PORTADA Rebelión contra el narco en la Montaña Zósimo Camacho, texto, y José Luis

REBELIÓN CONTRA EL NARCO EN LA MONTAÑA

Comunidades nahuas de la Montaña guerrerense se rebelan contra el narcotráfico. Expulsan a los Los Ardillos y Los Rojos, quienes ahora mantienen cercada la región y disputan a las comunidades las veredas, caminos terregosos y carreteras

ZÓSIMO CAMACHO, TEXTO, Y JOSÉ LUIS SANTILLÁN, FOTOS/ENVIADOS

Montaña Baja, Guerrero. Algunos apenas superan los 18 años de edad. Otros ya van por su sexta década. En las trincheras que no cuentan con techo, los hombres se protegen de la lluvia con bolsas de plástico. Se mantienen alerta, parapetados detrás de sacos de arena o pequeñas bardas de piedra. Defienden posiciones clave para evitar que los sicarios del narcotráfico retomen el territorio indígena.

De los hombros les cuelgan fusiles de asalto AK47 y R15, alguna Uzi o, mayoritariamente, escopetas recortadas y rifles calibre 22. El poder que tienen enfrente es superior en cuanto a capacidad de fuego. Los Ardillos y Los Rojos, antiguas facciones del Cártel de los Beltrán Leyva, cuentan con camionetas artilladas y blindadas y fusiles barret calibre 50. Ninguno de los sicarios portaría escopetas.

“Pero ellos no tienen lo más importante y que nosotros sí tenemos: el mandato de las comunidades y sus asambleas”, señala Juan Hernández, quien rebasa los 50 años edad y está a cargo del gru

po que defi ende esta trinchera. El nombre ha sido cambiado, como todos aquellos escritos en cursivas, por seguridad de los declarantes.

Sólo en lo que va de 2019, en esta región de la Montaña Baja de Guerrero, al menos han muerto 30 personas en hechos violentos. Entre los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín Herrera, han ocurrido tres grandes enfrentamientos directos entre nahuas y sicarios. En todos, Los Ardillos han buscado tomar alguna población o ingresar a algún punto del territorio comunitario liberado. No han podido.

En un solo intento de incursión, el 27 de enero de este año, resultaron muertos 12 integrantes del cártel. Los Ardillos entonces intensifi caron el sitio contra las poblaciones y han cazado de uno en uno, o de dos en dos, a dirigentes indígenas y mantienen bajo zozobra a las poblaciones en general.

Los narcotrafi cantes han asesinado de enero a la fecha, al menos, a 12 personas y secuestrado a una sin que hasta el momento se sepa de su paradero. Diez de las víctimas son indígenas de las 22 comunidades organizadas en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), la mayoría de ellas también integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Las otras dos son de partidos políticos de la región.

Hay paz y seguridad dentro de las comunidades. Pero los habitantes no pueden salir libremente. Han dejado de comerciar productos en las cabeceras municipales. Ni siquiera pueden ir a gestioHay paz y seguridad dentro de los pueblos. Pero nadie puede salir libremente. Han dejado de comerciar en las cabeceras municipales

Trincheras defendidas por integrantes de la CRAC-PC-PF

Tiempos difíciles en la Montaña Baja de Guerrero

nar obras, apoyos sociales o solicitar una mesa de diálogo con el ayuntamiento. Los maestros y los médicos ya no llegan a algunas comunidades y el servicio eléctrico se interrumpe constantemente. Los retenes de Los Ardillos se encuentran en Atzacualoya, El Jagüey, Hueycantenango y Tlanipatla. Los tres lugares son paso obligado para quienes desde las comunidades buscan bajar a las cabeceras municipales de Chilapa o José Joaquín Herrera. En el retén de El Jagüey los narcotraficantes han construido habitaciones provisionales y de manera permanente concentran a 150 de sus efectivos. El lugar funciona como centro de operaciones del brazo armado del cártel. Los soldados de la Guardia Nacional dejaron de hacer patrullajes en la zona.

Las comunidades deben defenderse solas. Para el gobierno federal, de manera oficial no existen Los Ardillos y en la región no hay enfrentamientos

ni grupos armados. Ni la flamante Guardia Nacional ni soldados o policías de corporación alguna ingresan a la zona.

En el recorrido realizado por Contralínea, los únicos retenes de la Guardia Nacional observados se encontraban en las entradas de la ciudad de Tlapa, a unos 110 kilómetros de la región. La zona vive un estado de sitio sin auxilio de alguno de los tres niveles de gobierno. En las 22 comunidades habitan alrededor de 50 mil personas.

Los Ardillos no existen: gobierno federal

Desde el 28 de junio pasado el Cipog-EZ, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de las 22 comuni-

Mientras al pueblo no lo ataquen, la comunidad tampoco va a enfrentar a alguien que no conoce. Ellos no se meten con nosotros. Nosotros tampoco nos vamos a meter: Regino Santos

dades nahuas y los integrantes de la organización. Pero el Estado mexicano pidió a la CIDH el 19 de agosto –ya durante el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador– “declinar la solicitud de medidas cautelares para la región”, a decir de Jesús Plácido Galindo, promotor estatal del Cipog-EZ.

De acuerdo con el activista indígena enterado del proceso, de entrada el gobierno federal no reconoce al Cipog-EZ como organización interlocutora y, de manera contundente, niega la existencia de grupos narcoparamilitares y de grupos de civiles armados.

Además, la administración de López Obrador arguye que una Base de Operaciones Mixtas (integrada por militares y policías federales y estatales) se ha instalado en la región. Asegura, además, que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado realizan patrullajes por la zona.

A pesar de que para el gobierno de la “cuarta transformación” no existen Los Ardillos, en la región pobladores de todas las edades saben quiénes

HECHOS DE VIOLENCIA EN LA MONTAÑA BAJA

8 de febrero de 2015. Primer enfrentamiento entre Los Rojos y la CRAC-PC-PF en la comunidad de San Jerónimo Palantla. El gobierno del estado emite 67 órdenes de aprehensión contra integrantes del Cipog-EZ y la CRAC-PC-PF, incluso contra mujeres que ni siquiera se encontraban en la comunidad el día delos hechos. Mayo de 2015. Los Ardillos toman la cabecera municipal de Chilapa. Se hacen llamar Paz y Justicia. Desaparecen a alrededor de 30 personas. Diciembre de 2018, los Ardillos secuestran a Lorenzo Ramírez Rodríguez, comisario de la comunidad de Zacapexco. Es torturado y extorsionado. Enero de 2019. los policías comunitarios intentan detener a los secuestradores de Lorenzo Ramírez y se inicia un tiroteo. Enero de 2019. Los Ardillos instalan un campamento en Paraíso de Tepila con 150 sicarios. Desde ahí amenazan a las comunidades de Zacapexco y Rincón de Chautla. 27 de enero de 2019. Los Ardillos intentan ingresar a Rincón de Chautla con 16 carros artillados y cinco blindados. En el enfrentamiento mueren 12 sicarios. 5 de febrero de 2019. Los Ardillos secuestran y torturan a Pedro Ramírez , junto con otra persona de la comunidad. Los policías comunitarios detienen a 10 sicarios de los Ardillos. La CRAC-PC-PF intercambia a los 10 pistoleros por los dos integrantes de la comunidad. 4 de mayo de 2019. Asesinato de José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, delegados del CNI. El primero, promotor estatal del Cipog-EZ; el segundo, promotor regional de la misma organización. Habían acudido a la cabecera municipal de Chilapa, citados por el gobierno municipal para concluir la gestión de entrega de fertilizante para las comunidades. 23 de mayo de 2019. Secuestro y asesinato de Bartolo Hilario Mo

son y sienten temor cuando se habla de ellos.

Cuerpos destazados, violaciones tumultuarias, torturas con instrumentos elaboradas para ello y ataques indiscriminados, obras de Los Ardillos y Los Rojos, han sido documentadas incluso por la prensa, tanto la de circulación nacional como la del estado.

Los enfrentamientos ahora son casi exclusivamente con Los Ardillos. Luego de la detención –en el estado de Morelos– de Santiago Mazari, el Carrete, líder de Los Rojos, este cártel se ha ido replegando en la región. Por su parte, los Ardillos, con el campo libre, se han fortalecido en la zona. Los representantes de la comunidad, en asamblea, pasan del asombro al enojo cuando Jesús Plácido les informa que para el gobierno federal no existen Los Ardillos. Sus muecas de incredulidad se convertirían en carcajada si sus vidas y las de sus familias no estuvieran en peligro permanente. Los hermanos Celso, Jorge Iván y José Antonio Ortega Jiménez son los líderes de Los Ardillos. Son hijos de Celso Ortega Rosas, la Ardilla, INVESTIGACIÓN PORTADA

Jirones de nubes lentamente se levantan mientras avanza la mañana. Hay asamblea

rales e Isaías Xanteco Ahuejote, delegados del CNI y promotores regionales del Cipog-EZ. 2 de junio de 2019. Asesinato de Eugenio Máximo Hilario, integrante de la CRAC-PC-PF. 5 al 12 de julio de 2019. Amenazas contra Jesús Plácido Galindo, promotor estatal del Cipog-EZ y delegado del CNI. A través de mensajes y llamadas, tanto a su teléfono celular como a los de otros integrantes de la organización, los Ardillos le comunican que lo están buscando “por todo el estado, para despedazarlo”. 8 de julio de 2019. Secuestro y asesinato de David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas, promotores locales del Cipog-EZ y delegados del CNI. Fueron levantados en el crucero de El Jagüey. Sus cuerpos se encontraron al día siguiente cerca del poblado Chiautla, municipio de Chilapa de Álvarez. 10 de julio. Asesinato de Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón, promotoras locales del Cipog-EZ y delegadas del CNI. Fueron levantadas en el crucero de El Jagüey. Sus cuerpos de encontraron en la colonia Corral de Piedra, de Chilapa de Álvarez. 20 de julio de 2019. Comandos

armados de los Ardillos sitiaron la comunidad de Tula. No logran tomar el pueblo. No se reportan muertos, pero sí heridos de bala fuera de peligro. 8 de agosto. Asesinato de Hilario Marcos Tepetitlan. Fue secuestrado en el crucero de Tenipatla. Su cuerpo se encontró en la colonia Corral de Piedra, de Chilapa de Álvarez. 22 de agosto de 2019. Asesinato, en la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, del regidor por el Partido Encuentro Social (PES), Leocadio Hernández Bolaños. Y asesinato de Orencio Bello Sánchez, excandidato a la presidencia municipal de Chilapa por el partido Movimiento Regeneración Nacional. 14 de septiembre. Desaparición de Silvano Ahuejote Morales. Fue secuestrado por integrantes de los Ardillos en Tlacimaltepec. Hasta la fecha se desconoce su paradero.

Paz en las comunidades, violencia en los caminos. La imagen, del centro del pueblo de Acahuehuetlán

asesinado en 2015. Otro de los hermanos Ortega Jiménez es Bernardo, quien es el actual coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del estado.

Por su parte, los indígenas nahuas integrantes del Cipog-EZ en la Montaña baja de Guerrero, para los que se han pedido medidas cautelares, habitan las comunidades nahuas de Xicotlán, Tula Guerrero, Terrero 1, Ahuehuitic, Papaxtla, Acahuehuetlán, Rincón de Chautla, Zacapexco, Buena Vista, Xolotepec, Xulchuchuio, El Paraíso de Tepila, San Jerónimo Palantla, Ahuixtla, El Jagüey, El Paraíso, Tepozonalco, Santa Rosa y Mexcaltepec 1, ubicadas en el municipio de Chilapa de Álvarez; y Xochitempa, Ayahualtempa y Hueycantenango, del municipio José Joaquín Herrera. En estas comunidades confluyen dos proyectos que asumen los principios del Congreso Nacional Indígena: la CRAC-PC-PF y el Cipog-EZ. La pri

mera se enfoca en lo relacionado con la seguridad y la justicia. La segunda, con los procesos políticos para lograr la autodeterminación de los pueblos. Ambas trabajan coordinadas.

El Cipog-EZ se constituyó el 10 de abril de 2008, luego de la disolución de otros movimientos indígenas y campesinos en Guerrero. Señala que retoma las anteriores experiencias organizativas de la entidad, pero hace suyos los principios de Congreso Nacional Indígena.

Papaxtla

Las nubes se tienden sobre las laderas. El rocío pronto hace gotear los techos de lámina de cartón. Árboles, animales y personas están empapados. Pasan de las 21:00 horas y la asamblea de representantes sesiona a la intemperie. Decide si es posible trasladarse a otra comunidad, Montaña

adentro. Necesitan aglutinar un número importante de fuerza para disuadir un posible ataque del narcotráfi co.

La comunidad se encuentra casi al pie de la carretera estatal Tlapa-Chilpancingo, a unos 8 kilómetros de la ciudad de Chilapa. La información recibida a cuentagotas de otras comunidades cercanas es que cada una enviará policías comunitarios sufi cientes para poder hacer el traslado a Acahuehuetlán. Allá se celebrará una asamblea con representantes de las 22 comunidades para iniciar la instalación de un sistema de radiocomunicación, vital para poder coordinar la defensa ante los embates del narco. Regino Santos, delegado municipal y líder de la comunidad de Papaxtla, da instrucciones para que se integre una guardia que cuidará las entradas a la comunidad. Se levanta la asamblea y pacientemente se espera el arribo de más policías comunitarios para iniciar el traslado.

Los representantes encaminan sus pasos a la comisaría, una construcción de cemento rodeada de milpas. Algunos dormitan. Al menos, al interior se está seco y caliente. Se repantigan en las sillas de plástico y cierran los ojos, pero su mano diestra no deja de tocar nunca el arma colocada en una pata de la silla o entre sus piernas. Otros se entretienen platicando en pequeños grupos.

En esta región, las cañas de maíz ya acunan pequeñas mazorcas sin cuajar. La temporada de lluvias entra en su última fase. El maíz está jiloteando. Un viento tenue por momentos agita con suavidad las milpas. El rumor de los tallos y hojas El Cipog-EZ se constituyó el 10 de abril de 2008, luego de la disolución de otros movimientos indígenas y campesinos de Guerrero

Diálogo y asambleas constantes entre policías comunitarios de las 22 comunidades

frotándose arranca miradas y pone alertas a algunos.

Cuenta 25 años de edad y es la autoridad de esta comunidad de Papaxtla. Bigote ralo, ojos negros, rostro moreno afilado, Regino Santos explica que desde que el pueblo constituyó su Policía Comunitaria se acabó la inseguridad al interior de la comunidad. Vivían en la zozobra de ser atacados por la delincuencia en sus propias casas.

Nunca recibieron apoyo de corporación alguna. Por el contrario, la única vez que ingresó la policía a la comunidad causó destrozos y asustó a los niños. En 2015, por error la policía estatal realizó un operativo en la comunidad. Entró a buscar sicarios de Los Ardillos que días antes habían tomado la cabecera de Chilapa. Maltrataron a la población y destruyeron la bodega de pueblo.

Fue un punto de quiebre en la comunidad. Habían pedido seguridad desde hacía tiempo. Y ahora que llegaba la policía era para agredirlos. Decidieron entonces hacer su policía comunitaria y se incorporaron a la CRAC-PC-PF. Y de ahí se integraron al Cipog-EZ.

“Eso hizo que se hiciera más la lucha. Se buscó

Jóvenes,en la primera línea cuando hay enfrentamientos Solidaridad de diversas comunidades con los integrantes de la CRAC-PC-PF que se mantienen en las trincheras

a medios, asambleas, organización.”

Aclara que los comunitarios sólo son para proteger al pueblo. Rehaza que hagan retenes o patrullajes fuera de las comunidades. En esta comundad no han ocurrido enfrentamiento con los sicarios. Los ven pasar por la carretera. Pero no se han enfrentado.

“Mientras al pueblo no lo atoquen, la Policía [Comunitaria] no va a enfrentar a alguien que no conoce […]. Ellos no se meten con nosotros. Y nosotros con nadie nos vamos a meter.”

Sonríe mientras dice que el sistema de radiocomunicación que instalarán las comunidades del Cipog-EZ les permitirá “tener una coordinación para cualquier cosa; un problema que llegara a suceder a cualquier comunidad para nosotros apoyarnos entre equipo. Así evitaremos pérdidas. Por ejemplo si llegaran a atacar, nosotros estaremos en coordinación”.

De pronto los perros se incorporan. Ladran. Se animan. Sus cuerpos no les dan para ser agresivos. Aunque desnutridos, escuchan, varios minutos antes que las personas, el sonido de automotores. En tres camionetas con redilas llega una treintena de integrantes de la Policía Comunitaria que protegerá el traslado. Al frente de ellos, Pedro Ramírez, un hombre curtido, de 54 años edad, comandante de los comunitarios de Acahuehuetlán. Líder y organizador. Respetado en su comunidad y en las otras con presencia del Cipog-EZ y la CRAC-PC-PF. Todos los que llegan saludan de mano a quienes los reciben. El protocolo nahua es estricto. Hay camaradería. Sólo hablan español entrecortado cuando tienen que platicar con los reporteros o con indígenas de comunidades na’saavi o me’phaa con las cuales también tienen coordinación.

Es casi la media noche pero se debe hacer una nueva asamblea para evaluar si las condiciones de INVESTIGACIÓN PORTADA

seguridad son adecuadas. Conferencian sin quitarse la linterna colocada en la cabeza, como si fueran mineros, y con las armas entre las manos. La mayoría usa pasamontañas y no para cubrir su identidad. Hay desde fusiles de asalto AK47, R15 y Uzi hasta pistolas, rifles calibre 22 y escopetas de perdigones. “Pero estas también disparan”, dicen con convicción quienes las portan.

Inicia el traslado, Montaña adentro. Son casi 2 horas de un trayecto siempre tenso, sobre todo en las terracerías y angostas carreteras en disputa. Encontrarse en estos lugares con patrullas de Los Ardillos es muy probable. Hasta el frente, la camioneta con los más jóvenes y mejor armados. La llovizna se convierte en aguacero y por momentos los vehículos patinan por los caminos deslavados. Se avanza por laderas hechas lodo y en la oscuridad. Las comunidades nahuas han tendido un cerco de seguridad en algunos tramos de trayectos para asegurar el paso de la caravana. El convoy cruza dos retenes instalados por las comunidades. En cada uno de ellos es obligado detenerse a saludar de mano a los cuidadores.

Algunos caminos los controlan las comunidades; otros, los narcotraficantes, y otros están en disputa

En otra pare del recorrido, no es posible cuidar el paso y la caravana sólo puede confiar en la suerte de no encontrarse con los sicarios y, dado el caso, superar en número a los narcotraficantes para evitar el enfrentamiento. El temor de una emboscada se disipa al ingresar a la comunidad de Acahuehuetlán. Son las 3 de la madrugada y la estructura de las comunidades organizadas en el Cipog-EZ y la CRAC-PC-PF funciona sin problemas.

Acahuehuetlán

Amanece y los policías comunitarios se concentran en el centro de la comunidad. Jirones de nubes se asientan en esta región de la montaña. Lentamente se levantan mientras avanza la mañana. Llegan delegados de una docena de comunidades. Cada uno, con una guardia de entre siete y 12 policías comunitarios. No pueden andar estos montes sin protección. Todos están amenazados por el narcotráfico.

Se reúnen para impulsar un proyecto que para

ellos es ahora de vida o muerte: instalarán, con apoyo del Concejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena (CNI), un sistema de radiocomunicación para poder coordinar su defensa ante el narcotráfico y para apoyarse en las labores campesinas cotidianas.

La llovizna no cede. Las laderas escurren. A diferencia de la Montaña Alta, la Baja es generosa. Las milpas de esta comunidad ya han espigado. La pixca comenzará en unas semanas. Una variedad incontable de quelites crece en esta temporada. Los guayabos ya tienen frutos aunque aún no maduran. Las vainas rojas cuelgan de árboles de huaje. Las gallinas caminan al frente de sus polluelos.

Pedro Ramírez señala que la Policía Comunitaria no ha buscado enfrentarse directamente al narcotráfico. Surgió para defender a las comunidades. Si los narcotraficantes no se meten con los pueblos, los comunitarios no se meten con ellos. Explica que los enfrentamientos de las comunidades del Cipog-EZ han sido siempre en respuesta a ataques de los sicarios.

Los pueblos se han organizado para cerrar el paso por el territorio comunitario durante las noches

Antes de que se organizaran y recuperaran sus asambleas, las comunidades sufrían la extorsión de los narcos. Andaban los delincuentes en los pueblos invitando a los comisarios a que ingresaran al cártel.

“A mí me ofrecieron dos camionetas y ocho cuernos de chivo […]. No acepté […]. Nosotros aquí como pueblo, como autoridades, hemos cuidado todo eso. Toda esa estrategia la hemos cuidado para que no caigamos en las manos de la delincuencia.”

Tiene la certeza de que si las comunidades no estuvieran organizadas en el Cipog-EZ y la CRAC-PC-PF, los narcos “ya hubieran matado a varios”. Explica que en algunas comunidades impiden paso a maestros, enfermeras y doctores. “Nomás les dicen: ‘Aquí no pasas; regrésate. Y si no lo haces, pa’ la otra vez que te veamos te vamos a levantar’. O sea, sí los están amenazando.” Eso ocurre en la comunidad de Tula Guerrero. Carlos López explica que nadie puede salir si no es por veredas, tratando de evadir los retenes del narcotráfico. El pueblo está en los límites del territorio liberado. Es el primer objetivo de Los Ardillos, quienes intentaron tomar la comunidad el pasado 20 de julio.

“La gente que nos atacó estaba como a 500 metros del pueblo. Permanecen ahí, en el cerro que está frente a la comunidad. Tienen sus trincheras y ahí siguen […]. El gobierno debería de poner orden.

Agrega que por ello no pueden salir. Están a tiro de los delincuentes.

“Venimos sufriendo porque no hemos podido bajar a Chilapa a hacer compras. Las necesidades que tiene la ciudadanía no se pueden [cubrir]. Ahí en el crucero tienen ellos sus trincheras, a un lado del cerro. Ya han levantado a mucha gente. He-

Caminos y veredas vigilados

mos perdido gente de los pueblos, que [los narcos] los levantan, los torturan y los matan. Se los llevan y los van a tirar a’i en la carretera.”

—Cómo sobreviven si no pueden salir de la comunidad –se le pregunta.

—Buscamos la forma, consiguiendo todo el alimento que podamos entre los pueblos. Vamos viendo cómo conseguirlo, porque es alimentación Y todo lo que se utiliza en la casa, en el hogar.

—¿Sí llegan los maestros y los médicos la pueblo?

Por la inseguridad que está en el camino, ya no llegan. Esta semana pasada nos dieron a conocer los maestros en el crucero de El Jagüey [que] los tuvieron como 1 hora. No pasó a mayores pero ya no han venido. Y los niños ahorita están sin clases. En esta temporada del año no hay desnutrición en esta comunidad de Acahuehuetlán. Las familias tienen como dieta diaria huevos (de gallinas o

guajolotas) en chile verde, tortillas de maíz, frijoles y quelites. Lo que desajusta esta alimentación son las grandes cantidades de refresco Coca Cola que todos ingieren: en promedio, 1 litro por persona al día; pero los que ostentan algún cargo (político o religioso) ingieren el doble: todos los acuerdos a los que llegan se sellan con este producto. Los casos de diabetes se multiplican.

Sesiona la asamblea. Se informa que, según determinaciones técnicas, la torre de readiocomunicación debe instalarse en un cerro de otra comunidad: Xolotepec. Como la representación de esta comunidad no llegó a Acahuehuetlán, todos se trasladan a la comunidad elegida.

La caravana de policías comunitarios sale dando tumbos por los caminos terregosos. Están alertas pero se notan más relajados. Por este rumbo los caminos los controlan casi en su totalidad las comunidades.

Se observan trincheras de piedra o de sacos de arena a las orillas de los caminos, en los cruceros y en las entradas a las pueblos. Son defendidas por jóvenes, casi adolescentes, dirigidos por adultos. Saludan al convoy y reportan que no hay novedad; hoy los narcotrafi cantes no han atacado la zona. Se cubren de la lluvia con bolsas de plástico. La caravana sigue adelante con más confi anza.

Xolotepec

Las mujeres aprietan el paso. Descalzas, cabello trenzado, vestido entablillado y colorido, acarrean leña y preparan el tlecuil. Los visitantes llegaron intempestivamente y habrá que preparar comida.

Francisco Álvarez, comisario de esta comunidad, señala que al interior del pueblo no hay

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Las 22 comunidades del Cipog-EZ refrendan su adhesión al Congreso Nacional Indígena y al Concejo Indígena de Gobierno

Mujeres, participación en ascenso

ningún tipo de violencia. Explica que están organizados en el Cipog-EZ y la CRAC-PC-PF precisamente para evitar que los actos violentos lleguen al lugar. Sus problemas más apremiantes son de otra índole.

“Falta escuela, falta clínica. No hay apoyo del ayuntamiento. Nunca recibimos apoyo.”

Agrega que la oficina para la delegación, la comisaría y la comandancia de la Policía Comunitaria se realizó con la cooperación de todo el pueblo. No recibieron nada de recursos públicos.

Al lugar llega una representante de San Jerónimo Palantla, Luisa Vázquez. Viene de manera secreta. Su comunidad está dividida. En el mismo pueblo hay quienes están con la resistencia indígena y quienes están con el narcotráfico. En esta disputa, Luisa ha perdido a sus padres, tíos y una hermana. De hecho, el control del pueblo lo tienen los delincuentes y la resistencia indígena en esa comunidad milita en secreto. Fernando Pérez, de la comunidad Terrero 1, dice que los problemas son muchos; pero han encontrado el camino no sólo para defenderse, sino para

mejorar la situación de todos los nahuas de la región.

“Se ha visto que solamente unidos podremos hacer algo, lograr algo. Es lo que hasta ahorita he conocido. Hemos tenido el valor con la organizacón del Congreso Nacional Indígena. Vamos a seguir creciendo y participando junto con los compañeros. Pensamos que por el proyecto es necesario dar la vida.”

La asamblea decide el lugar de instalación de la antena y discute otros proyectos. Fusiles al hombro, discuten ya sin formalidad temas más allá de la seguridad. Como si sus vidas no estuvieran en riesgo, los temas siguientes tiene que ver con procesos productivos y con la construcción de un gobierno autónomo.

Comisarios y representantes de las 22 comunidades organizadas en el Cipog-EZ no ocultan su entusiasmo al ver materializado un proyecto, el sistema de comunicación comunitaria. Se ponen de acuerdo para erigir la torre y colocar las celdas solares y la repetidora. Cada comisario recibe un radio portátil. El objetivo es que pue-

dan responder con mejor coordinación ante las emergencias.

El costo del proyecto alcanza los 283 mil pesos. Fue financiado por las donaciones que, a solicitud del CNI, realizaron simpatizantes del movimiento indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Las comunidades nahuas de la Montaña baja de Guerrero han solicitado reunión con el gobierno federal. Sólo han sido recibidos por Misael Rojas Mejía, secretario particular de Alejando Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob). La reunión se celebró el 30 de mayo. El representante del gobierno de López Obrador sólo escuchó y dijo que transmitiría la información a sus superiores. La promesa fue que los contactaría. El funcionario nunca se comunicó y no ha respondido a las llamadas de los pobladores. INVESTIGACIÓN PORTADA

El 12 de julio, la vocera del Concejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, canceló la caravana humanitaria que pretendía ingresar a las comunidades de la Montaña baja de Guerrero. Señaló entonces la falta de garantías por parte del Estado mexicano y la ola de violencia que se ha recrudecido en la región.

El sol inica el declive y, en secreto, los visitantes deben salir de la zona. Apenas un reducido grupo de comunitarios, los encargados de sacarlos, sabe la hora y el rumbo.

Niños y niñas menores de 10 años corren descalzos. Ríen y se esconden entre las milpas. Las nubes nunca se levantaron del todo y ya se tienden de nuevo. Por momentos dejan ver las laderas doradas: las cañas de maíz han espigado en esta zona. “Timoitase [adiós]; ma cualli ohtli [buen camino]”, el último intercambio entre los que se quedan y los que se van.

Organización para instalar un sistema de radiocomunicación y refrendar su adherencia al Congreso Nacional Indígena