LA REVOLUCIÓN TUNECINA: LOGROS Y CUENTAS PENDIENTES Por: Laura Santacruz
El pasado 4 de enero se cumplieron cinco años de la muerte de Mohamed Bouazizi, conocido como el padre de la Revolución tunecina. Bouazizi de 26 años se inmoló en la plaza de la localidad de Sidi Bouzid, el 17 de diciembre de 2010, tras la confiscación de su puesto de frutas y verduras; las heridas sufridas lo llevarían a una larga agonía que tendría como desenlace su muerte unas semanas después. Al respecto de este hombre son dos las versiones que se han manejado, mientras algunos medios afirman que contaba con un título universitario, otros sostienen que no consiguió graduarse del bachillerato, y sin embargo lo único cierto es que su situación de pobreza, desempleo e injustica era el contexto preponderante en el país. Sus actos desatarían una reacción en cadena, que junto con la Acampada en Gdeim Izik en el Sahara Occidental, en el mismo año, y el Movimiento Verde en Irán en 2009, son considerados como preludio y detonante de lo que comenzaría a conocerse como la “Primavera Árabe”, que reproduciría movimientos revolucionarios con objetivos y estrategias distintas pero cuya sucesión han constituido un cambio trascendental para las regiones de África del norte y Medio Oriente. Para el caso tunecino, la muerte de Bouazizi tendría como consecuencia inmediata una serie de manifestaciones a lo largo y ancho del país que recibieron como respuesta represión por parte del Estado, que sin embargo al percatarse de la fuerza del movimiento recurría al cese al fuego y la promesa de la no reelección, la libertad de prensa y el fin de la censura en internet. Sin embargo, la magnitud alcanzada por las revueltas llevaría a huir del país a Zine Abidine Ben Ali el 14 de enero de 2011, tras 23 años en el poder, condenado en ausencia a cadena perpetua por un tribunal militar y actualmente refugiado en Arabia Saudita. Su huida sería el comienzo de una transición hacia la democracia. En el mes de marzo el presidente del gobierno de transición, Fouad Mebazaa, anunciaría la convocatoria de elecciones para una Asamblea Constituyente que se llevarían a cabo en el mes de octubre,
cuya tarea giraría en torno a la redacción de la nueva Constitución. Una vez comenzadas sus funciones ésta aprobaría la Constitución provisional en el mes de diciembre y elegiría como presidente temporal a Moncef Marzouki quien apostaría por formar un gobierno de coalición entre los principales partidos políticos (Ennahda, Congreso por la República y Ettakatol) como un camino hacia la estabilidad del país, nombrando como Primer Ministro a Hamadi Jebali. Para 2013, apegado a los principios que regían el gobierno, Jebali es sustituido por Ali Larayedh del Ennahda quien a principios de 2014, dimitiría tras un acuerdo que llevaría al puesto a Mehdi Jomâa en un afán por apaciguar la tensión política que venía incrementando desde mediados de 2013, tras el asesinato de opositores al gobierno. Su designación vendría de la mano de la creación de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones y de la nueva Constitución. El 26 de enero de 2014 es aprobada la nueva Constitución de Túnez, resultado del consenso entre laicistas e islamistas, considerada la más avanzada del mundo árabe y vista con buenos ojos por la Comunidad Internacional. Entre las características más importantes cabe destacar que La Sharia o Ley Islámica no se encuentra establecida como principal fuente del derecho, al mismo tiempo que recoge entre su texto las libertades de expresión, asociación, huelga, libre acceso a la información, y reconoce y garantiza la igualdad de mujeres y hombres. En complemento con estas acciones, a finales de ese año se llevarían a cabo elecciones para designar al nuevo gobierno, tras una segunda vuelta el proceso arrojaría como ganador al líder laico Beji Caid Essebsi. Es así, como a diferencia del resto de países sumergidos en la Primera Árabe, Túnez parece haber logrado una transición pacífica, cuya Constitución y procesos electorales llevan a algunos a afirmar un buen final para la revolución; sin embargo, reportes y acontecimientos nos llevan a admitir que el camino por recorrer es aún largo. A finales de 2014, Human Rights Watch afirmaba que la tortura era una práctica persistente practicada con total impunidad, y si bien no se trataba de una política de Estado sí constituía más que casos aislados, acusando también que los derechos humanos y la justicia
transicional estaban fuera de la agenda de las autoridades tunesinas, pese a que estos formaban parte fundamental de los reclamos de la revolución. La situación continuó sin embargo preponderando de tal manera que en diciembre de 2015, un informe de Amnistía Internacional acusaba que las reformas de seguridad son limitadas y las agresiones contra manifestantes y periodistas no han sido investigadas de manera efectiva; al mismo tiempo, la organización acusa de detenciones arbitrarias, tortura bajo custodia, arrestos domiciliarios y restricciones a las labores de los defensores de derechos humanos, todo esto bajo pretexto de la lucha antiterrorista contra el Estado Islámico, quien en 2015 se atribuiría el atentado contra el Museo Bardo y un tiroteo en la región turística de Sousse. Sumado a ello, el 2016 inició con una serie de manifestaciones en las que miles de personas se muestran descontentas con el gobierno ante la precaria situación económica, el desempleo, la corrupción, la injusticia y la opresión, y los jóvenes suman el reclamo de su marginación política. A este contexto debe añadírsele además, la muerte de Ridha Yahyaoui el 16 de enero, quien murió electrocutado durante una protesta contra la retirada de su nombre de una lista de empleo de la administración pública, y que incrementó el descontento de la población. Este panorama nos enfrenta a una realidad innegable, los gobiernos que han regido el país desde que el régimen de Ben Ali cayó no han logrado relanzar la economía del país ni han logrado resolver las demandas de la revolución que proclamaban por un acceso a una mejor calidad de vida, empleos y justicia social. Y si bien resulta utópico suponer que los problemas de la nación podrían haberse resuelto en su totalidad en un periodo de cinco años, lo cierto es que en ese lapso el gobierno no ha dado muestras de la planeación y mucho menos implementación de políticas públicas enfocadas en atender las principales necesidad del país. Hoy la falta de acciones concretas y la implementación de algunas prácticas recuerdan en ciertos aspectos el régimen de Ben Alí. El país vive hoy su “edad media” y se encuentra frágil y expuesto a la volatilidad de sus vecinos; sin embargo tiene en sus manos la posibilidad de su reivindicación, una reivindicación que debe ser concebida desde su
interior, y que urge al gobierno a implementar polĂticas que respondan de manera primordial a las demandas mĂĄs apremiantes de la sociedad.