Número 29- Diciembre 2012 by mexico social

Raúl Plascencia Villanueva Año 2 - No. 29, diciembre de 2012, Precio: $35.00 m.n.

CNDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 México Social

Luis González Placencia CDHDF . . . . . . . . . . . . . 32

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Miguel Concha Malo ..................... 5

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{ índice} LOS VACÍOS NORMATIVOS

Miguel Concha

CAMINO DE “NOCHE Y NIEBLA”

Juan Carlos Gutiérrez

es una publicación del

CLAROSCUROS 14 Raúl Ramírez Baena

HACIA UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHOS

CONSEJO EDITORIAL

José Rosario Marroquín

COMPETITIVIDAD Y SALUD

Pablo Escandón

UN NUEVO TRATO

Gustavo Gordillo

EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

UNA AGENDA PENDIENTE

Raúl Plascencia Villanueva (CNDH)

Luis González Placencia (CDHDF)

EN TERRIBLE RETROCESO

Patricia Bedolla

NIVELES DE GARANTÍA Y DEFENSA MIRADAS DE GÉNERO DESDE LA INFANCIA

42 46

Nashieli Ramírez

LA PARADOJA DE LA DESIGUALDAD

Ricardo Bucio

UN PROCESO EN MARCHA

Patricia Brogna

RESPUESTAS A LA DISCAPACIDAD

Saúl Arellano Almanza Director Editorial Laura Ilarraza Gálvez Coordinadora Editorial Gisela Casarín Lorena Martínez Vinculación y Relaciones Públicas

DISEÑO Formato, Consultoría Visual www.formato.mx Fotos portada: Formato, Consultoría Visual México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx PRÓXIMO NÚMERO: ANÁLISIS DE LAS VIOLENCIAS EN EL PAÍS

Luis Rosales México Social, Año 2, No. 29, diciembre 2012, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Pensylvania No.86, Col. Parque San Andrés, CP. 04040 Delegación Coyoacán, México, D.F. Tels. 56596120 y 5659-6209 www.ceidas.org, informacion@ceidas.org. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2010-032312331700-102, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09- 0840. Impresa por Delynar SG, Campesinos 223-E, Col. Granjas Esmeralda, C.P. 09810, México, D.F., este número se terminó de imprimir el 25 de noviembre de 2012. Distribuida por Publicaciones CITEM, S.A. de C.V., Av. Del Cristo 19, Colonia Xocoyahualco, C.P. 54080, Tlalnepantla, Estado de México. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS).

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Mario Luis Fuentes Jesús Kumate Rodríguez Rolando Cordera Fernando Cortés Carlos Rojas Gutiérrez Miguel Concha Javier Guerrero García Irasema Terrazas Enrique Provencio Durazo Jacobo Jasqui Amiga Marcela Rovzar de González

Jesús Mendoza Franco Edición electrónica

Gerardo Sauri

Mario Luis Fuentes Director General

FE DE ERRATAS: EN EL ÍNDICE DE LA EDICIÓN ANTERIOR ES INCORRECTA LA PAGINACIÓN DEL ARTÍCULO DE LOS DOCTORES ALEJANDRO SERRANO, JOSÉ REYNÉS Y ARTURO PEREA (INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA), ASÍ COMO DE LA COLABORACIÓN DEL DR. ALBERTO LIFSHITZ, SECRETARIO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL; EL PRIMER DOCUMENTO INICIA EN LA PÁGINA 08 Y EL SEGUNDO EN LA 06. PEDIMOS UNA DISCULPA A LOS AUTORES Y A NUESTROS LECTORES.

{ EDI T O R I A L }

a Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido un duro juicio al final de la administración de Felipe Calderón: a lo largo de este sexenio ha habido un elevado grado de incumplimiento de los derechos de las y los mexicanos, en prácticamente todos los ámbitos y dimensiones. Esta observación, aun cuando se hace con referencia a lo ocurrido entre el año 2006 y este 2012, tiene también como destinataria a la nueva administración que habrá de comenzar el 1º de diciembre, pues las recomendaciones que se han emitido por la CNDH en realidad son también para las instituciones y no sólo para las y los funcionarios que las encabezan. En este año, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU hace énfasis en dos temas fundamentales para la construcción de sociedades más justas: la inclusión y el derecho a la participación. El tema de la inclusión es de la mayor relevancia para nuestro país, porque si algo han generado las políticas económicas implementadas en los últimos años, es la vida en condiciones de segregación de millones de personas, así como el rechazo, la discriminación, la intolerancia y la violencia en contra de minorías étnicas y de personas que viven en circunstancias especiales, tales como las personas con alguna discapacidad. Por otro lado, si algo hace falta en nuestro país es contar con mayores niveles de participación ciudadana, así como la apertura de nuevos y más eficaces canales para el diálogo y la constante interacción entre la sociedad civil y las instituciones, pero también entre la propia sociedad. Desde esta perspectiva, en México hace falta aún mucho por construir en materia de participación, sobre todo, diseñar nuevos dispositivos institucionales para la promoción y garantía de que todas y todos vamos a ser escuchados en aquellos temas que sean directa o indirectamente agendas que pueden impactar en nuestras vidas. Por estas razones, en nuestra edición de diciembre está orientada a la reflexión en torno al grado de cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país; a la crítica sobre todos los pendientes que tenemos en la materia, y a un llamado a la responsabilidad de la nueva administración para que México sea un país de garantía plena de los derechos humanos. Lo anterior tiene un peso enorme, sobre todo si se piensa a la luz de la reforma al Artículo 1º Constitucional, cuyos alcances y consecuencias obligan a armonizar todo nuestro marco jurídico y nuestros mandatos normativos, con los contenidos y disposiciones de Convenciones, Acuerdos y Tratados que han sido ratificados por el Estado Mexicano. Para el diseño y la operación de las políticas públicas las implicaciones son gigantescas, pues, por mandato constitucional, el Gobierno, en todos sus órdenes y niveles, está obligado a actuar con base en criterios de transversalidad, integralidad, universalidad y el principio de la no regresión, todo ello, dando prioridad a las acciones que pueden permitir la reducción de las desigualdades y disparidades que afectan a los grupos en mayores condiciones de desventaja e injusticia social. Una ciudadanía plena no puede construirse ni cimentarse sin una profunda y sólida cultura de derechos humanos entre toda la población. Y este es quizá el mayor reto que enfrentará la administración que recién comienza, porque lo que nos hace falta es un sistema institucional diseñado para el cumplimiento de los derechos, sobre el entramado que hoy existe y que fue pensado exclusivamente para la prestación y dotación de bienes y servicios en función de la disponibilidad presupuestal.•

Director general del CEIDAS, A.C.; integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía -UNAM; e Investigador del Programa de Estudios sobre el DesarrolloUNAM

Mario Luis Fuentes

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LA LUCHA CIVIL EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES CIVILES EN NUESTRO PAÍS HA SIDO FUNDAMENTAL EN MATERIA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, PUES SE YERGUEN COMO DEFENSORAS DE UNA SOCIEDAD DESPROTEGIDA FRENTE A LOS EMBATES DE LA INJUSTICIA Y LA VIOLENCIA, VÍCTIMA DE LOS EFECTOS DE LA DESIGUALDAD, ASÍ COMO DE LOS ABUSOS DE GRUPOS CRIMINALES E INCLUSO DE SUS PROPIAS AUTORIDADES; POR ELLO DEDICAMOS UN ESPACIO PARA ALZAR LA VOZ DE AQUELLOS LÍDERES SOCIALES QUE DEFIENDEN CADA DÍA, CADA QUIEN DESDE SU TRINCHERA, LOS DERECHOS DE LOS MEXICANOS

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Los vacíos normativos Para respetar, proteger, promover y garantizar de manera integral los derechos humanos de la población, México tiene como primera de sus obligaciones la adecuación de sus leyes y reglamentos a fin de llevarlos a la práctica; me referiré en este artículo a algunos de los vacíos normativos que tendrían con urgencia que ser debidamente resueltos en esta legislatura federal y en las legislaturas de los estados Miguel Concha Malo

LEYES PENDIENTES

Derivados del nuevo bloque de constitucionalidad existente a partir de la publicación de la reforma constitucional de derechos humanos, hay varios temas que han quedado por resolver. En el apartado transitorio de esa reforma se estableció un plazo máximo de un año de vacatio legis para la expedición o reforma de las leyes del régimen reglamentario, a partir de su entrada en vigor el 10 de junio del año pasado; a saber, la ley reglamentaria del tercer párrafo del Artículo 1º, en materia de reparación; la ley reglamentaria del Artículo 11, en materia de asilo; la ley reglamentaria del Artículo 29, en materia de suspensión de garantías; y la ley reglamentaria del Artículo 33, en materia de expulsión de extranjero; así como la adecuación de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya fue aprobada en parte el 1º de febrero en el Senado, y las armonizaciones correspondientes a las legislaciones locales, en lo que se refiere a la autonomía de los organismos estatales de derechos humanos por las legislaturas de los estados, a partir de lo establecido en el Apartado B del Artículo 102 vigente. Todo ello sin omitir la discusión y aprobación de una Ley de Seguridad Humana y

Ciudadana, cuyo eje central sean las personas y no tanto las instituciones del Estado.

COMPROMISOS INCUMPLIDOS El 28 de julio de 2011 el Congreso de la Unión se comprometió, con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en un encuentro en el Alcázar de Chapultepec, a expedir una Ley General de Atención Integral a Víctimas de la Violencia y Violaciones a los Derechos Humanos; a aprobar la figura del Auditor Ciudadano de la Policía Federal; y a federalizar el delito de desaparición forzada de personas, actualmente tipificado y sancionado sólo en el Distrito Federal y en algunos estados de la República. Estamos enterados de que el 5 de octubre pasado el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Senadores una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación de la ley sobre refugiados y protección complementaria; se reforman y adicionan diversas de sus disposiciones; y se reforman algunos artículos de la ley de migración, para armonizarla con las reformas a los Artículos 11 y 33 de la Constitución. Pero no tenemos noticia de que hasta

MIGUEL CONCHA MALO

Director del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C. Es Licenciado en Filosofía, Diplomado en Ciencias Sociales en Roma, Doctor Honoris Causa en Teología por la Providence College, en Estados Unidos. Es cofundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, profesor de la UNAM e invitado permanente del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal. En 2003 fue elegido uno de los dos Vicepresidentes de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Fue Premio Nacional de Periodismo, en el Certamen Nacional de Periodismo 1952-2003, por la defensa en la prensa del derecho a la información y a la libertad de expresión, y obtuvo un Diploma y una Medalla Conmemorativa por 25 años de servicios académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2004, así como la Medalla y el Testimonio Roque Dalton, del Consejo de Cooperación con la Cultura y la Ciencia en El Salvador.

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lucha civil} el momento haya sido discutida, y mucho menos dictaminada y aprobada. El 9 de agosto anterior se presentó también al Senado la propuesta de creación del Auditor Especial de las Policías Federales, misma que por falta de voluntad política y resistencia sistemática para lograr una reforma policial, lo cual es negativamente sintomático, fue enviada en abril a la “congeladora”. Tampoco sabemos si se haya ya reglamentado el Artículo 29 de nuestra Carta Magna ni federalizado el delito de desaparición forzada de personas, lo que también es fundamental para salvaguardar y fortalecer el Estado Democrático de Derecho al que aspiramos, sobre todo por la ola de violencia que en el sexenio que termina se desató sospechosamente, con el declarado propósito de enfrentar a la delincuencia organizada y al narcotráfico. A finales de octubre supimos que la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la actual legislatura va a realizar un análisis integral de las nueve iniciativas presentadas en las legislaturas LX y LXI, así como de las tres minutas enviadas por la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Seguridad Nacional, con el propósito de evitar hacerle “parches”. Lo que de nueva cuenta implicará la acción tenaz de la sociedad civil organizada, y en particular de las organizaciones de derechos humanos, para evitar que con ello se pretenda una vez más seguir avanzando en el fortalecimiento de un Estado autoritario, ajeno o distante de sus obligaciones constitucionales e internacionales con los derechos humanos, tal y como lo ha venido igualmente demandando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, desde el Zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo de 2011. El 30 de abril de 2012 se aprobó en sus términos en la Cámara de Diputados, con la unanimidad de todos los partidos representados en el Congreso, la Minuta del Senado para expedir la Ley General de Víctimas. El 10 de mayo de 2012 se le remitió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales subsiguientes; el Ejecutivo federal tenía 30 días naturales para hacerle observaciones, que se cumplieron el 9 de junio, y 10 días naturales para que la promulgara y

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / David Hernández

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publicara, que se cumplieron el 19 de junio. Transcurrido este segundo plazo, el decreto se dio por promulgado el 19 de junio, y el presidente de la Cámara de Senadores solicitó al Secretario de Gobernación que girara sus instrucciones para que se publicara en el Diario Oficial de la Federación. La respuesta de la Secretaría de Gobernación fue enviar extemporáneamente el veto presidencial, firmado extrañamente por el presidente hasta las 20:38 horas del primero de julio, es decir, con un retraso de 21 días. Por ello el 11 de julio pasado la Comisión Permanente aprobó unánimemente dos resolutivos: uno para respaldar la determinación del Presidente de la Cámara de Senadores de ordenar la publicación de la Ley, y otro para devolver al titular del Ejecutivo Federal sus observaciones, “en

Se requiere una acción tenaz de la sociedad civil organizada para evitar el fortalecimiento de un Estado autoritario, ajeno o distante de sus obligaciones con los Derechos Humanos

virtud de que fueron enviadas a esta Comisión Permanente de manera extemporánea”. Es importante destacar que dicha iniciativa fue elaborada con el concurso de las víctimas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y la colaboración activa de expertos de la UNAM, del Inacipe y organizaciones civiles especializadas en la defensa y promoción de los derechos humanos de víctimas de la violencia. No obstante ello, y burlando las expectativas de las víctimas de la violencia y violaciones a los derechos humanos, así como su compromiso con ellas en el Alcázar de Chapultepec, y el trabajo del Congreso, el gobierno de Calderón promovió ante la Suprema Corte una controversia constitucional contra el Senado por el rechazo de sus “observaciones” enviadas fuera de tiempo,

y la solicitud de publicación constitucional del dictamen. Aún no concluía –y no concluye– el proceso ante la Corte, cuando el 31 de agosto anunció de improviso el envío de otra iniciativa de “Ley General de Atención y Protección a Víctimas”, sin definir su postura sobre la controversia que antes promovió, entre otras cosas bajo el argumento de que el Congreso no está facultado para emitir leyes generales en materia de víctimas. No obstante ello, él presentó curiosamente también como contrapropuesta una ley general, y, peor aún, en su ley pasó por alto sus obligaciones ante la Constitución y los tratados internacionales en la materia, al restringir el concepto de víctima al proceso penal, buscando desatenderse de las violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes del Estado bajo su mando. Con el apoyo de algunas organizaciones civiles afines, planteó además una política de atención a víctimas que no corresponde con la integralidad de las medidas de atención, reparación, acceso a la justicia y derecho a la verdad que sí están suficientemente desarrolladas en la Ley hecha por el movimiento y las organizaciones de víctimas, y pretende que el mecanismo institucional destinado a instrumentarlas sea una instancia asistencialista que ha dejado mucho qué desear en el tema (PROVÍCTIMA), reproducida ahora en cada estado y subordinada al Sistema Nacional de Seguridad Pública. La pobreza del enfoque sigue en esto la tendencia general de la administración que concluye: las víctimas o no existen o son “daños colaterales” o no tienen derechos, sino que son sujetos pasivos que reciben dádivas a merced de la buena voluntad de un gobierno providencial. La Suprema Corte puede, en el contexto en el que actualmente nos encontramos, hacer mucho todavía para destrabar la Ley y favorecer la profundización de los derechos que están ahí contemplados. No obstante, su posición hasta el momento no ha sido clara; por el contrario, luego de haber dado entrada a la controversia constitucional, y antes de entrar a la discusión de fondo dentro de por lo menos tres meses, el pasado 19 de septiembre decidió la suspensión de la publicación de la Ley. d i c i e m b r e 2 012 méxico social

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El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad sigue insistiendo con razón en que sea publicada la ley que ya se aprobó el 30 de abril, y que no sea aprobada la iniciativa de ley que envió a destiempo el Ejecutivo; que, por el contrario, se consense entre todas las fuerzas políticas representadas actualmente en el Congreso de la Unión una nueva Ley General de Víctimas de la Violencia y Violaciones a los Derechos Humanos que proteja eficazmente y de manera integral sus derechos en toda la República, congruente además con el Artículo 1º de nuestra Constitución, y armonizada con los estándares internacionales que en la materia ha ratificado el Estado mexicano.

PROPUESTAS LESIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS

Hemos sido también testigos de una reforma a nuestra Carta Magna que, si bien es positiva, no es lo suficientemente completa, pues no derogó las violaciones “constitucionalizadas” que en 2008 se incorporaron a su texto. Esas reformas se dieron entonces en el contexto de una reforma penal que establece el sistema acusatorio, y recoge en gran parte las exigencias de las organizaciones civiles. Pero también plasmó un régimen penal especial que limita los derechos de quienes son acusados de delincuencia organizada, y permite la figura del arraigo, considerada internacionalmente como violatoria de los derechos humanos. El propósito de la reforma era precisamente garantizar que un acusado tuviera la oportunidad de defenderse con pleno respeto a sus derechos, y que fueran las pruebas que se desahogarán en el juicio las que determinaran su culpabilidad. Para ello obliga al ministerio público a integrar debidamente una investigación. Lamentablemente en esa propuesta de reforma constitucional el Ejecutivo Federal había planteado algunas figuras que afortunadamente no fueron aprobadas, porque diluían las facultades de investigación del ministerio público,

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¿QUÉ NOS DICE EL AUTOR? •Derivados de la reforma de derechos humanos, hay varios temas que han quedado por resolver, pese a que se estableció un plazo máximo de un año –a partir de su entrada en vigor, el 10 de junio de 2011– para la expedición o reforma de las leyes del régimen reglamentario •No tenemos noticia de que haya sido discutida, dictaminada ni aprobada la iniciativa sobre refugiados y migración presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 5 de octubre •La propuesta de creación del Auditor Especial de las Policías Federales fue enviada a la “congeladora” por falta de voluntad política y por resistencia sistemática a una reforma policial •No se ha federalizado el delito de desaparición forzada de personas, fundamental para salvaguardar el Estado Democrático de Derecho •El gobierno de Calderón promovió la suspensión de la Ley General de Víctimas elaborada con el concurso de las víctimas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y la colaboración activa de expertos de la UNAM, el Inacipe y organizaciones civiles, y envió como contrapropuesta, a destiempo, una iniciativa de ley general que pasa por alto sus obligaciones ante la Constitución y los tratados internacionales en la materia

•En 2008 se plasmó un régimen penal especial que limita los derechos de quienes son acusados de delincuencia organizada, y permite la figura del arraigo, considerada internacionalmente como violatoria de los derechos humanos •Es preciso que se deroguen los llamados “delitos contra el honor”, y que se legisle para que la protección de la reputación de las personas sea garantizada a través de sanciones civiles •Urge promover un sistema de telecomunicaciones integral, con representación equitativa de los tres sistemas de transmisiones: público, privado y comunitario, bajo resguardo de un órgano regulador independiente De no atender convenientemente al menos todas estas modificaciones, políticas y cambios institucionales, seguiremos padeciendo en México la violación a los derechos humanos de las personas, y un peligroso retroceso en la vigencia de un Estado Democrático de Derecho, al que ciertamente aspiran la inmensa mayoría de las mexicanas y los mexicanos.

incluían la facultad de los cuerpos policíacos para entrar a los domicilios sin una orden judicial, autorizaban a intervenir comunicaciones y a violar correspondencia sin el debido control judicial. En dichas modificaciones se estableció una temporalidad de ocho años para que tanto la Federación como los Estados modificaran sus Códigos, con el fin de crear la infraestructura necesaria para poder llevarla a cabo, y establecer la manera como sus órganos de procuración e impartición de justicia la pusieran en práctica, lo que ya algunos Estados han venido haciendo con resultados distintos. Ya desde entonces se alertó que quienes defienden actualmente en el país una política criminal que impulsa el llamado “derecho penal del enemigo” aprovecharían estos intersticios para seguir pugnando por un régimen autoritario, aunque esté probado que esa política no funciona.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN CRIMINALIZADA

Es preciso que en muchos estados se deroguen los llamados “delitos contra el honor”, y se legisle para que la protección de la reputación de las personas sea garantizada a través de sanciones civiles. No debe criminalizarse la difusión de información y, por el contrario, debe dotarse de autonomía, capacidad y suficiencia presupuestal a los organismos encargados de garantizar el acceso a la información en México. Urge promover un sistema de telecomunicaciones integral, con representación equitativa de los tres sistemas de transmisiones, como son el público, el privado y el comunitario, bajo resguardo de un órgano regulador completamente independiente. Es preciso reglamentar de manera imparcial, objetiva, transparente y conforme a los estándares internacionales la asignación de publicidad oficial a los medios. Es también necesario incluir en la Ley Orgánica de la PGR a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, y dotarla de un marco jurídico adecuado, recursos y un presupuesto suficiente. • d i c i e m b r e 2 012 méxico social

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JUAN CARLOS GUTIÉRREZ CONTRERAS

Director General de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. Es Abogado, con Maestría en Derecho Penal, estudió el Doctorado en Derecho Penal y Derechos Humanos en la Universidad de Salamanca, España, y ha formado parte del programa de investigación sobre protección de los defensores de derechos humanos del Centre for Applied Human Rights, York University como becario. Ha sido Consultor de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; Director del Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México-Comisión Europea a cargo de la SRE; y Director Regional de la oficina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL MESOAMERICA).

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Ivan Stephens

Camino de "noche y niebla"

En derechos humanos hay una generalizada contradicción entre la teoría y la práctica. Si todo fuera una cuestión de gasto corriente de las oficinas del Gobierno Federal, nuestro país sería un administrador perfecto. Asimismo, la proporción de papel ponderado por tratado internacional en derechos humanos que ha firmado es muy alta, sin embargo, la realidad es diferente: México padece un patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos JUAN CARLOS GUTIÉRREZ

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nte la decisión de Felipe Calderón de desplegar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y aumentar en general las respuestas coercitivas ante la inseguridad, el país no contaba con contrapesos institucionales que hubieran evitado el deterioro en el disfrute de los derechos. Un sinnúmero de indicadores demuestran el fracaso de esta administración de acuerdo con sus propios objetivos: la reorganización de los cárteles de tráfico de drogas; el escalamiento de su poder de fuego; la incursión en otros delitos como extorsión, secuestro y trata de personas; entre otras tendencias. Así, resulta que el 53% de las personas encuestadas consideran que el crimen organizando “va ganando” dicha lucha, y sólo 17% piensa que la ventaja la lleva el gobierno(I). La actual situación en torno al respeto de los derechos humanos tiene demasiados casos pendientes por esclarecer: casi 100,000 personas han perdido la vida en los últimos cinco años; entre 3,000 y 5,000 personas han sido desaparecidas, según la ONU y la CNDH (aunque hay informes de la sociedad civil que contabilizan más de 20,000); y hace muy poco –noviembre de 2012– varias organizaciones informaron al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que los casos de tortura en México aumentaron alrededor del 500% en los últimos seis años. En este contexto, a pesar de todas las normas reconocidas sobre derechos humanos, los incentivos para su protección parecen invertidos en el marco institucional y en la cultura política. El actual gobierno ha construido una noción de Estado de Derecho que tiene como prioridad al Estado, y no al Derecho. La estrategia de seguridad está diseñada con el objeto de proteger la seguridad del Estado y de sus responsables, mas no de la paz y el bienestar de la ciudadanía. Bajo estas premisas, debemos debatir si en este país cualquier acción institucional está justificada para garantizar la

seguridad. Hoy en día, las personas afectadas por la acción institucional puede ser consideradas “daños colaterales” por el gobierno, mientras que las víctimas “inocentes” se calculan excepcionales, y se difunde con entusiasmo la información sobre presuntos delincuentes “abatidos” en las campañas de comunicación social de la Presidencia. Lo más lamentable de esta situación es que nos acostumbramos a la muerte y a su justificación. Mientras el “ejecutometro” continúa día a día sumando vidas, es sorprendente el desdén hacía las víctimas por parte del gobierno saliente, muestra de ello lo constituye el veto presidencial a la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión. Al respecto, Tita Radilla, familiar de Rosendo Radilla, desaparecido durante la “guerra sucia” de los setenta, considera: “Lamentamos la decisión que tomó el presidente Felipe Calderón de vetar la ley de víctimas, que ha sido un esfuerzo de instituciones y personalidades, pero, sobre todo, un logro de familiares y víctimas del delito y de graves violaciones a los Derechos Humanos (…) exigimos al presidente Felipe Calderón acate la decisión del poder legislativo y publique de inmediato y sin restricciones la Ley Nacional de Victimas”. Una decepción compartida por Javier Sicilia, impulsor del Movimiento por la Paz Dignidad y Justicia, cuando declaró: “Le vuelvo a decir al Presidente: no traicione su palabra. Ha traicionado demasiado a este país para que siga traicionándolo. Le exigimos, yo ya no le pido, le exijo, que cumpla su palabra y que se promulgue esa ley”. La insistencia del ejecutivo en acotar el ámbito de las víctimas sólo a quienes han sido víctimas del delito y del “crimen organizado” es una estrategia por minimizar las responsabilidades de las autoridades ante los abusos cometidos contra la población y un distractor de la atención puesta sobre la violencia sistemática como política de Estado. Ni la legislación penal vigente ni instituciones como PROVÍCTIMA –creada más como un placebo dilatorio que como una solución efectiva– protegen

Los incentivos para la protección de los Derechos Humanos parecen invertidos en el marco institucional y en la cultura política; la estrategia de seguridad está diseñada con el objeto de proteger la seguridad del Estado y de sus responsables, no de la ciudadanía

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REFERENCIA:

I. Décima Encuesta Nacional sobre la Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, Consulta Mitofsky y México Unido contra la Delincuencia, A.C. (MUCD), http://consulta. mx/web/index.php/estudios/mexico-opina/462percepcion-de-inseguridad-ciudadana-en-mexico-mucd

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plenamente a las víctimas en el país para que sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación se hagan realidad. Para quienes nos ocupamos de la defensa de los derechos humanos, en cambio, es indiscutible que detrás de miles de los más de 95 mil muertos hay una historia, un proyecto de vida interrumpido, un duelo, una muestra de violencia que se remite a hechos concretos, a personas con rostro, nombre e identidad, un relato de violaciones y un peregrinar por dependencias oficiales narrando su dolor, pero especialmente un terrible drama en la búsqueda de justicia. Estamos seguros que tras cada uno de estos hechos, mostrados como frías cifras de la “guerra contra la delincuencia organizada”, o etiquetadas bajo la desatinada figura de “daños colaterales”, hay un fuerte impacto social de una familia en su entorno social y una característica común: un pacto oficial de impunidad. En este contexto, es incuestionable que la presencia del ejército en las calles ha aumentado significativamente las denuncias ciudadanas, ante las cuales el gobierno y las autoridades castrenses siguen defendiendo la aplicación de la jurisdicción militar para su investigación. Organizaciones de alto prestigio internacional como Human Rights Watch han llevado a cabo investigaciones exhaustivas que documentan abusos cometidos por militares y miembros de otras fuerzas de seguridad contra civiles, especialmente aquellos perpetrados en el contexto de las iniciativas de lucha contra el narcotráfico impulsadas por el gobierno del Presidente Felipe Calderón. Una de las principales causas por las cuales persisten los abusos militares es que los soldados que los cometen casi nunca rinden cuentas por sus actos, y una de las razones fundamentales que permiten que no sean juzgados y castigados es que continúan siendo investigados y procesados en el sistema de justicia militar. Tanto los tribunales internacionales como la Suprema Corte de Justicia han reconocido la gravedad de este problema y han instado a México a reformar su fuero militar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado cuatro

sentencias desde 2009 donde establece que México debería abandonar el uso del fuero militar, y debería en cambio asegurar que todos estos casos sean de competencia exclusiva de las autoridades civiles desde el momento en que se denuncian los abusos. En julio de 2011 la Suprema Corte reconoció el carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y recientemente – septiembre de 2012– reiteró que las viola-

La insistencia del ejecutivo en acotar el ámbito de las víctimas sólo a quienes han sido víctimas del delito y del “crimen organizado” es una estrategia por minimizar las responsabilidades de las autoridades ante los abusos cometidos contra la población

ciones contra civiles deben ser investigadas y juzgadas en tribunales civiles, no obstante, esta práctica no se ha modificado, y los resultados son los mismos: se siguen remitiendo casos de violaciones de derechos humanos al sistema de justicia militar, con la plena complicidad de la Procuraduría General de la República, donde continúan quedando impunes. El lector pensará que no hay camino al final del túnel. Sin embargo, pensamos lo contrario; a partir de la reforma de 2011, nuestro marco constitucional se verá

colmado con la ampliación y fortalecimiento del reconocimiento constitucional de derechos humanos universales. Su aprobación representa un avance decisivo. Ahora, con la nueva constitución, por lo menos formalmente, tenemos un contexto más promisiorio. Contamos con el párrafo tercero del Artículo 1º, que señala que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garanti-

Igualmente, en un más amplio espectro, la reforma constitucional supone un paso adelante en la construcción de una cultura de derechos, en el supuesto de que las normas jurídicas, a largo plazo, inciden en las reglas con que se rige la convivencia social. El entendimiento de esta premisa no es solamente un cambio normativo pro forma; debe significar una profunda transformación política y social. Por ello, y ante el fracaso de la actual ad-

53 por ciento

de las personas consideran que el crimen organizando “va ganando la lucha”, y sólo

17 por ciento

piensa que la ventaja la lleva el gobierno (Décima Encuesta Nacional sobre la Percepción de Inseguridad Ciudadana en México)

casi

100,000 personas han perdido la vida en los últimos 5 años entre

Foto: Especial

zar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley”; es decir, las autoridades de todos los niveles de gobierno deben respetar los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y además activamente tomar medidas a favor de todos los derechos para lograr plena eficacia de los mismos.

ministración en la materia, el Gobierno que el 1º de diciembre asumirá el poder debe abrir un debate con diversos actores sociales para responder a una pregunta central: cuáles son los límites que el Estado debe preservar para respetar los derechos constitucionales e internacionales sin menoscabar la protección de la seguridad pública. Los derechos humanos no pueden ser moneda de cambio en este debate, si continuamos en este camino de “noche y niebla”, éstos serán meras flores de ornato sobre la tumba de la democracia. •

3,000 y 5,000 personas

han desaparecido (ONU y CNDH)

500%

aumentaron los casos de tortura en México en los últimos 6 años

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{ la

lucha civil}

Claroscuros Raúl Ramírez Baena Director Ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

Si bien es cierto que, en materia de derechos humanos, nuestro país ha tenido grandes avances legislativos, jurídicos y en mecanismos de protección, hoy vivimos una democracia de papel al no poder concretar en los hechos esos logros

or el lado de los avances, debemos destacar la voluntad del gobierno federal de ratificar el Acuerdo de Asistencia Técnica signado desde el sexenio anterior con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, e, indudablemente, las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, cuyo decreto publicado en el DOF el 10 de junio de 2011 constituye, quizá, el avance legislativo más importante desde la Constitución de 1917. Elevar los derechos humanos a rango constitucional e incorporar el principio pro persona para dar a los sujetos de derecho humanos la mayor protección coloca a México al nivel de los más altos estándares internacionales en la materia. Simultáneamente, el Congreso de la Unión aprobó en junio de 2011 las reformas a la Ley de Amparo, algunos de cuyos principales avances consisten en: 1) el reconocimiento de los derechos garantizados no sólo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales ratificados por México; 2) se pueden invocar ahora las omisiones en los actos de autoridad; 3) se crean las

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RAÚL RAMÍREZ BAENA

declaratorias generales de inconstitucionalidad, no sólo en la afectación a determinados individuos; 4) se fortalece el papel de la SCJN; 5) se introduce la figura del interés legítimo; y 6) la protección de derechos fundamentales es independiente de su carácter individual o social. Aunado a lo anterior, la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en febrero de 2007 es un enorme avance, así como las reformas de 2003 y 2008 que establecen cuotas de género en la búsqueda de equidad, hechas realidad en la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2011 que obliga a los partidos políticos a cumplir con las cuotas del 40-60 en la elección de candidatas y candidatos a los puestos de elección popular. Asimismo, la condición de extrema vulnerabilidad sufrida por los(as) trabajadores(as) migratorios y sus familiares obligó al Congreso a aprobar la Ley de Migración, publicada en el DOF el 25 de mayo de 2011; así como ante los crímenes y agravios a periodistas y defensores(as), el Estado Mexicano se vio en la necesidad de establecer una legislación y un mecanismo de protección ad hoc.

La realidad en la visión de las organizaciones civiles

El proyecto líder del Ejecutivo Federal, el combate a la delincuencia organizada, se convirtió finalmente en su talón de Aquiles. Felipe Calderón decidió abandonar el término “guerra” que usó inicialmente, para no meterse en complicaciones con el Derecho Humanitario Internacional; aun así, fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. No entraremos en la danza de las cifras, pero a los miles de homicidios sucedidos en el sexenio a consecuencia de esa estrategia se suman los desaparecidos, desplazados, secuestrados, torturados y ejecutados por las fuerzas públicas y militares, aunados a los crímenes aberrantes perpetrados por la creciente delincuencia común y la delincuencia organizada. La comunidad nacional e internacional ha invocado insistentemente la imperiosa necesidad de frenar la militarización de la Seguridad Pública, que ha sido el detonante en las estadísticas de violaciones graves a

los derechos humanos, colocando a las fuerzas armadas en situación comprometida, expuestas al juicio ciudadano y de las instancias internacionales, como es el caso de la reciente evaluación a México realizada por el Comité contra la Tortura de la ONU(I). Un hecho desafortunado que muestra de cuerpo entero el pragmatismo de los políticos mexicanos fue la aprobación de la figura del arraigo en la Reforma del 2008, incorporada esta medida al Artículo 16 Constitucional, precisamente el que protege a las personas contra todo acto de molestia. El arraigo, en opinión de los defensores, es una modalidad de detención arbitraria a la que se suma la violación del derecho a la presunción de inocencia de las personas arraigadas por presuntos delitos de delincuencia organizada. Las ONG han encontrado un vínculo directo entre el arraigo y la práctica de la tortura, perpetrado principalmente por personal castrense. Por lo anterior, los órganos que integran el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, así como las ONG más influyentes, en sus informes sobre México(II), han

recomendado al Estado Mexicano la eliminación del arraigo y la desmilitarización de la Seguridad Pública, así como acotar los límites del fuero militar según lo establecido en la Constitución(III) y en los tratados internacionales, destacando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado a reformar el Artículo 57 del Código de Justicia Militar. De todo ello, nuestras autoridades han hecho caso omiso, evadiendo los compromisos contraídos con la comunidad internacional, las recomendaciones y las sentencias. No se observa por ningún lado correspondencia y congruencia alguna entre las acciones de combate a la delincuencia organizada y la llamada depuración policíaca, con procesos que sancionen las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por policías y militares. Hay altos niveles de corrupción e impunidad por el menosprecio de las autoridades a los derechos fundamentales de las personas, aun de quienes son sujetos a proceso penal(IV), o purgan condenas. Por otro lado, el brutal crimen de 72 migrantes centroamericanos aparecidos en una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas, en

NOTAS Y REFERENCIAS:

http://eleconomista.com. mx/sociedad/2012/10/31/ sexenio-se-incrementa-500-casos-tortura http://www.amnesty.org/en/library/asset/ AMR41/063/2012/en/fdd33aa6-4226407f-bf8e-a8d7ff8bf6e6/amr410632012es. pdf; http://www.hrw.org/sites/default/files/ reports/mexico1111spwebwcover.pdf Artículo 13 Constitucional: “(…) Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. “(…) aquí a cada rato vienen a decir de las violaciones a los derechos humanos del Ejército y una serie de cantaletas que ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque siempre se respeta la dignidad de los criminales y se les pone ante el juez”; entrevista a Felipe Calderón en Radio Fórmula con Joaquín López-Dóriga el 26 de agosto de 2010, publicada en Milenio Diario el 27 de agosto de 2010.

abril de 2010, víctimas de traficantes coludidos con autoridades, fue la gota que derramó el vaso de agua, visibilizando el grave problema de corrupción, y volcando la opinión ciudadana hacia un severo cuestionamiento a las autoridades. En el terreno laboral domina el concepto de “competitividad” para elevar la “productividad” de las empresas por sobre el derecho al trabajo, tendencia que se impone en la

En el recuento de avances, destaca la aprobación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, entrada en vigor el 15 de junio de este año, quizá la más completa que existe hoy en día en México. Foto: Cortesía Excélsior / David Hernández

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{ la

lucha civil}

LOS AVANCES EN PAPEL • Se llevan a cabo las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y éstos se elevan a rango constitucional, incorporando el principio pro persona • El Congreso de la Unión aprueba en junio de 2011 las reformas a la Ley de Amparo • Se aprueba la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

• Se aprueba la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia • Se aprueban en 2011 las reformas de 2003 y 2008 que establecen cuotas de género en la búsqueda de equidad en los partidos políticos • Se aprueba la Ley de Migración • Se ratifica el Acuerdo de Asistencia Técnica con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

LOS RETROCESOS EN LOS HECHOS • La militarización de la Seguridad Pública ha sido el detonante en las estadísticas de violaciones graves a los derechos humanos • En la Reforma de 2008 se aprueba la figura del arraigo, una modalidad de detención arbitraria

• El brutal crimen de 72 migrantes centroamericanos aparecidos en una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas, en abril de 2010 visibilizó el grave problema de corrupción y violencia en el país

• Las autoridades han evadido los compromisos contraídos con la comunidad internacional, las recomendaciones y las sentencias en torno a la eliminación del arraigo y la desmilitarización de la Seguridad Pública

• En el terreno laboral domina el concepto de “competitividad” para elevar la “productividad” de las empresas por sobre el derecho al trabajo

• Hay altos niveles de corrupción e impunidad por el menosprecio de las autoridades a los derechos fundamentales de las personas

• El Estado mexicano sale reprobado por las recomendaciones emitidas por la CEDAW, pues las mujeres continúan siendo víctimas de

• La deuda con los pueblos indígenas sigue vigente

reciente Reforma Laboral, en lugar de garantizar como prioritario la plena ocupación con salarios dignos y la satisfacción de los derechos a la seguridad social y al bienestar de los trabajadores y sus familiares. La deuda con los pueblos indígenas sigue vigente. En torno a los derechos de las mujeres, el Estado mexicano sale reprobado por las Recomendaciones emitidas por la CEDAW, continuando siendo víctimas de discriminación y de pobreza, de mortalidad materna y de vulneración de sus derechos sexuales y

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reproductivos al decidir sobre su propio cuerpo. En lo general, las víctimas de violación a los derechos humanos no encuentran en la institución Ombudsman a un aliado incondicional para la investigación, sanción y reparación oportuna del daño; se ha pasado por alto la Reforma del 2011 al Artículo 102-B, que refuerza la autonomía de la CNDH y de las comisiones y procuradurías estatales de derechos humanos, y busca infructuosamente transparentar y consultar a la sociedad civil para la elección

discriminación, pobreza, mortalidad materna y vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos • Las víctimas de violación a los derechos humanos no encuentran en la institución Ombudsman a un aliado incondicional para la investigación, sanción y reparación oportuna del daño • El combate a la delincuencia organizada ha tenido como consecuencia miles de homicidios, desaparecidos, desplazados, secuestrados, torturados y ejecutados por las fuerzas públicas y militares, la delincuencia común y la delincuencia organizada

de sus titulares. EN CONCLUSIÓN, a pesar del advenimiento de un nuevo gobierno las cosas no prometen mucho. La situación del país no puede seguir como hasta hoy a riesgo de que se sumerja en la ingobernabilidad, o peor aún, en el autoritarismo. Urge entonces a la nación un Nuevo Pacto Social. México necesita más que nunca voltear la mirada hacia el humanismo y transitar de la Cultura de la Violencia a la Cultura de la Paz, so pena de perder la esperanza en un futuro mejor. •

{ género}

EL RECUENTO DE LOS DATOS: ENSANUT 2012 Sobrepeso y obesidad

De 2006 a 2012 el aumento de sobrepeso y obesidad en mujeres fue de 7%, cifra equivalente a más del doble que su contraparte masculina (3%). En 2012, 7 de cada 10 mujeres tienen sobrepeso u obesidad, y esta última aumentó 2.9% respecto de 2006

Diabetes

La recepción de un diagnóstico previo de diabetes es mayor en mujeres (0.8%), que en hombres (0.6%)

Discapacidad

En la población total, las dos causas de

discapacidad más reportadas son mayores en

mujeres que en hombres: enfermedad (3.4% hombres; 4.3% mujeres) y edad avanzada

Partos

entre 2007 y 2012, 3.86 millones fueron por cesárea, cifra que es más del doble de la recomendada (un máximo de 1.68 millones)

Embarazo adolescente

El 51.9% de las adolescentes de 12 a 19 años que tuvieron relaciones sexuales ha estado embarazada alguna vez; la tasa de fecundidad de 2011 en mujeres del grupo de edad MENCIONADO (37) INCREMENTÓ RESPECTO DE LA DE 2005 (30)

Agresión sexual

10.3% de las mujeres sufre de este tipo De ABUSO; mientras en los hombres no se reportaron casos de este tipo FUENTE: INSP; ENSANUT, 2012 D I C I E M B R E 2 012 méxico social

{ LA

L U C H A CI V í l }

JOSÉ ROSARIO MARROQUÍN FARRERA

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Juan Herrera

Director del Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Es Licenciado en filosofía y ciencias sociales, con estudios en ciencias religiosas.

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Hacia un Estado democrático de derecho

En México es posible avanzar significativamente para garantizar la dignidad de todas las personas; sin embargo, es necesario tomar las decisiones acertadas. Vivimos, como en todas las épocas, una disputa por el poder del Estado, y es preciso no delegar en éste todo lo que deseamos; propongo a continuación tres ideas sobre lo que debe hacerse si queremos avanzar hacia la construcción de un Estado democrático de derecho JOSÉ ROSARIO MARROQUÍN FARRERA

POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE DDHH El Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 (PNDH) plantea que una política al respecto “constituye una labor (…) amplia y profunda encaminada a construir un Estado donde el respeto a los derechos fundamentales de la persona sean su centro y su fin, a través de la participación de todos los actores involucrados”. Establece también que sus objetivos tienen una vinculación estrecha con los del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente con una de las estrategias del eje “Estado de derecho y seguridad”, aunque indica que la relación es más profunda. Las anteriores afirmaciones expresan con claridad la intención gubernamental de sumarse al discurso cada vez más reconocido de los derechos humanos. En consonancia con este discurso, el Estado mexicano ha desarrollado una actividad asombrosa ante las instancias internacionales que están atentas al cumplimiento de los compromisos internacionales. En el mismo sentido se ha avanzado al reconocerse constitucionalmente que las personas en México deben gozar de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. Las buenas intenciones tropiezan, sin embargo, con la realidad revelada por el

Una verdadera política de derechos humanos genera políticas integrales que permiten el ejercicio universal de todos los derechos con una amplia

participación social

registro de violaciones a derechos humanos ocurridas en las diversas regiones del país. Las atrocidades cometidas o permitidas por las autoridades mexicanas constituyen la evidencia que permite calificar como incumplido el primer objetivo del PNDH: se carece de una perspectiva de derechos humanos en la elaboración de políticas públicas de la administración pública federal. Y ante este hecho carecemos de mecanismos jurídicos o administrativos que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos (Objetivo 2). Carecemos, además, de informes concentrados que nos permitan evaluar el grado de cumplimiento respecto de los indicadores establecidos en el mismo programa. Estos se encuentran dispersos en los informes de algunas secretarías federales. La totalidad de los derechos humanos D I C I E M B R E 2 012 méxico social

{ LA

L U C H A CI V í l } el establecimiento de mecanismos que permitan corregir las prácticas equivocadas y la aplicación de controles efectivos sobre los actos de los funcionarios.

La toma de decisiones políticas ha privilegiado el poder de los representantes en detrimento de las vías de participación y de los instrumentos que garanticen a la ciudadanía el control sobre las decisiones debe ser garantizada por todas las instancias de la administración pública, y la actividad gubernamental debe ser regulada por planes que incorporen de manera efectiva una perspectiva de derechos humanos en todas las áreas, tanto en los ámbitos de seguridad y justicia, como en los de la política social y la económica, y deberán estar acompañados por indicadores que den cuenta de su incidencia real en los ámbitos de la vida cotidiana; además, es necesario contar con evaluaciones rigurosas y complexivas que den cuenta de su aplicación y de su eficiencia. Hay, sin embargo, un problema cultural que debe erradicarse para garantizar el ejercicio de los derechos: el autoritarismo derivado de una comprensión del poder al servicio del Estado. Se requiere una comprensión diferente del ejercicio gubernamental que implica modificaciones legislativas y administrativas y debe ser acompañada por la participación ciudadana en los ámbitos de la planeación y el monitoreo de las acciones realizadas, así como

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Mateo Reyes Arellano

INSATISFACCIÓN SOCIAL La calidad de nuestra democracia se ve mermada por la inexistencia de instancias que obliguen a los representantes a reflejar el interés público mediante la ponderación equitativa de las preferencias ciudadanas: carecemos de instrumentos para hacer rendir cuentas a quienes han sido elegidos mediante el voto y para aplicar las medidas que permitan corregir decisiones erróneas. Estas deficiencias están condicionadas por los límites a la participación política. Las propuestas de reforma política no han franqueado la barrera del sistema electoral y no han puesto límites a la intervención de poderes informales en la elección de los gobernantes. La toma de decisiones políticas ha privilegiado el poder de los representantes en detrimento de las vías de participación y de los instrumentos que garanticen a la ciudadanía el control sobre las decisiones, sobre todo cuando éstas se traducen en afectaciones significativas a la vida de los pueblos. Ante esta ausencia de canales, que constituye un rasgo autoritario de nuestro régimen político, los colectivos afectados han recurrido a modos legítimos de protesta y exigencia de derechos que han sido reprimidos por autoridades estatales y federales. A esta falta de mecanismos de expresión, información y participación se suma la existencia de un marco regulatorio autoritario orientado a controlar las libertades de información y expresión y que ha favorecido la consolidación de monopolios mediáticos. Del mismo modo se ha restringido, por regulaciones autoritarias, la posibilidad de una oferta informativa, en igualdad de condiciones, desde los medios ciudadanos y comunitarios. Es urgente garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos a la información, a la libre expresión, a la consulta y el consentimiento previos, libres e informados, y a la participación política. Estos derechos

no han sido plenamente garantizados por el marco normativo interno ni por las prácticas gubernamentales. Acerca de los derechos de participación política conviene recordar el Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconoce los derechos: “a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y de ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

AJUSTAR CUENTAS Para avanzar hacia nuevas formas de abordaje de la seguridad y de ampliación de las libertades el próximo gobierno federal debe comenzar por ajustar cuentas con el pasado mediato e inmediato; y debe optarse por construir una vía eminentemente civil para garantizar la seguridad y la libertad, es decir, debe actuarse para acotar el fuero militar y construir un ámbito específico para la acción de los militares, el cual no debe ser, bajo ninguna circunstancia, el de la seguridad ciudadana. En esta misma línea, la obligación de aplicar las reformas en materia de justicia en el año 2016 deben estar guiadas por una profunda convicción de respeto a los derechos humanos. Todos los esfuerzos deben concentrarse en la erradicación del autoritarismo y de las condiciones que lo hacen posible en el ámbito de las diversas instancias gubernamentales. Cualquier esfuerzo creíble en materia de derechos humanos deberá estar inspirado por una fuerte convicción de que una sociedad libre no constituye un problema, y sí lo constituye, en cambio, cualquier iniciativa que apueste a garantizar los intereses facciosos de quienes luchan por hacerse, en el México violento de hoy, de un lugar en la estructura estatal.•

LOS PENDIENTES DEL PRÓXIMO GOBIERNO:

• Garantizar la participación ciudadana mediante una reforma política que incluya mecanismos como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación de mandato • Establecer instancias ciudadanas de supervisión, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, incluyendo entre sus funciones la observación del ejercicio presupuestal • Garantizar el acceso a la información mediante la limitación de las condiciones bajo las cuales ésta se puede reservar, sobre todo en temas cruciales como los acuerdos comerciales, los acuerdos internacionales en materia de seguridad y los proyectos económicos de gran escala y alto impacto

• Reformar a profundidad el régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones a fin de combatir las prácticas monopólicas, promover la competencia y generar las condiciones adecuadas para la operación de medios públicos, indígenas, comunitarios, culturales y sociales • Regular y fiscalizar el gasto en comunicación social para evitar que los recursos sean empleados de manera discrecional para fines que atentan contra el destino público de éstos • Cumplir a cabalidad con el deber de consultar a las comunidades, pueblos o colectivos (indígenas y no indígenas, rurales o urbanas) afectados por los planes de desarrollo, así como con el deber de obtener el consentimiento previo, libre e informado, de conformidad con los modos de vida definidos por estos mismos grupos

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{ colaboración

Pablo Escandón Cusi

Presidente y Director General de Nadro, S.A. de C.V. Presidente del Consejo Promotor de Competitividad y Salud de la Fundación Mexicana para la Salud *Presidente del Consejo para el Fomento de la Ética Médica, Dispensación y Uso Racional de Medicamentos, A.C. (*Por acuerdo de socios, en proceso de formalización)

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especial}

Competitividad y salud

Pablo Escandón

a globalización es un fenómeno mundial que desde hace años está presente prácticamente en todos los aspectos de la vida, generando una interacción constante y permanente con un sinnúmero de interlocutores. Por ello, el tema de la competitividad cobra una importancia trascendental para el progreso del Estado, pues es una condición indispensable para lograr una interacción y cooperación internacional eficiente y próspera Es importante destacar que la competitividad no sólo tiene repercusiones en el aspecto económico nacional, sino también en otros factores básicos como la salud, la política y la educación, siendo muchos los factores que inciden en la medición del grado de competitividad de un país, entre los que se encuentran la solidez y la estabilidad de sus instituciones. Desde su creación en 2003, y conforme a sus objetivos de coadyuvar en la consecución de un sistema de salud más eficaz y eficiente, el Consejo Promotor de Competitividad y Salud, de la Fundación Mexicana para la Salud, ha buscado impulsar estrategias que pretenden ser innovadoras en rubros como el financiamiento de la salud. Conscientes de que la participación del sector privado en las acciones gubernamentales impacta en la calidad de los servicios de salud prestados a la población en general, se ha trabajado arduamente en impulsar proyectos orientados a coadyuvar con la autoridad sanitaria en su tarea de proteger la salud de la población, considerando las repercusiones que tiene esta tarea sobre la competitividad del país. Dentro de dichos proyectos podemos mencionar las propuestas generadas para establecer mecanismos más eficientes en

la prestación de los servicios e impulsar la mayor participación del sector privado en el campo de la salud con la finalidad de incrementar la inversión en el sector, así como compartir la responsabilidad social en la salud poblacional y coadyuvar en el fortalecimiento de la prestación de los servicios bajo esquemas mixtos de participación público-privada que mejoren la infraestructura disponible, acciones que sin duda contribuyen en gran medida a fortalecer el proceso para tornar eficiente y de calidad el Sistema Nacional de Salud. A nueve años de la más reciente reforma al Sistema de Salud en México, con la cual se han documentado notorios avances en la meta de alcanzar la cobertura universal en salud, hoy nos encontramos en un momento crucial de grandes desafíos, con importantes rezagos y necesidades no satisfechas ni atendidas en materia de salud. Actualmente, el disfrute del derecho a la protección a la salud tiene su nivel de cobertura y de contenido más amplio y sustantivo en toda su historia. Este logro ha implicado la realización de un esfuerzo humano, material y financiero de grandes dimensiones. El Sistema Nacional de Salud de nuestro país se ha venido transformando a lo largo de los años, partiendo de un esquema solidario de seguridad social y pasando por un sistema de salud mixto, hasta llegar a la reforma Constitucional realizada en 1983, con la cual por primera vez se considera como una garantía individual el derecho a la protección de la salud, donde no importa la condición laboral de la persona, sino el respeto a este derecho por el simple hecho de ser mexicano. Esta gran reforma fue acompañada por la modificación a la Ley General de Salud

en el año 2003 para crear el Sistema de Protección Social. Dicha reforma significó un avance importantísimo, pues con ella comenzó a otorgarse aseguramiento médico para la población sin seguridad social, cubriendo a más de 52 millones de mexicanos que carecían del mismo. La discusión hoy en día sin duda se encuentra entre la disyuntiva de continuar optando por un esquema de seguridad social o transitar hacia un sistema de protección social universal, y lo que necesariamente debe garantizar el sistema que en su caso se aplique es la protección a la salud de todo mexicano, sin importar su estatus laboral, considerando a la vez los desafíos que actualmente se presentan en nuestro país en materia de transición demográfica y epidemiológica. Las estadísticas y los mecanismos de control institucional han demostrado que propuestas como el Seguro Popular han contribuido a hacer más eficiente el Sistema de Salud Mexicano, a través del incremento de la cobertura pública en salud, principalmente de la población más pobre ubicada en comunidades rurales; la reducción de la muerte materna e infantil; el incremento en infraestructura, recursos humanos y acceso a medicamentos; así como la reducción de los gastos catastróficos realizados por la población para la atención de su salud. No obstante, las ofertas y demandas de los servicios médicos son diferentes en el sector público y el privado. A pesar del surgimiento de las instituciones públicas de salud, la población mexicana continúa usando los servicios privados sin importar su pertenencia a la seguridad social, debido principalmente a la falta de calidad, disponibilidad y eficiencia que sigue imperando en la mayoría de los servicios de salud públicos. Por ello, a fin de cubrir la demanda de servicios de salud en México, la participación del sector privado para lograr esta meta es de vital importancia. El sector empresarial debe contribuir con el Gobierno Federal a fin de lograr que México sea un país más competitivo, no

La participación del sector privado es de vital importancia para lograr que México sea más competitivo, no sólo en el aspecto económico, sino también en el campo de la salud sólo en el aspecto económico, sino también en el campo de la salud, a fin de contar con un sistema que contemple una cobertura universal en salud, con un adecuado nivel de calidad y equidad, y con un uso eficiente de los recursos. Mientras ello no se cristalice, no se cumplirá a cabalidad la obligación del Estado de garantizar el derecho a la protección de la salud en la forma que lo dispone nuestra Carta Magna en su Artículo 1°, el cual señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.• d i c i e m b r e 2 012 méxico social

CRÉDITO DE LA FOTO: http://www.magis.iteso.mx/anteriores/014/014_colloquium_gordillo.htm

{ colaboración

Gustavo Gordillo

Activista y promotor de organizaciones rurales, académico y funcionario público. Como activista fue asesor técnico de una red de mas de 75 organizaciones regionales y asesor de diversas organizaciones y autoridades municipales. Como académico es autor de 20 libros y mas de 80 artículos en revistas especializadas en temas de desarrollo rural, desarrollo regional y alimentación. Fue Profesor visitante e Investigador Asociado en el Taller de Teoria Política y Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Indiana en Bloomington. Sus más recientes publicaciones son “Gobiernos locales y Desarrollo Rural (Lecciones comparadas desde Brasil,Peru,Chile y México)” e “Insertando la cabeza de la libertad en un cuerpo servil: estado sociedad e izquierdas en América Latina”. Entre otros cargos, se desempeñó como Director de Desarrollo Rural en Roma, Italia, y como Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en Santiago de Chile. Consultor para la FAO y el Banco Mundial entre 2006 y 2011.

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e s pec i a l }

UN NUEVO * TRATO

Es necesario enfrentar la desarticulación productiva y la desintegración social prevalecientes en el medio rural con una estrategia de reconstrucción institucional basada en la autonomía de los habitantes rurales y en una dinámica de intervenciones estatales a partir de una elaboración institucional inteligente capaz de aprender y adaptarse a las situaciones heterogéneas y cambiantes en el ámbito rural Gustavo Gordillo

DE LA BOCA AL PLATO

Los principales desafíos mundiales contemporáneos que se enfrentan en material alimentaria (FAO) son: i) El incremento de la producción de la agricultura, de las actividades forestales y de la pesca, así como de su contribución al crecimiento económico y al desarrollo, a la vez que se garantiza la gestión sostenible de los ecosistemas y la aplicación de estrategias de adaptación al cambio climático y de mitigación del mismo. ii) La erradicación de la inseguridad alimentaria, la carencia de nutrientes y los alimentos nocivos en vista del encarecimiento de los alimentos y la alta volatilidad de los precios. iii) La racionalización del consumo de alimentos y de la nutrición. iv) La mejora de los medios de subsistencia de la población que vive en zonas rurales, entre la que se incluyen los agricultores, silvicultores y pescadores en pequeña escala y, en particular, las mujeres,

en el contexto de la urbanización y de las estructuras agrarias en proceso de cambio. v) La necesidad de garantizar sistemas alimentarios y agrícolas más justos e integradores en los ámbitos local, nacional e internacional. vi) La exigencia para incrementar la resiliencia(II) de los medios de vida ante las amenazas y crisis relativas a la agricultura y la seguridad alimentaria. vii) El reforzamiento de los mecanismos de gobernabilidad, a fin de satisfacer las necesidades de los sistemas alimentarios, agrícolas, forestales y pesqueros en los planos nacional, regional y mundial (FAO, 2012a).

TENDENCIAS EN LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Convergencia. Explica la creciente similitud de las dietas de todo el mundo, y se caracteriza por una mayor dependencia respecto a un menor número de cereales básicos y por un mayor consumo de carne,

Mejorar las

tecnologías

para un manejo sostenible de los recursos naturales y dejar su conducción a cargo de las comunidades locales son dos intervenciones clave en el ámbito

rural

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Salomon Ramirez

productos lácteos, aceites comestibles, sal y azúcar, y una menor aportación de fibras dietéticas Adaptación dietética. Cambios alimenticios experimentados por la población debido a las características de la vida urbana, en cuanto al apremio del tiempo y el acelerado ritmo de vida. Estos cambios de hábitos de consumo en los países en desarrollo, y en particular en las zonas urbanas, han generado una situación paradójica en la cual coexisten problemas de desnutrición con problemas de obesidad, relacionados a su vez con situaciones de pobreza.

LOS DESAFÍOS EN LAS ÁREAS REGADAS • Tienen relación con un manejo más eficiente del agua que asuma su escasez y que además evite la degradación de los suelos. • En áreas de agricultura intensiva se

requiere un mejor manejo del paquete tecnológico constituido por semillas, fertilizantes, pesticidas y agua. • En sistemas extensivos la fragilidad del ecosistema constituye el principal desafío. • Se requieren transformaciones profundas en la manera de producir y distribuir alimentos, considerando las conocidas restricciones en materia de agua, energía y suelos (Pretty, 1995). • El manejo adaptativo y en general el reforzamiento de la resiliencia de los sistemas puede ayudar a mitigar los efectos de la degradación ambiental. • Se requiere una amplia visión que recurra a un conjunto de políticas públicas orientadas a mitigar los efectos negativos y sobre todo a dotar de capacidad a los sistema agrícolas de mayor capacidad de adaptación frente a los problemas de deterioro ecológico y del cambio climático. • Existen dos tipos de intervenciones clave: “i) mejorar tecnologías para un manejo

* Este texto es un resumen de la versión sintetizada del artículo que, en su versión original extendida, se publicó con el nombre “Política Alimentaria en tiempos de crisis”, en el Trimestre Económico 315 julioseptiembre 2012. Para leer el documento en la versión sintetizada por el autor o consultar las referencias del artículo visiten nuestra página: www.mexicosocial. org, sección Colaboraciones Especiales septiembre 2 0 1 2 méxico social

{ colaboración

e s pec i a l }

I. La resiliencia puede entenderse como la capacidad de un sistema para experimentar el cambio y las perturbaciones, manteniendo, a pesar de ello, cierta forma de control sobre su integridad inicial. Algunas referencias bibliográficas son: Levin, S., S. Barrett, S. Aniyar, W. Baumol, C. Bliss, B. Bolin, P. Dasgupta, C. Ehrlich, C. Folke, M. Gren, C.S. Holling y A.M. Jansson, Resilience in natural and socioeconomic systems, Beijer Discussion Papers, 1997. 100: 2-11; Walker, B., S. Carpenter, J. Andries, N. Abel, G.S. Cumming, M. Jassen, L. Level, J. Norberg, G.D. Peterson y R. Pritchard, Resilience management in social-ecological systems: A working hypothesis for a participatory approach. Conservation Ecology, 2002. 6(1): art. 14.

La familia rural debe ser el punto de convergencia de las políticas públicas.

sostenible de tierra, agua y biodiversidad, y ii) poner a las comunidades locales en la conducción del manejo de recursos naturales (putting local communities in the driver’s seat” (ibid, 192).

EL TRATO: LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL CENTRO

Reconstrucción institucional y empoderamiento ciudadano. Es necesario enfrentar la desarticulación productiva y la desintegración social prevalecientes en el medio rural con una estrategia de reconstrucción institucional basada en la autonomía de sus habitantes y en una dinámica de intervenciones estatales. Un Estado responsable y con respuestas no espera que los problemas se resuelvan desde arriba, desde las burocracias o desde los gobiernos solamente. Los acuerdos con otros actores productivos, intelectuales y en general con la sociedad civil se asumen como ejercicios permanentes, renovables y realimentadores en un proceso continuo de aprendizaje. Un piso político común: Reforma

septiembre 2 0 1 2 méxico social

presupuestaria. Un programa compartido y transversal desde el gobierno federal, dotado de inserción operativa en las esferas estatales, municipales y comunitarias, y legitimado sistemáticamente por medio de la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Una política congruente para el ámbito rural debe ser producto de acuerdos básicos de una sociedad. Territorios: economías locales públicas y desarrollos regionales. La coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno para la elaboración de políticas integrales de desarrollo se torna decisiva. También lo es el establecimiento de un marco legal que favorezca diversos modos de asociación territorial. Se necesita articular territorialmente los diversos programas e instrumentos dirigidos al desarrollo rural y regional como la vía idónea para inducir sinergias locales que eviten la disipación de recursos humanos, recursos económicos y energía social. Un programa mínimo sostenible en la agricultura familiar. Es necesario partir de la familia rural como unidad de análisis y punto de convergencia de las políticas públicas (Appendini, 2011, y Bartra, 2011).•

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Juan Herrera

NOTA:

DERECHOS DE PAPEL

México ha registrado avances en la firma de tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos; se ha llegado a la construcción de reformas consideradas como de vanguardia a nivel mundial, tal como la llevada a cabo en 2011, que eleva a rango constitucional los Derechos Humanos; sin embargo, la falta de educación de la población en torno al conocimiento y la exigibilidad de sus derechos, así como los altos niveles de violaciones a las garantías que día con día sufren los mexicanos y las mexicanas, hacen creer que los avances en la materia HAN QUEDADO SÓLO COMO firmas sobre un papel…

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / David Hernandez

{ derechos

humanos}

EDUCACI Y DEREC

Raúl Plascencia Villanueva

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

n los últimos años es posible observar importantes avances en la defensa de los derechos humanos, sin embargo, aun persisten en el Estado mexicano prácticas que inciden en su violación, lo cual se puede advertir en el incremento de quejas en los organismo encargados de su protección. De ahí la importancia de la reforma constitucional del pasado 10 de

HUMAN

junio de 2011, que puede ser considerada como la de mayor profundidad y trascendencia en la historia moderna de nuestro país. Los cambios introducidos a nuestro ordenamiento jurídico corresponden a los que suelen denominarse de tercera generación de desarrollo institucional, dado que reconocen un mayor campo de protección a la sociedad en general, y fortalecen a las instituciones del Estado mexicano. La reforma permite que los organismos defensores de los derechos humanos tengan una intervención más eficaz, que facilita su labor y garantiza un desempeño libre de cualquier obstáculo o entorpecimiento por parte de servidores públicos. De este manera, es posible vislumbrar un panorama más alentador en el ámbito de la tutela de tales derechos, con lo cual nuestro país responde a los compromisos internacionalmente adquiridos.

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Erik Meza

Resulta indispensable profundizar en el conocimiento de los derechos humanos, ya que la mayoría de los mexicanos reconocen el concepto, pero difícilmente identifican sus contenidos

Consolidar una política humanos como eje rector e la plena convivencia de las pers la transformación del país. de los derechos humano

UCACIÓN ECHOS

ANOS

En la búsqueda de alternativas que propicien el mejoramiento en el acceso a la justicia, la educación representa, sin duda, una de las mejores opciones para alcanzar el objetivo del desarrollo pleno en el ámbito nacional, a fin de hacer realidad los ideales que desde sus orígenes se plantearon. Es necesario desplegar un intenso trabajo para la difusión de los derechos humanos como condición para que cada persona cuente con el conocimiento de sus derechos y la certeza de que puede exigir su cumplimiento. Es importante que los servidores públicos reciban una formación que les permita no sólo conocer sino entender qué son los derechos humanos y la importancia de su observancia, que eviten transgredirlos y se conduzcan conforme a la ley. Para los organismos públicos que promueven y defienden los principios humanistas son relevantes las acciones que tiendan a reducir la violación de los derechos de los individuos, así como trabajar en tareas de prevención de los abusos y omisiones de la autoridad mediante estrategias integrales que propicien que los servidores públicos y la sociedad en general asuma pleno compromiso en torno a éstos. En un mundo basado en el conocimiento, la enseñanza es la mejor inversión que los países pueden hacer para la construcción de una sociedad más próspera y equitativa, en virtud de que incentiva el potencial de las personas y los dota de medios para transformar realidad, lo cual redundara en beneficio de las generaciones futuras.•

a educativa nacional con la formación en derechos es el reto que deberá afrontar el Estado para propiciar

sonas; además, permitirá colocar el tema como vértice para . Sólo de esta forma asumiremos que el pleno respeto os es y debe seguir siendo un compromiso de todos.

• Es necesario que los servidores públicos tengan conocimiento puntual de las acciones que pueden llevar a cabo en el ejercicio de sus atribuciones, conocer sus límites y mantenerse dentro de éstos. • El conocimiento que tienen los miembros de una sociedad sobre sus derechos propicia un desarrollo social armónico, por ello resulta tan importante la educación en el proceso de construcción de una sociedad comprometida con el respeto a las leyes. • La formación humanista es una de las mejores formas de promover una cultura de la legalidad en el país. • Realizar actividades académicas y de investigación encaminadas a analizar las nuevas perspectivas que presentan los derechos, ayuda a garantizar avances en sus alcances y delimitaciones, y contribuye a solucionar problemas sociales. El estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos, a través de la investigación interdisciplinaria, deben enfocarse a la generación de conocimiento especializado. D I C I E M B R E 2 012 méxico social

{ derechos

humanos}

Luis González Placencia

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Una agenda pendiente

luis González Placencia

n el imaginario social, el sexenio que termina –más allá de los logros en relación con la elevación del rendimiento social de nuestras instituciones democráticas– está definido por un solo tema: la estrategia federal de combate frontal al crimen

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organizado, que ha dejado un saldo preliminar de 60 mil personas muertas; la delegación de esta responsabilidad de manera casi exclusiva a los cuerpos castrenses en vista de la corrupción de la policía; y, además, un desgaste profundo del tejido social en aquellos espacios donde se ha intervenido de manera directa para frenar el avance

SALDO AMBIGUO

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Paola Hidalgo

El sexenio que termina continuó con la ratificación de los tratados internacionales que constituyen la vanguardia en materia de DDHH, pero siguen considerándose como letra muerta al momento de traducirlos en políticas públicas y acciones concretas:

de las redes criminales. Desde diversos frentes ciudadanos se ha cuestionado la manera en que se ha planteado el problema como una falsa disyuntiva: o se garantizan derechos humanos para todos y, entonces, parecería que se pospone el enfrentamiento directo contra las redes criminales con sus propias armas; o, en el otro extremo, se siguen los procedimientos regulares de combate a la delincuencia y se garantiza en todo momento el debido proceso, con la dilación y falta de efectividad que caracterizan al sistema de justicia que todos los días la ciudadanía experimenta a través de trámites y ventanillas que se multiplican sin dar respuesta precisa. Es decir: se ha colocado a la seguridad y a la garantía de derechos en una relación antitética, perdiéndose de vista que el conjunto de derechos lo que configura es un

Destinamos presupuesto y capital humano a favor de la equidad de género…

…pero siguen muriendo mujeres a causa de la violencia y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

Asumimos que la pobreza es el principal problema nacional que enfrentamos…

…pero nos cuesta trabajo movernos fuera del paradigma asistencialista que reparte recursos para soluciones momentáneas y no empoderar personas de manera permanente

espacio de seguridad para que las personas vivan sus vidas con calidad, realicen elecciones autónomas y experimenten la libertad como ausencia de impedimentos para actuar, pero también a través de instituciones democráticas y transparentes que promuevan el empoderamiento ciudadano. De hecho, la idea de “seguridad humana”, que ha sido el concepto clave para criticar la estrategia federal de combate al crimen organizado, implica la consideración de la fragilidad de la vida humana en ausencia de instituciones, leyes y prácticas gubernamentales que se comprometan de manera irrestricta con la defensa y promoción de los derechos humanos. En ausencia de un paradigma así para la acción pública, a lo mucho contaremos con soluciones asistencialistas, paternalistas y verticales para crear espacios provisionales y no definitivos para el ejercicio de las libertades ciudadanas. Lo que necesitamos, frente al problema de la inseguridad y el crimen organizado, pero también para tratar otros grandes temas nacionales como la pobreza y la discriminación, es una reivindicación del paradigma de los derechos humanos para elevar la calidad de vida de las personas, al tiempo que se crean espacios de seguridad y se favorece su autonomía y agencia política. D I C I E M B R E 2 012 méxico social

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humanos}

LAS ASIGNATURAS PENDIENTES He aquí el inventario no exhaustivo de prioridades para dar consistencia a la política del Estado mexicano en materia de derechos humanos: 1.Dar concreción política y social a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, para incorporar este paradigma como eje de la acción pública y, así, reconocer a los tratados internaciones de derechos humanos una jerarquía superior a la normatividad federal y local, con el señalamiento expreso de que todos los poderes públicos se someterán a dicho orden internacional de acuerdo con el principio pro persona y el carácter integral e interdependiente de los derechos. 2.Generar el tejido institucional y el capital social para garantizar, en el marco del Estado de derecho, el derecho a la seguridad humana en su interdependencia con el resto de derechos fundamentales 3.Generar modalidades de vinculación eficientes con la sociedad civil y las personas activistas y defensoras de derechos humanos –incluso con quienes han sido víctimas directas de la violación a estos derechos– para incorporar y dar seguimiento a los contenidos de los tratados internacionales. 4.Diseñar y transversalizar, con la suficiente asignación presupuestal, una política de Estado de materia de no discriminación, armonizada con los instrumentos de derecho internacional y supervisada su implementación y evaluación por la sociedad civil. Esto implica no sólo crear organismos públicos especializados, o grupos de trabajo al interior de los cuerpos legislativos, para atender problemáticas particulares de los grupos históricamente discriminados; sino convertir a la no discriminación en un indicador de resultados para la gestión pública y en un rubro de acción estatal que requiere de asignación presupuestal y voluntad política suficientes para atacar las formas agravadas de discriminación en todos los espacios

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fundamentales de la vida social. 5.Fortalecer las capacidades de la sociedad civil para acceder a las instituciones y mecanismo para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, cuando éstos les son violados. A partir de la búsqueda particular de justicia en el caso de violaciones a derechos y a través de instancias jurisdiccionales, éstas podrían fundamentar sus sentencias en los contenidos de los propios tratados internacionales, y así generar la jurisprudencia adecuada para reformar el sistema de justicia en su conjunto. 6.Promover la eliminación del uso de estereotipos, prejuicios y estigmas (por sexo, edad, raza, etnia, condición económica, orientación sexual, religión o pertenencia política) en todos los instrumentos de carácter público que inciden en la formación y socialización de la población en el campo educativo, de los medios de comunicación y mediante conductas discriminatorias en los servicios públicos. Nuestro reto es transitar de una cultura de la impunidad y la cohesión basada en estereotipos y una visión negativa de la pluralidad social, hacia otro modelo de convivencia en el que la propia ciudadanía sea la vigilante de la vigencia del Estado de derecho y sea solidaria cuando se visibilicen violaciones a derechos humanos, aunque no afecten de manera directa a la mayoría de las personas. 7.Fortalecer los mecanismos de investigación de los crímenes del pasado y garantizar el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos pasadas, así como la reparación integral del daño. El derecho internacional de los derechos humanos –vinculante a partir de la reforma constitucional de 2011– señala que cada violación grave a derechos humanos en el contexto del autoritarismo, si no se aclara, permanece como una herida abierta mientras no se avance hacia el futuro democrático con la mediación de la justicia penal, la compensación por el daño y las garantías de no repetición. 8.Fortalecer y transversalizar la

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Ivan Stephens

perspectiva de género en todos los niveles y ámbitos de gobierno, para desalentar e incidir en aquellas prácticas que promueven estereotipos y prejuicios que redundan en afectaciones a la calidad de vida de las mujeres. Incluso con los avances en materia de combate de la violencia hacia las mujeres, de garantía del derecho de ellas a decidir sobre su propio cuerpo y de eliminación de la discriminación en espacios sociales fundamentales como la escuela o el trabajo, siguen ocurriendo feminicidios, despidos por embarazo y permanece casi intacta la brecha de desigualdad entre varones y mujeres. Tenemos que continuar incidiendo sobre aquellas formas de discriminación estructural que son expresión de una cultura machista, misógina y patriarcal, y que significan afectaciones diarias a los derechos de las mujeres en este país. 9.Combatir el estigma y la discriminación, así como crear espacios de seguridad, para el ejercicio de aquellas libertades, como las que se refieren a la orientación sexual y la identidad de género que implican una tensión con las identidades mayoritarias. En la Ciudad de México, desde el año 2010, es posible el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción. En la opinión pública, este esfuerzo dio continuidad a las sociedades de convivencia que, con anterioridad, permitían el reconocimiento legal de uniones entre personas con vínculos afectivos y solidarios no convencionales, que ellas querían proteger como ciudadanas en un régimen democrático. Si bien es cierto que estos avances benefician de manera directa a la población LGBTI, también es verdad que, en el largo plazo, contribuyen a desafiar los modelos tradicionales de familia y han iniciado un cambio cultural que permitirá erradicar la discriminación hacia las formas no convencionales de vincularse sexual y afectivamente las personas. Actualmente existe una diversidad de formas para constituir una familia, y todas las uniones familiares merecen respeto y desarrollarse en espacios libres de violencia y discriminación.

La reforma de 2011 reconoció la primacía de los derechos de la ciudadanía frente a las decisiones públicas o los consensos sociales sobre el valor de las identidades, la cual tiene que vertebrar al conjunto de las instituciones políticas D I C I E M B R E 2 012 méxico social

humanos}

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Quetzalli Gonzalez

{ derechos

Se ha colocado a la seguridad y a la garantía de derechos en una relación antitética, perdiendo de vista que el conjunto de derechos configura un espacio de seguridad para vivir con calidad. Necesitamos una reivindicación del paradigma de los derechos humanos Probablemente la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011 sea el logro más importante del sexenio que termina en la protección de las personas, su calidad de vida

D I C I E M B R E 2 012 méxico social

y la elevación del rendimiento social de nuestras instituciones democráticas. Esta reforma no es producto de una voluntad individual, sino de un consenso legislativo que plasma experiencias de activismo y defensa de los derechos humanos a lo largo de muchos años; lo que se reconoció con este acto legislativo fue la importancia del paradigma de los derechos humanos, que implica la primacía de los derechos de la ciudadanía frente a las decisiones públicas o los consensos sociales sobre el valor de las identidades; y que este paradigma tiene que vertebrar al conjunto de las instituciones políticas. Ahora, con esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, tenemos la oportunidad de reorganizar nuestras prioridades como sociedad y como país, a la luz de nuestras obligaciones respecto de la tutela y protección de la dignidad humana bajo cualquier circunstancia y en todo momento.•

En terrible retroceso Penalizar el aborto significa no reconocer que las mujeres tienen los mismos derechos que cualquier agente autónomo; que tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo; a decidir cuándo y cuántos hijos tener; y a delinear su proyecto de vida y realizarlo. Son ya 18 estados los que han aprobado reformas que modifican sus marcos legales, criminalizándolo

humanos}

Patricia S. Bedolla Zamora

Coordinadora Nacional del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM México. Es parte de la coordinación ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. (OCNF) y pertenece al Comité Conciudadano para la reforma Electoral organización ciudadana nacional. Es fundadora, ha sido coordinadora y actualmente es asesora de la marcha por la Diversidad sexual en Morelos. Es Maestra en Procuración y Administración de Justicia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y Diplomada en Defensa Práctica de los Derechos Humanos, Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica Universidad de Chile, Administración Pública Municipal y en Derecho Electoral.

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Walter Shintani

{ derechos

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{ derechos

humanos}

Patricia Bedolla

inguna otra ley requiere que un individuo sacrifique su libertad, su autonomía, su privacidad, su dignidad, su integridad corporal y su vida futura como lo hace la ley que criminaliza el aborto. Una ley que violenta todos estos derechos —que el resto de la legislación reconoce a los varones— es una ley discriminatoria e injusta, que contribuye a la opresión de la mujer. Un buen sistema legal tiene que reconocer la autonomía de todas las personas, promover una mayor igualdad, una mayor libertad y minimizar la discriminación. La ley que penaliza el aborto no debe formar parte de ese sistema. En México el aborto está considerado como la tercera causa de muerte materna, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que es un problema social que cada vez va incrementándose; este organismo calcula que en México se realizan anualmente entre 800 mil y 1 millón 200 mil abortos. Además, las mujeres adolescentes afrontan un alto riesgo de tener embarazos imprevistos y abortos en condiciones inadecuadas(I), o aborto inseguro, con consecuencias devastadoras para su vida y su salud. Según estimaciones de los legisladores en el Distrito Federal, al menos 3,000 mujeres morían cada año por practicarse un aborto clandestino. Esto, antes de la reforma legal que pone al Distrito Federal a la vanguardia de los reconocimientos plenos en materia de Derechos Humanos. La interrupción legal del embarazo es un derecho. El carácter laico del Estado mexicano debe ser plenamente llevado a la práctica, ésta es una exigencia de la sociedad en un país democrático, porque provee un marco de respeto a la pluralidad. La vigencia del Estado laico es fundamental para la preservación y consolidación de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, principalmente de las mujeres como un Derecho Humano.

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Contrario a la reforma del Distrito Federal que significa un gran avance en el tema, son ya 18 estados en donde se han aprobado reformas que, en terrible retroceso, han modificado sus marcos legales, criminalizando el aborto incluso en los casos de excepción que en algún momento calificaron de legales, pese a la intensa lucha de parte de organizaciones de mujeres y las recomendaciones de organismos internacionales de salud y de derechos humanos. La decisión de la Suprema Corte confirma el pleno reconocimiento de dichos derechos fundamentales de las mujeres y los dotó de contenido exigible. En virtud del principio de supremacía constitucional, ninguna legislación secundaria –como lo son las Constituciones locales– está autorizada a restringir derechos fundamentales previstos en la constitución expresamente o a través de interpretación

LA OBLIGACIÓN DE VER POR LAS MUJERES México está obligado a garantizar el Estado de Derecho desde una perspectiva laica y de género, que supone la armonización de tres principios esenciales para garantizar que ninguna reforma legal menoscabe, restrinja o anule el ejercicio los derechos reproductivos de las mujeres:

El respeto a la libertad de conciencia y a su práctica individual

La autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares

La igualdad ante la ley y la no discriminación directa o indirecta hacia las mujeres

Mientras se siga penalizando la Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Salomon Ramirez

de nuestro máximo tribunal, en aras de establecer una protección de la vida en gestación dentro de las primeras doce semanas. Es cierto que tanto los derechos fundamentales de las mujeres como la protección del producto de la concepción se encuentran constitucionalmente protegidos, pero que no tienen un carácter absoluto; por lo tanto, era necesario hacer una ponderación entre ellos y así lo hizo la SCJN al determinar que ninguno de ellos puede prevalecer incondicionadamente sobre el otro. Pero la protección del producto de la concepción de ninguna manera puede acarrear la imposición de la maternidad, mucho menos a través de una sanción penal o de la aceptación de normas que de suyo acarrean potenciales riesgos y daños a la salud de las mujeres. Como lo menciona la iniciativa, el derecho a la salud tiene como elemento primordial preservar la vida, por lo que resulta censurable que se soslaye el grave problema de salud pública que genera la interrupción del embarazo en condiciones de riesgo. Tal y como los señaló la Suprema Corte en las sesiones del pleno sobre la despenalización de la interrupción del embarazo hasta la décimo segunda semana de gestación, en la interpretación constitucional de derechos fundamentales en materia de sexualidad y reproducción no deben ser tomados en cuenta aspectos religiosos y morales, pues éstos deben quedar en la esfera privada de cada persona. Es claro que la reforma contiene elementos ideológicos en su argumentación. Además, la SCJN valoró que no corresponde a ese órgano (ni ningún otro diferente a la ciencia médica) determinar el momento en el que inicia la vida. Durante las sesiones públicas, el máximo tribunal se avocó a la discusión de si la interrupción del embarazo en las primeras doce semanas era constitucional y determinar la valoración constitucional de la vida en gestación por un lado y los derechos de las mujeres por el otro.

interrupción del embarazo,

habrá discriminación contra las

mujeres

ANTICONCEPCIÓN EN CASOS DE VIOLACIÓN La Norma Oficial Mexicana NOM 046 tiene por objeto establecer los criterios a observar en la: detección, prevención, atención médica y orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos. Atención por Violación. Por temporalidad y capacidad preventiva los casos de violación pueden ser: D I C I E M B R E 2 012 méxico social

{ derechos

humanos} MEDIDAS CLAVE

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / David Hernandez

Los gobiernos y la sociedad civil deben:

1. La Organización Mundial de la Salud define al aborto en condiciones inadecuadas como un procedimiento utilizado para interrumpir un embarazo no deseado, realizado ya sea por personas sin las calificaciones necesarias o realizado en un ambiente que no cumple con los mínimos requisitos médicos, o ambos. La OMS reconoce que no existen muchos datos sobre el aborto en condiciones de riesgo y que los que existen están sujetos a errores substantivos debido a las limitaciones metodológicas inherentes a las investigaciones relacionadas con el aborto.

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Casos inmediatos, personas que acuden en busca de atención médica dentro de las primeras 120 horas de ocurrido el ataque sexual. Casos tardíos, personas que acuden en busca de atención médica por consecuencias de violación después de 120 horas, pueden ser largos períodos (semanas, meses, años). Acciones inmediatas: • Prescribir la anticoncepción de emergencia a toda mujer violada de manera inmediata y hasta 120 horas después de ocurrido el evento para prevenir un embarazo no deseado brindando información completa conforme a la NOM-005-SSA2-1993 vigente de los Servicios de Planificación Familiar, a fin de que la usuaria tome una decisión libre e informada. • Prescribir la profilaxis de prevención por posible infección de VIH/SIDA. • En caso de embarazo por violación, en los términos y plazos permitidos, las instituciones deben prestar los servicios de aborto médico (terminación legal del embarazo). En caso de que sea necesario, de conformidad con la normatividad aplicable, se requerirá la previa instrucción de la autoridad competente.

• Ayudar a las adolescentes a prevenir el embarazo no deseado, poniendo a su disposición información, educación y consejería, así como servicios y suministros anticonceptivos –incluida la anticoncepción de emergencia- adecuados para sus necesidades. • En circunstancias en que el aborto no es contrario a la ley, garantizar que éste sea seguro y accesible, al capacitar y equipar a los profesionales de la salud. • Capacitar y equipar a los profesionales de la salud para el tratamiento de las complicaciones del aborto inseguro y la prestación de servicios adecuados a las adolescentes. • Promulgar y fortalecer las leyes y establecer políticas para proteger a los profesionales de la salud que atienden a las adolescentes. • Revisar las leyes que contienen medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales, así como contra los profesionales de la salud que los practican, y crear un marco conceptual jurídico que incluya las necesidades específicas de las adolescentes. • En los estados donde se criminaliza el aborto es importante invocar la NOM 046 para solicitar la Interrupción Legal del Embarazo cuando este sea producto de violación. Mientras se siga penalizando la interrupción del embarazo, habrá discriminación contra las mujeres y se estará consintiendo y favoreciendo que el Estado ponga en riesgo sus vidas, anulando la posibilidad de que toda maternidad sea un derecho y no producto de la imposición.•

{ derechos

GERARDO SAURI SUÁREZ

Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de los Derechos Humanos del DF. Es pedagogo, egresado de la UNAM, con estudios superiores en la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Chicago. Es Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO. Ha desarrollado un liderazgo en diferentes ámbitos de trabajo en materia de derechos humanos, en particular con el tema de infancia, desde el cual se ha articulado en diferentes agendas de política pública, tanto a nivel federal como local, así como en diversos organismos internacionales. Fue miembro de Consejo Consultivo de ONG para el Seguimiento del Estudio sobre Violencia en contra de la Infancia de la ONU, y miembro del equipo coordinador de la Red latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; asimismo, fue Director y Presidente de la fundación de EDNICA, I.A.P y dirigió la Red por los Derechos de la Infancia en México hasta 2010, año en que fue Relator de Libertad de Expresión en la CDHDF.

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humanos}

Niveles de garantía y defensa El entramado de mecanismos jurisdiccionales, no jurisdiccionales y de participación ciudadana deberá ser parte de las décadas venideras para dar cuerpo y sentido cotidiano a lo que ya nuestra constitución garantiza, sobre todo para operar en favor del ejercicio de los derechos humanos de la población, y en particular, los de las personas más discriminadas

Gerardo Sauri

ara Aniza García garantizar un derecho supone la existencia de mecanismos que permitan hacerlo efectivo; estos pueden ser de dos tipos: Los primeros son los mecanismos institucionales, cuya puesta en marcha se encuentra a cargo de los poderes públicos. Estos mecanismos adquieren dos formas: • La de carácter político, que se relaciona con normas y actos de los órganos legislativos y administrativos, e incluye las garantías normativas (constitucionalización y configuración legal) y los sistemas de vigilancia que pueden identificarse con la labor de las comisiones de derechos humanos (García: 2010, 9).

• La de carácter jurisdiccional, por un lado constituido por los tribunales, y, por otro lado, los de carácter cuasi-jurisdiccional que pueden ser órganos nacionales (en el caso de México uno de ellos serían las comisiones de derechos humanos) o internacionales (como los Comités de Naciones Unidas) (García: 2010, 9). El segundo tipo son los mecanismos extra institucionales o garantías sociales, mecanismos fundados en la participación de actores no estatales, lo que abarca a quienes son afectados por una violación a sus derechos humanos o ciudadanos y movimientos sociales vinculados a los mismos (García: 2010, 9). Incorporar como parte de las garantías de protección de los derechos humanos a

los mecanismos o garantías institucionales y a los sociales o no institucionales, así como a las herramientas de control de las decisiones del poder público, proporciona una visión más integral y dinámica. Mecanismos para hacer efectivo un derecho

Institucionales De carácter político

Extra Institucionales

De carácter jurisdiccional

GARANTÍAS INSTITUCIONALES Como parte de las normas y actos de los órganos legislativos administrativos, que corresponden al componente político de las garantías institucionales, podemos ubicar a las garantías normativas. Es necesario distinguir como parte de estas normas a los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, ya que se trata de instrumentos que reconocen en el escenario mundial determinados derechos. Desde este modelo las normas deben de estar sujetas al Estado constitucional de derecho mediante técnicas de garantía que reduzcan la distancia estructural entre normatividad y efectividad, incorporadas a lo que Ferrajoli denomina el sistema de garantías, un sistema de legalidad compuesto por principios del Derecho Constitucional como igualdad, dignidad de las personas y por los derechos fundamentales, los cuales corresponden universalmente a todo ser humano y tienen un carácter subjetivo (Ferrajoli: 2004, 19-20, 22, 25). Ferrajoli denomina como garantías primarias a los deberes tanto positivos como negativos y garantías secundarias a las obligaciones de sancionar o reparar judicialmente las lesiones a los derechos (Ferrajoli: 2004, 43); desde el modelo garantista, se modifica la relación entre el juez y la ley en el sentido de que ya no se basa en la mera sujeción a la segunda, sino

a aquella que es válida en términos de su coherencia con la constitución (Ferrajoli: 2004, 26).

EL DIFÍCIL ACCESO A LOS RECURSOS JUDICIALES En 2010, la mitad de los usuarios entrevistados en una encuesta fuera de los tribunales contaba con estudios universitarios, mientras que el 7% contaba con secundaria incompleta o menos, pero, además, la mayoría de usuarios con grado universitario son abogados, pasantes y gestores, lo que significa que el acceso a la justicia sigue siendo limitado a un sector de la población. La encuesta indica que el 53% de usuarios tienen un ingreso mayor a 8 mil pesos mensuales y sólo 5% menos de 1, 644 pesos (UNAM: 2011: 15-16). Rodolfo Vázquez considera que es necesario sostener la justicia constitucional como relevante para la construcción de un Estado democrático de derecho, capaz de

el dato

Las garantías normativas forman parte del componente político de las garantías institucionales, y tienen las siguientes características:

Parte de ellas son los acuerdos internacionales de derechos humanos

Deben estar sujetas al estado constitucional de derecho...

Garantías normativas

GARANTÍAS PRIMARIAS: Deberes positivos y negativos

...e incorporadas a un sistema de legalidad compuesto por principios como igualdad y dignidad

GARANTÍAS SECUNDARIAS: Obligaciones de sancionar o reparar judicialmente las lesiones a los derechos

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{ derechos

humanos}

El acceso a la justicia sigue siendo limitado a un sector de la población:

garantizar también derechos sociales y no sólo civiles y políticos, con la importancia de fortalecer una concepción deliberativa de la democracia, ya que cuestiona esa concentración de las decisiones judiciales en los jueces (Vázquez: 2006, 864, 866). En un proceso deliberativo los jueces podrían arbitrar la participación democrática si se consideran aspectos como la libertad para expresarse en el debate y en la discusión; la igualdad de condiciones con que se participa; la exigencia de justificación de los de las propuestas, entre otras (Vázquez: entrevistados 2006, 864). fuera de los Por otro lado se encuentran los mecatribunales nismos como las Comisiones de Derechos tenÍa estudios Humanos (Ombudsman) o Defensorías universitarios, del Pueblo, Comisiones de la Verdad y la mayoría eran otros órganos como los que existen en Méabogados, xico: Procuraduría del Medio Ambiente, pasantes Procuraduría Federal del Consumidor, Coy gestores misión de Arbitraje Médico (García: 2010, 33). En general se trata de instancias de apoyo con un carácter predominantemente administrativo. Las deficiencias y obstáculos en los mecanismos jurisdiccionales hacen necesaria la existencia de instituciocontaba con nes nacionales de derechos humanos que, secundaria debido a sus amplias facultades, pueden incompleta ser medios de acceso efectivo a la justicia o menos que disminuyan los obstáculos citados (Serrano: 2007, 3-4). Las Comisiones pueden dar visibilidad a las violaciones y tienen la capacidad de actuar antes (elaborando informes, por ejemplo) y después de un posible hecho tenía un ingreso violatorio para evitar que se vuelva a comemayor a $8,000 ter un daño; además, el carácter no vincupesos lante de sus recomendaciones les permite extender su protección más allá de lo que podrían hacerlo las autoridades jurisdiccionales y la aceptación o el rechazo de éstas es un indicador del compromiso de un gobierno con la democracia y los derechos ganaba menos de humanos (Serrano: 2007, 6-7). $1,644 mensuales La eficacia de estos organismos depende de una autonomía que se exprese en términos operativos, financieros, de procedimientos para el nombramiento de sus titulares y de que cuenten con competencia definida, facultades propias, accesibilidad para peticionarios, coordinación con otras

50% 7%

53% 5% 44

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instancias, eficacia operativa y rendición de cuentas. Además es necesario superar los límites que le impiden conocer asuntos jurisdiccionales y electorales (Serrano: 2007, 18, 21-22), ya que con la reforma de 2011, ahora tienen competencia laboral.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO MECANISMO DE EXIGIBILIDAD POLÍTICA Las garantías sociales de los derechos tienen que ver con la participación ciudadana en la defensa y promoción de los derechos humanos, en la incidencia en las garantías institucionales o buscando que sus reclamos sean institucionalizados, lo que supone una apropiación consciente del

Las garantías sociales tienen que ver con la participación ciudadana en la defensa y promoción de los derechos humanos, lo que supone una apropiación consciente del esquema de derechos por parte de

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Quetzalli Gonzalez

ciudadanos

esquema de derechos por parte de ciudadanos (García: 2010, 35). Pisarello (2007: 111-112) enfatiza la importancia de una defensa multiinstitucional de los derechos sociales mediante un sistema multinivel para lograr una democracia más participativa y menos institucionalista. Esta noción es importante porque hace ver que las que denomina garantías extra institucionales o sociales no podrían ser por sí mismas suficientes para la garantía de derechos humanos, aunque pueden ser capaces de trastocar a un régimen político. La participación ciudadana es un mecanismo de exigibilidad política que busca que el Estado adquiera y cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos mediante el uso de la legitimidad que otorga la legislación en

esta materia a través estrategias como el cabildeo político y legislativo; la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas; la movilización masiva; las actividades de acción directa como plantones y el envío de acciones urgentes (Estevez: 2007, 1). Esta participación no necesariamente se restringe a las normas del derecho positivo, sino que puede incluir el ejercicio de oponerse y resistir a normas que son contrarias a los derechos humanos. Gargarella señala que resistir al derecho es también un derecho humano, que deben de ejercer sobre todo los oprimidos para desafiar ciertas prohibiciones legales cuando estos desafíos pudieran servir, razonablemente, para poner fin a su situación de sufrimiento extremo. Este derecho puede reconocerse bajo criterios de causalidad, respeto mutuo, proporcionalidad y vínculo con la ausencia de una garantía (Gargarella: 39-40) Reconocer esta dinámica de participación ciudadana implica reconocer que los derechos humanos, más que concesión del Estado, corresponden a una lucha histórica por los derechos humanos. Por ello la rendición de cuentas es un mecanismo de diálogo crítico, de recibir explicaciones como ciudadanos por parte de los gobiernos y de obligación de éstos de justificar el ejercicio del poder, por lo tanto se trata de un instrumento de monitoreo y vigilancia que incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos (Scheadler: 2008, 15 y 17). Es un mecanismo de tres dimensiones –información, justificación y sanción– que pueden tener intensidades y énfasis variados, como concepto radial que implica que en los procesos de rendición de cuentas puede faltar algún elemento sin que el marco global se vea afectado. Cuando es utilizado por los ciudadanos para pedir cuentas a los gobiernos se transforma en un mecanismo de control vertical, de abajo hacia arriba (Scheadler: 2008, 21 y 34). •

* Consulta la bibliografía de este artículo en nuestra página: www.mexicosocial.org

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{ visión

Nashieli Ramírez Fundadora y coordinadora general de Ririki Intervención Social, organización que trabaja por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y por el desarrollo de sus familias y comunidades. Cuenta con una especialidad en Investigación Educativa de la UNAM. Actualmente es Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil; de Radio Ciudadana del IMER; y del Observatorio de Políticas Públicas y Derechos Humanos. Ha participado en el diseño, instrumentación y operación de programas y estudios sobre indicadores de infancia.

e x p e rta

}

MIRADAS DE GÉNERO DESDE LA INFANCIA

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Erik Meza

Las niñas están, sin duda, accediendo cada vez en mayor número a la educación, pero es importante no perder de vista que la mayoría de ellas lo hace en condiciones diferentes a sus pares varones 46

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Nashieli Ramírez

l 9 de octubre pasado Malala Yousafzai, una pakistaní de 14 años, fue gravemente herida por un comando de talibanes en represalia por la campaña a favor del derecho de la educación para las niñas que encabeza la adolescente. En medio de la consternación e indignación por el atentado, un par de días después se conmemoraba por primera vez, promovido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Día Internacional de la Niña, con la finalidad de crear conciencia sobre la situación de las niñas en todo el mundo. Se trata de dar visibilidad a la doble discriminación por género y edad que viven millones de menores de edad. Nuestro país está incluido en las dos terceras partes de los países del mundo que han alcanzado la paridad de género en el nivel de primaria, así como en la tercera parte de las naciones donde el número de niñas supera de manera significativa a los niños en secundaria, según lo reporta el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2012 del Banco Mundial. A nivel secundaria, mientras en el ciclo escolar 1995-1996 la cobertura de niños era de 76.3% contra 73.4% de niñas, para el ciclo 20102011, la cobertura en hombres era de 95.6% en relación con 96.2% de mujeres. Esta tendencia continúa en la educación media superior en la que la proporción de varones es de 65.3%, mientras que las adolescentes que asisten alcanzan el 68.1%. Uno de los factores para lograr la mayor permanencia de las niñas en la escuela lo constituye la acción afirmativa que en ese ámbito se realiza a través de las becas de Oportunidades, estrategia que ha probado su eficiencia para la incorporación

y permanencia escolar en poco más de una treintena de países en el mundo que, como el nuestro, desarrollan programas de transferencias monetarias condicionadas. No obstante lo anterior, es importante no perder de vista el factor de desigualdad, ya que, por ejemplo, la cobertura de secundaria en el ciclo 2010-2011 en Chiapas es de 94% para varones y 87.3% para mujeres; lo mismo sucede en la educación media superior, donde es de 64.5% para hombres y 59.3% para mujeres. Además, poco más de diez millones de niñas de entre 5 y 17 años realizan quehaceres domésticos y 4 de cada 10 de ellas destinan más de 35 horas a esas labores (Módulo de Trabajo Infantil, ENOE, 2009).

millones

de niñas de entre 5 y 17 años realizan quehaceres domésticos

EL PELIGRO DE LA MATERNIDAD PRECOZ

Otro factor de exclusión educativa es la maternidad precoz, fenómeno que se ha venido incrementando en años recientes: mientras que en el Censo 2000 se registraban casi 186 mil madres de entre 12 y 17 años de edad, el Censo 2010 reporta 428 mil; en una década se duplicó la maternidad en adolescentes en nuestro país, quienes no nada más ven afectadas sus trayectorias educativas, sino que también ponen en riesgo su integridad física. En 2010, una de cada diez muertes maternas fue de una adolescente; según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (2009), y el riesgo de morir durante los

periodos de gestación y natal es cinco veces mayor para las menores de 15 años y se triplica la probabilidad para aquellas de 15 a 17 años, en comparación con las mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años. Adicionalmente, las adolescentes indígenas presentan un riesgo de morir por causas vinculadas a la maternidad que triplica a las no indígenas. Tal y como lo señala Claudio Stern (Colmex, 2012), el riesgo mayor no radica en el embarazo en sí mismo, sino en las condiciones en que ocurre, en donde las desigualdades ya existentes aumentan la estructura de desventaja.

RIESGOS VIEJOS Y NUEVOS Las niñas y adolescentes mexicanas siguen siendo las victimas, en mayor proporción que sus pares varones, de abuso sexual y de explotación sexual comercial, y también presentan mayor vulnerabilidad ante la trata. Adicionalmente, a diferencia de veinte años atrás, las adolescentes son ya un grupo de atención a la salud, en lo que respecta a las adicciones. Sin duda, aún tenemos un largo camino que avanzar en la atención de niñas y adolescentes, se requiere mayor información desagregada y, naturalmente, de políticas públicas que tomen en cuenta esas miradas de género. Como señala el informe del Banco Mundial 2012, la igualdad de género es un objetivo de desarrollo fundamental por derecho propio, pero además una mayor igualdad de género también tiene sentido desde el punto de vista económico, ya que hace aumentar la productividad y mejora otros resultados en materia de desarrollo. Estamos seguros de que no será posible alcanzar esa igualdad si no miramos a las niñas desde su primer día de nacidas. • D I C I E M B R E 2 012 méxico social

LA DISCRIMINACIÓN

Y UNO DE SUS ROSTROS

Vivimos en un escenario repleto de prácticas y esquemas discriminatorios, reproducidos cotidianamente y en todos los ámbitos. En este contexto, los grupos vulnerables son los que con mayor frecuencia se enfrentan a tratos desiguales, excluyentes y violatorios de sus derechos. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y en este apartado presentamos, además de un análisis de la discriminación en México, los retos de este grupo ante un país que, desafortunadamente, se sigue diseñando como si sólo lo conformaran personas sin discapacidad.

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La paradoja de la desigualdad Nuestro país reconoce su diversidad, le establece derechos, acciones de garantía y mecanismos de justiciabilidad, al mismo tiempo que ve a la diversidad como riesgo y como amenaza: nos reconocemos diversos, pero no iguales en dignidad y en derechos; no hemos generado incentivos para la lucha frontal contra la desigualdad de trato, y contra todas sus lacerantes expresiones

“I

Ricardo Bucio

nsatisfacción es la palabra que con demasiada frecuencia se asocia a la democracia mexicana; este régimen político se halla todavía lejos de las expectativas que hace poco más de una década despertó entre la población. Más de la mitad de las personas manifiesta descontento y afirma que el mexicano no es un régimen democrático (Latinobarómetro, 2010). Sobre otras razones críticas que puedan exponerse, la que predomina es aquella que acusa al Estado mexicano de ser ineficaz a la hora de acortar la desigualdad y confrontar los privilegios. A pesar de la transición hacia un régimen político más plural, un segmento amplio de la población mexicana se percibe tratado con desigualdad por obra de la autoridad, la ley y las personas. La abismal diferencia en el ingreso es motivo relevante de esta convicción, pero no es el único; la asimetría en el trato –la persistente discriminación– es tanto o más potente a la hora de confeccionar el cierre social que excluye y vulnera. En su gran mayoría, permanecen intactas las barreras que impiden en México el acceso a los derechos, las libertades y los bienes que se obtienen del esfuerzo común. “Mientras tanto, también durante la

última década de historia mexicana, el Estado y la sociedad han invertido notable esfuerzo y recursos para enfrentar la discriminación. Nunca antes en la historia del país, como durante los últimos tiempos, se habían multiplicado con tal intensidad las leyes, las instituciones y los organismos públicos dedicados a enfrentar la desigualdad; de ahí que resulte necesario atender la paradójica percepción de ineficacia”. Los párrafos anteriores son parte del texto introductorio con el que Ricardo Raphael de la Madrid comienza el “Reporte sobre la Discriminación en México 2012”(I), elaborado a 10 años del informe general presentado en 2002, titulado “La discriminación en México: por una nueva cultura de la igualdad”(II). Ese primer informe fue fruto de los trabajos de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, integrada por representantes de poderes públicos, de organizaciones civiles, instituciones académicas y partidos políticos, entre muchos otros, que comenzó a trabajar en 2001 bajo la conducción de Gilberto Rincón Gallardo.

RICARDO ANTONIO BUCIO MÚJICA Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED (www. conapred.org.mx). Ha sido Director General Adjunto del Instituto Nacional de Desarrollo Social y Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UIA, y diplomado en Nueva Gerencia Pública, Gestión Pública y Desarrollo Social por la Universidad de Chicago y la UIA. Ha coordinado investigaciones en materia de derechos humanos, legislación y políticas públicas, y es experto invitado de la Unidad Antidiscriminación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Ginebra. Es miembro del Consejo de la Maestría en Derechos Humanos de la UIA, de diversas organizaciones de la sociedad civil, y de diversos órganos de gobierno de instituciones públicas.

LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN En esa coyuntura, recién desempacada la alternancia política, la lucha contra la d i c i e m b r e 2 012 méxico social

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Alejandro Meléndez

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discriminación fue vista como una de las vías fundamentales para alcanzar la ciudadanía plena, mejorar la calidad de vida, fortalecer las reglas de la democracia y la legitimidad de sus instituciones. Por ello se instaló la Comisión Ciudadana, que buscaba fomentar –vía instrumentos jurídicos, institucionales, educativos e informativos— un cambio cultural en contra de las prácticas sistemáticas de violencia, desprecio, marginación y exclusión que fragmentan el tejido social y generan desigualdades irreductibles; la económica es la más visible de ellas, aun así, está intrínsecamente ligada a las demás. Dicha Comisión Ciudadana se planteó dos objetivos centrales: una ley antidiscriminatoria que diera una protección efectiva, medidas compensatorias y políticas de promoción para garantizar el ejercicio de este derecho, y un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), encargado del cumplimiento de la ley y de orientar a los diversos sectores –económico, político y social–, a un modelo de convivencia social que hiciera realidad la igualdad de oportunidades en nuestro país. Ese proceso iniciado en 2001 –que tuvo como primer e inmediato resultado la reforma al Artículo 1° de la Constitución, incluyendo como párrafo tercero la prohibición expresa de la discriminación en México por cualquier motivo– detonó y se sumó a una enorme cantidad de acciones legislativas, institucionales, políticas y educativas, que incluyen: • Cambios constitucionales • La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 19 leyes estatales • La creación del Conapred • Un reposicionamiento de México frente a los tratados internacionales de derechos humanos acciones de gobierno, decretos y mecanismos de protección • Encuestas nacionales, estudios e iniciativas legales • Campañas de difusión y series televisivas • Resoluciones judiciales y no jurisdiccionales • Material para las aulas • Prohibiciones de discriminación en la entrada de establecimientos comerciales

• Investigaciones académicas • Proyectos de diseño de indicadores • Programas de diversidad empresariales • Campañas en espacios deportivos • Apertura al tema desde las iglesias • Sistemas de defensa de quejas y debate en medios de comunicación Además, se crearon o se reformaron instituciones dedicadas a atender la situación específica de sectores de población, buscando que éstos pudieran tener acceso al ejercicio de derechos y a los bienes y servicios públicos en condiciones similares al resto de la población; entre otras: • Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas • Instituto Nacional de Lenguas Indígenas • Instituto Nacional de las Mujeres • Consejo Nacional para el Desarrollo •Inclusión de las Personas con Discapacidad • Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores • Unidad para la atención y promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Como se plantea en el Reporte sobre la Discriminación en México 2012, una explicación tentativa de esta situación es la fragmentación de los esfuerzos, así como la falta de una perspectiva común –una política de Estado–, de coherencia y de sistematicidad con que las distintas instituciones responsables han conducido las políticas de igualación y de atención a las poblaciones vulneradas. En México no hay una comprensión profunda del peso y la fuerza de la desigualdad de trato como base, nutriente y salvaguarda de tantas formas de desigualdad normalizadas; además, no se ha asumido que el combate a la discriminación corresponde a los tres poderes en los tres órdenes de gobierno, es decir, es una tarea del Estado. El Reporte elaborado por el CIDE quiere contribuir a afrontar esta paradoja y a proponer rutas de futuro. En este estudio se valoran críticamente los avances y retrocesos de leyes, programas, acciones de gobierno y políticas; se detectan y describen las situaciones, circunstancias y contextos que producen mayor discriminación en México, y se formulan criterios y recomendaciones

para los próximos años en 11 apartados referidos a los espacios, ámbitos o procesos en los que se produce mayor discriminación en el país: trabajo; acceso a crédito; alimentación; salud; educación; proceso civil; proceso penal; derechos políticos; libertad de conciencia; libertad de expresión; y acceso a la información.

QUIERE SER, PERO NO QUIERE DEJAR DE SER… México se debate entre el país que quiere ser, y que va definiendo a través de las reformas legales e institucionales con perspectiva de derechos, y el país que no quiere dejar de ser, anclado en prácticas autoritarias, sistemas de privilegios y expresiones de desigualdad en todos los ámbitos de la vida privada y pública(III):

• Cambia su legislación, pero no sus prácticas • Prohíbe la violencia hacia las mujeres dejando viva en cada espacio la cultura machista • Inserta los derechos humanos como indicadores de gobernabilidad, pero encuentra nuevas maneras de expresar el clasismo, el racismo y la xenofobia • Reconoce a las personas con discapacidad como sujeto social, pero sigue diseñándose y organizándose como una sociedad para personas sin discapacidad • Se indigna ante el maltrato de los mexicanos en Estados Unidos, pero desprecia a la migración centroamericana • Considera a las trabajadoras del hogar como de la familia, pero legaliza su disminución y negación de derechos

Esto ha servido para poner en el espacio social y legal este tema y definir límites y proponer caminos, ha ayudado a dimensionar la fuerza histórica, cultural, social, económica y política que tiene la discriminación en nuestro país, pero no ha podido revertir el sistema de desigualdad de trato y de distinción en el ejercicio de derechos y libertades que construimos durante siglos.

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¿POR QUÉ SE SIGUE DISCRIMINANDO?

• No se ha asumido que el combate a la discriminación es una tarea del Estado y corresponde a los tres poderes en los tres órdenes de gobierno. • No hay perspectiva común, coherencia ni sistematicidad por parte de las instituciones responsables de la conducción de las políticas de igualación y de la atención a las poblaciones vulneradas

*Consulta las notas y referencias de este artículo en nuestra página web: www.mexicosocial.org

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Mateo Reyes Arellano

• La discriminación está enraizada en las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, jurídicas y estéticas. La desigualdad de trato es base, nutriente y salvaguarda de otras formas de desigualdad normalizadas

“El primer objetivo del Reporte (…) se centra en valorar los avances y retrocesos que el país ha vivido durante los últimos doce años en lo que toca a la lucha antidiscriminatoria. Sus páginas recorren los principales tratados internacionales, reformas constitucionales, leyes, políticas, instituciones, organismos, programas y acciones gubernamentales, que han sido emplazados para combatir y erradicar la exclusión. Gracias a este ejercicio también se establecen algunos de los trazos más evidentes de la agenda por venir en esta materia. Un segundo objetivo de este reporte es colocar, hacia delante, la lucha contra la desigualdad de trato en el

corazón del debate público, de la acción del Estado y de la práctica cotidiana entre las y los mexicanos (IV)”. La discriminación persiste porque está enraizada en las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, jurídicas y estéticas, entre otras. Ello exige conocer, visibilizar, mapear, graficar y relacionar esas estructuras; dimensionar la magnitud de los problemas alrededor de la discriminación; y desentrañar la trama de sus interrelaciones, para así poder contar con herramientas idóneas para diseñar y definir políticas públicas incluyentes que atajen efectivamente las injusticias de la exclusión.•

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Daniel Betanzos

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Un proceso en marcha Es imprescindible la participación de todos los sectores en el acompañamiento de las instancias nacionales de aplicación y seguimiento del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, así como en el desarrollo de informes fiables que den cuenta ante el Comité de Expertos en la materia de Naciones Unidas de la previsión, diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas progresivas y concretas

Patricia Claudia Brogna

Profesora-Investigadora en la Universidad Tecnológica Santa Catarina UTSC, Monterrey y Coordinadora del Centro de Investigación sobre Inclusión de Personas con Discapacidad UTSC, Monterrey. Es Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Maestra en Integración de Personas con Discapacidad (Salamanca, España). Ha publicado numerosos artículos; es autora del libro “El trabajo de crecer”; compiladora del libro “Visiones y revisiones de la discapacidad”, del Fondo de Cultura Económica; y directora de la revista “Voces de la alteridad” en la UNAM.

Patricia Brogna d i c i e m b r e 2 012 méxico social

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os derechos humanos de las personas con discapacidad han recorrido un largo y sinuoso camino. Propuesta la necesidad de una Convención específica, las voces en contrario argumentaban que los derechos que se pretendían legitimar estaban ya señalados en otros documentos internacionales, y que ya se recogían en las normas nacionales de algunos países, siendo esta armonización una estrategia más que suficiente para garantizar los derechos de este grupo. Sin embargo, los países en los cuales las normas locales no reflejaban los estándares internacionales derivados de distintas convenciones y normativas insistieron en la necesidad de dicha Convención. Este fue el contexto histórico y político que dio origen al proceso de discusión y redacción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, aprobada finalmente en el año 2006 y suscrita por México el 30 de marzo de 2007.

PARTEAGUAS DE LA INCLUSIÓN La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad representa un parteaguas por dos motivos fundamentales: en primer lugar, porque demuestra la madurez final en un proceso de reconceptualización de la discapacidad y de redefinición de la persona con discapacidad como sujeto de pleno derecho, amparado bajo los principios de igualdad y no discriminación; y en segundo lugar, porque recoge los preceptos del modelo social, el La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: • Marca un hito que merece especial mención: igual reconocimiento como persona ante la ley • Redefine a la personas con discapacidad como sujetos de pleno derecho • Identifica “el problema de la discapacidad”, no en las limitaciones individuales, sino en las barreras sociales y en los procesos de estigmatización y exclusión

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cual identifica “el problema de la discapacidad”, no en las limitaciones individuales, sino en las barreras sociales y en los procesos de estigmatización y exclusión de un grupo sistemáticamente vulnerado. La Convención pone en un plano de igualdad a todos los sujetos, y profundiza esta perspectiva en los principios que la rigen, de manera general y de manera particular, a través de la identificación de condiciones, como la edad o el género, o de situaciones, como el acceso a servicios de salud o de educación, que pueden determinar una mayor desventaja en el ejercicio y goce plenos de los derechos. En el Artículo 12, la Convención marca un hito que merece especial mención: igual reconocimiento como persona ante la ley, derecho cuyo alcance se explica principalmente en los tres primeros incisos, en estos párrafos se hace una referencia general y no exhaustiva a la norma internacional más importante en derechos humanos de las personas con discapacidad con la intención de contextualizar la referencia al cumplimiento de estos derechos con base en los estándares que marca la Convención.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO(I-V) En el Informe Inicial que el Estado Mexicano presentó ante Naciones Unidas podemos observar una descripción de las acciones desarrolladas en los niveles federal y estatal, por distintas instancias y sectores de gobierno. La primera evidencia es que, tal como se analizó respecto a la política sobre discapacidad en el sexenio 2001-2006(VI), la propuesta de articulación es ineficiente. Por otro lado, el hecho de que el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, PRONADIS, no haya cubierto el sexenio 2006-2012 también pone en cuestión la calidad de la planificación y continuidad de una política a nivel nacional. La armonización legislativa ha avanzado, con el ejemplo de la introducción del tema de la discapacidad en la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo,

MUCHO POR HACER

El cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad ha tenido avances; sin embargo, aún existen desafíos clave para lograr su plena garantía:

AVANCES

REZAGOS

• La armonización legislativa ha avanzado, con el ejemplo de la introducción del tema de la discapacidad en la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo • Las organizaciones de y para personas con discapacidad, y organismos internacionales han tenido un rol protagónico en la redefinición del campo de la discapacidad en México y en la inclusión de los estándares de la Convención como meta universal para todas las personas con discapacidad • Las acciones de concientización, capacitación y empoderamiento han permeado en nuestra sociedad • Ha habido un cambio cultural en cuanto al reconocimiento de la dignidad, la igualdad y la no discriminación

• En el Informe Inicial que el Estado Mexicano presentó ante Naciones Unidas la propuesta de articulación es ineficiente • El PRONADIS no cubrió el sexenio 2006-2012, poniendo en cuestión la calidad de la planificación y continuidad de una política a nivel nacional • La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad mantiene inconsistencias respecto de la Convención • Las acciones sectoriales no siempre pueden reconocerse como parte de una política o programa del sector ni como articulados en una política nacional • Aun cuando la política sectorial es clara no garantiza el acceso a la misma calidad de servicio para las personas que viven en diferentes estados o ciudades • Muchas personas con discapacidad internadas en alguna institución viven en condiciones de abandono y tratos crueles, incluso tortura

que prohíbe la discriminación laboral, entre otras razones, por una condición de discapacidad; o la inclusión del principio y el derecho de accesibilidad reconocido en la Convención, al señalar que los empleadores deberán realizar adecuaciones cuando sus empresas cuenten con más de 50 puestos de trabajo, otorgando un plazo de 36 meses para llevar a cabo las reformas necesarias. Sin embargo, la ley rectora a nivel nacional, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada el 30 de mayo de 2011, mantiene inconsistencias respecto de la Convención. Salvo ejemplos puntuales, las acciones

sectoriales de salud, educación, trabajo y asistencia, como los que lleva adelante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, no siempre pueden reconocerse como parte de una política o programa del sector, y menos aún como articulados en una política nacional. Incluso en el caso en el que esta política sectorial es clara y tiene “nombre y apellido”, como es el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, su aplicación no garantiza el acceso a la misma calidad de servicio para las personas con discapacidad que viven en diferentes estados o ciudades; y sus d i c i e m b r e 2 012 méxico social

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Roberto Velazquez

*Consulta las notas y referencias de este artículo en nuestra página web: www. mexicosocial.org

evaluaciones externas no son conceptual ni metodológicamente comparables, por lo cual es imposible medir su maduración o avance a los largo de los sexenios en los que se implementó, y ha adoptado la cuestionable moda de recopilar ejemplos de “buenas prácticas”, en lugar de realizar un monitoreo exhaustivo de la calidad, eficacia y eficiencia del programa en términos de diseño y resultados. Uno de los informes analizados toca el tema de las personas con discapacidad internadas en instituciones psiquiátricas, albergues, orfanatos, etcétera. Este informe plasma el seguimiento de la investigación realizada por la misma organización diez años antes, y da cuenta de los escasos avances que ha habido en este tema, manteniéndose muchas de las condiciones que podrían encuadrarse como abandono y constituir, además, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso tortura(VII). Con el fin de conocer la situación a nivel global, varias instituciones han llevado a cabo estudios comparativos de marcos normativos de distintos países. Sin embargo, esta práctica pierde su potencial de identificar ideas o propuestas que puedan replicarse en el ámbito local si el estudio comparativo se realiza solamente sobre “la letra de la ley” sin consideraciones respecto al contexto

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histórico, político, económico, social y cultural; o sea, sin tener en cuenta las condiciones de posibilidad de una ley o una norma, su “espíritu” no podrá ser extrapolado de un país a otro, ya que las leyes no operan de manera automática, por su mera redacción y aprobación. Pero no podemos decir que el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en México no ha tenido avances. Es indudable que sí los ha habido. Las organizaciones de y para personas con discapacidad, y organismos internacionales han tenido un rol protagónico en la redefinición del campo de la discapacidad en México y en la inclusión de los estándares de la Convención como meta universal para todas las personas con discapacidad. Las acciones de concientización, capacitación y empoderamiento, tales como la figura de los “autogestores”, la mayor vigencia y visibilidad del tema en diferentes ámbitos, y un cambio cultural en cuanto al reconocimiento de la dignidad, la igualdad y la no discriminación han permeado en nuestra sociedad, aunque quizás haya permeado más en los discursos que en las prácticas, y en las conciencias de algunos sujetos que participan en las políticas y el gobierno que en las mismas estructuras a las que pertenecen.•

{ salud

pública}

LAS RESPUESTAS A LA DISCAPACIDAD En las últimas siete décadas la atención a las personas con discapacidad se enfocó en nuestro país a los aspectos de rehabilitación y de educación especial, principalmente, con algunos componentes de capacitación para el trabajo y reinserción laboral; este artículo reseña cronológicamente los avances en la materia

LUIS ROSALES

Médico Cirujano, con Maestría en Salud Pública. Ha sido Profesor de Salud Pública y Medicina Preventiva en la UNAM; fue Director de Rehabilitación del DIF Nacional y Director del Centro de Rehabilitación Integral del Estado de Guerrero.

Luis Rosales

a rehabilitación como programa de la Secretaría de Salubridad y Asistencia arrancó en 1953 y se expandió desde 1974 con los centros de rehabilitación y educación especial, en coordinación con la SEP y los gobiernos de los estados. La idea de fundir en un solo establecimiento ambos modelos se debilitó al no compatibilizarse sus procedimientos, tiempos de aplicación y duración, quedando ahora sólo unos cuantos de ellos en la modalidad originalmente concebida. En 1982 los poco más de 20 centros de rehabilitación existentes en el Distrito Federal y algunas entidades federativas fueron transferidos

al DIF Nacional, organismo que ratificó los convenios de coordinación preexistentes con los estados y estimuló su multiplicación, sumando hoy cerca de 80 de estos centros, la mayoría de ellos con personal calificado, modernas instalaciones y equipamiento, en los que se atienden por año más de 300 mil personas de primera vez. También desarrolló la estrategia de acercar los servicios de atención a las personas con discapacidad mediante las denominadas unidades básicas de rehabilitación con la promoción y apoyo del DIF Nacional, la coordinación de los DIF Estatales y la operación, en su gran mayoría, por los DIF Municipales,

potenciando los recursos de los tres órdenes de gobierno. A la fecha suman más de 1,300 de ellas, estimándose su cobertura anual de atención en más de 600 mil personas. En los hospitales de la Secretaría de Salud existen muy pocos servicios de rehabilitación, y es en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el que conjuntó al personal y a los recursos de los ahora extintos Institutos de Ortopedia, de Medicina de Rehabilitación y de la Comunicación Humana, con la misión de investigar, formar personal calificado y proporcionar servicios de alta especialización en materia de discapacidad y rehabilitación. Asimismo, el IMSS lleva a cabo

1953

1958

1970

Surge la rehabilitación como programa de la Secretaría de Salubridad y Asistencia

Se crea el Instituto Mexicano de Rehabilitación

Se funda la Dirección General de Educación Especial y se agrupan y sistematizan las acciones dispersas y fragmentadas de la educación especial. Se crea también APAC

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{ salud

pública}

26,500 PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUERON ATENDIDAS DE 1960 A 1980 POR EL INSTITUTO MEXICANO DE REHABILITACIÓN

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Ignacio Galar

actividades importantes de rehabilitación médica y de reinserción laboral en los trabajadores rehabilitados, y forma especialistas médicos y personal de terapia física en sus unidades especializadas de rehabilitación. Otras instituciones públicas como el ISSSTE, SEDENA, SEMAR y PEMEX poseen una infraestructura más reducida y las tres primeras forman personal para su atención. Por otra parte, el Instituto Mexicano de Rehabilitación fue creado en 1958 para prestar servicios de

rehabilitación a las personas con discapacidad del aparato locomotor con la intervención de un equipo de especialistas médicos comandado por un cirujano ortopedista y personal de psicología, trabajo social, terapia física, ocupacional y de lenguaje, consejeros vocacionales y técnicos protesistas-ortesistas. De 1960 a 1980 atendió a 26,500 personas con discapacidad. Este instituto formó y capacitó personal de rehabilitación tal como médicos especialistas en ortopedia y rehabilitación, técnicos

en terapia física, terapia ocupacional, ortesistas-protesistas y consejeros vocacionales, y en el área de adiestramiento laboral llegó a emplear a cerca de 1,000 personas rehabilitadas. La Fundación Teletón es otro ejemplo connotado de programas exitosos en la prestación de servicios de rehabilitación. Inició en México en 1997 y ha construido y opera actualmente 19 centros de rehabilitación infantil con una cobertura de atención a más de 70 mil menores y adolescentes con

1972

1974

1978

Creación del Centro de Rehabilitación Profesional, para actualizar y sistematizar las actividades de orientación vocacional, búsqueda de empleos y formación de consejeros vocacionales

Se expande la rehabilitación con los centros de rehabilitación y educación especial

Se funda la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, A.C. (CONFE)

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discapacidad, principalmente neuromusculoesquelética. Creó además el Instituto Teletón de Estudios Superiores que forma hasta ahora terapistas físicos y ocupacionales en el nivel de licenciatura. Son numerosas las OSC ejemplares que a lo largo de los años y no sin cotidianos problemas económicos se han consolidado en la prestación de servicios de rehabilitación, educación especial, atención a familias, integración laboral, actividades recreativas y deportivas, y en general, en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Entre muchas de ellas destaco por su singularidad, a la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, I.A.P. (APAC), fundada en 1970, y a la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, A.C. (CONFE), creada en 1978. En cuanto a la educación especial, con la decisión de crear la Dirección General de Educación Especial, en 1970 se agruparon y sistematizaron las acciones dispersas y fragmentadas de la educación especial en el contexto general educativo. A partir de 1980 la política de educación especial se apoyó en la normalización e integración de los niños con requerimientos especiales de educación, reconociendo los grupos de atención con presencia de deficiencia mental, dificultades de aprendizaje, trastornos de

audición y lenguaje, deficiencias visuales, impedimentos motores, problemas de conducta y los necesitados de educación especial. Actualmente la educación especial comprende a los Centros de Atención Múltiple (CAM); las Unidades de Servicios de Apoyo a la

Educación Regular (USAER), que apoyan teórica y metodológicamente la atención de los grupos, al personal de las escuelas y a los padres de familia; los Centros de Apoyo a la Educación Preescolar (CAPEP); las Unidades de Atención al Público; y los Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa. Respecto de la capacitación laboral se crearon los Centros de Capacitación para el Trabajo en diversos oficios y las Industrias Protegidas para incorporar al proceso productivo a los educandos cuyas limitaciones les impedían incorporarse al trabajo en condiciones regulares. Asimismo, la Secretaría de Salubridad y Asistencia realizó desde 1953 acciones de orientación vocacional, búsqueda de empleos para los inválidos y de formación de consejeros vocacionales y creó en 1972 el Centro de Rehabilitación Profesional para actualizar y sistematizar esas actividades. Este establecimiento transferido al DIF se convirtió en un gran servicio de evaluación de aptitudes, desarrollo de habilidades para el trabajo y de colocación laboral, y el formador de los psicólogos evaluadores y las trabajadoras sociales gestoras ocupacionales que realizan sus actividades en numerosos centros de rehabilitación y en las Agencias de Integración Laboral para Personas con Discapacidad, es un modelo exitoso que ha conjuntado la experiencia mexicana en ese campo.•

1980

1982

1997

la política de educación especial se apoya en la normalización e integración de los niños con requerimientos especiales de educación, reconociendo nuevos grupos de atención

Existían 20 centros de rehabilitación en el Distrito Federal y algunas entidades federativas

Se crea la Fundación Teletón

CENTROS DE REHABILITACIÓN DEL DIF NACIONAL EXISTEN ACTUALMENTE

300,000 PERSONAS

AL AÑO SE ATIENDEN DE PRIMERA VEZ EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN DEL SNDIF

600,000 PERSONAS

SON ATENDIDAS CADA AÑO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN QUE SON PROMOVIDOS POR EL DIF NACIONAL, Y QUE COORDINAN LOS DIF ESTATALES Y OPERAN LOS DIF MUNICIPALES

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{ MI g r a c i ó n } Las rutas del riesgo En los últimos años se ha incrementado la violencia contra los migrantes centroamericanos,y las zonas de mayor riesgo para ellos coinciden con las rutas de trata de personas personas; este mapa muestra ambos caminos: hermosillo chihuahua Ruta de las redes de trata de personas Ciudades de paso de las redes de trata de personas (Hermosillo, Chihuahua, Monterrey, Gudalajara y Veracruz)

monterrey

guadalajara

Veracruz

Puntos identificados por la CNDH con presencia de secuestro de migrantes: Tramo carretero Tijuana- Tecate en Baja California Municipios de Altar, Caborca y Sásabe en Sonora Tramo carretero Piedras Negras-Ciudad Acuña en Coahuila Vías del tren en los puntos que cruzan San ]uan del Río y Pedro Escobedo en Querétaro; Celaya y Apaseo el Alto en Guanajuato; y Queréndaro, Acuitzio del Canje y Paso de Nuñez en Michoacán Carretera Monterrey- Ciénega de Flores- Sabinas Hidalgo-Parás en Nuevo León, así como la carretera a Reynosa, Tamaulipas que pasa por Nuevo Laredo, Río Bravo, Cuidad Victoria y el municipio de San Fernando, Tamaulipas Municipios de Tenosique, Balancán y Macuspana en Tabasco; y Palenque-Playas de Catazajá en Chiapas Zonas cercanas a las vías del tren en las Choapas, Jesús Carranza, Acayucan y Coatzacoalcos en Veracruz Zonas cercanas a las vías del tren en Matías Romero, Zanatepec, Chahuites y Arriaga en Oaxaca Las comunidades de Cuajinicuilapa, en los límites con Oaxaca, y San Juan de los Lagos en Igualapa, Guerrero Zonas cercanas a las vías del tren en Orizaba y Río Blanco, Veracruz; así como en Tuxtepec, Oaxaca FUENTES: CNDH, Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México, 22 de Febrero 2011, Comisión Nacional de Derechos Huamnos, 108 pp. CNDH- CEIDAS, Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México, CEIDAS, 2010., p.47

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