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Federación de Maestros de Puerto Rico • Boletín Informativo
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p02| Por: Mercedes Martínez Padilla Presidenta FMPR
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Federación de Maestros de Puerto Rico • Boletín Informativo • Marzo 2019
p05| Por: Organización FMPR
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p04| Por:Rafael Feliciano Hernández Secretario de Organización FMPR
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Control Fiscal
del Tribunal p06 | Por: de Boston… Organización FMPR
¿Quién paga la Junta? ¿Cuál es la responsabilidad federal?
Día de lucha contra la deuda,
por nuestra salud y la equidad
p07|Por: Por: Teresa Vélez y Lourdes Torres Comisión de la Mujer FMPR
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¡A DEFENDER LA EDUCACIÓN PÚBLICA de los
Comisión de la Mujer de la Federación de Maestros de Puerto Rico
8M DÍA DE LUCHA contra la deuda, por
privatizadores que nos la pretenden arrebatar!
nuestra salud y la equidad
Por: Mercedes Martínez Padilla | Presidenta FMPR
Con el establecimiento de las escuelas chárter (ALIANZA), el Departamento de Educación (DE) pretende entregarle a entes privados, municipios y universidades la administración del 10% de los planteles públicos del país. Esto incluye supuestas organizaciones “sin fines de lucro”. Con ello convierten la educación en un negocio lucrativo, donde nuestro estudiantado es visto como mercancía. Bajo este modelo, cada entidad o municipio que adquiera la administración de las escuelas funcionará de acuerdo con las disposiciones y reglamentos que determinen y no las regulaciones establecidas por el Departamento de Educación. Las escuelas chárter son malas para el magisterio El Departamento de Educación ha cerrado escuelas y ha reducido la plantilla de educadores, para empujarlos a aceptar plazas en las escuelas chárter. Al convertirse en empleados de alguna de las empresas privatizadoras o de los municipios, los maestros y maestras pierden sus derechos adquiridos. Según dispone la ley 85 de supuesta Reforma Educativa, el personal contratado estará exento de las leyes y reglamentaciones que gobiernan los asuntos de personal de la agencia y cada entidad deberá establecer su propio sistema de personal. Otra de las modalidades de privatización a través de las llamadas escuelas ALIANZA es la municipalización. Los alcaldes y alcaldesas salivan por administrar el presupuesto del Departamento de Educación. Para ellos y ellas, es un negocio redondo, donde el Estado le provee el plantel escolar, la matrícula de estudiantes, los recursos didácticos, equipos y materiales para el proceso de enseñanza- aprendizaje, adicional a la entrega del presupuesto asignado por cada estudiante que esté matriculado en el plantel. La municipalización, le cae como anillo al dedo a todos aquellos que administran municipios con grandes déficit, porque ven en las chárter una alcancía para allegar fondos a sus municipios. En estas escuelas municipalizadas, la política-partidista será la orden del día y los nombramientos de educadores y educadoras se darán según el crisol de la claque política-partidista que administre el municipio en cuestión. Si los educadores aceptan trabajo en estas escuelas privatizadas y no se reintegran a sus plazas en un periodo de dos años, deberán renunciar al Departamento de Educación, perderán sus permanencias y estarán sujetos a las determinaciones de sus nuevos patronos privados.
Las escuelas Alianza no son buenas para los estudiantes Las escuelas chárter, según la ley 85, “tendrán autonomía sobre sus decisiones, incluyendo pero sin limitarse a, asuntos de finanzas, personal, calendario, currículo e instrucción”. De esa manera permiten el discrimen al establecer requisitos mínimos de admisión cuando la constitución señala que la educación es un derecho de todos y todas. La experiencia en Estados Unidos ha sido que no han representado una mejoría en el aprovechamiento académico de los estudiantes a pesar de que, contrario a la escuela pública, excluyen a los niños que presentan situaciones de disciplina, de grupos minoritarios y estudiantes con diversidad funcional. Donde se han establecido las escuelas chárter, la norma ha sido que limitan los servicios de la población de educación especial que atienden y no ofrecen las terapias que requieren. Buscan desalentar que estudiantes con diversidad funcional se matriculen, para reducir costos y elevar articialmente los resultados académicos. La matrícula muchas veces es por selección, pueden cobrar por el servicio de comedor escolar y establecer otras limitaciones a las familias de bajos ingresos. Las escuelas chárter eliminan la participación de las comunidades escolares en la formulación de las políticas de la escuela y le arrebatan a los padres, madres y encargados su injerencia en la educación de sus hijos. La resistencia contra este modelo ha sido generalizada en los Estados Unidos La privatización de las escuelas es un ataque global contra la educación pública y ha generado gran resistencia magisterial en los Estados Unidos. En Nueva Orleans se utilizó la tragedia del huracán Katrina para imponer la privatización de todas las escuelas. Mas de 7,500 docentes y otro personal fueron despedidos y los contratados bajo las chárter carecían de experiencia. Las madres y estudiantes han ofrecido testimonios del discrimen rampante que viven en estos planteles. En California, la United Teachers of Los Angeles (UTLA) ganó en su reciente huelga, una moratoria en la proliferación de las chárters que en 10 años habían aumentado en un 287%. A mediados de febrero 2019, los educadores de West Virginia realizaron una huelga de 1 día, donde lograron frenar los intentos del partido republicano de legislar una pieza que promovía el establecimiento de escuelas chárter.
Federación de Maestros de Puerto Rico • Boletín Informativo • Marzo 2019
Por: Teresa Vélez y Lourdes Torres Comisión de la Mujer FMPR
Internacionalmente el 8 de marzo es un día para la conmemoración de las luchas libradas por las mujeres para obtener mejores condiciones laborales, acceso a la participación política y a la vida digna. El 8 de marzo de 1857 murieron quemadas 120 mujeres tras ser encerradas en la fábrica de textiles Cotton de la ciudad de New York, mujeres que salieron a la calle para protestar por los bajos sueldos que recibían (menos de la mitad de lo que cobraban los hombres) y por las pésimas condiciones en las que trabajaban. Aquellas mujeres decidieron reclamarle al patrono mejores condiciones de trabajo, que redundarían en una mejor calidad de vida para ellas y sus familias. Sin embargo, fueron silenciadas por la muerte. No obstante, el resto de las trabajadoras no se dejaron amilanar y dos años después fundaron su primer sindicato.
Desde aquel histórico 8 de marzo (8M) la fecha se convirtió en un punto recurrente para las protestas de las mujeres alrededor del Mundo. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora no es un día para celebrar. Es un día de conmemoración, lucha y militancia en honor a todas las mujeres que a través de los siglos han pagado con su vida peleando por el acceso a la educación, la salud, la justicia y la participación política.
Algunos datos históricos muestran la intención política y la capacidad de acción de las mujeres trabajadoras. En el año 1909 el Partido Socialista de EE.UU. decretó el 28 de febrero como Día Nacional de la Mujer; en 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres; y en el 1977 la Organización de Naciones Unidas convirtió la jornada del 8 de marzo en el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
La Comisión de la Mujer de la FMPR por dos años consecutivos ha realizado actividades de cara al 8M para visibilizar y problematizar la importancia de la perspectiva de género en el trabajo sindical, educativo y social. En el 2017 se celebraron foros en el Colegio de Abogados y la UTIER de Mayagüez. En dichos foros fueron invitadas mujeres de diferentes ámbitos, políticos, sociales, de salud, educación y ambiental. Para el año 2018 se creó una jornada de Caminatas en Pro de la Liberación de las Presas Políticas Ana Belén Montes y Nina Droz Franco en 6 pueblos de Puerto Rico con el objetivo de darlas a conocer y visibilizar la lucha por su excarcelación. Además, se realizó un foro con maestras que lucharon por la reapertura de sus escuelas después del paso del huracán María contra la intención de la Secretaria de Educación de coartar el derecho a la educación de nuestros estudiantes. En el transcurso del 2018 la Comisión de la Mujer estuvo presente en diversas manifestaciones convocadas por grupos feministas, ambientalistas, de estudiantes universitarios, entre otros.
misma. Por eso, este 8M del 2019 nuestro llamado es a la acción y a la militancia. Este 8M nuestra consigna es que #NosDeben. Cuando decimos que #NosDeben pensamos en la importancia de un currículo con perspectiva de género en el cual sea posible visibilizar la lucha de nuestras mujeres revolucionarias como Lolita Lebrón, a quien será dedicada las actividades del 8M por ser su centenario, necesitamos un currículo que nos haga reflexionar en aquella poderosa cita de Lolita “Yo no vine a matar, vine a morir por mi patria". Cuando decimos que #NosDeben hacemos referencia a la deuda de salud pública que le deben a nuestras compañeras y comunidad de Tallaboa en Peñuelas. Respirar aire libre de cenizas tóxicas es fundamental para garantizar la vida digna y la paz. #NosDeben cada vez que intentan silenciarnos y limitar nuestro derecho a la libertad de expresión como han hecho con jóvenes del Movimiento Estudiantil de la UPR y con la maestra recientemente arrestada por el FBI. #NosDeben cada vez que Keleher contrata a un nuevo asesor y gasta el dinero público en “alianzas”. #NosDeben cuando nuestras condiciones de trabajo son tan precarias y dependemos de conseguir más de un trabajo para sostener a nuestras familias. #NosDeben a todas las transitorias y a todos los transitorios igual paga por igual trabajo.#NosDeben mayores presupuestos escolares y la autonomía necesaria para salvaguardar nuestros servicios esenciales como un retiro digno y estable para todos los pensionados. Y los que nos deben poco a poco les vamos cobrando. En ruta al 8M vamos sembrando esperanza y ánimo de lucha. Por tal razón es importante mencionar el grandioso trabajo del Movimiento al Rescate de Mi Escuela quienes han trazado una valiosa programación para la comunidad aledaña a la Escuela Rescatada Lorencita Ramírez de Arellano en Toa Baja. De igual forma, reconocemos las gestiones y la lucha de las escuelas Nicolás Sevilla, Violanta Jiménez y José Pablo Morales en contra de la asfaltera Asphalt Solutions en Toa Alta. Exhortamos la lucha, la unión y solidaridad en cada escenario diario, teniendo en cuenta que el 85% del magisterio son mujeres. El reclamo de justicia sigue presente, por mejores condiciones de trabajo y por una educación pública, gratuita y de calidad. De cara al 8M la Comisión de la Mujer de la FMPR te exhorta a movilizarte por nuestros derechos y los derechos de nuestras comunidades.
¡Nuestra EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS ESENCIALES son antes que la deuda! * Síguenos en las redes sociales para más
Ante el atentado de terror que recibimos por parte de la Junta de Control Fiscal y de la información acerca de las actividades en Secretaria Keleher, la FMPR ha mantenido una campaña férrea en contra de la privatización Mayagüez y el área Metro. del sistema público y ha exigido la auditoría de la deuda y la cárcel para los culpables de la
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maldad y alevosía… nada de buena fe. La FMPR se une al reclamo de que todos los acuerdos sustantivos de la Junta, especialmente los relativos a COFINA, se dejen sin efecto y demandamos una investigación de este esquema fraudulento que seguramente salpicará al gobierno federal.
federal y su Junta, la que radicó y asumió la responsabilidad de la quiebra del ELA. La FMPR siempre afirmó y ahora se comprueba, que el gobierno federal tiene la responsabilidad primaria sobre la deuda pública colonial. La realidad es que la monumental deuda pública del ELA encubre un modelo de explotación y la podredumbre que caracteriza las instituciones financieras norteamericanas, capaces de destruir hasta su propio pueblo por 30 monedas.
Determinación del Tribunal de Boston… ¿Quién
paga la Junta? ¿Cuál es la responsabilidad federal? Los asuntos planteados por la determinación del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, según el argot del béisbol, “¡pica y se extiende!”. Todo comenzó cuando el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinó que los miembros directivos de la Junta de Control Fiscal son oficiales “principales” del gobierno de Estados Unidos (USA). Por lo cual tienen que ser nombrados por el presidente con el consentimiento del Senado federal, según lo dispuesto en la Constitución de ese país. Como expresara el juez federal Juan R. Torruella en la determinación en cuestión: “Los miembros de la (JSF), en síntesis, se parecen más a los procónsules romanos escogidos por Roma para aplicar una ley romana y supervisar los líderes de los territorios,…”. La decisión de Boston coincide con la tomada por la Corte de Reclamaciones federal pues ambas afirman que la Junta de Control Fiscal es federal y sus siete miembros son oficiales federales. ¿Qué implica ese detalle? Al menos debe implicar: 1. Que los gastos de la Junta sean sufragados por el gobierno federal, no por el de Puerto Rico. Nuestra constitución colonial prohíbe el uso de fondos públicos para operar entidades federales. 2. Que USA asuma su responsabilidad por la crisis fiscal que ellos promovieron y encubrieron. ¿Cuál es la lógica? La ley federal PROMESA establece que la JCF, no el gobernador, es la única entidad que tiene la autoridad para radicar la quiebra del ELA bajo el Capítulo 3 de PROMESA. Por lo cual, es el gobierno
Federación de Maestros de Puerto Rico • Boletín Informativo • Marzo 2019
FEDERACIÓN de MAESTROS RECLAMA
Las escuelas chárter en Puerto Rico, junto a los vales educativos, son una manera ilegítima de desviar fondos públicos destinados a la educación para favorecer a empresas privadas. La Constitución prohíbe esta medida, pero el gobierno, contando con una mayoría partidista en el Tribunal Supremo, espera violentar el estatuto.
aumento salarial para maestros transitorios
Tenemos que dar la pelea contra las escuelas chárter y en defensa de la educación pública El magisterio puede frenar la imposición de las escuelas chárter si se organiza y decide luchar con voluntad. Ya lo hicimos en el 2008, donde a raíz de la huelga se obtuvo una estipulación que no permitía la privatización y lo repetimos en el 2015 cuando se derrotó el Proyecto del Senado 1456 de Eduardo Bhatia. La Ley 85 de falsa “Reforma Educativa” establece un proceso para que haya asambleas consultivas a la comunidad escolar. El Departamento de Educación intenta burlar este requisito y debemos denunciarlo. Podemos usar esas asambleas para educar a padres, madres y encargados y aglutinar fuerzas contra esta ofensiva privatizadora. La lucha no es sólo para que se detenga la privatización. Es para que se fortalezca la educación pública, asignándole los recursos económicos y pedagógicos necesarios. Esta es la base sobre la cual podrá edificarse cualquier proyecto de país. No deben recortarse los recursos para la educación de nuestros estudiantes. Los recortes deben dirigirse a las compañías y empresas con contratos millonarios que desangran el presupuesto de Educación para ofrecer talleres y otros servicios irrelevantes. Las pruebas estandarizadas META-PR que no miden aprovechamiento y cuestan alrededor de $20 millones al año deben eliminarse. El Departamento de Educación no debe estar dirigido por tecnócratas al servicio de la empresa privada y sí, por educadores comprometidos con la educación del país. Podemos derrotar nuevamente las escuelas chárter (ALIANZA), pero hay que estar dispuestos a luchar. Exhortamos a los maestros, maestras y comunidades escolares a comunicarse con la Federación de Maestros para establecer un plan de acción. Hoy la meta del gobierno es privatizar el 10% de las escuelas. Si lo permitimos continuarán entregando la educación hasta que quede totalmente en manos de la empresa privada. Si no damos la pelea ahora, pronto todos pagaremos las consecuencias. Aún cuando nuestra escuela no sea señalada ahora para privatizarse, todos y todas tenemos que resistir y practicar el valor de la solidaridad.
Los estudiantes no son mercancía, ni los maestros, ni maestras, peones de las empresas privatizadoras. La educación pública de nuestros niños, niñas y jóvenes debe ser el proyecto mas importante para el país y por ello, lo tenemos que defender.
Por: Edwin L Morales Laboy | Vicepresidente FMPR
Durante el mes de octubre la FMPR radicó un recurso legal donde se le exige al Departamento de Educación (DE) que se honre a los maestros transitorios el aumento de sueldo de $125 mensuales otorgado por la administración Rosselló a los demás educadores del Sistema Público. Estos maestros, cuya única diferencia en gran parte de los casos con los permanentes y probatorios es el asunto de estatus, fueron injustamente excluidos de dicho aumento. El recurso legal se ampara en el derecho a igual protección de las leyes y en el concepto de igual paga por igual trabajo. Desde hace años el personal transitorio sufre de discrimen al tener que esperar tantos años para que se le otorgue un estatus probatorio o permanente. Ahora, al excluirlos del aumento conferido y aprobado dentro del plan fiscal de la Junta de Control Fiscal (JCF), el espíritu de dicho aumento, que es retener al magisterio, se pierde por completo.
Uno de los aspectos claves que forman parte fundamental de este justo reclamo es que en ningún momento en el proceso de aprobación de dicho aumento, se hizo distinción alguna sobre la aplicabilidad del mismo. No se hizo distinción en el mensaje del gobernador a la legislatura, en el presupuesto del Ejecutivo y en el Plan Fiscal recientemente aprobado por la JCF. Es injusto y discriminatorio que se esté aplicando el aumento de manera selectiva cuando los maestros transitorios ejercen las mismas funciones y en muchos de los casos tienen igual o mayor preparación que muchos maestros permanentes. En la última contestación que hizo el DE a nuestro reclamo el pasado 2 de enero de 2019, la agencia alegó que la FMPR no agotó remedios administrativos, radicando en la Oficina de Apelaciones dispuesta en la ley 85 de 2018. Es importante señalar que esta oficina no ha sido constituida. Lo que pretenden es dejar a los maestros sin un foro a donde recurrir para que se haga justicia. También ignoraron los planteamientos de índole constitucional que fueron esbozados por nuestra división legal. Estamos en espera de que el juez conteste si acoge o no la moción de desestimación que sometió el DE para validar otra acción más contra el magisterio transitorio. Si tu nombramiento es transitorio sé parte de este importante recurso. Comuníca te con la FMPR al 787-766-1818. No importa cuán grande sea el obstáculo, el camino correcto es la lucha. ¡A vencer!
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DECLARAN INCONSTITUCIONAL
Avanza propuesta para garantizar
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el retiro de todos los empleados públicos
nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal
Por: Rafael Feliciano Hernández Secretario de Organización FMPR
El pasado 14 de febrero, el Tribunal Federal del Circuito de Apelaciones en Boston determinó por unanimidad que el procedimiento seguido para nombrar los miembros de la Junta de Control Fiscal es inconstitucional. Sin embargo, de forma totalmente irregular, ese Tribunal asumió que obraron de buena fe, por lo cual validó las acciones y determinaciones de la Junta ilegal. Además, también dio un periodo de 90 días adicionales para que esta siga operando como si nada hubiese ocurrido. En ese periodo el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe nombrar los miembros de la Junta, con el consejo y consentimiento del Senado federal.
Sigue ganando adeptos la propuesta originada por la Federación de Maestros para garantizar las pensiones mediante un nuevo sistema de retiro que unifique a los empleados públicos. Esa iniciativa es parte de visión dirigida a la creación un Proyecto de Ahorro Nacional. Sin renunciar a nuestra oposición a la injusta ley PROMESA, hemos trabajado está propuesta para proteger a los y las pensionadas usando elementos contenidos en la ley PROMERSA. A continuación resumiremos las premisas y etapas de la propuesta. A. El Sistema de Retiro de Maestros creado por la Ley 91 de 2004 no existe. Mediante la Ley 106 de agosto de 2017, el gobierno se quedó con nuestros ahorros y eliminó la aportación patronal. A cambio de ello, dijo “garantizar” las pensiones pagándolas directamente desde el Fondo General (“pay as go’). B. La JCF radicó la quiebra del ELA el 3 de mayo de 2017. Por lo cual, el Fondo General no puede garantizar nada. Todos los que participamos de los sistemas de retiro de maestros y del ELA estamos metidos en la quiebra del ELA como acreedores no asegurados. Peor aún, el pago a los pensionados tiene el nivel de prioridad más bajo, según el código de quiebras federal. Cobramos si sobra dinero. C. Etapas de la Propuesta: 1. Detener el lavado de deuda. No podemos permitir a los banqueros cambiar bonos chatarra no asegurados por bonos asegurados. Pretenden legalizar el cambio mediante acuerdos de reestructuración aprobados por la JCF. Si los fondos buitres logran lavar entre $30,000 y $40,000 millones, no sobrará dinero suficiente para pagar las pensiones y menos aún, garantizar los servicios esenciales del pueblo. 2. Que la fracción de la deuda no asegurada destinada a los pensionados aumente de forma tal que no se reduzca ninguna pensión de $3,000 o menos. Al presente hay estudios que demuestran que esa es la cantidad mínima que necesita un pensionado promedio para vivir en la isla.
3. Que el dinero que reciban los pensionados sea administrado por el FIDEICOMISO DE LOS PENSIONADOS. A esos fines se creará una Junta de Directores compuesta por pensionados electos y una fracción minoritaria de representantes de las organizaciones sindicales y el gobierno. Además, hay que asignar un fondo de inversiones de unos $8,000 millones para la financiación adecuado del futuro Sistema de Retiro Unificado. Simplemente queremos lo que nos robaron a través de la Ley 106.
promover la recuperación económica de Puerto Rico.
4. Que mediante legislación se cree el Nuevo Sistema de Retiro Unificado el cual garantizará las pensiones a los maestros, empleados del ELA y la judicatura; sean estos permanentes o transitorios. Además, el nuevo sistema debe ser parte de un plan más abarcador de ahorro nacional que promueva la recuperación económica de Puerto Rico.
Federación de Maestros de Puerto Rico • Boletín Informativo • Marzo 2019
Hablemos
claro.
Los
pensionados
y
pensionadas quedaremos en la miseria si los banqueros y los fondos buitres (que tanto nos han robado) amarran el dinero para ellos. De otra parte, los banqueros pagarán la crisis que ellos crearon si los pensionados salvamos las pensiones y establecemos un plan de ahorro nacional para
Somos más de 340,000 los participantes de
los tres sistemas de retiro. Si luchamos podemos ganar y cambiar el rumbo de los acontecimientos. Una mayoría unida puede impedir que los ladrones con corbata roben el futuro a nuestras familias. Para una orientación más detallada sobre estos asuntos en tu escuela o comunidad, llámanos al (787) 766-1818. ¡No hay triunfo sin lucha!
La pregunta que nadie quiere hacer es ¿por qué los nombraron mal? ¿Son brutos o se hacen? La respuesta nos ha llegado desde el interior de la Junta, pues varios de sus miembros han expresado a boca de jarro que “jamás” se someterán a vistas de confirmación pues no quieren auto incriminarse, veamos. José Ramón González y Carlos García son miembros de la Junta de Control Fiscal que trabajaron para el Banco Santander y que fungieron como presidentes del Banco Gubernamental de Fomento. Ambos participaron en la venta de $61,000 millones en bonos municipales, acción que dejo a los bancos más de $1,000 millones en ganancias. Fueron protagonistas del endeudamiento masivo del ELA y crearon mecanismos para burlarse del límite constitucional a la deuda pública. Otro con graves conflictos de intereses es Andrew Giggs: miembro de la JFC, uno de los directores de la empresa Seth Klarman y director ejecutivo del fondo de cobertura llamado Baupost Group. Este último reclamó $933 millones por concepto de COFINA y parte es de la Coalición de Bonistas COFINA Senior. Incluso, el presidente de la Junta, José Carrión III, está vinculado a múltiples emisiones de deuda pública a través del control que ejerce su familia sobre el Banco Popular y mediante el destaque de empleados de su firma de seguros (Carrión, Laffitte & Casellas) en el Banco Gubernamental. Él también estuvo relacionado a los desmanes de Carlos García y José Ramón González en el Banco Gubernamental. ¿Casualidad? El nombramiento ilegal de los miembros de la JCF fue para evadir las vistas de confirmación y viabilizar que los mismos pillos que conspiraron para robarse el país pudiesen desde la Junta garantizar sus intereses y encubrir sus acciones. Está claro, la Junta de Control Fiscal está compuesta por una partida de ladrones con corbata. El Tribunal de Boston se equivoca. El error en los nombramientos fue con
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