Curso de Formaci贸n Pol铆tica 1 Encuentro: DERECHO Y JUSTICIA er
Jueves 4/2 - 20 hs. Piedras 664
INDICE Introducción al Encuentro
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Crónica del Encuentro
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Bibliografía recomendada
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INTRODUCCIÓN AL ENCUENTRO: DERECHO Y JUSTICIA El primer encuentro de este ciclo de charlas de Formación Política, tiene como objetivo discutir un tema fundamental en la vida política argentina: el rol del Poder Judicial, tanto por su influencia en la cotidianeidad de la vida de los argentinos, como por su relación con los poderes ejecutivo y legislativo. En los últimos doce años de gobierno popular han habido numerosos e importantes intentos por renovar y democratizar el Poder Judicial. En el año 2003, bajo la gestión de Néstor Kirchner, se reforma la corte Suprema de la Nación con el fin de terminar con una justicia funcional a intereses liberales llevando adelante un juicio político contra los miembros del máximo tribunal. A su vez se impulsa un nuevo sistema para la selección de jueces, en busca de mayor transparencia, fijando límites al Partido Ejecutivo para la selección de más integrantes de la corte. En noviembre del 2006 se convierte en ley un proyecto impulsado por la entonces Senadora Nacional Cristina Fernández de Kirchner, para reducir de nueve a cinco los miembros de la Corte Suprema y volver así a la composición que había tenido el cuerpo hasta 1990, cuando el entonces presidente Carlos Menem amplio su integración y conformo lo que luego sería la mayoría automática. Posteriormente, bajo el mandato de Cristina Fernández, continuos han sido los intentos por avanzar en la democratización del funcionamiento y composición de nuestro Poder Judicial. En el año 2013 se presenta el plan para la democratización de la Justicia, cuyos puntos más importantes eran la reforma del consejo de la magistratura, ingreso democrático al Poder Judicial, publicidad de los actos del Poder Judicial y regulación de la cautelares contra el Estado. Estos proyectos fueron debatidos, votados y aprobados por el Congreso de la Nación el 25 de abril de 2013. Posteriormente, se convirtieron en ley y entraron en vigor a partir de su publicación en el boletín oficial. Finalmente, estas normas fueron cuestionadas por diferentes sectores políticos y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. El objetivo de estas iniciativas era, ni más ni menos, dotar de mayor legitimidad y participación de la ciudadanía en el único poder esencial del Estado que parece exento de la voluntad popular. Desde la campaña hasta en su discurso de asunción, el nuevo gobierno encabezado por Mauricio Macri tuvo como objetivo central en su agenda “recuperar” la independencia del Poder Judicial. Alegando que la intromisión del kirchnerismo en temas referentes a la justicia habían resultado fatales para el correcto funcionamiento de esta. La premisa de respeto a las instituciones quedo solamente en promesas de campaña. Sólo en los quince primeros días de su gestión frenó la Reforma del Código Procesal Penal con un decreto de necesidad de urgencia, reforma que previamente había sido aprobada por el Congreso Nacional. El recurso de gobernar por decreto fue en estos dos meses el método predilecto del nuevo gobierno. A días de la asunción, son designados por DNU dos nuevos miembros de la Corte Suprema. Independientemente del origen de estos jueces, la metodología implementada para designarlos en la corte no tiene precedentes en la historia contemporánea argentina. La decisión provocó una enorme polémica, incluso dentro de su propio espacio político. Finalmente, el nombramiento de los juristas al máximo tribunal quedo en suspenso hasta la próxima apertura del congreso. El avasallamiento del macrismo a la institucionalidad fue notable. Así como también la poca importancia para con los acuerdos políticos y el consenso de los diferentes sectores de la justicia, cuestión fundamental cuando se decide tomar una medida de esta índole.
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Es inevitable resaltar la importancia que tuvo en la victoria del Liberalismo, esta vez bajo la figura de Mauricio Macri, el Poder Judicial. Bien denominado por Cristina Fernández de Kirchner como “Partido Judicial”. Pese a los intentos por democratizar este Poder seguimos teniendo una estructura judicial elitista, ineficiente y subordinada a los poderes concentrados. Estos poderes concentrados históricamente han encontrado legitimidad en su accionar por una justicia que los avalaba. Es tarea de todos poder debatir y discutir el papel que debe tener la justicia en nuestro país. Para esto es esencial que el poder político se involucre en la administración de justicia, que es garantizar la justicia para todos y en particular, los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales de los más vulnerables.
BREVE INFORME DEL 1° ENCUENTRO DE FORMACIÓN POLÍTICA En el primer encuentro de Formación Política tratamos la temática “Derecho y Justicia”. Se comenzó haciendo una breve introducción por parte de un compañero del Frente Universitario Megafón, Matías Vedovato (Megafón Derecho UBA- cuyo eje central fue cuestionar el rol del Partido Judicial a lo largo de los años de gobiernos populares. Este brazo del Estado ha servido como herramienta del liberalismo para estancar las leyes a favor del Pueblo, como por ejemplo en el 2013 cuando se declaró inconstitucional la reforma por la Democratización de la Justicia o en 2014 con las constantes medidas cautelares a favor del Grupo Clarín para entorpecer la sanción de la Ley de Medios. Pasada esta breve introducción, nuestro Responsable de Formación Política Nacional, Mariano Cabral, hizo un breve repaso de la situación política actual contemporánea. Comprendiendo a la política como una práctica de la transformación, y una vez que con el Kirchnerismo el Pueblo retoma el centro de la escena política convirtiéndose en el primer actor social de cambio, el Kirchnerismo como movimiento histórico logró reaprender viejas cuestiones sobre la militancia política que en el período anterior, caracterizado por un gran pesimismo generalizado y desprestigio de la figura de los militantes de la época, habían quedado estancadas. Esto no habría sido posible sin la decisión y la actitud política que tomaron los conductores de la época, primordialmente Néstor y Cristina Kirchner. Con la nueva era del “cambio” y con el triunfo reciente del PRO, se produce un empate hegemónico entre el sector nacional, popular, democrático y revolucionario, encabezado por el Frente para la Victoria cuya columna vertebral es el Peronismo, y Cambiemos, el frente cipayo, oligárquico, entreguista y conservador. La dicotomía que planteó dos siglos atrás Sarmiento (Civilización y Barbarie) sigue entonces hasta el día de hoy más vigente que nunca. En este sentido es primordial que como militantes políticos comprendamos que el tiempo del Pueblo no es el mismo que el tiempo de nuestra ansiedad, asumir las derrotas y actuar en consecuencia de una fuerte autocrítica hacia adentro del Movimiento para decidir los rumbos que tomará el Peronismo en esta nueva etapa. Para dar las discusiones correspondientes entonces, será necesario entender desde un análisis político el papel que ocupa el Derecho en correlación con la Justicia en nuestro país actualmente. Haciendo un poco de cronología, nuestro aparato Judicial tiene bases en la corriente positivista (liberal) del derecho con muchos condimentos del iusnaturalismo . El sistema positivista plantea que el derecho es un conjunto de normas dictadas por el hombre, a través de la figura del Estado. Pero todas esas
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normas, lejos de encontrarse desvinculadas entre sí, lo están a través de una relación de jerarquía para con lo que Kelsen denominó “La Norma Fundamental”. Como su nombre lo indica, en ella van a sostenerse todas las normas: van a fundamentarse en ella. En el caso del derecho argentino, la Norma Fundamental es la Constitución Nacional, sancionada inicialmente en 1853 y modificada por última vez en 1994. La Constitución se encuentra en lo más alto de la pirámide jurídica, le siguen los Tratados y las Leyes dictadas por el Congreso de la Nación. Luego se ubican otras fuentes del Derecho como la costumbre y la jurisprudencia, de las que hablaremos más adelante. ¿Qué significa que la Constitución esté en una posición de superioridad para con el resto? Que tanto las Leyes, como los tratados, y todas las resoluciones jurídicas que se dicten (Decretos del ejecutivo, Resoluciones Ministeriales, Ordenanzas Municipales) deberán estar en consonancia con ella. A ésta afirmación, seguramente, le siga la siguiente pregunta: ¿qué pasa si, por ejemplo, una ley dictada por el Congreso contiene cláusulas o puntos que van en contra de alguna disposición de la Constitución Nacional? Se ejerce, por medio de otro poder del Estado, el llamado Control de Constitucionalidad. Hay dos tipos de éstos controles: difuso y concentrado. El concentrado prevé que exista un órgano específico que lleve adelante ésta función (muy común en países de Europa) mientras que el difuso, que es el que utilizamos en Argentina, lo realiza el mismo poder Judicial. Entonces, si cualquier ciudadano cree que una norma atenta contra algún artículo de la Constitución Nacional, puede dirigirse al juzgado competente en la materia a exigir que se revise. Se inicia así un proceso judicial que puede llegar a definirse en la máxima instancia: La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al ser el Poder Judicial el encargado de llevar a cabo este control, cae necesariamente en el ojo de la tormenta y los cruces políticos. Muestra de eso son las grandes batallas judiciales llevadas a cabo en los últimos años: La Ley de Medios y la Reforma del Poder Judicial, ambas con sentencias definitivas de la Corte Suprema de Justicia. Pero además, fue y es públicamente señalado por las maniobras procesales concedidas a favor de los grandes grupos de poder concentrado, cuyo único fin era obstaculizar la aplicación lisa y llana de las leyes. Tal es el caso de las numerosas cautelares a favor del Grupo Clarín y en contra de la Ley de Medios, que con la excusa de analizar la Constitucionalidad o no de la norma lograban que los efectos necesarios de su aplicación se congelaran por temor a un “daño irreparable para una de las partes”. Como se vio anteriormente, no solamente las leyes son las que siguen los parámetros de la constitución sino también las resoluciones de otros poderes del Estado, como por ejemplo El Poder Ejecutivo. Por el artículo 99 de la Constitución Nacional el Presidente de la Nación tiene la facultad de dictar decretos. Esta facultad es excepcional ya que, recordemos, la tarea legislativa es exclusiva del Congreso. ¿En qué casos, entonces son viables los decretos? Cuando el Congreso lo autoriza (delegados y decretos reglamentarios) y cuando la necesidad y la urgencia para la toma de una decisión es tal que resulta imposible atravesar el proceso legislativo ordinario. Estos últimos son los famosos “Decretos de Necesidad y Urgencia” que no pueden versar sobre
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materia de partidos políticos, penal, tributaria y electoral. Que los dicte el Presidente no implica que esto se convierta en una decisión “dictatorial” ya que deben ser revisados por una Comisión Bicameral Permanente que decidirá sobre su validez o no. Independientemente el Poder Judicial también puede revisarlos a requerimiento de parte. Se plantea entonces una discusión que tiene tanto de jurídica como de política: ¿cuál es el verdadero rol del Poder Judicial? ¿Cuál es la filosofía que lo sostiene?
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 1) EL 18F, BAUTISMO DE FUEGO DEL PARTIDO JUDICIAL http://www.cfkargentina.com/18f-el-bautismo-de-fuego-del-partido-judicial/ Breve introducción y alguna reflexión Me contaban que en los últimos días, cuando terminaba de hablar en algún acto oficial, TN, el cable del monopolio Clarín, titulaba: “No mencionó a Nisman”, “No habló de la marcha del 18F”. Es cierto que cuando hablo por cadena nacional se les dificulta apenas un poquito la tarea destructiva y depredadora de lo institucional. Pero la libertad de prensa, por suerte, no sufre mella. La cadena nacional del desánimo y el odio, comandada por Clarín, goza del privilegio de la libre expresión los 365 días del año durante las 24 horas. Pero volviendo al reproche que se me hacía por mi “silencio”, resulta curioso que cuando hablo de lo que algunos no quieren, un fiscal me exige que me calle, y cuando no hablo de lo que ellos quieren, me reclaman que hable. En síntesis: la palabra y el silencio parecen tener dueños en la Argentina. En realidad, como ciudadana antes que como Presidenta, siempre he tenido la costumbre de analizar, evaluar, y luego opinar sobre cualquier hecho una vez que este ocurre. Es una sana costumbre que no pienso abandonar.
El 18F. Bautismo de fuego del Partido Judicial Allí esta el verdadero hecho político e institucional de la marcha del 18F. La aparición pública y ya inocultable del Partido Judicia Nuevo ariete contra los Gobiernos Populares, que suplanta al Partido Militar en el rol que, en el trágico pasado, asumiera respecto de Gobiernos con legalidad y legitimidad democrática. Ya no se trata de golpes violentos que interrumpen el funcionamiento de las instituciones y de la Constitución. La modalidad es más sofisticada. Articula con los poderes económicos concentrados y fundamentalmente con el aparato mediático monopólico, intentando desestabilizar al Poder Ejecutivo y desconociendo las decisiones del Legislativo. O sea, un súper poder por encima de las instituciones surgidas del voto popular.
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Un Partido Judicial integrado por grupos de jueces y fiscales vinculados y promocionados por los grandes medios y grupos económicos. Muchos de ellos también defensores de las leyes de la impunidad para los crímenes del Terrorismo de Estado durante la última Dictadura, otros ex-funcionarios políticos de la década del noventa y casi todos de aceitada articulación con las conducciones subterráneas desplazadas de los organismos de inteligencia. Este Partido Judicial, que al mismo tiempo que funciona como armadero de causas cajonea otras. Es el que llama a indagatoria al Ministro de Justicia media hora antes de que la Cámara de Diputados comience el tratamiento del nuevo Código de Procedimiento Penal. Es el que llama a declaración indagatoria a la Procuradora del Tesoro cuatro días después de que la misma se presente en el expediente donde se tramita la descabellada denuncia del fiscal Nisman, con un escrito de 60 páginas y prueba documental que da por tierra al absurdo “plan criminal elaborado por la Presidenta de la República y su Canciller y aprobado por el Congreso de la Nación”. Es el Partido Judicial que cajonea causas de Lesa Humanidad como la de Papel Prensa, con increíble cantidad de prueba documental y testimonial, en lo que fue la apropiación de dicha empresa durante la Dictadura por parte de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre y los ex propietarios del diario La Razón, sin que siquiera hasta ahora se haya citado a ninguno de los denunciados por la viuda de Graiver, detenida y torturada durante la Dictadura. A propósito de esta causa emblemática, ¿será cierto que el Juez de la causa, Dr. Ercolini, asistió a la marcha, tal como informan algunos diarios? Pienso que no. Ya sería demasiado. Es el Partido Judicial el que no toma ninguna determinación y “duerme” la causa sobre lavado de dinero denunciada por Hernán Arbizu, ex Vicepresidente de JP Morgan en la Argentina, donde no solamente se autoincrimina, sino que detalla con precisión como lavaba dinero de los mismos integrantes del Grupo Clarín. La causa lleva años y no hay una sola citación. Es el Partido Judicial el que aún no permite que se aplique a Ley de Medios, declarada constitucional por la Corte Suprema, a través de una sucesión infinita de medidas cautelares. Es el Partido Judicial el que ha generado el “derecho cautelar delivery” o el “forum shopping”. El mismo que pide la indagatoria del fiscal Dr. Gonella, que investiga lavado de dinero y narcotráfico, haciendo lugar a una denuncia hecha por una jueza que es pareja del narcotraficante Valentín Temes Coto, condenado a 20 años de prisión por contrabando de tres toneladas de cocaína. Es el Partido Judicial el que acusa a empresas por meras faltas administrativas, al mismo tiempo que el magistrado actuante vulnera la Ley siendo accionista de sociedades comerciales (lo cual está impedido), adquiridas además con prestamos de bancos públicos (Banco Provincia de Bs. As.) y de empresarios privados. Como detalle risueño: las sociedades de las cuales es accionista tienen las mismas faltas administrativas que las acusadas. Increíble pero cierto. Delicias de la omnipotencia, impunidad y discrecionalidad que te da el sólo hecho de ser uez en nuestro país. De pagar impuesto a las ganancias… mejor no hablamos. Es el Partido Judicial que acosa en forma nunca vista al Ministerio Público Fiscal con denuncias permanentes, pedidos de indagatorias, allanamientos y trabando el accionar de una institución que la Constitución de 1994 consagró como Ministerio
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extrapoder, como una garantía de independencia en la administración de Justicia para los ciudadanos. Es el Partido Judicial que por primera vez en la Historia declara inconstitucional un tratado internacional firmado por el Gobierno Nacional y ratificado por el Parlamento, en ejercicio de facultades Constitucionales que son exclusivas y excluyentes de ambos Poderes. Decisiones estas que, por lo tanto, no son judiciables, tal cual lo marca la propia doctrina de la Corte. Es el Partido Judicial que no va a elecciones, cuyos miembros no pagan impuestos, tienen sus funciones y prerrogativas de por vida, y en algún caso están por cumplir un siglo. ¿Decime si no te dan ganas de ser juez? 2) Derechos Humanos en riesgo: balance del primer mes de gestión http://posdataweb.com.ar/derechos-humanos-en-riesgo-balance-del-primer-mes-de-gestion/ Las decisiones tomadas en el área por el nuevo gobierno en sus primeros 40 días, pusieron en alerta a los organismos de derechos humanos. No sólo ven peligrar el apoyo del Estado a su lucha por Memoria, Verdad y Justicia, sino también el respeto a libertades esenciales, como la de protestar libremente. El método, un modus operandi: vaciamiento de políticas públicas, intervención directa y despidos masivos. Por Lucía Fernández Méndez Exactamente un año antes de asumir como presidente, y cuando todavía quizás sólo él y su equipo confiaban en la posibilidad de que eso ocurriera, Mauricio Macri, en una entrevista a La Nación, aseguró que con él se acabarían “los curros en derechos humanos”. Al poco tiempo, realizó otras no menos felices: “Los derechos humanos no pueden ser en términos revanchistas” y “hay que ocuparse de los derechos humanos del siglo XXI”. Hoy, a más de un mes de haberse hecho cargo del gobierno nacional, todas las medidas vinculadas a esta área parecen estar en sintonía con sus expresiones previas y ser el punto de partida para el retroceso de una lucha iniciada hace cuarenta años, y convertida en política de Estado a partir de 2003. A la hora del análisis, no sólo es importante considerar las acciones concretas llevadas a cabo hasta el momento, sino también las expectativas que determinados sectores depositaban en el posible desembarco del equipo de Cambiemos en la conducción de la Argentina. Tal es el caso de los integrantes de la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, que en su última asamblea anual, celebrada el 10 de noviembre de 2015, se habían mostrado muy optimistas ante un eventual triunfo de Mauricio Macri en el balotaje. En la reunión de la agrupación surgida en 2009 con el objetivo de conseguir una amnistía general para los represores y revertir un proceso que cuenta con más de 620 genocidas condenados, se escucharon frases como “vientos de cambio”, “ráfagas de optimismo” y “llamas de esperanza”. Con este tipo de alusiones calificaban al potencial escenario político que se inauguraría si las urnas consagraban ganador al ex Jefe de Gobierno porteño, a la par que lamentaban el abandono de “la bandera de la concordia de Alfonsín y Menem” producido en 2003. La titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), Cecilia Pando, conocida por defender a ultranza a los responsables del terrorismo de Estado, también había manifestado de forma abierta su apoyo a
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Mauricio Macri de cara a la segunda vuelta electoral y convocaba a sus seguidores de Twitter a respaldarlo con su voto. Ya asumido el nuevo gobierno, la militante de ultraderecha celebró en esa red social el encuentro que el flamante Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, mantuvo con representantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV). Perfil de Avruj y primeras medidas El nuevo titular de la cartera de Derechos Humanos, Claudio Avruj, está ligado de forma muy cercana a Rubén Beraja, uno de los imputados en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA. Fue él quien lo designó como director ejecutivo de la DAIA en 1997, puesto que ocupó durante una década. Desde allí, Avruj impulsó un reconocimiento al comisario Jorge “Fino” Palacios por “su compromiso en la causa AMIA” y más tarde, en 2009, se lo recomendó a Mauricio Macri para colocarlo al frente de la Policía Metropolitana, pese a que estaba procesado en la misma causa que Beraja. El resto, es historia conocida: Palacios, tan sólo dos meses después de haber asumido como Jefe del nuevo cuerpo de seguridad, debió renunciar y luego quedó -nuevamenteprocesado junto a Ciro James y el mismísimo Macri, en la causa de las escuchas ilegales a familiares de víctimas del atentado. En su gestión como Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avruj cerró el Programa de Atención a las Víctimas de Delitos Sexuales. También fue acusado por los trabajadores a su cargo de congelar los salarios de los empleados del Parque de la Memoria. Ya en ejercicio de su nueva función, en la que reemplazó al abogado e hijo de desaparecidos, Martín Fresneda, sus primeras acciones preocupan a organismos y agrupaciones vinculadas a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, así como a millones de argentinos que defienden esta causa. Una de las primeras determinaciones que generó gran descontento fue la reunión que mantuvo con integrantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), quienes trabajan desde 2006 para lograr el juzgamiento de los militantes de organizaciones armadas que sobrevivieron al terrorismo de Estado. Si bien el funcionario aseguró que nadie le hizo ningún pedido vinculado a la nulidad de los juicios por delitos de lesa humanidad ni a la posibilidad de declarar la imprescriptibilidad de los delitos comunes, Victoria Villarruel, presidenta de la entidad, se mostró exultante luego de la entrevista. “Es la primera vez que un secretario de Derechos Humanos recibe a las víctimas del terrorismo en democracia, por lo que desde CELTYV estamos muy esperanzados y contentos de haber dado este primer paso que se suma a los 10 años de trabajo que llevamos adelante y así irnos dirigiendo lentamente hacia un país con inclusión y una visión más integral de lo ocurrido en la dolorosa década del 70”, escribió en las redes sociales. El corolario de la polémica tiene que ver con el lugar en el que se realizó la audiencia: el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), convertido en 2004 en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. La recepción de los integrantes del CELTYV en el ex centro clandestino de detención y tortura, hoy ocupado por organismos como HIJOS, Familiares, Madres y Abuelas, entre otros, fue considerada una verdadera provocación.
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Entre intervenciones y liberación de represores Otra medida que alertó a los familiares de las víctimas del genocidio fue el desplazamiento del nieto recuperado Horacio Pietragalla Corti de la dirección del Archivo Nacional de la Memoria, pese a que tenía un mandato de cuatro años más. En su lugar, mediante el decreto 218/2016 firmado por Mauricio Macri y Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos, fue nombrado Gustavo Luis Jesús Peters Castro. Pietragalla había sido designado el 6 de diciembre por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de consensuarlo con los organismos integrantes del Espacio Memoria. El nombramiento se había hecho al vencerse el mandato de su antecesor, Ramón Torres Molina. En ese Archivo, creado en 2003 por Néstor Kirchner, se encuentran protegidos documentos y relatos valiosísimos aportados por familiares de víctimas, testigos y sobrevivientes de la represión. Toda la información que se halla en él es un aporte imprescindible no sólo para la reconstrucción de la memoria colectiva, sino también para nutrir las investigaciones que se realizan en el marco de los juicios a los represores. Gracias a ese patrimonio documental, que hoy será dirigido por un funcionario sobre el que nunca fueron consultadas las organizaciones que ayudaron a conformarlo, recientemente pudo llevarse a cabo una profunda indagación sobre los delitos económicos y responsabilidades civiles durante la última dictadura. En la última semana de 2015, en medio de la distracción general que traen consigo las fiestas de fin de año, fueron liberados siete genocidas en La Pampa (Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar “Miseria” López, Jorge Quinteros, Orlando Pérez, Juan Domingo Gatica y Miguel Gauna), que se encuentran procesados por más de 300 secuestros y torturas en la Sub Zona 14. Pese a que en estos casos el riesgo de fuga es alto, la decisión de los magistrados se basó en el vencimiento del plazo de la prisión preventiva. Para la misma fecha, en Entre Ríos, en la causa conocida como “Área Paraná”, se liberaron a la ex directora de la cárcel de Mujeres, Rosa Bidinost, y los ex militares Alberto Rivas y Oscar Obaid. Si bien habían sido condenados, el juez federal Leandro Ríos consideró que “por el paso del tiempo” las condenas ya estaban cumplidas. Sin embargo, la fiscalía y la querella habían pedido para Alberto Rivas 25 años de prisión; para Bidinost, 15 y 25, respectivamente; y para Obaid, 8 y 25. Despidos en el Programa Verdad y Justicia En el marco de la política de despidos masivos en el Estado, sobre un total de 53 trabajadores con los que contaba el Programa Verdad y Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ya fueron despedidos diez y no descartan que en las próximas semanas la cifra pueda incrementarse. Algunos de esos despedidos se enteraron mediante el telegrama que les enviaron para comunicarles la decisión de “desvincularlos”, mientras que otros se anoticiaron al consultar en Recursos Humanos por el motivo por el cual no podían acceder a su cuenta de usuario, con la cual marcaban su entrada y salida. Fue recién en ese momento en el que supieron que la imposibilidad se debía a que “prescindirían de sus servicios”.
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El programa Verdad y Justicia se creó en el año 2007, con el fin de evaluar el riesgo al que se exponen los testigos de los juicios por delitos de lesa humanidad y brindarles la protección necesaria, así como también de promover y garantizar el correcto desarrollo de los procesos judiciales y colaborar con la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado. Por lo tanto, la gravedad de los despidos en este programa se compone de dos aristas, una más general y otra más específica. La primera tiene que ver con el avasallamiento de los derechos laborales de las personas afectadas, situación que atraviesan ya más de veinte mil empleados de todo el país; la segunda, con el debilitamiento de una política de Estado, sostenida durante más de una década, fundamental para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la década del 70, el juicio y castigo a sus responsables, y la construcción de la memoria colectiva en torno a esa etapa de la historia reciente. En un contexto institucional más amplio, cabe mencionar que en la Secretaría de Derechos Humanos ya son al menos 70 los telegramas de despidos enviados (entre los que se cuentan los del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”), mientras que en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, suman un total de 500. Lejos de resolver analizar de forma más detallada cada caso para considerar la posibilidad de la reincorporación, en las últimas horas se les comunicó que no habría marcha atrás con las desvinculaciones efectuadas. Por último, debe tenerse en cuenta que al igual que en otras dependencias públicas, el presunto cronograma de despidos establecido por el Ministerio de Modernización recién comienza: el relevamiento debía empezar por los contratados o tercerizados, es decir, los precarizados, para proseguir por los de planta transitoria y culminar con los comprendidos en el artículo 9 de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público. Ni los de “antes”, ni los del “siglo XXI” El análisis de las medidas del nuevo gobierno nacional hace posible vislumbrar con claridad el inicio de una etapa en la que, en el mejor de los casos, se abandonarían los derechos humanos como política de Estado prioritaria, y en el peor, se apuntaría deliberadamente, ya no desde la omisión sino también desde la acción directa, a debilitar la lucha por su defensa. Los métodos para lograrlo ya los hemos visto: vaciamiento de programas institucionales clave para el desarrollo de los juicios, la intervención de archivos con fuentes documentales vinculadas al tema, el otorgamiento de beneficios a represores imputados, la cercanía con organizaciones civiles que sostienen la teoría de los dos demonios, entre otros. La persecución ideológica, la embestida contra la libertad de expresión, la habilitación a las fuerzas policiales para pedir DNI sin motivo de sospecha, los despidos masivos, la represión a los trabajadores, la disposición de camiones hidrantes y efectivos en los escenarios de las marchas populares, la declaración de emergencia en seguridad pública y la detención de Milagro Sala por acampar de forma pacífica en una plaza, hacen pensar que tampoco “los derechos humanos del siglo XXI” están garantizados. 3) CORRUPCIÓN http://justicialegitima.org/opinion/corrupcion-100.html 17/12/2015 Designación de los jueces de la Corte Suprema por decreto- Por Julio Maier No deseo escribir estas líneas como jurista sino como ciudadano de a pie, porque me siento avergonzado de mi profesión de abogado, aunque ya no la ejerzo. Parece que nuestras facultades de Derecho producen especialistas en “chicanas”: artimaña de mala fe para obtener algo que se desea. No voy a descubrir nada si me refiero al gobierno del Sr. Macri, pues su largo gobierno de la CABA ya había puesto de manifiesto la utilización de reglas de aplicación excepcional como procedimientos de uso
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permanente, siempre antidemocráticos, contrarios al cacareo republicano de la coalición que él preside. Puedo entenderlo a él porque nunca lo creí demasiado informado ni un ejemplo para una república democrática y porque ostenta el título de ingeniero –¿será ingeniero?–, extraño al mundo jurídico. Pero me avergüenzo de sus asesores, funcionarios y prestos a aceptar funciones, que ejercen en la práctica el título de abogado –incluidos en ese colectivo los jueces y otros funcionarios judiciales–, que, como dije, no parecen haber aprendido en nuestras facultades otra cosa que proponer chicanas como soluciones. Tal comportamiento ya se observaba en la falta de respeto por los parlamentos de nuestros abogados –record Guinness de vetos, cautelares y otras artimañas leguleyas–, pero alcanzó su cenit con aquella demanda que un fiscal y una jueza decidieron para fijar el día y la hora de finalización constitucional del cargo de presidente de la Nación y la necesidad ineludible de que nuestra república viva doce horas según la regla excepcional de la sucesión presidencial, situación que debería repetirse cada vez que un presidente cumpla el período de su mandato (en purismo: hasta cuando es reelegido). Fui consultado desde el extranjero por esa situación extraña, me avergoncé y no supe qué contestar. Pero no había visto todo lo posible ni lo máximo, digno del record Guinness. Ayer fui consultado nuevamente por esto de los dos jueces de la CSJN designados por decreto y sin acuerdo del Senado, claramente evitado por el Sr. Presidente y sus letrados por razones obvias de cantidad de votos parlamentarios, que no le alcanzan para tornar efectivo sus deseos, y por un sentimiento extraño de necesidad, que sólo ellos pueden explicar. Este procedimiento, extraño a las prácticas democráticas de nuestra Constitución bien entendida, como buen padre de familia, y a nuestras instituciones, me llenó de vergüenza como ciudadano de este país y revivió en mí recuerdos relativos sólo a gobiernos autoritarios, militares, productos de golpes de Estado. Sin embargo, deseo ser sincero, no conozco bien a ninguno de los propuestos –que, se supone, han aceptado el método de nombramiento– y es posible que sólo a uno de ellos lo haya visto y hasta leído anteriormente. El descubrirlo allí me causó profundo dolor, pues, si no me equivoco, él era uno de los discípulos académicos de quien yo considero un verdadero demócrata, ejemplar, a quien respeto sobremanera. El maestro, seguramente, no le enseñó chicanas; dicho en general, tampoco parece haberle abierto del todo los ojos a quienes les regaló su sabiduría. Eso pasa en ocasiones, algunas veces. La reiteración de episodios de este tipo es lo que yo llamo corrupción de las costumbres. * Profesor titular consulto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
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Curso de Formación Política
CRONOGRAMA
er 1 Encuentro 04-02: DERECHO Y JUSTICIA "Hay que volver a vincular justicia con igualdad" (Cristina Fernández de Kirchner) 2 do Encuentro 11-02 : ARGENTINA EN EL TABLERO DEL PODER MUNDIAL " La verdadera política es la política internacional" (Juan Domingo Perón) er
3 Encuentro 18-02: ECONOMÍA Y POLÍTICA "El pago de la deuda nos permitió implementar en la Argentina el modelo de desarrollo productivo y competitivo con inclusión social." (Néstor Carlos Kirchner) 4to Encuentro 25-02: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL "Un plan de gobierno para que tenga alma debe tener una doctrina, ya que la doctrina nacional es la verdadera alma colectiva del pueblo" (Juan Domingo Perón) 5to Encuentro 03-03: EDUCACIÓN Y BATALLA CULTURAL "La igualdad educativa es, para nosotros un principio irrenunciable, no solo como actitud ética sino esencialmente como responsabilidad institucional" (Néstor
Carlos Kirchner)
Jueves -20 hs. Piedras 664