Número 72 julio

México Social

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www.mexicosocial.org "Somos diálogo", Adela Cortina p.30

Año 6 - No. 72, julio de 2016, Precio: $35.00 m.n.

JOEL SALAS SERGIO LÓPEZ AYLLÓN MAX KAISER MANUEL GUERRERO GUILLERMO CEJUDO

La corrosiva CORRUPCIÓN

CONTENIDO

es una publicación del

Director General y Presidente del Consejo Editorial Mario Luis Fuentes

EN PORTADA

CONSEJO EDITORIAL Jesús Kumate Rodríguez

Rolando Cordera Campos Carlos Rojas Gutiérrez Enrique Del Val Blanco Fernando Cortés Cáceres Miguel Concha Malo Irasema Terrazas Enrique Provencio Durazo Marcela Rovzar Orvañanos

04 Una ruta para combatir la corrupción Joel Salas 10 ¿Por qué importa la justicia cotidiana?

Sergio López Ayllón

Fotos: Cortesía Excélsior

16 La gran paradoja de la democracia humana Max Kaiser

Gustavo Gordillo De Anda Nashieli Ramírez Mónica González Contró

Director Editorial Saúl Arellano Almanza Coordinadora Editorial Laura Ilarraza Gálvez Edición Electrónica Beatriz Aréchiga México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx

22 El reto de modificar comportamientos Guillermo Cejudo 26 La herencia de la corrupción Roberto Vélez 30 Somos diálogo Adela Cortina 34 Periodismo y rendición de cuentas Manuel Guerrero LAS Es ENFERMEDADES DE LA el DESIGUALDAD 40 justo rebelarse contra terrorismo social Bernardo Kliksberg José Carlos García Fajardo 44 Entre la histeria y el cinismo José Antonio Polo 52 Violencia de género: desafío inaplazable Manuel Campa

México Social, Año 6, No. 72, julio de 2016, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Pennsylvania No.86, Col. Parque San Andrés, CP. 04040 Delegación Coyoacán, México, D.F. Tels. 5659-6120 y 5659-6209 www.ceidas.org.mx, informacion@ceidas.org.mx. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2014-052912521500-102 ISSN: 2007 - 2600, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09- 0840. Impresa por Multigráfica Publicitaria S.A. DE C.V. Avena No. 15 Col. Granjas Esmeralda Del. Iztapalapa C.P. 09810 México D.F. Tels. 54451590, 55822344. Distribuida por la Comercializadora GBN S.A. de C.V., Calzada de Tlalpan No.572, Desp. C-302,Col. Moderna, Del. Benito Juárez C.P. 03510, México D.F. Tel. 0155-56188551 Mail: comercializadoragbn@yahoo.com.mx comercializadoragbn@gmail.com este número se terminó de imprimir el 25 de junio de 2016.

Los artículos e imágenes publicados en esta edición son de responsabilidad exclusiva en su contenido y forma de las y los autores que generosamente contribuyen en nuestra publicación.

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Editorial

L

a corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta el sistema institucional.

Se trata de una práctica generalizada en todos los órdenes y niveles del gobierno, y su “normalización” ha llegado a tal grado, que en múltiples espacios se asume como “natural” que los políticos y quienes aspiran a participar en la política asuman que robar o beneficiarse de los recursos públicos es consustancial a los cargos.

En la última edición del Índice Nacional de Corrupción, 2010, Transparencia Mexicana documentó que en el país se tuvo noticia de al menos 200 millones de actos de corrupciónI, cifra aún mayor que la registrada en 2007, cuando se contabilizaron 197 millones.

En 2015, el Índice Global de Percepción de la CorrupciónII, elaborado por Transparencia Interna-cional, ubicó a México en el lugar 95 entre 168 países medidos en su lista; mientras que el informe Latinobarómetro, 2015III muestra que en México 73.2% de las personas considera que el Estado es poco o nada transparente.

En las Encuestas levantadas por el INEGI se encuentran igualmente muy altos niveles de percepción en torno a que el Gobierno, en todos sus órdenes y niveles, junto con los partidos políticos y los representantes populares, recurren regularmente a prácticas de corrupción.

Así, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ENCIG, 2015, muestra que el 88.8% de la ciudadanía cree que la corrupción es frecuente o muy frecuente en sus entidades. En esta Encuesta, en orden decreciente, las entidades con peores indicadores son: Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Jalisco,

MARIO luis fuentes

Oaxaca, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2015), igualmente levantada por el INEGI, muestra que 78% de la población piensa que las policías de tránsito son corruptas, 66.5% piensa lo mismo de las policías preventivas o municipales, 65.6% lo piensa de los jueces, 64.8% lo asume respecto de los ministerios públicos, 63.6% lo cree de las policías estatales, 62.4% lo piensa respecto de las policías ministeriales o judiciales, 59.2% lo cree de la PGR, 54.2% lo piensa de la policía federal, mientras que 25.1% y 17.3% lo asume respecto del ejército y la marina, respectivamente.

Datos similares se encuentran en la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2015, y en prácticamente todos los instrumentos de medición serios de que disponemos para dimensionar esta perniciosa práctica.

Al respecto, es evidente que la corrupción está vinculada a la falta de transparencia y rendición de cuentas y, en ese sentido, destaca el dato del Latinobarómetro respecto de los altos niveles de desconfianza de la población mexicana, la cual cree que el Estado y sus instituciones son poco transparentes.

En la misma lógica destaca que la mayoría de la población piensa que la mayoría de las instituciones públicas son ineficientes en su desempeño y que la calidad y oportunidad de los servicios públicos que reciben son, por decir lo menos, deficientes y cuestionables.

El otro rostro, que podría decirse, es el anverso de la corrupción, es el de la impunidad; lo cual se evidencia

Integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; institución en la que también es Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas. Es Director general del CEIDAS, A.C.

a través del indicador relativo a que únicamente cerca de 9% de los delitos que se cometen en el país no se denuncian, debido en la mayoría de los casos a que las instituciones son consideradas o corruptas o ineficaces en su desempeño.

Así las cosas, la aprobación del paquete de leyes relativas al Sistema Nacional Anticorrupción constituye apenas el primer paso, fundamental e indispensable, pero no suficiente, para erradicar la corrupción; sin embargo, todavía falta mejorar el sistema regulatorio (por ejemplo, las Reglas de Operación de los Programas Públicos), el sistema normativo (Normas Oficiales Mexicanas) en lo relativo a su pertinencia, supervisión y cumplimiento y el sistema reglamentario estatal y municipal en lo relativo al conjunto de atribuciones y funciones constitucionales otorgadas a los gobiernos locales.

El desarrollo social y la construcción de un fuerte Estado de bienestar capaz de garantizar los derechos humanos de toda la población exige erradicar la corrupción, garantizar un gobierno abierto y establecer mecanismos de sanción que hagan más costoso violar la Ley que apegarse a ella.

I. Véase: http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-Ejecutivo1.pdf II. Véase: http://www.transparency.org/ cpi2015 III. Véase: http://www.latinobarometro.org/ latOnline.jsp

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CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

Una ruta para combatir la El proceso que llevó a la aprobación de las leyes que pondrán en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nos muestra que existe un cambio profundo en la cultura política de nuestro país: la población y la sociedad civil organizada han asumido una posición activa y propositiva que ha sido retomada con apertura por diversos actores políticos por JOEL SALAS

E

l impulso de la sociedad civil logró que la discusión y confección de las leyes relacionadas con los sistemas de transparencia y anticorrupción se dieran bajo la luz de un ejercicio de parlamento abierto; sin embargo, la prensa advirtió que la Ley de Responsabilidades Administrativas aprobada difirió de la Iniciativa Ciudadana de Ley 3de3 propuesta por organizaciones civiles, porque no se atendió la demanda de dar máxima publicidad a las declaraciones de los funciona-

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rios públicos. Algunos interpretan esto como una desatención a las demandas ciudadanas.

Frente a esta percepción, es urgente demostrar que hoy existen más cauces para combatir la corrupción, además de las vías electoral y legislativa. El cambio en la cultura política tiene que ver con el deseo de la población de ser protagonista de la construcción del país que todos deseamos: un México sin corrupción. El ímpetu que acompaña a iniciativas como la Ley 3de3 debe mantenerse y contagiarse en todo el país, para

CORRUPCIÓN Todos deseamos un México sin corrupción y hoy existe voluntad en autoridades y población en colaborar para lograrlo

SOBRE EL AUTOR: Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de gobierno abierto y transparencia Foto: Cortesía Excélsior

Twitter: @joelsas MÉXICO SOCIAL Julio 2016

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CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA mantener la posibilidad de incidencia dela sociedad civil en la construcción de normas, políticas e instituciones efectivas para combatir la corrupción.

La responsabilidad de los legisladores fue construir un marco jurídico que permita combatir la corrupción de manera articulada, sistemática y de forma socialmente compartida; las autoridades responsables de implementar este marco deberán dar resultados con la finalidad de mantener el ímpetu de la sociedad civily potenciar el éxito de estas reformas.

Hoy el consenso en torno a la necesidad de combatir la corrupción recorre todos los sectores. Autoridades, organizaciones de la sociedad civil, académicos, empresarios y población en general estamos de acuerdo en contener la corrupción y la impunidad de una vez por todas, pero a partir de hoy el reto será pasar del consenso en las normas, al consenso en las prácticas.

Una ruta para cambiar las prácticas es la implementación de gobierno abierto en todos los poderes y en todos los niveles de gobierno. Hoy la población

Foto: Cortesía Excélsior

Autoridades, organizaciones de la sociedad civil, académicos, empresarios y población en general estamos de acuerdo en contener la corrupción y la impunidad de una vez por todas, pero a partir de hoy el reto será pasar del consenso en las normas al consenso en las prácticas 6

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El ímpetu que acompaña a iniciativas como la Ley 3de3 debe mantenerse y contagiarse en todo el país, para mantener la posibilidad de incidencia de la sociedad civil en la construcción de normas, políticas e instituciones efectivas para combatir la corrupción desea participar activamente en cada una de las etapas de las políticas públicas, sobre todo en aquellas que afectan su vida cotidiana. No le basta el voto. No desea ser sólo espectador.

Por otra parte, diversas organizaciones de la sociedad civil han luchado por más de dos lustros en consolidar el acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas y para abrir espacios para la participación. La población exige esos cambios, pero también muchos servidores públicos estamos comprometidos con esta agenda. Estos esfuerzos buscan transformar la forma cómo se ejerce el poder en México de manera cotidiana, es decir, cambiar las prácticas de interacción política.

Desde hace un año la apuesta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue clara: hacer del gobierno abierto un movimiento nacional. Un movimiento que reuniera a la población, las autoridades y organismos garantes para colaborar. Un movimiento que agrupara las demandas de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Un movimiento para que las políticas públicas den resultados y mejoren la vida cotidiana de la población.

Un movimiento que cambie las prácticas del ejercicio del poder en México.

No debemos perder de vista que el gobierno abierto es un medio para combatir la corrupción y la desigual-

dad, para construir comunidades más seguras y con menos impunidad. En este sentido, en los últimos cinco años he sido testigo de que la colaboración entre todos los sectores es posible para plantear acciones concretas que permitan mejorar nuestras condiciones de vida.

En este sentido, en 23 estados del país, este movimiento puede volverse una realidad mediante los ejercicios locales de gobierno abierto que impulsa el INAI. Estos consisten, en primer lugar, en el reconocimiento por parte de autoridades y sociedad de que sin la colaboración de ambas partes no será posible avanzar hacia el México que todos queremos. En segundo lugar, en la definición conjunta de prioridades y de los medios para solucionarlos en planes de acción puntuales.

Si, como ya dije, existe consenso en que la corrupción es uno de los problemas que más urge conjurar en el país, los ejercicios locales pueden colaborar a combatir la corrupción en al menos dos formas: 1) El gobierno abierto en los estados participantes puede convertirse en una plataforma para que las organizaciones de la sociedad civil y académicos que participaron en el ejercicio de parlamento abierto que dio vida al SNA transmitan su experiencia con el objetivo de lograr los mejores sistemas estatales anticorrupción. Este diálogo permitirá replicar las mejores prácticas, fortalecer las áreas de oportunidad que

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CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

Hoy la población desea participar activamente en cada una de las etapas de las políticas públicas, sobre todo en aquellas que afectan su vida cotidiana. No le basta el voto. No desea ser sólo espectador.

dejo la legislación federal e incorporar las preocupaciones locales.

2) Los planes de acción locales son una herramienta para canalizar la participación de la población en la implementación de los sistemas estatales anticorrupción. Algunos planes de acción en curso ya incluyen acciones preventivas en el combate a la corrupción.

Por ejemplo, en Veracruz se decidió seguir el dinero para asegurarse que llegara para el desarrollo de la infraestructura de salud; en Durango, para abastecer agua potable; en Morelos, para becas educativas; y en Oaxaca, para dotar de útiles y uniformes escolares a sus niños.

Más de 600 mil personas firmaron para apoyar la iniciativa 3de3, ahora imaginemos que sucedería si esas mismas personas se involucran en los ejercicios locales de gobierno abierto.¿Qué resultados podríamos obtener si se mantiene su participación al colaborar con las autoridades y los organismos garantes del

derecho de acceso a la información para definir acciones puntuales que permitan combatir la corrupción en los estados? Hacerlo permitiría transformar el ejercicio cotidiano del poder y de los recursos públicos para, con el uso estratégico de la información pública, contener la corrupción.

No cabe duda: todos deseamos un México sin corrupción y hoy existe voluntad en autoridades y población en colaborar para lograrlo. Como anoté, el reto es pasar del consenso sobre las normas al consenso en las prácticas de interacción entre población y autoridades. Las autoridades no podemos solas, tampoco la sociedad civil. Por eso, juntos debemos definir acciones puntuales, a partir del nuevo marco normativo, que nos permitan dar los resultados anhelados y mantener el ímpetu social que se manifestó con la movilización en torno a la Ley 3de3. Los planes de acción de gobierno pueden ser una ruta para canalizar esa movilización. La pregunta es: ¿la trazaremos?

El gobierno abierto es un medio para combatir la corrupción y la desigualdad, para construir comunidades más seguras y con menos impunidad 8

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Corrupción y transparencia

¿Por qué importa la JUSTICIA COTIDIANA? por SERGIO LÓPEZ AYLLÓN

La reforma de la justicia puede marcar el inicio de una política de Estado de largo aliento, que debe hacer de México un país en el que cualquier ciudadano, sin importar su condición, tenga acceso parejo a una justicia pronta y expedita, tal y como lo marca nuestra Constitución

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La mayor parte de la población no conoce sus derechos y carece de las condiciones y medios para resolver los conflictos que se originan en la convivencia diaria y, cuando logra acceder a los mecanismos institucionales, suele enfrentar procesos largos, costosos y poco flexibles

SOBRE EL AUTOR: Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. Foto: Cortesía de EXCÉLSIOR

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Corrupción y transparencia En noviembre de 2015 el Presidente de la República encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que encabezara una consulta para identificar los problemas de la justicia cotidiana.

Esta solicitud desencadenó un esfuerzo inédito, tanto por la pregunta, como por el método y el resultado, que se encuentra ahora en la cancha del Congreso.

La pregunta fue: ¿cuál es la experiencia de justicia para los mexicanos en su dimensión más inmediata y cotidiana? No se trataba de entender los problemas desde la abstracción de los indicadores, ni

87%

de los procedimientos iniciados en 2013 corresponden a asuntos de carácter civil, familiar y mercantil

desde las evaluaciones hechas desde el sistema de justicia a nivel nacional. El ejercicio buscó entender la justicia de todos los días, aquélla que no tiene que ver con el ministerio público y los jueces penales, sino la que se encarga resolver los conflictos que tienen las personas en su interacción cotidiana. Los conflictos que se generan en la familia, en el trabajo, con los vecinos, en las escuelas o entre las empresas.

Los datos confirman que la preocupación presidencial sobre la que denominó como la “justicia olvidada” era más que acertada.

Según el Censo Nacional de Im-

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

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Con base en el informe de justicia cotidiana, el Presidente firmó un paquete de reformas en la materia que incluyeron ocho reformas constitucionales, cuatro legales y un decreto administrativo. Se trata del cambio más profundo y amplio en materia de justicia desde 1994 partición de Justicia, 2014 del INEGI, 87% de los 2,142,872 procedimientos iniciados en 2013 corresponden a asuntos de carácter civil, familiar y mercantil, mientras que la materia penal sólo alcanza el 13% restante. Si además sumáramos los procedimientos laborales y administrativos, queda claro que la mayor parte de los conflictos que atienden los tribunales corresponden a ese universo que hemos llamado justicia cotidiana. Por muchos años la atención estuvo concentrada –no sin razón– en la reforma al sistema de justicia penal y el tránsito hacia un sistema acusatorio. Pero este énfasis hizo que la otra justicia, aquella que tiene que ver con los conflictos cotidianos, quedara rezagada como si no importara.

El ejercicio concluyó con una idea simple pero profundamente inquietante: la mayor parte de la población no conoce sus derechos y carece de las condiciones y medios para resolver los conflictos que se originan en la convivencia diaria y, cuando logra acceder a los mecanismos institucionales, suele enfrentar procesos largos, costosos y poco flexibles. En este contexto, las posibilidades de que el Estado logre dar vigencia plena a los derechos, mejore las condicio-

nes de vida de la población, propicie un entorno favorable al crecimiento económico y construya un auténtico Estado de derecho simplemente se desvanecen.

El método de aproximación para responder a la pregunta también fue singular. Fue una ruta simple pero novedosa: se trataba de ponerle rostro a la demanda de justicia insatisfecha y que, a partir de esos problemas concretos, los expertos deliberaran sobre soluciones específicas. Fue también un ejercicio basado en la diversidad de testimonios, de perspectivas y regiones. Fue, en fin, un esfuerzo basado en una convicción esencial: las grandes transformaciones –en realidad– comienzan con pequeños cambios capaces de incidir en la vida de las personas.

La consulta sirvió para aportar elementos que buscaban contribuir a recomponer el panorama de la justicia en México. Se hicieron más de 200 recomendaciones que no deben verse como ideas asiladas o definitivas, sino que constituían las bases para el diseño de una política pública nacional en esta materia.

Entre otras propuestas cabe destacar la necesidad de reducir la marginación jurídica, fortalecer las capacidades

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Corrupción y transparencia institucionales de los sistemas estatales de justicia, ampliar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, generar instrumentos de justicia comunitaria e itinerante, reducir los formalismos en los juicios, implementar una profunda política de mejora regulatoria en todo el país y revisar a fondo el funcionamiento de las juntas de conciliación y arbitraje.

La atención de cada uno de estos temas es compleja y requiere diálogo y acuerdos políticos, pues la competencia para resolverlos está fragmentada en muchas instituciones, tanto estatales como federales. Por ello se propuso que el Presidente de la República convocara a una instancia nacional de diálogo y concertación para que diseñara una política pública nacional de acceso a la justicia.

El informe de justicia cotidiana fue formalmente presentado al Presidente en abril de 2016 y sirvió de base para que el propio ejecutivo federal convocara, acompañado en esta ocasión por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el propio CIDE, a los “Diálogos por la Justicia”. A esta convocatoria respondieron 26 instituciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos autónomos, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, la academia, las principales barras de abogados y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Más de 200 expertos se reunieron, puntual y rigurosamente, durante 14 semanas, en nueve mesas de trabajo, que acumularon un total de 123 sesiones. Fue un ejercicio de diálogo incluyente y construc-

tivo que sirvió para escuchar visiones y propuestas, construir consensos y respetar los disensos. El resultado de este ejercicio quedó plasmado en un documento que contiene los diagnósticos y las propuestas específicas.

Con base en este documento el Presidente firmó un paquete de reformas en materia de justicia cotidiana que incluyeron ocho reformas constitucionales, cuatro legales y un decreto administrativo.

Aunque el asunto pasó relativamente desapercibido para la opinión pública entre otros muchos temas que la inquietan (anticorrupción, marihuana, violencia), se trata del cambio más profundo y amplio en materia de justicia desde 1994, cuando la Suprema Corte se convirtió en un tribunal constitucional.

En efecto, se propone reformar la Constitución para fortalecer la

Cumplir las normas y dirimir institucionalmente los conflictos conviene a todos, especialmente a los más débiles

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

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Las posibilidades de que el Estado logre dar vigencia plena a los derechos, mejore las condiciones de vida de la población, propicie un entorno favorable al crecimiento económico y construya un auténtico Estado de derecho simplemente se desvanecen imparcialidad a los tribunales estatales y crear en todos ellos una auténtica carrera judicial y un órgano de administración independiente; se propone también establecer un nuevo principio constitucional para que en la resolución de los juicios se privilegie el fondo y no la forma. Otras reformas buscan crear un nuevo código nacional de procedimientos civiles y familiares que permitiría desformalizar y mejorar este tipo de procedimientos; dar un nuevo impulso a la oralidad en materia mercantil y al uso de mecanismos alternativos de solución de controversias; crear un nuevo sistema de justicia cívica para resolver conflictos vecinales, así como tribunales itinerantes; establecer una política de mejora regulatoria en todo el país para reducir trámites y mejorar la calidad de las leyes; y, finalmente, homologar y mejorar los registros civiles, de la propiedad y el catastro.

Por si esto no fuera suficiente, también se propuso mediante reformas constitucionales transformar radicalmente la justicia laboral (demanda que está en la mesa desde hace décadas).

Así, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, espacio de corrupción y discrecionalidad, para dar paso a un sistema de conciliación laboral.

En caso de persistir los conflictos se resolverán en los tribunales ordinarios, estatales o federales. Este cambio sería suficiente para considerar que se trata de una reforma mayor.

Se trata de una reforma que, de prosperar, puede tener un impacto igual o

mayor al de las reformas estructurales.

Su paso por el Congreso no será pacífico y generará controversia, pero no podrá olvidarse que las iniciativas están respaldadas por diagnósticos, análisis expertos y un amplio consenso.

Desde la perspectiva del Estado de derecho, un adecuado acceso a la justicia y mecanismos eficientes de solución de controversias generan incentivos para que los derechos se reivindiquen y los acuerdos se cumplan y produce consecuencias para quienes transgreden derechos de otros, con lo que se reducen la impunidad y la corrupción, al tiempo que se mejora la capacidad del Estado para dar respuesta a los problemas sociales.

Por ello transformar a la justicia es recimentar el Estado y construir una agenda de confianza. Es darle vigencia a los derechos y uno de los mejores remedios para combatir la impunidad. Es una forma de generar seguridad jurídica y con ello reducir costos de transacción y crear un entorno favorable a la inversión y el crecimiento económico.

La discusión sobre la necesidad de fortalecer el Estado de derecho debe ser más concreta, más específica y terrenal; no se agota en la aplicación de la ley, y pasa por lograr que las personas confíen en la manera en que trabajan sus instituciones porque ello tiene efectos justos, equilibrados, pacificadores y convincentes. Cumplir las normas y dirimir institucionalmente los conflictos conviene a todos, especialmente a los más débiles.

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CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

La gran

paradoja Unos años después de la transición a la democracia aumentaron la frustración y la desconfianza en el sistema

C SOBRE EL AUTOR:

Director de Anticorrupción, IMCO

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on la transición a la democracia se activó un impulso reformador que tenía como objetivo el rediseño del Estado mexicano. Uno de los primeros focos de atención fue la opacidad del sistema de partido hegemónico, que prevaleció durante varias décadas. La oscuridad en el ejercicio del gobierno fue una de las prioridades en este primer impulso reformador de la joven democracia.

Para atacar la opacidad se crearon las primeras leyes en favor de la trans-

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de la por MAX KAISER

parencia, y poco a poco aprendimos a ver a través de las paredes opacas del gobierno. De manera paulatina fuimos descubriendo los procesos, los flujos y las formas de actuar al interior del aparato gubernamental. La apuesta era simple: al ser observado, el gobierno actuará de manera adecuada, disminuirá la corrupción y aumentará la calidad de los servicios.

Unos años después, lo que aumentó fue la frustración y la desconfianza en el sistema democrático. Esta es una paradoja que nadie vio venir, y que puede

DEMOCRACIA MEXICANA

Foto: Cortesía Excélsior MÉXICO SOCIAL Julio 2016

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CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA ser difícil de explicar.

En el año 2002, 63% de los mexicanos creíamos que la democracia era “el sistema preferible” de gobierno, según los estudios que publica año con año Latinobarómetro. Para 2015, sólo el 48% de los mexicanos considera a la democracia como el sistema “preferible”. Una de las explicaciones que propongo para entender esta paradoja es que con la transparencia se hizo evidente que la corrupción era parte del sistema. Los mexicanos pudimos ver a través de las paredes del gobierno, y

nos dimos cuenta de que los intereses privados solían prevalecer al interior del gobierno.

Pero no sólo eso. Además nos dimos cuenta de que la mayoría de las veces esto sucede sin consecuencias para quienes privilegian intereses privados en el ejercicio del poder público. La impunidad como regla del sistema.

Transparency International creó un estudio que ilustra esta percepción.

Se llama Global Corruption Barometer.

Este estudio implica más de 1,000 encuestas directas en cada uno de los 107

Foto: Cortesía Excélsior

Los intereses privados suelen prevalecer al interior del gobierno sin consecuencias para quienes privilegian intereses privados en el ejercicio del poder público.

La impunidad como regla del sistema

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En 2002, 63% de los mexicanos creíamos que la democracia era “el sistema preferible” de gobierno, según los estudios que publica año con año Latinobarómetro. Para 2015, sólo el 48% de los mexicanos considera a la democracia como el sistema “preferible” países donde se realizó.

De las distintas preguntas que se realizan, extraigo dos y sus resultados en 2013: 1. ¿Hasta qué punto el gobierno de su país está manejado por unas cuantas entidades que promueven sus propios intereses?

De acuerdo con los datos de este estudio, 62% de la población mexicana considera que el gobierno está manejado “mucho” (36%) o “completo” (26%) por unas cuantas entidades que promueven sus propios intereses.

2. En el trato con el sector público, ¿qué tan importantes son los contactos personales para resolver su necesidad?

La respuesta de la población mexicana deja en evidencia la desconfianza que tiene hacia los canales institucionales que todo sistema democrático debería de tener. De acuerdo con 78% de los encuestados es “importante” (38%) o “muy importante” (40%) tener contactos personales en el trato con el sector público para resolver una necesidad.

Estas respuestas nos permiten ver que, por lo menos en la percepción de los mexicanos, el gobierno democrático por el que tanto se luchó es en realidad un aparato manejado por unas cuantas personas que promueven intereses particulares.

Esta característica del sistema mexicano que perciben los ciudadanos tiene un nombre: corrupción, y según el INEGI es una de las dos preocupaciones más importantes de los mexicanos.

Dos problemas afectan nuestra vida como ningún otro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI de 2015: la inseguridad y la corrupción.

Cuando el INEGI preguntó a los mexicanos sobre los problemas más graves en el país y en su entidad, el 66% mencionó la inseguridad y el 51% la corrupción. En términos absolutos, de los 46 millones de mexicanos mayores de 18 años, 30 millones creen que la inseguridad es un problema que afecta su vida cotidiana y 23 millones opinan lo mismo de la corrupción.

Estos dos problemas impactan de manera directa en los dos siguientes que la población considera los más relevantes en el país, que son el desempleo (40%) y la pobreza (36%).

La inseguridad ha convertido a varias ciudades del país en lugares inhóspitos, en los que el Estado parece ausente y las leyes inexistentes. Esto es veneno para la inversión, la creación de nuevas empresas y el sostenimiento de las ya existentes y, por lo tanto, para el empleo.

Las empresas que sobreviven en estos contextos de inseguridad, además, están constantemente sometidas a la creciente corrupción. Según la ENCIG, sólo el año pasado, cuatro millones de

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CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

Con la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3de3 una propuesta de cambio legal se convirtió en un movimiento social articulado y la frustración que se había acumulado durante 16 años se canalizó en un ejercicio democrático positivo mexicanos experimentaron directamente un acto de corrupción en alguno de los trámites que realizaron. Esto es una tasa de 12 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. La inseguridad y la corrupción son una combinación nefasta que acaba con las economías locales y con el empleo.

La pobreza también parece tener una potente explicación en la corrupción.

Según el reporte del CONEVAL publicado el año pasado, los estados con mayor porcentaje de mexicanos que viven en situación de pobreza son: Chiapas (76%), Oaxaca (66%), Guerrero (65%), Michoacán (59%) y Veracruz (58%). Según la ENCIG, el 94% de los chiapanecos considera que la corrupción en su entidad es “muy frecuente/frecuente”, así como 92% de los oaxaqueños, 93% de los guerrerenses, 90% de los michoacanos y 86% de los veracruzanos. Estados altamente corruptos, que no han podido atacar eficazmente la pobreza.

La ENCIG también parece revelar el porqué de nuestra frustración como sociedad. Los dos encargados primarios de atender estos temas, inseguridad y corrupción, son también los actores con la peor percepción de corrupción: la policía, en primer lugar, y los partidos políticos en segundo. El 89% de los mexicanos consideramos que la co-rrupción es “muy frecuente/frecuente” en la policía, y el 88% creemos esto mismo en el caso de los partidos

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políticos. Nuestra confianza en quienes deberían atacar y resolver en principio estos dos problemas es casi nula.

Así, la transparencia en esta primera etapa de la democracia mexicana nos sirvió para conocer todo aquello que está mal con nuestro Estado, pero no daba las respuestas ni las soluciones.

Esto generó frustración. Entendimos que la corrupción y la inseguridad son problemas mucho más complejos de lo que imaginábamos.

La transparencia sirvió para comprender que la corrupción se da en tres planos: 1. Institucional. Diseño del Estado, sus leyes, instituciones, procesos y estructuras.

2. Personal. Quienes ocupan los cargos de poder.

3. Social. Relación de la sociedad con el Estado.

Con esta nueva conciencia, una parte de la sociedad mexicana decidió dejar la frustración a un lado y se creó un movimiento sin precedentes.

La iniciativa ciudadana conocida como Ley 3de3 entendía los tres planos del problema de la corrupción y buscó atajarlos con una propuesta de ley: la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se trataba no sólo de reformar el sistema legal, sino de incidir en la conformación de la agenda pública.

El apoyo social que empujó a esta iniciativa no tiene un referente histórico. Una propuesta de cambio legal se convirtió en un movimiento social articulado. La clase política no tuvo más remedio que tomar esta iniciativa como base de la discusión e incorporar a sus promoventes a la discusión de las otras seis leyes que conformarían el Sistema Nacional Anticorrupción.

El 17 de junio el Congreso de la Unión aprobó el paquete completo de leyes, con dos artículos que serán materia de

controversia, pero otros 600 que llevan propuestas directas de la sociedad.

Así, la frustración que se había acumulado durante 16 años, después de la transición democrática, se canalizó en un ejercicio democrático positivo.

Falta mucho por reformar, y más aún, por implementar. Sin embargo, esa gran paradoja que nunca vimos venir puede ser una de las causas de que hoy los mexicanos hayamos irrumpido en el Congreso de manera institucional para decir: ya basta.

89%

de los mexicanos consideramos que la corrupción es “muy frecuente/frecuente” en la policía

88%

creemos esto mismo en el caso de los partidos políticos

Nuestra confianza en quienes deberían atacar y resolver en principio estos dos problemas es casi nula

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CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

D México ocupa la posición 95, de un total de 165 países, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015

SOBRE EL AUTOR: Secretario Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

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e acuerdo con la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), desarrollada y publicada por el INEGI en mayo de 2016, la corrupción es el segundo problema que más preocupó a los mexicanos durante el año pasado (sólo después de la inseguridad). No es una preocupación en abstracto o sin fundamento; esta encuesta muestra que, en 2015, 12,590 habitantes de cada 100 mil se vieron afectados por actos de corrupción, mientras que 30,097 de cada 100 mil tuvieron experiencias de corrupción en la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, así como en otro tipo de contactos con servidores públicos en áreas urbanas.

No sorprende, entonces, que 62% de las personas encuestadas hayan calificado de forma negativa el desempeño del Ejecutivo federal en el combate a la corrupción durante 2015 (Parametría, 2016), ni que México ocupe la posición 95 —junto con Armenia, Mali y Filipinas— de un total de 165 países, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, publicado por Transparencia Internacional (donde la primera posición la ocupa el país en donde menos corrupción se percibe y la 165 el país donde se percibe más).

Revertir esta situación supone un gran reto, pues requiere que el comportamiento corrupto se vuelva la excepción. La pregunta obvia es qué se necesita para lograrlo, y la respuesta tiene dos vías: la primera busca hacerse cargo de la falta de mecanismos de vigilancia eficaces y la segunda concibe la corrupción como un problema de acción colectiva.

La primera perspectiva está anclada en la premisa de que tanto funcionarios como ciudadanos incurren en prácticas corruptas

porque hacerlo no les supone ninguna sanción. De ahí que una de las grandes apuestas burocráticas en los últimos años haya sido fortalecer dichos mecanismos: crear nuevos órganos y disposiciones legales a partir de los cuales un conjunto de civiles o funcionarios tiene la responsabilidad de vigilar a otros funcionarios (i.e. auditores internos o contralores externos).

La construcción del Sistema Nacional Anticorrupción va en este sentido, pero limitar la solución a este tipo de mecanismos es equivalente a pensar que las disposiciones legales (tanto en términos de sanciones, como de la reglamentación del funcionamiento de los órganos de vigilancia o auditoría) se vuelven, en automático, una realidad. Por más obvio que parezca, la sola modificación de una ley no garantiza ni la sujeción de los políticos y funcionarios a ella, ni la apropiación de los valores y las prácticas que ésta promueve por parte de los ciudadanos.

No sólo se trata de crear un conjunto de normas y obligaciones que anuncien fuertes sanciones si se actúa de cierta forma, sino de romper la visión de que el comportamiento esperado es el de la transacción con corrupción. De lo contrario, los esfuerzos y recursos seguirán siendo invertidos en crear mecanismos para identificar funcionarios o transacciones corruptas y sancionarlas. Y, como se ha visto, éstos no impedirán que el nuevo funcionario que ocupe el lugar del funcionario sancionado sea igualmente corrupto, o que la nueva transacción que se lleve a cabo sea en la misma lógica.

La segunda vía a partir de la cual se ha buscado atender el problema de la corrupción consiste en concebir la corrupción como un problema de acción colectiva más que como una falta de supervisión. Actualmente

EL RETO DE modificar

comportamientos por GUILLERMO CEJUDO Foto: Cortesía Excélsior

La corrupción es el segundo problema que más preocupó a los mexicanos durante el año pasado (sólo después de la inseguridad)

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CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

BIBLIOGRAFÍA: I. INEGI (2016) Resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015. Boletín de prensa núm.

246/16. Disponible en:http:// www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/ especiales2016_05_01.pdf II. Parametría (2016) Mexicanos no aprueban el desempeño en el combate a la corrupción.

Disponible en: http://www. parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4865#.

V0jFs2vZNQg.twitter III. Persson, A., Rothstein, B. yTeorell, J. (2013), WhyAnticorruptionReformsFail— SystemicCorruption as a CollectiveActionProblem.

Governance, 26: 449–471.

IV. Transparency International (2015) Índice de Percepción de la Corrupción 2015.

Disponible en: http://transparencia.org.es/wp content/ uploads/2016/01/tabla_sintetica_ipc-2015.pdf

existen muchos espacios en los cuales, en la interacción entre funcionarios o entre funcionarios y ciudadanos, el comportamiento esperado es el comportamiento corrupto. En el otorgamiento de licencias para la apertura de un restaurante, la construcción de obras en cualquier municipio o la asignación de plazas de no pocos espacios del sector público se da por sentado que debe existir algún acto de corrupción. En pocas palabras, en México no contamos con un conjunto de comportamientos en donde la corrupción es una anomalía, sino exactamente lo contrario.

Modificar la expectativa de un comportamiento corrupto al momento de realizar trámites, solicitar servicios o interactuar con funcionarios públicos es una labor complicada, pero posible. La evidencia en este país es muestra de ello. Después de muchos años durante los cuales el comportamiento esperado era que la gente no utilizara el cinturón de seguridad para conducir, o que los automovilistas manejaran bajo la influencia del alcohol, se logró que la expectativa de cómo deben desarrollarse estas actividades sea la opuesta.

Ambas perspectivas, tanto la que concibe el problema de la corrupción como una falla de nuestras instituciones, como la que la ve como un problema de acción colectiva, son válidas y deben ser complementarias (Persson, Rothstein y Teorell, 2013). En realidad, el reto consiste en poder convertir las aspiraciones normativas que se encuentran actualmente en discusión en una realidad: en un gran conjunto de rutinas, prácticas y procedimientos

que modifiquen la expectativa de que el comportamiento propio tanto de funcionarios como de ciudadanos es el comportamiento corrupto.

Para ello se requiere una serie de componentes que actúen de manera conjunta y articulada. El componente legal es indispensable, pero es sólo una parte del conjunto: es necesario pensar en el resto de los componentes que están en juego al momento de intentar combatir la corrupción. Cuando se piensa en un Sistema Nacional Anticorrupción en realidad se está hablando de un conjunto de componentes que se deben accionar eficaz y simultáneamente; se trata de poner en marcha, a un tiempo y de forma efectiva, los componentes de transparencia, auditoría, evaluación y otros tantos, con el objetivo de que cada uno funcione adecuadamente, de lo contrario, el sistema para combatir la corrupción en su conjunto no logrará el fin para el que fue creado. Se requiere un sistema que permita que cuando alguien sea detectado cometiendo un comportamiento corrupto se detone una investigación y que, de ser el caso, eventualmente resulte en una sanción.

Frente a esto, es importante situar en una justa dimensión la eficacia de los distintos mecanismos que conforman cada uno de los componentes que intervienen en el combate a la corrupción.

La transparencia de la información, por ejemplo, no es en sí misma un antídoto contra la corrupción; cuando los procedimientos y normas que regulan los

No sólo se trata de crear un conjunto de normas y obligaciones que anuncien fuertes sanciones si se actúa de cierta forma, sino de romper la visión de que el comportamiento esperado es el de la transacción con corrupción 24

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trámites y servicios que presta el gobierno son transparentes y accesibles para el ciudadano, el margen de discrecionalidad de los funcionarios encargados para llevarlos a cabo se reduce, y con ello la oportunidad para la corrupción, pero de nada sirve que la información sobre dichos procedimientos sea pública si los instrumentos para detectar y sancionar irregularidades en éstos no funcionan.

Lo anterior quiere decir que no solamente importan la cantidad o calidad de

la información disponible, ni los medios para hacerla accesible, sino los mecanismos que se detonan al hacer uso de esa información. En otras palabras, la información disponible será tan útil para combatir la corrupción como la capacidad de respuesta de las instituciones que conforman el sistema anticorrupción.

Mayor o menor información importa para combatir la corrupción en la medida en la que el resto de los instrumentos construidos para ese fin sean funcionales y eficaces.

Modificar la expectativa de un comportamiento corrupto al momento de realizar trámites, solicitar servicios o interactuar con funcionarios públicos es una labor complicada, pero posible

Foto: Cortesía Excélsior

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Movilidad social

La herencia de la CORRUPCIÓN por ROBERTO VÉLEZ

La construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) efectivo resulta clave para acercarnos más a una situación donde la competencia, que no la herencia, determine el logro de vida de los mexicanos

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A

l cuestionarse sobre las causas de la baja movilidad social en China, David Dollar propuso tres razones principales, una de ellas la creciente corrupción.

Su argumento era simple: si no hay reglas claras y las condiciones de competencia no son equitativas, resulta más probable que las familias de élite perpetúen de generación en generación su condición de ventaja. El mismo argumento puede trasladarse al caso mexicano, en el que la corrupción es un mal crónico que nos aqueja de manera permanente y la persistencia en la condición de origen entre los más ricos, pero también entre los más pobres, es muy alta. En ese sentido, la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) efectivo resulta clave para acercarnos más a

una situación donde la competencia, que no la herencia, determine el logro de vida de los mexicanos.

De acuerdo con Vito Tanzi, la manera más común de definir a la corrupción es como “el abuso del poder público para el beneficio privado” (1998, p. 564). Pranab Bardhan, en su revisión sobre el problema de la corrupción y el desarrollo, enmarca la definición anterior en un problema de agente-principal, donde el funcionario público o “agente” incurre en acciones que le generan un beneficio privado, las cuales son difíciles de observar por parte de los ciudadanos, en este caso el “principal” (1997, p. 1321).

En lo que toca a la relación que guardan la corrupción y la movilidad social, cabe mencionar que resulta complicado encontrar estudios en la materia. Es más, en el trabajo

PERCEPCIÓN NEGATIVA Existe una constante en la percepción negativa de los ciudadanos (el principal) durante los últimos 20 años en materia

Índice de percepción de corrupción

Baja

de corrupción en México : 100

75

50

15 20

14 20

13 20

12 20

11 20

10 20

09

08

20

20

07 20

06 20

05 20

04 20

03 20

02 20

01 20

00 20

99 19

98 19

96

97 19

19

95

0 19

Alta

25

Fuente: Transparency Internacional (https://www.transparency.org)

de Bardhan mencionado anteriormente el autor llama la atención sobre la aparente falta de interés en los efectos distributivos de la corrupción. Afortunadamente, alguna evidencia existe. Por ejemplo, los resultados de Gupta, Davoodi y Alonso-Terme (2002) apuntan a que una mayor corrupción incrementa la desigualdad de ingreso, y aunque la desigualdad y la movilidad social no son lo mismo, sí sabemos que guardan una relación negativa: mayor

desigualdad de ingreso va acompañada de una menor movilidad entre generaciones (Brunori, Ferreira y Peragine, 2013; Corak, 2013; Staley y Yalonetzky, 2016). En ese sentido, y bajo el supuesto de que la tasa de movilidad social se ve afectada negativamente por la acumulación de las desigualdades de origen y a lo largo de la vida de las personas, se podría esperar que a mayor corrupción las opciones de movilidad social resulten más reducidas.

SOBRE EL AUTOR: Director de Movilidad Social y Bienestar Socioeconómico del CEEY. Economista con estudios doctorales en Historia Moderna por la Universidad de Oxford.

Sus áreas de investigación se concentran en movilidad social, desarrollo humano e historia antropométrica.

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Movilidad social

Baja movilidad

Corrupción y movilidad intergeneracional de ingreso 0.8 SAF PER 0.6

BRA MEX

IND

USA

ESP

UK

ITA

FRA

0.4 CYP

HOL GER

0.2

Alta movilidad

Elasticidad intergeneracional del ingreso

En la siguiente figura se grafica la relación entre estas dos dimensiones de un grupo de países para los que hay información disponible. El índice de percepción de la corrupción (eje horizontal) se refiere al publicado para el año 2015 por Transparencia Internacional. Por otro lado, a excepción del dato para México, que es tomado de un estudio de Irvin Rojas Valdés publicado en el año 2012, las demás elasticidades intergeneracionales del ingreso (eje vertical) se toman del trabajo de Brunori, Ferreira y Peragine anteriormente citado. En particular, la elasticidad intergeneracional del ingreso se refiere al grado de asociación entre los ingresos de padres e hijos, por lo tanto, que dicha asociación sea mayor implica menor movilidad social. En cuanto a la relación observada, y como era de esperarse, menores niveles de corrupción van acompañados de una relación menor entre ingresos (mayor movilidad).

SWE NOR FIN DEN

0

20

30

Alta

40

50

60

70

80

Índice de percepción de la corrupción

90

100

Baja

La elasticidad intergeneración del ingreso para México se toma de Rojas Valdés (2012) Fuente: Transparency International (2015) y Brunori, et al (2013)

México, como puede notarse, se encuentra en una posición poco envidiable. Cabe mencionar que dicha tendencia se mantiene si en lugar del indicador de ingresos se utiliza la correlación intergeneracional de educación, también comúnmente utilizada en los estudios de movilidad social 28

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Por supuesto, la explicación sobre los canales de comunicación entre corrupción y movilidad social todavía está lejos de obtenerse. Se puede conjeturar sobre la misma, pero la analogía sobre “hacer fila” comúnmente utilizada en la literatura sobre corrupción, aunque limitada e incompleta, resulta esclarecedora y cercana a la discusión sobre movilidad social: los que cuentan con poder económico y político tienen una ventaja sobre los que no, pueden pagar o mover influencias para brincarse lugares en la fila y adelantar su turno. Un mundo que funciona así, sin embargo, acarrea costos.

Desde el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) hemos sostenido que la movilidad social se debe promover por razones de justicia social, crecimiento y cohesión social; sin embargo, la corrupción como barrera a la movilidad social refuerza la idea de un país donde el mérito y el esfuerzo no son suficientes para lograr cosas en la vida, con efectos negativos que van desde el desaprovechamiento de recursos humanos y su efecto en menores tasas de crecimiento económico, hasta situaciones donde los ciudadanos no comparten objetivos comunes y el tejido y la solidaridad social se resquebrajan.

En noviembre del año 2015 un grupo de personalidades y organizaciones, entre las que se encontraba el CEEY, hicieron un llamado para que las leyes secundarias del SNA se aprobaran en tiempo y forma, es decir, no más allá de mayo de 2016. El denominado Manifiesto sobre el Sistema Nacional Anticorrupción planteaba que la reforma constitucional de mayo de 2015 en materia de corrupción “abrió la puerta para comenzar a atajar ese fenómeno que ha dañado nuestra democracia, que ha lastrado nuestra economía y ha profundizado la desigualdad social, que ha incrementado la violencia y que ha minado la confianza en las instituciones”. Hoy, después de una larga negociación que ha estado marcada por algo que los firmantes del manifiesto pedían evitar a toda costa, la “puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción… no debe afrontarse de manera fragmentaria, ni someterse a los humores de la negociación política en cada una de las piezas legislativas que deben promulgarse”, seguimos atentos para que una demanda creciente de la población mexicana, que no sólo percibe a la corrupción sino que vive efectos de la misma como lo es la baja movilidad social, sea plenamente atendida.

NOTAS Y REFERENCIAS: I. http://www.brookings.edu/blogs/social-mobility-memos/posts/ 2013/12/20-will-china-become-land-of-opportunity-dollar II. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=882334 III. http://siteresources.worldbank.org/INTEASTASIAPACIFIC/Resources/226262-1253782457445/6449316-1261623644460/corruption-and-development.pdf IV. http://pria-academy.org/pdf/ISA/m2/m2-1-Corruption-IncomeIneq-Pov.pdf V. http://ftp.iza.org/dp7155.pdf VI. http://ftp.iza.org/dp7520.pdf VII. https://www.transparency.org/cpi2015#results-table VIII. https://www.amazon.com/dp/B00DD5CSLI/ref=rdr_kindle_ext_tmb IX. http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/MANIFIESTO-SNA-160915-1.pdf

Bajo el supuesto de que la tasa de movilidad social se ve afectada negativamente por la acumulación de las desigualdades de origen y a lo largo de la vida de las personas, se podría esperar que a mayor corrupción las opciones de movilidad social resulten más reducidas Foto: Mariana Maldonado Fournier

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Este artículo se reproduce con autorización del Centro de Colaboraciones Solidarias

DIÁ Foto: Cortesía Excélsior

La gran desconocida, aunque universalmente practicada, es la aporofobia, el odio al pobre, y más si es indigente y vulnerable 30

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COLABORACIÓN ESPECIAL

Somos

LOGO por ADELA CORTINA

Algunos grupos se sienten autorizados para desacreditar a otros, porque estos últimos cuentan con una característica que los intolerantes consideran especialmente despreciable, digna del repudio generalizado y la exclusión

Catedrática de Ética y Filosofía Política de la SOBRE LA AUTORA: Universidad de Valencia

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U

no de los obstáculos para crear sociedades justas y convivencia pacífica es la intolerancia que se expresa en las palabras, y no sólo en las acciones. La actitud del intolerante suele reconocerse con el sufijo “fobia”, y es tan vieja como la humanidad.

La xenofobia, la aversión al extranjero, es, por desgracia, bien conocida, pero también la homofobia, el odio a las personas homosexuales, la fobia hacia gente que practica una religión, como judíos, musulmanes o cristianos, y la gran desconocida, aunque universalmente practicada, es la aporofobia, el odio al pobre, y más si es indigente y vulnerable.

Este cúmulo de aversiones, y tantas más que deben existir, se basan en un déficit de humanidad, porque al intolerante le falta

una capacidad humana básica, que es la voluntad de dialogar. Desde el pódium de su situación, que considera la correcta, contempla con desprecio a los que le parecen desviados y les niega el pan y la sal.

Craso error, por supuesto. En principio, porque toda persona es igualmente digna, ésa es la divisa de la Ilustración, y sus opciones personales merecen respeto, siempre que no dañen a otros. No sólo tolerancia pasiva, que ya es algo, sino también positivamente respeto activo.

Pero es preciso ir más allá, porque para curar el mal de la intolerancia suele recomendarse intentar ponerse en el lugar del otro, imaginar qué debe sentir, cómo debe sufrir con el desprecio, practicar la empatía. Sin embargo, eso no basta, sino que es preciso entablar un diálogo, entrar en

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Foto: Cortesía Excélsior

Al intolerante le falta una capacidad humana básica, que es la voluntad de dialogar, y contempla con desprecio a los que le parecen "desviados"

COLABORACIÓN ESPECIAL una conversación que es la que puede llevar a cambiar de mentalidad y que es además lo propiamente humano.

Afortunadamente, la razón humana no es monológica, sino dialógica, incluso los monólogos que vamos rumiando por la calle son diálogos internalizados.

Sabemos de nosotros mismos preguntándonos y contestándonos, y también hablando con otros, porque, como bien decía Hölderlin, “somos un diálogo”.

Negarse a hablar con otros, condenándolos a la exclusión, sin preocupación por conocer ni sus razones ni sus sentimientos, es enfermar de inhumanidad.

Que es una enfermedad grave, si las hay.

En nuestro tiempo las fobias sociales han llegado a tener un tratamiento jurídico frente a lo que se ha venido a llamar “el discurso del odio”, el dis-

curso de los intolerantes que estigmatizan a otros. Está muy bien que el derecho haga su trabajo para defender a los humillados y ofendidos, pero una convivencia pacífica exige mucho más que eso, exige que la ética haga su tarea de humanizar las relaciones entre las personas en la vida cotidiana, cultivando entre ellas el diálogo.

Quienes han entrado en una conversación auténtica difícilmente tendrán tentaciones de dañarse.

El hombre –decía Aristóteles– se caracteriza por tener “logos”, que quiere decir “razón” y “palabra”, y es el que le sirve para hablar sobre lo justo y lo injusto, construyendo con ello la casa y la ciudad. Una casa y una ciudad que hoy serían ya locales y globales.

Una convivencia pacífica exige que la ética haga su tarea de humanizar las relaciones entre las personas, cultivando entre ellas el diálogo

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Corrupción y transparencia

RENDICIÓN Habría muchas razones para suponer una alianza natural entre periodismo y rendición de cuentas. Sin embargo, en México a pesar de las alternancias, las tecnologías digitales y la emergencia de públicos más exigentes, al periodismo le cuesta mucho ser un factor real para promover la rendición de cuentas por MANUEL ALEJANDRO GUERRERO

E

s aquí donde se hace indispensable traer a cuento a las organizaciones a través de las cuales periodistas y reporteros hacen su labor: los medios. Periodismo y medios no son lo mismo, pero el estado actual del primero no se entiende del todo sin referencia a los segundos y su vínculo con la política. Al final de un breve recuento de la relación entre ellos, señalo una vía para fortalecer el papel vigilante del periodismo a favor de la rendición de cuentas de la clase política y de las instituciones públicas.

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Periodismo en México: difícil contexto Rendición de cuentas –traducción inexacta del término inglés accountability– implica la obligación permanente de las autoridades para responder, explicar y justificar las decisiones que toman y el destino de los recursos que emplean. Al mismo tiempo, la rendición de cuentas conlleva una sanción para aquellos servidores públicos que abusen de sus puestos y no cumplan con lo que deben hacer del modo en que lo deben hacer.

El periodismo, al informar y vigi-

lar, tiene el potencial de mantener un espacio público abierto, deliberativo y crítico, contribución fundamental para un sistema político democrático saludable. En México el sistema político no ha generado condiciones favorables para el periodismo profesional; éste se ha ejercido, en general, a pesar de él.

Como muchos otros sectores económicos y sociales en el México posrevolucionario, los medios de comunicación –las organizaciones a través de las cuales periodistas y reporteros hacen su labor– quedaron insertos en una relación con el Es-

PERIODISMO y

DE CUENTAS

SOBRE EL AUTOR:

Profesor-Investigador, Universidad SOBRE EL Iberoamericana AUTOR: Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C,

Foto: Cortesía Excélsior

Foto: Cortesía de EXCÉLSIOR

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Corrupción y transparencia

Se hizo muy difícil desarrollar un periodismo vigilante y crítico. El entorno favorecía la práctica periodística dócil, con bajísimos incentivos para la investigación, orientada a la reproducción de boletines, declaraciones y filtraciones Foto: Cortesía Excélsior

tado de tipo corporativista (representación sectorial organizada) y clientelista (intercambio constante de apoyos fiscales y económicos a cambio de lealtad política).

A lo largo del Siglo XX diversos mecanismos apuntalaron la operación de esta relación (Guerrero 2011: 237ss):

pública a través de los Departamentos de Prensa y Publicidad en cada dependencia gubernamental (López Portillo cambió su nombre a Oficinas de Comunicación Social).

Su finalidad original era dar a conocer las actividades cotidianas y el cumplimiento de programas y resultados de cada dependencia. En realidad promovían a sus titulares y redactaban boletines que directamente se insertaban en los medios como “información”.

a) Relaciones estrechas de grupos políticos con dueños y editores de medios, lo que permitía que los medios sirvieran más como intermediarios de intereses políticos que e) Discrecionalidad en el gasto como informadores de la sociedad. publicitario gubernamental que, ante la falta de lectores suficientes y b) Control estatal mayoritario so- de mercados publicitarios robustos, bre la distribución del papel para era una fuente de ingreso vital para imprimir a través de la Productora e los medios.

Importadora de Papel, S.A. (PIPSA) que al mismo tiempo subsidiaba f) Compensaciones salariales diconvenientemente el costo de este rectas a periodistas y reporteros papel para los medios.

–conocidas como “embute”, “sobre”, “chayote”– por parte de dec) Creación de la Unión de Vo- pendencias y servidores públicos, ceadores, afiliada al PRI a través de que en muchas ocasiones eran mala CTM, que desde 1944 hasta prin- yores que los sueldos de sus medios. cipios de los noventa centralizó la distribución de material impreso.

Lo anterior consolidó lo que Grad) Centralización de información nados Chapa (1981) definió como

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“censura ambiental”, donde los medios sabían muy bien los límites de lo que se podía publicar. Para el periodismo hubo, al menos, tres grandes consecuencias. Para empezar, si bien siempre hubo excepciones notables, en general se hizo muy difícil desarrollar un periodismo vigilante y crítico. El entorno favorecía, sobre todo, la práctica periodística dócil, con bajísimos incentivos para la investigación, orientada a la reproducción –compensada o no– de boletines, declaraciones y filtraciones. No es casual que una de las secciones más leídas de los diarios siga siendo la de los “trascendidos”.

Además, la aceptación de las compensaciones, del empleo de espacios informativos con fines políticos o comerciales y de la reproducción acrítica de declaraciones como prácticas recurrentes entre periodistas no sólo impidió el surgimiento de un espíritu de cuerpo entre ellos, sino que restó legitimidad a cualquier intento de organización autónoma e independiente. Las organizaciones que hay viven bajo la sospecha mutua acerca de sus verdaderos patrocinadores y objetivos.

La imagen más frecuente del periodista mexicano ha sido la de un personaje cercano al poder, y no la de un aliado natural de las causas cívicas y vigilante contra el abuso Finalmente, en buena medida como consecuencia de lo anterior, el periodismo en México ha contado con un prestigio social que, nuevamente salvo excepciones individuales, ha sido comúnmente muy mediano. Si bien la ENCUP 2012 indica que 55.3% confía “algo” en la prensa, la imagen más frecuente del periodista mexicano ha sido menos la del aliado natural de las causas cívicas y vigilante contra el abuso del poder, y más la del personaje cercano a éste. Esta imagen, desde luego, no necesariamente define a la mayoría de quienes ejercen el periodismo, pero ayuda a explicar el bajísimo reclamo social e indignación ciudadana ante los crímenes, delitos y abusos cometidos contra periodistas y, sobre todo, la persistencia de la idea macabra de que ellos pueden ser responsables de su tragedia (“seguro andaba metido en algo”).

La promesa de la transición Entre 1997 y 2000 innumerables artículos y ensayos argumentaron que la posible “salida del PRI de Los Pinos” generaría un auténtico florecimiento democrático a partir del surgimiento

de un sistema de pesos y contrapesos entre partidos, entre poderes del Estado y entre federación y entidades, bajo la mirada de una sociedad participativa.

En los medios la alternancia apuntaló varios cambios importantes en su relación con el Estado. Desde los 90 se había resquebrajado el control de la Unión de Voceadores sobre la distribución de periódicos e impresos, así como también se había finiquitado PIPSA. A ello se suma que a partir de 2002 la aprobación de la Ley Federal de Transparencia, la creación del IFAI y las reformas subsecuentes abrieron la posibilidad de acceder a información pública como nunca antes.

Sin embargo, la gestación de un sistema democrático con rendición de cuentas requiere de un círculo virtuoso entre una oposición política real, un periodismo autónomo y vigilante y una sociedad participativa. Y hacen falta cambios para iniciarlo.

La oposición que llegó al poder mediante reglas de acceso al poder equitativas, competitivas y abiertas ha carecido de incentivos necesarios para transformar a fondo las viejas reglas del ejercicio del poder. En lugar de

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Corrupción y transparencia

El contexto político general sigue siendo favorable para las viejas prácticas

consolidar un Estado de derecho y de vigilarse mutuamente, la clase política multipartidista ha preferido mantener sus nuevos cotos de poder para hacer negocios sin interferencia y obtener rentas de clientelas que organizan y movilizan desde oficinas públicas. No es casual que esté aprobando a rastras y con la mayor lentitud las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

En relación con los medios y el periodismo, esta clase política multipartidista ha adoptado los viejos modos de cercanía con dueños y editores, aunque ahora depende del grupo mediático, del partido y de la región. Asimismo, las compensaciones salariales tampoco han desaparecido, sobre todo en provincia. Más aún, el gasto público en medios no sólo sigue siendo discrecional, sino que ahora es más sofisticado: ya no sólo se canaliza a través de la inserción publicitaria, sino que ahora se llega a “comprar” directamente el contenido informativo. Como resultado seguimos teniendo boletines e “infomerciales” políticos que se hacen pasar por información o, de plano, la súbita aparición de publicaciones promoviendo a políticos –a pesar de la ley–.

¿Y entonces?

Sería injusto asociar hoy a todos los medios y al periodismo en general con estas prácticas. Hay medios que están apostando por ofrecer información de mayor calidad a lectores y audiencias

más exigentes, así como también hay periodistas que, debido a la falta de espacios en medios tradicionales, han decidido sacar mayor provecho tanto de las tecnologías digitales, como de la publicación de sus trabajos en libros y otros formatos. No obstante, no se podría negar que el contexto político general sigue siendo favorable para las viejas prácticas.

Para generar el círculo virtuoso, hoy contamos con un número –quizá cuantitativamente pequeño, pero cualitativamente muy importante– de audiencias exigentes y con algunos medios importantes comprometidos con un periodismo vigilante, crítico y autónomo, pero con una clase política multipartidista con muy poca voluntad de consolidar mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

La propuesta es comenzar a romper el vínculo vicioso entre medios y clase política (que termina por capturar al periodismo) aprovechando la capacidad de esos sectores críticos y exigentes de la sociedad para impulsar, del mismo modo que la Ley 3de3, ahora una ley de publicidad oficial (prometida por este gobierno federal). Ésta es una condición necesaria –aunque no suficiente– para favorecer que el periodismo crítico, vigilante y autónomo sea regla y no excepción y, sobre todo, para ayudar a romper la nociva dependencia de los medios frente a la discrecionalidad del poder.

La gestación de un sistema democrático con rendición de cuentas requiere de un círculo virtuoso entre una oposición política real, un periodismo autónomo y vigilante y una sociedad participativa 38

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Es justo rebelarse contra el TERRORISMO SOCIAL por JOSÉ CARLOS GARCÍA FAJARDO

La desigualdad extrema entre ricos y pobres destroza la comunidad, rompe los lazos de fraternidad y desata la codicia de unos pocos mientras provoca la desesperación de muchos, condenados sin culpa

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D

urante bastante tiempo se creyó que sólo los trabajadores que habían cotizado a la Seguridad Social tenían derecho a cobrar una pensión al llegar su jubilación.

Personas que habían trabajado toda su vida sacando adelante a sus familias, trabajando en asistencia doméstica, como modistas, artesanos o en cualquier otro trabajo duro, pero no remunerado con sueldo fijo ni dados de alta por un empleador, ni en sueños podían aspirar a que la sociedad, por medio del Estado, reconociese su derecho a una pensión digna que les permitiera vivir sin zozobras la última etapa de su vida.

Hoy se reconoce el derecho de todo ser humano a esa pensión como una de las conquistas del Estado de bienestar.

Es una conquista social sin la cuales los derechos políticos y declaraciones de derechos universales no serían sino quimeras. Como personas tenemos derecho a que la comunidad provea a nuestras necesidades en la enfermedad, en la dependencia y en la vejez. Ninguna de las conquistas sociales, logros científicos y

técnicos han nacido de la nada ni cada generación ha tenido que comenzar de cero. Vamos a hombros de quienes nos han precedido y existe un capital acumulado al que todo ser humano tiene derecho porque existe y no para existir.

Lo que durante siglos perteneció a la utopía hoy es en los países desarrollados y democráticos un conjunto de valores concretos reconocidos por leyes y exigibles ante los tribunales. Nadie en su sana razón lo discute. De igual manera hemos de abordar otras propuestas que parecen utópicas, “verdades prematuras”, para que, a fuerza de comentarlas, estudiarlas y ponderarlas se conviertan en realidades concretas.

A fuerza de hablar de la desigualdad de ingresos y riqueza, olvidamos su acelerado crecimiento, sus causas, orígenes y consecuencias, y olvidamos refutar las falsas justificaciones ofrecidas por los más poderosos y por los ejecutores de sus dictados, muchos políticos indignos. Olvidamos que la desigualdad hace tiempo que ha rebasado lo social, la ética y lo estéticamente tolerable. La extrema desigualdad nos debe golpear

COLABORACIÓN ESPECIAL

Foto: Cortesía Excélsior

Olvidamos que la desigualdad hace tiempo ha rebasado lo social, la ética y lo estéticamente tolerable. La extrema desigualdad nos debe golpear por ser radicalmente injusta e inhumana por ser radicalmente injusta e inhumana.

Ante la desigualdad no sólo tenemos el derecho de resistencia sino el deber de alzarnos como ante cualquier tiranía.

Leemos sin inmutarnos que la mitad de la humanidad, casi 4,000 millones de personas, vive con menos de dos dólares al día y, de éstos, 1,500 millones con menos de un dólar diario. Esta desigualdad extrema entre ricos y pobres destroza la comunidad, rompe los lazos de fraternidad y desata la codicia de unos pocos mientras provoca la desesperación de muchos, condenados sin culpa.

Algunos sostienen sin rubor que cada uno tiene lo que se merece y que la buena suerte hay que trabajarla. Falso.

Nadie ha merecido nacer donde nació ni disponer o carecer de medios para su formación y desarrollo. Pero todos nacemos miembros de una sociedad y, aunque falleciesen nuestros padres, la sociedad es responsable de nosotros, como nosotros lo somos de los demás miembros de la misma. Esta conciencia es una de las conquistas de la globalización que nos ha descubierto próximos y, por tanto, responsables solidarios

unos de otros.

Por eso es urgente no cejar en la lucha contra la desigualdad, construyendo propuestas alternativas graduales a este modelo de desarrollo basado en el sofisma de que “cuánto más, mejor”, falsa premisa de que lo importante en economía es la mayor productividad posible con el mayor beneficio, caiga quien caiga, y tratando a los seres humanos como recursos y no como a sujetos libres, dignos y responsables. Es urgente construir alternativas que nos permitan recuperar el control democrático sobre las decisiones económicas, y recuperar el control de las personas sobre sus vidas en una realidad que merezca la pena de ser vivida mediante una paterno/maternidad responsables, y que no sea una condena ante la que es comprensible rebelarse.

La explosión demográfica no nos debería dejar de manos cruzadas, aunque luchar por el derecho a una vida digna algunos lo condenen como un ataque a la sociedad, como si no fuera el terrorismo social, y no sólo de Estado, la causa de esta desigualdad injusta.

SOBRE EL AUTOR: Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del Centro de Colaboraciones Solidarias @GarciaFajardoJC

Este artículo se reproduce con autorización del Centro de Colaboraciones Solidarias

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Entre la

histeria y el

cinismo por JOSÉ ANTONIO POLO

No sabemos si, como afirmaba Hobbes, el conflicto sea el "estado natural" del hombre. De lo que no hay duda es de que la violencia, es decir, el uso de la fuerza para infligir daño o someter, es parte de nuestra civilización, de nuestra historia 44

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COLABORACIÓN ESPECIAL Toda violencia es el resultado de personas que se engañan a sí mismas creyendo que su dolor deriva de otras personas, y que consecuentemente dichas personas merecen ser castigadas.

Marshall Rosenberg

S

i la guerra es la continuación de la política por otros medios, es natural que algunos de los padres de la ciencia política y de la sociología hayan puesto a la violencia, explícita o implícitamente, en el centro del análisis. Maquiavelo, Hobbes, Marx o Weber la pensaron como impulso político, como recurso y manifestación evidente de poder; también la consideraron en sus derivaciones morales y éticas. ¿Cómo reducir sus expresiones más extremas? ¿Cuándo es instrumento de explotación u opresión? ¿Cuándo, por qué y para qué debe usarse? ¿Por quién?

Abordar estos temas implica adjetivar la violencia, entenderla, explicarla, acotarla, justificarla; darle contenido político. Para no irnos demasiado atrás, la revuelta contra la injusticia se entiende, desde 1789, como un derecho consustancial al pueblo; es la Revolución, con mayúsculas. El Estado opresor generó su propia némesis fanática, magistralmente narrada por Anatole France en su novela "Los dioses tienen sed". El trasfondo siempre fue, para unos y otros, el de la legitimidad de su violencia. Ahí, nos dice Weber, habrá de radicar la esencia misma del Estado.

La Revolución francesa fue el evento político más radical de Occidente hasta el advenimiento del siglo XX, bautizado por Eric Hobsbawm como la era de los extremos. Pese a todas las carnicerías previas, se

inauguró un nivel diferente de atrocidad: el exterminio industrializado de la Alemania nazi, y un nuevo concepto, acuñado por Hannah Arendt, "la banalidad del mal".

Siguiendo en el mismo lugar y época, quizá nunca se hayan constatado más claramente los costos morales y civilizatorios del apaciguamiento, como en la disyuntiva Chamberlain o Churchill. El presidente Roosevelt lo puso bien: hay que tener cuidado con el miedo al miedo.

Como era de prever, ni la victoria aliada ni la caída del muro de Berlín significaron "el fin de la Historia", y la defensa de las libertades y la justicia social continúan como los problemas centrales de la ciencia política. De ahí la pertinencia, según el canon liberal, de la educación cívica, de las políticas compensatorias, y del Estado mismo, al menos como árbitro entre intereses distintos. Vale la pena insistir: las relaciones civilizadas no se abstraen del conflicto ni de la violencia; los asumen y los procesan mediante la política y las instituciones.

Aterrizando ya en el aquí y el ahora, ¿por dónde empezar a dialogar sobre México y su violencia? Para empezar, no es arriesgado afirmar que somos un país muy violento.

De nueva cuenta, no porque exista el fenómeno, sino porque así lo indican nuestra tasa de homicidios y el número de secuestros y extorsiones. Además, de acuerdo con todas las encuestas, la inseguridad es, desde hace varios años, la prin-

SOBRE EL AUTOR: Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Colaboró en el servicio público desde diversos cargos en Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

En el sector privado, ha sido directivo en áreas de inteligencia.

Actualmente es consultor independiente.

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Las relaciones civilizadas no se abstraen del conflicto ni de la violencia; los asumen y los procesan mediante la política y las instituciones cipal preocupación de los mexicanos, en alternancia con los problemas económicos. ¿Cuáles son los orígenes y el desarrollo de esta realidad y de esta percepción? Habrá mucho que escribir desde la sociología, la psicología, la economía, la historia y la ciencia política. Por lo pronto, comprimir los eventos de los últimos años en las decisiones de gobierno o de un puñado de criminales no es suficiente.

Si se habla con razón de la naturaleza multidimensional de la pobreza, así también con la violencia. Ninguna lista estará completa, pero cualquiera debería incluir la incompetencia y la corrupción en los cuerpos de seguridad y procuración de justicia; la exclusión económica y social; los maltratos en la familia; las insuficiencias educativas, públicas y privadas; la difusión obscena de "estilos" de vida -es un decir- tan inalcanzables como superfluos; la pobreza que contempla los desplantes de riqueza, y la opulencia que simula no ver las humillaciones que provoca.

Esos serían algunos de los grandes trazos, pero tampoco serán suficientes porque cualquier mirada cuidadosa a las historias locales de crispación podrá señalar las más diversas motivaciones y explicaciones. En los universos locales están las narrativas de las distintas violencias que existen en el país. A pesar de ello, rehuimos a las disecciones sociológicas, trivializamos, y cargamos la explicación en "el Estado", errónea y convenientemente intercambiable por "el gobierno", y simplificamos aún más al enfocar en una de sus expresiones más lamentables: las policías.

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Con poco pensar se acaba comprendiendo que la violencia no podría agotarse de ninguna manera en el tema policial, pero tampoco sobran algunos comentarios no sobre cómo padecemos, sino sobre cómo tratamos a nuestras policías. Por principio, es ya un lugar común estigmatizarlas.

Y se entiende. ¿Pero porqué no reparamos en que el 60% de los policías locales ganan menos de 4 mil pesos, y en que casi el 70% no pasa de la primaria? La conclusión obvia es que el modelo policial del país es intrínsecamente corrupto porque sólo puede existir económicamente -ya no digamos "operar" en cualquier sentido-, gracias al subsidio de la delincuencia y de la corrupción.

Es a pesar de esta realidad que satanizamos a las policías, y de ahí surgen las Fuerzas Armadas como actor emergente, lo que significaría que llevamos décadas en la emergencia, y que ya nos acostumbramos a ver soldados en funciones de seguridad pública, incluso como policías municipales. ¿Es sano para nuestra democracia? No lo es, entre otras cosas porque se confunde defensa nacional con seguridad pública, pero sobre todo porque refleja y reproduce el divorcio entre gobiernos y comunidades.

No es menor la contribución a este divorcio la del desastre que impera en procuradurías y el sistema judicial. Un ejemplo: el secuestro, uno de los delitos que más lastiman y que menos se denuncia. Sin contar con una altísima cifra negra, se cuentan en miles anualmente; sólo el registro oficial de 2013 daba un promedio de un secuestro cada seis horas. Pero ante esta tragedia cotidiana, en 2014 no se dio ni una

COLABORACIÓN ESPECIAL sola sentencia condenatoria a ningún secuestrador. Si esto no es un colapso de nuestros sistemas de impartición de justicia, ¿cuál será la definición del concepto? Porque el hecho es que continuamos sin reformar en verdad nuestras policías, nuestras procuradurías, nuestros sistemas judiciales y penitenciarios. Es más, por ser casos de supuesta irredención, parecería que damos por perdido el asunto.

Quizá por ello, mientras en otros países la muerte de un policía, un fiscal o un juez se lamenta en funerales públicos, en nuestro país terminan en ceremonias privadas y en numeralia que a nadie conmueven.

Aquí valdría la pena detenerse un poco más. El país ha fracasado, pero en lugar de embarcarnos -porque, aunque no queramos, vamos "en el mismo barco"- hacia una reforma significativa de nuestras instituciones, continuamos dando vueltas a la noria con ajustes timoratos y uno que otro retroceso. Nos resignamos a una la-

bor de Sísifo que no puede culminar en una sola institución de seguridad o procuración de justicia que merezca respeto social. En alguna medida, persiste la noción de que la eficacia implica corrupción. Era, es y seguirá siendo, la justificación instrumental de la mafia. En México al menos no habría ya mucho que alegar; con la ineptitud de unos y la desidia de otros, acabamos en el peor de los mundos: instituciones de seguridad y justicia que, además de corruptas, son ineficaces.

En suma, catalogamos correctamente a nuestras instituciones como parte del problema, pero las condenamos a seguirlo siendo. Vivimos en el presente eterno de una profecía autocumplida.

Es absurdo, y es también suicida.

Como diría un gran estadista, obviamente sin muchos escrúpulos: peor que un crimen, es una estupidez.

Para contar con policías, procuradurías, juzgados y cárceles diferentes

El modelo policial del país es intrínsecamente corrupto porque sólo puede existir económicamente -ya no digamos "operar" en cualquier sentido-, gracias al subsidio de la delincuencia y de la corrupción Foto: Cortesía Excélsior

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El registro oficial de 2013 daba un promedio de un secuestro cada seis horas, sin embargo, en 2014 no se dio ni una sola sentencia condenatoria a algún secuestrador hay que imaginarlos de otra manera, construirlos con esquemas meritocráticos, cuidarlos y fiscalizarlos, valorarlos, gobierno y sociedad, y convertirlos en proyectos, no de un partido ni de un gobierno, sino del Estado mexicano.

La "anestesia moral", por llamarla de algún modo, deriva en el cinismo, quizá la principal de nuestras enfermedades. Nuestro lenguaje, la manera en que nos contamos a nosotros mismos estas historias, ilustra el punto. Resulta obvio evocar el retrato/espejo de Dorian Grey cuando lo mismo acusamos a todo el gobierno de asesino, que mantenemos como políticos a gesticuladores sin contenido y a gestores de vergüenzas; cuando lo mismo llamamos explotador al sector privado, que le erigimos pedestales a fortunas producto del abuso sistemático; cuando lo mismo descalificamos a las escuelas públicas, que continuamos llamando "maestros" a quienes por fortuna no dan clase. En ese contexto, ya no resulta tan extraño que se exija con tonalidades histéricas un país tranquilo.

Probablemente no sea casual que, en estos procesos de violencia, turbulen-

cia mediática y cinismo que ha vivido y vive el país, la democracia pierda adeptos. De acuerdo con las encuestas de Latinobarómetro, en 2002, 63% de los mexicanos la apoyaban como sistema de gobierno, mientras que en 2013 dicho apoyo se había contraído a un 37%.

Hacia adelante...

Wright Mills insistía en la imbricación entre biografía e historia, entre el yo y el mundo; en el puente entre psicología y política, entre nuestros miedos individuales y nuestros compromisos públicos. La indignación es positiva si se transforma en motivación para formular propuestas de acción. La libertad adquiere sentido y dirección políticas mediante la ética. Si dejáramos de achacar por un momento nuestras desgracias a los demás, democracia y República incluidas, ¿cómo querríamos ser después de Villas de Salvárcar, San Fernando y Ayotzinapa? ¿Hacia dónde ir? ¿Cuáles serían las rutas y los procesos?

Valdría la pena recobrar los lineamientos del Programa de Acción sobre una

Para contar con policías, procuradurías, juzgados y cárceles diferentes hay que imaginarlos de otra manera, construirlos con esquemas meritocráticos, cuidarlos y fiscalizarlos, valorarlos, gobierno y sociedad, y convertirlos en proyectos, no de un

partido ni de un gobierno, sino del Estado mexicano 48

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Ya nos acostumbramos a ver soldados en funciones de seguridad pública, incluso como policías municipales. ¿Es sano para nuestra democracia? No, porque refleja y reproduce el divorcio entre gobiernos y comunidades Foto: Cortesía Excélsior

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Los asesinados, los secuestrados, los desaparecidos

no se van. Se quedan en familias y comunidades heridas, quizá por generaciones

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COLABORACIÓN ESPECIAL Cultura de Paz de la ONU, a saber: • Promover una cultura de paz por medio de la educación • Promover el desarrollo económico y social sostenible • Promover el respeto de todos los derechos humanos • Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres • Promover la participación democrática • Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad • Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos

Si algo implican estos enunciados de Naciones Unidas es que no somos excepcionales; que nuestros grandes problemas son los grandes problemas en todo el mundo, y que las vías hacia un desarrollo humano y humanista son ya moneda corriente, al menos como declaración política, lo cual, recordemos, hubiera sido impensable hace apenas medio siglo.

Cierto, es enorme el daño que nos hemos autoinfligido. Los asesinados, los secuestrados, los desaparecidos no se van. Se quedan en familias y comunidades heridas, quizá por generaciones. Sin embargo, a pesar de todos estos pesares, México está todavía lejos de ser un ejemplo de hecatombe social.

Ni frente a su propia historia, que

incluye guerras civiles y dictaduras, ni frente a naciones y regiones que viven hoy horrores de imposible descripción.

Convendría entonces ponderar la indignación con el análisis y la perspectiva. Sobre todo, transformarla en participación activa desde cualquier plataforma, sea la familia, la escuela, la empresa, el sindicato, las organizaciones civiles y las redes sociales. Desde ahí se pueden promover las ideas propias y los intereses de cada cual, en un marco de tolerancia que resguarde a todos.

Pocos habrán sintetizado mejor que Voltaire y Juárez los sentidos profundos del concepto: colocar el derecho a disentir por encima del disenso mismo, y entender que la paz surge del respeto a los demás.

El énfasis debe estar, por tanto, en la responsabilidad individual y en la acción colectiva. Se dice que con sólo aplicar la ley... sí, nuestras leyes dan para lidiar con quienes viven matando, con quienes atropellan libertades y derechos con sus agendas políticas y empresariales y también, incluso, con quienes tienen la obligación pendiente de conducir con honorabilidad nuestras instituciones.

Sí, de eso se trataba y se trata, pero acaso sea más urgente rescatar la tolerancia, el respeto y la solidaridad, valores esenciales de la República, y reunir entre los más el valor para defenderlos.

Convendría ponderar la indignación con el análisis y la perspectiva. Sobre todo, transformarla en participación activa desde cualquier plataforma, sea la familia, la escuela, la empresa, el sindicato, las organizaciones civiles y las redes sociales.

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Salud Pública

VIOLENCIA DE GÉNERO:

DESAFÍO INAPLAZABLE

La violencia contra la mujer es un problema de salud pública y es considerada un delito por MANUEL CAMPA

SOBRE EL AUTOR

Especialista certificado "In tempore" por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana desde 1966. Fue Comisiado de arbitraje médico del estado de Veracruz de 1999 a 2008

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L

a violencia de género es todo acto cometido contra el sexo femenino y puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico o psicológico; es decir, toda acción violenta que recibe una mujer por el simple hecho de serlo, dañándola ya sea física o emocionalmente.

Cifras recientes de la prevalencia mundial indican que una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja, o violencia sexual por un terce-

ro en algún momento de su vida.

En México existen reportes de la prevalencia de violencia contra las mujeres por ámbitos de ocurrencia: 10.5 comunitaria; 3.4 familiar; 1.0 escolar; 22.6 laboral; 27.3 de pareja; 40.0 violencia total (ONU Mujeres, con base en la ENDIREH, 2011) En 2010, Ciudad Juárez, Chihuahua alcanzó el primer puesto en violencia contra la mujer (32.8 casos por cada 100,000 mujeres). Actualmente, Guerrero es el estado con mayor número de homicidios femeninos en los

“LA INJUSTICIA ES UNA VIOLENCIA PRIMARIA, MADRE DE TODA VIOLENCIA. PUEDEN EXISTIR MOMENTOS EN LOS QUE NO PODAMOS PREVENIR UNA INJUSTICIA, PERO NUNCA DEBE EXISTIR UN MOMENTO EN EL QUE DEJEMOS DE PROTESTAR. TAN NEGATIVA COMO LA INJUSTICIA ES LA

Foto: Cortesía Excélsior

INDIFERENCIA”

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Salud Pública

La violencia de pareja y la violencia sexual producen en las víctimas supervivientes y en sus hijos graves problemas físicos, psicológicos, sexuales y reproductivos a corto y a largo plazo, y tienen un elevado costo económico y social Foto: Cortesía Excélsior

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La violencia ejercida contra las mujeres se expresa de múltiples formas y en todos los ámbitos en donde se desenvuelven últimos años, una tercera parte de los cuales se producen en Acapulco (Economía Hoy. Mx 17-V-16) Las estadísticas alertan sobre la grave situación por la que atraviesa el país en materia de violencia de género, ya que la tasa actual de 4.4 homicidios femeninos por cada 100,000 mujeres, duplica la media mundial, situada en 2.7, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Usualmente la violencia de género se relaciona sólo con el maltrato o agresión física o sexual, pero la realidad es que la violencia ejercida contra las mujeres se expresa de múltiples formas y en todos los ámbitos en donde se desenvuelven.

El maltrato físico se refiere al uso deliberado de la fuerza con la intención de generar una lesión física, daño o dolor, y el maltrato psicológico o violencia psicológica se refiere a los actos que atentan contra la identidad psíquica y emocional, así como contra la dignidad de la persona. Este tipo de maltrato se manifiesta en tácticas de ejercicio de poder y control, como lo son la vigilancia, los insultos, las humillaciones, las prohibiciones y las manifestaciones afectivas que tienen como consecuencia el aislamiento y la anulación de la autoestima de la mujer.

El maltrato psicológico tiene como objetivo la desvalorización, el dominio y el aislamiento, y se encuentra en todos los casos de violencia de género.

El maltrato sexual incluye cualquier acto de intimidación forzada por el agresor o no consentida por la víctima.

Existe también el maltrato o violencia económica, que se refiere a

disponer o administrar los recursos económicos sin consultar a la mujer e impidiéndole acceder a ellos.

La violencia contra la mujer pasó del primer plano privado al dominio público y al ámbito de responsabilidad de los Estados en gran medida debido a la labor de las organizaciones y movimientos de mujeres en todo el mundo; gracias a ella se puso al descubierto el hecho de que la violencia contra la mujer no es el resultado de la falta de ética personal u ocasional, sino que está profundamente arraigada en las relaciones estructurales de desigualdad entre el hombre y la mujer.

Desde principios de este siglo la interacción entre la defensa de los derechos de la mujer y las iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han sido el motor impulsor de la definición de la violencia contra la mujer como cuestión de derechos humanos en el programa internacional.

Las raíces de la violencia contra la mujer están en la desigualdad histórica de las relaciones de poder entre el hombre y la mujer y la discriminación generalizada contra la mujer en los sectores tanto público como privado.

La violencia contra la mujer es uno de los principales medios que permiten al hombre mantener su control sobre la capacidad de acción y la sexualidad de la mujer.

Las diferentes manifestaciones de esa violencia en las mujeres dependen, no obstante, de factores como el origen étnico, la clase social, la edad, la orientación sexual, la discapacidad, la nacionalidad y la religión.

El acoso sexual es una forma de

La violencia contra la mujer no es el resultado de la falta de ética personal u ocasional, sino que está profundamente arraigada en las relaciones estructurales de desigualdad entre el hombre y la mujer

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Salud Pública

Las mujeres que han sufrido violencia de pareja tienen casi el doble de probabilidades de padecer depresión y adicciones, predominantemente al alcohol. El riesgo es aún mayor en las que han sufrido violencia sexual por terceros Foto: Cortesía Excélsior

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Los costos sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos violencia, en donde, si bien no necesariamente existe una relación de subordinación frente al agresor, como sucede en ámbitos laborales o escolares, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y riesgo para la víctima.

Entre los factores asociados específicamente a la violencia sexual destacan las ideologías que consagran los privilegios sexuales del hombre y la levedad de las sanciones legales contra este tipo de actos de violencia.

La violencia de pareja y la violencia sexual producen en las víctimas supervivientes y en sus hijos graves problemas físicos, psicológicos, sexuales y reproductivos a corto y a largo plazo, y tienen un elevado costo económico y social; ocasionalmente embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos e Infecciones de Transmisión Sexual, entre ellas la infección por VIH. Las mujeres que han sufrido violencia de pareja tienen casi el doble de probabilidades de padecer depresión y problemas con la bebida. El riesgo es aún mayor en las que han sufrido violencia sexual por terceros.

Entre los factores asociados a un mayor riesgo de cometer actos violentos cabe citar un bajo nivel de instrucción, maltrato infantil o exposición a escenas de violencia en la familia, uso nocivo de alcohol, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género.

Los niños que crecen en familias en las que hay violencia pueden sufrir tras-

tornos conductuales y emocionales; estos trastornos pueden asociarse también a la comisión o el padecimiento de actos de violencia en fases posteriores de su vida.

Los costos sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su empleo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.

Acciones contra la violencia de género En la actualidad hay pocas intervenciones cuya eficacia para la prevención de este problema se haya demostrado mediante estudios bien diseñados; para propiciar cambios duraderos es importante que se promulguen leyes y se formulen políticas que protejan y combatan la discriminación de la mujer, fomenten la igualdad de género y ayuden a adoptar normas culturales más pacíficas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reúne datos científicos sobre el alcance y los distintos tipos de violencia de pareja y violencia sexual en diferentes entornos, y apoya los esfuerzos desplegados por los países para documentar y cuantificar esa forma de violencia y sus consecuencias. Asimismo, refuerza las investigaciones y la capacidad de investigación tendientes a evaluar las intervenciones con que se afronta la violencia de pareja y apoya a los países para reforzar MÉXICO SOCIAL Julio 2016

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Salud Pública la respuesta del sector de la salud a la violencia contra las mujeres y colabora con organismos y organizaciones internacionales para reducir/eliminar la violencia en todo el mundo.

Desde 1999 el 25 de Noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; en este día se realizan actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.

En 2003 se creó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) para fortalecer los programas dirigidos a las mujeres. Desde esa fecha ha trabajado intensamente promoviendo el derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeres, a fin de posibilitar que las personas efectúen opciones libres de discriminación por motivos de género. La aplicación de los programas del CNEGSR desde sus inicios es una de las prioridades de nuestro sistema

de atención a la salud en todo el país (México Social, julio, 2014) Asimismo, la Ley General de Educación señala que uno de los objetivos de la educación que imparte el Estado es la promoción de la igualdad ante la ley, la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones y propiciar el conocimiento y respeto de los derechos humanos.

La Secretaría de Educación Pública y UNICEF-México presentaron en 2009 la 1ª Edición del Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México.

También existe la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, publicada en el DOF el 1 de Febrero de 2007, en 2013 Ma. de la Paz Barajas (ONU Mujeres) dio a conocer el documento “Violencia contra las Mujeres en México: Tendencias Actuales”, y el 8 de septiembre de 2015 el CNEGSR presentó el Programa de Prevención y Aten-

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Las cifras de los últimos años revelan un panorama desolador y un enorme reto. La ONU ha colocado a México entre los veinte peores países en términos de violencia de género

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ción de la Violencia Familiar y de Género 2013-2018.

Aunado a lo anterior, recientemente el titular de Gobernación, al abordar el tema de la violencia feminicida en México, indicó que no se trata de ceder espacios ni dádivas, sino de respetar los derechos y la dignidad de las personas, por lo que en este gobierno “cerramos filas a favor de esta causa con niñas, adolescentes y mujeres”, solicitando al director del INEGI declarar como información de interés nacional la referente a la detección, atención, denuncia y sanción de la violencia feminicida, pues consideró que “el registro administrativo nos da la película y nos permite tomar acciones en el momento y no cada cinco años”.

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García, ha destacado que la reducción de feminicidios que se registran motiva a acelerar el ritmo y consolidar las acciones en este tema, e indicó que el objetivo de las instituciones y de la

sociedad es erradicar los feminicidios.

Aseveró, asimismo, que la violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable y ponerle fin es un imperativo. “No es violencia contra las mujeres, es violencia contra la sociedad y la convivencia democrática”, puntualizó.

La violencia de género es uno de los problemas más urgentes del país, las cifras de los últimos años revelan un panorama desolador y un enorme reto. La ONU ha colocado a México entre los veinte peores países en términos de violencia de género.

La violencia en contra de las mujeres es producto de una construcción social y cultural que se ha gestado a lo largo de varios siglos en todo el mundo y que no respeta posición económica, social, cultural ni religiosa (Milenio.com).

Desde tiempo atrás la revista México Social ha insistido en la urgencia de implementar acciones que resuelvan esta situación.

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