en el proceso de degradación.

Agrega que es fiel creyente “de que las enzimas son los próximos reactivos del futuro en cualquier proceso industrial; por eso la biotecnología seguirá siendo protagonista de estos procesos que buscan generar desarrollo sin perder de vista la sostenibilidad ambiental”.

palabras clave: madera, Dictyopanus pusillus, bioprospección, degradación, residuos forestales.

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Foto: Real Jardín Botánico de Madrid - csic.

Ciencia & tecnología

Descritas 69 nuevas especies de hongos por todo el planeta El proyecto Fungal Planet, integrado por 160 investigadores de todo el mundo, tiene un objetivo: describir 1.250 especies de hongos a finales de 2020. Con esta última entrega, en la que han descrito 69 hongos con participación del Real Jardín Botánico de Madrid del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (csic), el proyecto suma ya 1.111 especies descritas. En España se ha descubierto una nueva especie, aislada de raíces de brezales del Parque Nacional de Cabañeros, en Ciudad Real. Los resultados se publicaron en la revista Persoonia.

Periódico ­– N.º 228 – Universidad Nacional de Colombia

diciembre 2020 | 17

Sistema automático hace más eficaz el riego de las rosas Sharon D’yana Mejía Campo, Unimedios Bogotá

El prototipo, probado en cultivos de rosa Charlotte de la Sabana de Bogotá, reutiliza todo el fertirriego (agua mezclada con solución fertilizante), lo que permite aprovechar mayor cantidad del agua y de los nutrientes aplicados a las plantas. Además representa menos riesgo de contaminación de ríos y quebradas con sustancias que pueden resultar dañinas para la salud humana.

Con cerca de 8.400 hectáreas de área productiva, Colombia es el mayor exportador de flores a Estados Unidos y Japón, en un mercado en el que se destacan productos como pompones, claveles y rosas; por eso el cultivo de flores de corte (ornamentales) es uno de los principales contribuyentes al pib agropecuario, con cerca del 16 % de participación en el mercado mundial en 2018.

A pesar de su aporte a la riqueza del país, el cultivo de flores afronta, como otros subsectores agrícolas, el reto de transformar su producción hacia prácticas más “verdes” o sostenibles.

El profesor Víctor Julio Flórez, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (unal), explica que las plantas necesitan 17 nutrientes esenciales, pero no en las mismas proporciones: “no existe una fórmula que establezca la cantidad de ingredientes exactos que se requieren, pero lo cierto es que se debe tener mucho cuidado con los excesos de sales o nitratos, por ejemplo, ya que pueden afectar la salud humana”.

El nitrato es uno de los contaminantes más frecuentes de aguas subterráneas en las áreas rurales, y su presencia se debe controlar especialmente en el agua potable, ya que niveles excesivos pueden provocar metahemoglobinemia o “síndrome del bebé azul”, llamado así porque la falta de oxígeno en los vasos sanguíneos (cianosis) hace que la sangre, las mucosas y la piel se tornen de dicho color.

También provoca deshidratación, gastroenteritis y diarrea, sobre todo en los niños menores de cuatro meses porque su dieta suele estar basada en el agua.

Conocer estas condiciones es relevante si se tiene en cuenta que para incrementar sus rendimientos la producción agrícola demanda cantidades considerables de fertilizantes y productos que protejan de plagas los cultivos, incluidos los de las flores. Según la Asociación Internacional de Fertilizantes, entre 2017 y 2018 el consumo mundial de estos alcanzó un estimado de 187 millones de toneladas, con África, Europa del Este, Asia Central y Latinoamérica como las regiones en las que se presentó la mayor tasa de crecimiento en la demanda.

El ingeniero agrónomo William Javier Cuervo Bejarano, magíster en Ciencias Agrarias de la unal, señala que la fertilización de cultivos se realiza con un nivel de exceso para compensar las pérdidas de fertilizantes por deriva, filtración o evaporación y permitir que las plantas absorban lo requerido. Sin embargo estas pérdidas reducen la eficiencia económica e incrementan la contaminación tanto de los suelos, ríos y quebradas como de la atmósfera.

Desde hace más de 15 años para la producción de flores de corte se utilizan sistemas de cultivos sin suelos, es decir, que en vez de suelo de siembra sobre mezclas de sustratos como cascarilla de

arroz quemada y fibra de coco. La fertilización se aplica en solución vía fertirriego (agua mezclada con solución fertilizante), lo que permite el mayor aprovechamiento del agua y de los nutrientes aplicados a las plantas.

El magíster Cuervo afirma que “aunque en los sistemas de cultivo sin suelo es posible recuperar, evaluar y reaplicar la solución excedente drenada, en el país esta práctica no se implementa correctamente, pues en general los drenajes se conducen hacia el reservorio de la misma agua que se utiliza para preparar la mezcla, lo que significa que en cada evento de riego se debería variar la fórmula de nutrición”.

Para apoyar las decisiones en el manejo del fertirriego, proponer medidas y prácticas de producción más limpia –ampliamente valoradas y exigidas en los mercados internacionales– y reducir los consumos de agua y fertilizantes, el magíster diseñó, construyó e implementó un sistema automático para el reciclaje de drenajes en el cultivo de rosa en invernadero en la Sabana de Bogotá.

Eficiente y económico El sistema propuesto capta, filtra y evalúa la solución drenada en términos del volumen, ph (o acidez), conductividad eléctrica y concentración de sodio, cloruro y sulfato, para reutilizarla en el mismo cultivo; además prepara solución nueva cada vez que se requiriera. Este se estableció para un cultivo de rosa Charlotte sembrado en mezclas de cascarilla de arroz quemada y fibra de coco y se consideraron tres diferentes porcentajes de reciclaje: 0, 50 y 100 %.

El investigador detalla que con el apoyo de docentes de Ingeniería Electrónica y de la empresa privada fue posible automatizar el sistema, implementar sensores y crear una serie de algoritmos para que la máquina tome decisiones de forma autónoma con respecto a la apertura y el cierre de válvulas, y el encendido y cierre de bombas.

Con respecto a la infraestructura, el sistema consta de tres zonas: de recolección de drenajes; de medición de la calidad química de las soluciones recicladas; y de almacenamiento de drenajes para su posterior aplicación al cultivo.

El sistema inicia con unas camas levantadas en contenedores de plástico que tienen una pendiente

Desarrollo rural

del 1 %, seguidas de líneas de fertirriego que proveen la solución nutritiva a las plantas. Esta se aplica al sustrato para que las plantas absorban los nutrientes y ocurran los diferentes puntos de riego al día (entre 3 y 4 veces si la planta es pequeña o hace mucho sol).

Los contenedores, donde finalmente llega la solución sobrante, están perforados en su parte inferior para permitir el drenaje y evitar que la solución con el agua se acumule; dispone de una lámina de plástico que sigue la pendiente que capta los excesos de drenaje hasta conducirlos al final de la cama (de unos 30 m).

Por último, debajo del nivel del suelo se encuentran unos tanques pequeños donde se captan los drenajes y se hacen las lecturas del volumen, ph y conductividad eléctrica, indicadores básicos del estado químico de la solución que determinan hasta donde es posible los eventos de reciclaje. Por ejemplo, si el ph está por fuera del rango, se debe aplicar agua o más ácido fosfórico; si la conductividad eléctrica –que es la que estima la conductividad de sales– es muy alta, entonces se debe aplicar agua para diluirla, y si está muy baja es necesario aplicar más solución para concentrarla.

El investigador confirma que el sistema recicla tanto el 100 % como el 50 % de la solución, pero el proceso depende del sustrato, que al ser orgánico, es dinámico en el tiempo, es decir que va cambiando porque se va degradando y esto altera sus características químicas; en ese sentido, recomienda utilizar sustratos con tasa de degradación más lenta, para que no interfiriera con las características químicas de la solución que se drenó.

Además del aprovechamiento de toda la solución, los nutrientes y el agua, el sistema le permite al productor tener beneficios en cuanto al bienestar de sus cultivos y la disminución en el uso de agentes contaminantes que pueden terminar en los suelos o aguas residuales, lo que además representaría un ahorro en los costos de producción.

palabras clave: sistemas de fertirriego, cultivos de rosas, contaminación. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Foto: archivo Unimedios.

El sistema de reciclaje se aplicó en cultivos de rosa Charlotte sembrados en mezclas de cascarilla de arroz quemada y fibra de coco.

Periódico ­– N.º 228 – Universidad Nacional de Colombia

Economía & organizaciones

diciembre 2020 | 18

Cadena de suministros sustentable aporta al crecimiento empresarial Luisa María Giraldo Hernández, Unimedios Manizales

Las empresas que consideran temas ambientales en estos procesos tienden a actuar mejor en otras dimensiones e impactan directamente en su crecimiento empresarial y en el interés de los consumidores por adquirir productos elaborados de manera sostenible.

Mediante un indicador cuantitativo que busca mejorar la competitividad, el Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional de Colombia (unal) Sede Manizales desarrolló un modelo que evalúa el desempeño ambiental en industrias manufactureras, el cual se ha aplicado en varias empresas del Eje Cafetero.

Según el enfoque internacional Green Supply Chain Management (gscm), la gestión de cadenas de abastecimiento es el indicador que busca orientar el desempeño ambiental integrando diferentes dimensiones desde una óptica de producción limpia.

“Esto requiere la creación de los eslabones de la cadena de una compañía y su medición integral, considerando sus diferentes etapas: compras, productos, transporte, distribución, marketing, diseño y logística en reversa”, explica el profesor William Ariel Sarache de la unal Sede Manizales, quien destaca que el índice involucra 10 prácticas verdes (por ejemplo gestión ambiental interna, diseño ecológico, manufactura verde o logística inversa) y 46 dimensiones de desempeño.

Para el experto, esta es una área de estudio que pretende mejorar de manera integral el flujo de materiales, suministros, información y presupuesto, teniendo en cuenta tanto a los proveedores de la organización como a los consumidores, último eslabón de la cadena.

Uno de los resultados más recientes de la aplicación de dicha metodología es la investigación adelantada por Mariana Trujillo Gallego, estudiante del Doctorado en Ingeniería - Industria y Organizaciones de la unal, recogidos en el libro Desempeño ambiental en las cadenas de abastecimiento que se presentó como una de las novedades editoriales de la Institución en la Feria Virtual del Libro Universitario de 2020.

La investigadora señala que tras una encuesta realizada a más de 100 ejecutivos de empresas manufactureras de la región cafetera, se concluyó que aquellas que lideran el listado de efectividad de costos y servicio al cliente tienen dos veces más probabilidades de remodelar sus cadenas de abastecimiento para reducir su huella de carbono y poner en práctica iniciativas sustentables efectivas.

También se evidenció que las empresas se ubican en un nivel medio-bajo frente a las estrategias “verdes” o sostenibles, debido a que tienen debilidades en las prácticas de la cadena de suministros, asociadas con las compras a proveedores, la colaboración ambiental, el marketing “verde” o ecológico y la logística inversa.

Generador de valor Si la cadena de suministro busca entregar el mejor servicio al menor costo posible, completar el concepto a “sustentable” significa hacerlo minimizando el impacto ambiental y asegurando un impacto social positivo.

En la construcción del indicador gscm se determinó que además de ser la contribución de una empresa

Foto: archivo Unimedios.

En Colombia el sector manufacturero es considerado como uno de los mayores emisores de contaminación ambiental.

a la solución, la cadena de suministro sustentable también es rentable, ya que consume eficientemente sus combustibles, optimiza los activos productivos y logísticos de los que dispone (como almacenes, transportes, fábricas, inventario), diseña sus productos pensando en el ciclo de vida completo y su impacto total sobre el ambiente, y establece compromisos con sus socios comerciales para tener metas comunes de reducción de desperdicio y costos, además de mejoras en servicio y calidad.

La investigadora explica el enfoque hacia el ciclo de vida total del producto –desde el diseño de su composición y de su proceso de fabricación– permite incorporar materiales reciclados o reutilizar componentes al final de la vida útil, reduciendo así costos de insumos. Además, que hay beneficios intangibles como la diferenciación frente al consumidor y el fortalecimiento de marcas por tener productos orientados a la sostenibilidad ambiental.

Indica: “aunque el peso mayor se encuentra en el aspecto económico, que es el elemento fundamental para asegurar la supervivencia de una empresa, lo cierto es que la rentabilidad de corto plazo es insuficiente para medir a un negocio. El valor que una empresa genera para la sociedad en el largo plazo, es decir, hacer lo correcto, también se debe considerar”.

Recomendaciones Con base en los resultados de su trabajo, la autora propone los pasos a fortalecer la gestión de la cadena de suministro sustentable. El primero, tener un equipo directivo sensibilizado: “se trata de un elemento relevante, pues sin este se generarían iniciativas descentralizadas y desintegradas que disminuirían la eficacia de los esfuerzos”.

El siguiente paso es la creación de una estrategia que lleve hacia la sustentabilidad, en la cual se definan los lineamientos estratégicos que, en el caso de una cadena de suministro sustentable, giran alrededor del tema esencial de gestionar la huella de carbono, es decir comprender el origen de las emisiones, las opciones para reducirlas y medirlas.

Así mismo, trabajar con las organizaciones humanas alrededor del negocio: trabajadores, proveedores, clientes y comunidades, entre otras. “Por ejemplo, en bienes de consumo, el diseño de productos que maximicen reciclaje; en la construcción, diseñar

elementos que cumplan con certificaciones internacionales; además premiar a proveedores con certificaciones de sustentabilidad, y otras acciones”.

También se deben incluir prácticas que faciliten y promuevan un desarrollo sostenible, relacionadas con el aprovisionamiento; al respecto, la autora menciona que “este proceso logístico puede impactar en la cadena en lo relacionado con la adquisición de materias primas (reutilizables, reciclables o remanufacturables) y equipos con uso eficiente de energía”.

En una cadena de suministro “verde” la producción es un proceso que se puede considerar como crítico, ya que, desde su diseño y operación, se debe incluir la capacidad para que el sistema de manufactura permita usar materiales reciclados, facilite la remanufactura de productos en caso de daños u obsolescencia, y el control de defectos en la línea de producción, métodos y tecnología, que minimicen el uso de los recursos.

Por último, la logística inversa es quizá el más importante para la cadena de suministro verde. La investigadora destaca que su principal impacto se relaciona con la adecuada gestión de retornos de productos en la cadena, los cuales tienen que ver con reciclaje, remanufactura, reutilización o reventa, lo cual “permite recuperar algún valor económico y funcional a estos, y así generar beneficios a la empresa y al medioambiente”.

Al mismo tiempo, se debe hacer énfasis en insertar el concepto en el tejido cultural, estratégico y operativo del negocio para que se convierta en algo cotidiano y familiar.

Para los primeros pasos será necesario aprender nuevos conceptos, aplicar nuevos indicadores con información usualmente ignorada, y remplazar un enfoque tradicional hacia uno de visión a futuro.

Sin embargo el resultado será rentable, y sobre todo muy satisfactorio y reconfortante, por contribuir al bienestar de las generaciones futuras.

palabras clave: gestión de la cadena de suministro verde, desarrollo sustentable, empresas, Eje Cafetero. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Periódico – N.º 228 – Universidad Nacional de Colombia

diciembre 2020 | 19

Legislación se sigue quedando corta para garantizar el acceso a la salud

Novedades Editorial UNAL

Juan Carlos Millán, Editorial un

Pese a que la salud en Colombia se considera como un derecho fundamental, se trata de un sistema en permanente riesgo de colapso debido a problemas como la corrupción y una crisis regulatoria, caracterizada por una exagerada y poco clara normatividad.

Entre 1990 y 2016 el conflicto armado dejó como saldo 7.305.936 personas desplazadas, 15.687 víctimas de violencia sexual y 11.418 personas afectadas por minas antipersona. Todas ellas requieren de atención especial y asistencia en salud, debido a los traumas físicos y psicológicos sufridos en un escenario de desprotección social en el que las ayudas humanitarias fueron insuficientes y en el que no hubo un enfoque diferencial que garantizara su rehabilitación física y mental.

El enfoque diferencial de los programas de salud pública está contemplado como una estrategia que permite la inclusión de

En profundidad

El derecho fundamental a la salud: retos de la Ley Estatutaria Algunas miradas a la salud en el posconflicto Hernando Torres Corredor Diana del Pilar Colorado Acevedo Editores Vicerrectoría de Investigación Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud Editorial Universidad Nacional de Colombia

Recomendados la población vulnerable (afrocolombiana e indígena, entre otros) como beneficiaria de los programas, planes y proyectos de salud; además considera el reconocimiento de particularidades entre las que destacan elementos sociales, culturales y religiosos, que deberían dar respuesta a los derechos fundamentales de la población.

Dicho enfoque se encuentra definido tanto en el Decreto 3039 de 2007 como en la Ley 1438 de 2011, pero en la práctica no se cumple y la cobertura es limitada, por lo que es prioritario que el Estado ejerza acciones concretas que consideren a todas las víctimas del conflicto armado.

Entre 2015 y 2017, a través de los servicios de salud, 224.995 personas víctimas del conflicto armado contaron con 1.623.474 sesiones de rehabilitación física, y otras 58.760 recibieron atención en rehabilitación mental; sin embargo, estas no contemplaron la totalidad de las víctimas, y tampoco se desarrollaron con enfoque de atención diferencial.

En tal sentido, pese a que la meta general descrita en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 era la atención de 800.000 víctimas, esta cifra solo obedecía al 10 % de la población registrada en el Registro Único de Víctimas.

Un derecho en entredicho Expertos en derecho, ciencias sociales, medicina y salud pública –entre quienes destaca el recientemente fallecido exrector de la Universidad Nacional de Colombia (unal), doctor José Félix Patiño–, analizaron el actual panorama desde sus respectivas disciplinas. Ejemplo de ello es la obra El derecho fundamental a la salud: retos de la Ley Estatutaria, cuya edición estuvo a cargo de los profesores de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Hernando Torres Corredor y Diana del Pilar Colorado Acevedo, director y coordinadora académica del Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud de la unal.

En palabras del profesor Patiño, pese al carácter altruista de la medicina desde sus orígenes, en Estados Unidos y en Colombia surgieron modelos aberrantes de aseguramiento comercial para reemplazar los tradicionales sistemas nacionales de salud, para hacer de la salud una mercancía y de la atención sanitaria un vulgar negocio.

Por tal razón, y en procura de restaurar los valores de la medicina como profesión, urge la necesidad de abandonar el modelo “gerenciado” de la salud que implantó la Ley 100 de 1993 y avanzar hacia uno en el que se le considere como un derecho humano fundamental, tal como lo establecen la Sentencia a t-760 de 2008 de la Corte Constitucional y la Ley Estatutaria de Salud 1751 del 2015.

Colombia es un país en el que más de la cuarta parte de las acciones de tutela

corresponden al derecho fundamental a la salud, y en el que, según la Defensoría del Pueblo, el 70 % de las tutelas presentadas en 2015 reclamaron por servicios, procedimientos y medicamentos contenidos en el Plan Obligatorio de Salud (pos).

Se trata de un sistema con laberínticos entramados jurídicos en el cual es común agregar nuevas normas en vez de sustituir las anteriores, a partir de resoluciones y circulares de baja calidad, que sin embargo son determinantes a la hora de aplicar la ley.

El último Andakí Juan Guillermo Buenaventura Amézquita Escuela de Cine y Televisión

A grandes males…

Facultad de Artes Sede Bogotá

Aunque los correctivos existen en el papel, los progresos alcanzados en la implementación de la Ley Estatutaria han sido mínimos debido a que leyes, artículos, decretos, resoluciones y circulares técnicas expedidos antes hacen imposible que el derecho a la salud pueda ser considerado como fundamental.

Así, por ejemplo, varias sentencias del Consejo de Estado dejan claro que el Gobierno busca proteger a los actores privados del sistema, como empresas promotoras de salud (eps) y entidades financieras, en desmedro de los recursos públicos de la salud, demostrando la preocupación por salvar el modelo en vez de recuperar la dirección del conjunto del sistema, tal como lo proponen representantes de la sociedad civil.

Pese a que estrategias como el control de precios, la compra centralizada de medicamentos y precio con base en el aporte terapéutico del fármaco han logrado una reducción en el costo de los medicamentos, el incremento en la concesión de patentes para los “medicamentos innovadores” amenaza con poner en jaque al sistema debido a su elevado costo.

Si licencias obligatorias y estrategias de control de precios resultan impopulares para el sector comercio, se debe contemplar que el control al sistema de patentes, y específicamente la aplicación temprana y estricta de los requisitos de patentabilidad de productos farmacéuticos, constituyan una medida más eficaz para lograr que no se menoscabe el derecho a la salud.

El Observatorio Nacional de Salud muestra que de 1988 a 2011 el 53 % de las muertes reportadas correspondía a causas evitables, con una cifra equivalente a cerca de 1.300.000 colombianos, y en 2016, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud y Protección Social, las enfermedades respiratorias aportan la mitad de la mortalidad.

Se trata de problemas que se podrían controlar en forma adecuada con medidas de promoción y prevención, además de un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno con intervenciones apropiadas y de muy bajo costo.

Editorial Universidad Nacional de Colombia

Los pocos indígenas que encontraron a su paso los primeros conquistadores españoles describían la región andakí como un país próspero y de gran riqueza que daría origen a la leyenda de El Dorado.

No obstante, tras el periodo de enfermedades y guerras que se extendería entre 1535 y 1599, su población sería diezmada y comenzaría un lento proceso de extinción que en apariencia concluirá cuatro siglos más tarde.

Atlas histórico de barrios de Bogotá 1884-1954 Luis CARLOS Colón Llamas Germán Mejía Pavony Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Editorial Universidad Nacional de Colombia

Aunque la década de los cincuenta es de capital importancia en el proceso de urbanización de Bogotá, a partir de la anexión de los municipios vecinos –Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón y Bosa–, durante la primera mitad del siglo xx se incorporó una serie de nuevos barrios, cuyos orígenes se remontan a la anexión de Chapinero en 1884. El Atlas reúne una selección de los planos que resultan más representativos de ese proceso de urbanización.

Información: 3165000, extensión: 20040 - opymeditun@unal.edu.co - Oficina de Promoción y Mercadeo de la Editorial unal Acceda a todo el contenido del catálogo Editorial unal 2020 en la página web: http://www.editorial.unal.edu.co/ Síganos en Twitter: @editorialun - Facebook: Editorial Universidad Nacional de Colombia - Instagram: editorial.un

Periódico ­– N.º 228 – Universidad Nacional de Colombia

diciembre 2020 | 20

Política & sociedad Francia inicia restitución de bienes culturales a países africanos El Senado francés adoptó una ley sobre la restitución de bienes culturales mediante la cual se le devolverán a Benín 26 piezas del “Tesoro del rey Behanzin”, procedentes del saqueo de los palacios reales de Abomey en 1892.

Así mismo contempla entregarle a Senegal la espada y su vaina, atribuidas a El Hadj Umar Tall, figura militar y religiosa del siglo xix. Las piezas se encuentran exhibidas en museos de París.

Política & Sociedad

Restitución de la Colección Quimbaya: el pasado en presente Antonio José Rengifo L., profesor, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de Colombia

Tres años después de que la Corte Constitucional ordenara la repatriación de 122 piezas precolombianas que Colombia le regaló a España hace 128 años, el Estado sigue mostrándose remiso a cumplir con la Sentencia 649 de 2017, perdiendo así la oportunidad de desarrollar las capacidades institucionales necesarias para afrontar las controversias internacionales que vendrán en el futuro.

Las controversias sobre bienes culturales, que aún en tiempos de pandemia se extienden por todo el mundo, presentan diversas formas de expresión, mecanismos para las reclamaciones y trámites para reivindicaciones de derechos por parte de Estados, comunidades o museos.

Las reclamaciones pueden referirse a bienes que por su historia y características representan un valor histórico y cultural único para pueblos y naciones, como los llamados Mármoles de Elgin, sustraídos del Partenón (Acrópolis de Atenas) por Thomas Bruce, conde de Elgin, quien invocó una autorización por el sultán del Imperio otomano que ocupaba Grecia a principios del siglo xix. Hoy se sabe que tal autorización nunca existió, y desde 1939 los mármoles se exhiben en el Museo Británico de Londres.

En julio pasado, el Gobierno francés empezó el proceso de restitución de cerca de 80.000 bienes culturales de Senegal y Benín, los cuales fueron saqueados durante el periodo de colonización; si bien es un gesto de buena voluntad por parte del Estado, también es una respuesta a los reclamos de más de cinco décadas por parte de esos países. En India, un grupo de ciudadanos voluntarios se ha congregado en el India Pride Project (Proyecto Orgullo de India) para identificar los bienes culturales salidos ilegalmente de su patria y trabajar por su restitución.

Las reclamaciones sobre bienes culturales están trayendo a tiempos presentes las tensiones del pasado, sobre todo las de la colonia, pero sometiéndolas tanto a la reivindicación por movimientos sociales, ciudadanos y de comunidades actuales como al escrutinio de los sistemas judiciales. El patrimonio cultural se está convirtiendo en un escenario para confrontar la dialéctica de los poderes de ayer con los de nuestros tiempos. Este se inscribe entonces en las luchas contra los desequilibrios culturales dinamizados por un sistema global desigual.

Para el caso colombiano, la Colección Quimbaya –reconocida como uno de los grandes tesoros culturales actualmente en disputa– presenta una característica específica, y es que España, país receptor, aceptó de buena fe un “obsequio” en condiciones de ilegalidad, como lo sustentó la Corte Constitucional en su Sentencia 649 del 19 de octubre de 2017, sin que las justificaciones dadas por el gobierno de Carlos Holguín Mallarino (1888-1892) presenten algún grado de validez.

La sentencia En la Sentencia 649 la Corte fundamentó la ilegalidad del obsequio de la Colección Quimbaya, otorgando especial atención al desconocimiento de las disposiciones de la

foto: Museo de América.

El regalo de la Colección Quimbaya a España se realizó sin la autorización previa para enajenar bienes de propiedad de la nación, como se obligaba por ley.

Constitución Política entonces vigente, que se mantienen en la actual Constitución de 1991.

En la decisión se ordena a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Cultura conformar un cronograma para llevar a cabo todas las gestiones necesarias ante el Estado español, tendentes a lograr la repatriación de las 122 piezas exhibidas actualmente en el Museo de América, en Madrid, o donde se hallen en el momento de la restitución.

Para tales efectos, y tras diez años de pleitos jurídicos, se creó el Comité de Verificación y Seguimiento, que cuenta con representantes de entidades como la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (icanh), la Academia de Historia del Quindío, y por supuesto de los Ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores.

La Corte le imprimió una dimensión especial al caso de la Colección Quimbaya al indicar que los Estados podrían incurrir en responsabilidad internacional por actos ilícitos cuando perpetúan comportamientos iniciados en algún momento del pasado, pero que siguen produciendo consecuencias en el presente.

En criterio de la Corte, la entrega de bienes pertenecientes a las culturas indígenas de un país a otro proyecta al futuro y tiende a perpetuar una lesión grave a los derechos fundamentales de los pueblos ancestrales en lo dispuesto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

Las consecuencias Además de alcance interno, la declaratoria de la ilegalidad del regalo también tiene consecuencias en el derecho internacional, deducibles de las disposiciones de la “Convención sobre las medidas que se deben adoptar para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad lícitas de bienes culturales” –conocida como Convención de 1970– de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Ese importante tratado, que obliga jurídicamente a Colombia y a España, enumera un conjunto de categorías de bienes culturales que –en ciertas condiciones– los Estados

reconocen como parte de su patrimonio cultural, entre los cuales se encuentran aquellos bienes “recibidos a título gratuito o adquiridos legalmente con el consentimiento de las autoridades competentes del país de origen”.

De las disposiciones de la Convención se puede deducir que si un conjunto de bienes no ha sido adquirido legalmente o con el consentimiento del Estado de origen, como ocurrió en este caso, entonces esos bienes no podrán ser considerados como parte del patrimonio cultural del Estado receptor.

Pese a todo lo anterior, el Estado colombiano se ha mostrado remiso a cumplir con la Sentencia 649, perdiendo así la oportunidad para desarrollar las capacidades institucionales necesarias para afrontar de manera eficaz las controversias internacionales que muy probablemente vendrán en el futuro.

A la luz del derecho internacional, y como consecuencia de la sentencia de la Corte Constitucional, España no tiene hoy legalmente la Colección Quimbaya, lo cual no deja de ser una sorprendente paradoja para un país con una considerable y diversa riqueza de patrimonio cultural, que además reclama lo que considera su patrimonio cultural, como ocurrió con el caso de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes y otros naufragios históricos.

La acción colectiva de movimientos ciudadanos, indígenas, afro, academia y universidades jugará un papel importante en las opciones que quedan abiertas para otras actuaciones desde el derecho, dirigidas a la reclamación de la Colección. Así mismo habrá que considerar las opciones desde la praxis cultural, pues el arte y la cultura son asuntos de política, para los Estados que reclaman y para los que restituyen, y para los que no reclaman también.

palabras clave: Colección Quimbaya, patrimonio cultural. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co