El Tercer Expolio y la Reconquista
Seguimiento de empresas transnacionales en Guatemala www.eltercerexpolioylareconquista.blogspot.com memoriagua@yahoo.com Autor: Andrés Cabanas Díaz
Documento número 6 15 de septiembre de 2013
Otto Pérez Molina, Hidro Santa Cruz y la cuadratura del círculo Andrés Cabanas Cuadratura del círculo. En términos matemáticos, consiste en hallar —con sólo regla y compás- un cuadrado que posea un área igual a la de un círculo dado. Es un problema irresoluble, que sólo se puede calcular por el método de repeticiones sucesivas. En sentido figurado, un problema muy difícil o imposible de resolver. En lenguaje político guatemalteco, explicar lo inexplicable (las actuaciones de las empresas transnacionales), defender lo indefendible (los asesinatos y la violencia contra organizaciones por parte de estas empresas), legalizar lo ilegal o injusto (las arbitrariedades y hechos de fuerza), ilegalizar lo legítimo (la voluntad de los pueblos). Es decir, la cuadratura del círculo.
Primera parte De los discursos a los hechos El 3 de septiembre de 2013, el Presidente Otto Pérez Molina llega a Santa Cruz Barillas a intentar reconducir un problema que, poco tiempo antes, él mismo había declarado (u ordenado, en la lógica ejecutiva militar de este gobierno) como “resuelto” (Madrid, 14 de febrero de 2013). Tal vez por esto la arrogancia del Presidente, su desesperación y pérdida de control en el balcón del Palacio Municipal. Ni el Presidente ni los tres Ministros de Estado que lo acompañan logran explicar las contradicciones entre el discurso de la empresa española Hidro Santa Cruz y sus hechos; entre lo que dicen ser y lo que hacen; entre lo que prometen y lo que construyen: o destruyen en términos de cohesión y convivencia social y democrática.
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Ni el Presidente, ni los Ministros, ni mucho menos Hidro Santa Cruz, logran justificar las diferencias entre intereses económicos y prácticas violentas de las empresas, con los intereses y las formas de organización y toma de decisiones de la población.
Democracia con violencia Los mensajes oficiales de Hidro Santa Cruz y sus dueños españoles (Ecoener e Hidralia, de los hermanos Castro Valdivia) reiteran conceptos como democracia, paz, consenso, desarrollo: “Somos una empresa de diálogo, de paz, de consenso y de respeto a los pueblos de Guatemala. Lo que queremos es desarrollo para Barillas y para nosotros” afirma el 18 de diciembre de 2012 Luis Castro Valdivia. “Hemos venido a Barillas con ánimo de contribuir a su progreso y desarrollo. Pedimos diálogo, pedimos paz, pedimos libertad y que las cosas se dialoguen y se hablen. No a la violencia. Todos podemos tener nuestra opinión, la que se quiera, pero todos tenemos que sujetarnos a la ley y a la paz. Nuestro deseo es paz, libertad y concordia con Barillas, de este proyecto nos beneficiaremos todos” (Luis Castro, noviembre de 2011). En la práctica, el desarrollo enunciado se contradice con la tensión comunitaria y el miedo existente desde el inicio del proyecto hidroeléctrico. El consenso se anula con la violencia, la persecución (intimidaciones y amenazas por parte de la empresa) y la judicialización de la oposición: más de 20 órdenes de captura vigentes, presos políticos, detenciones injustas y “arbitrarias a partir de figuras delictivas desproporcionadas” (Informe 2012, Oficina Alta Comisionada Naciones Unidas para Guatemala) a las que – extraoficialmente- no es ajena Hidro Santa Cruz y sus conexiones con redes políticas y de abogados. La democracia se construye, para Hidro Santa Cruz, sobre las cenizas de la autonomía municipal y de la posibilidad de decisión de organizaciones sociales, autoridades tradicionales y consejos de desarrollo, que son atacados y perseguidos cuando no aceptan la permanencia de la empresa.
Legalidad, picardía y mentiras ¿Qué piensa Otto Pérez Molina cuando, el tres de septiembre en Santa Cruz Barillas, habla de cumplimiento estricto de la ley? ¿O no piensa nada, sino que se limita a ordenar, en la lógica ejecutivo militar de este gobierno? Si otros no lo hacen como deberían, pensemos nosotros: la legalidad reclamada por Otto Pérez Molina a la salida de la Municipalidad contrasta con actuaciones carentes de transparencia y/o abiertamente ilegales por parte de Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz, respaldadas o aceptadas por el Estado de Guatemala.
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Oficialmente, Hidro Santa Cruz está en ley (declaraciones, entre otros, de Luis Castro, noviembre de 2011; senador español Dionisio García Carnero en Huehuetenango, 23 de enero de 2013; Otto Pérez Molina en Madrid, febrero de 2013). En el terreno, la empresa contraviene la ley o se burla de la misma, especialmente –aunque no exclusivamente- en estos puntos: 1.Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz realiza trabajos de construcción sin contar con licencia municipal (o con la denegación explícita de la misma): el 12 de abril de 2011 la Municipalidad de Barillas niega de forma unánime la licencia de construcción, a pesar de lo cual Hidro Santa Cruz construye, entre otros, el edificio de dos niveles en el interior de sus instalaciones. Este incumplimiento desconoce la autonomía municipal. 2.Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz niega el derecho a la consulta previa, lo que incumple el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 3.Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz margina a las autoridades comunitarias y las organizaciones sociales, al tiempo que designa como interlocutores (y fortalece, incluso económicamente) a organizaciones y entidades favorables a su proyecto: la asociación de microrregiones y los Consejos de Desarrollo de Segundo Nivel). 4.Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz se oculta a través de la constitución de una “maraña” de sociedades, tanto en España como en Guatemala. Esta maraña disfraza el entramado de intereses interconectados y las alianzas económicas y políticas de los dueños de Hidro Santa Cruz, así como tiende a garantizar la impunidad. 5.Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz se implanta y desarrolla a partir del uso de la fuerza: contrata una empresa de seguridad (que en algunos momentos cuenta, según testimonios de la población, con más de 60 trabajadores); nombra a ex militares como encargados de la relación con las comunidades (el caso del capitán Juan Roberto Garrido); se alía con actores violentos a nivel local (red de poder de López Villatoro) y nacional (gobierno de Otto Pérez Molina); utiliza la violencia física como forma de intimidación a los opositores.
El asesinato de Andrés Francisco Miguel o las tres negaciones de Hidro Santa Cruz El asesinato de Andrés Francisco Miguel y los atentados contra Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé (heridos de bala), el primero de mayo de 2012, se inscriben en este contexto de violencia planificada y consciente, de carácter estructural. Son la consecuencia (lamentable pero) natural de una política de implantación inconsulta y violenta: de la decisión tomada por la empresa y el gobierno de Guatemala de que la hidroeléctrica se construya y vaya “adelante, pase lo que pase” (Castro Valdivia, 18 de noviembre de 2011).
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Tras el asesinato (realizado por dos trabajadores de la empresa, uno de ellos el Jefe de Seguridad) Hidro Santa Cruz intenta de forma inverosímil deslindar su responsabilidad: hasta en tres ocasiones, de forma oficial y por escrito, declaraciones oficiales de la transnacional afirman que los acusados no son ni fueron empleados suyos. Las tres negaciones sacrifican a los acusados en aras de controlar daños y salvar la imagen corporativa, aunque no limitan su responsabilidad como autores intelectuales (hasta el momento, la investigación y acusación del Ministerio Público se ha detenido en las responsabilidades materiales). El cuadro siguiente compara declaraciones oficiales, que forman parte de las argumentaciones planteadas por el Ministerio Público en el proceso penal, con las declaraciones de Hidro Santa Cruz sobre los asesinatos. Ministerio Público y Gobierno El acta de inspección del lugar elaborada por el Ministerio Publico MP 211-2012-728 del 28 de marzo del año dos mil doce, da cuenta del viaje de inspección realizado por miembros de esta instancia, acompañados por el Jefe de Seguridad de la Empresa Hidro Santa Cruz, Ricardo García López. Fuente: Ministerio Público. Otto Pérez Molina: “La investigación nos dice que los (asesinos) fueron subcontratados por la empresa”. Fuente: El periódico, 28 de mayo de 2012.
Ecoener-Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz Hidro Santa Cruz, S.A., desmiente categóricamente que las personas capturadas o detenidas por la muerte del señor Andrés Francisco Miguel sean empleados de esta empresa. Este extremo es perfectamente conocido por las autoridades que están llevando a cabo esta investigación. Fuente: Comunicado Hidro Santa Cruz, 26 de mayo de 2012. Es falso que alguna persona relacionada o vinculada con Hidro Santa Cruz, S.A., participara en ese hecho de violencia. Es rotundamente falso que las personas detenidas por la muerte del señor Andrés Francisco Miguel sean (o hayan sido en el pasado) empleados de Hidro Santa Cruz, S.A. Hidro Santa Cruz, S.A., carece de cualquier responsabilidad, directa o indirecta, mediata o inmediata con relación a la muerte del señor Andrés Francisco Miguel. Fuente: Informe interno de Hidro Santa Cruz, junio de 2012. “As dúas personas detidas non son, nin foron nunca, empregados nosos”. “Las dos personas detenidas no son ni fueron nunca, empleados de Hidro Santa Cruz.” Fuente: Fernando Rodríguez Alonso, Apoderado de la Empresa, en comunicación enviada desde su correo electrónico, fralfonso2@yahoo.es a coordinadoradeloitas@gmail.com, con fecha 16 de junio de 2012.
La fiscalía de Quetzaltenango estableció que el sindicado del asesinato de Andrés Francisco Miguel fue contratado por un trabajador de Hidro Santa Cruz. El informe balístico del arma utilizada para el asesinato comprobó que estaba asignada al agente de seguridad de la hidroeléctrica, Ricardo García. Fuente: El periódico, 31 de mayo de 2012 y Audiencia en Torre de Tribunales. Elaboración propia
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La agenda pro empresas del ejecutivo El ejercicio de la violencia, el irrespeto a la opinión y liderazgos comunitarios, el engaño, la imposición, generan en Barillas “el descontento y la ingobernabilidad”, como reconoce un informe de acceso restringido del Ministerio de Energía y Minas (el cual, complementariamente, valida la consulta popular de junio de 2007 y la oposición a Hidro Santa Cruz, fundamentada en la defensa de su territorio y sus recursos naturales, ver Gobierno desconoce informes críticos con Hidro Santa Cruz, en este blog). Sin embargo, el gobierno prefiere ignorar este informe y las críticas comunitarias, asumiendo de forma irrestricta el discurso de la empresa, en un marco de agendas e intereses compartidos entre ejecutivo e Hidro Santa Cruz (en general, entre transnacionales y gobierno guatemalteco) al menos en los siguientes puntos: Empresas y gobierno entienden el desarrollo como promoción de industrias extractivas y generación de energía para estas industrias, sin tener en cuenta la opinión de las comunidades y los derechos de la naturaleza. Las empresas transnacionales se conciben (y el gobierno lo acepta sin condiciones), como el actor político determinante, por encima de instituciones democráticas y poderes comunitarios. Las empresas consideran que el papel principal del gobierno y el Estado es facilitar (de manera legal o a partir del uso de la fuerza) la inversión extranjera. El Estado acepta este papel subsidiario y renuncia a la defensa y promoción de los derechos colectivos. Las comunidades y organizaciones sociales que rechazan esta visión de desarrollo, el dominio político de las empresas y la subordinación a ellas del gobierno, son consideradas enemigo interno y atacadas. En Barillas y el resto del país, el gobierno de Guatemala confía su supervivencia política a las inversiones extranjeras, y las empresas encuentran en el ejecutivo el aliado necesario para su proyecto de acumulación agresivo y violento. Este es el marco en el que Otto Pérez Molina llega a Barillas el 3 de septiembre de 2013, a intentar reconducir un problema que poco tiempo antes, 14 de febrero, él mismo había declarado (u ordenado, en la lógica ejecutiva militar de este gobierno) como “resuelto”.
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Segunda parte La hidroeléctrica y sus muchos problemas El tres de septiembre de 2013, en el balcón de la Municipalidad de Santa Cruz Barillas, descontrolado y arrogante, el presidente Otto Pérez Molina afirma que el problema de Barillas no es la hidroeléctrica sino el desarrollo. La respuesta de la población es espontánea: la hidroeléctrica no es desarrollo para nosotros. La entrada de Hidro Santa Cruz en Barillas, sin consulta previa y sin la aceptación de un amplio sector de la población, con uso de la fuerza y estrategias de cooptación y división comunitaria, deteriora la convivencia social. El desarrollo del proyecto hidroeléctrico sin “consenso pleno” (tal y como reconoce un informe confidencial del Ministerio de Energía y Minas) debilita la ya precaria institucionalidad democrática, se impone sobre la autoridad municipal y desconoce el poder de autoridades y comunidades. Literalmente, Hidro Santa Cruz irrumpe en Barillas: irrupción es, en idioma español, “la entrada violenta de algo o alguien en un lugar; la aparición impetuosa o repentina, con fuerza o de pronto”.
Demandantes y demandados Santa Cruz Barillas no es, previo a la llegada de Hidro Santa Cruz, un lugar idílico. Existen rencillas, disputas, enemistades. Las heridas de la guerra, la cercanía a corredores de tráfico de drogas (en general, de contrabando y trata de personas), la debilidad del Estado, la estratificación económica y social, la discriminación, el racismo y el machismo, conforman y caracterizan una sociedad jerárquica, inestable, en el límite de la explosión social, conflictiva y conflictuada. Pero estas disputas nacen y se resuelven localmente, las provocan los propios habitantes de Barillas y no la invasión agresiva de una empresa extranjera (extranjera o extraña, uno de sus sinónimos). Hidro Santa Cruz multiplica los conflictos y añade otros, al desarrollar su proyecto hidroeléctrico “a como sea”, en la lógica unidireccional y sin retorno de las empresas transnacionales. La tensión existente hoy en Barillas es la consecuencia visible y al mismo tiempo inevitable de la imposición, la arrogancia y la violencia de Hidro Santa Cruz, relatada en varios artículos. No sé si es contradicción o problema: A. Hidro Santa Cruz y sus dueños, ajenos al territorio, la cultura y las costumbres de Barillas, actúan como el actor político preponderante. B. Una empresa pequeña, como gusta autodenominarse la hidroeléctrica, moviliza millones de quetzales, cientos de personas –muchas de ellas armadas- y poderes políticos, judiciales y mediáticos, para un proyecto de beneficios dudosos.
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C. El actor externo a Barillas, el visitante, el agresor, impone agendas y se convierte en demandante de los habitantes originales (incluso en los Tribunales). Los dueños del territorio y las formas de decisión tradicional y comunitaria se ven desplazados por el operar transnacional.
La reconstrucción de la paz social en Santa Cruz Barillas Puede que Otto Pérez Molina tenga (parcialmente) razón. El problema no es la hidroeléctrica sino que va mucho más allá: el problema es la convivencia gravemente amenazada, la paz destruida, la democracia negada, la institucionalidad al revés (funciona solamente para la empresa y su proyecto). El Memorial de 7 de enero elaborado por las comunidades y aprobado en asamblea en el Parque Central de Barillas, plantea soluciones en este marco estructural: cuestiona la imposición, reclama el derecho de consulta y el respeto a las decisiones e instituciones propias. Las demandas estratégicas de este Memorial son éstas: 1. Exigimos respeto a autoridades municipales y comunitarias por ser representativas, legítimas y legales. 2. Que se respeten los resultados de las consultas. 3. Que se tome en cuenta lo anunciado por el Relator en cuanto al cumplimiento y respeto a las consultas como medio de consenso para salvaguardar los derechos fundamentales. 4. No a la militarización de nuestro territorio como intimidación. 5. Que se retire la empresa Hidro Santa Cruz de nuestro territorio. 6. Que los presos políticos detenidos ilegalmente sean puestos en libertad. 7. Las órdenes de captura giradas en contra de líderes y lideresas sean retiradas. 8. Que termine la presión, el chantaje y las amenazas en contra de las familias y perseguidos políticos. 9. Pedimos un resarcimiento a las personas afectadas directa e indirectamente por los daños causados. Las demandas del 7 de enero constituyen uno de los relatos más precisos de la estrategia ilegítima e ilegal empleada por Hidro Santa Cruz para construir su hidroeléctrica, continúan vigentes en su totalidad y plantean una hoja de ruta para la solución del problema: se trata de restablecer un cierto orden lógico de las cosas, trastocado por la vorágine desarrollista, cuestionado por la actitud
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entreguista y dependiente de los poderes políticos (incluyendo el sistema de justicia), debilitado por el traslado a las transnacionales de poderes y espacios de decisión que deben ser exclusivamente de comunidades, instituciones y organizaciones sociales de Barillas y Guatemala. Este orden natural (histórico, identitario, comunitario) sugiere que los asesinos (hablo específicamente del asesinato del primero de mayo, que no ha recibido condena el pasado 11 de septiembre) y sus cómplices –o instigadores- deben ser juzgados (y no recompensados con licencias de explotación). Recomienda proteger los bienes naturales y a sus defensores. Manifiesta que los derechos individuales, especialmente el derecho de las empresas a invertir dónde, cuánto, cuándo y cómo quieran, sin regulaciones, no pueden ir contra los derechos de los pueblos y las decisiones de los habitantes históricos sobre sus territorios. Propone la jerarquía y la preeminencia de los derechos colectivos sobre los derechos de las empresas (relación hoy invertida por el ordenamiento legal y las apuestas políticas del gobierno de Guatemala). Considera que las organizaciones sociales y comunitarias, representativas de intereses de la población, actúan de forma legítima en defensa de derechos colectivos, y deben ser apoyadas, no criminalizadas. Cree que los visitantes extranjeros deben ser considerados eso, visitantes, no los dueños de la tierra, las propiedades, los negocios, las decisiones sobre el desarrollo, la vida y libertad de los habitantes. Plantea que una empresa caracterizada por el uso de la violencia y el autoritarismo no puede permanecer más tiempo en la población (a riesgo de contaminar y pervertir irreversiblemente la convivencia social y política). No sé si es el cuadrado (de los intereses de la empresa) o el círculo que nunca coincide de la justicia y los derechos de las comunidades. Pero en Santa Cruz Barillas es imprescindible (frente a empresas violentas que se mueven como pez en el agua en contextos filodictatoriales y paramilitares), construir condiciones de paz y democracia para definir, sin imposiciones, un nuevo modelo de organización social, política y económica (¿qué es desarrollo y qué desarrollo queremos?) a partir del poder de autoridades y comunidades. Si no se hace y de forma urgente, señor Pérez Molina, tendremos un problema.