LA EXPERIENCIA ITALIANA Y LA CREACIÓN DE UN TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL Por: Laura Santacruz1
Este mes de marzo, en el Festival de Films y Fórum Internacional sobre los Derechos Humanos, celebrado en Ginebra, Suiza, fue presentado el documental Tierra de Cárteles que aborda el tema de las autodefensas en México. Este documental sin duda popularizado a raíz de su nominación al Oscar, fue también el punto de partida para la mesa de debate organizada por el Festival, en la que participaron Roberto Scarpinato (fiscal general en la Corte de Apelaciones de Palermo), Emilio Álvarez Icaza (secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la periodista María de Jesús Alonso Lormand. Fue dentro de este contexto, donde Scarpinato propuso que la ONU debe crear un Tribunal Penal Internacional ad hoc que atienda exclusivamente la situación de violencia e inseguridad que atraviesa México, comprendiendo los crímenes contra la humanidad, así como desapariciones forzadas, narcotráfico y crímenes financieros internacionales; mientras que también, apuntó, la situación en México es similar a la vivida en Italia cuando los grupos de la mafia controlaban las instituciones del Estado, por lo que lo acontecido en este país pude servir como experiencia. Lo dicho por quien es considerado líder histórico de la lucha contra las mafias, no es una cuestión que se deba ignorar; la situación preponderante de crisis de derechos humanos y el creciente poder de los grupos de crimen organizado, urgen la toma de medidas contundentes que puedan reivindicar la situación. Para algunos sus propuestas parecerían increíbles, y sin embargo resultan cuestiones merecedoras de análisis. La década de los ochenta en Italia, es recordada por la lucha contra la mafia. En 1984, Giovanni Falcone obtendría declaraciones de Tommaso Buscetta, “primer arrepentido de la mafia siciliana”; sus afirmaciones sentarían las bases para el maxiproceso que llevaría a 1
Lic. En Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.-
juicio conjunto a más de 400 personas. Buscetta rebelaría la infiltración de la mafia en las esferas políticas y el control de la misma sobre los contratos públicos, “[…] los juicios revelarían implicación de todos los peldaños de la escala social; empresarios, diputados, doctores, maestros y cientos de criminales de cuello blanco fueron condenados.”2 Posterior a los juicios, se aprobaría la ley que instituyó la Dirección Investigadora Antimafia (encargada de la lucha policial), y aquella que establecería la existencia de una procuraduría y cuerpo policial especializado en cada ciudad. En 1992, tras la muerte de Falcone, el gobierno italiano iniciaría una campaña antimafia que llevaría 7 mil tropas a Sicilia, un tercio del Parlamento fue sometido a investigación criminal y el ex primer ministro Giulio Andreotti sería llevado a juicio por supuesta Asociación Mafiosa. Sin embargo, el éxito en la lucha no podría ser entendida sin el telón de fondo que implican sus instituciones judiciales. Según Antonio Ingroia, ex procurador antimafia de Palermo, lo fundamental para combatir el crimen es: “Autonomía e independencia (de investigadores y magistrados) del poder político, capacidad para realizar intervenciones telefónicas e infiltración, tener leyes que permitan castigar a los miembros de los grupos criminales y superar toda forma de secreto bancario. Como cosa fundamental se debe tener una legislación que permita la confiscación de bienes de los mafiosos.”3 Es por lo antes expuesto, que la experiencia resulta digna de estudio por aquél país que pretenda combatir a grupos de crimen organizado. Sin embargo, es preciso señalar que en ningún punto se trata de glorificar acciones, ni afirmar el método como modelo único y fundamental; sino más bien, se debe analizar y aplicar lo que resulte válido para el contexto determinado. Para el caso mexicano resulta casi evidente la necesidad de replantear el funcionamiento de sus instituciones; Ingroia señalaba que “México tiene sistemas institucionales de combate a 2
Anne-Claire Adet , “Countering organized crime, from Italy to Mexico”, International Film Festival and Forum on Human Rights, (4-13 de marzo de 2016 [citado en marzo de 2016]) Disponible en: http://www.fifdh.org/site/en/program&film=Comment-vaincre-les-mafias-de-lItalie-au-Mexique-226261 3 Gustavo Castillo García, “México combate el crimen organizado con sistemas obsoletos en Italia desde hace 40 años”, La Jornada, (s.a. [citado en marzo de 2016]) Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2008/11/06/index.php?section=politica&article=024n1pol
la mafia similares a las que tenía Italia hace 40 años”. Es por ello que existe la necesidad de instaurar instituciones judiciales especializadas en la investigación de actores criminales, cuyo sistema esté libre de corrupción en todos sus niveles; así como la creación de nuevas leyes que permitan el actuar exitoso de investigadores y magistrados. Hasta la fecha, el sistema obsoleto al que alude Ingroia ha sido artífice de una política de seguridad con amplios márgenes de deficiencia que no ha sido corregida, y cuyas consecuencias han llevado al Estado mexicano a una situación de crisis preponderante que a consideración de Scarpinato urge al establecimiento de un Tribunal Penal Internacional ad hoc para México, ya que a su percepción, las resoluciones hasta ahora emitidas por la ONU han sido “suaves”. Si bien es cierto, las resoluciones emitidas no resultan contundentes, es preciso apuntar que el Estado mexicano no ha tomado en cuenta las recomendaciones de organismo internacionales, organismos no gubernamentales, asociaciones civiles e investigaciones independientes, que se han enfocado en abordar los temas de violación a derechos humanos, crímenes contra la humanidad, desapariciones forzadas, crímenes a periodistas, y narcotráfico. Hablar sin embargo de la creación de un Tribunal ad hoc para el caso mexicano, pone en tela de juicio, una vez más, la estabilidad del Estado democrático, ya que apartir de la década de los 90, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha establecido sólo dos tribunales ad hoc: para la ex Yugoslavia y Rwanda (en ambos casos crímenes ocurridos en un contexto de conflicto armado). Su creación respondió, en el primer caso a la resolución 780, que estableció que la situación representaba una amenaza a la paz y seguridad internacional, así como la necesidad de poner fin a los crímenes; mientras que el segundo fue instituido tras una solicitud formal del Gobierno de Rwanda. Para el caso mexicano la propuesta de Scarpinato gira en torno a la recolección de firmas en todo el mundo para que la opinión pública obligue a la Asamblea de la ONU a poner en el orden del día la creación de un Tribunal Penal Especial para México. Sin embargo, la justicia transnacional resulta ser una cuestión que en la práctica se enfrenta a una serie de
dificultades que los casos antes mencionados han descubierto como operativas y presupuestarias, a la vez que con ellas coexistela necesidad de trabajo conjunto con las autoridades locales, manejo de información, así como estrategias y técnicas de litigio. Ante este panorama, la posible instauración de un Tribunal Penal Internacional ad hoc para el caso mexicano se vislumbra como una medida que podría llevarse a cabo sólo a largo plazo. Sin embargo, la situación actual y las cifras que apuntan a un aumento en los índices de crímenes contra la humanidad, así como el incremento en los casos de colusión entre crimen organizado y autoridades a nivel federal, estatal y municipal, hacen evidente la necesidad de implementar medidas a corto plazo. Dichas medidas pueden surgir de manera eficiente desde el interior del Estado mexicano. Se pone ante la mesa la urgencia de considerar el ajuste en las políticas de combate al crimen organizado, mencionando nuevamente la posibilidad de análisis de la lucha antimafia en Italia, aprendiendo de la experiencia y acoplando las acciones pertinentes a la realidad mexicana. México se enfrenta a la necesidad de superar sistemas obsoletos, creación de nuevas leyes y depuración de estructuras gubernamentales. Resulta urgente considerar cuestiones como investigación criminal a autoridades; magistrados e investigadores independientes y autónomos del poder político;construcción de leyes que castiguen a criminales sin importar su esfera de influencia, que permitan elacceso al secreto bancario y la confiscación de bienes. Se debe cortar el poder económico del crimen organizado para cortar su poder político.