www.mexicosocial.org Año 6 - No. 77, diciiembre de 2016, Precio: $35.00 m.n.
CDMX La Constitución vista por
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Alicia Bárcena
Hugo Beteta Pablo Yanes
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Ciencia económica:
el debate francés por Laila Porras
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“Señora Secretaria de Educación, usted lo sabe, la economía está en crisis. Es una afirmación que nadie refuta. Esta crisis es una crisis externa pues su capacidad para explicar y comprender el funcionamiento contemporáneo del capitalismo está legítimamente cuestionada por su incapacidad de prever la crisis de 2008 y más todavía de proponer posibles salidas a esta crisis. Es también (y va ligado) una crisis interna consecutiva a la maniobra de purificación ideológica en curso desde hace más de veinte años.”
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sí comienza la carta enviada por la Asociación Francesa de Economía Política (AFEP) a la Secretaria de Educación, Najat Vallaud-Belkacem en días recientes. La AFEP se constituyó a fines de 2009 gracias a la iniciativa de muchos economistas insatisfechos por la orientación académica e intelectual de su disciplina. Como en la gran mayoría de los países, desde hace más de 20 años, el enfoque “ortodoxo” o neoclásico de la economía acaparó la mayoría de los centros de investigación y de las universidades en donde se imparte la disciplina. Este enfoque se puede resumir de la siguiente manera: 1) Sólo ciertos trabajos son considerados como “científicos”: no solamente la modelización es percibida como único trabajo que tiene un real valor sino que los únicos modelos matemáticos considerados como aceptables se basan en la racionalidad de los individuos y el supuesto perfecto funcionamiento de los mercados. Las demás formas de forma-
lizaciones, así como los trabajos empíricos que no utilizan la econometría, no son considerados como relevantes en la “ciencia económica”; 2) La historia del pensamiento económico, la historia de los hechos económicos, el conocimiento crítico de las instituciones, son relegados a los márgenes de la disciplina, cuando deberían de constituir un pilar indispensable; 3) El abandono de todo debate teórico o metodológico en un campo que podría enorgullecerse de haber conocido grandes controversias científicas. Hoy en día, la teoría dominante (neoclásica) pretende cubrir ella sola el conjunto del campo académico en economía, negando la existencia de otros enfoques que pertenecen a otras corrientes académicas (institucionalismo, keynesianismo, marxismo, entre otras); 4) El peligro de la anexión de otras ciencias sociales por una ciencia económica definida como un conjunto de técnicas probadas (teoría de juegos, econometría) en vez de un verdadero dialogo
Desde hace más de 20 años el enfoque “ortodoxo” o neoclásico de la economía acaparó la mayoría de los centros de investigación y de las universidades
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entre las disciplinas; 5) La incapacidad de la economía dominante a proponer una lectura del mundo susceptible de esclarecer y de alimentar el debate democrático. La AFEP no sólo describe y critica el enfoque dominante en la disciplina en Francia sino que es una asociación que aspira a organizar el debate sobre las consecuencias nefastas de la hege-
monía absoluta del paradigma económico dominante que el día de hoy gobierna los institutos de investigación y de enseñanza “verdadero obstáculo a la reflexión colectiva”, puesto que esto ha conducido a un peligroso empobrecimiento del discurso económico. La crisis económica contemporánea ofrece según la AFEP, la ilustración más ejemplar. La ceguera de los economistas
Desde hace más de 20 años el enfoque “ortodoxo” o neoclásico de la economía acaparó la mayoría de los centros de investigación y de las universidades
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La historia del pensamiento económico, la historia de los hechos económicos y el conocimiento crítico de las instituciones son relegados a los márgenes de la disciplina, cuando deberían de constituir un pilar indispensable que los ha llevado a mostrar su incapacidad, no sólo para prever la crisis sino incluso simplemente para considerarla plausible, es a los ojos de la asociación la consecuencia directa de esta situación hegemónica. Por esta razón, la AFEP se propone como objetivo la promoción de un análisis pluralista. La AFEP se volvió un actor insoslayable en el debate sobre el futuro de la ciencia económica en Francia. Su batalla más concreta y de corto plazo es que el gobierno instaure una nueva sección en el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en el seno del Ministerio de Educación. Este Consejo se encarga de la contratación de los profesores e investi-
gadores en las universidades y centros de Investigación. Está dividido por secciones que corresponden a las diferentes disciplinas y campos del saber. La Sección 5 es la Sección de Ciencias Económicas y esta acaparada por una gran mayoría de economistas “neoclásicos”, lo cual tiene consecuencias directas en la marginalización de economistas “heterodoxos” (keynesianos, post-keynesianos, institucionalistas, marxistas, etc.). Ya en 2014 la AFEP había logrado que la Secretaría de Educación considerara la propuesta y pasara un decreto para crear una nueva sección “Economía y Sociedad”. Pero una carta del economista ortodoxo Jean Tirole (con su recién investidura de pre-
La situación actual, que tiende hacia la hegemonía extrema de la economía, en detrimento de las demás ciencias sociales, en vez de una colaboración equilibrada, es malsana
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Colaboración Especial mio Nobel de Economía 2014) a Geneviève Fioraso, la secretaria de Estado encargada de la Enseñanza Superior y de la Investigación, pide que se rechace la reforma solicitada y apoyada por cientos de economistas universitarios en Francia. Esta reforma tan esperada tenía por solo objetivo el hacer reconocer en la universidad un espacio de expresión en ruptura con el pensamiento económico dominante. El decreto fue retirado. Existe de hecho una verdadera convicción de los economistas ortodoxos de poseer el método y la verdad científicas, independientemente de todo sesgo ideológico o político. Eso explica el rechazo escandalizado de la etiqueta “neoliberal” y de toda sospecha de subordinación a los intereses dominantes. En Francia esta maniobra de purificación tiene un rostro más manifiesto e inquietante con la publicación del libro Le Négationnisme économique et comment s’en débarrasser (El negacionismo económico y como deshacerse de él) escrito por Pierre Cahuc y André Zylberberg. Detrás de la violencia del título y del contenido de esta publicación está la idea de eliminar toda forma de discusión política sobre la economía. Decenas de artículos han aparecido en varios periódicos denunciando el propósito de estos economistas y llamando a un dialogo y un debate apacibles. Así como la publicación de una nueva carta, firmada por el presidente de la AFEP y notable economista, André Orléan, cuyo primer párrafo cito al inicio del presente artículo. En esta carta se aboga de nuevo por la promoción de un análisis económico pluralista: “El fracaso de los
economistas frente a la crisis muestra que la comunidad no va bien. Este fracaso está ligado al estrechamiento de las problemáticas reconocidas en ciencias económicas, y a una cierta dependencia normativa respecto a los principios ‘del mercado’”. Se pide de nuevo en esta misiva que se abra la sección “Economía y Sociedad”. Esta sección tendría como objetivo la promoción del pluralismo en economía, como forma -para la comunidad de los economistas- de asumir su lugar en el debate social y político y de rechazar el abordar el debate callando las voces disidentes internas en el campo científico. La diversidad de los análisis económicos -se lee en la carta- es intelectualmente y políticamente una riqueza para la democracia. L’AFEP propone un pluralismo en cuatro sentidos: Pluralismo de los enfoques conceptuales en el sentido en que debe ser aceptado que el debate sobre lo que son los conceptos de base de la economía no está terminado. Las tradiciones de pensamiento económico fecundas son múltiples y no se reducen al “mainstream”: el institucionalismo, el enfoque de la escuela austriaca, el evolucionismo, el enfoque neoclásico, el keynesianismo, el marxismo, etc. Esta diversidad debe ser considerada como una riqueza. Pluralismo de herramientas lo que significa que la economía no se resume en la teoría económica en sentido restringido. Hay otras maneras de hacer avanzar el conocimiento: la historia del pensamiento económico, la historia de los hechos económicos, la reflexión sobre la metodología, la filosofía económica, la sociología
Las políticas de estabilización, liberalización y privatización se encuentran entre las causas del aumento de la desigualdad en salarios y en ingresos y la erosión del papel redistributivo del Estado 12
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económica deben ser consideradas como puntos de vista legítimos e importantes. La reflexión conceptual y teórica progresa siempre en estrecha interacción con los cuestionamientos que esos campos organizan. Pluralismo de disciplinas, lo que significa que la economía pertenece a las ciencias sociales y debe reforzar los lazos con ellas. La situación actual que tiende hacia la hegemonía extrema de la economía en detrimento de las demás ciencias sociales en vez de una colaboración equilibrada, es malsana. La cerrazón de la economía hoy en día encuentra en esta hegemonía una de las raíces más significativas. Pluralismo de puntos de vista, éste debe entenderse sobre todo como la aceptación de una diversidad de posicionamientos de los investigadores en relación al sistema económico. Todas las formas de representarlo: eficiente o no, justo no, equilibrado o no, deben ser aceptadas si éstas son científicamente defendidas. Esperemos que esta vez se escuchen las voces de cientos de economistas venidos de diversos horizontes y corrientes intelectuales, pero todos ellos portadores de la esperanza de ver enriquecido el campo económico, y con ello, aportar consejos y soluciones para alcanzar un mundo más justo. Ojalá también que este debate transcienda fronteras y se comience a discutir en otras partes del mundo, como puede ser el caso de México: qué economía se enseña y para qué. Pues en México los principales preceptos de la teoría neoclásica siguen permeando (inconscientemente o no) la discusión sobre política económica. La reducción del gasto aprobada a rubros como salud y educación, y la justificación de esta reducción en el sentido de que “hay que apretarse el cinturón” aceptada por una parte importante de los políticos, son la prueba de que la famosa frase de Margaret Thatcher: “There is no Alternative”, con la consecuencia conocida de la aplicación de las políticas de rigor, siguen presentes en la ideología dominante.
[1]L’AFEP está constituida hoy por 650 doctores en ciencias sociales, 90% de los cuales son economistas que vienen de varios horizontes: profesores, investigadores, doctores graduados en los institutos de ingeniería y escuelas de comercio (Ecoles de commerce). [2] Ver también sobre el mismo debate : À quoi servent les économistes s’ils disent tous la même chose ? Manifeste pour une économie pluraliste, de Philippe Batifoulier, Bernard Chavance, Olivier Favereau et. al, Editions qui libèrent. Disponible en línea : file:///C:/Users/BOULAN~1/AppData/ Local/Temp/manifeste_pour_une_economie_pluraliste-AFEP. pdf
LAILA PORRAS es Investigadora asociada al Centro de Estudios de Modos de industrialización, Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales (CEMI-EHESS), París. Autora del libro: Inegalités des revenus et pauvreté durant la transformation post-socialiste. Une analyse institutionnelle du cas tchèque, hongrois et russe, Ed. L’Harmattan, Paris, 2013.
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Ciudades pequeñas
y territorios:
interdependencias y oportunidades Julio Berdegué / Felicity Proctor
La reunión Hábitat III celebrada recientemente en Quito ofreció la gran oportunidad de abordar temas que afectan tanto las pequeñas ciudades como a las áreas rurales que las rodean
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as ciudades no son ecosistemas aislados, dependen de la interacción con las áreas rurales que las rodean, lo que se confirma especialmente en los miles de pueblos y ciudades pequeñas de países en desarrollo donde viven 1 700 millones de personas, la mitad de la población urbana del planeta, los cuales interactúan con alrededor de 2 500 millones de personas que habitan en áreas rurales geográficamente contiguas.
Muchos habitantes de zonas urbanas son agricultores o trabajadores en el sector agrícola. Por ejemplo, en Chile, un país altamente urbanizado y con un promedio de ingresos alto, alrededor del 20% de la población de las ciudades pequeñas trabaja en la agricultura, y si sumamos el transporte, el comercio, el procesamiento de alimentos y una amplia variedad de servicios comerciales, este porcentaje es aún mayor.
Estos 4 200 millones de personas no son ni rurales ni urbanas: son ambas. Los mercados, bancos y comercios de una ciudad dependen en gran medida de sus clientes de zonas rurales, y una parte importante del sustento de la población rural depende de la ciudad. Asimismo, las economías de las ciudades dependen de actividades rurales basadas en los recursos naturales, como por ejemplo la agricultura.
No son únicamente los flujos económicos los que conectan el mundo rural con el urbano. La vida comunitaria, las redes sociales, la cultura local y los conflictos y tensiones por los recursos como las tierras destinadas a la expansión urbana, también vinculan los pueblos y ciudades pequeñas con sus entornos rurales. Si se construye un muro inexpugnable alrededor de la ciudad, ésta morirá al igual que el área rural que la rodea.
Los mercados, bancos y comercios de una ciudad dependen en gran medida de sus clientes de zonas rurales, y una parte importante del sustento de la población rural depende de la ciudad.
La Nueva Agenda Urbana, el acuerdo mundial que se alcanzó durante la conferencia Hábitat III, reconoce estas interdependencias entre el mundo rural y el urbano y busca generar apoyo para un planteamiento de desarrollo in-
Los mercados, bancos y comercios de una ciudad dependen en gran medida de sus clientes de zonas rurales, y una parte importante del sustento de la población rural depende de la ciudad
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> En cuanto las mujeres rurales jóvenes en países en desarrollo de América Latina, África y Asia, empleadas en labores no agrícolas, se busca alcanzar el Objetivo 5 (ODS 5) “lograr igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, lo que requerirá apoyo a las industrias de ciudades pequeñas para que creen empleos y que las mujeres sean contratadas. 18
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tegrado entre ambos a fin de lograr los objetivos de la agenda. Estas interdependencias ofrecen valiosas oportunidades para alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo, y para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). Por ejemplo, los habitantes de áreas rurales generalmente no cuentan con vías de acceso a colegios de calidad; sin embargo, suele suceder que la mayor parte de la población de áreas rurales vive a 60 minutos de viaje de una ciudad pequeña (como es el caso de México), por lo tanto, es fundamental mejorar las rutas e infraestructura vial a fin de que los estudiantes puedan viajar a mejores colegios en áreas
urbanas y así lograr el Objetivo 4 (ODS 4) que se refiere a “asegurar educación de calidad e inclusiva para todos”. En cuanto las mujeres rurales jóvenes en países en desarrollo de América Latina, África y Asia, empleadas en labores no agrícolas, se busca alcanzar el Objetivo 5 (ODS 5) “lograr igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, lo que requerirá apoyo a las industrias de ciudades pequeñas para que creen empleos y que las mujeres sean contratadas. Por último, para cumplir con el Objetivo 2 (ODS 2): poner fin al hambre, alcanzar seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible, se requerirá de la
Las interdependencias ofrecen valiosas oportunidades para alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo, y para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible colaboración entre ciudades y las áreas rurales para que éstas tengan acceso a servicios, sistemas de transporte, industrias de procesamiento y agregación de valor, mercados nacionales, regionales y globales y demás condiciones requeridas para aumentar la producción de alimentos y hacerlo de forma sostenible e inclusiva. Si bien los negociadores de la Nueva Agenda Urbana en Quito se han asegurado que un tema principal sea la conexión entre las áreas urbanas y rurales, corresponde a los gobiernos nacionales, a las empresas y a la sociedad civil garantizar que los países cumplan con sus compromisos a favor de un plantea-
miento de desarrollo más justo y equitativo tanto en las ciudades como en sus entornos rurales. Corresponde a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil garantizar que los países cumplan sus compromisos a favor de un desarrollo más justo y equitativo en las ciudades y sus entornos rurales. JULIO A. BERDEGUÉ es investigador de RimispCentro Latinoamericano para el Desarrollo Rural FELICITY J. PROCTOR es investigadora asociada en Rimisp y consultora independiente
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a REBOSAR Hacinamiento, falta de seguridad, corrupción de los funcionarios, frecuentes motines y actos de violencia son algunas de las consecuencias de la enorme población carcelaria en América Latina Ulises Tuero
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as tasas de prisionalización llegan a casi 400 presos por cada cien mil habitantes en EL Salvador, 370 en Costa Rica, 300 en Brasil o casi 250 en Chile, según datos del Institute for Criminal Policy Re-
search. La superpoblación en las cárceles latinoamericanas supone una grave amenaza a los derechos de la comunidad penitenciaria; en la mayoría de los casos estas prisiones superan su capacidad de internos, lo que provoca escasez de recursos. MÉXICO SOCIAL
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Colaboración Especial La superpoblación en las cárceles latinoamericanas supone una grave amenaza a los derechos de la comunidad penitenciaria Algunas han sido calificadas como las peores del mundo. Human Rights Watch y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas denuncian desde hace tiempo las malas condiciones de vida y las violaciones de los derechos humanos de los presos en gran parte de los países de América Latina. Las políticas que promueven un mayor uso de la justicia penal y la prisión favorecen la criminalización de nuevas conductas; así aumenta el número de presos sin que necesariamente crezca la criminalidad. A esto se le suma la falta de planificación sobre su impacto en el sistema penitenciario, que ha supuesto los altos niveles de hacinamiento. Muchas organizaciones, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONODC), piden una reforma penitenciaria y alternativas al encarcelamiento derivadas de un cambio de las políticas penales. Además, la apertura de las prisiones a organizaciones no gubernamentales (ONG), medios de comunicación y sociedad es imprescindible para concienciar del problema y es tarea pendiente en muchos países de América Latina.
Unas cárceles más abiertas supondrían, sobre todo, una mayor visibilidad y conciencia de las malas condiciones de vida de los reos, pero lo más importante es que la apertura a la sociedad rompe las barreras existentes entre las prisiones y la comunidad, lo que “reduciría el estigma social y la marginalización de los presos”, según un informe de Roger Matthews, profesor de criminología de la Universidad de Kent en Reino Unido. Las iniciativas de acercamiento de la sociedad a las cárceles son abundantes en muchos países y consiguen grandes resultados; en algunas cárceles españolas se promueven actividades culturales entre presos y voluntarios. La superpoblación de las cárceles en América Latina afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, personas que, debido a su situación de exclusión social previa, acaban presas en instituciones incapaces de ofrecerles lo necesario para salvaguardar sus derechos más fundamentales. Sólo las alternativas al encarcelamiento y la apertura a la sociedad pueden reducir las tasas de prisionalización de nuevos presos y preparar el camino a la reinserción.
La apertura de las prisiones a ONG, medios de comunicación y sociedad es imprescindible para concienciar del problema y es tarea pendiente en muchos países de América Latina 24
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En China dicen que toda nueva realidad se construye dos veces: una primera vez es en la imaginación. Si los grandes cronistas mexicanos nos han permitido imaginar la gran Tenochtitlan de hace 500 años, el proyecto de Constitución y sus debates nos permiten imaginar a la gran Ciudad de México del futuro. Una ciudad llamada a continuar siendo un referente para nuestra América Latina
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s ampliamente conocido el hecho de que la economía mundial es cada vez más una economía urbana y que la globalización se articula crecientemente en redes de ciudades interconectadas e interdependientes; en los últimos cincuenta años hemos vivido un profundísimo y extenso proceso de urbanización, lo que ha llevado a la definición de América Latina y El Caribe como la región más urbanizada del mundo. Sin embargo, como en casi todo lo que hacemos en la región, estamos frente a una urbanización profundamente heterogénea y desigual que incluye desde pequeñas poblaciones de más de 2 500 habitantes hasta megalópolis como la zona metropolitana de la Ciudad de México que ronda los 20 millones de habitantes. No obstante esta heterogeneidad, lo que sí parece una tendencia incontrovertible es ir hacia la profundización de la urbanización y hacia una economía globalizada también cada vez más urbana. El Objetivo 11 de la Agenda 2030 de la ONU tiene como propósito “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, y establece entre sus metas más significativas: “11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. ”11.2. (De aquí a 2030) proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del trans-
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porte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. ”11.3. (De aquí a 2030) aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. ”11.6. (De aquí a 2030) reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. ”11.7. (De aquí a 2030) proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. ”11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional”. Todo lo anterior se interrelaciona fuertemente con el resto del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030: poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo; garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades; lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas; garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
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sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; construir infraestructuras resilientes; promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación; y de manera destacada, reducir la desigualdad en los países y entre ellos. En el logro de esta ambiciosa agenda civilizatoria global, las ciudades están llamadas a jugar un papel de primer orden, en particular las grandes ciudades que cuentan a su vez con grandes economías. Las economías de la Ciudad de México y del estado de México juntas cuentan con un PIB equivalente al de economías como Colombia, Austria, Tailandia o los Emiratos Árabes Unidos. Las economías de la zona conurbada de la Ciudad de México serían por sí solas la economía 29 del mundo y sólo la Ciudad de México tiene una economía de tamaño similar a la de Portugal o Nueva Zelanda. En términos de producto per cápita, la Ciudad de México tiene casi el doble que el país, rondando, conforme al tipo de cambio promedio del año 2016, los 20 mil dólares, lo que la coloca, según estándares internacionales, como una entidad de altos ingresos, mientras que el país en su conjunto es considerado de renta media. Conforme al indicador de PIB per cápita la Ciudad de México se encuentra en niveles similares a la República Oriental del Uruguay y la República Checa. Por ello la pregunta es inevitable: ¿puede la política de la Ciudad de México ensanchar la base de dignidad y la esfera de ejercicio de derechos a las imperantes en ciudades y países con ingresos similares? ¿Es esto una utopía? En la Cepal creemos que es posible cerrar esta distancia entre el tamaño de la economía y los niveles de bienestar y que el cumplimiento de la Agenda 2030, con las políticas correctas y los recursos adecuados, es ambicioso y realizable.
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Una ciudad con una historia tan larga y tan rica, y con una economía tan grande y compleja, está llamada a pensar también en términos grandes y ambiciosos. Por eso desde la Cepal vemos con el mayor interés y simpatía el proyecto de Constitución presentado por el Jefe de Gobierno y que actualmente discute para complementar, enriquecer, precisar y corregir la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Podemos decir que el proyecto de Constitución, con los cambios y adiciones que la Asamblea Constituyente decida, se encuentra alineada en lo fundamental con dos referentes fundamentales de nuestra época: la profunda reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 en México y los postulados y objetivos fundamentales de la Agenda 2030 y del Pacto contra el cambio climático suscrito en París. Una de las singularidades del proyecto de Constitución que hoy se discute es que fue elaborada por un grupo amplio y plural de personas académicas, expertas e integrantes de organizaciones civiles que buscaron recoger las aspiraciones de una sociedad dinámica y propositiva como lo es la de la Ciudad de México. En esta misma lógica, el Presidente de la Asamblea Constituyente abrió la convocatoria para que toda la ciudadanía que tuviera propuestas para enriquecer el debate y el texto constitucional lo hiciera. Por ello también es significativo que en el reglamento de la Asamblea Constituyente, aprobado por una amplísima mayoría, se haya instituido como principio rector el de parlamento abierto. Asimismo, no podemos dejar de destacar que la junta directiva de la Asamblea Constituyente está conformada en su mayoría por mujeres y que el proyecto de Constitución hace de la búsqueda de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres uno de sus ejes fundamentales. Es claro que el debate sobre el proyecto
En la Cepal creemos que es posible cerrar la distancia entre el tamaño de la economía y los niveles de bienestar y que el cumplimiento de la Agenda 2030, con las políticas correctas y los recursos adecuados, es ambicioso y realizable de Constitución ha sido, como debe ser, intenso, pues en el fondo este debate iluminará también las distintas visiones sobre ciudad y la nación mexicana de cara al siglo XXI. Hemos escuchado muy respetables opiniones que ponen el acento en considerar que el proyecto de Constitución es desmesurado por incluir muchos recursos y por no incorporar la dimensión de los recursos y las necesidades de financiamiento de sus ambiciosos objetivos. No obstante, el proyecto de Constitución incluye todo un capítulo, el II, que se denomina precisamente De la hacienda pública, en donde se estipula que en la Ciudad de México “el ejercicio pleno de los derechos radica en el cumplimiento general de las obligaciones en el marco del pacto fiscal y el compromiso compartido entre las autoridades y la sociedad” y se postula que la dimensión fiscal de la ciudad se basará en los principios de “generalidad, solidaridad, progresividad, honradez, proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas’’. No menos relevante es que se establece la necesidad de una nueva relación fiscal con la federación a fin de que ‘’las participaciones y transferencias federales que reciba la ciudad sean adecuadas a sus funciones de capitalidad y a sus necesidades específicas y que se constituya un sistema de coordinación fiscal basado en un federalismo cooperativo para el principio de subsidiariedad y corresponsabilidad
política y administrativa”. Las opiniones diversas y críticas pueden servir de oportunidad para rediscutir el papel de las finanzas públicas en la promoción del desarrollo y la relación entre los derechos y los recursos para invertir los términos de la ecuación y poner los recursos al servicio de los derechos y no a la inversa. O como lo dice uno de los párrafos del artículo 9 del proyecto de Constitución: “7. La política fiscal y los mecanismos presupuestarios se orientarán al cumplimiento efectivo de los derechos. El cumplimiento de las obligaciones económicas para garantizar el ejercicio progresivo de los derechos reconocidos por est Constitución corresponde a las autoridades de la Ciudad en el ámbito de sus respectivas competencias”. México y la Ciudad de México tienen amplios espacios para ampliar la recaudación, reducir la evasión y acabar con los privilegios fiscales para encaminarse a un sistema fiscal más robusto, progresivo y consistente con el tamaño y sofisticación de su economías y la magnitud de la carga fiscal. Tanto en el país como en la Ciudad, la carga tributaria está por debajo de sus posibilidades y distante de la suficiencia para cumplir con las obligaciones constitucionales. En el caso de la Ciudad de México, si se apuesta por construir un Estado Social y Democrático de Derechos ha llegado el momento no sólo de rediscutir los térmiMÉXICO SOCIAL
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nos de la relación fiscal con la federación, sino también de la nueva fiscalidad que requiere la Ciudad.
penda menos de los impuestos al empleo formal, como lo es el impuesto sobre la nómina.
En materia de fiscalidad es posible aplicar políticas mucho más ambiciosas y progresivas en materia de captación de la renta urbana y del conjunto de plusvalías que el suelo, la infraestructura urbana y las construcciones verticales generan. También hay espacio para utilizar impuestos verdes para propiciar un estilo de producción, consumo y movilidad sostenibles. Asimismo, las críticas permiten rediscutir la implementación en la Ciudad de los impuestos al uso del automóvil, como lo constituía tenencia, y otros instrumentos, para contar con una base fiscal que de-
Pero probablemente la pregunta más relevante que podría formularse de cara al proceso constituyente es, como decíamos, cómo se puede cerrar la brecha entre una ciudad con una economía grande, compleja y desarrollada frente a niveles de bienestar y ejercicio de derechos de sus habitantes que no corresponden al tamaño de la economía de la Ciudad de México. Cómo cerrar la brecha entre economía y sociedad y cómo cerrar las desigualdades de género, sociales y territoriales parecen ser algunas de las preguntas fundamen-
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En la Cepal vemos con interés y apreciamos que el proyecto de Constitución incluya compromisos como el de los derechos económicos tales a las que el proyecto de Constitución se propone formular una respuesta y una hoja de ruta. La Cepal postula el cambio estructural progresivo como la perspectiva que requieren nuestros países para enfilarse a un nuevo estilo de desarrollo que tenga en el centro la igualdad y la sostenibilidad. Por ello mismo vemos con interés y apreciamos el valor de que el proyecto de Constitución incluya compromisos como el de los derechos económicos (artículo 15), en donde se define que “toda persona tiene derecho individual y colectivo a participar, contribuir y disfrutar de una economía que tenga por objeto el bienestar, la redistribución de la riqueza y la sostenibilidad social y ambiental”. Asimismo, en el marco de los actuales debates sobre las sendas del desarrollo para América Latina nos parecen relevantes postulados como definir desde la Constitución a la actividad económica como un bien de interés público y que el gobierno de la ciudad contará con instrumentos propios de desarrollo económico, tales como: una política salarial, y en particular el compromiso de contribuir a la elevación del salario mínimo para recuperar el poder adquisitivo que mandata la Constitución General de la República; una política hacendaria para hacerla más potente y equitativa; el impulso a la economía social y solidaria; y la conformación de fondos para proyectos dedicados al equilibrio territorial, así como una banca pública de desarrollo. De la misma manera es destacable que se aborde la problemática del desarrollo ru-
ral y la necesidad de contar con una política de suelo que parta de lo que el mismo documento llama como la función social de la ciudad. En síntesis, se trata de generar instrumentos para contar con una política económica propia que vaya mucho más allá de las iniciativas e intervenciones puntuales a las gobiernos locales ha tendido a constreñirse. Asimismo, es importante que en el proyecto de Constitución se prioricen la elevación de los ingresos de los hogares, la reducción de la pobreza y la desigualdad, y la mejora de las condiciones de existencia de la población en el orden económico, material, social y cultural. Llama poderosamente la atención que la Ciudad busque ponerse a la vanguardia en la formulación de un nuevo ciclo de políticas sociales poniendo en el centro el concepto de derecho a la vida digna y a la mejora continua de las condiciones de vida, y en este marco, proponer la implementación del derecho a un ingreso garantizado, como lo expresa la iniciativa de establecer en la Constitución una renta básica progresiva. No son menores tampoco, y debieran aquilatarse en su justa dimensión, las propuestas de innovación institucional presentes en el proyecto, tales como el reconocimiento de un nuevo derecho, el derecho a la buena administración; la conformación de un Instituto de Planeación de la Ciudad de México, con el cual la Ciudad se suma a la tendencia latinoamericana de recuperación de la función de la planificación; la conformación de un órgano autónomo de MÉXICO SOCIAL
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evaluación de todas las políticas (no sólo las sociales), con facultad de emisión de recomendaciones vinculatorias, y poniendo la evaluación al servicio del desarrollo antes que a la contención del gasto; la creación de las alcaldías como gobiernos territoriales con un inicial sistema de pesos y contrapesos; la conformación del cabildo de la Ciudad como espacio de coordinación y articulación entre las alcaldías y el gobierno central; la instauración del sistema de profesionalización de los servidores públicos y la conformación del servicio civil de carrera o la transformación de la Comisión de Derechos Humanos en Defensoría del Pueblo, entre otras propuestas.
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Es importante que en el proyecto de Constitución se prioricen la elevación de los ingresos de los hogares, la reducción de la pobreza y la desigualdad
Visto en su conjunto, es un proyecto que permite abrir una nueva conversación y que permite colocar sobre la agenda pública temas y problemas que posiblemente no habían tenido la atención que merecían. En particular, nos parece de la mayor importancia que el proyecto plantee la relevancia de contar con una política económica con propósitos de innovación, redistribución y sostenibilidad y que abra la puerta para discutir la especificidad de los derechos económicos, entre los que debieran incluirse tanto los derechos del mundo del trabajo como el derecho a una renta básica de ciudadanía, ambos contemplados, como hemos señalado, en el proyecto de Constitución. Uno de los grandes aciertos es a la vez uno de los mayores desafíos de este proyecto de Constitución: mantener el enfoque de derechos como horizonte sobre el enfoque de intereses que tanto ha permeado en el andamiaje institucional de nuestro hemisferio.
ALICIA BÁRCENA Secretaria Ejecutiva de CEPAL HUGO EDUARDO BETETA Director Sede Subregional de CEPAL
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Es ampliamente conocido que la propuesta del ingreso ciudadano universal, esto es, una transferencia monetaria garantizada por el Estado para que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas de manera vitalicia y sin estar sujetas a condicionalidades, ha recibido una atención creciente a escala mundial y muy particularmente después del inicio de la Gran Recesión en el año 2008
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s ampliamente conocido que la propuesta del ingreso ciudadano universal, esto es, una transferencia monetaria garantizada por el Estado para que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas de manera vitalicia y sin estar sujetas a condicionalidades, ha recibido una atención creciente a escala mundial y muy particularmente después del inicio de la Gran Recesión en el año 2008. En los últimos años se ha debatido la renta básica como nunca antes en la historia; esta discusión ha salido de pequeños círculos académicos y especializados para estar cada vez más presente en los parlamentos, los movimientos sociales, los gobiernos y la gran prensa económica internacional, como la revista The Economist o el periódico Financial Times. Asimismo, en ciudades europeas y norteamericanas, o en regiones rurales de la India, se llevan a cabo proyectos piloto relacionados con el ingreso ciudadano. En este año se llevó a cabo en Suiza el primer referéndum para instaurar una renta básica, el cual logró 28% de apoyo y en algunas ciudades más de 50%. Tomemos nota, en consecuencia, que el debate en torno a la renta básica está incrementando en el campo de la política y es con toda probabilidad un debate creciente que llegó para quedarse, con el que frecuentemente nos encontraremos en los debates públicos, los medios comunicación y las agendas de investigación de las instituciones académicas, por no decir, además, los organismos internacionales.
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Es un renovado interés sobre una idea antigua, pero no por ello carente de vigencia, de ahí su enorme atractivo y resiliencia, que deriva esencialmente, considero, de cinco fuentes: la debilidad de la recuperación económica después del inicio de la gran crisis en 2008; la profundísima interrogante e inquietud sobre el futuro del mundo del trabajo derivados de la robotización y la precarización; la alarma sobre el crecimiento de la desigualdad en los países desarrollados y en el mundo; la conciencia, sobre todo en América Latina, sobre las limitaciones y los rendimientos decrecientes de los programas de combate a la pobreza (las transferencias monetarias focalizadas y condicionadas) diseñadas e implementadas en la región a partir de mediados de los años noventa; y, finalmente, las implicaciones del enfoque de derechos humanos en el diseño de políticas sociales. Esto es: el nuevo espacio en la arena pública de la propuesta del ingreso ciudadano universal se explica por la concordancia entre esta propuesta y las necesidades e inquietudes de la época. Las ideas se vuelven poderosas cuando les llega su momento. Ése parece ser el caso de la renta básica. Desde la CEPAL estamos abriendo una línea de reflexión e investigación sobre el ingreso ciudadano universal en el marco del análisis del nuevo ciclo de políticas de protección y desarrollo social de carácter universal y con enfoque de derechos que venimos proponiendo para América Latina y El Caribe. Expresión de lo anterior es la mención que hicimos a la necesidad del ingreso mínimo universal en nuestro reciente documento
El debate en torno a la renta básica está incrementando en el campo de la política y con toda probabilidad llegó para quedarse
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estratégico “Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”, de cara a las profundas transformaciones del mundo del trabajo derivadas de la robotización. De manera mucho más amplia incluimos una reflexión sobre la renta básica y la autonomía económica de las mujeres en el documento presentado en Montevideo en Octubre de 2016, en el marco de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe. Para el caso de México, en el mes de abril, organizamos junto con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República un Seminario Internacional denominado Renta Básica y Distribución de la Riqueza con participantes de México, España, Brasil, Suiza y Finlandia. Lo anterior quiere decir que México no ha sido ajeno al debate que se desarrolla en el mundo y el ingreso ciudadano tampoco ha estado fuera de las plataformas políticas y las políticas públicas. Conviene destacar aquí, por ejemplo, que en el año 2006 Patricia Mercado, candidata presidencial de México Posible, incluyó la renta básica en su plataforma de gobierno, y que en 2012, en el marco de la definición de la candidatura a la presidencia por parte del Partido Revolucionario Internacional, Manlio Fabio Beltrones planteó la necesidad de un ingreso básico universal. Pero es en la Ciudad de México donde por
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la vía de las políticas públicas se ha avanzado en la materialización de la idea del ingreso ciudadano universal. El análisis de los fundamentos de la pensión universal de adultos mayores y la propuesta de la renta básica arroja coincidencias y convergencias muy importantes: la universalidad (aunque acotada a un grupo de población), el carácter individual (es una prestación de las personas, no un apoyo a los hogares), su carácter vitalicio y el hecho de no estar sujeta al cumplimiento de condicionalidades (como los programas de transferencias condicionadas). Puede decirse que en su diseño y en el marco jurídico que la rige, la pensión universal de adultos mayores de la Ciudad de México es una modalidad de renta básica para las personas de 68 años y más, como lo es en Bolivia, por ejemplo, la Renta Dignidad. Permítanme decir que la reflexión sobre la renta básica, el ingreso ciudadano o el derecho al mínimo vital, también ha estado presente en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde el año 2007, en su primera sala, emitió una tesis jurisprudencial aislada, cuya lectura podría ilustrar muchos de los debates en curso. Por su relevancia me permito citarla en extenso:
Desde la CEPAL estamos abriendo una línea de reflexión e investigación sobre el ingreso ciudadano universal en el marco del análisis del nuevo ciclo de políticas de protección y desarrollo social de carácter universal y con enfoque de derechos 44
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En la Ciudad de México se ha avanzado en la materialización de la idea del ingreso ciudadano universal por la vía de las políticas públicas “DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO. El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General (…) Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una ex-
istencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean ”. Si bien el mínimo vital y el ingreso ciudadano no son lo mismo, es bastante evidente que un ingreso garantizado sería una de las herramientas fundamentales para garantizar el acceso al mínimo vital junto con el acceso universal a otros derechos y servicios desmercantilizados como la salud, la educación y diversos mecanismos de protección social. Es importante señalar y subrayar que la renta básica no es cualquier cosa, ni cualquier cosa es la renta básica. La propuesta del ingreso ciudadano universal no es una modalidad más de programas sociales para el combate a la pobreza de ingresos, aunque también lo es y muy potente. No sólo es una medida de política para lograr el acceso mínimo a un conjunto de satisfactores, sino un derecho para otorgar a las personas una seguridad económica básica. Es tanto un derecho social como un derecho económico. No pretende sólo combatir la pobreza y la desigualdad, sino también fortalecer la autonomía, la independencia y la libertad de las personas. No busca sólo combatir la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad, sino otorgar condiciones materiales para construir ciudadanía. Va más allá del propósito de la MÉXICO SOCIAL
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inclusión social y busca también promover la emancipación social. Pretende auxiliar en la construcción de relaciones sociales mucho más horizontales que superen las rígidas jerarquías y mecanismos de dependencia y exclusión social. Por lo anterior es importante distinguir la especificidad y diferencia del derecho al ingreso ciudadano de los programas de combate a la pobreza focalizados y condicionados; algunos de ellos, por cierto, pueden recibir el nombre de renta básica o ingreso ciudadano, pero obedecen a otra lógica. Es por ello que constituye un enorme paso adelante que en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México se haya incluido la propuesta del derecho a la renta básica, lo cual permite sintonizar a este proyecto con los contenidos fundamentales de la reforma constitucional en México del año 2011 y con los debates internacionales sobre derechos humanos emergentes de cara a los desafíos del siglo XXI. De la misma manera, coincide con el hecho de que tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados hay sendas propuestas de reforma constitucional para reconocer el derecho a la renta básica, presentadas respectivamente por el Senador Luis Sánchez y las diputadas Araceli Damián y Xóchitl Hernández. A solicitud de las autoridades responsables de la redacción del proyecto, desde la CEPAL hicimos llegar una serie de propuestas que fueron incorporadas a éste,
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y por ello agradecemos la confianza y el espacio otorgado. Con respecto a la renta básica, la propuesta formulada por la CEPAL decía lo siguiente: “La Ciudad de México reconoce el derecho de todos sus residentes al ingreso ciudadano universal (renta básica) para otorgar seguridad económica, abatir la desigualdad, erradicar la pobreza monetaria, aumentar las libertades y favorecer la autonomía e independencia de todas las personas. La ley establecerá las características, modos de acceso, proceso y plazos para la materialización de este derecho”. En la propuesta enviada por el Jefe de Gobierno se tuvo el acierto de incluir la renta básica dentro del derecho a una vida digna y del derecho al mejoramiento continuo de las condiciones de vida, pero respetuosamente consideramos que la redacción es mejorable, ya que para definir de manera inequívoca la característica de este derecho hace falta referencia a su carácter no condicionado y a su carácter vitalicio. Adicionalmente, al incluir en el proyecto de texto constitucional y no, como probablemente debiera ser en la legislación secundaria, los criterios de prioridad en el acceso a la renta básica (pobreza, grupos prioritarios, falta de autonomía) se puede desdibujar la definición clara del derecho como una garantía universal y se le puede llegar a confundir simplemente con un programa más de combate a la pobreza o la exclusión social. En la redacción actual
La renta básica no sólo es una medida de política para lograr el acceso mínimo a un conjunto de satisfactores, sino un derecho para otorgar a las personas una seguridad económica básica 48
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parecen entremezclarse el contenido sustantivo del derecho con las modalidades operativas de acceso e implementación. Más allá de lo anterior, la incorporación de la propuesta del derecho a la renta básica en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México constituye un relevantísimo paso adelante en la discusión de la política social, los derechos humanos y el Estado social del siglo XXI. Si hace diez años se tuvo un inicial debate sobre el ingreso ciudadano universal en el marco del I Encuentro Iberoamericano sobre el Ingreso Ciudadano Universal, organizado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Social del entonces Distrito Federal, hoy ese debate empieza a desarrollarse en las instancias legislativas y muy especialmente en los trabajos de la Asamblea Constituyente. No sabemos cuál es la decisión final que la Asamblea Constituyente tomará respecto al reconocimiento del derecho al ingreso garantizado, pero ya representa un gran avance que se haya incluido en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México y que se debata en esas instancias.
Después de conocidos los resultados del referéndum de este año en Suiza, en donde los partidarios de implantar una renta básica recibieron 28% de apoyo, la opinión mayoritaria entre los partidarios del no era que ello no significaba el fin del proceso, sino el inicio de una nueva conversación. Esa nueva conversación sobre los derechos de base ciudadana, el derecho al ingreso garantizado, los enormes desafíos y las transformaciones del mundo del trabajo y la nueva conceptualización de los derechos económicos es la que el proyecto de Constitución de la Ciudad de México permite y facilita abrir. Es un debate que ha iniciado en los ámbitos legislativos y que llegó para quedarse en México y muchas regiones del mundo. Lo que hace unos años podría parecer una idea descabellada hoy es tratada con respeto y consideración como una propuesta racional, razonada y razonable sobre la que es necesario conversar, dialogar y debatir. Un debate bienvenido y frente al cual debemos felicitarnos y prepararnos. PABLO YANES es Coordinador de Investigaciones, a.i., Sede subregional de la CEPAL en México
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Los retos de la REPRODUCCIÓN ASISTIDA MANUEL CAMPA
Durante millones de años las necesidades vitales de nuestra especie (alimentación, territorio…) han sido cubiertas con distintas variantes (agricultura, sedentarismo...), pero la reproducción sexual se había conservado sin variaciones: la copulación era necesaria para reproducirse, tener sexo significaba tener hijos, con sus consecuencias sociales y económicas, empleando únicamente múltiples procedimientos vaginales a fin de evitar el embarazo. A partir de 1960, con la aparición de la píldora anticonceptiva, se dispuso
de un método eficaz para controlar la reproducción humana (tener sexo sin tener hijos), creándose de inmediato procedimientos para el manejo de parejas infértiles y lograr embarazos sin padecimientos hereditarios. En la atención de parejas infértiles la obligación del médico es proporcionar toda la información posible sobre la causa de la esterilidad y los métodos de concepción que están indicados, así como la elaboración de un consentimiento informado y comprendido acerca de los riesgos del procedimiento
a emplear. No debemos olvidar los aspectos emocionales, que generan una serie de pensamientos secundarios, así como las influencias de tipo religioso, moral y ético, entre otras (E. Pérez Peña, Atención integral de la Infertilidad. Mc Graw Hill, Interamericana, 2002). Es éticamente adecuado utilizar los avances de la ciencia para ayudar a parejas infértiles a tener hijos mediante procedimientos que tengan alto grado de seguridad para la salud de la madre que sean practicados por personas expertas en instalaciones que
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ALUD PÚBLICA Con la aparición de la píldora anticonceptiva, se dispuso de un método eficaz para controlar la reproducción humana: tener sexo sin tener hijos
cuenten con los equipos necesarios. “Hoy en día los médicos están en muchas ocasiones desarmados ante las complejas decisiones éticas a asumir. Los nuevos desafíos no tienen precedentes en los viejos textos sobre ética, ni siquiera fueron imaginados cuando se
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redactaron” (Lifschitz, La Revolución de la Bioética, Med Int Mex, 2002; 18(6) 307-12). Con estos antecedentes surge la reproducción asistida, que consiste en el empleo de tecnología avanzada que incluye la manipulación de gametos o embriones sin tener
copulación (tener hijos sin tener sexo), y puede dividirse en baja, moderada y alta complejidad, con diferentes posibilidades, riesgos e implicaciones médicas, éticas, religiosas, psicológicas, legales y económicas, según el procedimiento que se elija; no existen consensos unánimes y se requiere
considerar cuestiones muy variadas. Asimismo, los aspectos legales cambian entre los distintos países. La posición del médico en la reproducción asistida es no perder la objetividad científica y tener siempre presente la seguridad y beneficio de los pacientes. No existe un consenso universal en lo que constituye la práctica ética en la reproducción asistida, sin embargo, sí existe un acuerdo unánime en la necesidad ineludible de una formación profesional sólida. Tenemos mucho que
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aprender en cómo conciliar el bien individual y el progreso científico. En nuestro país carecemos hasta la fecha de una legislación para llevar a cabo estas actividades; sin embargo, existen Asociaciones Médicas de la Reproducción Humana en la Ciudad de México y diferentes estados de gran calidad científica y ética que están en condiciones de asesorar a nuestros legisladores en los aspectos técnicos y éticos de la reproducción asistida.
La investigación en reproducción asistida se ha controlado desde sus inicios por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y su importancia puede ilustrarse señalando que más de 500 científicos de 62 países empezaron a planear los métodos para regular la fertilidad de la reproducción asistida, realizando eventos con este fin en todo el mundo, para tener hijos sanos, sin enfermedades heredadas, los cuales continúan hasta estos días. Es así que en 1978 nace el
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 BRINDA CERTEZA A MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES
a Cámara de Diputados adelantó cinco días la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, que prevé un gasto del gobierno por 4.88 billones de pesos, sin incrementar impuestos existentes y sin crear nuevos gravámenes, que promueve el desarrollo y genera estabilidad para el país. De acuerdo con las declaraciones del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el presupuesto 2017 se diseñó de manera independiente y sin tomar en cuenta quién pudiera ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pues la economía de los mexicanos no puede ni debe estar sujeta a los vaivenes de la política en otros países. A su vez, el diputado César Camacho, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro aseguró que el adelanto de la aprobación del presupuesto es un mensaje que brinda certeza a los mercados internacionales y a los inversionistas mexicanos, pues, a pesar de la alta volatilidad internacional, México tiene bien definida y clara su política económica y financiera. Al fundamentar el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, desde la tribuna de San Lázaro, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado priista, Alfredo del Mazo Maza, dijo que si bien esta cifra considera 51 mil 300 millones adicionales a la propuesta del Ejecutivo, es menor en 0.7 por ciento real respecto del presupuesto 2016.
Esta disminución se concentra en la reducción del gasto programable por parte del gobierno federal y de Petróleos Mexicanos, esfuerzo al que se suma la Cámara de Diputados, al disminuir sus recursos en 2.3 por ciento en términos reales. Precisó que se reasignarán 67 mil 707 millones para fortalecer áreas prioritarias, como desarrollo social, campo, justicia, combate a la corrupción, infraestructura y federalismo, rubros que “permiten en su conjunto mejorar las condiciones de vida de los mexicanos”. Indicó que en materia de desarrollo social se destina
cerca del 64 por ciento del gasto programable, privilegiando programas que contribuyen a reducir la pobreza, como Prospera, al cual se destinan 88 mil millones de pesos en beneficio de casi siete millones de familias. Por último, llamó a la unidad así como cuidar y fortalecer el desarrollo del país, especialmente en las fronteras. Por ello, dijo, con el objetivo de abatir la pobreza, mejorar las condiciones de infraestructura y fortalecer la calidad de vida de los habitantes de los estados fronterizos, se plantea asignar al Fondo para Fronteras 750 mdp.
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Actualmente la ciencia médica avanza en un tren de alta velocidad; en la misma vía le sigue la ética médica en un armón de mano, ¿la alcanzará algún día?
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primer bebé de probeta; el Comité Internacional para la monitorización de las tecnologías de la reproducción asistida calculó que de 1980 a 2012 fueron concebidos 5 millones de bebés con este procedimiento. Solamente en España el número de nacimientos por reproducción asistida durante 2014 superó los 25,000 bebés en un año. En 1997 Willmut y Campbell publicaron en la revista inglesa Nature la existencia normal de una oveja de seis meses llamada Dolly, que había venido al mundo no por los mecanismos fisiológicos naturales, sino mediante el procedimiento conocido como clonación artificial (la clonación es la replicación de individuos a partir de un solo genoma, o sea la antítesis de la reproducción sexual en que se necesitan dos genomas). En la clonación humana existen otros problemas que ya no son relativos a la ética médica, sino legales o sociales, que dependen del parentesco que se establece entre el donador del núcleo y su clon, que por definición siempre serían hermanos gemelos genéticos, aunque de muy diferentes edades, y además podrían ser padre o hijo, etcétera. Cuando se le preguntó a Willmut su opinión sobre la aplicación de su técnica para clonar seres humanos, su respuesta fue “no se me ocurre para qué serviría”; tanto él como Campbell reiteraron su oposición a la idea de clonar seres humanos. En la reproducción asistida
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hay que enfrentar complejas decisiones éticas, entre ellas, emplear la razón, la lógica y el sentido común, en tanto que no existan los precedentes que establezcan jurisprudencia. ¿Cómo conciliar el bien individual y el progreso científico? La enmienda de Tokio de 1975 defiende la primacía del individuo: “en la investigación sobre el hombre, los intereses de la ciencia y de la sociedad nunca deben prevalecer sobre el bienestar del sujeto”.
realizar cambios evolutivos por medio de eugenesia convencional, ¿seguirá siendo la misma, titubeando al borde de una base construida con adaptaciones parcialmente obsoletas de la Edad del Hielo?, ¿o decidirá por moverse hacia niveles más elevados de inteligencia y creatividad, acompañados de mayor -o menor- capacidad de respuesta emocional?”.
Los avances científicos, sociales y medios de comunicación se incrementan en La influencia potencial del número gracias a las nuevas conocimiento sobre el genoma tecnologías de comunicación humano va mucho más allá del instantánea, generando como nivel puramente biológico y se consecuencia la inmediatez y proyecta en una escala social, la transitoriedad de los valores como desde hace algún tiempo morales, éticos y fundamentos sugieren los sociobiólogos. filosóficos, dando lugar a mayor innovación y creatividad. “En la investigación sobre el hombre, los intereses de la El 16 de febrero de 2001 se ciencia y de la sociedad nun- publicaron simultáneamente ca deben prevalecer sobre el en las dos revistas cientificobienestar del sujeto” técnicas de mayor circulación y prestigio del mundo Al final de su importante las dos versiones completas texto (O. Wilson, On Human de la secuencia molecular Narure, Harvard University del genoma humano, desPress, Cambridge, 1978, pp. pués de muchos años de 108-109) escribió lo siguiente: estar hablando del Proyecto “La génetica humana está Internacional del Genoma creciendo rápidamente junto Humano (PIGH). Este tema con otras ramas de la ciencia; es analizado ampliamente en con el tiempo se irá acumula Ética Médica Laica de Ruy lando mucha más informaPérez Tamayo (El Colegio ción sobre bases genéticas del Nacional. Fondo de Cultura comportamiento humano, y Económica, 2002), desde su se desarrollarán técnicas para desarrollo histórico hasta el alterar complejos de genes examen de los principales por medio de ingeniería mo- problemas éticos médicos a lecular y selección rápida por los que ha dado lugar. medio de clonación. El PIGH agrupaba cerca de ”Cuando menos será posible 12,000 trabajadores (contando
genetistas, técnicos, ayudantes y administradores) en 11 países de tres continentes, con participación activa de la iniciativa privada. De esta manera culminó la primera etapa de un programa internacional de investigación que se inició 11 años antes, pero que al principio se pensó que tendría una duración de 15 años. Este año se cumplió la fecha pronosticada por Wilson en 1978, y en agosto la revista National Geographic en español (Michael Specter, pp. 46-65) publicó “La revolución del ADN”, donde informa que por primera vez los científicos pueden alterar, borrar y reorganizar de manera rápida y precisa el ADN de cualquier organismo vivo, incluyendo el ser humano (¡la posibilidad de cambiar el genoma humano!). La capacidad de modificar el código de la vida nos ha dado un poder insólito sobre el mundo natural, la pregunta es ¿debemos usarlo? Ningún procedimiento del último siglo ha sido más prometedor ni ha planteado cuestionamientos éticos más perturbadores. El bien potencial que podemos hacer es inmenso, pero hay que reconocer que se trata de un tipo de poder fundamentalmente nuevo y debemos asegurar que se use con sabiduría. En este momento no estamos preparados para hacerlo así, y no hay tiempo que perder; ¿seguirá nuestra especie desertando de la naturaleza
o decidirá moverse a niveles más elevados de inteligencia y creatividad ? ¡La ciencia debe seguir avanzando! ¡La imaginación no tiene límites! El hombre ha sido un desertor de la naturaleza y se ha convertido en un prófugo de la misma. A fines de septiembre de este año se publicó en la prensa nacional el primer nacimiento de un producto con tres progenitores en la ciudad de Guadalajara, realizado por médicos extranjeros, y al parecer existen casos parecidos en otros países. Desde septiermbre de 2003 el Programa Mujer y Salud y la Dirección General de Salud Reproductiva se integraron en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), quedando bajo su responsabilidad todos los Programas que dichas áreas venían desarrollando en Salud Reproductiva. El epitafio escrito en la tumba de Kant dice:“Dos cosas me llenaron de admiración: el cielo estrellado sobre mi cabeza y el imperativo categórico en mi corazón”. Con estas palabras quedan definidas sus dos grandes preocupaciones: el misterio de la ciencia y la imperiosa necesidad de una moral. Actualmente la ciencia médica avanza en un tren de alta velocidad; en la misma vía le sigue la ética médica en un armón de mano, ¿la alcanzará algún día?
La capacidad de modificar el código de la vida nos ha dado un poder insólito sobre el mundo natural, la pregunta es ¿debemos usarlo?
MANUEL CAMPA es Especialista certificado “In Tempore” por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (U.V.) desde 1966; fue Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz de 1999 a 2008.
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