Número 33- Abril 2013 by mexico social

Año 2 - No. 33, abril de 2013, Precio: $35.00 m.n.

SALUD

Maureen Birmingham (ops/oms) » 04 / Cuauhtémoc Valdés (funsalud) » 12 México Social

@mexicosocialorg

ISSN: 2007 - 2600

www.mexicosocial.org

MÉXICO SOCIAL

EN RIESGO

ESCRIBEN:

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LAURA VARGAS ELENA AZAOLA GERARDO SAURI CARLOS CRUZ ROBERTO CASTELLANOS VÍCTOR INZÚA

Conoce los principales resultados del "Índice de los derechos de las niñas y los niños de 0 a 5 años"

Í ndice méxico social es una publicación del

HIPERTENSIÓN, RIESGO DE MUERTE Y ENFERMEDAD

Maureen Birmingham/Enrique Gil Bellorin

GENERANDO VALOR

¿QUIÉN ES COFEMEDIR?

A 30 AÑOS, UNA VISIÓN DE RETOS

ECONOMICISMO EN LA DEFINICIÓN DE CLASES MEDIAS

Ayleen Cortés Sandoval

Director General y Presidente del Consejo Editorial Mario Luis Fuentes CONSEJO EDITORIAL Jesús Kumate Rodríguez Rolando Cordera Campos Fernando Cortés Cáceres Miguel Concha Malo Irasema Terrazas Enrique Provencio Durazo Marcela Rovzar de González Gustavo Gordillo De Anda Nashieli Ramírez Mónica González Contró Director Editorial Saúl Arellano Almanza Coordinadora Editorial Laura Ilarraza Gálvez Vinculación y Relaciones Públicas GCL COMUNICACIÓN: Gisela Casarín Alberto Martínez Lorena Martínez Edición Electrónica Jesús Mendoza Franco DISEÑO Alejandra Núñez Valentín Imagen portada: Lear México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx

Próximo número Accidentes Educación Tecnológica Cultura

Pablo Escandón

Cuauhtémoc Valdés

Ricardo Yocelevzky

DERECHOS DE LA INFANCIA, PRINCIPALES RETOS

Laura Vargas

UNA FORMA DE VIDA

Víctor Inzúa

UN MÉXICO INAPROPIADO PARA LA NIÑEZ MEXICANA

UNA LEY QUE LOS PROTEJA

Mario Luis Fuentes / Saúl Arellano Elena Azaola

DOS RETOS FUNDAMENTALES

ENTENDIENDO A JÓVENES Y ADOLESCENTES

Gerardo Sauri Carlos Cruz

TENDENCIA CON ROSTRO INFANTIL

DESDIBUJADA Y DISPERSA

Nashieli Ramírez

Roberto Castellanos

México Social, Año 2, No. 33, abril 2013, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Pensylvania No.86, Col. Parque San Andrés, CP. 04040 Delegación Coyoacán, México, D.F. Tels. 5659-6120 y 5659-6209 www.ceidas.org, informacion@ceidas.org. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2010-032312331700-102 ISSN: 2007 - 2600, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09- 0840. Impresa por Grupo Infagón, Alcaiceria No. 8, Col. Zona Norte Central de Abastos, Del. Iztapalapa, CP. 09040, México, D.F., este número se terminó de imprimir el 25 de marzo de 2013. Distribuida por Publicaciones CITEM, S.A. de C.V., Av. Del Cristo 19, Colonia Xocoyahualco, C.P. 54080, Tlalnepantla, Estado de México. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS).

editorial

Mario Luis Fuentes Director general del CEIDAS, A.C.; integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía-UNAM; e Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo-UNAM

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México sigue siendo, a pesar de los avances conseguidos en las últimas dos décadas, un país inapropiado para la niñez. Lo es, porque continúa habiendo cerca de mil muertes anuales de niñas y niños por desnutrición; porque la tasa de mortalidad infantil sigue siendo de dos dígitos; y porque los indicadores de pobreza muestran que poco más del 60% de quienes tienen menos de 18 años son pobres. En los últimos años, se han impulsado medidas en el ámbito jurídico que han derivado en tres reformas constitucionales de trascendencia para la protección de los derechos de las niñas y los niños. La primera de ellas es la relativa al Artículo 4º Constitucional, mediante la cual se incorporó a nuestra Carta Magna el Principio del Interés Superior de la Niñez, lo cual implica disponer “hasta el máximo de los recursos disponibles” para la protección y garantía de los derechos de este grupo de población. La segunda reforma es la relativa al Artículo 1º Constitucional, la cual establece que todas las disposiciones de nuestro marco jurídico deben estar armonizadas con los contenidos de las Convenciones, Tratados y Acuerdos Internacionales, y, sobre todo, que el Estado debe diseñar los mecanismos adecuados para su plena garantía. La tercera es la relativa al derecho constitucional a la alimentación, así como a la seguridad alimentaria, lo cual significa que deben existir alimentos, sanos e inocuos, para toda la población, y particularmente para niñas, niños y adolescentes. A estas reformas se suman marcos jurídicos como la Ley General de Víctimas y la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y la Protección a sus Víctimas. Como puede verse, el mayor reto que tiene nuestro país en este ámbito se encuentra en la implementación, exigencia y cumplimiento del mandato jurídico que el Estado mexicano ha asumido, no sólo ante la población nacional, sino ante la comunidad internacional. Desde esta lógica, debemos ser capaces de superar la visión desde la cual se asume que una vez que se han reformado el mar-

co constitucional y las leyes los problemas están resueltos. De cara al 30 de abril debe asumirse que el debate de fondo se encuentra en la definición de los criterios que impulsen la reforma institucional necesaria para abarcar la compleja agenda de los derechos de la niñez, la cual va desde la garantía de los derechos universales a la salud, educación, alimentación, vivienda, medio ambiente sano y el libre desarrollo de la personalidad, hasta la protección, rehabilitación y reintegración de quienes han sido vulnerados en sus derechos, o que se encuentran en conflicto con la Ley. Permanece además el reto de definir con claridad a la instancia responsable de coordinar la acción del Estado para el cumplimiento de los derechos de la niñez, y en ese sentido, generar los acuerdos para impulsar el rediseño institucional requerido para enfrentar los dilemas que implica un marco jurídico que, de acuerdo con algunas expertas y expertos, es imposible de materializarse en el corto plazo. Frente a lo anterior, y con el propósito de generar un marco de discusión sustentado en evidencia, presentamos el resumen de la actualización del Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana (de 0 a 5 años), que en el año 2004 llevara a cabo el Consejo Consultivo de unicef-México. Si algo muestra este Índice es la inmensa desigualdad que existe entre los estados de la República en materia de incumplimiento de los derechos de la niñez, lo que nos revela como un país escindido en lo social. No podemos seguir siendo un país en el que, según las cifras oficiales, todos los días son asesinados tres niñas, niños o adolescentes; en donde el 80% de las niñas, niños y adolescentes hablantes de alguna lengua indígena son pobres; y en el que el 30% de ellos viven en vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación. México debe transformarse y asumir que al ser un país inapropiado para la infancia es un país en profunda deuda con la justicia social y el bienestar y, en consecuencia, un país inapropiado para todas y todos.•

salud

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Maureen Birmingham Representante de la OPS/OMS en México

Enrique Gil Bellorin Asesor en Enfermedades Crónicas OPS/OMS en México

Hipertensión: riesgo de muerte y enfermedad La hipertensión –también conocida como presión alta– es el principal factor de riesgo de muerte y enfermedad en todo el mundo. A nivel mundial, uno de cada tres adultos tiene tensión arterial elevada, trastorno que causa aproximadamente la mitad de todas las defunciones por accidentes, cerebro vasculares o cardiopatía Maureen Birmingham/Enrique Gil Bellorin

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l Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año para conmemorar el aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Cada año se elige para ese día un tema que pone de relieve una esfera de interés prioritario para la salud pública mundial. Para el año 2013 el tema escogido es la hipertensión arterial.

El problema y sus complicaciones La hipertensión no controlada (>140/90mm Hg) aumenta el riesgo de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal, y puede causar también ceguera, enfermedad vascular periférica, irregularidades en el ritmo cardíaco e insuficiencia cardíaca. El riesgo de que se presenten esas condiciones es mayor si se dan otros factores de riesgos como tabaquismo, consumo nocivo del alcohol, inactividad física, sobrepeso y obesidad, diabetes y colesterol elevado. Se considera que ese problema fue la causa directa de 7.5 millones de defunciones en el año 2008, lo que representó casi el 13% de la mortalidad mundial. En Europa y África cerca del 40% y en las Américas cerca del 35% de la población mayor de 25 años está afectada por hipertensión, siendo mayor la prevalencia en los hombres que en las mujeres, y alcanzando al 50% de la población mayor de 55 años. Debido al aumento en el envejecimiento de la población, el número de personas con hipertensión no controlada aumentó de 600 millones en 1980 hasta 1,000 millones en 2008. En casi todos los países de ingresos altos, el diagnóstico y tratamiento generalizado de esas personas con medicamentos de bajo costo ha propiciado una extraordinaria reducción de la tensión arterial media en todas las poblaciones, lo que ha contribuido a reducir la mortalidad por enfermedades del corazón. En países en desarrollo, muchas personas con hipertensión siguen sin estar diagnosticadas y se ven así privadas de un tratamiento que podría reducir significativamente su riesgo de morir y quedar dis-

capacitadas por una cardiopatía o accidente cerebrovascular. Las evidencias demuestran que la atención integral de las personas en los servicios de salud evita oportunidades perdidas, mejora la calidad y disminuye los costos de la atención médica, de tal manera que el foco de la atención debe ser la persona y no la enfermedad, con lo que se garantizará que se puedan detectar diferentes enfermedades crónicas y factores de riesgo en una misma persona, para recibir un tra-

A través de una atención integral individual es posible detectar diferentes enfermedades crónicas y factores de riesgo en una misma persona, la cual recibirá un tratamiento integral y evitará oportunamente complicaciones Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

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salud tamiento integral y evitar oportunamente las complicaciones y muerte. La hipertensión y sus complicaciones contribuyen al aumento de los niveles de pobreza de las familias y de los países en desarrollo, por el alto porcentaje de personas con hipertensión no controlada que no tienen acceso a servicios de salud con calidad, la capacidad de resolver el problema en el primer nivel de atención y la falta de acceso a medicamentos eficaces, lo que lleva al ausentismo laboral y en algunos casos a la discapacidad, reduciendo grandemente la capacidad productiva y el ingreso fa-

¿CÓMO PREVENIR? Existen evidencias de que el riesgo de hipertensión se puede disminuir con las siguientes acciones: a) Disminuir la ingesta de alimentos industrializados con alto contenido de sal y modificar el hábito de uso elevado de sal durante la cocción de alimentos y en la mesa b) Seguir una dieta equilibrada, reducida en sal, en grasas poli saturadas y en azúcar artificial agregada en cualquiera de sus formas c) Hacer ejercicio físico con regularidad, hábito que debe estimularse desde la edad escolar facilitando la actividad física en las escuelas, colegios, universidades, comunidades, espacios laborales, y disminuyendo el tiempo de ocio frente al televisor y la computadora d) Mantener el peso corporal saludable mediante la combinación de dieta saludable y actividad física e) Evitar el consumo nocivo del alcohol f ) Evitar el consumo de tabaco, por ser un factor que aumenta las probabilidades de hipertensión por sí solo, y cuyo efecto nocivo se potencia cuando es combinado con la falta de dieta saludable y actividad física. Además de disminuir el riesgo de hipertensión, se disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer.

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miliar, afectado por los niveles de pobreza o por el gasto de bolsillo para la compra de medicamentos o para recibir tratamiento especializado por las complicaciones. Por otro lado, este aumento en las tasas de enfermedades cardiovasculares ha llevado a un aumento de los gastos de los sistemas de salud nacionales para tratar las enfermedades y sus complicaciones.

Prevenir y disminuir el riesgo Sin embargo, la hipertensión se puede prevenir y tratar con las tecnologías y conocimientos ya existentes en la actualidad, pero que muchas veces no están al acceso de las poblaciones, principalmente las más pobres. En algunos países desarrollados o en desarrollo los programas de prevención y las intervenciones de los servicios de salud como el tratamiento de la hipertensión y de otros factores de riesgo cardiovascular han hecho que disminuyan las muertes por enfermedades cardíacas. El riesgo de padecer hipertensión se puede reducir mediante una serie de medidas que están directamente relacionadas con la conducta humana, pero también con factores del ambiente relacionados con la oferta de alimentos no saludables; la falta de regulación por parte del Estado; la violencia en la comunidad que no permite el uso de áreas libres para actividad física; la propaganda desmedida, principalmente en niños, de alimentos no saludables; y la falta de políticas públicas que intervengan en los ámbitos escolares y laborales de la población en general. Las personas que tienen hipertensión pueden necesitar uno o más medicamentos para controlarla, pero, además, deben tomar medidas para reducir los otros factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares (consumo de tabaco; consumo nocivo de alcohol; inactividad física; consumo excesivo de sal; régimen alimentario de alto contenido energético por grasas y azúcares; diabetes; e hiperlipidemia). El objetivo último del Día Mundial de la Salud 2013 es reducir el número de infartos de miocardio y accidentes cerebrovas-

culares, alcanzando las metas específicas relacionadas con: a) promover la toma de consciencia de la población general sobre las causas y las consecuencias de la hipertensión; b) animar a la población a modificar los comportamientos que pueden provocar la hipertensión; c) convencer a los adultos que se controlen la presión arterial periódicamente; d) aumentar el número de centros de salud en los que se puedan realizar los chequeos de la presión arterial y dispensar los medicamentos necesarios para el tratamiento; e) alentar a las autoridades nacionales y locales a crear entornos que favorezcan comportamientos saludables; y f) presencia activa del Estado con medidas regulatorias y elaboración de políticas públicas con ejecución multisectoriales. Todas estas medidas a nivel de los países, comunidades y familias, están siendo complementadas con acciones a nivel mundial como fue la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas en 2011, donde las agencias del Sistema de Naciones Unidas se comprometieron a incluir en sus programas de cooperación técnica intervenciones para la prevención y el control de enfermedades crónicas, y los Jefes de Estado presentes al desarrollo de programas integrales y multisectoriales a nivel de sus países. Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

El Día Mundial de la Salud ofrece una oportunidad para concientizar sobre la hipertensión y otras enfermedades no transmisibles, como son las cardiopatías, la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas, que representan uno de los mayores retos para el desarrollo en el siglo xxi. Además del público en general y las personas con hipertensión, sus destinatarios son el personal del sistema de salud, los proveedores de asistencia sanitaria y los responsables de las políticas públicas; y la ops/oms trabajará para mantener su impulso a lo largo de 2013, creando sinergias con otras campañas, como la Semana del Bienestar y los días mundiales del tabaco, el corazón, el riñón, la hipertensión y la diabetes. a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

salud Objetivos estratégicos de la ops EL DATO

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

La hipertensión fue la causa de 7.5 millones de defunciones en 2008, cifra que representó casi el 13% de la mortalidad mundial

Las actividades de la ops durante el Día Mundial de la Salud y a lo largo del 2013 promoverán las siguientes prioridades y metas: • Prevenir y tratar la hipertensión y los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, con el fin de conseguir una reducción del 25% de las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles para el año 2025, de acuerdo con la declaración política de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre las Enfermedades no Transmisibles • Promover el concepto del retorno de

inversión aplicado a las intervenciones más rentables en la prevención y control de la hipertensión • Implementar la evaluación del riesgo global de enfermedad cardiovascular para tratar a las personas con alto riesgo de sufrir un evento cardiovascular • Promover un enfoque interprogramático integral y multisectorial para reducir la epidemia de las enfermedades no transmisibles • Usando el tema de la hipertensión como motor y catalizador de la acción, la OPS compartirá y optimizará recursos y oportunidades para promover la salud, y prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles a lo largo de 2013.•

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C O L A B O R A C I Ó n E S P ecial

Generando

valor

Ayleen Cortés Sandoval

esde nuestros orígenes, en Grupo Compartamos nos hemos comprometido con el desarrollo de las personas, siendo congruentes con nuestro propósito de generar valor social, económico y humano. Con este compromiso hemos trabajado para crear un modelo de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, que potencialice el desarrollo de la comunidad, logrando un círculo virtuoso que genera valor compartido. Por ello, definimos la Responsabilidad Social, como una forma de gestión que provee respeto a la dignidad de la persona, a la comunidad, medio ambiente, al marco legal e institucional para cumplir con nuestros objetivos internos y externos. Nuestro centro es la persona y la causa es la familia, por lo que nuestros esfuerzos están dirigidos a ella, donde aprendemos actuar con valores, a través de dos líneas de acción que soportan nuestro modelo: • Educación • Salud Conjuntamente, contamos con proyectos que permiten promover una cultura de voluntariado e impulsar actividades de educación financiera.

Nuestras acciones son: • Alianzas Estratégicas.- A través de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil apoyando proyectos a favor de la familia

• Responsabilidad Corporativa.- Fomentando una cultura activa de voluntariado en nuestros colaboradores, para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades • Medio Ambiente.- Buscamos impulsar el tema ambiental en congruencia con nuestro propósito y valores • Educación Financiera.- Teniendo como meta generar una cultura financiera próspera desde el núcleo familiar, a través de programas dirigidos a colaboradores, clientes y comunidad en general

Derivado de nuestras acciones de Responsabilidad Social y Sustentabilidad los resultados de 2006 a 2012 son: • 450 mil horas de educación financiera impactando a 720 mil clientes y colaboradores • 49 mil horas de voluntariado de 15 mil colaboradores, beneficiando a más de 29 mil personas • 123 Días Compartamos con la Comunidad rescatando y remodelando espacios públicos en las 32 entidades con más de 750 mil beneficiados • Alianzas estratégicas con proyectos que trabajan a favor de la familia, beneficiando a más de 53 mil personas. • Se adoptaron 10 hectáreas para su reforestación con el apoyo de nuestros colaboradores (Cifras al 3T12).•

Ayleen Cortés Sandoval Directora de Responsabilidad Social e Identidad de Grupo Compartamos, empresa pública que agrupa a seis subsidiarias enfocadas a ofrecer servicios de inclusión financiera. Tres de ellas están enfocadas a la operación de microfinanzas en Guatemala (Compartamos S.A), Perú (Financiera CREAR) y México (Compartamos Banco), siendo ésta la institución de microfinanzas más grande de América Latina. Desde su ingreso a la institución, participó activamente en la creación del área de Comunicación Institucional y en la definición de estrategias para institucionalizar y promover la Filosofía Compartamos, uno de los principales activos de la institución. Es Contadora Pública por la Universidad Iberoamericana y cursó la Maestría en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana. Ha cursado seminarios de ética para los negocios, prevención de crisis y Antropología Filosófica. Adicionalmente, cursó un programa sobre estrategias de Responsabilidad Social Corporativa para crear valor social y de negocio en Harvard Business School.

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C O L A B O R A C I Ó n E S P ecial

LIC. PABLO ESCANDÓN CUSI Presidente del Consejo Promotor de Competitividad y Salud de la Fundación Mexicana para la Salud *Presidente del Consejo para el Fomento de la Ética Médica, Dispensación y Uso Racional de Medicamentos, A.C. (*Por acuerdo de socios, en proceso de formalización)

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¿Quién es

cofemedir?

a protección de la salud es considerada un derecho social donde el grado y calidad de cobertura proporcionada por el Estado ha evolucionado de manera sorprendente, particularmente desde la reforma Constitucional realizada en 1983, con la cual por primera vez se considera como una garantía individual. A partir de la misma, México ha atravesado por cambios trascendentales que, sin duda alguna, han repercutido en la mejora de la salud de la población Como prueba de ello, podemos mencionar la transición demográfica sufrida particularmente desde 1930, donde la esperanza promedio de vida pasó de 30.4 a 65 años, esperando para el 2050 que el promedio supere los 80 años de edad; o bien, la transición epidemiológica, donde el perfil de morbi-mortalidad de los mexicanos ha cambiado de tal forma, que las enfermedades que más afectaciones de vida y salud provocan son las crónicodegenerativas, repercutiendo de forma importante en la estabilidad financiera del Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, el aumento en las comunicaciones y la difusión de la publicidad han generado que la población cada vez tenga más acceso a información relacionada con la salud y los productos y servicios que apoyan a alcanzarla o preservarla. No omito mencionar las transformaciones sufridas en los últimos años respecto del modelo venta de medicamentos, particularmente desde 1997, donde vemos una convergencia en el mismo establecimiento

Pablo Escandón

tanto de venta de productos como de prestación de servicios de salud. Todos estos cambios, sin duda alguna han contribuido a mejorar el acceso a la salud de los mexicanos; sin embargo, nos obligan como miembros de una sociedad a reflexionar sobre la velocidad con la que los mismos se han dado y si se adecuan o no al marco regulatorio vigente a fin de proteger a la población de riesgos sanitarios, y en particular, de riesgos asociados con los medicamentos. La ordenación de medicamentos es una necesidad universal y por ello, los medicamentos deben estar perfectamente regulados para otorgar la garantía a los pacientes de que los productos que consumen son seguros, eficaces y de calidad, correctamente identificados, prescritos y con información apropiada. Sin embargo, la situación que guarda actualmente nuestro marco regulatorio nacional en materia de prescripción, dispensación y uso racional de medicamentos pudiera considerarse vaga y poco precisa al no establecer las reglas claras sobre las cuales deberá basarse dicha prescripción y la sustitución de medicamentos, siendo precisamente la existencia de políticas farmacéuticas claras y coordinadas uno de los factores que contribuyen al uso correcto de los mismos. Por ello, es que un grupo de empresarios, académicos, médicos, abogados y otros profesionistas dedicados a diversos sectores de la salud que compartían el anhelo de propiciar un mayor beneficio para el paciente, contribuyendo a mejorar las

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

cofemedir busca apreciar las necesidades societarias y ser

ente coadyuvante para el sector público, privado y social que busque mejorar las prácticas sanitarias en materia de prescripción, uso y dispensación racional de medicamentos. prácticas relacionadas con la prescripción, uso y dispensación de medicamentos, se unieron formando el Consejo para el Fomento de la Ética Médica, Dispensación y Uso Racional de Medicamentos, A.C. (cofemedir), cuyo objeto fundamental se centra en desarrollar y recomendar principios, políticas y prácticas que propicien la educación y la investigación conjunta en materia de prescripción, dispensación y uso racional de medicamentos. cofemedir busca apreciar las necesidades societarias y ser ente coadyuvante para el sector público, privado y social que busque mejorar las prácticas sanitarias en materia de prescripción, uso y dispensación racional de medicamentos.

Asimismo, en cofemedir queremos ser coadyuvantes con las autoridades sanitarias para direccionar los problemas detectados en materia de riesgos sanitarios, creando un valor compartido y sin un fin de lucro, lo cual estamos seguros de que nos conducirá a una nueva ola de beneficio para la salud de la población. Por ello, extendemos la más cordial invitación a todas aquellas personas físicas y morales dedicadas a la industria de la salud en México que tengan el interés y el deseo de contribuir con nosotros a disminuir los riesgos sanitarios asociados a los medicamentos y coadyuvar a fomentar y promover el uso racional de medicamentos.•

www.cofemedir.org.mx a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

salud

José Cuauhtémoc Valdés Olmedo Licenciado en Actuaría y en Matemáticas, con estudios de posgrado en la Maestría de Investigación de Operaciones y Estadística de la UNAM. Ha sido Director General de Planeación, Director del Centro de Estudios sobre la Universidad y Director de la Unidad de Apoyo para Facultades y Escuelas en la UNAM. En la Secretaría de Salud fue Director General de Información, Estudios y Proyectos; Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; Director de Centro de Capacitación y Desarrollo; Director del Centro de Documentación y Archivo; y Coordinador de Asesores del Secretario de Salud. En la Fundación Mexicana para la Salud se desempeña como Coordinador General.

A 30 años, de retos

(I)

Hace treinta años, el modelo de salud en México inició su transformación más reciente y acaso más profunda. Hoy todavía el acceso pleno a los servicios de salud es un afán, y los avances enfrentan retos aún no suficientemente superados José Cuauhtémoc Valdés

n efecto, el 3 de febrero de 1983 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incorporó el Artículo 4º, mediante el cual toda persona tiene el derecho a la protección a la salud, y se ordena la definición de las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Hay que reconocer los avances importantes que se han alcanzado en la mejo-

a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

ría de los niveles de salud de la población mexicana en varios indicadores fundamentales: en la implantación de estrategias para combatir epidemias como la influenza y el dengue; en la ampliación de la oferta de servicios con nuevos hospitales regionales de alta especialidad, hospitales de segundo nivel y clínicas de primer contacto; en la creación de nuevos institutos nacionales de salud como los de Salud Pública, Medicina Genómica, Rehabilitación y Geriatría; y en el establecimiento del Sistema de Protección Social en Salud que ha

El incremento de las demandas de salud pública, atención médica y asistencia social requiere del fortalecimiento de la labor y contribución de las organizaciones de la sociedad civil

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

abierto la movilización de recursos a poblaciones que antes no estaban protegidas por la seguridad social. Pero los avances enfrentan retos como: la mortalidad materna, que es un punto rojo en la lista de las metas del milenio para el país; el embarazo a edades tempranas; la violencia intrafamiliar, en particular hacia la mujer, una prueba aún no superada; la persistente falta de acceso efectivo a los servicios de salud, no sólo a los especializados, sino incluso a los básicos; el embate de las enfermedades crónico-degenerativas, que continúa en ascenso y ya representa una carga importante del gasto en salud; la pandemia de la obesidad y la diabetes mellitus, que nos ubican

en nada honrosos primeros lugares en el plano mundial; la carga de enfermedades como la hipertensión y la obesidad infantil, que afectan cada vez a más mexicanos; la falta de una atención integral al anciano, una constante en los servicios; y la incipiente promoción de una vida físicamente más activa.

Servicios de salud universales Las nuevas avenidas de la política pública en salud apuntan a avanzar en forma más decidida hacia la universalidad de los servicios de salud en un afán de lograr un

NOTA

I. Las siguientes reflexiones derivan de documentos que han sustentado la reforma de salud en los últimos treinta años, que se consigna al final, y en donde el autor ha tenido la oportunidad de participar a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

salud

México se ha distinguido por la investigación en salud; sin embargo, aún se carece de recursos suficientes para mantener y elevar su calidad sistema unificado de salud y contribuir así al avance hacia la protección a la salud que merece todo mexicano. La universalidad de los servicios de salud deberá atender a las necesidades esenciales de todos los mexicanos, con servicios equitativos, oportunos y de calidad. Ya se plantea generar y perfeccionar mecanismos estructurales y de gestión dentro de las instituciones públicas para el adecuado aprovechamiento de los recursos humanos, instalaciones, equipos y materiales, financieros y de información, así como de conocimiento que hagan efectivo, oportuno y con calidad el servicio que se brinda a la población, inde-

a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

pendientemente de su condición laboral, social y cultural. Al mismo tiempo, se hace necesario fortalecer a las entidades federativas para avanzar a una equilibrada distribución de competencias de las responsabilidades en materia de salud pública y de atención a la salud de las personas. Además, es necesario garantizar recursos suficientes para la salud pública de forma adecuada en un balance con los que se requieren para la atención a la persona, con énfasis en los servicios preventivos. Ya se ha demostrado el costo-efectividad de las intervenciones preventivas sobre las curativas, de rehabilitación o tratamiento.

Avanzar hacia la universalidad habrá de contar con la valiosa participación del sector privado y de la sociedad civil para desarrollar asociaciones de inversión en infraestructura, abasto de insumos y medicamentos, obra social, sistemas de información y tecnología de comunicaciones, así como en la prestación de servicios. La apertura de los programas públicos a los servicios privados y a las organizaciones de la sociedad civil será un ingrediente necesario si queremos que el derecho a la protección a la salud sea una garantía efectiva de los ciudadanos.

Formar al recurso más importante Por otra parte, un problema que requiere cuidadosa atención es el relativo al personal profesional de los servicios de salud, que reviste aspectos de índole cuantitativa y cualitativa: ingresos, matrícula y egresos de las instituciones formadoras de los profesionales de la salud; las plazas en el mercado laboral, principalmente en el sector público; el desequilibrio entre las especialidades y las necesidades de salud; la calidad de la educación que se ofrece, la de los establecimientos en donde se llevan a cabo y de los servicios que se prestan. Los desafíos demográficos y epidemiológicos exigen de más médicos, más enfermeras y más profesionales de la salud, pero al tiempo se observan fenómenos de subempleo, desempleo y autoempleo profesional. Los que tienen trabajo remunerado se encuentran mal distribuidos a lo largo del territorio nacional y en algunos casos hay poblaciones, ciudades importantes, en donde las condiciones de seguridad pública los alejan de sus responsabilidades. Asimismo, las especialidades médicas ya no corresponden a las necesidades de salud: es urgente fortalecer la medicina familiar, y la geriatría compite en desventaja con las preferencias de los estudiantes por las especialidades tradicionales o las mejor remuneradas. Si bien se ha ampliado la oferta de servicios con clínicas, hospitales y centros de alta especialidad, estos se encuentran su-

Los desafíos demográficos y epidemiológicos exigen de más médicos, más enfermeras y más profesionales de la salud a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

salud

Los hogares, las escuelas, los centros de trabajo y los núcleos de convivencia de las comunidades son lugares idóneos para identificar, gestar y ejecutar acciones para lograr una mejor salud

bocupados; la certificación de las especialidades ha sido un mecanismo para acrecentar la calidad de los servicios, y se hace necesario fomentarla para alcanzar los mayores niveles de desempeño.. El personal médico, de enfermería y de apoyo, es el recurso más importante con que se cuenta para mejorar las condiciones de salud, y para garantizar la calidad técnica y el trato digno que demanda la población. Para ello, la formación de los profesionales, la educación continua, el reentrenamiento y la certificación de especialistas serán estrategias a reforzar por las instituciones formadoras y las prestadoras de servicios.

a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

Se requiere mantener estándares en la calidad de la formación, de ahí la importancia de órganos reguladores como el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.

Los retos de la investigación Por otra parte, México se ha distinguido por la investigación en salud que llevan a cabo sus instituciones de salud y las principales universidades del país. Sin embargo, aún se carece de recursos suficientes para

mantener y elevar su calidad. La promoción de la investigación básica, clínica, epidemiológica, antropológica y de servicios de salud es tarea esencial en los años por venir, a fin de contar con el respaldo científico, la evidencia consolidada, el fundamento para perfeccionar las capacidades diagnósticas, la vigilancia epidemiológica, la intervención clínica, y la mejor organización de los servicios y ofrecer servicios asequibles, oportunos, eficientes y de calidad a la población mexicana. Las políticas públicas requieren de una más fortalecida y renovada salud pública, sustentada en la generación de conocimientos para diseñar e instrumentar acciones que protejan a la población contra riesgos a la salud; por lo que toca a la atención a la persona, la generación de conocimientos actuales es necesaria para comprender mejor la etiología de los problemas de salud y, por tanto, para mejorar la efectividad de la práctica clínica y el desarrollo de intervenciones médicas y tecnológicas eficaces y eficientes; asimismo, la investigación debe contribuir a generar tecnología para la salud adecuada a las condiciones y problemas actuales, y en la generación de soluciones, vinculando a la academia, el sector salud, el sector privado e industrial para este fin.

Responsabilidad de todos La tarea de la salud no es sólo una tarea de gobierno. La salud es responsabilidad de todos. Se requiere el concurso de una sociedad mejor informada, más conocedora de sus derechos y obligaciones, más demandante y exigente de los servicios que recibe o que no recibe. Requiere el concurso del sector privado y, sobre todo, de la sociedad civil organizada. Los hogares, las escuelas, los centros de trabajo y los núcleos de convivencia de las comunidades son lugares idóneos para identificar, gestar y ejecutar acciones, sobre todo preventivas, para lograr una mejor salud. Más de 6,000 organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo acciones de asistencia social; atención médica; rehabilitación; promoción de la salud; nutrición

y alimentación; de fomento de la investigación y la actividad física; entre otras. Fomentar el nacimiento de nuevas organizaciones y contribuir a su fortalecimiento institucional, a su desempeño, son tareas que requiere impulsar el sistema de salud para avanzar hacia la universalidad de los servicios de salud. México continúa con el doble reto de combatir padecimientos que se pueden prevenir, al tiempo que enfrenta ya el peso de las enfermedades crónicas y degenerativas. El combate a la pobreza y la atención a necesidades sociales no suficientemente atendidas incidirán en incrementos significativos de las demandas de la salud pública, la atención médica y la asistencia social, y para ello hay que facilitar y fortalecer la labor y contribución de las organizaciones de la sociedad civil desde ya. Las tres décadas que han transcurrido desde la promulgación del derecho a la protección de la salud han generado una empresa colosal del Estado mexicano para contar con un Sistema Nacional de Salud, fruto de la continuidad en las políticas públicas; del quehacer persistente de las instituciones del sector salud; de la asunción de responsabilidades de los gobiernos de las entidades federativas; de un sector privado cada vez más comprometido en su concurso; de una sociedad civil más fortalecida; y de una población más consiente de su salud. Hoy, el desiderátum y el compromiso persisten para avanzar a una sociedad que supere siete obstáculos para el mejor desempeño del sistema de salud, ya señalados desde principios del presente siglo: la inequidad; la insuficiencia; la ineficiencia; la inadecuada calidad; la insatisfacción; la inflación; y la inseguridad. La protección a la salud debe comprenderse como una política de Estado, un derecho social crecientemente efectivo; un instrumento estratégico para el combate a la pobreza; un componente esencial de la democracia; una divisa de participación de la sociedad civil organizada; una estrategia fundamental para el desarrollo económico; y una responsabilidad de todos.•

REFERENCIAS: I. Hacia un Sistema Nacional de Salud. Universidad Nacional Autónoma de México, 1983 II. Economía y salud. Propuestas para el avance del sistema de salud en México. Fundación Mexicana para la Salud, México, 1994. III. Hacia un México más saludable. Una visión del sector privado. Fundación Mexicana para la Salud, México, 2001 IV. La salud de los mexicanos en el siglo XXI: un futuro con responsabilidad de todos. Fundación Mexicana para la Salud, México, 2005 V. La salud en México. Visión de FUNALUD. Fundación Mexicana para la Salud, México, 2006. VI. Universalidad de los servicios de salud. Propuesta de FUNSALUD. Fundación Mexicana para la Salud, México, 2012.

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programa universitario de estudios superiores del desarrollo unam

RICARDO YOCELEVZKY RETAMAL Doctor en Historia por la Universidad de Warwick, Inglaterra, Master of Letters, por la Universidad de Aberdeen; Maestro en Ciencia Política, por la FLACSO, y Licenciado en Sociología por la Universidad de Chile. Es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la UAM, y miembro del SNI Nivel 2.

ECONOMICISMO EN LA

DEFINICIÓN DE CLASES MEDIAS Un aspecto muy importante de las discusiones acerca del tema de las clases medias es que las discrepancias acerca de su tamaño y, consecuentemente, su importancia en el conjunto de la sociedad, no es dirimible empíricamente RICARDO YOCELEVZKY

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sto se debe a una característica propia de la investigación científica consistente en que toda observación está determinada (al menos en una parte sustancial) por los conceptos que definen el observable. En este caso, como en el de cualquier otro, el tamaño que se le atribuya a un sector social depende del concepto que de ese sector se haya construido. Respecto de las clases medias hay dos cuestiones básicas a definir para caracterizar las diferencias teóricas: primero, la ubicación en términos de las dos lógicas principales en la consideración de actores sociales, es decir, si se trata de construir teóricamente a un actor social o político colectivo, o de examinar una conducta atribuible a individuos que comparten características semejantes y, por lo tanto, por agregación de sus comportamientos individuales, se pueden “clasificar”, constituyendo una clase estadística. Este problema ya estaba señalado desde los años sesenta cuando Rodolfo Stavenhagen incluyó entre las siete tesis equivocadas sobre América Latina aquella que atribuía a las clases medias características y roles históricos que resultaban improbables si no es que imposibles. La segunda cuestión es si la definición es lógicamente positiva o negativa. Esto es, por una parte se define como clase media al que “ya no es pobre” (definición negativa) o al que tiene algún atributo (ingreso, educación o tipo de trabajo, etcétera) que constituye una definición positiva. Estas dicotomías pueden conducir a otras subcategorías en cada caso, pero en primera instancia es posible distinguir la inclinación preferente a ubicarse en el campo de alguna de las ciencias sociales, a partir del tipo de conducta que se busca imputar a la clase media construida

¿Existe en la nueva clase media, con las características que se comienzan a insinuar, el potencial de

producir algún cambio en la sociedad que lleguemos a llamar

histórico en algún momento en el futuro? de alguna de estas maneras y a la selección de variables utilizada para su caracterización. Algunas características importantes de la sociedad actual y de las formas de consciencia predominantes en ella se muestran muy claramente en esta discusión (y quizás en ello reside la mayor parte de su relevancia). Por una parte está la reducción economicista de la estratificación social, reducción que hace que las posiciones sociales relevantes sean conceptualizadas como las que conduzcan a definir la “capacidad de consumo” de los individuos y las familias. En otros tiempos esto podría haber estado determinado por la distribución de ingresos monetarios, pero hoy el dominio de las finanzas se expresa en que la capacidad que importa es la de “endeudamiento”. Esto, más que una redistribución del ingreso es lo que constituye a una clase de consumidores “aspiracionales”, es decir, con una inclinación al consumo más allá de sus posibilidades reales pero que, como deudores, pueden tener un papel importante en la dinamización de la economía global, hasta el punto de formar parte de los factores mencionados entre los que podrían estimular una futura recuperación de la economía de los Estados Unidos de Norteamérica(I). En la consideración dinámica, es decir, del cambio en la composición de las clases, predomina la visión economicista, a pesar de la inclusión de variables de psicología so-

cial, lo que supone el enfoque de la estratificación y clasificación como construcción de agregados de individuos o familias. Por otro lado, la consideración del origen y destino de actores sociales nuevos tendría que conducir a preguntas acerca de su probable acción en la sociedad, que se reconfigura a partir de su misma presencia como “recién llegados” a una nueva situación, debido a la condición de “emergentes” que casi siempre se asocia a las clases medias. La clase media que generó la transformación de la sociedad feudal tenía también componentes complejos. Unos venían en descenso, otros ascendían y otros eran foráneos. Sin embargo, en conjunto, generaron una clase que se denominó burguesía y una sociedad que, a su imagen y semejanza, se denomina burguesa. ¿Existe en la nueva clase media, con las características que se comienzan a insinuar, el potencial de producir algún cambio en la sociedad que lleguemos a llamar histórico en algún momento en el futuro? La distinción entre acción coincidente y acción colectiva introduce el elemento de organización o, al menos, concertación de la acción entre individuos que comparten la característica de “pertenencia” a la clase, lo cual supone, al menos, algún tipo de auto-identificación. Si bien no sería difícil definir una “consciencia de clase media”, especialmente al nivel individual, con el propósito de desvincularse de otra categoría más baja a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

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programa universitario de estudios superiores del desarrollo unam

Existen coincidencias en las definiciones de clase media entre algunos de los autores más actuales, y lo más importante es que la definición descansa principalmente en una dimensión fundamental: la capacidad de consumo individual

o identificarse con alguna más alta, esto hace que las referencias empíricas usadas para construir la clase como objeto de conocimiento sean complejas, debido a la heterogeneidad de los individuos que eventualmente serán incluidos en ella y a la variedad de procesos para cuya explicación parezca pertinente recurrir a la caracterización de alguna forma de clase media. Un elemento que complica aún más el asunto es que no se puede aceptar como criterio empírico solamente el auto-identificarse con la clase media, puesto que individuos que indudablemente estarían por arriba o por debajo de la posición que se busca estudiar, responderían que pertenecen a ella. Sin embargo, por aquí asoma una clave que puede ser útil: la identificación de sí mismo como perteneciente a alguna clase media parece tener un correlato ideológico en la identificación con los discursos dominantes acerca de la sociedad, con los que los sujetos tienden a estar de acuerdo como “discursos de centro” o “moderado” o “sensato”. Esto permitiría asociar a las clases medias con la estabilidad

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del sistema social y político. Esto último, sin embargo, deberá ser explicado después de aclarar, al menos en parte, el anclaje o los anclajes estructurales que determinarían la presencia de esa actitud más bien conservadora. La ampliación de la clase media hacia abajo, es decir la incorporación de pobres a los estratos medios aparece como una meta legítima de progreso y justicia social. Sin embargo, el declarar que esto ocurre no lo convierte en un hecho. La fundamentación empírica más amplia está contenida en un estudio recientemente dado a conocer por el Banco Mundial(II). Un ejemplo de este tipo de razonamiento fue el de un candidato a la presidencia de la república en México que en los comienzos de su campaña llegó al extremo de proclamar que los habitantes de un asentamiento urbano irregular, en una barranca carente de servicios dentro de la ciudad de México, pertenecían a la clase media(III). Otro ejemplo interesante es lo que escribió un reconocido comentarista que, a propósito de las festividades del bicentenario de la independencia,

propone como uno de dos motivos de celebración “la construcción de una sociedad mexicana mayoritariamente de clase media”. Vale la pena citarlo extensamente: “Si hay 40 millones de pobres, más ocho que estadísticamente pasaron de nuevo a la pobreza entre 2006 y 2008, entonces son casi 50 millones. Por tanto, hay entre 60 y 70 millones de no pobres que van desde el hombre más rico del mundo hasta la obrera en una planta maquiladora. Obrera cuyo salario guarda para sí porque no se lo tiene que entregar a sus padres –con quienes todavía vive– ni a su marido ni a sus hijos, porque todavía no tiene. Esta obrera ya tiene celular, plasma, educación secundaria o técnica y sale de vacaciones. Pronto comprará un coche usado, a plazos o ‘chocolate’; va a solicitar pronto una hipoteca para una casa de 60 a 70 metros cuadrados; y tiene acceso a crédito –todavía caro– para comprar una infinidad de bienes y servicios útiles y otros innecesarios. Hoy en México hay más gente que pertenece a estos sectores (D+ para arriba) que los que no, como lo explica The Economist esta semana, y a propósito de tres

países de América Latina, debido a la estabilidad financiera; el crecimiento mediocre, pero sostenido; el bajísimo aumento de la población; y la caída de precios de bienes y servicios –en algunos casos espectacular– durante los últimos 15 años: México, Chile y Brasil, hoy; Perú y Colombia, en poco tiempo; son de este club con mayoría ‘clasemediera’. A él pertenecían ya Argentina –que entra y sale– y Uruguay, que ya está instalado(IV).” En el texto anterior es notable un recurso literario que es la obrera imaginaria que, con otro respaldo, podría llegar a ser la construcción de un “tipo ideal”, pero que difícilmente podría ser considerado de clase media sin la atribución de acceso a determinados bienes de consumo con los que se la caracteriza. “Obrera”, por definición de categoría ocupacional, se transforma en “clasemediera” en virtud de su acceso a bienes que ya posee y a la posibilidad de un eventual acceso a crédito con fines de ampliar su consumo a bienes más caros o durables o importantes. El 27 de julio de 2011, el periódico Milenio da cuenta de un estudio empírico realizado por una consultoría privada (De la Riva Group) que afirma que “aunque el 81% de la población mexicana afirma ser de clase media, sólo tres de cada 10 personas se encuentran en esa condición social”. Esto, dice, “significa que cerca de 35.8 millones de los 112.3 millones de mexicanos que radican en el país se encuentran en ese estrato social”. En esta afirmación se encuentra uno de los nudos de la disputa ideológica

acerca de la extensión de la clase media en una sociedad. La discrepancia entre los que se identifican como pertenecientes a algún estrato de clase media y la proporción de la población que con algún criterio relativamente objetivo (plausible o verosímil) se pueda incluir ella, da lugar un problema que se intenta solucionar con adjetivos tales como “aspiracional” o transitoria. Hoy día se atribuye una gran importancia a la existencia de sectores medios en las sociedades, tanto desde una perspectiva global como desde las nacionales. Por ejemplo, Jack A. Goldstone, considera el crecimiento de la clase media en el mundo en desarrollo como una de las tendencias a considerar como parte de la explicación de la dinámica global en el siglo XXI: “A mediados de este siglo, la clase media global –aquellos capaces de adquirir bienes de consumo durables como automóviles, electrodomésticos y bienes electrónicos– se encontrarán en lo que hoy se considera el mundo en desarrollo. El Banco Mundial ha predicho que para 2030 el número de personas de clase media en el mundo en desarrollo será 1,200 millones, un crecimiento de 200% desde 2005. Esto significa que la clase media del mundo en desarrollo por sí sola será mayor que la población total de Europa, Japón y los Estados Unidos combinadas. De ahora en adelante, por lo tanto, el principal impulsor de la expansión económica global será el crecimiento económico de países de reciente industrialización, tales como

Brasil, China, India, Indonesia, México y Turquía(V).” Sin menoscabo de los muchos argumentos interesantes contenidos en el artículo citado, es digna de destacar la definición de clase media ofrecida en el texto. Sin duda se trata de ubicar el agregado de un tipo o nivel de consumidores. Las consideraciones que se puedan desprender de ello se harán más adelante. Hay obvias coincidencias en las definiciones de clase media entre algunos de los autores más actuales citados, aun cuando también hay diferencias en el grado de elaboración de la descripción de la población referida. Lo más importante es que la definición descansa en una dimensión fundamental, la capacidad de consumo individual, principalmente. Las consecuencias, reales o imaginadas, para la dinámica de la economía o para las condiciones de vida de la población requerirán de otras fundamentaciones. Sin embargo, esta manera de mirar a la clase media implica abandonar otras preguntas que respecto de ella apuntaban a explicar fenómenos políticos. Esto tiene que ver con el abandono de preguntas que por mucho tiempo orientaron la investigación en ciencia política y sociología. Esto es así porque las alabanzas a las clases medias llevan un mensaje implícito. Es obvio que un país con más clase media que pobres aparece como más presentable. No es obvio que eso pueda hacerlo parecer más desarrollado, de hecho el suponerlo, sería ingenuoVI.•

NOTAS Y REFERENCIAS: I. The Economist, 14 – 20 de julio, 2012 II. F erreira, Francisco H. G., Julián Messina, Jamele Rigolini, Luis Felipe López-Calva, María Ana Lugo, and Renos Vakis. 2013. Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class, Washington, DC: World Bank. doi: 10.1596/978-0-8213-9634-6. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 III. Gabriel Quadri de la Torre. En Lomas de Tarango “vive la clase media emergente”: Quadri. Milenio, abril 4, 2012. IV. Castañeda, Jorge G.: “México: dos temas que celebrar”. Reforma, 16 de septiembre, 2010. V. Goldstone, Jack, “The New Population Bomb. The Four Megatrends That Will Change the World”. Foreign Affairs, Vol. 89, N°1, enero – febrero de 2010. VI. Luis de la Calle y Luis Rubio, Clasemediero. Pobre no más, desarrollado, aún no. CIDAC, México, D.F., 2010.

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INFANCIA

La niñez mexicana tiene un muy limitado acceso al cumplimiento pleno de sus derechos. En una escala del 0 al 10, el Índice sobre los Derechos de la Niñez Mexicana de 0 a 5 años muestra que tenemos un puntaje de 5. En los estados más pobres (Chiapas, Guerrero y Oaxaca), las niñas y los niños tienen hasta tres veces menos oportunidades que en Nuevo León, Coahuila o el DF; y en las zonas indígenas, el número de muertes evitables es hasta 6 veces más alto que lo registrado en las zonas más urbanizadas

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Foto: Cortesía Sistema Nacional DIF

DERECHOS

DE LA INFANCIA, PRINCIPALES RETOS

LAURA VARGAS CARRILLLO Titular del Sistema Nacional DIF. Es Licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Penal, egresada de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Ha cursado diplomados en materia de administración de justicia, electoral, población y desarrollo, y ha asistido a diversos cursos, conferencias y seminarios tanto en México como en el extranjero. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público en los órdenes municipal, estatal y nacional, principalmente en la Asamblea Municipal del Ayuntamiento de Pachuca como Regidora Secretaria; en el Programa de Integración de Coordinadoras de Solidaridad como Comisionada Responsable; en la Secretaría de Desarrollo Regional de Hidalgo, como encargada de la Dirección de Desarrollo Regional; y en el Sistema DIF Hidalgo, primero como Directora General y posteriormente como Presidenta del Patronato.

A 23 años de la aprobación de la Convención, nuestro país ha avanzado en los compromisos asumidos, pero aún falta camino por recorrer, en primer lugar, porque estamos frente a la misión de construir una cultura de protección de derechos, lo cual no es fácil, y se perciben resultados a largo plazo LAURA VARGAS

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INFANCIA La Convención La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 20 de noviembre de 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual ha sido ratificada por casi todos los países en el mundo, entre ellos México. Con esta ratificación, nuestro país asumió el compromiso de establecer medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella, velando siempre por el interés superior del niño. Si bien en sus 54 artículos se señalan de manera clara y sencilla cuáles son y en qué consisten los derechos de todo ser humano de cualquier país del mundo que sea menor de dieciocho años de edad, el objetivo de la Convención va más allá de enunciar los derechos, es decir, pretende que los Estados asuman el deber de garantizar su aplicación y hacer efectivo su ejercicio y respeto sin distinción, en otras palabras, es necesario construir una cultura de protección de derechos de los niños, lo que implica corresponsabilidad familia-gobierno-so ciedad y, en consecuencia, la aplicación de políticas públicas con perspectiva de derechos.

Retos del país Es necesario fortalecer las instituciones que atienden a la infancia y destinar presupuesto suficiente para su buen funcionamiento y, sobre todo, para la óptima aplicación de los programas, aunado a la formación y profesionalización de servidores públicos con la capacidad y sensibilidad necesarias para realizar esta noble tarea. A fin de obtener mejores y mayores resultados es necesario el trabajo coordinado y corresponsable en los tres órdenes de gobierno, con las organizaciones sociales e instituciones académicas y, en general, con la

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Construir una cultura de protección de derechos de los niños implica corresponsabilidad familiagobierno-sociedad y la aplicación

de políticas públicas con perspectiva de derechos de manera transversal,

uniendo esfuerzos hacia un solo objetivo: el desarrollo integral del niño sociedad, es decir, la política pública a favor de la niñez debe ser aplicada de manera transversal y uniendo esfuerzos hacia un solo objetivo: el desarrollo humano integral del niño. En tal sentido, es primordial fortalecer los vínculos familiares, partiendo de que la familia es donde se deben generar las condiciones para que los niños crezcan en un ambiente que por naturaleza les brinde la formación humana para el ejercicio libre y responsable de sus derechos humanos, no sólo desde niños, sino también, en su oportunidad, como adultos dentro de la sociedad. Siendo el derecho a la vida el más importante de todos los derechos, podemos afirmar que para los niños el segundo en importancia es su derecho a tener una familia, el cual les brinda seguridad y sentido de pertenencia. Sabemos que los niños aprenden las conductas de los adultos y que lo que se vive en la familia se reproduce en cualquier grupo social. He aquí uno de los mayores retos de nuestro país: tener familias sanas y fuertes que formen seres humanos con valores, con salud física, mental y emocional, que construyan un mejor país, considerando que las estructuras sociales han cambiado y exigen nuevas y diferentes respuestas. De igual manera, México tiene la misión de reforzar las acciones que buscan elevar la calidad de los servicios educativos, dentro de los cuales

debe incluirse el que no basta con el cumplimiento de los programas académicos, o el aprendizaje de los derechos de los niños, sino que es necesario enseñarles su adecuado ejercicio, el respeto de los mismos, las instancias a las que pueden recurrir en caso de que se vulneren y, en especial, que cuando se tienen derechos, también se tienen deberes. Además, no debe dejarse de lado la educación en el plano emocional, pues es parte esencial de todo individuo y complementa su parte intelectual.

Reconocer y entender sus derechos Resulta necesario señalar que los derechos de los niños deben ser reconocidos y entendidos por los adultos que participan en su formación, educación y cuidado, que les quede claro que son personas con dignidad, a fin de no sólo generar las condiciones necesarias para que los ejerzan, sino que además son los primeros que deben salvaguardar su integridad física y emocional, y evitar cualquier tipo de maltrato, explotación o abandono; para ello se tiene que trabajar en erradicar la idea equivocada de que los niños son un objeto de propiedad de los adultos y que una forma de educar es a través de malos tratos, tanto físicos como psicológicos. Es importante tener presente que el derecho y deber de los padres a edu-

Foto: Cortesía Sistema Nacional DIF

car y formar a sus hijos, antes de ser opuesto o limitante de los derechos de los niños, es complemento para su desarrollo humano, es enseñar que los límites y la disciplina son esenciales para relacionarse, para la sana convivencia y para saber manejar las consecuencias de sus actos. Y al contrario, los derechos de los niños no deben ser impedimento ni obstáculo para que los padres les enseñen cómo ejercerlos sin perjudicar a otros. Ello significa implementar acciones de gobierno para la formación de padres, la educación familiar y la solución pacífica de conflictos en la familia, en términos generales, sobre habilidades para la vida, dirigidas a construir una cultura de paz, dado que ésta se da solamente cuando se ejercen y respetan los derechos de manera recíproca, es decir, se aprende a convivir y a relacionarse.

Adopción, identidad, salud y seguridad Un tema de gran importancia es la adopción, sobre lo cual se debe tener presente que antes de entenderse como el derecho de una pareja a tener un hijo, es el derecho de los niños a ser parte de una familia. Para hacer efectivo el ejercicio de tal derecho se tiene el reto de concluir la homologación y concordancia de las disposiciones estatales y federales para establecer la adopción plena y hacer accesibles y expeditos los procesos administrativos y judiciales. Un niño adoptado debe gozar de iguales derechos que un hijo biológico. También resulta necesario determinar un plazo prudente para que las autoridades den seguimiento a la forma en que es tratado el adoptado en la familia a la que se integra, a fin de velar por su interés superior; así como contar con una base de datos que nos permita conocer el número de infantes atendidos en todos los centros asistenciales públicos y pri-

Uno de los mayores retos de nuestro país es tener familias sanas y fuertes que formen seres humanos con valores, salud física, mental y emocional, que construyan un mejor país

vados del país, su situación jurídica y posibilidad de adopción. Evidentemente, el cumplimiento de este objetivo requiere del trabajo coordinado entre las instancias judiciales, legislativas y administrativas, así como de las organizaciones sociales y de asistencia que prestan servicios al respecto. Un asunto urgente y de gran trascendencia, prioritario para atenderse con especial cuidado es el referente

a garantizar el derecho de los niños a tener una identidad (nombre, nacionalidad y vínculos familiares), partiendo de la base que la identidad es parte esencial del ser humano y lo que le permite ejercer efectivamente sus derechos, así como formar parte y ser aceptado en cualquier grupo social. En consecuencia, el Estado, como autoridad administrativa responsable de registrar los datos de cada nacimiento, debe asegurar la a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

INFANCIA efectividad de este derecho, estableciendo los mecanismos necesarios para que todos y cada uno de los mexicanos, en especial las niñas y los niños, tengan una identidad propia e individual y el documento oficial para acreditarla. El derecho a la salud debe ser garantizado a todos y cada uno de los niños mexicanos, por lo que se tienen que ampliar la cobertura y el acceso para llegar a cada comunidad, por más alejada que se encuentre de las zonas urbanas. Hay que dar la misma importancia a los servicios de salud en el aspecto de atención de enfermedades que a la salud preventiva, lo que significa que todos los niños y niñas de nuestro país reciban las vacunas que corresponden a las diferentes etapas de su desarrollo; que sean alimentados sana y nutritivamente; que vivan en las condiciones mínimas de higiene; y que conozcan el daño que les provoca el consumo de sustancias nocivas, entre otras acciones. Otro gran desafío de nuestro país es el establecimiento de medidas y disposiciones que deben aplicarse en México para dar seguridad a los niños, para protegerlos de ser víctimas de delitos y de ser utilizados en la comisión de los mismos. Han de ser garantizadas su integridad física y moral.

Acciones del SNDIF Cabe destacar que, dentro de muchos otros programas a favor de la familia y la niñez, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia, como la instancia del gobierno federal que, por mandato legal, atiende a este segmento de la población, cuenta con un área que promueve y difunde los derechos de los niños, conforme lo establecen el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

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El objetivo del sndif es contribuir a la formación de la cultura de protección de derechos para una convivencia sana y armónica en la familia, en la escuela y en la sociedad

En este contexto, se trabaja con base en tres líneas de acción: 1. La promoción y difusión de los derechos 2. La participación infantil 3. La integración de los Comités de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez En atención a ello, se realizan di-

versas acciones, entre las que destacan la elaboración de Diagnósticos Estatales de la Infancia; la aplicación de encuestas sobre derechos a niñas, niños y adolescentes; la instalación de Comités Municipales; la profesionalización de los integrantes del Comité en materia de derechos de los niños, promoción y difusión de la Convención sobre los Derechos

del Niño; foros de participación infantil; revisión de leyes a favor de la infancia; y programas y políticas públicas en las entidades federativas. Nuestro objetivo es contribuir, como le hemos dicho, a la formación de la cultura de protección de derechos para una convivencia sana y armónica en la familia, en la escuela y en la sociedad.

En el dif Nacional hemos asumido un compromiso firme con el desarrollo integral de la infancia y la familia, contamos con la sensibilidad que en todo momento ha manifestado la Sra. Angélica Rivera de Peña por trabajar al frente de esta institución, y sabemos que conjuntando esfuerzos con los diferentes actores de la sociedad lograremos

formar niños, adolescentes y jóvenes que vivan los valores humanos, ejerzan de manera libre y responsable sus derechos y se realicen como personas. Así tendremos mejores resultados y juntos podremos reconstruir el tejido social; juntos construiremos el México que niños, adolescentes, jóvenes y adultos merecemos.• a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

INFANCIA

VICTOR INZÚA CANALES Maestro en antropología y Candidato a Doctor en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras. Es docente e investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Se le han otorgado dos cátedras especiales: Gustavo Baz Prada y José Vasconcelos. Ha impartido cursos y dictado conferencias en diversos Foros Nacionales e Internacionales. Entre sus múltiples artículos y publicaciones sobre Trabajo Social, Urbanismo, Niños de la calle, Cultura popular y empresarial destacan: “Política Social en la transición” y “Necesidades Sociales y Desarrollo Humano”, ambos en colaboración con otros autores, así como “Reminicencias del juego de pelota prehispánica”; “La vida de los organilleros”; “La historia del payaso mexicano”; y “¿Por qué la rata?”.

EL DATO

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MÉXICO SOCIAL

UNA FORMA DE VIDA

VÍCTOR INZÚA

a problemática del trabajo infantil en México no surge en forma aislada, no es casual, sino que obedece y es resultado de profundos problemas estructurales originados por la crisis económica, tales como: bajo nivel educativo, la desintegración familiar, la inflación y la crisis de las instituciones, entre otros, factores que inciden necesariamente en la expulsión de las niñas y los niños del seno familiar al mercado de trabajo. El trabajo infantil proviene de las condiciones de las familias en extrema pobreza que no logran satisfacer sus necesidades básicas, en las que las hijas y los hijos (a temprana edad) se ven obligados a aportar un ingreso económico al hogar o para el sustento individual diario que les permita sobrevivir, sin considerar los riesgos y consecuencias, además de la privación de su potencial y su dignidad como seres humanos. El trabajo infantil sigue siendo un fenómeno extendido y creciente en el mundo actual, y muchos niños en nuestro país trabajan en situaciones extremadamente peligrosas y en

condiciones de explotación y abuso. Está presente en la agricultura, en la prestación de servicios y el pequeño comercio, aunque existe una prohibición constitucional, que retoma la Ley Federal del Trabajo, al uso del trabajo de los menores de 14 años. Prohibición conocida por casi todos los empleadores y también violada por todos ellos (Staelens.1991: 69).

Una mirada… La ocupación del menor “diablero” o cargador es un trabajo subordinado no retribuido que facilita la explotación, porque no existe una relación laboral de quien los contrate; además, las actividades que desempeñan son nocivas para el desarrollo físico y mental por el gran esfuerzo físico y la alteración de las posturas, que ejercen por movilizar grandes cargas de mercancías, ¿y son ellos tan necesarios para movilizar tantos productos? Es evidente que los turnos que laboran traen grandes riesgos para su integridad física y moral. En este oficio hallamos principalmente varones en dos rangos de edad: de 10 a 13 años y de 14 a 18

56% de los niños que son empleados como cargadores o “diableros” en la Ciudad de México proceden del interior de la República, así como el 50% de las niñas y los niños que trabajan en la calle, en el comercio ambulante. De estos últimos, el 84% son niños y el 16% niñas

El trabajo infantil es una muestra clara de una política social sesgada y refleja

directamente la lacerante situación social del país

años. Por tanto, son niños-adolescentes que experimentan los cambios fisiológicos y mentales de la pubertad; que se verán afectados al emplearse como cargadores o “diableros” y estar mal alimentados. La mayoría (56%) proceden del interior de la República y el resto (44%) son de la Ciudad de México.

…otra… Un 50% de las niñas y los niños que trabajan en la calle en el comercio ambulante son originarios de la Ciudad de México y el otro 50% pertenecen a algún estado de la República mexicana. Un 84% son niños y el 16% niñas, mismas que experimentan cierto nivel de discriminación en el mercado de trabajo callejero, que representa mayor un mayor riesgo, en comparación con los niños. Una vez en la calle, a estos niñas y niños vendedores ambulantes se les presentan otro tipo de riesgos: las agresiones, el maltrato, las extorsiones por parte de las autoridades, la

competencia con los adultos vendedores, entre otros; todo ello, aunado a los altos índices de contaminación, al estrés, etcétera.

…y una más Las actividades que realizan los niños y las niñas “pequeños locatarios” o como “ayudantes” en los mercados públicos en la Ciudad de México presentan algunas diferencias significativas de acuerdo con su sexo; así, los niños en su mayoría son ayudantes en el puesto de venta, cargadores (de costales de semillas, frutas, cajas, huacales de fruta) o carretilleros, entre otras tareas asociadas a papeles tradicionales masculinos donde se requiere de una mayor fuerza física. En cambio, las niñas en su mayoría son ayudantes de puestos de comida, limpia frutas, vendedoras de flores, barren y trapean, limpian y acomodan, entre otras actividades. Las niñas y los niños de ambos sexos trabajan las 8 horas diarias, como si fueran trabajadores asala-

riados. En nuestro estudio hallamos 60% de niños y un 40% de niñas. Los criterios que señala UNICEF para considerar que el trabajo infantil reviste condiciones de explotación son: a) trabajo a tiempo completo a una edad demasiado temprana; b) horario laboral prolongado; c) trabajo que produce tensiones indebidas de carácter físico, social o psicológico; d) remuneración inadecuada; e) demasiada responsabilidad; f) trabajo que obstaculiza el acceso a la educación; g) trabajo que socava la dignidad y la autoestima; h) trabajos que perjudican el pleno desarrollo social y psicológico. Las niñas y los niños que se desempeñan en el trabajo infantil son una muestra clara de una política social sesgada o mal dirigida, pero, sobre todo, son reflejo directo de lacerante situación social que enfrenta el país. Ocultos entre la cifras de la macroeconomía y en el último eslabón de los programas sociales están estos niñas y niños en condiciones de explotación laboral, sin que ninguna autoridad haga algo para ayudarlos o protegerlos. Si en verdad queremos un mejor país, competitivo, con calidad de vida y mejores ciudadanos, como sociedad organizada debemos impulsar verdaderos cambios en la política social a favor de las nuevas generaciones.• * Lee la versión extensa de este artículo en nuestra página web: www.mexicosocial.org a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

Un México Mario Luis Fuentes Director general del CEIDAS, A.C.; integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía-UNAM; e Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo-UNAM

inapropiado para la niñez mexicana Mario Luis Fuentes

/ Saúl Arellano

Presentación El Índice de los derechos de las niñas y los niños de 0 a 5 años es un instrumento que permite estimar el grado medible de incumplimiento de sus derechos, en función de los datos observables en los 32 Estados de la República y el Distrito Federal. Este ejercicio toma como base la metodología utilizada en la construcción del primer índice de los derechos de la niñez –UNICEF, 2004–, elaborada su Consejo Consultivo en México, y cuyo Comité académico estuvo integrado por Fernando Cortés, Mario Luis Fuentes, Clara Jusidman, María de Jesús Paz, Rosa María Rubalcava y Elena Azaola Es relevante anotar que este ejercicio se llevó a cabo con recursos otorgados por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; fue coordinada académicamente por Mario Luis Fuentes y Fernando Cortés Cáceres, contando con la asistencia de investigación de Saúl Arellano.

a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

Los derechos en la primera infancia La protección de las niñas y los niños durante los primeros años de vida es fundamental para garantizar su pleno y adecuado desarrollo en la vida futura. En efecto, las niñas y los niños en mayores condiciones de vulnerabilidad son aquéllos que se ubican en el rango de los 0 a los 5 años, en tanto que son quienes se encuentran expuestos a mayores riesgos, como perder o poner en riesgo su salud por enfermedades infecciosas, por desnutrición, por descuido y negligencia, por consecuencias derivadas del parto o por la violencia. Al respecto es importante destacar que la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos fortalece y amplía de facto la lista de derechos enumerados en el Artículo 4º de la Carta Magna pues, en términos estrictos, establece de manera explícita que los derechos humanos y su protección deben interpretarse en el sentido de la propia Constitución y de los tratados internacionales. En efecto, el Artículo 1º de la Constitución dice: “Las normas re-

lativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para todas las personas. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley”. En materia de los derechos de la niñez, el texto constitucional permite concebir a la Convención sobre los Derechos del Niño como “legislación nacional”; es decir, como un conjunto de derechos que protegen de manera simultánea a la niñez, en

el marco de garantías establecido en materia de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento en el ya citado Artículo 4º de la Constitución. Con base en lo anterior, es válido aseverar que no hay excusa posible para no priorizar el pleno cumplimiento de las garantías establecidas en nuestro marco jurídico, en aras de tomar como principal prioridad que ninguna niña o niño se quede atrás, pues sin duda alguna, el grado de incumplimiento de los derechos en la infancia, es un reflejo de los valores y principios que asumimos como sociedad.

¿Cómo mide el Índice estos derechos? El Índice de los derechos de las niñas y niños de 0 a 5 años en México es una medida sintética de un conjunto de indicadores agrupados en

cinco dimensiones que permiten construir una medición robusta de los derechos de los niños. Se trata de un resumen estadístico de la información oficial disponible sobre el grado en que los derechos de las niñas y los niños se cumplen en el país, y en cada una de las entidades de la República Mexicana. Por lo anterior, es pertinente destacar el hecho de que la información oficial relativa a la niñez mexicana se encuentra dispersa, construida sin criterios de homogeneidad y, sobre todo, diseñada sin contar con una estructura que permita su uso estratégico para la construcción de presupuestos, políticas y programas públicos. De esta manera, siguiendo la caracterización general de los derechos de los niños presentada líneas arriba, se definieron cinco dimensiones, que agrupan 19 indicadores. Expresado de manera gráfica, el Índice está compuesto como sigue:

Dimensión de supervivencia

Dimensión de educación

Dimensión de bienestar

Índice de los derechos de la niñez en la Primera Infancia (0-5)

Dimensión de Salud y alimentación

Dimensión de violencia

a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

Las fuentes del Índice La construcción del índice se basa estrictamente en fuentes oficiales de información. La más importante es el sistema de consulta interactiva de datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). En segundo lugar, se retomaron los datos del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). En tercer lugar, se encuentran los datos sobre rezago educativo referidos al CENSO, 2010; se recurrió también a la información sobre rezago social y pobreza que calcula y sintetiza el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL). Finalmente, una fuente adicional de información, en particular en lo relativo a la dimensión de supervivencia, es el Anexo Estadístico del V Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal.

Metodología de construcción del Índice(I) La metodología de cálculo de este índice se construye como un promedio simple, obtenido de la suma de los promedios del desempeño observado para cada una de las variables que integran a las cinco dimensiones:

1. Dimensión de supervivencia, integrada por las siguientes tasas: a) Tasa de Mortalidad Infantil. b) Tasa de Mortalidad en Menores de cinco años por enfermedades diarreicas; Tasa de Mortalidad en Menores de cinco años por enfermedades respiratorias; y Tasa de Mortalidad en Menores de cinco años por deficiencias nutricionales. c) Tasa de Mortalidad Materna. 2. Dimensión de educación, integrada por:

a) % de niñas y niños de 3 a 5 años que no asisten a la escuela, y b) % de mujeres mayores de 15 años en condición de analfabetismo.

3. Dimensión de salud y alimentación, que agrupa las siguientes tasas:

a) Tasa de Incidencia de enfermedades por desnutrición severa b) Tasa de Incidencia por enfermedades intestinales c) Tasa de Incidencia por enfermedades respiratorias agudas

4. Dimensión de violencia, integrada por(II):

a) Incidencia de enfermedades o lesiones por violencia intrafamiliar, y b) % de muertes violentas de niñas y niños de 0 a 4 años, con respecto al total de fallecimientos violentos registrados por entidad.

5. Dimensión de bienestar, la cual está integrada por las variables de:

a) % de población en condiciones de pobreza extrema b) % de población en condiciones de pobreza o vulnerabilidad c) % de viviendas con piso de tierra

a b r i l 2013

MÉXICO SOCIAL

Procedimiento de Cálculo

La fórmula utilizada para llevar a cabo la normalización es la siguiente: INDICADOR n=

La construcción del índice tuvo dos fases. En la primera, se obtienen índices para cada una de las dimensiones, y se llevó a cabo un proceso de normalización, para transformar sus valores a una escala que va del 0 al 10, en el que el 0 expresa el peor valor posible y el 10 el máximo grado identificado de cumplimiento de los derechos de la niñez.

6.5 6.4

peorv-vr peorv-vr

[

INDICADORn: peorv: vr:

Valor del indicador normalizado Peor valor registrado para el indicador Valor observado del indicador en la unidad i

Se procedió de manera similar para la construcción de cada una de las dimensiones, y una vez obtenidos sus valores, se llevó a cabo el cálculo general del Índice, el cual es el resultado del promedio de la suma de los valores individuales de cada una de las cinco dimensiones consideradas. Así, el Índice de los Derechos de la Niñez (IDN, 0 a 4 años) se expresaría de la siguiente manera: IDN = DS+ DE + DSA + DV + DB ______________________ 5 Dónde: IDN: DS: DE: DSA: DV: DB:

Índice de los derechos de las niñas y los niños de 0 a 5 años Dimensión de Supervivencia Dimensión de Educación Dimensión de Salud y Alimentación Dimensión de Violencia Dimensión de Bienestar

5 puntos, lo que implica un muy alto grado de incumplimiento de los derechos de la niñez mexicana(IV).

Promedio de 5

El nivel de logro en México es muy bajo a pesar de los avances; la siguiente gráfica muestra los resultados del Índice por entidad, y en escala del 1 al 10, el promedio del país es de 5 puntos

Índice de los Derechos de los Niños 0-5 años, 2012 Escala Estatal

6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.8

6.0

*10

Dónde:

Resultados del Índice El principal resultado que muestra el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana (IDN- 0-5 años) es que a pesar de la inversión y de los programas implementados en las últimas décadas, México sigue siendo en el siglo XXI un país inapropiado para la infancia. Si bien es cierto que se han tenido progresos importantes en la reducción de las tasas de mortalidad infantil y materna, han surgido nuevas agendas de riesgo(III), mientras que otras se han agudizado en complejidad y magnitud. El promedio obtenido para el país, en la citada escala de 1 a 10, es de

[

5.5 5.4 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7

4.4 4.3

4.0 3.5 2.9 2.8

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Hidalgo

Puebla

Campeche

Yucatán

Veracruz

Michoacán

Nayarit

México

Tabasco

Sinaloa

Promedio Nacional

Zacatecas

B.C. Sur

S. L. Potosí

Tlaxcala

Morelos

Guanajuato

Jalisco

Durango

Querétaro

Chihuahua

Sonora

Aguascalientes

Quintana Roo

Colima

Tamaulipas

Baja California

Distrito Federal

Coahuila

Nuevo León

2.3

a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

Índice de los Derechos de los Niños Nivel de logro por dimensión

El sentido en que debe interpretarse esta gráfica es que la dimensión con mayor puntaje es en la que las entidades tendrían un mayor nivel de logro en la protección de la niñez.

5.9 5.2

5.1

5.0 4.4 4.1

Violencia

Supervivencia

Índice de los Derechos de los Niños 0-5 años 2012

Pobreza y Bienestar Social

Salud y Alimentación

Índice de Educación

Resultados por dimensiones: a) Dimensión de Supervivencia El promedio país obtenido en esta Dimensión es de 5.2. La entidad con mayor puntaje es Nuevo León, con un indicador de 7.8, y la que menor nivel logra es Chiapas con un indicador de 1.1. Dada la desigualdad que se presenta entre las entidades, 7.8 7.4

7.2 7.1 7.0 7.0 6.8 6.7

el promedio nacional se ve afectado por los valores extremos. En esa lógica, algunos expertos recomendarían reportar el valor mediano, que se situaría alrededor del 5.8. A pesar de lo anterior y de tratarse de una recomendación estadística atendible, se decidió mantener el valor promedio precisamente para ilustrar la magnitud que tienen las dispari-

dades existentes en todo el territorio nacional. Por ejemplo, la distancia que existe en esta dimensión entre Coahuila, con respecto a Chiapas, es de 7 veces más capacidades para el cumplimiento de los derechos de la niñez; de prácticamente tres veces con respecto a Oaxaca y de dos veces con respecto a Guerrero.

Dimensión de Supervivencia 6.4 6.4 6.4

6.3 6.3 6.1 5.9 5.9

Nivel de logro por entidad federativa 5.8

5.7 5.7

5.5 5.4 5.4 5.3

5.2 5.2 5.1

5.0

4.8

4.1

3.8 3.3

2.8

a b r i l 2013

MÉXICO SOCIAL

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Puebla

México

Hidalgo

Veracruz

Tabasco

Promedio Nacional

Chihuahua

Michoacán

Tlaxcala

Campeche

Nayarit

Yucatán

S. L. Potosí

B.C. Sur

Zacatecas

Morelos

Distrito Federal

Guanajuato

Querétaro

Quintana Roo

Jalisco

Sinaloa

Sonora

Durango

Baja California

Tamaulipas

Colima

Aguascalientes

Coahuila

Nuevo León

1.1

1. Dimensión de Violencia La segunda dimensión en la que las entidades de la República presentan los puntajes menos bajos es la relativa a la violencia que se ejerce contra las niñas, niños y adolescentes, la cual, como ya se vio, en los dos últimos años muestra una peligrosa tendencia creciente, en cuanto al número de homicidios anuales cometidos. A pesar de ello, debe precisarse que, al tratarse de una variable que mide el porcentaje de muertes

por homicidio de menores de cinco años, respecto del total de asesinatos cometidos en un determinado territorio, al haberse elevado en casi 100% el número de homicidios contra personas mayores entre el 2006 y el 2010, las muertes de niñas y niños en la primera infancia tiene un peso relativo menor. Debe mencionarse que el año con el récord de más asesinatos cometidos contra niñas y niños en el rango

de edad considerado ha sido el 2009, en el que se contabilizaron 232 casos. En la Dimensión de Violencia ejercida contra las niñas y niños de 0 a 4 años, las entidades con mejores puntajes son Coahuila, Quintana Roo y Colima, en donde se estimaron resultados por arriba de los 7 puntos. Las entidades peores evaluadas son Sinaloa, con 4.6; Baja California Sur con 4.4; Campeche con 1.6 e Hidalgo con 1.2.

Número de homicidios anuales cometidos en contra de niñas y niños de 0 a 4 años 232 202

199 177

179 183

176

165

155

126

Fuente: elaboración propia con base en los datos sobre mortalidad de www.inegi.org.mx 2001

7.3 7.1

2002

2003

7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Dimensión de Violencia 6.7 6.6 6.6

6.6 6.5 6.4 6.4 6.3

Nivel de logro por entidad federativa 6.2

6.0 6.0

6.0 5.9 5.9 5.6

5.6 5.5 5.4

5.4

5.3

5.1

4.6 4.4

1.6

Hidalgo

B.C. Sur

Campeche

México

Sinaloa

Jalisco

Yucatán

Chiapas

Nayarit

Oaxaca

Guerrero

Zacatecas

Promedio Nacional

Querétaro

Nuevo León

Puebla

Michoacán

Guanajuato

Veracruz

Morelos

Tabasco

Tlaxcala

S. L. Potosí

Distrito Federal

Baja California

Aguascalientes

Durango

Tamaulipas

Chihuahua

Colima

Sonora

Coahuila

Quintana Roo

1.2

a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

{ EDITORIAL} 5.9

Al ser una de las principales economías del planeta, resulta paradójico que en el país haya todavía cientos de niñas y niños que viven con un nivel de carencias tal, que no tienen acceso a la ingesta diaria de calo6.2

5.9

rías y proteínas requeridas para una buena salud e incluso, para garantizar su supervivencia. En esta dimensión es interesante observar que los niveles de incidencia de ciertos padecimientos, tales como las infecciones intestinales y las infecciones respiratorias agudas, hacen que los peores valores

4.9 4.9 4.9

4.8 4.8

Nayarit

Yucatán

Guerrero

Durango

3.0 3.0 2.9 2.8

Aguascalientes

Chiapas

3.1

obtenidos no se registren necesariamente en las entidades más pobres. Por lo anterior, el resultado del índice indica que los peores valores los obtienen los estados de Nayarit, Yucatán, Guerrero, Aguascalientes y Durango, desplazando a Chiapas a la sexta posición y a Oaxaca a la novena.

5.6 5.0 5.0 5.0

Tabasco

Zacatecas

Jalisco

3.4 3.4 3.4 3.3 3.3

Oaxaca

3.5

Sinaloa

3.7

Hidalgo

Campeche

3.9 3.9

Colima

4.0

Tlaxcala

Chihuahua

4.1

S. L. Potosí

B.C. Sur

Guanajuato

Morelos

4.4 4.4 4.3 4.3

Promedio Nacional

4.6

Dimensión de Educación 4.7

4.6

Nivel de logro por entidad federativa 4.5 4.5 4.5 4.5

4.4 4.4

4.3

4.2 4.2

4.1 4.1

3.9

3.8 3.4

3.2 3.2 2.5

2.1

a b r i l 2013

MÉXICO SOCIAL

Oaxaca

Veracruz

Guerrero

Hidalgo

Puebla

Michoacán

Morelos

Guanajuato

Promedio Nacional

Chihuahua

Campeche

Yucatán

México

Tlaxcala

Querétaro

Sonora

Quintana Roo

Nayarit

Baja California

Tamaulipas

Aguascalientes

Durango

Zacatecas

Colima

B.C. Sur

S. L. Potosí

Sinaloa

Tabasco

Jalisco

Coahuila

Nuevo León

Distrito Federal

1.4

0.8 Chiapas

2. Dimensión de salud y alimentación

Nivel de logro por entidad federativa 4.7

Querétaro

Sonora

Michoacán

Puebla

México

Coahuila

Veracruz

Nuevo León

Distrito Federal

Tamaulipas

Dimensión de Salud y Alimentación 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8

Quintana Roo

Baja California

5.2

Dimensión de Pobreza y Bienestar Nivel de logro por entidad federativa

7.3

7.2

7.1

3. Dimensión de educación

4. Dimensión de pobreza y bienestar

En esta dimensión las entidades con menores índices de pobreza y con mayor nivel de desarrollo humano son las que obtienen los mejores niveles de logro, destacando el Distrito Federal, Nuevo León y Coahuila; destacándose además que en los peores lugares, además de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se encuentran estados como Veracruz, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Guanajuato.

Esta dimensión muestra un panorama sobre las condiciones estructurales que determinan en gran medida los niveles de incumplimiento de los derechos de la niñez mexicana, lo cual, de la mano de la enorme desigualdad, provoca que prácticamente desde la niñez, México resulte un país que propicia profundas brechas de inequidad y división entre sus habitantes.

6.8 6.4 6.4

6.3

6.2 6.2

6.1 6.1

6.0

5.9

5.8

5.7 5.7

5.6 5.6

5.4

5.3

5.1 5.1 5.1 5.1 4.5 4.5

4.2

3.9

3.7

3.2

Guerrero

Chiapas

Oaxaca

Veracruz

Puebla

Michoacán

S. L. Potosí

Hidalgo

Tabasco

Durango

Promedio Nacional

Campeche

Morelos

Tlaxcala

Zacatecas

Guanajuato

Yucatán

Sinaloa

Nayarit

México

Querétaro

Sonora

B.C. Sur

Quintana Roo

Chihuahua

Tamaulipas

Jalisco

Baja California

Colima

Aguascalientes

Coahuila

Distrito Federal

Nuevo León

0.8 0.7 0.7

NOTAS Y REFERENCIAS: I.

Existen versiones electrónicas de los Índices previos, en los siguientes enlaces: a) http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/Inv_Finales_08/ DP3/Sis_nin/ninez/datos/vigia.pdf; b) http://www.observatorioperu.com/lecturas/La_edad_escolar_revista%20vigia.pdf; c)

II.

Se toman estas variables debido a que, en el marco de la información oficial disponible, son las que permiten desagregar información para el grupo de edad considerado. En esta dimensión los datos se desagregan por grupo de edad, pues también hay una diferencia esencial cuando se ejerce violencia que deriva en homicidios en contra de niñas y niños de 0 a 1 año, respecto de la que viven quienes tienen entre 1 y 4. A pesar de que ambas son inaceptables, el texto citado de UNICEF alude a la crueldad implícita en la desprotección, sobre todo de los más pequeños. Como puede verse en los anexos estadísticos, las probabilidades de vivir actos extremos de violencia sí se modifica en función de la edad de las niñas y los niños.

III.

Véase por ejemplo el capítulo sobre los nuevos riesgos sociales que escribo en: Murayama y Lomelí, (Coords.), Determinantes sociales de la Salud, SS, México, en prensa.

IV.

Es importante destacar que como en todo cálculo estadístico, la presencia de valores extremos afecta sensiblemente el valor de la media, por lo que considerar el valor de la mediana, que sería de 5.2, podría contribuir a dimensionar mejor la situación de cada entidad en la ordenación nacional.

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Infancia

Una Ley que los 38

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Me propongo exponer, de manera sucinta, un panorama general de la situación que guarda el fenómeno de la trata de personas en México, haciendo énfasis en la protección con la que, desde el punto de vista del marco jurídico, cuentan las niñas y los niños frente a este fenómeno a raíz de la publicación en junio de 2012 de la nueva Ley General en la materia(I)

Elena Azaola

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

proteja

Elena Azaola Antropóloga y psicoanalista, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. eazaola@ciesas.edu.mx

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Infancia

sta Ley tiene como antecedente la reforma constitucional en materia de derechos humanos, expedida en junio de 2011, la cual agrega un componente especial para la construcción de la Ley General en materia de Trata de Personas. Un par de datos generales nos permiten tener una imagen de la magnitud del fenómeno de la trata de personas: En noviembre de 2011, la Organización de las Naciones Unidas emitió un reporte en el cual señala que, cada año, entre 700 mil y 2 millones de mujeres y niñas son traficadas a través de las fronteras internacionales, la mayoría de ellas con la intención de ser vendidas y explotadas sexualmente(II). Nuestro país es lugar de origen, tránsito y destino de trata y ocupa el 5º lugar en el mundo por el número estimado de víctimas y el 3º en cuanto a delitos cibernéticos, la mitad de los cuales están relacionados con pornografía infantil(III) Desafortunadamente, como lo ha hecho notar Mario Luis Fuentes, a pesar de los avances en el marco jurídico que tipifica la trata de personas, los ámbitos en los que se ha logrado avanzar muy poco son los relativos a las políticas de prevención, investigación y persecución del delito, así

como en la protección y atención adecuada a las víctimas, ámbitos en los que, apunta, “las lagunas persistentes han provocado un reinado absoluto de impunidad a favor de los perpetradores”(IV). En lo que se refiere a los instrumentos internacionales, el Protocolo de Palermo es el que mejor perfila este delito en toda su complejidad. Pero, no obstante que fue ratificado por nuestro país desde 2003, nuestras instituciones de protección y de procuración de justicia no lo han empleado para proteger a las niñas y los niños que han sido sujetos de trata en México ni para sancionar a los responsables. Lo mismo ha ocurrido con otros instrumentos internacionales en los que también podrían apoyarse jueces y abogados para perseguir este tipo de conductas, como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. El Protocolo de Palermo señala que “por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación

Para prevenir adecuadamente este delito deben tomarse en cuenta los riesgos que existen particularmente para las y los menores de edad, por el uso de la teleinformática, ya que hoy en día una de cada cinco víctimas de trata de personas ha sido contactada por Internet, según informó recientemente el director de Seguridad y Privacidad de Microsoft México. Asimismo, es necesario tomar en cuenta que, de acuerdo con datos del inegi, en México hay 33.8 millones de internautas, 40% de los cuales tiene menos de 19 años, siendo 9.8 millones de adolescentes de 12 a 18 años y 5.7 millones de menores de 11 años los que cuentan con acceso a Internet(VI). Por otra parte, el IFAI informó que tan sólo entre 2009 y 2011 se registraron 5,582 denuncias por pornografía infantil(VII).

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de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”(V).

Homologar las sanciones y el tipo penal La Ley de 2007 requería modificaciones para configurar el delito, particularmente en lo relativo a los medios comisivos y los fines, asuntos que era prácticamente imposible demostrar. Además, tenía como excluyente de responsabilidad el consentimiento de la víctima, lo que es contrario a los principios propuestos por los instrumentos internacionales en la materia. Otro obstáculo para poder perseguir y castigar el delito era el relativo a los medios comisivos, es decir, los recursos de los que el tratante se vale usualmente para cometer el delito (engaño, chantaje, sometimiento, enamoramiento, secuestro), y ello porque eran las víctimas quienes tenían que demostrar y convencer al Ministerio Público que habían sido engañadas, seducidas, et-

cétera, cuando sus circunstancias lo impiden, además de que, sin una ley general, cada entidad federativa había definido las conductas de manera distinta y ello también propiciaba que los tratantes se movieran de una entidad a otra para evadir la persecución. De este modo, la Ley General que entró en vigor a partir de 2012 tiene como propósito principal homologar, en todo el país, las sanciones y el tipo penal, evitando que la carga de la prueba recaiga en la víctima y prescribiendo la obligación de atender y brindar protección tanto a la víctima como a sus familiares y a los testigos. En cuanto a los órganos encargados de perseguir este delito, el desempeño de la fevimtra fue ampliamente cuestionado, ya que, desde su creación en febrero de 2008 y hasta octubre de 2010, logró atender 386 denuncias, canalizó 139 averiguaciones previas y consignó 45, mientras que sólo obtuvo 17 órdenes de aprehensión y una condena(VIII). Estos datos ponen de manifiesto la falta de interés que ha habido en nuestro país por perseguir y sancionar a los responsables de este delito. Sara Irene Herrerías, quien fuera responsable de la fevimtra, confirmó recientemente las dificultades para integrar las averiguaciones, lograr autos de formal prisión, consignaciones bien sustentadas y posteriores sentencias condenatorias, debido a la complejidad que implica la integración de los elementos del tipo penal de acuerdo con la legislación de 2007. Asimismo, hizo notar la limitada competencia de la Fiscalía que principalmente se reducía a los casos de víctimas de procedencia extranjera que son captadas desde México o bien de mexicanas que son trasladadas a otros países(IX). El caso de una adolescente hondureña, quien denunció a funcionarios del Instituto Nacional de Migración por haberla privado de su libertad en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, y de haberla prostituido, además de golpearla y amenazarla para que no denunciara estos hechos, fue uno de muchos en los que la Fiscalía mostró su incompetencia, pues, no obstante que los funcionarios fueron aprehen-

NOTAS Y REFERENCIAS: I. Me refiero a la “Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos”, publicada por el Diario Oficial el 14 de junio de 2012. II. “Trafican al año hasta 2 millones de mujeres. La ONU destaca la discriminación y violencia contra ese sector”, El Universal, 10 de noviembre, 2011. III. “ECPAT Internacional: Guía de prevención del delito cibernético”, 2006, Secretaría de Seguridad Pública. IV. Mario Luis Fuentes, Editorial en: Esclavos del Siglo XXI. Revista México Social, CEIDAS, Año 1, núm. 14, septiembre de 2011, p. 2. V. Definición citada en la Exposición de Motivos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, 2011. VI. Horacio Jiménez, “Contactan en Web a una de cada cinco víctimas de trata”, El Universal, 30 de Octubre de 2011 VII. “Advierten sobre amenazas cibernéticas. Buscan disminuir riesgos en la red”, Reforma, 23 noviembre, 2011. VIII. La decisión fue también criticada por interrumpir el trabajo de grupos de especialistas que, con tanto esfuerzo, se había logrado capacitar. Véase Lydia Cacho, “Le robaron la brújula a Calderón”, Reforma, 4 de octubre de 2011. IX. Sara Irene Herrerías, “Combate a la trata de personas”, en: Esclavos del Siglo XXI. Revista México Social, CEIDAS, Año 1, núm. 14, septiembre de 2011, p.p. 38-40. X. Artículo de la diputada Rosi Orozco publicado en Reforma, 23 de noviembre, 2011. XI. Carina García, “Combate a la trata, sin recursos para operar por olvido de diputados”, en: El Universal, 23 de noviembre, 2011.

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Nuestras instituciones de protección y de procuración de justicia no han empleado los instrumentos internacionales para proteger a las niñas y los niños que han sido sujetos de trata en México ni para sancionar a los responsables didos, fueron posteriormente liberados, ya que la Fiscalía no logró integrar adecuadamente la averiguación(X).

La Ley General El reglamento con el que cuenta la nueva Ley General establece no sólo los tipos penales del delito y sus sanciones, sino que también prevé medidas de protección, atención y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, así como la distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Asimismo, el reglamento señala que, en todos los casos, la sentencia condenatoria que se dicte deberá contemplar la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el juez de la causa con los elementos que las partes le aporten o aquellos que considere procedentes a su juicio, en términos de la ley. Además, estipula que el consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su edad y en cualquier modalidad de los delitos previstos en la ley, no constituirá causa excluyente del delito. Asimismo, que no se procesará a las víctimas del delito de trata de personas por la comisión de otros delitos, que hubiesen sido obligadas a cometer bajo amenaza o coacción de sus victimarios que les impidiera oponerse a realizarla, mientras estuvieran sujetas a su control. Entre los criterios que estipula la nueva Ley para la interpretación, aplicación y

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cumplimiento de sus objetivos, destacan: 1) el de máxima protección, entendida como la obligación de cualquier autoridad de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas y los ofendidos; 2) el de interés superior de la niñez, mediante el cual se entiende que, cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, las disposiciones aplicables de la nueva Ley se orientarán a procurarles los cuidados y asistencia que requieran para un crecimiento y desarrollo plenos. El ejercicio de los derechos de los adultos no podrá condicionar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y 3) el de presunción de minoría de edad, mediante el cual se establece que, cuando no pueda determinarse la minoría de edad de la persona víctima o exista duda sobre su edad o documentos de identificación, o no se cuente con dictamen médico de identificación, se presumirá ésta. Más allá de los buenos propósitos que animan a la nueva Ley, queda claro que la voluntad de hacerla cumplir cabalmente sigue siendo muy frágil o inexistente. Baste señalar como ejemplo que, mientras las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados solicitaron para 2012 un presupuesto de 53 millones para la creación de un banco de datos en materia de trata de personas así como para poder iniciar el programa para prevenir y sancionar este delito, solamente obtuvieron 4 millones. Ello implica que no será posible reforzar la persecución, reparar el daño y adoptar medidas de protección de identidad para las víctimas, así como tampoco podrán financiarse estrategias contra el turismo sexual ni se apoyará con recursos a las organizaciones civiles que brindan atención a las víctimas(XI). En conclusión, y como resulta evidente, el único cambio que se requiere es proteger eficazmente a los niños y niñas de la trata, así como darles atención y hacer justicia en el caso de que hayan sido víctimas. Contar con una ley que los proteja solamente en el papel en nada modificará sus circunstancias ni mejorará sus perspectivas de vida.•

Infancia

GERARDO SAURI SUÁREZ Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de los Derechos Humanos del DF. Es pedagogo, egresado de la UNAM, con estudios superiores en la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Chicago. Es Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO. Ha desarrollado un liderazgo en diferentes ámbitos de trabajo en materia de derechos humanos, en particular con el tema de infancia, desde el cual se ha articulado en diferentes agendas de política pública, tanto a nivel federal como local, así como en diversos organismos internacionales.

DOS RETOS

FUNDAMENTALES En los últimos días de febrero circularon en medios de comunicación dos noticias muy preocupantes de casos que permiten reflexionar en al menos dos retos estructurales en materia de derechos de la infancia, a casi 23 años de vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño de la onu Gerardo Sauri

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or un lado, un niño de 13 años fue asesinado en el estado de Zacatecas por un grupo armado junto con otras cinco personas, entre ellas su madre, y ha sido denominado como “niño sicario” por algunos medios de comunicación, debido a que en días anteriores había sido detenido “autoinculpándose” del supuesto asesinato de unas 10 personas, y luego puesto en libertad por ser inimputable penalmente, después de ser exhibido y su nombre revelado públicamente. En redes sociales hay personas que expresan su beneplácito por dicho asesinato y funcionarios públicos plantean bajar la edad penal para que en estos casos personas a menor edad puedan ser consignadas ante la autoridad. Otra noticia se refiere al asesinato a golpes de un niño de dos años de edad por parte de su madre y su padrastro en Nogales, Sonora, debido a que, según señalan los medios de comunicación, el niño lloraba. Este tipo de acontecimientos son cotidianos en el país. Si bien en ambos casos se trata de asesinatos de niños, en el primero prevalece la criminalización del niño por su vinculación supuesta con grupos de delincuencia organizada y en el segundo son la madre y el padrastro los señalados como “monstruos criminales”.

El reto sociocultural

del Estado como garante de los derechos de la infancia. Estas concepciones tienen su origen en estructuras adultocéntricas que se consolidaron históricamente bajo el supuesto de que las niñas y los niños no tienen otra opción que la de asumir un rol pasivo, sumiso y resignado frente a lo que las personas adultas determinen qué les es mejor para sus vidas. El adultocentrismo tiene como un eje principal, la idea de que niñas y niños más que responsabilidad, son propiedad de las personas adultas, se transita desde nociones como el deber de formar y disciplinar hasta la creencia de que con la vida de niñas y niños puede hacerse lo que sea, lo cual es origen de muchos abusos. Como consecuencia de la idea de propiedad, se establece la noción de privacidad, que supone que nada de lo que ocurra en el campo de lo familiar debe ser del ámbito público. Dicha noción no sólo permite el ocultamiento de abusos al interior de la familia, sino lo que es peor: esconde la responsabilidad del Estado de garantizar las condiciones para que las familias sean el espacio más propicio para el desarrollo de niñas y niños mediante políticas públicas apropiadas y la inversión del gasto público adecuado para tales propósitos. En el terreno de las barreras socioculturales, los derechos de niñas y niños, más que como garantías, son vistos como impedimentos para su cuidado y crian-

La promoción de la participación infantil debe ser una obligación de las políticas públicas y del mundo adulto, como una de las estrategias principales para trastocar el fondo de la estructura adultocéntrica

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

De acuerdo con condiciones como edad, género, situación económica, origen étnico, habilidades físicas o psicológicas, entre otros factores, niñas y niños siguen siendo considerados o como “ángeles” o como “demonios”, pero no como personas con derechos plenos. Bajo esta idea, las conductas de niñas y niños, así como de las personas adultas con las que se relacionan, no son consideradas en su contexto social, sino reducidas a conductas individuales que, al traducirse en políticas públicas y marcos jurídicos, derivan en medidas estrictamente punitivas (ya sea hacia niñas y niños o hacia personas adultas), descuidando el abordaje de las responsabilidades a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

Infancia za. Los derechos de la infancia se convierten frecuentemente en el argumento bajo el cual no se permite a las personas adultas ejecutar las medidas disciplinarias y de sanción que son necesarias para evitar lo que se supone son naturales tendencias a la desviación de las conductas propias de niñas y niños. Se suele argumentar que los derechos de la infancia han construido un mundo permisivo, irracional e irresponsable que es el que causa que niñas y niños, pero sobre todo adolescentes, no tengan los límites necesarios para sus conductas y, por tanto, a ello se atribuyen fenómenos como las adicciones, la delincuencia, la irresponsabilidad y la desobediencia. Por ello es que a la emergencia de los derechos se la busca acotar con la idea de las obligaciones-responsabilidades de la infancia y a solicitar la mano dura en contra de quienes delinquen.

Paradójicamente, es a la emergencia de los derechos de la infancia y no a su sistemática violación a lo que se le atribuyen los problemas modernos que enfrentan niñas y niños. Los discursos que lo reflejan proliferan en todos los ámbitos de interacción desde el mundo adulto con niñas y niños: las familias, las comunidades, las escuelas, las instituciones, los marcos de la política y la legislación. Estas construcciones adultocéntricas pre dominantes no sólo niegan o restringen los derechos de la infancia, sino que, en particular, impiden el ejercicio de su derecho a participar en todos los ámbitos de la vida social y política, bajo el supuesto de que no se encuentran preparados para ello. Sin embargo, antes que derecho, la participación es una condición inherente al desarrollo infantil que siempre encuen-

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Se suele argumentar que los derechos de la infancia han construido un mundo permisivo e irresponsable que causa que niñas, niños y adolescentes no tengan límites en su conducta. Se le han atribuido a sus derechos los problemas que enfrentan, y no a su sistemática violación

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El reconocimiento real de niñas y niños como sujetos de pleno derecho debe concretarse como un nuevo “contrato social” del mundo adulto con el mundo de la infancia, a través de un sistema de garantía de derechos y mecanismos de coordinación político-programática que actúen en sinergia tra los espacios para emerger, aun cuando estos sean contraproducentes para la propia vida de niñas y niños. Es por eso que una obligación del mundo adulto en general y de las políticas públicas en particular debe de ser la promoción de la participación infantil, como una de las estrategias principales para trastocar el fondo mismo de la estructura adultocéntrica. El Estado tiene obligaciones frente a los retos socioculturales que impiden el ejercicio de los derechos de la infancia y su reconocimiento como personas sujetas de pleno derecho, por ejemplo, en el sentido de promover mecanismos y espacios para la participación infantil; generar procesos educativos y de sensibilización dirigidos tanto a personas adultas como a niños y niñas para el reconocimiento y autoreconocimiento de su condición de personas portadoras de derechos plenos, hasta sancionar las diversas formas de discriminación ocurridas en todos los entornos.

El reto institucional El reconocimiento real de niñas y niños como personas sujetas de pleno derecho debe de concretarse en lo que expertos como Norberto Liwski (ex vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de la onu) plantea como un nuevo “contrato social” – al estilo Rousseau- del mundo adulto con el mundo de niñas y niños. Dicho contrato social implicaría el desarrollo de mecanismos institucionales de garantía de los derechos de la infancia o lo que se conoce también como un sistema

de garantía de tales derechos, el cual, más que una institución, supone un conjunto de ordenamientos legales, instituciones públicas, y mecanismos de coordinación político-programática que deben actuar en sinergia para la promoción y defensa de los derechos de niños y niñas en todos los ámbitos. Un sistema de esta naturaleza debe descansar en los tratados internacionales en materia de derechos humanos en general y de la infancia en particular ratificados por el Estado mexicano, bajo el amparo de las reformas constitucionales en la materia ocurridas principalmente en el año 2011. En prácticamente toda América Latina, incluido México, se desarrolló desde principios del siglo xx un entramado jurídicoinstitucional dirigido a la infancia bajo un particular concepto de protección encabezado por las “primeras damas” del país: una forma caritativo-asistencial para niñas y niños que se encontraban en condiciones de “abandono”, fuera de los cuidados familiares moralmente aceptables y en condiciones de pobreza. En nuestro país, desde la perspectiva anterior se consolidó lo que se conocería posteriormente como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (sndif), una institución que nació para brindar asistencia a determinado tipo de personas en vulnerabilidad o desventaja social, pero no para garantizar derechos. Frente a dicha institución han desfilado los viejos y nuevos problemas que atentan contra los derechos de la infancia; a la pobreza y el abandono se han sumado proa b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

Infancia

Mientras que para otros grupos de población se han creado instituciones que pretenden la coordinación de las políticas y los enfoques, para el caso de los derechos de la infancia esta opción es descartada sistemáticamente blemas como la trata de personas con diversos fines (laboral, sexual o comercial); la migración de niñas y niños nacionales y extranjeros no acompañada de sus familiares; las diversas formas de violencia social e institucional (incluida la que se produce desde las fuerzas de seguridad pública en diversos niveles); la tortura, el secuestro y la desaparición forzada. Niñas y niños son blanco de diversas estrategias de mercadotecnia y publicidad que imponen pautas de consumo que pueden ser nocivas para su salud, como es el que genera el consumo de alimentos de bajo nivel nutritivo que han convertido al país en pionero en la desnutrición con obesidad infantil. Las políticas sociales dirigidas a la infancia que son desarrolladas por las diversas instancias y dependencias carecen de coordinación tanto en el mismo, como en diversos niveles de gobierno. Independientemente del partido político que se trate, la negativa a intentar un diseño institucional diferente es sistemática y en el mejor de los casos al dif se le adhieren algunas funciones, pero siempre carente de los mecanismos adecuados para garantizar la coordinación de los esfuerzos y la defensa de los derechos. Mientras que para otros grupos de población se han creado instituciones que pretenden la coordinación de las políticas y los enfoques transversales –que no están ausentes del debate sobre su eficiencia y funcionalidad—, para el caso de los derechos de la infancia esta opción es descartada sistemáticamente, en parte quizá por el hecho de que niñas y niños no votan ni cuentan con espacios para que sus voces sean tomadas en cuenta con seriedad,

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como no sean experiencias puntuales de simulación de las formas de participación política de las personas adultas. Las leyes a nivel federal y estatales que se han creado a lo largo de dos décadas bajo el lema de la “protección de los derechos de la infancia” no trastocan la institucionalidad descrita, sino que la reproducen a pesar de que en los propios debates legislativos se llega a reconocer con frecuencia tales debilidades: el factor que termina por reiterar la obsolescencia de dichas instituciones es el presupuesto público, pues para tales propósitos nunca alcanza. Otros mecanismos de garantía de los derechos, como son los jurisdiccionales, enfrentan retos también importantes, en particular el que tiene que ver con el valor que se les da a las declaraciones de las niñas y los niños ante la autoridad judicial y la importancia de que los tratados internacionales en materia de derechos de la infancia sirvan como base para las sentencias judiciales, y que las mismas también afecten a las políticas sociales y no se autolimiten a los aspectos meramente punitivos. Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de 2011 representan una oportunidad privilegiada para construir ese nuevo contrato social con la infancia del que se ha hablado. Principios como los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos y el principio pro persona, que se conjugan con el del interés superior de la niñez, recogidos en los Artículos 1° y 4° constitucionales deben servir como base para el diseño de la relación adultez-infancia. El derecho a la no discriminación, que es considerado el

derecho llave o meta-derecho, consignado también en el propio Artículo 1° establece claramente, entre otras cosas, que ni el género ni la edad pueden ser motivo de discriminación, lo que se traduce en que los derechos de la infancia no pueden ser considerados inferiores a los derechos de las personas adultas. Queda el enorme reto de armonizar todo el ordenamiento jurídico e institucional, así como de construir y fortalecer las políticas públicas que hagan posible el cumplimiento que el Artículo 1º constitucional establece para todas las autoridades en el marco de sus competencias: promover, respetar, proteger y garantizar. Los dos casos citados al principio de esta reflexión muestran que las autoridades en los respectivos estados en donde ocurrieron los asesinatos de estos niños incumplieron

con estas obligaciones antes, durante y después de que los hechos ocurrieran; no es una cuestión menor que el mismo Artículo 1º señale el deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Los casos referidos muestran que en ambas situaciones estos deberes se han “cumplido” de forma por demás limitada: para el caso del niño asesinado por un grupo armado, la suposición sin una investigación adecuada respecto de su vinculación a otro grupo similar parece utilizarse como pretexto para concluirla; para el caso del niño de Nogales, la sanción a los padres será vista como la única responsabilidad del Estado, cuando en ambos casos tendrían que construirse políticas públicas que cumplan de forma integral con todos los deberes señalados.•

ADULTOCENTRISMO • Su eje principal es la idea de que niñas y niños son propiedad de las personas adultas, más que una responsabilidad • Las nociones como el “deber de formar y disciplinar” llegan hasta la creencia de que con la vida de niñas y niños puede hacerse lo que sea • Se supone que nada de lo que ocurra en el campo de lo familiar debe ser del ámbito público, y esta noción permite el ocultamiento de abusos al interior de la familia • Como consecuencia de lo anterior, se esconde la responsabilidad del Estado de garantizar las condiciones para que las familias sean el espacio más propicio para el desarrollo de niñas y niños mediante políticas públicas apropiadas y la inversión del gasto público adecuado

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Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Infancia

Entendiendo a adolescentes y jóvenes

ucho se dice en México, sobre la prevención social del delito y las violencias, que en el foco de la atención siempre se observa a las poblaciones de adolescentes y de jóvenes, sin embargo, en la mayoría de los casos sólo se observa desde la perspectiva de justificar la acción para y contra estas poblaciones. Resulta oportuno iniciar una discusión sobre la forma en que la justi-

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Carlos Cruz

ficación de planes y programas para adolescentes y jóvenes en el marco de la lucha contra el crimen organizado en los últimos seis años ha generado una tendencia de criminalización y deterioro de la vida y la participación de adolescentes y jóvenes. No negamos tres realidades: el aumento de la violencia adolescente y juvenil; adolescentes y jóvenes como grupo poblacional que padece altas tasas de violencia letal asociada a la acción de grupos de delincuencia organizada o a la participación en los mismos, tan-

to como víctimas como victimarios; y, por último, la importancia cuantitativa del segmento juvenil en nuestro país, debido a su número, diversidad social, cultural y económica. En los marcos de observación, las personas adolescentes y jóvenes son un blanco perfecto de acciones punitivas, asistenciales y en pocas ocasiones se planifican acciones de orden sistémico que permitan su desarrollo, protección y participación en el uso, goce y ejercicio de sus derechos. La mayoría de las acciones munici-

pales son colocadas desde el pensar a la persona adolescente o joven como vulnerable, negando incluso que “nadie nace vulnerable”. Son las acciones u omisiones del Estado las que las colocan en vulnerabilidad, donde el enfoque es trabajar contra los factores de riesgo, entendiendo por factores de riesgo “cualquier característica o cualidad de una persona o comunidad que se sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar su salud y que está presente en su ambiente social y físico”. Incluso metodológicamente, en el enfoque de vulnerabilidad son olvidadas las conductas de riesgo que definimos como “las acciones ya sean activas o pasivas que involucran peligro para el bienestar o que traen consecuencias negativas para la salud y comprometen aspectos del desarrollo y consecuentemente tienen consecuencias, siempre están presentes en la persona”. Sobre la base de las consideraciones anteriores, el trabajo en Cauce Ciudadano, A.C. se centra en la posibilidad de desarrollar comunidades y personas resilientes diseñando, ejecutando, evaluando y sistematizando acciones basadas en

factores protectores, y fomentando estos en dos niveles: Factores personales • Mayor CI verbal y matemático • Mayor tendencia al acercamiento • Humor mas positivo • Desarrollo biológico estable Características cognitivas afectivas • Mayor empatía • Mayor autoestima • Mayor motivación al logro • Mayor sentimiento de autosuficiencia • Menor tendencia a sentimientos de desesperanza • Mayor autonomía e independencia • Habilidades de enfrentamiento Podemos, asimismo, analizar el impacto de la guerra contra el crimen organizado emprendida en los últimos seis años, la cual generó una percepción sobre la peligrosidad de las poblaciones de adolescentes y jóvenes en diversos espacios de la política pública, y la tendencia en seguir observando a estas poblaciones desde su peligrosidad para ser perpetradores o víctimas de las acciones del crimen organizado.

Carlos Cruz Santiago Socio fundador y Presidente de Cauce Ciudadano, A.C. Es Egresado del Instituto Histraduth de Israel de Educación No Formal, “Prevención de la Violencia Juvenil”; FELLOW de ASHOKA Emprendedores Sociales, con el proyecto “Desarrollo de Habilidades para la Vida, Generación de Resiliencia y reclasificación de escala de valores con miembros de pandillas y bandas estudiantiles en el norte de la Ciudad de México”; y Fundador de la Escuela latinoamericana para la actoría social juvenil, así como de la Escuela de Habilidades para la Vida “Escuela del Futuro” SEMILLA; e integrante del grupo promotor de la Red de Cultura de Paz. Se define como autodidacta, educador popular y emprendedor social, y se describe socialmente como un pandillero constructor de paz. En 2011 fue premiado por su trabajo en el Continuity Forum.

RIESGO vs PROTECCIÓN En el siguiente esquema podemos observar los efectos de los factores de riesgo y de los factores de protección Percepción del Riesgo

Factores de Riesgo

vs.

Factores de Protección

Vulnerabilidad

Resiliencia

Conductas de riesgo

Auto cuidado

P atrones de afrontamiento eficaces • Estilos de vida saludables •

Rea Castañeda Rogelio, Cauce Ciudadano, A.C., 2009 a b r i l 2013 MÉXICO SOCIAL

Infancia tar medidas sociales que permitan el tránsito por esta etapa etaria en paz, con justicia, participación clara y amplia, a fin de alcanzar expectativas altas y viables. La atención de los jóvenes desde una perspectiva resiliente fortalece el tejido social y no sólo la vida de manera individual; de esta forma donde podemos ver el proceso saludenfermedad en su interacción con la acción comunitaria para evitar las violencias en la vida de las personas. Se observa a estas poblaciones como posibles y potenciales criminales, sin embargo, para atender las problemáticas que impactan a adolescentes a partir de la mala implementación de políticas públicas de desmantelamiento de base social del crimen organizado, es indudable que la justificación atraviesa por seguir observando las variables de riesgo, criminalización y vulnerabilidad. Como se ha visto en Cauce Ciudadano, los adolescentes y jóvenes que desarrollan una vida no violenta o se excluyen de la delincuencia

Si bien desde la protección de las personas puede pensarse en esta lógica, la realidad es que la vulnerabilidad no asume derechos; es asistencial; no permite el desarrollo y la participación; las personas culturalmente pierden su papel proactivo en la resolución de sus conflictos; el Estado pierde la capacidad de interlocución; y el tejido social continua su deterioro. Los factores protectores, por lo tanto, están pensados en las fortalezas y oportunidades que las personas adolescentes y jóvenes deben tener frente a la interacción de los factores de riesgo, disminuyendo esta interacción y transformando las debilidades y las amenazas, así como el posible riesgo y daño que pueden sufrir en su vida como personas biopsicosociales. Esta primer fase se entenderá como la fase de previolencia. Cuando los factores de riesgo interactúan, las figuras del Estado mexicano deben identificar acciones de detección temprana e implemen-

organizada son más comunicativos, informan y se informan críticamente de la realidad que los rodea, demuestran empatía y afecto, son claros en sus simpatías y no gustan del engaño de los adultos frente a supuestos simpáticos; y son carnales en el ejercicio simbólico y significativo del término. Asimismo, son capaces de comunicar y respetarse a sí mismos y a los otros, y asumen estar inmersos en una sociedad donde se responsabilizan de sus actos y esto les permite contar con personas que confían y que apoyan positivamente su desarrollo. En resumen, tienen: a) la habilidad para poder actuar en forma independiente; b) sentido de su propia identidad; c) autorregulación como forma de autogobierno; d) desarrollo de un control de impulsos; y e) habilidad para separarse emocionalmente de una familia, amistad o pareja violenta. Algunas recomendaciones para la acción resiliente con personas adolescentes y jóvenes son:

EVITANDO VIOLENCIA, FOMENTANDO RESILIENCIA Fase pre-violencia

Fase de violencia

Antes de que la violencia surja. Interacción de factores: • Económicos • Culturales • Sociales • Laborales • Familiares • Recreativos • Vecinales • Político/jurídicos • Educativos

Violencia Profesional Violencia Temprana

Políticas sociales que Participación en eviten la interacción de la promoción de seguridad humana los factores de riesgo Promoción de la salud

Detección temprana y medidas sociales

Limitación de las acciones violentas

Prevención y atención al daño Niveles de aplicación de las intervenciones

Rea Castañeda Rogelio, Cauce Ciudadano AC, 2009

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Aprehensión/ Encarcelamiento

Atención de los daños

Readaptación social

Rehabilitación

ADOLESCENTE O JOVEN CON UN COMPORTAMIENTO RESILIENTE Ha desarrollado sus competencias psicosociales de manera natural o adquirida Tiene sentido de propósito y de futuro Afirma a través de expresiones “Yo soy; yo puedo; yo tengo; yo estoy” Desarrolla un sentido de autonomía y responsabilidad Cuenta con la capacidad de resolver problemas y conflictos de manera no violenta

atención a los derechos de adolescentes y jóvenes que son violentados • Impulsar un cambio de paradigma de la represión hacia las adolescencias y las juventudes por el paradigma de la prevención • Transformación de la especialidad en los ámbitos escolares, comunitarios y de las viviendas • Promoción de una cultura de la paz; formación en habilidades para la vida para la prevención de riesgos psicosociales; atención del daño a las víctimas de la violencia; y resolución no violenta de conflictos • Construir un sistema nacional de desmovilización de víctimasvictimarios adolescentes y jóvenes que incluya la protección de sus identidades, la justicia restitutiva y restaurativa; las casas de transición; y el principio de la seguridad humana • Fomentar políticas públicas que generen en las poblaciones adolescentes y jóvenes: disposición y uso de un espacio social comunitario de referencia; sentimiento y manifestación de orgullo de pertenecer a un colectivo; disposición y uso de un espacio de autorreflexión; tener la capacidad de buscar y usar información por sus propios medios; capacidad de autogestionarse/gestionar su vida; y autogestión del tiempo, las tareas y las relaciones familiares y con amigos. De no ser así, las posibilidades de revertir el fenómeno de las violencias en el país estará destinado a per-

der la oportunidad de que mujeres y hombres adolescentes y jóvenes asuman su papel histórico de transformar, junto a las instituciones del Estado mexicano, la realidad impuesta por el paradigma de la represión y la mirada vulnerable y asistencial de los oprimidos.•

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

• Reforzar las conductas positivas que le hacen resiliente • Estimular al adolescente en el desarrollo de su capacidad de participar en pro de su salud y cuidado biopsicosocial • Fortalecer el manejo de la rabia/ enojo y de las emociones en general • Reforzar aspectos de protección familiar y grupal, en su defecto contar con familiares sustitutos • Fomentar la capacidad de reconocer esfuerzos y logros, así como desaciertos en decisiones, para optar por las mejores alternativas en situaciones cotidianas •P romocionar sus elementos positivos que contribuyen a su protección, participación y desarrollo •F avorecer la presencia de un referente positivo •E ntender el comportamiento de las poblaciones juveniles y sus contextos históricos, geográficos, espaciales, de género y generacional •P romover desde el Estado mexicano acciones afirmativas a favor de las poblaciones de adolescentes y jóvenes •E ntender el contexto de discriminación y autoexclusión provocada por la violencia y el delito de crimen organizado. •E ntender que ninguna violencia es privada; todas las violencias son públicas y es el Estado quien debe mediar y atender el daño generado propiciando la reparación y el principio de no repetición •R econocer y brindar especial

qué es

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Infancia

Nashieli Ramírez Fundadora y coordinadora general de Ririki Intervención Social, organización que trabaja por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y por el desarrollo de sus familias y comunidades. Cuenta con una especialidad en Investigación Educativa de la UNAM. Actualmente es Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil; de Radio Ciudadana del IMER; y del Observatorio de Políticas Públicas y Derechos Humanos. Ha participado en el diseño, instrumentación y operación de programas y estudios sobre indicadores de infancia, entre los que destaca la Infancia Cuenta en México en sus versiones del 2005 al 2009; formación de profesores; promoción social; organización y participación social; fortalecimiento municipal; programas sociales; desarrollo y microfinanciamiento rural; equidad y género; y derechos humanos, tanto en el ámbito de la administración pública, como en el no gubernamental.

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Tendencia con rostro infantil Cada minuto se registran dos muertes por suicidio en el mundo. Este fenómeno es la tercera causa de muerte en adolescentes a nivel global y también en nuestro país; según la Organización Mundial de la Salud, casi 80 mil adolescentes se suicidan anualmente y al menos 3 millones, en su mayoría mujeres, lo intentan

Nashieli Ramírez

l suicidio es resultado de muchos factores individuales y sociales, y es sin duda multidimensional y complejo, no en vano Albert Camus lo refería como el único problema filosófico serio. Entre 1990 y 2010, según cifras del inegi, la tasa de suicidios se duplicó, pasando de 2.3 a 4.5 suicidios por cada 100 mil habitantes; esta tendencia tiene sin duda rostro infantil y juvenil, ya que en ese mismo periodo se multiplicó por ocho en niñas y niños de entre 10 y 14 años (de 2.1 a 17.7) y casi se triplica en adolescentes de entre 15 y 19 años (de 4.9 a 13.6). Ocho de cada diez suicidas son hombres, sin embargo, en menores de 18 años esta proporción disminuye a seis. El 80% de estos niños y adolescentes viven en ciudades y siete de cada diez lo hace por ahorcamiento. Destaca que el 30% de las mujeres que se suicidan transitan por la infancia o adolescencia.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2012) reporta que la prevalencia de intento de suicidio entre adolescentes también ha aumentado, pasando de 1.1% en 2006 a 2.7% en 2012. El incremento es básicamente femenino, ya que mientras en ese periodo la participación de las adolescentes pasó de 1.7% a 4.6%, la de los adolescentes transitó sólo de 0.6% a 0.9%. Otro dato relevante es la disminución de la edad, ya que mientras en 2006 la mayor incidencia se presentaba entre los 17 y los 19 años, en 2012 se ubica entre los 13 y los 15 años de edad. Finalmente, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones (2008), 10% de los adolescentes (de 12 a 17 años), reporta ideación suicida en los últimos 12 meses. El suicidio, dicen, es la suma algebraica de una serie de causas, en el caso de población infantil y adolescente, la ecuación es de primer grado. Está documentado que en el 80% de los casos hay antecedentes

de depresión y la gran mayoría de las investigaciones apuntan que el suicidio en esas edades es altamente factible de prevenir, con acciones que van desde el establecimiento de mecanismos de comunicación, la atención oportuna a trastornos psicológicos o psiquiátricos y la protección ante factores de riesgo ubicados en los entornos familiares y escolares. De estos últimos destacan en nuestro país lo entornos violentos, vinculados no en pocas ocasiones con las adicciones, las pérdidas al interior de la familia o la aceptación de los pares y de las parejas. Pero en casi la totalidad de los casos en menores de edad, los potenciales suicidas mandan pistas. Entre el 70% y 75% lo hacen con anuncios verbales o por escrito. Los estudios nos hablan de que en promedio las mujeres realizan cinco intentos antes de consumar el suicidio, mientras que sus pares varones lo logran en promedio en su segundo intento. Tenemos, sin lugar a dudas, un mundo adulto en los hogares y en las escuelas que no está leyendo las señales. Ante la ausencia de institucionalidad en la protección, muchos adolescentes, sobre todo de clase media, están utilizando las redes sociales como espacios de apoyo, entre las que destaca Tumblr. Creada en 2007, esta plataforma de microblogging tiene una amplia red de usuarios que manejan blogs de contención referidas a las lesiones autoinfligidas (selfharm, selftinsure), pensamiento positivo (dailyreasonswhy) y depresión, entre otras. Tumblr cuenta con casi 50 millones de blogs que frecuentan 120 millones de usuarias y usuarios que realizan un promedio de 67 millones de publicaciones en un promedio de más de dos horas y media al día en la web, un tiempo promedio sólo superado por Facebook. Son espacios de autocuidado entre pares, pero también, en no pocos casos, son ambientes que pueden producir el efecto contrario. Y mien-

tras tanto, niñas, niños y adolescentes alimentan cada vez más la estadística de suicidio, ante la ausencia de políticas públicas en salud mental dirigidas a esta población, que asuman que los trastornos mentales en la infancia tienden a persistir hasta la edad adulta, y que casi la mitad de los trastornos en adultos inician antes de los 14 años de edad. Actualmente, según la oms, dos de cada 10 adolescentes sufren depresión y la Unicef reporta en su Estado Mundial de la Infancia que los factores de riesgo de problemas de salud mental incluyen maltrato infantil; violencia intrafamiliar y en la escuela; exclusión social y educativa; exposición a violencia institucional y comunitaria. Sin duda, hay mucho camino que recorrer en un país en donde, en lo general, persisten el estigma y poco conocimiento en general en este ámbito. Ejemplo de lo anterior es el resultado de La Agenda Ciudadana promovida por la unam (2013), en la que de los 10 retos propuestos como prioritarios para lograr una mejor calidad de vida desde la ciencia, la tecnología y la innovación, la atención a la salud mental quedó en último lugar con tan sólo el 5% de los votos. Y es que no comprendemos aún que alcanzar la salud mental, tal y como la define la Organización Mundial de la Salud, como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (2012), requiere de la generación de habilidades sociales y para la vida y de construcciòn de factores resilientes desde la primera infancia. Hoy tenemos cada vez más niños y adolescentes que suman ventajas al ser invisibles, parafraseando un libro y una película actualmente de moda, y los adultos abonamos mu-

cho a esta lógica, considerando, de manera equivocada, que los problemas, la ansiedad y la depresión son directamente proporionales a la edad. Y no vemos las señales, y si las registramos, las minimizamos, señales como el asilamiento; la tristeza; los mensajes verbales, escritos o dibujados (en los mas pequeños); signos de despedida, como regalar pertenencias valoradas; entre otras. Es necesario estar alertas a lo que algunos autores consideran como las cuatro fases del proceso suicida: 1) solicitud de ayuda; 2) plan para la acción; 3) autoflagelación, consumo de pastillas y la confesión a terceros cercanos; y 4) ejecución; y es necesario revertir la tendencia de incremento en la incedencia de suicidio en la población infantil y adolescente, porque en esta etapa aplica la sentencia clásica de Durkheim de que el suicidio es contagioso.•

¡ALERTA!

80%

DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES suicidas viven en ciudades

7niños dey cada 10 adolescentes se suicidaron por ahorcamiento

30%

¡ALERTA! de las mujeres

que se suicidan son niñas o adolescentes

80%

de los casos presentaron antecedentes de depresión

2 de cada 10 adolescentes sufren depresión

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Infancia

Roberto Castellanos Cereceda Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es investigador de la Fundación Este País. Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, realizando investigación sobre bienestar subjetivo y políticas públicas; Maestro por el Instituto de Estudios del Desarrollo en la Universidad de Sussex, Reino Unido y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Ha sido consultor de diversos organismos internacionales, incluyendo el Sistema de Naciones Unidas y Unicef; ha publicado diversos libros en coautoría y artículos en materia de derechos de la infancia, especialmente sobre trabajo infantil, y también sobre temas desarrollo social. Algunos de sus trabajos han sido publicados en la revista Este País, Nexos y Milenio Diario. Ha impartido y facilitado talleres y reuniones sobre temáticas diversas, y también ha sido ponente en encuentros y foros. Correos electrónicos: rcastellanos@ comunidad.unam.mx y robertocastell@gmail.com

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Desdibujada y dispersa Los retos que enfrenta la agenda para el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en México son variados, pero el principal es sobre todo uno: la carencia de una auténtica agenda compartida. Para ser más preciso, se encuentra desdibujada y, en el mejor de los casos, dispersa en un entramado institucional de programas y actores gubernamentales y sociales que buscan atender, con diferente grado de profundidad y eficacia, los derechos de la niñez mexicana para hacerlos exigibles

Roberto Castellanos

na agenda de políticas y derechos, en casi cualquier tema, debe tener explícitos al menos cinco elementos básicos: 1) prioridades y objetivos; 2) programas y actividades en los que se materialicen aquellos; 3) la participación de diferentes actores, tanto gubernamentales como de la sociedad civil; 4) recursos; y 5) un marco institucional que incluya normas y reglas mínimas de coordinación, responsabilidades, y mecanismos de implementación y de rendición de cuentas, incluyendo elementos básicos de información para la toma de decisiones. Un asunto clave es que para conformar una agenda con perfil definido, ninguno de estos elementos puede funcionar de forma aislada. Deben

estar articulados en una lógica y estrategia propias, de carácter sistémico, idealmente vinculados a un proyecto nacional y de desarrollo más amplios. Es a partir de estos criterios generales, que me parece caracterizan a una agenda de derechos y políticas, que considero que resulta un desafío identificar la existencia de una auténtica agenda para el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en México. El desdibujamiento de esta agenda supone, por otro lado, que se despliegue un esfuerzo social constante para su construcción, con iniciativas variadas y no siempre articuladas entre la sociedad civil y el gobierno. Ilustro el argumento. En 2003, el gobierno federal coordinó la elaboración de un programa, que se constituyó en una agenda, para construir un “México apro-

piado para la infancia y la adolescencia”. El Programa de Acción 2002-2010, como se le nombró, estableció una agenda detallada que enfatizó la importancia de la coordinación intersectorial e interinstitucional, entre organismos y órdenes de gobierno, y con actores no gubernamentales. La creación del Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia buscó materializar parte de esta visión interinstitucional del programa de acción. En 2010, Unicef México presentó el informe Los derechos de la infancia y la adolescencia en México. Una agenda para el presente, en el que retoma un buen número de los planteamientos que ya se habían propuesto en el Programa de acción 2002-2010, incluyendo la importancia de la transversalidad y la coordinación interinstitucional. No es que el informe de Unicef México de 2010 haya sido una reedición de la agenda planteada a inicios de la década pasada. Nada más lejos de la realidad. Se trata más bien de esfuerzos reiterados y recurrentes por construir una inacabada agenda para el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia. Es cierto que las agendas públicas sobre cuestiones sociales son ejercicios en movimiento, dinámicos y cambiantes. Suponen un proceso en el que participan múltiples actores. Las agendas compartidas van transformándose y ajustándose porque las sociedades mismas y los problemas sociales que abordan también cambian, pero una cosa son los ajustes necesarios de una agenda de políticas y derechos, asociados a la transformación de la realidad social que atiende, y otra muy diferente es construir reiterada e inacabadamente esa agenda. El asunto es sustancial si se considera que hay una multiplicidad de ámbitos que obstaculizan la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes ejerzan los derechos que la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución mexicana les garantizan y que en diversos frentes, como el trabajo infantil, la trata, la atención a la población infantil indígena o la participación de los niños en la toma de decisiones, les afectan. Estos problemas son difíciles de enfrentar sin acción colectiva, involu-

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

crando al Estado, a la sociedad civil organizada, a las empresas, las comunidades y las familias. ¿Por qué ocurre este desdibujamiento que redunda en una suerte de permanente esfuerzo de construcción de la agenda de derechos de la infancia? En las siguientes líneas planteo algunas respuestas, acaso tentativas. Se trata de asuntos que también pueden verse como desafíos que en sí mismos deben formar parte de una agenda mínima compartida para garantizar el ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia en México. 1. A pesar de los muy plausibles esfuerzos de sociedad civil, Unicef y del ife, entre otros, para abrir espacios a la participación de la infancia y adolescencia en México para conocer su sentir sobre lo que les importa y cómo ejercen sus derechos, las niñas y los niños no votan por partidos políticos y no se organizan para incidir en la agenda pública. A pesar de representar 34.9% de la población total del país(I), la infancia y adolescencia no es estrictamente un actor en el sentido politológico del término, con intereses reconocidos y capacidad de influir en la agenda y en los temas que les afectan. Su incidencia requiere necesariamente de la intermediación de otros actores, como organizaciones de la sociedad civil (osc), organismos autónomos o internacionales,

598

niños, niñas o adolescentes fallecieron por causas violentas entre enero de 2010 y octubre de 2012

30%

de la población mexicana considera que los niños no tienen derechos porque son

“menores de edad”

programas federales dirigidos a la infancia se ubican en nivel de dispersión u opacidad

(indep, 2012)

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Infancia

Existe un necesario elemento de

representación pública de la infancia y la adolescencia, de las dificultades y oportunidades que ésta puede suponer para los derechos de la niñez y de los retos que implica para la agenda de derechos de la infancia

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y de la autoridad que los reconoce, para interpretar su sentir, intereses y prioridades, y hacerlos parte de la agenda pública. Este no es un argumento para reducir la edad del voto (en lo absoluto), sino un reconocimiento de que existe un necesario elemento de representación pública de la infancia y la adolescencia, de las dificultades y oportunidades que ésta puede suponer para los derechos de la niñez y de los retos que implica para la agenda de derechos de la infancia. Es también un argumento a favor de la construcción de una agenda compartida que pueda integrar de forma coherente la diversidad de perspectivas que ayuden al cumplimiento de los derechos de la infancia. 2. Inversión pública de calidad. La inversión pública en la infancia representó en el periodo 2008-2011, en promedio, poco más de 30% del gasto programable federal (incluyendo el fondo de aportaciones a estados y municipios)(II), monto que luce adecuado si se considera que la población menor de 18 años de edad representa 34.9% de la población total. No obstante, se trata de una valoración demográfica poco ilustrativa de la efectividad de la inversión pública en el cumplimiento de los derechos de la infancia en el país. Una mejor medida sobre la calidad de la inversión pública es la que ofrece el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (indep), un indicador sintético que permite saber en qué medida 163 programas públicos federales (en la edición 2012) tienen un diseño programático adecuado, metas claras y pertinentes y atienden a la población beneficiaria a la que van dirigidos los programas(III). Un análisis de esta herramienta ciudadana, y específicamente de los programas federales dirigidos a la infancia o a agentes que actúan en su favor, muestra que 15 de estos programas tienen niveles de desempeño óptimo o con alto potencial, incluyendo a programas como el Seguro Popular(IV), Escuela segura y Escuelas de calidad; al menos cuatro programas están clasificados como de nivel de desempeño escaso o mejorable, entre

los que están Apoyo alimentario y Habilidades digitales para todos; y destaca que 10 de estos programas se ubican en un nivel de dispersión u opacidad, es decir, no se sabe si cumplen sus metas, cuál es la cobertura de beneficiarios que tienen, ni ofrecen información sobre la calidad de su diseño. Según el indep Liconsa, imss-Oportunidades y las Caravanas de la Salud son programas que se encuentran en este último grupo. Incluso asumiendo un contexto de recursos públicos suficientes para atender a la población infantil del país, la falta de calidad en el ejercicio de esos recursos es un obstáculo para el efectivo cumplimiento de sus derechos. La incapacidad de diseñar e implementar programas que traduzcan los (escasos) recursos públicos en acciones con resultados a favor de la infancia también contribuye a preservar, reiteradamente, temas no resueltos en la agenda pública sobre los que se debería estar avanzando si hubiera una mejor calidad del gasto. 3. Una sociedad que aún no reconoce a los niños como sujetos de derechos. A casi 24 años de que el gobierno mexicano ratificara la Convención sobre los Derechos del Niño, y a 13 años de la publicación de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en México, sólo 60% de la población del país opina que las niñas y los niños deben tener los derechos que la ley les garantiza y 30% considera que los niños no tienen derechos porque son “menores de edad”(V). A pesar de la más reciente reforma legal en materia de derechos humanos que estableció en la Constitución mexicana el interés superior del niño como criterio y guía principal para toda decisión y acción pública que involucre a niños y adolescentes, la sociedad mexicana está lejos aún de reconocer de forma extendida que los niños tienen derechos, que éstos son centrales para su desarrollo integral, que la ley se los garantiza y que la autoridad está obligada a velar por que se cumplan. Este hecho es clave para mejorar la participación de los niños y adolescentes en las decisiones que les afectan, es decir,

para crear entornos favorables en escuelas, familias, hospitales, y otros espacios y procesos decisorios colectivos para garantizar que puedan ser escuchados y tomados en cuenta. Este representa sin duda un serio desafío para la conformación de una agenda compartida para el cumplimiento de los derechos de la niñez mexicana. Al mismo tiempo, toda agenda que se construya a favor de la protección de los derechos de la infancia debería incluir un amplio esfuerzo para que la sociedad mexicana reconozca la importancia de los derechos de los niños y adolescentes y de su cabal ejercicio. 4. E n años recientes han emergido problemáticas sociales con tal magnitud y fuerza que han desbordado las capacidades de la sociedad mexicana y de las autoridades para procesar su alcance, impacto y efectos en la infancia, específicamente en su derecho a la vida y a vivir libre de violencias. Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia, entre 2007 y 2010 la tasa de mortalidad por homicidio en la población de 15 a 17 años de edad casi se triplicó, pasando de 5.3 a 14.4 homicidios por cada 100 mil adolescentes en esas edades(VI). Un conteo hemerográfico hecho por la misma organización indica que entre enero de 2010 y octubre de 2012 han fallecido 598 niños, niñas o adolescentes por causas violentas, presuntamente vinculadas con la lucha contra el crimen organizado. La irrupción de la violencia asociada a la delincuencia organizada y a su combate ha provocado en la sociedad mexicana una creciente atención en la agenda pública al tema de seguridad, sin atender suficientemente aún el impacto específico de este fenómeno en la infancia y la necesidad de enfrentarlo no sólo desde la atención a la inseguridad y el crimen, sino también desde la perspectiva de la protección de los derechos de la infancia que se ven afectados por el incremento en la violencia. Además, el acento casi exclusivo en la violencia asociada al crimen organizado ha dispersado la atención pública sobre un conjunto más amplio y quizá

A pesar de representar 34.9% de la población del país, la infancia y adolescencia no es un actor con intereses reconocidos y capacidad de influir en la agenda y en los temas que les afectan

sistémico de violencias que también afectan a la población infantil y a otros grupos vulnerables y que son precursores de otros crímenes, como la trata de personas. A este respecto, destaca un estudio de ceidas que señala que la población que vive en siete entidades del país (Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Zacatecas) tiene un alto riesgo de ser víctima del delito de trata(VII). En ambos casos, la violencia y la inseguridad provocadas por el crimen organizado y la trata de personas son afectadas por la impunidad, que fomenta su invisibilidad y dificulta aún más su incorporación en una agenda compartida sobre el cumplimiento de los derechos de la infancia. La agenda de los derechos de la infancia debe ser el resultado de un proceso en el que deben participar muchos actores, pero debiera ser sobre todo un mecanismo para que a partir de la definición de objetivos, prioridades, responsables, instrumentos de coordinación y de la rendición de cuentas, la agenda deje de ser un proceso en permanente construcción y se convierta en una herramienta colectiva para el aprendizaje social y primordialmente para el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de México.•

NOTAS Y REFERENCIAS: I. INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, 2010, www.inegi.org.mx II. Unicef, Inversión pública en la infancia y la adolescencia en México 2008-2011, 2012, www.infoninez.mx III. Gestión Social y Cooperación, AC., Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2012, 2012, www.indep.gesoc.org.mx IV. No obstante, hay que advertir que poco más de 37% de las y los niños indígenas mexicanos carecen de algún tipo de protección para la salud y sólo 42.5% de las niñas o los niños menores a tres años pertenecientes a un grupo indígena cuentan con derechohabiencia. Raphael De la Madrid, Ricardo (coord.), Reporte sobre la discriminación en México 2012. Introducción general, 2012, CIDE y Conapred. V. Conapred, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Enadis 2010, 2011, www.conapred.org.mx VI. Red por los Derechos de la Infancia en México, La infancia cuenta en México 2012, 2012, www.infanciacuenta.org VII. CEIDAS, Índice mexicano sobre la vulnerabilidad ante la trata de personas, 2010, www.ceidas.org.mx

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