Número 64- Noviembre by mexico social

Año 4 - No. 64, noviembre de 2015, Precio: $35.00 m.n.

México Social

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ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEXICANA, 2012

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Bernardo Kliksberg Ma. de la Paz López Barajas Patricia Olamendi

DOS GRANDES DEUDAS SOCIALES Las agendas incumplidas a 20 años de Beijing y a 25 de la ratificación de la Convención de los Derechos de las niñas y los niños

Ni m谩s

Ni menos

Igualdad Por nuestros derechos

inf贸rmate en: www.inmujeres.gob.mx

Editorial

MARIO luis fuentes

ste año se cumplen 26 años de que fue signada la Convención de las Derechos de la Niñez, pero también 20 años de que se llevó a cabo la Conferencia de Beijing, relativa a la agenda de los derechos de las mujeres. Mucho ha cambiado desde entonces: tenemos un mejor marco constitucional para la igualdad y la exigencia del cumplimiento del principio del interés superior de la niñez. Tenemos también leyes como la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; contamos con una nueva Ley General para la protección de los derechos de la niñez; y se han llevado a cabo otras importantes reformas constitucionales y legales que han ampliado el marco de reconocimiento de los derechos de los niños, las niñas y las mujeres. A pesar de todo lo anterior, hace falta mucho por hacer: las niñas y niños son sustancialmente más pobres que la población mayor; las mujeres tienen proporcionalmente menores ingresos que los hombres y siguen enfrentando una cultura generalizada de violencia y discriminación. Las niñas, los niños y las mujeres, se ubican frente a diversas condiciones de inequidad y de injusticia, que se viven y expresan con mayor profundidad, respecto de otros grupos de población. Más aún, cuando además de las brechas que se viven en razón de la edad y el sexo, se enfrentan circunstancias de vulnerabilidad asociadas a la pertenencia étnica; a vivir con alguna discapacidad; o a ser habitantes del ámbito rural. El Índice de los derechos de la niñez que se presenta en esta edición, relativo al grado de incumplimiento de los derechos de las niñas y niños en edad escolar (entre 6 y 11 años de edad), revela que vivimos en una sociedad en que privan condiciones generalizadas de violencia, pobreza e inequidad en contra de las niñas y los niñas. Más aún, la evidencia disponible permite sostener que hay 48 causas de muerte que por sus características, pueden ser definidas como “en exceso evitables”; o lo que es lo mismo: son defunciones que debieron evitarse porque se cuenta con las capacidades y recursos para hacerlo. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló hace poco que del total de horas de trabajo no remunerado que se realizan en el país, el 77% son aportadas por las mujeres; en contraste, las mujeres tienen acceso únicamente al 38% de las horas de trabajo remunerado. En conjunto, el dato del INEGI es contundente: el 56% del total de las horas trabajadas en el país es aportado por las mujeres; pero cuando se analiza el tema del ingreso, ellas siguen obteniendo la menor cantidad de los recursos disponibles; pero también, siguen teniendo menor acceso a los cargos de menor prestigio y reconocimiento social. Enfrentamos fenómenos como el embarazo adolescente, mientras que la tasa de fecundidad no ha descendido al ritmo que se esperaba, lo cual no podría ser explicado sino con base en condiciones estructurales de incumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; lo que remite nuevamente a la persistente cultura de machismo, discriminación y prevalencia de prácticas y lógicas estereotipantes de las mujeres, niñas y adolescentes. Enfrentamos una sociedad en la cual los riesgos sociales son mucho mayores cuando se vive en la niñez: ser víctima de violencia, de abuso, de maltrato; vivir en medio de carencias que conducen a la malnutrición; verse privados del derecho a una educación de calidad; o bien, tener que trabajar para contribuir al ingreso de las familias, son realidades que afectan sin duda en mucho mayor medida a las niñas y a los niños que a las poblaciones adultas. A finales del mes de septiembre se aprobaron las nuevas Metas del Desarrollo Sostenible, muchas de las cuales están relacionadas con las agendas aquí mencionadas: erradicar el hambre, abatir la pobreza, eliminar las desigualdades y cerrar las brechas, son compromisos ineludibles para nuestro país; y frente a las cuales, la mejor decisión sería comenzar por el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños; y sin duda alguna, de las mujeres.

Integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; institución en la que también es Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas. Es Director general del CEIDAS, A.C.

MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

CONTENIDO

es una publicación del

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Dos grandes DEUDAS SOCIALES

Director General y Presidente del Consejo Editorial Mario Luis Fuentes CONSEJO EDITORIAL Jesús Kumate Rodríguez

Rolando Cordera Campos Carlos Rojas Gutiérrez Enrique Del Val Blanco Fernando Cortés Cáceres Miguel Concha Malo Irasema Terrazas Enrique Provencio Durazo

ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEXICANA, 2012 Mario Luis Fuentes

Marcela Rovzar de González Gustavo Gordillo De Anda Nashieli Ramírez

Foto: cortesía Excélsior

Mónica González Contró

Director Editorial Saúl Arellano Almanza Coordinadora Editorial Laura Ilarraza Gálvez Edición Electrónica Jesús Mendoza Franco México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx

UNA NUEVA MIRADA A LA POBREZA LATINOAMERICANA Bernardo Kliksberg

AVANCES Y DESAFÍOS 20 AÑOS DESPUÉS... Paz López

SEGUIMOS LUCHANDO CONTRA LA VIOLENCIA Patricia Olamendi

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS ARTES María Gourley

LA SEGURIDAD VIAL EN MÉXICO Ricardo Pérez

México Social, Año 6, No. 64, noviembre 2015, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Pennsylvania No.86, Col. Parque San Andrés, CP. 04040 Delegación Coyoacán, México, D.F. Tels. 5659-6120 y 5659-6209 www.ceidas.org.mx, informacion@ceidas.org.mx. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2014-052912521500-102 ISSN: 2007 - 2600, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09- 0840. Impresa por Multigráfica Publicitaria S.A. DE C.V. Avena No. 15 Col. Granjas Esmeralda Del. Iztapalapa C.P. 09810 México D.F. Tels. 54451590, 55822344. Distribuida por la Comercializadora GBN S.A. de C.V., Calzada de Tlalpan No.572, Desp. C-302,Col. Moderna, Del. Benito Juárez C.P. 03510, México D.F. Tel. 0155-56188551 Mail: comercializadoragbn@yahoo.com.mx comercializadoragbn@gmail.com este número se terminó de imprimir el 25 de octubre de 2015.

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Demografía y Territorio

Los artículos e imágenes publicados en esta edición son de responsabilidad exclusiva en su contenido y forma de las y los autores que generosamente contribuyen en nuestra publicación. Sus opiniones teóricas no necesariamente reflejan la postura del editor. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS).

Índice

de los

de la MEXICANA, Las niñas y los niños de 6 a 11 años (la edad escolar) (IDN 6-11 años)

México Social agradece al PUED-UNAM la autorización para reproducir el presente documento en esta edición.

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por MARIO LUIS FUENTES

derechos NIÑEZ

2012 MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEXICANA, 2012

n el año 2005, el Consejo Consultivo de UNICEFMéxico y el propio UNICEF-México, convocaron a un grupo de académicos y expertos para construir el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana; un ejercicio que se había llevado a cabo con anterioridad en algunos países de América Latina, cuyo propósito fundamental es contar con una herramienta de medición del grado de incumplimiento de los derechos que tienen las niñas y los niños en diferentes etapas de su desarrollo. En ese año se construyeron tres Índices: el primero, relativo a los derechos de las niñas y niños de 0 a 5 años de edad; el segundo, relativo al segmento de 6 a 11 años; y el tercero, dedicado al análisis de la situación en que viven las y los adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad. El Índice que aquí se presenta actualiza la información disponible para el grupo de edad entre los 6 y los 11 años de vida, que corresponde a lo que se conoce en el lenguaje especializado como “la edad escolar”, considerando que en México la edad normativa oficial para cursar los estudios de educación primaria se ubica precisamente en ese segmento. Es importante destacar que en el Índice de 2005 se utilizaron los datos disponibles hasta ese momento, los cuales están referidos al año 2003. Es decir, ha transcurrido ya más de una década desde que se llevó a cabo esta medición, en la cual se mostraba un promedio nacional de 6.53 puntos, en una escala de 0 a 10, en donde el cero representa la peor situación de incumplimiento de derechos de la niñez, y el 10 la mejor situación posible de cumplimiento. El valor obtenido se construyó con base en un promedio de seis años de información (1998-2003). Este promedio permitió dar cuenta en su momento de los avances, pero, sobre todo, de los retos que teníamos como

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país en materia de cumplimiento de los derechos de la niñez mexicana. Como es evidente, a diez años de esta medición han cambiado distintos factores. El primero de ellos es el contexto y, por lo tanto, el criterio y enfoque desde el que debe construirse la nueva estimación estadística que aquí se propone. El segundo es el relativo a la información disponible, la cual es mucho mayor no sólo en cantidad sino también en calidad en lo relativo a la niñez. Entre los elementos de contexto que se han modificado debe destacarse el relativo a las condiciones en que se encuentra la educación primaria en nuestro país. A pesar de los hallazgos del Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos, 2013, elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), en los que se muestra la severa crisis del sistema educativo, en lo relativo a la cobertura y matriculación en este nivel educativo, México ha avanzado de manera importante. Por ejemplo, en lo relativo a la asistencia escolar, uno de los indicadores centrales en el Índice del 2005, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), informa en el documento Panorama Educativo de México, 2012, lo siguiente: “En 2010, prácticamente se llegó a la universalización en la asistencia escolar (97%) de los niños con edad de cursar la educación primaria (6 a 11 años)”. Esta realidad ha llevado a la decisión de sustituir este indicador en el presente Índice, poniendo énfasis en los niveles de rezago que permanecen, sobre todo en lo relativo a la eficacia de la educación. Desde esta perspectiva, se utiliza para la construcción de este Índice el indicador relativo a la probabilidad que tienen las niñas y niños en educación primaria de avanzar en sus estudios sin interrupciones en el marco de la que es considerada como la

edad normativa. Es decir, lo que se mide en este Índice, como uno de los indicadores de eficacia y cumplimiento del derecho a la educación, es la probabilidad que tienen las niñas y los niños de concluir la primaria en seis años, de tal forma que puedan continuar en edad normativa, a los 12 años, en la educación secundaria. Otra modificación relevante que se da en este Índice es la relativa al indicador denominado como “Muertes en Exceso Evitables”, acuñado por diferentes estudios internacionales y que fue retomado en el año 2004 por la Secretaría de Salud en su análisis sobre la mortalidad en México. De acuerdo con la Secretaría de Salud, habría 48 causas de mortalidad evitable o en exceso evitable; es decir, que dado el grado de avance de la medicina y de la infraestructura y recursos disponibles, son padecimientos que podrían curarse o tratarse con efectividad, por lo que los decesos que se contabilizan año con año por tales causas no debieron ocurrir jamás. Estas causas son consideradas en su totalidad en la presente estimación del Índice. Por otro lado, debido a la ya señalada mayor disponibilidad de información, se propone una medición adicional con variables y datos disponibles que no fueron considerados en el Índice de 2005. Estos datos son los relativos al nivel de pobreza en que viven las niñas y los niños en nuestro país, así como los niveles identificados

de trabajo infantil para la población de 5 a 13 años de edad. Considerando que de acuerdo con varios estudios del INEE los contextos educativos y sociales en que viven las niñas y los niños son determinantes de su aprendizaje, se decidió considerar en la medición alternativa un conjunto de variables, disponibles para las 32 entidades federativas, que dan cuenta precisamente de este contexto. Las variables incluidas son: a) grado promedio de escolaridad de la población; b) disponibilidad de bibliotecas públicas por habitantes; c) tasa de reprobación en educación primaria; d) tasa de eficiencia terminal; y d) tasa de

analfabetismo. Lo anterior porque, desde una visión integral de los derechos humanos, resulta evidente que los niveles educativos de las madres y los padres, así como la disponibilidad de bienes y servicios culturales, es determinante, no sólo del rendimiento y aprovechamiento escolar, sino de las posibilidades que tienen las niñas y los niños de acceder a otros derechos. Por ejemplo, la literatura especializada muestra que las niñas y los niños cuyos padres o abuelos tienen una mayor escolaridad, tienen mayores probabilidades de transitar adecuadamente en el tramo completo de la tra-

yectoria escolar, al menos en el nivel de la educación básica. La literatura especializada muestra también que las niñas y niños cuyas madres y padres tienen una baja escolaridad o son analfabetas tienen mayores probabilidades de enfermar o morir por las causas de morbilidad y mortalidad identificadas como “en exceso evitables”. Finalmente, para cerrar esta consideración, es indiscutible que vivir en condiciones de pobreza, o tener que trabajar para contribuir al ingreso familiar, vulnera no sólo su derecho a no ser explotados o vivir con base en estándares mínimos de bienestar, sino

En este Índice se mide la probabilidad que tienen las niñas y los niños de concluir la primaria en seis años, de tal forma que puedan continuar en edad normativa, a los 12 años, en la educación secundaria

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

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ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEXICANA, 2012

Contamos con los recursos, las capacidades y las infraestructuras suficientes como para cimentar un nuevo futuro de bienestar, fundado en la protección integral de la niñez

que además afecta la garantía de otros derechos como el de la salud, el derecho al juego, el derecho a la alimentación y, en los casos extremos, el propio derecho a la vida. La consideración de estos indicadores genera un efecto mayúsculo en la estimación que se tiene en el Índice, pues entidades que, con base en las variables consideradas en la medición de 2005, estaban entre las 10 primeras, cambian drásticamente de lugar en la medición alternativa. Quizá el ejemplo más dramático es Tlaxcala, el cual aparece en el lugar nueve en la medición de 2005, y en el tercer mejor lugar en la estimación 2004-2012, y que, sin embargo, al considerar las variables adicionales, cae hasta el lugar 26, es decir, se ubica como la octava entidad con menor nivel de cumplimiento de los derechos de la niñez en el país. Destaca también que el Distrito Federal y Nuevo León aparecen en las dos propuestas de medición como las entidades con mayor grado de cumplimiento de los derechos de la niñez, y que Chiapas, Oaxaca y Guerrero se mantienen como los tres estados con mayores rezagos, siendo Guerrero el que menor grado de avance presenta y mayores carencias reporta. Cabe destacar que en la medición alternativa del Índice el promedio nacional obtenido para el periodo 2004-2012 es de 5.2, en una escala de 0 a 10, y que en la medición comparable con la que se llevó a cabo en 2005 (con datos 1998-2003), el promedio es de 5.4. Al ser esto así, lo más relevante a considerar es la urgencia de construir un nue-

Lo anterior permite arribar a dos conclusiones elementales: 1) México es un país en el que se incumplen de manera generalizada los derechos de la niñez 2) En nuestro país las desigualdades se expresan con mayor agudeza y profundidad entre la población infantil 10

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vo sistema de protección integral de los derechos de la niñez. Los datos del Índice revelan que es necesario construir en los próximos meses y años un nuevo diseño institucional que permita la coordinación entre dependencias y organismos de la administración pública federal; mejore la interacción entre la Federación, los Estados y los Municipios; y facilite y promueva la participación de la sociedad civil en el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños. Si nuestro país puede asumir una meta de dimensiones éticas relevantes para el corto plazo, ésta no puede ser otra sino la de edificar un país apropiado para la niñez, en el que se dé pleno cumplimiento al mandato constitucional de velar siempre por el interés superior de la niñez, el cual significa en todo momento invertir y dedicar hasta el máximo de los recursos disponibles en la protección de los derechos de las niñas y los niños. Para lograr lo anterior, sin embargo, hace falta un acuerdo político de dimensiones mayores, pues alcanzar tal objetivo exigiría redefinir principios, prioridades y objetivos del desarrollo nacional; es decir, se necesitaría modificar los criterios de planeación y presupuestación de todo el entramado institucional, con el propósito de avanzar aceleradamente hacia el cumplimiento universal, integral y oportuno de los derechos de la niñez mexicana. Como puede verse, la tarea que tenemos por delante es titánica y demanda el esfuerzo de toda la sociedad. Debemos asumir como mandato ético lograr que ninguna niña y ningún niño se quede atrás: contamos con los recursos, con las capacidades y con las infraestructuras suficientes como para cimentar un nuevo futuro de bienestar, fundado en la protección integral de la niñez. Lo que nos hace falta entonces es un nuevo diálogo político que ponga al centro de todas las decisiones del Estado el catálogo de derechos que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen a las niñas y a los niños; y esa es la tarea que todas y todos tenemos la responsabilidad de impulsar.

EL DISEÑO DEL ÍNDICE

a medición que aquí se propone parte en primer lugar de la metodología utilizada en el Índice construido en 2005, el cual se concentró en la medición del cumplimiento de cuatro derechos fundamentales: 1) el derecho a la vida; b) el derecho a la salud; c) el derecho a la educación; y d) el derecho a vivir protegidos frente a toda forma de abuso, maltrato y violencia. La medición tuvo como resultado la agrupación de la información disponible en tres dimensiones, que incluyeron diversos indicadores. A continuación se explica cómo son retomados en este ejercicio, con el fin de poder llevar a cabo comparaciones sobre la situación que guardaban y guardan los derechos de la niñez mexicana en los últimos diez años para los que disponemos de información.

1. Derecho a la vida A pesar de que en la teoría de los derechos humanos todos los derechos tienen el mismo peso y rango, la garantía del derecho a la vida constituye la condición de posibilidad de acceder a la garantía de todos los demás. Proteger la vida de las niñas y los niños constituye sin duda un imperativo categórico para las sociedades contemporáneas: la conciencia de su vulnerabilidad y dependencia respecto de las personas adultas los convierte en los seres que en mayor medida demandan y requieren atención, cuidado, cariño y dedicación. Desde esta perspectiva, el cumplimiento del derecho a la vida es una exigencia y una responsabilidad ineludible para todos los gobiernos, en todos los órdenes y niveles, por lo que no sólo deben desarro-

llar políticas públicas para su bienestar y nivel de vida digno, sino también para coadyuvar y permitir a las familias de las niñas y los niños acceder a la posibilidad efectiva de procurar su bienestar. Dicho lo anterior, es importante destacar que en el Índice del 2005 se lee, respecto de la medición propuesta para medir el grado de incumplimiento del derecho a la vida de las niñas y niños en el grupo de edad en análisis: “El indicador se construye dividiendo el número de defunciones de la población de 6 a 11 años, ocurridas en un año, entre la población de niños en ese rango de edad por cada cien mil niños. Los datos provienen del registro de ‘muertes por causas evitables’ de la Secretaría de Salud y las cifras de población de referencia son provistas por el Consejo Nacional de Población”. Debe decirse que en el Informe que presentó la Secretaría de Salud sobre esta temática en el año 2006 se define la muerte en exceso evitable como: “aquella debida a condiciones que producen muertes innecesarias y prematuras que, dados los avances del conocimiento médico, no deberían ocurrir si se tiene acceso a servicios de salud de adecuada calidad”I. En este documento de la Secretaría de Salud se definen 48 causas de mortalidad, entre las que se incluyen los accidentes de tránsito; sin embargo, en la medición del Índice de 2005 los accidentes fueron incluidos como parte del derecho que tiene la niñez de vivir protegida frente a toda forma de maltrato, abuso y violencia. Como existe el interés de hacer comparable la medición actual con la de hace 10 años, se excluyó de las 48 causas de muerte evitable la de los decesos por accidentes de tránsito, incluyéndola en los indicadores relativos a las defunciones por violencia.

causas de mortalidad son evitables o en exceso evitables, y los decesos que se contabilizan año con año no

debieron ocurrir jamás

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ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEXICANA, 2012

Hace falta un nuevo diálogo político que ponga al centro de todas las decisiones del Estado el catálogo de derechos que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen a las niñas y a los niños

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Entre las causas que mayor mortalidad provocan, en la lista de las 47 restantes y consideradas como en exceso evitables, se encuentran: a) tuberculosis; b) enfermedades infecciosas intestinales; c) hepatitis viral; d) septicemia; d) neumonía y otras enfermedades respiratorias bajas; e) desnutrición y otras afecciones nutricionales; f) leucemias y otros tipos de cánceres y tumores; g) diabetes mellitus; h) epilepsia; i) asma; j) apendicitis; k) malformaciones congénitas; y l) los suicidios, en el grupo de 10 y 11 años. Como puede verse, se trata de defunciones provocadas fundamentalmente por la pobreza, la desigualdad, la carencia y la privación en el acceso a servicios sociales fundamentales; al descuido en el cuidado y a las condiciones de contexto que revelan profundas deficiencias en las políticas públicas dirigidas a garantizar la justicia social y los derechos humanos para todas las niñas y los niños.

2. Derecho a la educación Desde el índice de 2005 se advertía que –una vez más- aun reconociendo la integralidad con que deben garantizarse los derechos de las niñas y los niños, el derecho a la educación constituye un elemento que condiciona de alguna manera el cumplimiento de otros derechos, en el presente y en el futuro de las personas. Acceder a la garantía del derecho a recibir una educación de calidad prepara a las personas para la adquisición de capacidades y habilidades para nuevos aprendizajes; para vivir en paz y con base en valores democráticos; para asumir una vida en civilidad; y también para adquirir capacidades para incorporarse con éxito, en el futuro, al mundo profesional y laboral. Retomando esta idea, se asumen los indicadores considerados en el Índice de 2005; sin embargo, dado que para el análisis estadístico uno de los indicadores analizados en 2005 se ha modificado a tal grado en sus valores que no permi-

te un adecuado análisis de las diferencias que existen entre las entidades de la República, se sustituyó por otro que permite medir una dimensión sumamente similar del aprendizaje, y que sí brinda la posibilidad de estimar diferencias entre las entidades de la República. Esto se explica en el siguiente subapartado.

a) Probabilidad de Avance en Edad Normativa El Índice de 2005 incluía como indicador principal la tasa de asistencia escolar; sin embargo, debido a los avances que ha habido en los niveles de matriculación y cobertura de programas sociales, tales como Oportunidades, las tasas registradas en todo el país son cercanas al 100%, y en algunas entidades incluso se registran tasas de cobertura por arriba de ese indicador Por esta razón, considerando que el Artículo 3º Constitucional y las recientes reformas educativas ponen el énfasis en la calidad de la educación, se decidió utilizar un “Indicador espejo”, como es el relativo a la Probabilidad de avance en edad normativa de las y los niños. Este indicador permite conocer la probabilidad que tiene una niña o un niño, en las entidades de la República, de terminar en seis años la educación primaria. La definición que da de este indicador el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es la siguiente: “Probabilidad de Avance Normativo: Es la probabilidad de que un alumno que ingresa a primer grado de primaria o secundaria, a los 6 o 12 años, respectivamente, continúe ininterrumpidamente sus estudios sin reprobar hasta el último grado del nivel de referencia”II. Asimismo, el INEE explica que la utilidad de este indicador es la siguiente: “Brinda una estimación de la eficacia del sistema educativo para atender y mantener a su población escolar en una trayectoria óptima, la cual supone el ingreso al nivel en la edad normativa (6 años para primaria y 12 para secundaria), así

como un avance ininterrumpido, sin reprobar o abandonar la escuela, hasta alcanzar el último grado del nivel educativo de referencia”. Por último, sostiene el INEE, el indicador permite dimensionar la eficacia interna y la eficiencia del sistema educativo.

b) Rezago escolar El rezago escolar fue asumido en el Índice de 2005 como sinónimo de lo que en algunos textos y mediciones del propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se define como la extraedad grave, es decir, las niñas y los niños matriculados en primaria o secundaria, pero que tienen dos años o más que la edad considerada como normativa para el grado en el que se cursa. La utilidad identificada por el INEE para este indicador es la siguiente: “Identifica los grados escolares donde un mayor número de alumnos se encuentran en alto riesgo de abandonar la escuela debido a la acumulación de años de atraso escolar”III. Asimismo, el INEE estima que el indicador permite dimensionar la eficacia interna del sistema educativo.

c) Ineficiencia terminal Es un indicador que permite conocer el porcentaje de niñas y niños que son inscritos en la primaria pero que no la concluyen. En los indicadores disponibles, este indicador se mide por su inverso, es decir, la Eficiencia Terminal, la cual es definida en el Sistema de Indicadores de la Secretaría de Educación Pública como el: “Número de alumnos que egresan de un determinado nivel educativo en un ciclo escolar, por cada cien alumnos de la cohorte escolar inicial del mismo nivelIV”.

3. Derecho a vivir protegidos contra toda forma de abuso, maltrato y violencia México ha sido considerado desde hace muchos años como un país con altos niveles de violencia contra las niñas y los niños. En el Informe Nacional sobre Violencia y Salud, 2006, puede leerse: “En particular la violencia hacia los menores es poco atendida a pesar de que desde hace muchos años existen en México instituciones encargadas de velar por la seguridad y el bienestar de los niños. Esto se debe a la legitimación social del castigo físico y del maltrato emocional como parte de las estrategias aceptables de crianza infantil, siempre que “no sea excesivo”V. Asimismo, en el Índice de UNICEF de 2005 se lee lo siguiente: “El derecho a vivir sin maltrato ni violencia considera la expresión última del maltrato, que es el homicidio y la expresión extrema de la violencia social que son los accidentes mortales. Conviene recordar que todas las formas de violencia y casi todos los accidentes pueden ser evitados; por eso la mayoría de las muertes accidentales son legalmente consideradas homicidios negligentes pues implican violencia social e imprevisión. El incumplimiento de este derecho se calcula con base en el indicador de muertes evitables causadas por violencia y accidentes”. En el presente ejercicio, para la medición del grado de incumplimiento de este derecho se consideran precisamente las defunciones accidentales que forman parte de la considerada “mortalidad evitable”, así como las defunciones causadas por las lesiones y agresiones intencionales, es decir, los homicidios. Estas estadísticas se obtienen de los datos sobre mortalidad general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Vivir en condiciones de pobreza, o tener que trabajar para contribuir al ingreso familiar afecta la garantía de derechos como el de la salud, el derecho al juego, el derecho a la alimentación y, en los casos extremos, el propio derecho a la vida

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ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEXICANA, 2012

MEDICIÓN ALTERNATIVA

omo ya se indicó en la introducción, este Índice tiene como objetivo llevar a cabo una medición comparable con la que se llevó a cabo en 2005, pero también aprovechar la estadística y datos adicionales que permiten enriquecer el análisis de otros indicadores que sitúen en contexto el grado de cumplimiento o incumplimiento de los derechos de la niñez en nuestro país y en las 32 entidades de la República. Por lo anterior, el Índice presenta en realidad “dos versiones”: la primera, como ya se dijo, construida con el fin de llevar a cabo un ejercicio de comparación del avance, estancamiento o retroceso de las entidades federativas, respecto de los indicadores considerados en el Índice de 2005; la segunda, con el propósito de generar una nueva propuesta de medición, que incluya datos relativos a la pobreza y el trabajo infantil para el grupo de 5 a 13 años de edad, en cada uno de los 32 estados y en el Distrito Federal. Desde esta perspectiva, se incluyeron indicadores de contexto socioeducativo que permiten dimensionar cuáles son los entornos en que vive la niñez, los cuales influyen directamen-

te en sus niveles de bienestar, y que son definidos de la siguiente manera: a) Reprobación: Número de alumnos que no lograron adquirir los conocimientos necesarios para aprobar un grado escolar, por cada cien alumnos matriculados al final del ciclo escolar. b) Eficiencia terminal: Número de alumnos que egresan de un determinado nivel educativo en un ciclo escolar, por cada cien alumnos de la cohorte escolar inicial del mismo nivel. c) Analfabetismo: Número de personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir un recado por cada cien personas de la población total de 15 años y más. Información al 31 de diciembre de cada año, INEA. d) Grado promedio de escolaridad: Promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más (unidad de medida: grados). e) Bibliotecas por habitante: Número de bibliotecas disponibles, dividida entre la población de cada una de las entidades federativas. A menor núme-

ro de bibliotecas, mayor número de población que debe ser atendida por cada uno de los habitantes de una determinada localidad o entidad. Además de estas variables, la medición alternativa es de suma relevancia porque permite dimensionar dos derechos no considerados en el Índice de 2005: el grado de pobreza en que se encuentran las niñas y los niños de nuestro país, y el número de niñas y niños que trabajan. Estos dos indicadores permiten construir una cuarta dimensión de análisis, la cual puede circunscribirse tanto en el derecho a no ser explotados, como en el derecho al desarrollo social y el bienestar. Estos indicadores provienen de la Medición Multidimensional de la Pobreza, la cual es llevada a cabo de manera bianual por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), así como por el Módulo sobre Trabajo Infantil, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), construido por el INEGI. Es preciso señalar que las mediciones sobre trabajo infantil y pobreza están disponibles para el primer indicador en los años 2004, 2007, 2009 y 2011; y

El cumplimiento del derecho a la vida es una exigencia y una responsabilidad ineludible para todos los gobiernos, en todos los órdenes y niveles, por lo que no sólo deben desarrollar políticas públicas para su bienestar y nivel de vida digno, sino también para coadyuvar y permitir a las familias de las niñas y los niños acceder a la posibilidad efectiva de procurar su bienestar

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ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEXICANA, 2012 NOTAS Y REFERENCIAS: I. Véase: “La mortalidad en México 2000-2004: Muertes evitables: magnitud, distribución y tendencias”, Secretaría de Salud, México, 2006 II. Véase: Panorama Educativo de México, 2007, p. 166, INEE, México, 2008. III. Ibidem, p. 163. IV. Véase el sitio: http://www.snie.sep. gob.mx/ V. Véase el Informe Nacional sobre Violencia y Salud, 2006, Secretaría de Salud, México, 2006. VI. De acuerdo con la teoría estadística, la media geométrica tiene como utilidad el tener la posibilidad de estimar el incremento o decremento porcentual promedio de un indicador determinado a lo largo del tiempo. En efecto, La media geométrica (MG), de un conjunto de números positivos se define como la n- del producto de los números. Véase: Ritchey, Ferri, Estadística para las Ciencias Sociales, McGrawHill editores, México, 2008. VII. Presentación del CONEVAL, relativa a la relevancia de la medición de la pobreza en niñas, niños y adolescentes, en http://www.coneval.gob.mx/Informes/COMUNICADOS_DE_PRENSA/ Presentaci%C3%B3n_POBREZA_INFANCIA_ADOLESCENCIA_2010_2012.pdf, consultada en abril de 2012. VIII. Véase: Fuentes, Mario Luis, La enfermedad y la muerte en México, un análisis desde la perspectiva de la vulnerabilidad humana, texto en revisión para impresión, PUED-UNAM, México, 2014.

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para la medición de la pobreza, relativa a las niñas y los niños, los datos disponibles son para 2008, 2010 y 2012. Considerando lo anterior, se tomaron los datos de cada medición como valores constantes para los dos años previos y posteriores. Para aproximarse al valor real de cada año, se llevó a cabo la estimación de la media geométrica, considerandoVI:

a las niñas, a los niños y a las y los adolescentes:

a) Para la medición de la pobreza. Las variaciones reportadas por el CONEVAL, para el periodo 1992-2014, relativas a la medición de la pobreza por ingresos

c) Las carencias por acceso a la seguridad social y por acceso a la alimentación afectan en mayor medida a este grupo poblacional

b) Para el trabajo infantil. Se estimó directamente tomando como base los resultados del Módulo de Trabajo Infantil para los años señalados como disponibles La fórmula utilizada en ambos casos es la siguiente: M G = x (X1 )(X2 ) . . . (Xn )

Incorporar estos indicadores es sumamente relevante, pues el argumento aquí sustentado se refuerza con base en las conclusiones que ha obtenido el CONEVAL a Peor - Vr que afecta través del análisis devalor la pobreza * 10 Indicador = Peor valor

a) La pobreza entre la población infantil es más elevada que entre el resto de la población. b) Existe una mayor precariedad en los ingresos de las familias que tienen niñas, niños y adolescentes.

d) Existen procesos multifactoriales de exclusión social que afectan a la población infantil y adolescente y aumentan la probabilidad de reproducir la pobreza: hogares ampliados, con jefaturas jóvenes, indígenas, rurales, con baja escolaridadVII. Como resultado de todo lo anterior, el presente Índice se divide en dos apartados: • Los resultados comparables con la medición de 2005 • La medición alternativa, contruida con base en el análisis de los nueve años que van de 2004 a 2012 Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

l Índice del año 2005 se construyó agrupando a los indicadores considerados en dimensiones, que expresan el valor estimado de cumplimiento de un determinado derecho. Los valores de los indicadores se promedian, obteniendo así un valor para cada dimensión, y al final los valores de las dimensiones se promedian a su vez para obtener el valor final del Índice. En este ejercicio se lleva a cabo una réplica de este procedimiento de cálculo, tanto para el ejercicio de comparación como para la medición alternativa, resultando:

1. Índice comparativo con la edición 2005: a) Dimensión 1. Derecho a la vida. Se integra con los valores obtenidos para las estadísticas de mortalidad por causas evitables y en exceso evitables. La fuente de información son las Estadísticas de Mortalidad de www.inegi.org.mx. Debe destacarse que la Secretaría de Salud considera a los accidentes como una de las causas evitables en exceso; pero en la medición se excluyen y se retoman dentro de las muertes violentas. De esta forma, las 47 causas de muerte que se retoman provienen de la Lista CIE 10, incluida en las referidas causas de mortalidad sistematizadas por INEGI. La estimación que se lleva a cabo consi-

dera el peso de estas 47 causas en la mortalidad general, de tal forma que el indicador construido se refiere al porcentaje de muertes que representan las 47 causas señaladas, respecto del total de defunciones registradas anualmente para el grupo de niñas y niños de 6 a 11 años de edad.

b) Dimensión 2. Derecho a la educación. Esta dimensión se construye con los ya señalados indicadores de: a) probabilidad de avance normativo; b) extraedad grave escolar; y c) ineficiencia terminal. El primero de estos indicadores toma un valor de 0 a 1, dependiendo de la probabilidad estimada de concluir la primaria de manera ininterrumpida, en los seis años normativos considerados por la SEP; el segundo se estima como la proporción, respecto del total, de alumnas y alumnos matriculados en primaria, pero que tienen dos años o más respecto del grado normativo que se considera deberían cursar; y el tercer indicador se estima como la proporción de alumnas y alumnos que se matriculan en la educación primaria, pero que no la concluyen.

México ha sido considerado desde hace muchos años un país con altos niveles de violencia contra las niñas y los niños

c) Dimensión 3. Derecho a vivir protegidos frente a toda forma de maltrato, abuso y violencia. Se integra con los indicadores relativos a lo siguiente: a) proporción de muertes MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEXICANA, 2012

por homicidio o lesiones intencionales de niñas y niños de 6 a 11 años, respecto del total de decesos para el grupo de edad; y b) proporción de muertes por accidentes de niñas y niños de 6 a 11 años de edad, respecto del total de decesos para el grupo de edad. Ambos indicadores provienen de las estadísticas sobre mortalidad, en particular muertes por homicidios y muertes por causas externas. Al igual que en el Índice de 2005, considerando que los valores de cada uno de los indicadores está expresado en valores absolutos y relativos, se M G = x (X1 )(X2 ) . . . (Xn ) procedió a la estandarización de los valores de cada uno de ellos, a través de la fórmula: Indicador =

Peor valor - Vr Peor valor

* 10

Esta fórmula permite expresar el valor de cada uno de los indicadores en una escala de 0 a 10, en donde el 0 expresa el peor nivel de cumplimiento de derechos y el 10 el grado ideal de cumplimiento de los derechos cuyos valores están en estimación, y donde: a) Peor valor: es el relativo al menor grado de cumplimiento del indicador en medición, en una entidad federativa determinada. b) Vr: Valor que toma cada uno de los indicadores en cada una de las entidades de la República. c) 10: Constante de estandarización. El valor final del Índice es el resultado del promedio simple de los valores obtenidos para cada una de las variables o indicadores en análisis.

RESULTADOS

na vez llevada a cabo la estimación con base en las variables utilizadas en 2005, el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana, para el grupo de 6 a 11 años de edad, presenta un valor promedio, para los años 2004 a 2012, de 5.4 puntos en la señalada escala de 0 a 10. El mayor valor alcanzado en el Índice se registra en el año 2011, en el que alcanzó un valor de 6.1; seguido de 2012, con un valor de 5.7. El peor año fue 2006, con un valor de 4.8, seguido de los años 2009, con 5.3; y 2005 y 2008, con valores de 5.2 en cada uno de ellos. Los estados que mayores valores alcanzan en el Índice son Nuevo León y el Distrito Federal, con un promedio para los años analizados de 6 puntos; en este caso, Nuevo León es la entidad que ha alcanzado los valores más altos en los años 2012, con 6.8 puntos, y 2009, con 6.4 puntos. Para el Distrito Federal el mejor año fue 2012, en el que alcanzó 6.5 puntos en la escala del 0 al 10. Por otra parte, los estados que menores valores alcanzan en el Índice son Oaxaca y Guerrero, con promedios de 3.4 y 3.1 puntos, respectivamente, como promedio para los años 2004-2012. El mejor valor obtenido por Oaxaca se registra en el año 2011, con 4.3 puntos; mientras que para Guerrero el mejor año registrado fue 2008, en el que obtuvo un puntaje de 3.7 puntos. Los datos obtenidos muestran que las desigualdades se mantienen intocadas a lo largo del tiempo entre las entidades que mejor desempeño tienen, frente a las que presentan mayores rezagos. Así, al comparar los datos para las poblaciones indígenas y las no indígenas, lo que se obtienen son diferencias de hasta 3.5 veces mejores valores a favor de las segundas.

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MEDICIÓN ALTERNATIVA

a incorporación de las variables y dimensiones que han sido mencionadas y explicadas genera un impacto altamente significativo en los resultados que se obtienen en el Índice. A pesar de que Nuevo León y el Distrito Federal se mantienen como las dos entidades con mayor nivel de logro, así como Chiapas, Oaxaca y Guerrero ocupan los últimos lugares, hay variaciones notables en la posición que tienen las entidades federativas en la ordenación nacional. El caso más notable es el de Tlaxcala, que en el “Índice base 2005” aparecía como el tercero con mayor calificación, en el Índice “Medición alternativa” es desplazado al lugar 26 en la lista nacional. Asimismo, Coahuila, que en el “Índice base 2005” aparecía en el cuarto lugar, en la medición alternativa es desplazado al 7º lugar con mayor nivel de logro en el cumplimiento de los derechos de la ni-

ñez. En sentido inverso, Aguascalientes, que en la medición de 2005 aparecía en 7º lugar, en la medición alternativa ocupa el cuarto lugar. Estas variaciones permiten verificar que las mediciones deben ser tomadas siempre con relativa cautela, pues su calidad y capacidad interpretativa depende de la información y la calidad de los datos que lo integranVIII . Otro de los hallazgos relevantes es que en la medición alternativa se muestran con mayor agudeza las desigualdades que persisten en el país. Por ejemplo, en el “Índice Base 2005” la desigualdad entre el estado con mayor nivel de logro y el de menos (Nuevo León y Guerrero), es de dos veces a favor del primero. En contraste, en el “Índice de medición alternativa”, la diferencia es todavía mayor, pues en ésta, el puntaje promedio para el periodo 2004-2012 obtenido por

Nuevo León es de 6.6 puntos, mientras que el de Guerrero es de 2.3; es decir, la diferencia en esta medición es de tres veces a favor del primero. Las consecuencias de esto son mayores, pues la consideración de las variables adicionales permite revelar que la desigualdad no sólo no ha disminuido en los últimos 10 años, sino que ésta se ha mantenido y seguramente en algunas regiones se han agudizado. Así visto, lo que revela la medición alternativa es que en todo el territorio nacional existen desigualdades, no sólo entre entidades federativas, sino al interior de éstas, y que a pesar de que se han conseguido algunos avances en determinados indicadores, lo cierto es que en ámbitos fundamentales (como en el ejemplo de la pobreza), hay rezagos inaceptables que deben ser superados con urgencia.

Evolución del Valor del IDN 6-11 años (Promedio nacional y entidades seleccionadas)

6.8 6.2

6.0 5.6

5.2

2.6

6.0 5.7

5.2

3.5 3.0

5.8

6.2

6.0 5.5

6.1

3.6 3.0 3.3

3.6 3.5

5.2

5.9 5.3

4.8 3.6

2.3

Distrito Federal

5.8

6.5

6.1 5.9

5.7

5.3

6.0 5.4

4.3 3.7 3.0 2.8

ÍNDICE 2004 ÍNDICE 2005 ÍNDICE 2006 ÍNDICE 2007 ÍNDICE 2008 ÍNDICE 2009 Nuevo León

6.3

6.4

Promedio Nacional

3.8 3.3

3.4

2.6

ÍNDICE 2010 ÍNDICE 2011 Oaxaca

3.4 3.1

ÍNDICE 2012 PROMEDIO 2004-2012

Guerrero

MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEXICANA, 2012 Nota final: La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012) permitió medir la prevalencia de obesidad

y sobrepeso en la niñez mexicana. Esta estimación desagrega por grupos de edad e incorpora el dato relativo a las niñas y niños de 5 a 11 años. Dado que el derecho a la alimentación es una de las garantías reconocidas en el artículo 4º, se considera de suma relevancia conocer el estado nutricional de las niñas y niños que acuden a la escuela; en ese sentido, las variables relativas a la malnutrición son de suma relevancia sobre todo en esta etapa de la vida. La literatura especializada permite sostener que las niñas y los niños que enfrentan problemas de malnutrición pueden ver afectadas sus capacidades de aprendizaje, de atención y, obviamente, de desarrollo físico e intelectual, con lo que las secuelas pueden tener consecuencias a lo largo de sus vidas. Desde esta perspectiva, tanto la anemia, como un padecimiento derivado de la insuficiencia de consumo en las calorías y proteínas requeridas para man-

Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana 2004-2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 Promedio

N.L. D.F. Tlax. Coah. Hgo. B.C. Ags. Mor. Qro. B.C.S. Q. Roo Son. Zac. Tab. Jal. Gto. Prom. Nal Dgo. Edomex. Pue. S.L.P. Tamps. Yuc. Nay. Ver. Mich. Chih. Sin. Camp. Col. Chis. Oax. Gro.

5.6 6.0 6.7 5.3 4.8 5.3 4.8 5.6 4.5 6.4 4.8 4.8 5.2 4.3 4.5 4.2

5.7 6.0 6.0 6.3 5.3 5.3 5.7 5.8 5.0 4.9 3.9 5.1 4.1 5.1 5.0 4.6

5.8 5.8 5.3 5.8 5.2 5.9 4.6 4.1 5.1 4.2 3.4 4.8 4.1 4.2 4.7 4.0

6.2 6.0 7.1 5.5 6.1 5.8 5.9 6.0 5.4 4.4 6.3 4.3 5.2 4.7 5.0 4.1

6.2 6.1 5.3 5.9 6.2 6.1 5.7 5.3 5.8 4.2 4.7 4.8 5.2 4.3 4.5 3.7

6.4 5.9 6.4 5.0 5.6 5.3 5.1 4.9 5.4 5.3 6.3 4.2 4.3 4.7 4.6 5.2

5.3 5.8 5.6 5.9 6.5 5.1 5.2 5.6 5.2 5.3 4.8 4.7 4.8 5.0 4.8 5.0

6.3 6.1 6.2 5.9 5.9 6.1 5.9 6.0 6.3 5.0 6.2 5.5 5.6 5.7 5.2 6.6

6.8 6.5 5.2 5.7 5.7 6.2 6.3 4.9 5.2 6.2 4.8 5.9 5.5 5.7 5.2 5.7

6.0 6.0 6.0 5.7 5.7 5.7 5.5 5.4 5.3 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8

5.2 4.7 4.7 4.2 4.6 4.1 3.8 4.0 3.8 3.2 3.9 4.3 3.2 2.6 3.1 2.6 2.6

5.2 4.6 4.3 4.4 4.6 5.1 4.9 2.7 4.7 3.8 4.4 3.1 3.1 2.0 3.3 3.5 3.0

4.8 4.8 4.3 4.3 3.8 3.4 3.9 3.4 4.3 3.2 3.4 2.2 3.7 3.3 2.7 3.6 2.3

5.5 5.2 4.9 4.8 4.5 5.2 4.3 4.6 4.8 5.0 5.3 3.9 3.5 3.1 3.9 3.3 3.6

5.2 5.4 4.5 4.8 4.7 5.1 4.7 5.1 4.7 4.8 4.2 5.5 2.9 4.4 4.1 3.5 3.7

5.3 4.4 4.5 4.4 4.5 4.1 4.1 4.1 3.8 3.9 3.2 3.8 4.3 3.6 3.3 2.8 3.0

5.3 3.8 4.5 4.4 4.3 4.1 4.2 5.4 3.9 4.5 3.2 4.0 4.2 4.8 3.4 3.7 2.6

5.9 5.2 5.3 5.3 5.3 5.2 4.8 4.3 4.4 4.8 4.7 4.6 4.8 5.4 4.3 4.3 3.4

5.7 4.6 5.6 5.9 5.4 5.0 4.2 5.4 4.4 4.8 5.3 5.0 5.1 5.2 3.7 3.8 3.3

5.4 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.0 3.9 3.8 3.5 3.4 3.1

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tener una adecuada salud, como el sobrepeso y la obesidad, son problemas de salud que permiten aproximarse al grado de cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños, pues detrás de ellos están la pobreza y la falta de oportunidades para un adecuado desarrollo físico y mental. Así, dado que la ENSANUT ofrece el dato para 2012, se llevó a cabo un nuevo ejercicio estadístico, sólo para el año de referencia, incorporando como variable adicional el dato relativo a la proporción de niñas y niños que presentan sobrepeso u obesidad. Para llevar a cabo el cálculo se procedió de igual forma que con las otras variables: se “normalizaron” sus valores en una escala del 1 al 10, y se promedió con las otras variables. Su incorporación al Índice genera nuevamente un efecto relevante en el orden que tienen los estados y el Distrito Federal en el ordenamiento nacional.

Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana 2004-2012 Índice 2004-2012 Base 2005

Índice 2004-2012 Medición Alternativa

N.L. 6.0 N.L. 6.6 D.F. 6.0 D.F. 6.2 Tlax. 6.0 B.C.S. 6.2 Coah. 5.7 Ags. 6.2 Hgo. 5.7 Son. 6.0 B.C. 5.7 B.C. 5.8 Ags. 5.5 Coah. 5.7 Mor. 5.4 Chih. 5.7 Qro. 5.3 Qro. 5.6 B.C.S. 5.1 Edomex. 5.3 Q. Roo 5.0 Hgo. 5.1 Son. 4.9 Camp. 5.1 Zac. 4.9 S.L.P. 5.1 Tab. 4.9 Ver. 5.0 Jal. 4.8 Mor. 5.0 Gto. 4.8 Prom. Nal. 4.9 Prom. Nal. 5.4 Gto. 4.8 Dgo. 4.7 Tab. 4.8 Edomex. 4.7 Sin. 4.8 Pue. 4.7 Col. 4.7 S.L.P. 4.6 Q. Roo 4.7 Tamps. 4.6 Yuc. 4.7 Yuc. 4.3 Jal. 4.6 Nay. 4.3 Tamps. 4.5 Ver. 4.3 Zac. 4.5 Mich. 4.2 Tlax. 4.4 Chih. 4.2 Dgo. 4.3 Sin. 4.0 Pue. 4.3 Camp. 3.9 Mich. 4.3 Col. 3.8 Nay. 4.2 Chis. 3.5 Chis. 3.5 Oax. 3.4 Oax. 3.5 Gro. 3.1 Gro. 2.3

MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEXICANA, 2012 Posición

Entidad

Índice (medición Alternativa)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

N.L. D.F. B.C.S. Ags. Son. B.C. Coah. Chih. Qro. Edomex. Hgo. Camp. S.L.P. Ver. Mor. Nacional Gto. Tab. Sin. Col. Q. Roo Yuc. Jal. Tamps. Zac. Tlax. Dgo. Pue. Mich. Nay. Chis. Oax. Gro.

6.6 6.2 6.2 6.2 6.0 5.8 5.7 5.7 5.6 5.3 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2 3.5 3.5 2.3

Posición

Entidad

Índice 2012 (incluye las variables de Obesidad, Sobrepeso y anemia)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

N.L. Ags. D.F. Chih. Son. Qro. Coah. B.C.S. B.C. Hgo. Edomex. S.L.P. Mor. Ver. Nacional Gto. Col. Sin. Zac. Jal. Q Roo Pue. Mich. Tlax. Nay. Tamps. Camp. Yuc. Dgo. Tab. Oax. Chis. Gro.

6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.5 5.5 5.2 5.1 5.1 5.1 4.9 4.9 4.8 4.8 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.1 3.7 3.7 2.8

La consideración de las variables adicionales permite revelar que la desigualdad no sólo no ha disminuido en los últimos 10 años, sino que se ha mantenido y que seguramente se ha agudizado en algunas regiones 22

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RESULTADOS POR DIMENSIONES

omo se indica en la introducción, el Índice está construido pensando en que pueda ser utilizado como un instrumento de política pública; por ello se diseña como un promedio de un periodo de 10 años, a fin de evitar sesgos por variaciones anuales drásticas, y por ello también se agrupa en dimensiones. En esa lógica, es de destacarse que, al ser un promedio, algunas entidades que tienen mayor nivel de logro en el resultado final del Índice pueden presentar muy bajos valores en dimensiones específicas, en las cuales es importante intervenir a fin de mejorar el nivel de cumplimiento de los derechos de la niñez. Debe advertirse que, en términos generales, los valores alcanzados por todos los estados y el Distrito Federal son muy bajos, por lo que ninguna entidad puede asumir que ha cumplido adecuadamente con la responsabili-

dad constitucional de proteger y garantizar plenamente los derechos de la niñez mexicana. Desde esta perspectiva, hay una urgencia real relativa a la necesidad de construir un sistema nacional de protección integral de la niñez, y para ello hace falta tanto una reforma jurídica como institucional, con el propósito de fortalecer las capacidades, desde la Federación, pasando por los estados y hasta los municipios y las delegaciones en el Distrito Federal, con tres objetivos fundamentales: a) Destinar hasta el máximo de los recursos disponibles para el pleno cumplimiento de los derechos de la niñez mexicana b) Garantizar la coordinación interinstitucional en el Gobierno Federal c) Potenciar y mejorar los mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios

Al comparar los datos para las poblaciones indígenas y las no indígenas, lo que se obtienen son diferencias de hasta 3.5 veces mejores valores a favor de las segundas

MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEXICANA, 2012

1. Erradicar la mortalidad en exceso evitable La primera dimensión que integra la medición alternativa que se propone al Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana es la relativa a la elevada proporción que tienen las muertes evitables respecto de la mortalidad general de las niñas y niños entre los 6 y los 11 años de edad. En esta dimensión, el promedio general alcanzado para el periodo 2004-2012 por el país, en la señalada escala de 0 a 10, es de 3.2 puntos. La entidad que alcanza mayor puntaje en el Índice es Durango, con 5.8, y la que alcanza el menor es Chiapas, con 1.1. Destaca el caso del Distrito Federal, el cual presenta el segundo menor valor, debido al enorme peso que tiene la mortalidad por enfermedades respiratorias y otros padecimientos perfectamente prevenibles.

Evolución del promedio nacional de la dimensión relativa a las Muertes Evitables (IDN, medición alternativa 2004-2012)

4.4 3.8 3.5

3.3 3.0

2.8

2.7

2.4

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5.8 5.4 4.7

4.6

PROMEDIO ESTATAL DE LA DIMENSIÓN RELATIVA A LAS MUERTES EVITABLES, 2004-2012 4.4

4.3

4.1

4.0 4.0 4.0 3.9 3.9

3.8 3.7 3.7

3.6 3.5 3.4 3.4

3.3 3.2 3.2

3.0

2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6

2.4 1.9

1.7 1.1

Dgo Zac Coah Chih Gro Mich Son Gto Nay Tamp Tlax Sin Hgo Ags Jal Mex Mor NL Q.R Camp BC NAL Qro Oax SLP Col BCS Tab Pue Ver Yuc DF Chis

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Promedio Estatal de la Dimensión relativa al derecho a la educación, 2004-2012 7.5 7.3 7.3 7.2 7.0 6.8 6.7 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.8 5.8 5.6 5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 4.9 4.7

8.0

2. Garantizar el derecho a una educación de calidad

7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

7.5

4.4 4.3

3.9 La medición del Índice concuerda con los diagnósticos existentes relativos a la ineficacia del sistema educativo 3.5 nacional; en este caso, en la educación primaria. El promedio nacional alcanzado es de 5.4 puntos, en la escala señalada del 0 al 10. Las entidades que mayor nivel de logro alcanzan en el IDN son: Nuevo León, con 7.5 puntos, y el Distrito Federal y Baja California Sur, con 7.3 puntos, respectivamente. En contraste, las tres entidades que presentan los peores niveles de logro son: Oaxaca, con 2.5 puntos; Chiapas con 2 puntos y Guerrero, con 1.3 puntos.

7.3

7.3 7.2

7.0

6.8

6.7

2.5

2.0

1.3

PROMEDIO ESTATAL DE LA DIMENSIÓN RELATIVA AL DERECHO A LA EDUCACIÓN, 2004-2012 6.5

6.4 6.3 6.2 6.1

6.0 5.9 5.8

5.8

5.8 5.6 5.5 5.5

5.4 5.3 5.2 5.1

4.9

4.7

4.4 4.3

3.9 3.5 2.5 2.0 1.3

BCS Tlax Coah Ags Son Nay Mor Zac Hgo Dgo Méx Tab Col Q.Roo Qro BC

Sin Tam NAL Jal

Pue Chi SLP Gto Camp Yuc Mich Ver Oax Chis Gro

Evolución del promedio nacional relativo a la dimensión de Educación (IDN, medición alternativa 2004-2012)

5.5

5.4

5.3

5.3 5.2

2004

2005

2006

2007

2008

5.2

2009

2010

2011

MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

2012

ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEXICANA, 2012

3. Proteger a las niñas y a los niños de toda forma de abuso, maltrato y violencia Uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país son los elevados niveles de violencia social, y en lo particular, de violencia contra las niñas y los niños. Así lo han documentado todos los estudios en la materia, y el propio Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana (0-5 años, 2011), elaborado por el CEIDAS, A.C. El grupo de los 6 a los 11 años de edad no es la excepción, pues, a pesar de ser el grupo de edad en la niñez que enfrenta menor violencia, medida por los homicidios y accidentes de tránsito, el peso que estas causas de defunciones tienen en la mortalidad general es muy elevada. En esta medición el promedio general alcanzado por el país es de 5.9 puntos, en la escala del 0 al 10; siendo Chiapas, el Distrito Federal y Baja California las entidades que mayor nivel de logro alcanzan con 8.9, 8.6 y 7.8 puntos, respectivamente. En sentido opuesto, Zacatecas, Durango y Nayarit son las entidades que menor nivel de logro alcanzan con 2.8, 2.6 y 2 puntos, respectivamente.

0 8.9

8.6

PROMEDIO ESTATAL DE LA DIMENSIÓN RELATIVA A LAS MUERTES VIOLENTAS (IDN, Medición alternativa, 2004-2012)

7.8 7.7 7.7 6.7

6.5

6.3

6.1 6.1 6.1 6.0 5.9 5.9

5.7

5.4 5.4 5.3 5.2

4.9 4.8 4.8 4.8 4.3 4.2

3.9

3.7 3.6

3.4 3.4 2.8

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Chis DF BC Ver Yuc NL Pue Tab Hgo Oax Qro Tlax NAL Mor SLP Ags Jal Q.R. Camp Mich BCS Gto Coah Gro Méx Tamp Col Son Chih Sin Zac Dgo Nay

Evolución del promedio nacional relativo a la dimensión de Muertes Violentas (IDN, medición alternativa 2004-2012) 6.4

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2004

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6.3

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5.5

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8 7 6 5 4 3 2 1 0

4. Garantizar el derecho al desarrollo social de las niñas y los niños La Ley General de Desarrollo Social establece el conjunto de garantías sociales que deben ser protegidas plenamente por el Estado, y en particular para los grupos considerados como en mayores condiciones de vulnerabilidad, entre quienes están, por supuesto, las niñas y los niños. Debe señalarse que si un indicador afecta con mayor profundidad a las niñas y los niños, respecto del resto de la población, es el de la pobreza. En efecto, en las mediciones del CONEVAL las niñas y los niños siempre aparecen como el grupo de población que más resiente la pobreza y la vulnerabilidad por carencia de acceso a una adecuada alimentación. En esta dimensión, el desempeño del país es muy bajo, pues como promedio, se obtiene para el periodo 2004-2012 un 3.5, en la señalada escala del 1 al 10. Esta baja puntuación se obtiene debido a la persistencia de condiciones de pobreza y rezago en que han vivido las niñas y los niños, históricamente, respecto del resto de la población.

Evolución del promedio nacional relativo a la pobreza infantil (IDN, medición alternativa 2004-2012)

3.63

3.63 3.59

3.59

2004

2005

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2007

6.7 6.1

5.8

5.6

3.63

5.4 5.4 5.2

5.0 5.0

4.8 4.7 4.7

2008

2009

3.43

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2012

PROMEDIO ESTATAL DE LA DIMENSIÓN RELATIVA A LA POBREZA INFANTIL (IDN, Medición alternativa, 2004-2012) 4.5 4.4 3.9

3.7 3.7 3.7

3.5 3.5 3.3 3.2

2.9

2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 1.6 1.5 0.8 0.0

BCS Coah Son

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Jal

Nay Mor Méx Gto NAL Camp Yuc Dgo SLP

Zac Hgo Tab

Ver Mich Tlax Oax Pue

MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

Gro Chis

ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEXICANA, 2012

5. Erradicar el trabajo infantil Quizá el indicador en el que mayores progresos se han alcanzado es el relativo a la disminución del trabajo infantil, en el rango de edad de 5 a 13 años, que es el rango para el cual el Módulo sobre Trabajo Infantil de la ENOE ha construido información para los años 2002, 2007, 2009 y 2011. En este indicador, el promedio nacional que se obtiene en el Índice es de 5.5, en la escala del 0 al 10.

8.7 8.0 8.0 7.9 7.8

7.5 7.5

7.2 7.1

6.7 6.7

PROMEDIO ESTATAL DE LA DIMENSIÓN RELATIVA AL TRABAJO INFANTIL (IDN, Medición alternativa, 2004-2012)

6.3 6.2 6.0 6.0 5.8

5.6 5.5 5.3 5.1

4.8

4.5 4.4

3.9 3.7 3.6

3.3 3.2 3.2 3.1

2.5 1.6 0.7

Chih Qro DF Méx Son Ags BC BCS NL Mor Ver Dgo Coah Tlax Yuc Tamp SLP NAL Chis Hgo Jal Gto Camp Q.R. Mich Sin Tab Oax Col Pue Zac Nay Gro

Evolución del promedio nacional relativo a la dimensión de trabajo infantil en el rango de 5 a 13 años (IDN, medición alternativa 2004-2012)

5.5

5.2

2004

2005

2006

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2007

5.5

2008

6.0

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2009

Una nueva

mirada a la

Pobreza Latinoamericana Foto: Eduardo Loria Casanova

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COLABORACIÓN ESPECIAL SOBRE EL AUTOR:

por BERNARDO KLIKSBERG

Integrante del Comité Directivo del Alto Panel Mundial de Seguridad Alimentaria. Ha recibido la condecoración Orden al Mérito Civil de España. Entre sus obras, es coautor con el Amartya Sen (Premio Nobel de Economía) de “Primero la Gente”. Asesor especial de la ONU, PNUD, UNESCO, UNICEF, OIT, OMS, OPS y otros organismos internacionales. Es autor de 57 obras traducidas a múltiples idiomas.

América Latina produce alimentos para tres veces su población; tiene un tercio de las aguas limpias del planeta; una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo; 50% de los bosques. Sin embargo, la pobreza creció en los años ochenta y noventa, y llegó al 41% en el año 2000; de 2003 a 2012 retrocedió, pero de 2013 a 2014 se estancó en un 28%

Hay 167 millones de latinoamericanos pobres, y entre ellos 74 millones son pobres extremos. Vienen tiempos difíciles en un contexto económico mundial turbulento MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

¿QUÉ LECCIONES PUEDEN SACARSE DE LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS? 1. La pobreza es derrotable Más de 60 millones de latinoamericanos emergieron de la pobreza entre 2002 y 2012. En varios países se derrotaron las tesis fatalistas sobre la pobreza que planteaban que era irremisible por el subdesarrollo patológico.

2. La culpa de la pobreza no es de los pobres Se alega que son déficits de personalidad de los pobres los que causan su situación. Cómo compaginar esa tesis con los 35 millones de personas que salieron de Foto: Eduardo Loria Casanova

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la pobreza en Brasil, entre 2003 y 2009, y que hoy, integrados a la pequeña clase media, reclaman por mejores servicios públicos, transporte y salud. ¿Cambiaron tan rápidamente su “estructura de personalidad” o fueron las condiciones estructurales las que se modificaron a su favor abriéndoles oportunidades? Así, programas como Hambre Cero redujeron la desnutrición crónica entre menores de cinco, de 14% en 1994 a 7% en 2008.

3. La mayor inversión social produjo cambios Se suele descalificar las políticas sociales activas. “Son pater-

COLABORACIÓN ESPECIAL

El aumento de la inversión social significó más aulas, mejor nutrición, más vacunas, más atención primaria de salud y más hospitales, que ampliaron derechos. Es la primera región que cumplió la meta del milenio en hambre, al bajar de 15.3% a 6.1% de 1990 a 2015 nalistas”, “impulsan el ocio”, “los aportes entregados a los pobres se malutilizan”. Los informes de la ONU y el Banco Mundial dicen otra cosa. El aumento de la inversión social significó más aulas, mejor nutrición, más vacunas, más atención primaria de salud y más hospitales, que ampliaron derechos. Es la primera región que cumplió la meta del milenio en hambre. Bajó de 15.3% (1990-1992) a 6.1% (2015).

4. Los programas de transferencias condicionadas funcionan Los programas compensatorios llegan a 129 millones de personas en 18 países del área. Bolsa Familia cubre a 52 millones de brasileños pobres; Oportunidades a 27 millones de mexicanos; Asignación Universal para hijos de trabajadores informales a 3.6 millones de niños pobres argentinos. Tienen condicionalidades, los padres deben mostrar que los niños van a la escuela, se aplican las vacunas y hacen los chequeos médicos. Las evaluaciones desmienten los mitos. El Banco Mundial dice que hay “clara evidencia de éxito en cuanto a aumentar la tasa de inscripción es-

colar, mejorar la atención de salud preventiva y elevar el consumo en el hogar”. El subsidio no induce al no trabajo. Es el 20% de los ingresos totales de los que lo reciben. Trabajaban, pero como no tenían nada, vendían su trabajo a precios misérrimos. Al recibir un ingreso fijo mensual buscan conseguir mejores trabajos y aprovechan las capacitaciones que se les ofrezcan. La tesis del “despilfarro” es falaz. Los recursos se están entregando cada vez más a las madres pobres. Son administradoras de excelencia. Los aplicaron masivamente a lo que era mejor para sus hijos, mejoraron la calidad de los alimentos, y se elevaron compras imprescindibles. Si no existieran los programas de transferencias condicionadas la pobreza sería un 13% mayor en lugar de un 28%.

5. Un largo camino por recorrer A pesar de los avances la región está entrando en un contexto económico internacional incierto, con una fuerte “deuda social”. La pobreza no siguió declinando en 2013-2014, y la extrema subió de 11.3% a 12%. El PNUD estima que junto a los 167 millones de pobres, hay 200 millones de “vulnerables” que pueden caer de nuevo en la pobreza ante “cimbronazos MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

Fuerte “deuda social”

200

millones de personas son “vulnerables” y pueden caer de nuevo en la pobreza ante “cimbronazos económicos”

46.7% 5.6%

del ingreso total tiene el 20% más rico de la población

11.3% a 12%

económicos”. Las desigualdades con progresos siguen entre las peores. El 20% más rico tiene el 46.7% del ingreso total, el 20% más pobre el 5.6%. El Gini regional es 52.7, en Europa del Este y Asia Central 34.7.

6. ¿Es financiable la política social? ¿Cómo mantener los equilibrios macroeconómicos y al mismo tiempo incluir? Países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Canadá y otros lo lograron. La equidad es clave. Los nórdicos, los líderes mundiales en ella, encabezan todos los rankings (Foro de Davos, Desarrollo Humano del PNUD, Transparency International). América Latina tiene fuentes de recursos posibles no inflacionarios. Entre ellos erradicar la corrupción y encarar la reforma fiscal

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del ingreso total tiene el 20% más pobre

52.7

es el Coeficiente de Gini regional, mientras que en Europa del Este y Asia Central es de 34.7

subió la pobreza extrema en la región

pendiente, bajando por lo pronto las altas tasas de evasión. Entre las paradojas, mientras hay preocupación de dónde saldrán los recursos para mantener las políticas sociales, se gastan por año en la región 50,000 millones de dólares en productos suntuarios. Como la desigualdad sigue siendo tan alta, la industria del lujo estima que la cifra se puede elevar a 90,000 millones en 2019.

7. Cuidado, los daños de la pobreza pueden ser irreversibles La experiencia ha demostrado que los impactos de las malas políticas económicas pueden ser corregidos por políticas apropiadas, pero los daños sociales que generan son muy difíciles de remediar. Si

se retiran o no se amplían los programas sociales que la región ha demostrado que puede gerenciar con eficiencia (como lo destacó The Economist resaltando a las transferencias condicionadas como referencia para Europa), los impactos pueden ser muy severos. Muchos de los estragos de la pobreza son irreversibles. La desnutrición en los 1,000 primeros días de vida o la implosión de familias por pobreza no se pueden corregir después. Por otra parte, cuanto mayor sea el crecimiento mucho mejor, pero aun con crecimiento bajo y recursos escasos, siempre hay un tema de prioridades. La ciudadanía instaló en América Latina como prioridad a la gente. Reclama por políticas que “blinden” los progresos sociales y los profundicen. Es el mensaje que continuamente subraya el Papa Francisco cuando denuncia las disparidades y exige que “por los pobres se puede y se debe hacer más”.

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A 20 años

de Beijing

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing,1995)

consolidó a nivel mundial el compromiso de los países por for-

talecer la agenda de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La Declaración y la Plataforma de Acción

de Beijing fueron adoptados por México y 188 países más,

y constituyeron objetivos estratégicos para este fin a través

de ejes fundamentales, tales como: la pobreza; la educación y capacitación; la salud; la erradicación de la violencia; y en general de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Pese a los acuerdos políticos alcanzados y los objetivos trazados a partir de la Conferencia, en nuestro país la equidad de

género es todavía una agenda social pendiente, pues no se han logrado garantizar los derechos sociales y económicos de

las niñas y mujeres mexicanas, quienes siguen siendo un grupo

de población que vive con profundidad la pobreza, la violencia, la discriminación y la desigualdad.

México Social presenta en esta edición el análisis sobre los

retos y desafíos que enfrenta el Estado para saldar esta deuda social, a 20 años de Beijing.

Avances y desafíos

20 AÑOS DESPUÉS

...

por PAZ LÓPEZ

H SOBRE LA AUTORA: Directora General de Institucionalización de la Perspectiva de Género, INMUJERES

ace 41 años, un año antes de que tuviera lugar en la Ciudad de México la Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (1975), se reformó el artículo 4º constitucional para, finalmente, reconocer jurídicamente la igualdad entre mujeres y hombres. Antes de esta reforma, en abril de 1917, después de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expidió la Ley de Relaciones Familiares que establecía que mujeres y hombres tienen derecho a considerarse iguales en el seno del hogar. En el ámbito internacional, la igualdad de derechos entre unas y otros fue consagrada en la Carta de las Naciones Unidas (1945), en la Declaración de los Derechos del Hombres (1948) y en la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres (1954), entre otros instrumentos.

Sin embargo, no fue sino hasta 1979, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), cuando quedó establecido de manera clara y explícita que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho humano, y que la discriminación contra las mujeres se opone a dicho derecho humanoI. Como convención vinculante, la CEDAW establece una serie de acciones que los Estados Parte están obligados a poner en práctica para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, en todas las esferas de su vida: política, económica, social, cultural y civil, o cualquier otra en la que tenga presencia. Así, 21 años después de que el Estado mexicano reconociera jurídicamente la igualdad entre mujeres y hombres, y 16 de la adopción de la CEDAW por parte de la Asamblea General de las Naciones

MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

A 20 AÑOS DE BEIJING

La PAB destacó la importancia de potenciar e impulsar la participación de las mujeres para el desarrollo de las sociedades y que la igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y una condición para hacer posible la justicia social

Consulta las notas y referencias de este artículo en nuestra página:

www.mexicosocial.org 38

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Unidas, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que tuvo lugar en Beijing, China, se produjo la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (PAB)II. Aunque ya en ese momento se reconocía que había habido avances para mejorar la situación de las mujeres en el mundo, también se insistió en que las desigualdades entre mujeres y hombres persistían, y que los obstáculos que dificultan la participación activa de las mujeres en todas las esferas de la vida pública se conectan directamente con las responsabilidades y cargas domésticas y de cuidados realizadas sin remuneración ni reconocimiento social, así como con el no ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. La PAB destacó la importancia de potenciar e impulsar la participación de las mujeres para el desarrollo de las sociedades y que la igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y una condición para hacer posible la justicia social. Pero quizá uno de los mayores aciertos del acuerdo alcanzado por los gobiernos, la comunidad internacional, la sociedad civil y el sector privado fue el compromiso de adoptar medidas estratégicas y de dar solución a los problemas y desafíos que enfrentan las mujeres y las niñas en cada una de las esferas de la PlataformaIII. La PAB ha sido una hoja de ruta de enorme utilidad para los gobiernos, para el movimiento feminista y para las organizaciones de derechos humanos de las mujeres; a éstas les ha permitido exigir que se rindan cuentas sobre los avances en materia de igualdad de género y sobre los desafíos pendientes en la eliminación de los obstáculos que dificultan la participación activa de las mujeres en todas las esferas de la vida pública –económica, social, cultural y política– y en la privada. México se tomó más de 10 años desde la adopción de la Plataforma para dar especial atención a su marco jurídico para sustentar en su política el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres: en 2006 se publicó la Ley General para

la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) y, en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Con ambas leyes se inició en el país una intensa revisión y modificación –aún inacabada– de los marcos jurídicos federales y locales para eliminar la discriminación contra las mujeres y para poner en marcha políticas públicas para la igualdad de género, tarea que todavía enfrenta enormes desafíos. La LGIMH contiene mecanismos institucionales y los lineamientos de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres y sus instrumentos; uno de ellos es el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH). Por otra parte, la LGAMVLV establece los principios para garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia para favorecer su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación, y define las distintas formas y modalidades de la violencia contra las mujeres. La Ley mandata la puesta en marcha del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ambos sistemas son pilares de la política nacional en materia de igualdad. Asimismo, destaca la reforma al artículo 1º de la Constitución (2011), que eleva a rango constitucional los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y establece que las normas relativas a los derechos humanos “se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”IV (principio pro persona). Esta reforma ha sentado las bases para iniciar un proceso de armonización legislativa de los códigos civiles y penales locales con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Además, actualmente la Ley de Planeación (2011) y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Avances en materia de derechos de las mujeres en México Línea de tiempo 1916-2015 El gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, reconoce el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales y estatales En Chiapas, Yucatán y Tabasco se concede a las mujeres igualdad jurídica para votar y ser elegidas en puestos públicos de elección popular

VOTO A LA MUJER 141 años después que a los hombres

2008

Se crea el Programa Nacional de la Mujer, dependiente de SEGOB dentro del PND,1995 Se aprueba reforma COFIPE: “Los partidos políticos nacionales no pueden tener 70% del mismo género”

Las mujeres mexicanas adquieren la ciudadanía plena

1996

1953 1975 1ª Conferencia Mundial Mujer • Identi ca tres objetivos claros: igualdad; desarrollo; paz • LOGRO: Plan de Acción Mundial para el progreso de las mujeres hasta 1985

Fuente: Inmujeres.

2001

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

(2012) establecen la obligación de incorporar la perspectiva de género en planes, programas y presupuestos públicos. Estas reformas propiciaron cambios relevantes al marco programático de las políticas nacionales. Así, por primera vez en la historia, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 incorpora el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, al establecer como uno de sus ejes transversales la incorporación de la perspectiva de género en todos los programas sectoriales, regionales y especiales, como parte de una estrategia del gobierno federal para impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Como un instru-

1979 CEDAW Es la “Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres” Objetivo de poner n a la discriminación

1995 4ta Conferencia Mundial Mujer Se adopta la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

México rati có la Convención el 23 de marzo de 1981

Igualdad de oportunidad es en materia electoral

2014

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley de Planeación (2012)

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos (2011)

1947

1922

1916

INMUJERES

COFIPE establece cuota 40%/60%.

2006 2007

2011 2012

1998 Belém do Para Propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas Rati cada por México el 19 de junio de 1999

mento para atender lo establecido en el PND y articular las políticas públicas mediante la programación y presupuestación de la Administración Pública Federal, se elaboró el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2013-2018.

CAMBIOS RELEVANTES EN LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN MÉXICO Participación política Un logro fundamental en el ejercicio de los derechos de las mujeres fue la reforma del artículo 41

constitucional que eleva a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, el Senado y los congresos estatales. Los resultados han sido inmediatos: mientras en la LV Legislatura (1991-1994) 8.8% de la Cámara de Diputados se conformó por mujeres, en la LXIII Legislatura (2015-2018) este porcentaje aumentó a 42.5V.

Participación económica La tasa de participación económica de las mujeres pasó de 33% en 1993 a 43% en 2015VI. La brecha de género en esta materia sigue siendo amplia: 35 puntos porcen-

MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

A 20 AÑOS DE BEIJING tuales, una tasa que está debajo de la de otros países de la región, como Chile (56%), Colombia (63%), Brasil (61%) y Estados Unidos (68%)VII. Sin duda, la remoción de los obstáculos que impiden a las mujeres participar más activamente en el mercado de trabajo y conseguir autonomía económica es un desafío importante para las políticas públicas.

Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado Un tema estrechamente relacionado con la baja participación económica de las mujeres es el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que realizan mayoritariamente ellas. La sobrecarga de este trabajo es una de las razones por las cuales las mujeres tienden a ocuparse en empleos con jornadas laborales más cortas y en empleos informales; además, limita sus oportunidades de capacitarse y de conseguir empleos mejor pagados y con mejores condiciones laborales. Esta situación no se ha modificado. En 1996, en promedio a la semana, las mujeres destinaban 31 horas más que los hombres al trabajo doméstico y el cuidado; en 2014, las mujeres dedican en promedio 50.1 horas a la semana

a trabajo no remunerado, mientras que los hombres únicamente 17.6 horas, es decir, ellas trabajan 32.5 horas más que los hombres en esta actividad; en promedio, según datos de 2014, las mujeres dedican 2.3 veces más horas a la semana que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado para integrantes del hogar, y 3.1 veces más horas al trabajo doméstico no remuneradoVIII.

Educación La brecha entre mujeres y hombres analfabetas se ha reducido: en 1990 el 15% de las mujeres y el 9.6% de los hombres eran analfabetas; en 2010 estos porcentajes se redujeron a 8.1 y a 5.6, respectivamenteIX, y en 2010 la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en educación básica prácticamente se ha eliminado: 8.48 y 8.79, respectivamenteX. Además, la participación de las mujeres en la matrícula universitaria pasó de 40.3% en 1990 a 49.6% en 2010XI. No obstante estos avances, las mujeres no tienen los mismos retornos económicos que sus congéneres masculinos. Por otro lado, en el padrón del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) las mujeres representaron 21% del total en 1991 y 34.8

en 2014, es decir, un avance de apenas 13.8 puntos porcentuales, lo que representa 0.6 puntos porcentuales de crecimiento al año. Aun así, sigue habiendo una brecha importante con respecto a la proporción de hombres que son parte del SNIXII.

Salud Aunque entre 1990 y 2013 la razón de mortalidad materna se redujo al pasar de 73.8 a 38.3 muertes por 100 mil nacidos vivos, México aún está lejos de alcanzar la meta fijada para 2015 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir la tasa a 22.2. Relacionado con lo anterior, en el país se ha registrado un aumento de partos resueltos por cesárea: mientras en 1994 fueron 24.2%XIII; en 2014 se registraron 46%XIV, cifra muy por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que sólo entre 10% y 15% de los partos sea por este medio.

DESAFÍOS El reconocimiento jurídico de la igualdad entre mujeres y hombres en el país tiene poco más de cuarenta años. Es verdad que en el país se ha avanzado para garanti-

El logro de la igualdad de género requiere que haya una conciencia pública sobre la importancia de llevar a cabo acciones para acortar las brechas históricas entre mujeres y hombres, así como voluntad política en todos los poderes y niveles de gobierno para implementar todas las medidas necesarias para este fin 40

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La remoción de los obstáculos que impiden a las mujeres participar más activamente en el mercado de trabajo y conseguir autonomía económica es un desafío importante para las políticas públicas

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

zar la igualdad de jure entre unas y otros; sin embargo, falta mucho trabajo para alcanzar la igualdad de facto, es decir, la igualdad de mujeres y hombres en los hechos, en los resultados. El conjunto de instrumentos jurídicos y programáticos citados en el documento obligan al gobierno federal y a los gobiernos estatales a incorporar la perspectiva de género en planes, programas y presupuestos, así como en los procesos de evaluación. Así, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales deben reforzar sus políticas para proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en todo el ciclo de la política (planeación, programación, presupuestación,

ejercicio y evaluación). El logro de la igualdad de género requiere que haya una conciencia pública sobre la importancia de llevar a cabo acciones para acortar las brechas históricas entre mujeres y hombres, así como voluntad política en todos los poderes y niveles de gobierno para implementar todas las medidas necesarias para este fin. El SNIMH es un mecanismo fundamental para implementar y coordinar la política nacional en materia de igualdad de género. Es necesario fortalecer su nivel de institucionalización de manera que se articule mejor la política nacional con las políticas estatales en la materia. Hasta la fecha, el Inmujeres ha sen-

tado las bases normativas para la coordinación interinstitucional, federal y estatal. Sin embargo, la eficacia del Sistema como instrumento de la aplicación de la política nacional para la igualdad de género ha sido limitada. Ahora, hace falta contar con un compromiso más decidido de los titulares de las dependencias gubernamentales de la administración pública federal y de los gobiernos estatales para que encabecen la política de igualdad, de manera que el SNIMH se constituya efectivamente como el máximo mecanismo de coordinación interinstitucional en la materia y se den pasos importantes para que la igualdad de género sea una realidad cotidiana para las mujeres y las niñas del país.

MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

A 20 AÑOS DE BEIJING

Seguimos

contra la Veinte años después de la Conferencia de la Mujer en Beijing, China, las mujeres mexicanas tenemos que evaluar los avances y reconocerlos, pero sobre todo seguir luchando contra el machismo que está presente en nuestra sociedad, en nuestros gobiernos y poderes del Estado. Esa cultura de desprecio y odio hacia las mujeres es el principal obstáculo para lograr una vida sin violencia; creo que no tenemos otro camino sino el de seguir luchando hoy como antes para lograrlo por PATRICIA OLAMENDI

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luchando

VIOLENCIA C

uando recibí la invitación de Mario Luis Fuentes para participar con un artículo para la revista México Social dedicado al Programa y la Plataforma de Acción de Beijing a 20 años de su celebración, lo primero en lo que pensé fue en los años previos a la Conferencia, los preparativos y, por supuesto, su impacto posterior. Busqué datos, estadísticas que me permitieran demostrar avances y desafíos -con la idea de que siempre hay que seguir demostrando que lo que decimos las mujeres tiene sustento, incluso numérico-; después busqué programas gubernamentales que me permitieran demostrar nuestros avances y sí los encontré pero me parecieron huecos, poco útiles; fue entonces que decidí que escribiría mi percepción de lo que ha ocurrido en México antes de 1995 y después de la IV Conferencia. Tengo la ventaja de haber

sido -y afortunadamente sigo siendouna militante por los derechos humanos de las mujeres, he trabajado dentro y fuera de mi país para ello y mi opinión, aunque personal, creo que reflejará el sentido de miles de mujeres que en nuestro país luchan todos los días por el respeto a la dignidad e integridad de las personas, convencidas de que con ello podremos lograr otro México; así que lo que encontrarán es mi vivencia y mi sentir a 20 años de ese gran acontecimiento que cambió y sigue cambiando la vida de las mujeres en el mundo. A finales de 1988 un grupo de destacadas feministas y mujeres de diversos partidos, cansadas de las injusticias en la ley y de la poca atención a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia, nos unimos para exigir que se diera un trato humano y las leyes fueran reformadas; por supuesto que la lucha contra la violencia no se inicia con ello, ante-

SOBRE LA AUTORA:

Abogada, defensora de los derechos humanos, feminista, fue coordinadora del Comité de expertas de la Convención interamericana de Belém do Pará de la OEA y experta electa por el Consejo de Derechos Humanos de ONU, Subsecretaria de la SRE, preside el Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos. S. C.

@patyolamendi

MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

A 20 AÑOS DE BEIJING

El acceso a la justicia para las mujeres sigue siendo una asignatura pendiente, lejos, todavía muy lejos de lograrlo Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

riormente organizaciones y destacadas mujeres en lo individual habían insistido en cambios y en la creación de centros de apoyo, pero la problemática como tal no era reconocida, se insistía en lo privado de esta violencia y en que se debía dirimir los “asuntos de los esposos en el hogar” bajo esa terrible frase de “la ropa sucia se lava en casa”. Aún así, queridas maestras del feminismo como Anilú Elías y Esperanza Brito no dejaban de evidenciar y denunciar la violencia contra las mujeres y hablaban de “nuestros derechos”, lo cual sonaba un poco raro frente a requerimientos exigidos a las mujeres como ser “castas y honestas” para denunciar un delito o el derecho de los maridos a la corrección, la sumisión total de las mujeres casadas, o incluso el derecho del esposo a privar de la vida a su mujer a cuando fuera “infiel” -por cierto, disposición vigente hasta 2014 en algunos códigos penales-.

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Aún recuerdo a mi maestro de derecho penal en la licenciatura, el Doctor Franco, que le llamaba a esta conducta el delito del “matador”, ya que así decía la ley: “el matador que diera muerte a su esposa”, es decir, nunca y por ningún motivo podría aplicarse el mismo si una mujer lo cometía; este delito tenía como pena de tres días a dos años de prisión, es decir, hasta 2014 era una formalidad, ya que el matador nunca pisaría la cárcel. Con éstas y otras disposiciones legales teníamos que sobrevivir a la violencia, por ello es tan significativo nuestra primera gran alianza de mujeres apoyadas por algunos hombres. El llamado grupo plural pro víctimas se planteó varios objetivos, como cambiar la legislación penal; y crear espacios públicos para atender a la víctimas y evidenciar todas las formas de violencia, tarea nada sencilla para hacerlo en el marco de una sociedad machista y muy conservadora.

El grupo recibía de todo tipo de comentarios, desde felicitaciones y apoyo, hasta burlas, aislamiento o cuestionamientos incluso sobre nuestra sexualidad o apariencia física, motivaciones, etcétera –lo que siempre está presente cuando defendemos nuestros derechos y nos decidimos a luchar por ellos-; aun así hicimos lo posible con la presentación de un proyecto de reforma al Código Penal Federal en la Cámara de Diputados (varias de las integrantes del grupo éramos diputadas del PRI, PAN y PMS/PRD). El cambio propuesto a los llamados “delitos sexuales” incluía el cambio del bien jurídico tutelado, ya no era la motivación sexual lo que lo provocaba, sino el daño a la víctima en su libertad sexual y desarrollo de su personalidad; se propusieron nuevos delitos de hostigamiento, abuso sexual; la eliminación de los requisitos de castidad y honestidad; y una nueva definición de violación sexual sin criterios como desfloración o virginidad; y se reconocían,

además, otras formas de violencia sexual hoy calificadas como tortura. El proceso no fue fácil, pero finalmente se lograron las reformas y junto con ellas se crearon las primeras agencias especializadas de atención a mujeres violadas y dos centros dedicados a las mujeres víctimas de violencia, el CAVI (Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar y el CTA (Centro de Terapia de Apoyo a víctimas de violencia sexual), todo ello dentro de la PGJDF; además, se instaló un centro similar dentro de la policía capitalina.¡Por fin se hablaba de la violencia y de su impacto en la vida de las mujeres y la familia! El grupo plural entonces decidió dar otro paso muy importante al construir la primera ley contra la violencia intrafamiliar, el proyecto se concluyó en 1994; yo entonces dirigía los servicios de apoyo a víctimas en la Procuraduría capitalina y las estadísticas de atención a casos de mujeres violentadas nos orientaron sobre qué tipo de reformas legales necesitábamos; se

decidió por una reforma familiar y una penal, dado el impacto que tiene la violencia en el matrimonio, la custodia de los hijos y las hijas, la patria potestad, bienes, y sobre todo la protección que se debía lograr para las mujeres; propusimos la salida del agresor del hogar, la protección a las víctimas, la custodia provisional, los alimentos, entre otros; además de sancionar como un delito la violencia en el hogar dentro del Código Penal y las medidas de protección. Nos apropiamos de los contenidos de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, “Belém do Pará”, adoptada por la OEA, e incluso promovimos en el Senado de la República la suscripción de la Convención y una reforma a la Constitución para incluir los derechos de las víctimas; ambas se aceptaron, y el Senado ratificó la Convención de Belém do Pará, pero su publicación en el Diario Oficial fue frenada en la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que no se acepta-

No todos los compromisos en materia de violencia contra las mujeres aprobados en la IV Conferencia y plasmados en la Declaración y Plataforma de Acción fueron incorporados en el quehacer gubernamental con la seriedad que ello demanda. De esto da cuenta el conjunto de recomendaciones de mecanismos internacionales a nuestro país, como lo es el Comité de la CEDAW, que le sigue recordando a nuestro gobierno su compromiso con los contenidos de los tratados internacionales de los cuales el país es parte MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

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Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

ba que la violencia contra las mujeres es una violación a derechos humanos. Finalmente, dos años después logramos su publicación y vigencia -años después, cuando asumí la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores promovimos la creación del Mecanismo de Seguimiento de la Belém do Pará, como una forma de compromiso ineludible con los derechos humanos de las mujeres-. También el Senado modificó la Constitución y en el Artículo 20 se incluyeron los derechos de las víctimas, un nuevo triunfo del grupo plural y de la perseverancia de mujeres como Patricia Garduño, quien daba la pelea en el PAN; de Angélica Luna Parra, en el PRI; de

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Amalia García en el PRD; y de tantas otras que desde los estados no dejaban de trabajar; así como del propio Mario Luis Fuentes, quien desde el inicio nos apoyó. Sin embargo, había que enfrentar otros obstáculos: las opiniones de la Suprema Corte de Justicia que poco nos ayudaban, como la jurisprudencia respecto a la violación en el matrimonio, en donde se decía “que no había violación sino ejercicio indebido de un derecho propio”; que se requiriera demostrar que la víctima se había resistido a una violación sexual para acreditar el delito; o de los jueces que se negaban a retirar al agresor del domicilio so pretexto de que estaba acreditada la propiedad a su nombre y ese derecho tenía que defenderse;

o los continuos careos a los que las niñas eran sometidas con sus agresores a pesar de la prohibición en la Constitución, alegando que era un derecho del inculpado, sin reconocer la situación de vulnerabilidad de las niñas. Nuestras demandas frente a la justicia siguen vigentes; en ocasiones vemos avances, en otras nos remontan a esos años en donde era cotidiano el cuestionamiento a lo dicho por las mujeres, o la indiferencia frente a sus reclamos. Hace pocos días conocí a una agente del ministerio público federal en un llamado organismo de apoyo a las mujeres que me recordó todas las vivencias anteriores, los cuestionamientos a las víctimas, el maltrato, la violencia institucional, la falta de credibilidad a las mujeres, entre otras terribles actitudes que lamentablemente siguen vigentes; por supuesto que protesté en mi calidad de abogada, pero también lo ocurrido me permitió afianzar mi convencimiento de que el acceso a la justicia para las mujeres sigue siendo una asignatura pendiente, lejos, todavía muy lejos de lograrlo. Regresando al motivo del artículo, es evidente que las mujeres mexicanas para 1994, un año previo a la Conferencia de Beijing

habían avanzado. Como se propuso que se elaborara un informe por país en el tema de violencia contra las mujeres, el gobierno pudo reportar que avances, sobre todo los contenidos de la legislación; sin embargo, a nivel nacional poco se podía decir de otros temas, ya que la Agenda de las Mujeres estaba a cargo de una oficina en la Secretaría de Gobernación, CONAPO era la ventanilla y fue quien coordinó los trabajos preparatorios, rumbo a la Conferencia Mundial. Para ese entonces ya circulaba en los pasillos de la ONU el borrador de la Declaración de la Conferencia y los documentos propuestos. Tengo que decir que la actividad de las feministas de todo el mundo fue fundamental para lograr que se reconocieran todos los derechos humanos de las mujeres, y de manera especial el papel desempeñado entonces por la Primera Dama de los Estados Unidos, Hillary Clinton, fue determinante; con una defensora de ese tamaño y con miles de mujeres cabildeando, exigiendo y proponiendo el resultado no podría ser otro sino el reconocimiento de que las mujeres sí somos humanas y sí tenemos derechos. Al concluir la Conferencia los gobiernos en el mundo se vieron

frente a todo un programa para lograr la igualdad y la no violencia hacia las mujeres que incluía desde mecanismos nacionales u oficinas especializadas a favor de las mujeres, hasta cambios legislativos y espacios de atención. El Presidente Ernesto Zedillo propuso entonces crear el Programa Nacional de la Mujer, con un conjunto de políticas públicas que dieran respuestas a los desafíos planteados y a los reclamos de las mujeres; es así que se concreta una acción afirmativa para mantener a las niñas en la escuela; mecanismos de atención a diversos temas de salud y algunos cambios legales; entre ellos que se modificara el tipo penal de violación para reconocer la violación en el matrimonio y la primera legislación de violencia intrafamiliar por primera vez propuesta por el Presidente y todos los partidos políticos. El Programa Nacional de la Mujer se promovía y vigilaba por dos mecanismos ciudadanos: un consejo y una contraloría social, en el cual participamos mujeres destacadas; nuestro trabajo fue voluntario, pero creo que logramos avances en política pública, y nuestro primer gran resultado es que las estadísticas oficiales del INEGI nos contaran. Hoy se pueden reír, pero ni eso teníamos. Con el arribo del

Para los organismos internacionales que dan seguimiento a los tratados y para la mayoría de las mujeres mexicanas, las políticas públicas y las acciones de los gobiernos mexicanos no han sido suficientes para lograr la defensa y promoción de sus derechos, y su cumplimiento en muchos sentidos es letra muerta, ya que persisten obstáculos reales que los impiden, empezando por una falta total de sanción a quienes los violentan, actitud que ha traído una mayor indefensión e impunidad MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

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Casi 7 de cada 10 mujeres mexicanas han sido víctimas de alguna forma de violencia, en su mayoría psicológica Cinco de cada 10 sufrieron violencia física; En tres de cada 10 casos la violencia fue sexual

NOTAS: I. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a México, Julio 2012 II. Párrafos 215 y 218 Plataforma de Acción IV Conferencia Mundial de la Mujer.

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Presidente Vicente Fox se presentó la iniciativa para crear el INMUJERES, propuesta por diversas organizaciones y que finalmente fue aceptada; hasta la fecha esa institución es la responsable de la política pública a favor de los derechos de las mujeres. En cuanto al cumplimiento de los compromisos en materia de violencia contra las mujeres aprobados en la IV Conferencia plasmados en la Declaración y Plataforma de Acción, hay que empezar por reconocer que no todos ellos fueron incorporados en el quehacer gubernamental con la seriedad que ello demanda, de ello da cuenta el conjunto de recomendaciones de mecanismos internacionales a nuestro país, como lo es el Comité de la CEDAW, que le sigue recordando a nuestro gobierno su compromiso con los contenidos de los tratados internacionales de los cuales el país es parte: “El Comité recuerda la obligación del Estado parte de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y considera que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado parte”I. Al respecto, desde Beijing se manifestó que: “Los gobiernos no solo deben abstenerse de violar

los derechos humanos de todas las mujeres, sino también trabajar activamente para promover y proteger esos derechos, y se insistió que Los derechos humanos de la mujer, tal como han sido definidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos, solo serán letra muerta si no se reconocen plenamente y se protegen, aplican, realizan y hacen cumplir efectivamente, tanto en el derecho como en la practica nacional, en los códigos de familia, civiles, penales, laborales y comerciales y en las reglamentaciones administrativas”II. Para los organismos internacionales que dan seguimiento a los tratados y para la mayoría de las mujeres mexicanas, las políticas públicas y las acciones de los gobiernos mexicanos no han sido suficientes para lograr la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres; su cumplimiento en muchos sentidos es letra muerta, ya que persisten obstáculos reales que los impiden, empezando por una falta total de sanción a quienes los violentan, esa actitud lo único que ha traído es una mayor indefensión frente a actos de violencia, que quedan en la impunidad. A la fecha no sabemos cuál es la realidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país, ni la magnitud de la misma; tenemos datos de las encuestas llevadas a cabo por el INEGI

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en los hogares mexicanos, la llamada ENDIREH, que nos dicen que casi 7 de cada 10 mujeres mexicanas han sido víctimas de alguna forma de violencia, psicológica la mayoría; cinco de cada 10, física; sexual tres de cada 10, entre otros datos; pero si queremos saber a pesar de que la ley lo mandata cuáles formas de violencia son las más recurrentes ¿en qué magnitud y en dónde?; ¿cómo, cuándo y dónde se presentaron las mujeres a denunciar? resulta imposible saberlo, no hay datos de los registros administrativos, no se sabe qué ocurre con las víctimas, ahora sólo se contabilizan a las muertas gracias al trabajo perseverante de organizaciones de mujeres u organismos internacionales como Amnistía Internacional, pero ni en ese caso tenemos1 una información revista_22x14.5_alta.pdf 27/10/15 7:25 p.m.

oficial que permita prevenir esos crímenes. Aunado a ello la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro país presenta otros fenómenos más allá de lo que hemos conocido; la desaparición de niñas y mujeres y su utilización por el crimen organizado; el creciente número de niñas, niños y mujeres como víctimas de trata; la violencia derivada del consumo de drogas; la explotación de la prostitución incluso infantil altamente tolerada; el cuestionamiento a la jóvenes y niñas víctimas de violencia como provocadoras de la misma; todo ello es una constante que va más allá del crecimiento de la violencia contra las mujeres en el hogar. Ante todo esto el Estado tiene una tenue respuesta, no exenta de la negativa en muchas oca-

siones a reconocer la magnitud de la violencia, actitud que incluso se ve reflejada frente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a las recomendaciones internacionales. Sí, hemos avanzado en las leyes, tenemos incluso legislación especializada como lo son la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, además de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley de Víctimas, entre otras, pero no hemos logrado que las mismas se cumplan, no hemos avanzado hacia un verdadero Estado de Derecho, podemos decir que el poder legislativo ha venido cumpliendo, pero el Ejecutivo, y sobre todo el Judicial, no han acelerado el paso a la igualdad real.

El arte y lo social

Violencia de género

en las artes por MARÍA GOURLEY

SOBRE LA AUTORA:

Artista multidisciplinaria chilena-canadiense, activista, docente y promotora cultural, miembro de la Canadian Alliance of Dance Artists, con estudios superiores en música popular, danza, lenguas y gestión. En 2008 fue propuesta como "Mujer del año" por la comunidad latinoamericana residente en Vancouver, por su aporte a las artes y a la cultura

a problemática de género es actualmente una temática diversa, enriquecida por diferentes disciplinas y abordada por varios actores en la lucha por conseguir derechos fundamentales. El ámbito del arte, por supuesto, no debe quedar exento. Las artes en sus diferentes manifestaciones, han sido históricamente relacionadas con la evolución humana e interpretadas como un medio para la creación de movimientos reformistas y de vanguardia, tanto en lo estético como en lo social. La industria editorial, del cine y de la música, la actividad teatral, dancística y plástica, manejan un discurso inclusivo donde la mujer teóricamente ha sido incorporada en situación de igualdad. La realidad artística actual, que se muestra ante nuestros ojos como globalizada, multicultural y abierta a la innovación, dista mucho de estar a la delantera en cuestiones de género. La interrogante surge cuando, como mujeres del arte, se nos presenta la actividad artística como motor de mutabilidad y cambio, pero en el mundo académico, laboral y práctico nos encontramos con que el arte es solo un reflejo más del desequilibrio existente.

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Esto se traduce en cifras y estadísticas simples: en el mercado mexicano de las artes plásticas (y me baso en los estudios realizados por las artistas Betsabeé Romero y Mónica Mayer) el 81% de los artistas que exponen actualmente en galerías nacionales son hombres y el 19% mujeres. Se publica diez veces menos de las artistas que de los artistas y los precios que se pagan por la obra de mujeres son menores. De la misma forma, la participación de mujeres en subastas y bienales fluctúa entre un 2% y un 3%. En el ámbito internacional la situación no difiere de la nacional; destaca el trabajo realizado por el colectivo “Guerrilla Girls”, que surgió en los años ochenta como medio de denuncia ante la inequidad de género en las artes visuales. Exponen que en museos 5% de la obra es de autoría femenina y 85% de los desnudos son de mujeres. De las y los 320 artistas plásticos mejor pagados en la actualidad solo una es mujer. Y esta desigualdad no se refiere a una cuestión de aptitudes, sino a un mercado sexista donde se reproducen patrones sociales discriminatorios. El mercado del arte no responde a modelos económicos tradicionales; a pesar de las burbujas económicas, la crisis asiática de 1990, la crisis del 2000 creada por

En los museos...

de las obras son de autoría femenina

85%

de los desnudos son de mujeres

81% de los

artistas que exponen actualmente en galerías nacionales son hombres y el 19% mujeres De las y los 320 artistas plásticos mejor pagados en la actualidad

solo una es mujer Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

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El arte y lo social la especulación en empresas.com y la crisis financiera global que venimos arrastrando desde 2008, no se ha mantenido solo estable, ha presentado crecimiento sostenido. Esto significa que el mercado del arte es redituable y generador de riquezas, pero las mujeres nos encontramos excluidas de estos beneficios. En el perímetro de la danza, las mujeres resaltamos como intérpretes, pero no como coreógrafas. En una encuesta realizada a estudiantes de ballet clásico, se les preguntó sobre coreógrafas y coreógrafos famosos y señalaron en promedio 27 varones y 10 mujeres. Insólito en una disciplina que mayoritariamente cuenta con mujeres como protagonistas. Igualmente en el cine (directores versus directoras). Dentro de las y los ganadores del premio Goya 2015 se mencionaron a dos mujeres y 20 hombres y este ejemplo no puntualiza un argumento aislado, se repite el mismo patrón en todas las premiaciones del séptimo arte. Sucede también en el mundo de la música, donde lideran hombres como compositores, directores e instrumentistas. Puede parecer sorprendente que

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las mujeres tengamos tan poca participación en el quehacer creativo remunerado como tal, si consideramos que en los espacios de enseñanza artística formal, desde el pasado siglo somos mayoría. Digo sorprendente, porque se supone que los fenómenos de marginación nacen con las minorías. El problema surge entonces de la educación en si misma o de sus modelos. Las instituciones educativas reafirman las ideologías dominantes. Lo que llamamos “democratización de la educación” no ha sido suficiente para eliminar las desigualdades inherentes a nuestros sistemas. El hecho que las mujeres tengamos acceso a la educación artística no suprime las desigualdades en cuestiones profesionales. La ideología que sustenta el poder académico en las escuelas de artes, ampara un régimen androcéntrico. Si a esto agregamos el hecho que las mujeres hemos sido educadas bajo el modelo básico que conforma el patriarcado (la familia) donde se nos asignan funciones intransferibles e ineludibles que nos cierran las puertas a la acción y a la actualización, podríamos concluir que “la artista” no está en situación de equidad respecto a “el artista”,

aunque ambos/as cuenten con los mismos grados académicos. En el siglo XIX, la cuestión educativa se centraba en la consumación de una educación laica y positivista, vislumbrando al hombre como sujeto cognoscente. La discusión sobre la mujer en la educación en cambio, medía sobre si debía recibir instrucción o no. Las escuelas para hombres y para mujeres tenían objetivos diferentes. La escuela femenina era una suerte de adjunto de la masculina e incluía en sus mallas curriculares materias relativas a labores domésticas, prescribiéndola únicamente como ente cohesionador de la familia El siglo XX trajo consigo un nuevo propósito, fraguando un patrón educativo fundamentado en la igualdad y el integracionismo, fruto de los programas de modernización posrevolucionarios. Ya las desigualdades no podían ser atribuidas al sistema educativo, porque este ofrecía circunstancias idénticas para todas y todos. Al democratizarse la educación institucional, se dio por sentado que la posición futura de las y los educandos estaría determinada por sus capacidades y competencias. Lo que no se consideró en el discurso meritocrático con la debida

Concebirnos como producto de una construcción social, histórica y familiar nos permite emprender el problema de las relaciones de género asimétricas en las artes como el producto de una desigualdad social en todas su facetas

La realidad artística actual, que se muestra ante nuestros ojos como globalizada, multicultural y abierta a la innovación, dista mucho de estar a la delantera en cuestiones de género escrupulosidad, fueron los factores sociales que atañen a todas las personas y que prescriben sus circunstancias. Desde la infancia y dentro del ambiente familiar se asimilan significaciones que manifiestan actos de disparidad y estas se reproducen en las diferentes circunstancias que niñas y niños enfrentan a lo largo de su vida. La educación que estamos recibiendo nos condiciona y nos impulsa a creer en una “cultura y estética femeninas”, que no tendrían el mismo valor ni artístico ni económico que la “cultura y estética masculinas”, porque se cimientan en la idea de que existe una forma “femenina” de creación (o de reproducción) justificada en cuestiones biológicas basadas en la marginalización. Es común pensar entonces que la mujer reproduce, porque esa es su función natural. Margaret Mead lo puntualiza de manera muy acertada: “La formación de la personalidad es el producto de una sociedad que resguarda los papeles que impone”. Sabemos que la “naturaleza” no define nuestras virtudes y cualidades expresivas e intelectuales y dichas creencias solo son imposiciones para sustituir el “ser” por el “deber ser". Y las artes, la creación precisan conectarse y legitimarse con la autenticidad del “ser”. Concebirnos como producto de una construcción social, histórica y familiar nos permite emprender el problema de las relaciones de género asimétricas en las artes como el producto de una desigualdad social en todas su facetas. La familia, como primer espacio de socialización y asimilación de los roles de género, determina en gran medida el comportamiento futuro de sus miembros, reglamentando qué es o no adecuado según el constructo cultural que nos define, influyendo en aspectos comportamentales, senti-

mentales y de pensamiento que son atribuibles a la cultura. Se suele pensar, en lo cotidiano, en la superficialidad de la conversación habitual, que las mujeres tenemos una posición social diferente a la que históricamente se nos ha conferido dentro de los diversos campos artísticos. Es necesario vislumbrarnos como sujetos sociales para comprender que la sujeción femenina no es una cuestión que se resuelva con prácticas mediáticas y fútiles. Requiere de experiencias teóricas y vivenciales que involucren a los sujetos, cuestionen los preceptos simbólicos y creen espacios de resignificación y reconocimiento. Pensar que los nuevos mecanismos de circulación de la información, de creación, la internacionalización de la economía y el mayor acceso a la tecnología plantean discusiones valiosas y fundan transformaciones por sí mismas es desconocer que la globalización y el neoliberalismo han provocado la reproducción de modelos decimonónicos de género, creando nuevos escenarios de violencia en las diferentes esferas, incluida por supuesto la artística. Pero la creación y la labor creativa continúan siendo instancias que enjuician nuestras organizaciones sociales, que conmueven nuestro quehacer cultural constituyen una oportunidad de hacer cambios profundos, perdurables y verdaderos. El poder y valor creativo pueden ser un medio para la propagación de las transformaciones que queremos difundir y plasmar. Es sabido y documentado que el arte es una estructura que no se ajusta rigurosamente a los condicionamientos histórico-sociales (al menos no en su pura expresión y composición) lo cual nos brinda un espacio de exploración y cuestionamiento. MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

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Los accidentes de tránsito son prevenibles; se conocen las causas por las que ocurren y existen intervenciones claras que ayudan a prevenir este tipo de eventos, la mayor parte de ellas relativamente económicas

El problema

odos los días suceden 1,100 choques en nuestro país. Cifras oficiales señalan que hubo 406,508 choques reportados durante 2013. En la mayoría de ellos nadie resulta herido y estos eventos pasan a ser una experiencia más en el anecdotario de los involucrados. De igual forma, las personas nos desplazamos una y otra vez por la vía pública sin experimentar una colisión. Quizá esta combinación de “bajo” riesgo individual y “altas” estadísticas agregadas sea la razón por la que los accidentes de tránsito sean un problema social y de salud pública que, por ser tan frecuente y cotidiano, y a la vez tan lejano a nuestra experiencia diaria, deja de ser visible para los individuos y la sociedad en su conjunto.

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Este problema se ha normalizado tanto en la conciencia social, que prácticamente todos estamos esperando el momento en el que “inevitablemente” nos toque (o vuelva a tocar) sufrir un evento de este tipo. Sin embargo, los accidentes de tránsito son prevenibles; se conocen las causas por las que ocurren y existen intervenciones claras que ayudan a prevenir este tipo de eventos, la mayor parte de ellas relativamente económicas. De ahí que se ha buscado evolucionar el término “accidentes de tránsito” para hablar mejor de eventos de tránsito (o colisiones), o mejor aún de lesiones causadas por el tránsito, para denominar los daños a la salud producidos en eventos de tránsito. Pero si existen intervenciones efectivas para prevenir la ocurrencia de eventos de tránsito ¿por qué las lesiones causadas por el tránsito se sitúan entre las pri-

COLABORACIÓN ESPECIAL 15 DE NOVIEMBRE DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO

SEGURIDAD VIAL en México por RICARDO PÉREZ / SERGIO ROSAS / ARTURO GARCÍA

LA MIRADA DEL ST-CONAPRA meras causas de muerte en el país? No existe una sola respuesta que responda de manera integral esta pregunta, podríamos plantear al menos cuatro hipótesis: • Las lesiones de tránsito tienen baja prioridad frente a otros problemas de salud y sociales. En ocasiones, la amenaza distante de un virus que podría llegar al país despierta el interés de los medios de comunicación y detona la respuesta inmediata del Estado. No se escatima en inversión de recursos de todo tipo, pues la percepción del riesgo al que se enfrentaría la sociedad es bastante alta. De igual forma, escasean grupos de la sociedad organizados que presionen a las autoridades locales, estatales y federales para promover una cultura de seguridad vial, como sucede en otros tipos de problemas de salud que, aunque causen menos daños, reciben mayor a-

tención y, por tanto, recursos financieros. • Una sola intervención no elimina completamente el riesgo de lesión y muerte en el tránsito, es la combinación de diferentes intervenciones, desde distintos sectores y con el apoyo de múltiples disciplinas dirigidas a cada usuario de la vía pública, a los vehículos, a las vialidades y al contexto social lo que en conjunto disminuye el riesgo de manera importante. En virtud de que las causas son multifactoriales, no hay una “vacuna” o solución única, sino una serie de acciones intersectoriales que, dependiendo de las necesidades específicas de cada contexto, pueden contribuir a lograr la seguridad vial. • Poca corresponsabilidad social. Como sociedad tenemos la impresión de que “le toca a alguien más” resolver el problema

SOBRE LOS AUTORES: Ricardo Pérez Director de Prevención de Lesiones, Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes Sergio Rodrigo Director de Información y Evidencia, Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes Arturo García Director de Prevención de Accidentes, Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

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de la inseguridad vial. Pero todos, como sociedad, somos corresponsables del problema y, por tanto, de su solución. Ya sea que seamos profesionales de la salud pública, policías, choferes, peatones, ciclistas, legisladores, presidentes municipales o el rol que desempeñemos en la sociedad, lo que hagamos o dejemos de hacer afectará a otros. • Estas lesiones son el reflejo de problemas sociales de fondo. La seguridad vial es también un tema de respeto y equidad social. El diseño de la vía pública ha privilegiado el transporte de automóvil, para un sector económicamente más privilegiado, por encima de usuarios vulnerables como los peatones, los ciclistas y los motociclistas que en general solían ser (o siguen siendo) grupos de bajo nivel socioeconómico. La ley del más fuerte se ve reflejada

en nuestras vialidades cuando un conductor de transporte público invade el paso de un automóvil privado sólo “porque puede”, o cuando el automovilista se interpone en el paso de un motociclista “porque le incomoda”, o cuando ese motociclista le cierra el paso a un ciclista o en el momento que éste último se le atraviesa a un peatón quien en última instancia debe estar al pendiente de todos los demás porque finalmente es el menos protegido y, por tanto, el más vulnerable de todos.

Avances en la búsqueda de la solución En 1987, por decreto presidencial, nace el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) como la instancia encargada de proponer las acciones en materia de prevención y control de accidentes en el país. El Consejo se integra por

representantes de seis Secretarías de Estado: Salud (quien lo preside); Hacienda; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; y la Procuraduría General de la República. De igual forma participan los titulares del IMSS, ISSSTE, DIF y otros invitados estratégicos. El Secretariado Técnico del CONAPRA es la unidad administrativa dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud que da seguimiento a las acciones propuestas por este Consejo. Esto dio la pauta para que las entidades federativas formaran sus propios Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes (denominados genéricamente COEPRA). Es con estos organismos con los que el STCONAPRA aterriza las políticas públicas en materia de prevención de accidentes, en general, y la promoción

Colisiones de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, así como en carreteras federales 500.000

450.000 400.000 350.000

Fuente: Base de datos de Accidentes de Tránsito en Zonas Urbanas y Suburbanas de INEGI,

300.000 250.000

información de

200.000

Policía Federal y de

150.000

la base de datos de defunciones, INEGI 2013.

100.000 50.000 0

2009

2010

2011

2012

2013

Accidentes

458,063

455,628

412,087

414,627

406,508

Heridos

185.549

172,650

161,780

153,685

142,626

Muertos

17,820

16,559

16,615

17,102

15,856

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COLABORACIÓN ESPECIAL DESAFÍOS QUE ENFRENTA LA SOLUCIÓN DE LAS LESIONES CAUSADAS POR EL TRÁNSITO

1. Baja prioridad de salud y social 2. Complejidad de la instrumentación de intervenciones de prevención 3. Poca corresponsabilidad social 4. Problemas sociales de fondo de la seguridad vial, en particular. México se sumó al Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020 propuesto por Naciones Unidas y liderado por la Organización de las Naciones Unidas, con la meta de reducir 50% las muertes causadas por lesiones de tránsito durante este periodo. Para ello se publicó la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, sustentada en los cinco pilares propuestos por el Decenio de Acción: fortalecer la gestión de la seguridad vial; garantizar la seguridad de las vialidades; promover vehículos más seguros; usuarios más seguros; y fortalecer la atención médica oportuna de lesionados. Esta estrategia fue firmada

conjuntamente por las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Salud. Para dar seguimiento a esta Estrategia Nacional, la Secretaría de Salud planteó un Programa de Acción Estratégico: Seguridad Vial 2013-2018, que incorpora y aterriza los elementos del Decenio de Acción desde el sector salud. Entre las acciones clave planteadas en el Programa está en primer lugar el fortalecimiento de los COEPRA. La idea es que estos Consejos lideren y coordinen los esfuerzos locales en seguridad vial buscando sean exitosos. Para ejercer un adecuado liderazgo se requiere de información suficiente de calidad y oportuna. Por ello se instaló un Ob-

En la última década fallecieron 164,133 personas por accidentes de tránsito en nuestro país: 22.1% circulaba en automóvil, 30.5% era peatón, 4.1% motociclista y 1% ciclista. Muchos de ellos, padres y madres que dejan en orfandad a sus familias. Otros miles de hijos e hijas son enterrados de forma prematura por nuestra sociedad, lo que representa un gran potencial social perdido. Se ha estimado que, del 1.4 millones de personas que sufren lesiones no fatales y que saturan anualmente los servicios médicos públicos y privados, 226,591 personas podrían estar sufriendo discapacidad permanente al año. Se ha estimado el costo económico de este tipo de eventos desde una perspectiva social en $82,498 millones, lo que representó el 1% del PIB anual en 2007I. El costo de la discapacidad permanente causada por accidentes de vehículos de motor para el país fue estimado en $13,639 millones de pesos en 2012II. Pero no todo el costo social de estos eventos puede traducirse a pesos, ¿o cuál es el precio de perder a un ser querido; de verse obligado a dejar la escuela por trabajar para suplir a un miembro que proveía recursos para el hogar; o el precio de verse forzado a cambiar de proyecto de vida como resultado de un evento de estos? MÉXICO SOCIAL Noviembre 2015

NOTAS: I. Ávila-Burgos L, Aracena-Genao B, VenturaAlfaro C, Barroso-Quiab CA. Consecuencias económicas de las lesiones por accidente de tránsito para el sistema de salud mexicano. In: 14 Congreso de In¬vestigación en Salud Pública. Cuernavaca: Institu¬to Nacional de Salud Pública; 2011. p. 75. II. Sánchez-Vallejo P, Pérez-Núñez R, Heredia-Pi I. Costo económico de la discapacidad causada por lesiones de tránsito en México durante 2012. Cad de Saude Pública 2015, 31(4):755-66. III. Protocolo para la implementación de Puntos de Control de Alcoholimetría, publicado en conjunto por la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud en 2013 y que está disponible en: http://conapra.salud.gob.mx/ Interior/Documentos/Publicaciones_Especializadas/Protocolo_Alcoholimetria.pdf IV. Gobierno del Distrito Federal. 6to. Informe de Gobierno del Distrito Federal 2011-2012. México DF: Corporación Mexicana de Impresión; 2012. p. 152-3.

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servatorio Nacional de Lesiones y se ha promovido una metodología para que cada entidad federativa instale y opere sus propios Observatorios Estatales de Lesiones. Actualmente 22 entidades federativas cuentan con un acta de instalación de su observatorio, y la mayoría generan datos a partir de las fuentes locales de información y con base en ellas toman decisiones. Asimismo, se han realizado encuestas para identificar los principales factores de riesgo en motociclistas; hoy se cuenta con datos de 25 municipios de 16 entidades federativas para las que no se tenía esta información con anterioridad. La información de los observatorios permite identificar puntos en los que ocurren más eventos de tránsito. Estos sitios deben sujetarse a una revisión exhaustiva para identificar los elementos que producen dicha inseguridad; estas auditorías de seguridad vial son otra estrategia más impulsada desde el STCONAPRA. Se han capacitado 1,283 profesionales desde 2008 y se han realizado un total de 298 auditorías, 22% de las cuales se han traducido en cambios exitosos a la vialidad. Dado que Constitucionalmente la regulación del tránsito es competencia de los municipios, debiendo acatar los lineamientos de las leyes federales y estatales, el STCONAPRA y los COEPRA trabajan de forma coordinada con autoridades de los distintos municipios del país para asegurar que las legislaciones sean integrales, esto es, que sean adecuadas y que se apliquen rigurosamente. Las legislaciones integrales son un elemento disuasorio de distintas conductas de riesgo. El STCONAPRA ha publicado en su sitio web un diagnóstico de las legislaciones estatales con el ánimo de identificar brechas que cada entidad debe readecuar. Un elemento clave es facultar a las policías de tránsito para implementar puntos de control policial para la aplicación aleatoria de alcoholimetrías en conductores de vehículos de motor. Esta acción es altamente efectiva para disuadir la conducción bajo los efectos del alcohol, uno de los principales fac-

tores que pone en riesgo a los distintos usuarios de la vía pública, no solo a ellos mismos. De ahí que esta es otra acción estratégica impulsada desde el STCONAPRA, para lo que se trabajó en colaboración con distintas instituciones y expertos para publicar y promocionar un protocolo que sirviera de guía para las policías de tránsito municipalIII. Antes de 2009 se tenía registro de cuatro ciudades que habían puesto ya en marcha esta estrategia, una de ellos es el Distrito Federal, con evidencia que desde entonces mostraba sus efectos preventivosIV. Al momento se tiene evidencia de que al menos 115 municipios implementan activamente esta estrategia Existe, sin embargo, un espacio en el que la administración municipal no tiene competencia, que son las carreteras y autopistas federales. Ahí ocurre 5.4% de los eventos de tránsito y 25% de las muertes que causan estos eventos en el país. Para fortalecer la seguridad vial en este espacio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluyendo al Instituto Mexicano del Transporte y Caminos y Puentes Federales, en coordinación con representantes de la Policía Federal, la Corporación de servicios al turista “Ángeles Verdes” y el STCONAPRA conformaron en enero de 2014 un Grupo de Coordinación Para la Seguridad Vial en Carreteras Federales para coordinar y potenciar las acciones de seguridad vial que realizan las distintas unidades administrativas del gobierno federal y sesiona mensualmente. Una atención médica adecuada y oportuna permite prevenir consecuencias mayores y muertes secundarias a lesiones causadas por el tránsito. Es por ello que el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, ha dado pasos firmes en la integración del Modelo de Atención Médica Prehospitalaria. Ejemplo de lo anterior es la elaboración del marco legal que permite contar con elementos regulatorios para que la prestación de servicios en ambulancias, que se lleve a cabo con niveles

COLABORACIÓN ESPECIAL homogéneos de calidad en beneficio de la población en general, consolidando la coordinación del sector salud con instituciones sociales y privadas, así como vincular las acciones de los tres niveles de gobierno con los organismos y cuerpos de auxilio emanados de la sociedad civil (NOM 034-SSA3-2013). Esta NOM establece la figura del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), instancia técnicomédico-administrativa que es responsabilidad de la Secretaría de Salud Estatal, y que establece la secuencia de las actividades específicas para la atención en el sitio del evento, el traslado y la recepción en la unidad hospitalaria, con la finalidad de brindar atención médica oportuna y con procedimientos estandarizados. EL CRUM se activa a través de la marcación de un número telefónico. Desde 1999 se dispone de un número gratuito,

único, y de tres dígitos para hacer fácil su memorización; es el 066. Con su marcación la comunidad dispone de un servicio integral para solicitar auxilio en seguridad pública, protección civil o para cualquier tipo de emergencia; actualmente algunas entidades federativas han incorporado al CRUM al funcionamiento de este número. Para que la población coadyuve en la prestación de servicios de atención médica prehospitalaria, la NOM ha reconocido la existencia de los primeros respondientes y el STCONAPRA en coordinación con los Servicios Estatales de Salud ha impulsado un programa de capacitación que ha entrenado a 1,800 instructores en primera respuesta y a más de 100 mil personas como primeros respondientes. Finalmente, el Comité Técnico Asesor Permanente de la Atención Médica Prehospitalaria del STCONAPRA elaboró la guía de

ACCIONES EN SEGURIDAD VIAL EN LAS QUE PARTICIPA EL ST-CONAPRA 1) Fortalecimiento de COEPRA 2) Observatorio Nacional y Estatales de Lesiones 3) Medición de factores de riesgo 4) Auditorías de Seguridad Vial 5) Legislación en Seguridad Vial 6) Acción Estratégica de Alcoholimetría 7) Modelo de atención médica prehospitalaria i. NOM 034-SSA3-2013. Regulación de los servicios de salud. Atención médica prehospitalaria ii. Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) iii. Teléfono gratuito de tres dígitos (066) iv. Profesionalización del personal de ambulancias (TAMP) 8) Capacitación v. Primeros respondientes vi. Auditorías viales vii. Formadores en seguridad vial 1. Multiplicadores 2. Población sensibilizada 9) Trabajo intersectorial: Grupo de Colaboración para la Seguridad Vial en Carreteras Federales

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Reglas de oro de la seguridad vial 1) Usar el cinturón de seguridad 2) Proteger a los niños en asientos infantiles adecuados para su peso y talla 3) Manejar sobrio 4) Usar el casco (motociclistas y ciclistas) 5) Respetar los límites de velocidad 6) No usar el celular al conducir o cruzar una calle o avenida 7) Respetar la señalización de tránsito 8) Revisar el vehículo 9) Parar de conducir cuando se esté cansado 10) Ser atento y considerado: respeto a otros usuarios de la vía pública Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

competencias laborales para evaluar al personal que actualmente otorga esta atención pero que carece de formación formal educativa buscando capacitarlos y certificarlos como técnicos profesionales en urgencias médicas. Sensibilizar a la población en cuanto a la importancia de una cultura de la prevención es una estrategia que se ha impulsado a través del Programa Nacional de Capacitación. Desde este Secretariado Técnico se han capacitado a 946 profesionales “formadores” de los 11,375 “multiplicadores” que han sensibilizado a un total de 1,292,906 individuos de la población general de 2010 a 2014. Informar a la población y a los profesionales de salud es una actividad importante. La apuesta es que la ciudadanía se empodere con esta información y pueda, por un lado, exigir a sus autoridades locales y nacionales ma-

yores resultados, y por el otro, asumir y promover conductas más seguras. Estas acciones pasadas y presentes, sumadas a las actividades que el sector transporte, las policías de tránsito, la academia, las OSC y otros actores federales, estatales y municipales realizan se han traducido en una reducción de la tasa de mortalidad por eventos de tránsito a 13.4 por 100,000 habitantes en 2013, la menor tasa registrada en los últimos 25 años. Será importante observar lo ocurrido en 2014 para observar si este descenso se mantiene. De cualquier forma, dar continuidad a las acciones efectivas y fortalecer el trabajo intersectorial y multidisciplinario, debe ser la línea de trabajo que nos permita avanzar en el tema de la seguridad vial en México para cumplir las ambiciosas metas que nos hemos propuesto como país.

REFERENCIAS: • Pérez-Núñez R, Híjar M, Celis A, Hidalgo-Solórzano E. El estado de las lesiones causadas por el tránsito en México: nueva evidencia para fortalecer la estrategia mexicana de seguridad vial. Cad. Saude Pública 2014; 30 (5) 911-925. • Pérez-Núñez R, Gómez-García L. La vía pública como el espacio de ocurrencia de las lesiones causadas por el tránsito. En: Híjar M, ed. Los accidentes como problema de Salud Pública: Una mirada desde la Academia Nacional de Medicina. Academia Nacional de Medicina de México; 2014: 69-106. 266p. • Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, Secretaría de Salud. Informe sobre la situación de la seguridad vial, México 2014. México, D.F. 2014.

El STCONAPRA ha trabajado en enriquecer su página web para que resulte informativa para todo tipo de audiencia, la especializada y la población en general:

http://conapra.salud.gob.mx

En esta página la ciudadanía podrá acceder al diagnóstico de la situación actual de las distintas acciones presentadas para cada entidad federativa. También puede obtener información sobre medidas de seguridad que pueden adoptar para su protección y la de otros.

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