EL COMBATE AL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES EN MÉXICO: UNA INICIATIVA CONJUNTA Por: Laura Tlachi Santacruz1
Entre las publicaciones del Centro de Noticias de Naciones Unidas, con fecha de primero de septiembre, se puede leer: “La UNODC (Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) asistirá a las autoridades mexicanas en el combate a las redes de tráfico de migrantes”. Esta participación se sitúa dentro del contexto del Proyecto Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (SOMMEX), iniciativa que el gobierno mexicano pone en marcha a través de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. El anuncio de esta iniciativa y el respaldo internacional que la UNODC supone, resultan alentadores dado el incremento de violaciones a derechos humanos de migrantes dentro del territorio mexicano. SOMMEX se suma a las iniciativas que en la materia ya han sido implementadas, como la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda y Colaboración, establecida en 2015. Mientras que la participación de la UNODC, que cabe señalar estará financiada por la Sección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos, supone la consolidación de esfuerzos que con respecto al combate del delito se venían implementando dentro del territorio mexicano desde 2012, con la “Conferencia internacional sobre tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire” y la posterior campaña de información “Tráfico lícito de migrantes: #Negocio Mortal” en 2015. SOMMEX busca contribuir al desmantelamiento de las redes delictivas detrás del tráfico de migrantes y promover mecanismos adecuados para la protección de las víctimas. De acuerdo a la Procuraduría General de la República, el objetivo del proyecto se centra en el aumento de la cantidad y calidad de las investigaciones, la implementación de campañas 1
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
de información de oficiales de primera línea en los estados y municipios, y la creación de redes institucionales entre funcionarios y la sociedad civil para responder a las necesidades de los migrantes objeto de tráfico. Por su parte, la participación de la UNODC se centrará en labores de capacitación, mismas que se caracterizarán por la implementación de talleres 100% operativos, donde los participantes contarán con las herramientas necesarias para interactuar de forma real con expertos en la materia, y se enfrentarán a escenarios reales en los que tendrán contacto con actores, escenas del crimen y situaciones a las que posiblemente se pueden enfrentar en operativos contra el delito.2 Este trabajo conjunto pretende hacer frente a uno de los delitos más rentables para la delincuencia organizada. Centrándonos en el territorio que a este artículo compete de acuerdo a Felipe de la Torre, Asesor Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, el tráfico de migrantes de México a Estados Unidos genera aproximadamente 6 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, más allá de las implicaciones monetarias, este ilícito supone costos muy altos en materia de derechos humanos. De acuerdo al Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, se establece que el tráfico de migrantes es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual no es nacional o residente permanente con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Si bien, en base a ello se entiende que existe el consentimiento del migrante, lo cierto es que dada su condición de vulnerabilidad se encuentra desprotegido de sus derechos fundamentales.
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Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “México lanza Programa Nacional para combatir el tráfico ilícito de migrantes”. 2016 [Disponible en: https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2016/programa_nacional_para_prevenir_ trafico_ilicito.html]
Los migrantes suelen ser sometidos a condiciones deplorables durante su transporte que en muchos casos derivan en su muerte; mientras que también pueden ser víctimas de abusos sexuales, violencia física y extorsiones. En México, a estas características debemos sumarle otras que son producto del clima de violencia y presencia de diversos grupos de narcotráfico en el país. Las rutas para el tráfico de personas se encuentran vinculadas o controladas por redes de narcotráfico, lo que deriva en cobro de cuotas para el traficante o “pollero”, quien sin la posibilidad o interés de pagar deja a uno o más migrantes como forma de pago; al mismo tiempo, que como resultado de este cruce de rutas se ha visto un aumento en el secuestro de migrantes que terminan siendo víctimas de diversos tipos de explotación, tortura o asesinato. Es este el panorama que tienen ante sí el Proyecto Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la UNDOC; y si bien se puede argumentar que las acciones emprendidas anteriormente con respecto al tema migratorio no han tenido los resultados esperados, lo cierto es que no podemos adelantar conjeturas. Asimismo, este trabajo conjunto, con miras a realizarse en un lapso de tres años, deja entrever el interés del gobierno mexicano por combatir el delito de tráfico ilícito de migrantes, así como la buena voluntad internacional hacia México. Sin embargo, es necesario hacer hincapié en el hecho de que existen aspectos que el Estado mexicano debe tomar en cuenta de manera que puedan resultar complementarios a SOMMEX así como a los programas y leyes ya existentes. Como aspecto fundamental es necesario que se urja el actuar de las instituciones y autoridades en apego a las leyes y normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos, ya que en los últimos años y como consecuencia de la estrategia de seguridad implementada en la frontera sur, se ha visto un incremento en las violaciones a los derechos humanos del migrante.
El Plan Frontera Sur, supuso el incremento de operativos del Instituto Nacional de Migración y las fuerzas policiacas y militares a lo largo de este punto fronterizo a partir de agosto de 2014. Como consecuencia se ha registrado un aumento en los casos de detención de migrantes (solos o siendo transportados), “sospechosos”
de terrorismo o crimen
organizado, situaciones que los han convertido en víctimas de detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, tal y como lo denuncian múltiples asociaciones y organizaciones civiles. Lo que supone la violación a leyes y normas nacionales e internacionales de derechos humanos. Pero el adecuado cumplimiento de estas normas, así como la incidencia real de leyes, proyectos e iniciativas en la materia no serán posibles hasta el momento en que se cuente con instituciones sólidas y eficientes. Es por ello que como eje central de acción se debe trabajar en el combate a la corrupción, situación latente en los diferentes niveles de las instituciones mexicanas y que ha incidido en “el éxito” del delito. En
consecuencia,
se
deben concentrar esfuerzos en la creación de instituciones con altos niveles de confianza que cuenten con presupuesto y personal suficiente y capacitado para el combate del tráfico ilícito de migrantes. Asimismo, dada la complejidad del problema es necesario que este sea abordado desde una perspectiva que implique la colaboración del gobierno con las organizaciones no gubernamentales y la población civil. Al mismo tiempo que se debe entender que el tráfico de personas responde a un fenómeno global, por lo que se debe urgir el establecimiento de estrategias conjuntas con otros gobiernos, principalmente centroamericanos, de tal manera que se propicie el intercambio de información y las buenas prácticas para combatir el delito y garantizar la protección a la víctima.