Patria grande 16 08 by Miradas

Patria Grande AGOSTO DE 2015

EDICIÓN

NÚMERO 7

DIRECCIÓN

SUPLEMENTO DE

GENERAL ARAM AHARONIAN Y CARLOS ALBERTO VILLALBA

LOS RESIDUOS INDIGNANTES DEL

COLONIALISMO

a mayor parte de los territorios

americanos sufrieron procesos de autodeterminación y descolonización a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX. Sin embargo, cada uno con sus particularidades, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca –y de un modo distinto Estados Unidos– mantienen bajo su administración territorios en la región. El territorio más extenso, estratégico y rico en recursos naturales (petróleo, pesca, turba) es el de las Islas Malvinas, ocupadas en 1833. En la lista ﬁguran Puerto Rico, Guayana francesa… y Groenlandia.

Malvinas, modelo británico

Sin interrupciones, desde la usurpación en 1833, la Argentina ha reclamado por la restitución de sus islas en todas las instancias internacionales y bilaterales. En 1965, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 2065, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas,

Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, a la que denominó “Cuestión de las Islas Malvinas”. Esa resolución, que exhorta a la Argentina y a Gran Bretaña a buscar una solución pacíﬁca y duradera al conﬂicto, reconoce, a su vez, que se trata de un caso excepcional al cual no se le debe aplicar el principio de la libre determinación por cuanto, a diferencia de los casos clásicos de colonialismo, no existe un pueblo sojuzgado, sometido o explotado por una potencia colonial, sino que se trata de un territorio ocupado por una potencia extranjera, en violación de la integridad territorial de un Estado. Aunque el Reino Unido actualmente no quiera sentarse a negociar sobre el tema Malvinas, con la excusa de que los habitantes de las islas (ciudadanos británicos) no tienen intención de hacerlo, sí han tenido voluntad de diálogo en otros momentos. La postura británica se fue endureciendo a medida que crecían las expectativas por la explotación

de hidrocarburos en la zona. En esta última década, la posición argentina frente al reclamo histórico se mantiene con ﬁrmeza y ha conseguido ampliar apoyos y respaldos a nivel regional y multilateral (Mercosur, Uanasur, Celac, Movimiento de No Alineados, el G-77, la Cumbre de Países Árabes y de América del Sur, la Cumbre de América del Sur y África y las Cumbres Iberoamericanas), que han reiterado llamados a ambos gobiernos para que reanuden las negociaciones para solucionar la disputa de soberanía. Toda América latina ha rechazado ﬁrmemente las actividades ilegales del Reino Unido en materia militar y aquellas relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, que ha sido uno de los ejes del debate y las disputas en los últimos años. La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, respe-

tando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, es un objetivo que sólo será alcanzado si los argentinos mantienen la unidad detrás de esta política de Estado y avanzan juntos en el camino de la integración regional para darle mayor fortaleza a este reclamo. 17 casos de colonialismo

Una colonia es un territorio dominado y administrado por una potencia extranjera. Según las Naciones Unidas persisten 17 casos de colonialismo en el siglo XXI, diez de los cuales son de Inglaterra. Más de 80 antiguas colonias que comprenden unos 750 millones de personas han obtenido la independencia desde la creación de las Naciones Unidas. En la actualidad, menos de 2 millones de personas viven bajo el dominio colonial en los 17 territorios no autónomos que quedan. Así, el proceso de descolonización no es completo 

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s hora de que nos demos cuenta de que el colonialismo no ha terminado en el mundo y que parte de América latina y África están viviendo las consecuencias de ello. 523 años después de que Cristóbal Colón pusiera sus pies en América, el continente aún está salpicado de territorios que dependen de antiguas potencias coloniales europeas …y estadounidenses. Hoy ,los residuos indignantes del colonialismo se ven en la violencia social y en el racismo, vigentes en muchos de esos países que estuvieron sometidos.

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TERRITORIOS COLONIALES EN NUESTRA AMÉRICA

Territorios británicos

Se puede decir que los conocidos como “territorios británicos de ultramar” son los restos de lo que una vez fue el Imperio británico, enclaves desperdigados por casi todos los rincones del mundo. La mayoría de ellos, sin embargo, se encuentran en América: Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Anguila, Montserrat, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Malvinas e Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Todos estos territorios –excepto las dos últimas islas, que no tienen población estable– están considerados como colonias por el Comité Especial de Naciones Unidas para la Descolonización. Son territorios semiautónomos, pero la reina Isabel II es la jefa de Estado y marca las políticas a seguir en materias de defensa y política exterior. Los británicos supervisan la política exterior, la policía y la seguridad internas, algunos aspectos ﬁnancieros, los servicios públicos y el gobierno. Las Malvinas y las Islas Georgias y Sandwich del Sur son, además, objeto de una larga disputa entre Reino Unido y Argentina, que reclama, con plena justicia, la soberanía sobre ellas. Desde un punto de vista político, estos enclaves son territorios británicos. Sin embargo, no forman parte del Reino Unido, una denominación que en sentido estricto se reﬁere a Gran Bretaña y a Irlanda del Norte. No tienen ejército propio, cancilleres ni representaciones diplomáticas propias en otros países. Estos territorios expiden sus propios pasaportes y sus habitantes son ciudadanos de territorios británicos de ultramar. Sin embargo, desde 2002 tienen derecho a obtener la nacionalidad británica. Territorios franceses

Martinica, Guadaupe y la Guyana Francesa son los principales territorios franceses en América. A los dos primeros, ambos islas del Caribe, llegó Colón en su cuarto y segundo viajes, respectivamente. Estos territorios son departamentos de ultramar y tienen, por tanto, la misma consideración que los departamentos de Francia continental, forman parte de la Unión Europea y en ellos, el euro es la moneda oﬁcial. Esa es la excusa para que no estén en la lista de territorios por descolonizar de la ONU. Martinica y Guadalupe, con alrededor de 400.000 habitantes cada una, comparten características económicas (turismo, caña de azúcar y bananas y dependencia de subsidios franceses) y demográﬁcas, además de un desempleo por encima del 20 por ciento. Guayana, con un tamaño algo mayor al de Panamá y una población de poco

más de 200.000 habitantes, es un territorio cubierto de bosques con una de las menores densidades de población del continente. Allí –en concreto, en la base de Kourou– se encuentra una lanzadera de cohetes de la Agencia Europea del Espacio. Gran parte de los satélites europeos se envían al espacio desde América latina. Además de Guayana, Martinica y Guadalupe, Francia mantiene otros enclaves menores en América: San Pedro y Miquelón, San Martín (compartida con Holanda), San Bartolomé y la Isla Clipperton que, a escasos 20 kilómetros de Terranova y controlado por París desde 1763, es el último resto de las antiguas posesiones francesas en Canadá. Actualmente tiene el estatus de colectividad de ultramar, una división administrativa que otorga a los territorios competencias mayores que las de las regiones de la Francia continental en materia aduanera y ﬁscal. Un estatus similar mantienen las islas caribeñas de San Martín y San Bartolomé. La soberanía sobre Clipperton, isla geoestratégica pero sin habitantes, es reclamada por México. Territorios neerlandeses

El Reino de los Países Bajos está constituido por cuatro “países idependientes”, uno europeo y tres americanos: los Países Bajos, Aruba, Curazao y San Martín. Estos tres últimos territorios se encuentran en el Caribe y constituyen junto con las islas de Saba, Bonaire y San Eustaquio, los últimos territorios vinculados a este país europeo en América. Anteriormente, este conjunto de islas era conocido como Antillas Holandesas. En 1986, Aruba –con 100.000 habitantes– se constituyó como país inde-

pendiente dentro del reino y en 2010 siguieron sus pasos Curazao y San Martín, con una población de 145.000 y 37.000 habitantes, respectivamente. Sin embargo, pese a la consideración de “países independientes”, estos territorios no gozan de independencia plena, y alojan bases militares. El rey Guillermo Alejandro, de los Países Bajos, es el jefe de Estado y –pese a tener autonomía en asuntos internos–, la política exterior y la defensa de Aruba, San Martín y Curazao siguen dependiendo Holanda. Todos los habitantes de los territorios neerlandeses –independientemente de si nacieron en Europa o en el Caribe– tienen un único tipo de pasaporte holandés. El resto de islas neerlandesas en el Caribe (Bonaire, Saba y San Eustaquio) adoptaron, también en 2010, el estatus de municipios especiales dentro de los Países Bajos, por lo cual forman parte integral de ese país y tienen la misma consideración que su territorio europeo. Groenlandia, otra colonia

Es la mayor isla del mundo y el mayor territorio del continente americano bajo soberanía de un Estado europeo. Groenlandia –donde habitan cerca de 60.000 personas y cuyo territorio está cubierto de hielo en un 80%– es un país autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca. En 1814 se convirtió en colonia danesa, pero este estatus se ha ido transformando. En 1953 pasó a ser un territorio danés de ultramar y en 1979 obtuvo su propio parlamento y un autogobierno limitado. En 1983, en un referendo, Groenlandia decidió abandonar el Espacio Económico Europeo. Por esta razón, aunque Dinamarca pertenece a la Unión Europea, la isla no forma parte

de la organización. En 2008, los groenlandeses votaron por aumentar su autonomía. Sin embargo, Dinamarca mantiene el control de la política exterior del país, la seguridad y la política ﬁnanciera y el jefe de Estado del territorio es la reina Margarita II de Dinamarca. Puerto Rico y las Vírgenes de EE.UU.

El Estado libre asociado de Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, un estatus que se aplica a aquellos lugares que están bajo la soberanía estadounidense, pero no forman parte del territorio del país. Los puertorriqueños tienen pasaporte estadounidense, sus soldados combaten bajo la bandera de EE.UU. y la moneda de la isla es el dólar, pero no tienen derecho a elegir al presidente y su único representante en el Congreso carece de voto. Aunque Puerto Rico no está incluido en la lista de Naciones Unidas de territorios sin descolonizar, el Comité Especial de Descolonización ha pedido a Estados Unidos en varias ocasiones que ponga en marcha un “proceso que permita a Puerto Rico el ejercicio pleno del derecho inalienable de autodeterminación en independencia”. Las Islas Vírgenes de Estados Unidos también están consideradas un territorio no incorporado de Estados Unidos. Este archipiélago, en el que viven más de 100.000 personas está incluido en la lista de la ONU de territorios no descolonizados. Y no se debe olvidar la base Guantánamo, territorio estratégico (y lamentablemente hoy sede de un campo de concentración donde se practican torturas contra prisioneros sin juicio) en pleno territorio de Cuba 

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LA ISLA DEL (DES)ENCANTO RICARDO ALARCÓN DE QUESADA

uienes visitan Puerto Rico comprenden por qué la llaman la isla del encanto. Lo palpan en el aire, en la luz, en el paisaje y también en la gente que la habita. Algo muy diferente provoca la dramática situación que vive su pueblo. Porque los puertorriqueños nunca han sido dueños de ese entorno maravilloso ni tampoco de su destino, amarrados bajo el dominio colonial, primero de España y durante los últimos 117 años de Estados Unidos. Washington trató de engañar al mundo disfrazando la colonia con el embeleco de un imaginario Estado libre asociado (ELA), que promovía como una vitrina del Caribe de las bienandanzas que la tutela norteña ofrecía generosamente. La experiencia para los boricuas fue bien diferente. Sus consecuencias sociales, políticas y económicas han encontrado siempre la resistencia popular, muchas veces desconocida fuera de la isla. Tras recorrer un largo camino, el tema llega hoy a una coyuntura definitoria. El ELA fue rechazado por la mayoría absoluta del pueblo puertorriqueño en el plebiscito efectuado allí en noviembre de 2012, que las autoridades estadounidenses ignoran hasta ahora. En los últimos años, la situación se ha complicado, hasta el extremo de que el país no puede pagar sus deudas, la economía continúa decreciendo y urge encontrar una salida a la grave crisis financiera. La asamblea legislativa local aprobó una ley enfilada a buscar una solución, olvidando que ni ella ni ninguna otra institución del ELA posee capacidad soberana. Quienes verdaderamente mandan allá se lo recordaron. El 6 de julio de 2015, la Corte Federal de Apelaciones del primer circuito, ubicada en Boston, Massachusetts, que es la máxima instancia judicial para Puerto Rico, determinó la inconstitucionalidad de esa ley y la anuló subrayando, argumento irrefutable, que es el Congreso federal estadounidense el que tiene plenas fa-

cultades sobre ese país y no la asamblea insular. Hay que agradecer a los jueces del mentado tribunal haber puesto el dedo en la llaga aunque, en rigor, repitieron lo que ya se sabía y lo han sufrido los boricuas por más de un siglo. Sólo que el recordatorio no llega en un momento cualquiera. El estatus colonial fue rechazado categóricamente por la población y ahora se comprueba igualmente que el modelo económico ha fracasado, ya no es viable y quienes lo administran no tienen capacidad legal para enfrentar el desastre. La quiebra de su economía es consecuencia directa del sometimiento a Estados Unidos y cualquier medida, en las condiciones actuales, estaría exclusivamente en manos del gobierno federal. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz, se reﬁrió el 15 de julio a los problemas que afectan a Puerto Rico y de los que el gobierno federal evade su responsabilidad y se abstiene de tomar

decisión. “Su falta de acción en cuanto a las herramientas que nos prohíbe tener y nos niegan, como es la quiebra, lo demuestran… son una serie de instancias en las que Estados Unidos continuamente nos ha faltado el respeto como nación”. Esa actitud, junto con la negativa de excarcelar a Óscar López Rivera, hace afirmar a Carmen Yulin que el estatus de Puerto Rico es insostenible y el país tiene que decir basta ya. Por mucho tiempo, la propaganda estadounidense se empeñó en presentar a Puerto Rico como un modelo para el resto de América latina, con su economía supuestamente floreciente en un país libre, feliz y pacífico. Ocultaba el verdadero rostro del ELA: la destrucción de la economía autóctona, el dominio absoluto de las corporaciones yanquis, el desempleo generalizado, la emigración masiva, el grave deterioro del medio ambiente y la persecución al movimiento patriótico, víctima del acoso y el espionaje del FBI y de otras incontables acciones hostiles, incluyendo asesinatos que han conmovido al país pero siguen totalmente impunes. Hace ya más de 10 años que ese modelo entró en la crisis que ahora alcanza titulares en la gran prensa. Desde entonces, la economía se estanca o retrocede. Luego de saquear sus recursos, no pocos inversionistas se han retirado de la isla; el déficit fiscal no dejó de crecer, y más de la mitad de la población se ha visto forzada a emigrar: quedan en la isla unos 3,7 millones y su diáspora en Estados Unidos se acerca ya a 5 millones, según el censo oficial más reciente. El pueblo, por su parte, ha librado una lucha admirable. Cuando por todas partes avanzaba la ola neoliberal, en Puerto Rico las masas trabajadoras impedían la privatización de servicios pú-

 Más de la mitad de la población se vio forzada a emigrar: quedan en la isla unos 3,7 millones de habitantes y su diáspora en Estados Unidos se acerca ya a los cinco millones.

blicos esenciales. Lograron con su lucha sacar al ejército invasor de Vieques y de otras bases militares; fueron sus estudiantes los primeros que tomaron las universidades y las calles exigiendo que la educación no fuera presa del lucro; soportando la represión que nunca ha cesado y enfrentando al imperio más poderoso, dieron su voto, en noviembre de 2012, rechazando de modo aplastante al régimen colonial. Ahora, mientras los políticos discuten y los grandes emporios mediáticos descubren que Puerto Rico existe, decenas de miles de boricuas más se van, escapan del falaz encanto. No van hacia el paraíso. Los esperan, como siempre, la pobreza y la miseria, pero también la discriminación, el odio racial y el desprecio en los arrabales de New York y Chicago, en las granjas de Florida y en otras partes. Su partida es la prueba irrefutable: la vitrina se cae en pedazos  *Escritor, doctor en filosofía y letras. Fue canciller y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

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EL DESASTRE DE PUERTO RICO NILS CASTRO

mediados del siglo XX, el gobierno de Washington exhibía a Puerto Rico como “la Vitrina del Caribe”, el modelo soñado para los países mesoamericanos, y unos decenios después igualmente lo hicieron los predicadores neoliberales y los apologistas de los TLC. Sin embargo, hace ya un par de décadas la economía de la isla se congeló y desde hace 10 años constituye una catástrofe cuyas crecientes calamidades atormentan el empleo, la alimentación, la seguridad social, la salud, la criminalidad y la estructura demográfica de la población. Ahora, una deuda pública impagable dio pie a que The Economist califique a la isla como “la Grecia del Caribe” y más de la mitad de los puertorriqueños señala que la principal causa del desastre es el estatus político que aquellos pregoneros encomiaban: el Estado Libre Asociado. Por una sentencia que la Corte Suprema estadounidense dictó en 1901 (tres años después de que la armada de su país le quitara esa posesión a España), Puerto Rico “pertenece a” pero “no es parte de” Estados Unidos, y su soberanía corresponde al Congreso norteamericano. En otras palabras, no es un Estado de la Unión sino un “territorio” o, como eso se llama en el resto del mundo, una colonia. Aunque en 1952 Washington le concedió a la isla un estatus que les permite a sus pobladores elegir gobierno local, ellos carecen de soberanía y, por consiguiente, no pueden decidir su propia política económica ni aspirar a auxilios del Banco Mundial, el BID, la CAF ni otras agencias multilaterales. Porque Puerto Rico no puede siquiera decidir qué barcos autoriza a atracar en sus muelles. Durante más de medio siglo, la isla tuvo interés geoestratégico y albergó bases de la armada estadounidense. Aunque la ocupación norteamericana implantó un modelo de urbanización y de economía que arrasaron la agricultura que antes la sostuvo, el valor militar de su ubicación geográfica justificaba los subsidios que eso costaba. Pero desde los años ’80 del siglo pasado ese valor decayó, mientras la resistencia puertorriqueña a las bases militares crecía, y desde hace más de 10 años, en Puerto Rico ya no queda ninguna. No obstante, el gasto en subsidios prosigue. Dado que el control norteamericano quebró la economía puertorriqueña y la hizo insostenible, ahora el Tesoro federal estadounidense eroga más de US$ 6.000 millones anuales en asistencia a sus pobladores en empleo, nutrición, vivienda, salud y educación. Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., en 2012 el 37% de los puertorriqueños residentes en la isla recibió asistencia alimentaria, por un total de US$ 2.000 millones. Sin contar que, por efecto del estatus colonial, ellos pueden emigrar libremente a Estados Unidos, lo que disfraza las cifras tanto de los subsidios federales como de las víctimas de la crisis que azota a Puerto Rico.

La crisis se acelera

¿Por qué en el último decenio esa crisis se agravó con tanta rapidez? A mediados del siglo pasado, la ocupación estadounidense implantó el estilo de urbanización típico de las afueras de las ciudades norteamericanas y dirigió la economía puertorriqueña, mediante subsidios, hacia la industria ligera, la química, la electrónica y los servicios, con ruinosas consecuencias para la agricultura y sus derivados. Pero en los años ’70 la crisis petrolera mundial hizo fracasar la reﬁnería construida en la isla y los negocios asociados a ella. Washington apeló, entonces, a legislar incentivos ﬁscales que atrajeran industrias farmacéuticas a Puerto Rico. Sin embargo, desde los años ’90 Estados Unidos procuró tratados de libre comercio con países del continente, y al cabo México, República Dominicana y Centroamérica pasaron a ser más atractivos para fabricar manufacturas destinadas al mercado norteamericano. Para colmo, en 2006 concluyeron los incentivos para mantener compañías farmacéuticas en la isla y un creciente número de ellas abandonó el país, disparando una mayor crisis del empleo. La cesantía rápidamente sobrepasó el 13%, más del doble que en Estados Unidos. Por ese tipo de motivos, miles de centroamericanos y mexicanos intentan cada año migrar al Norte y Estados Unidos se los obstaculiza por medio de los cuerpos de seguridad de sus propios países y de la “migra” norteamericana, y deporta a gran parte de quienes logran cruzar. Si bien entre los puertorriqueños la crisis provoca la misma tendencia, ellos arriban con pasaporte estadounidense y las autoridades de la

 El 40 por ciento de las familias que sigue en la isla está bajo la línea de la pobreza y el 42 por ciento de quienes se van lo hacen en busca del empleo que no consiguen allí.

potencia colonial no tienen más remedio que dejarlos entrar. Por esa vía, en los últimos años Puerto Rico perdió 144.000 habitantes, una caída cercana al 3% de su gente. El 40% de las familias que sigue en la isla está bajo la línea de la pobreza y el 42% de quienes se van, lo hacen en busca de empleo. Esto no implica que esos migrantes consiguen mejor vida. La mayor parte que ahora va más a la Florida central que a la saturada Nueva York pasa a sobrevivir con dramáticas carencias. Entre diﬁcultades para superar la barrera del idioma y los prejuicios raciales, se hacinan en albergues temporales y demoran en retener empleos marginales,

en un país agobiado por su propia crisis. Dicha sangría incluye tanto a profesionales y técnicos como a trabajadores no caliﬁcados; hace envejecer la edad promedio de la población isleña, reduce la población productiva y agrega daños adicionales a la economía. Al disminuir la población activa, contrae la demanda, achica la oferta de trabajo y los salarios, y al cabo, más gente se va. Ahora, en la isla quedan 3,7 millones de habitantes y en Estados Unidos hay 4,7 millones de puertorriqueños. Se calcula que entre 2006 y 2011, una cuarta parte del PIB se perdió en este éxodo. En el corto plazo, uno de sus efectos

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es la crisis fiscal y presupuestaria que ya quiebra al gobierno isleño y amenaza la gobernabilidad del país. A cuenta de las facilidades que antes el estatus de “territorio” le permitió a los gobiernos locales, estos se endeudaron mucho más de lo admisible. Y ahora, bajo la presión de los acreedores, al no ser un país independiente, Puerto Rico carece de los medios que una nación soberana usaría para enfrentar el problema. Y al tampoco ser un Estado de la Unión, está impedida de solicitar las ayudas que la legislación norteamericana prevé para las entidades que sí forman parte de su federación. Según el Centro para una Nueva Economía (CNE), entidad independiente puertorriqueña, en 2013 la deuda del país ya ascendía a 19.000 dólares por habitante, en total, un 102% del PIB, y no se corresponde con lo que la isla produce. Puerto Rico es estructuralmente insolvente. Su debacle presupuestaria viene de que por más de 20 años nunca generó ingresos suficientes para pagar sus gastos de operación, y en su lugar tomaba préstamos del mercado de bonos, donde multiplicó su endeudamiento hasta llegar al punto donde ya carece de crédito. Hoy, el gobierno local declara que su deuda es impagable, padece una insuficiencia fiscal que monta US$ 2.400 millones y, a la vez, está impedido de recurrir a nuevos préstamos en términos “normales”, puesto que no tiene cómo amortizar una deuda de casi US$ 73.000 millones con los bonistas de Wall Street. Ello, sin contar que esa insuficiencia no incluye los US$ 400 millones que faltan en cuentas atrasadas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), ni los US$ 500 millones que el gobierno adeuda a los contribuyentes que han tributado en exceso. Cuando en marzo pasado, el gobierno local intentaba armar su presupuesto de ingresos y gastos para el año 2015/ 16 ya había un déficit estructural de US$ 651 millones. Como el nuevo presupuesto costará unos US$ 9.800 millones, concretarlo va a imponer dolorosos recortes. En Puerto Rico, varios servicios son prestados por empresas estatales y el gobierno intenta armar un presupuesto que minimice el despido de empleados públicos. Pero no es capaz de idear una reforma tributaria aceptable y su única propuesta ha sido aumentar el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), que buscó elevar del 7 al 16% y extenderlo a servicios que antes no tributaban, opción electoralmente peligrosa que no logró el apoyo ni de los legisladores del partido gobernante. Al cabo transó por un 11,5%, anunciando que buscará añadir un Impuesto al Valor Agregado (IVA), que el Congreso ya antes ha rechazado. La senadora independentista María de Lourdes Santiago denunció que el incremento del IVU es un golpe adicional a los trabajadores y a los pobres, en “uno de los países que exhibe una de las mayores brechas de desigualdad en el planeta”. Pero, lejos de ocuparse de mitigarla, el gobierno agota sus pocas facultades buscando “cuadrar” las cuentas entre ingresos fiscales y gastos corrientes, sin siquiera imaginar por sí mismo otra política económica 

SITIADOS POR EL ESTATUS uerto Rico continúa perdiendo seP guridad alimentaria y se encamina a una crisis de la atención sanitaria. Luego de que desde los años ’50 relegó la agricultura, importa el 87% de los alimentos de consumo diario. Un reportaje del periódico El Nuevo Día el 24 de septiembre de 2014 informó que el déficit de la seguridad alimentaria se debe a que “no estamos organizados como país”, y que “si nos cierran los muelles, nos morimos de hambre”. Esto alude a que, desde 1920, el Congreso norteamericano sometió a la isla a las leyes de cabotaje de Estados Unidos, por lo cual ella sólo puede utilizar buques de fabricación, propiedad y tripulación norteamericanas, la flota más cara del mundo. Además de las restricciones que eso le impone a la viabilidad de su economía, le impide a la isla adquirir alimentos frescos. Al propio tiempo, según el mismo diario relató el 20 de mayo de 2015, la situación fiscal hace disminuir el número de pacientes que acuden a los hospitales, por la reducción de los proveedores de servicios e insumos médicos. Se paralizan las cirugías electivas por los problemas económicos del Plan de Salud del Gobierno. Distintos servicios hospitalarios se interrumpen por el despido de empleados y la sobrecarga de los que quedan para atender a los pacientes. Y se reduce la contratación de especialistas, así como las autorizaciones de hospitalización y de cirugías. Como el ex gobernador Aníbal Acevedo lo reflejó en unas amargas declaraciones el pasado 24 de junio, mientras Puerto Rico le produjo azúcar y soldados, y mientras ofrecía sus tierras para entrenamiento militar y una economía abierta donde sus empresas prosperaron, Estados Unidos le dijo al mundo que trabajaba junto a la isla; pero ahora que Puerto Rico ha quedado en una profunda crisis que amenaza sus servicios esenciales, Washington se pone a distancia. Todo eso descarta al viejo cliché de la ideología colonialista según la cual “si no fuera por los americanos aquí estaríamos como en Santo Domingo”. De hecho, pese a sus conocidas dificultades, hoy la economía dominicana anda mejor que la puertorriqueña. En

otras palabras, el gobierno de Puerto Rico está atrapado sin salida, en tanto tiene las manos atadas por el mismo problema que paraliza y agobia a las demás instancias de la economía y la sociedad del país: el dominio colonial que Washington ejerce en la isla desde 1898. Aunque el Estado Libre Asociado (ELA) le permite una limitada administración interna, el gobierno puertorriqueño no está autorizado ni para declararse en bancarrota. Sin capacidad para concebir otra cosa, el gobierno contrató a una ex jefa de economistas del Banco Mundial, Anne Krugger, para que establezca la hoja de ruta que saque al país del atascadero. El informe Krugger empezó por reconocer que el problema no viene del flujo de efectivo sino del largo atasco del crecimiento, pero de allí derivó el conocido paquete neoliberal de recomendaciones, que enseguida despertó el rechazo de sus víctimas. Entre otras cosas demandó rebajar el salario mínimo, exigir más horas de labor para pagar horas extras, eliminar el Bono de Navidad, disminuir a la mitad las vacaciones pagadas, alargar el período de prueba de nuevos trabajadores (hasta ahora de seis meses) a dos años, facilitar el despido de trabajadores sin consecuencias para el patrono, elevar diversos impuestos, eliminar las amnistías contributivas, cesar parte de los maestros de la enseñanza pública y reducir el salario de los restantes (ya que al disminuir la población bajó la matrícula), recortarle el subsidio a la Universidad de Puerto Rico, etc. Inmediatamente, la Unión General de Trabajadores (UGT) denunció que tales políticas no figuran en el plan de gobierno por el que se votó en las pasadas elecciones, ni en el plan de ningún otro partido, y reclamó que las medidas que el grupo de trabajo designado por el gobierno decida adoptar se sometan a referendo, para que el pueblo decida si las avala o repudia. Con lo cual crece una perspectiva similar a la de Grecia, ya no por el volumen de la deuda sino por el rechazo de la población a los nuevos sacrificios que el gobierno pretenda imponerle para apaciguar a los acreedores.

Por lo contrario, ¿qué alternativas pudieran implementarse si Puerto Rico no estuviera sometida al estatus colonial, para poder volverse una economía sostenible y con adecuadas perspectivas de crecimiento y desarrollo? De hecho, la isla dispone de buenas infraestructuras carreteras, tendido eléctrico y de comunicaciones, acueductos y drenajes, instalaciones escolares y hospitalarias, puerto y aeropuerto, pero carece de permiso para gestionarlas en su propio interés. Como hemos dicho, para financiar un mejor aprovechamiento de esas facilidades, bajo esa camisa de fuerza el país no puede negociar apoyos de la banca multilateral de desarrollo, como las demás naciones latinoamericanas y caribeñas. Tampoco puede solicitar la colaboración de los organismos internacionales apropiados para reanimar la actividad agropecuaria y agroindustrial y mejorar la producción alimentaria, o para reanimar la industria ligera y el turismo, como la FAO, el PNUD, la Onudi y la OMT. Ni de los organismos regionales de integración y cooperación, ya que en las condiciones de ese estatus, Puerto Rico no pude ser miembro pleno ni asociado del Caricom, de la Asociación de Estados del Caribe, ni de Petrocaribe, como sus vecinas Jamaica y República Dominicana. Como tampoco serlo de la Celac y ni aun de la OEA. Pese a estar en medio del Caribe, la isla no ha podido desarrollarse como centro de enlaces y servicios marítimos regionales, al encontrarse reducida a ser cliente menor de la marina norteamericana de cabotaje. Sitiada por el ELA, tampoco puede reorganizar en su propio interés sus relaciones económicas, comerciales y financieras con Estados Unidos a través de la negociación de un tratado comercial, como los países centroamericanos y la mayor parte de los estados ribereños de la cuenca del Caribe. Ni decidir su esquema de relaciones con los países europeos o del Pacífico asiático. En resumen, Puerto Rico es una nación aislada e inmovilizada por su estatus territorial, que la mantiene al margen tanto de los flujos de la cooperación y la solidaridad regionales como de la competitividad global 

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IMPEDIDO DE NADAR, SIN PERMISO PARA HUNDIRSE JOSÉ BAUTISTA público.es

a deuda asfixia la economía de Puerto Rico, bajo control de Estados Unidos desde 1898, ante la mirada impotente del gobierno local, maniatado por un estatus colonial que incluso le impide declararse en bancarrota. El lunes 3 de agosto del 2015 entró en cese de pagos de la deuda, cuatro semanas después que lo hiciera Grecia, el 1 de julio. Puerto Rico debe 72.200 millones de dólares, equivalente al 105% de su PIB y algo menos que los 86.000 que podría costar el tercer rescate a Grecia. Su constitución, diseñada bajo la atenta mirada de Estados Unidos, es una camisa de fuerza que prioriza el pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto. Esta particularidad representa un serio riesgo en un territorio que importa el 87% de los alimentos que consume y que lleva nueve años en recesión. El gobernador Alejandro García Padilla declaró que “la deuda es impagable, no hay más opción (…) no se trata de política, sino de matemáticas”. Desde febrero Moody’s, Standard&Poor’s y otras agencias del cartel de calificadoras mantienen la deuda de la isla en la categoría de bono basura. La economía puertorriqueña no puede seguir nadando pero no tiene permiso para ahogarse. Las turbulencias de 2008 la golpearon en el peor momento y, al igual que en Grecia, siguen erosionando sus ya de por sí débiles indicadores sociales y económicos. Los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y sus vecinos desplazaron la industria de Puerto Rico hacia República Dominicana, México y otros países de la región, elevando el desempleo hasta el 13%, más del doble que en la metrópoli. La isla se aprieta el cinturón pero mantiene un déficit estructural del 3,5%. Al igual que en Grecia, las políticas de austeridad aceleraron el éxodo en la isla caribeña. Entre 2010 y 2013 unos 144.000 puertorriqueños emigraron a Estados Unidos, donde esta comunidad ya asciende a

FRANCISCO CATALÁ OLIVERAS*

s un contrasentido plantear la resucitación o la autopsia de algo inexistente. La existencia del Estado Libre Asociado –que no es Estado ni libre ni asociado– siempre ha estado en entredicho. José Trías Monge, al analizar las “penas de la colonia más antigua del mundo”, se refiere al proceso que culminó con la proclamación del ELA el 25 de julio de 1952, como “horrorosa ordalía y de un récord vergonzoso”. Real o mítico, existe como fenómeno político. Después de todo, la falsificación de la realidad, la demagogia y la mentira forman parte de los procesos políticos. Pero, más allá de todo esto, es evidente que en todo marco colonial se dan cambios institucionales, sociales y económicos. El ELA no alteró el estatus colonial de Puerto Rico. En el campo económico se ha dado un proceso análogo al de la dimensión política: pérdida progresiva de control. Se ha configurado un enclave de inversión directa externa que se caracteriza por las ventajas tri-

4,7 millones de personas, mientras que sólo 3,6 millones siguen en la isla. Se calcula que entre 2006 y 2011 la emigración arrebató el equivalente a un cuarto del PIB de Puerto Rico. El 45% de las familias que permanecen en la isla vive bajo el umbral de la pobreza. La deuda “Una primera alternativa sería declarar una moratoria de pago unilateral que permita auditar la deuda (…), las deudas maliciosas deben declararse nulas y las demás deben ser renegociadas”, explica Frederick Cortés, puertorriqueño y militante de la Federación de Estudiantes de Trabajo Social. Cortés también denuncia el drama de los más de 8.000 desahucios de los dos últimos años, la profunda precarización laboral y la salvaje privatización del sistema sanitario. Puerto Rico no puede acogerse a la Ley de Quiebras de Estados Unidos, por lo que sus empresas públicas no pueden reestructurar el pago de la deuda.

Tras varios golpes contra la pared de una soberanía limitada, el gobierno puertorriqueño contrató a Anne Krugger para salir del atolladero. La ex dirigente del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional elaboró un recetario de lo más original: eliminar el salario mínimo de 5,08 dólares por hora, facilitar los despidos, subir los impuestos al consumo, recortar subsidios sanitarios y educativos, despedir profesores y otras perlas con sabor a troika. La más pequeña de las Antillas españolas no está autorizada a negociar ayuda con los organismos financieros internacionales, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo. Tampoco puede pedir ayuda a instituciones como la FAO o el PNUD ni entrar en organismos regionales como la Celac, Petrocaribe o la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, el gobierno local sí puede cambiar la ley para transformar la isla en paraíso fiscal. De hecho, ya lo ha hecho: 0% de impuestos sobre dividendos y ganancias de capital para atraer a millonarios. Tal y como sucede a Grecia con el euro, Puerto Rico no puede devaluar el dólar. Desde Washington hacen oídos sordos a los problemas de su colonia caribeña, destino playero de mojitos baratos y cuna de estrellas del pop. Muchos analistas ven en este desaire el miedo del Congreso estadounidense a que un impago de la isla dispare el precio de financiación de ciudades en bancarrota como Detroit. Otro factor clave está en el lado de los acreedores: la deuda de Puerto Rico está en manos de fondos de inversión estadounidenses. Cortés recuerda que el Comité Asesor para la Rees Los guiños de Grecia a Rusia y China pusieron presión del lado de los acreedores. Puerto Rico no tiene permiso para coquetear en la arena geopolítica y, para más inri, las tensiones de la Guerra Fría se han diluido en el Caribe y Cuba ya tiene embajada en Washington. Tal y como dijo el puertorriqueño Rubén Berríos, histórico líder independentista, “si el colonialismo es el problema, no puede ser la solución” 

REPENSAR EL FUTURO butarias, la repatriación de ganancias y la desproporción en la distribución funcional del ingreso entre propietarios y trabajadores. Del total de la riqueza o de activos en Puerto Rico la fracción que pertenecía a los residentes del país (gobierno, empresas y personas) se redujo de 81 por ciento en 1950 al 59 en 1960, 38 en 1970 y 19 por ciento en 1984. Ahora debe ser aún más bajo. El patrimonio nacional neto (excluyendo el valor de las tierras y del capital humano) es relativamente cada vez más modesto, lo que signiﬁca que la propiedad y el control del grueso de los activos productivos radicados en Puerto Rico están fuera del país. En el siglo XXI la emigración masiva ha reaparecido con mayor intensidad. La población total acusa reducción y la pirámide demográﬁca se ha invertido. Para colmo de contradicciones, aunque resulte inconcebible, los rendimientos de capital (ganancias, dividendos e intereses) remitidos al exterior sumaron 36.052,2

millones de dólares en 2014. De tal suma se atribuyen a ganancias de inversiones directas 30.535,7 millones. Esto reﬂeja una mezcla perversa de exenciones tributarias y precios de transferencia que podrá resultar funcional para el enclave pero no para el desarrollo sostenido y sustentable del país. Hay quienes quieren cambiar los parámetros de la discusión pública. Tal vez deberían analizarse las posibilidades de una gran industria de procesamiento de alimentos, montada en la importación de materia prima y en la rehabilitación del sector agrícola local, orientada tanto a la exportación como a la tan necesaria seguridad alimentaria. Ante la contracción de la industria farmacéutica podría ser tema de discusión la transición hacia una industria farmacéutica especializada en genéricos, compuesta de capital local ajustado a márgenes de ganancia menos ambiciosos que los que caracterizan a las grandes multinacionales. O, quizás, podrían

explorarse nuevos rumbos para el turismo, vinculándolo más estrechamente al desarrollo de actividades artísticas y de entretenimiento y enlazándolo con el turismo más amplio del Caribe. Lo grave es que, mientras tanto, la sociedad puertorriqueña se desmorona  *Economista y directivo del periódico Claridad

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LA GUAYANA: UN “PRESENTE” FRANCÉS EN TERRITORIO CONTINENTAL SURAMERICANO

abía usted que Brasil y Surinam limitan con Francia en la costa atlántica de América del Sur? Concretamente, con uno de los 27 Departamentos o Regiones en que se divide el territorio de la República constitucional gala. ¿Y sabía también que el máximo responsable de ese Departamento es un Prefecto designado a dedo por el presidente francés? ¿Y que el euro es la moneda de curso legal y que, además, institucionalmente se lo reconoce como Región Ultraperiférica de la Unión Europea, integrando con Ceuta y Melilla los tres únicos asentamientos “europeos” no insulares? Y que todo sucede en nuestra América del Sur, y allí se concentra la base militar extranjera más importante de la región, mayor aún que la concentración de poderío castrense británico de la OTAN en las Malvinas. Estamos hablando del enclave colonial francés de la Guayana, Guyane Française para los galos, Guayana Libre para los representantes de organizaciones sociales nativas. Con una superﬁcie casi tres veces mayor que la provincia de Tucumán, la Guayana encierra en sus 90.000 kilómetros cuadrados una población de menos de 300.000 habitantes de las más variada procedencia: europeos acomodados, afroestadounidenses desplazados, vietnamitas, chinos, brasileños y surinameses conviven bajo una institucionalidad “democrática” que encubre en realidad el más burdo y perimido colonialismo.

Un poco de historia

Hugonotes franceses desembarcaron en el siglo XVI al norte de Brasil considerado por entonces territorio portugués, según la Bula Papal de Alejandro VI. La hostilidad de los nativos arawaks y caribes, la ﬁebre amarilla y otras desconocidas (para los invasores) epidemias tropicales, los obligaron a dejar el territorio continental y refugiarse en las llamadas Islas de la Salvación (Illes de la Salut), conocidas también como las Islas del Triángulo por su disposición frente a la Guayana. Una de esas “salvíﬁcas islas” será conocida con el correr de los años como la Isla del Diablo, aquella sobre la cual René

Belbenoit, un joven ladrón condenado por tres hurtos, pasó una vida entera sobreviviendo al más cruel e inhumano de los tratos carcelarios. Papillón, una obra literaria de época llevada a la pantalla grande, denuncia aquel frío y metódico terror carcelario que los franceses aplicaban con absoluta naturalidad en todas sus colonias. En otra de las islas, la Real, opera la base de radares más importante de la región. En 1968 se instaló allí un sistema de seguimiento y observación óptica de lanzadores, sustituido en 1995 por un cinetelescopio gigante. Al cabo de un tiempo, después de algunos intercambios poco amistosos con aventureros ingleses y holandeses, y tras vencer la resistencia de los pueblos nativos, los franceses se reinstalaron en el continente. Transcurridos casi 400 años, el balance no puede ser más desolador. Los pueblos nativos fueron prácticamente exterminados y sus escasos descendientes habitan hoy las zonas selváticas junto con inmigrantes africanos y asiáticos trasladados a la Guayana desde otras colonias francesas. La economía es absolutamente dependiente de los fondos estructurales de la Unión Europea. El desempleo es crónico y superior a un 50% de su población activa. Los artículos de primera necesidad, incluyendo frutas y verduras, se importan de Francia, y se fomenta por parte de las autoridades un aislamiento deliberado de toda relación con otros países suramericanos. La lengua oﬁcial es el francés, aunque se habla preponderantemente el creole, un dialecto propio de las Antillas. El 90 % de su territorio está cubierto por un denso e inaccesible bosque tropical. Carece totalmente de carreteras y la población que lo habita se desplaza en piraguas aprovechando los caudalosos ríos que lo atraviesan. La minería informal e ilegal –“al por menor”– es una auténtica plaga que afecta en particular a los habitantes del Alto Maroní. Cientos de mineros ilegales (garimpeiros) procedentes de Surinam y de Brasil en busca de oro, contaminan con mercurio las aguas de sus ríos causan-

do una elevada mortandad y un daño irreparable al medio ambiente. Según la Organización Mundial de la Salud, los nativos de la zona se encuentran entre las poblaciones más afectadas por el mercurio y el cianuro, y más del 25% de sus niños sufren serios daños neurológicos. Sólo la carretera del Atlántico recorre con cierta pulcritud una larga costa marítima cubierta en gran parte por densos manglares que diﬁcultan el uso de sus playas. Un 10% de su población reconoce su origen europeo y se radica en alguna de las tres ciudades principales. Cayena es la capital del departamento y la primera ciudad en importancia. Entre Cayena y Saint Laurent de Maroní, antiguo campo de concentración y escala obligada de los prisioneros con destino a la Isla del Diablo, se encuentra Kourou, ciudad poco destacable si no fuera porque en sus suburbios se instala el Puerto Espacial Guayanés ó CSG, Centre Spatial Guayanais, su nombre oﬁcial. La base

El Puerto Espacial Guayanés ocupa casi 1.200 kilómetros cuadrados en un emplazamiento geográﬁco ideal para el lanzamiento de artefactos aeroespaciales, dada su proximidad a la línea del Ecuador. Su construcción data de 1964, aunque en realidad se trata de una experimento espacial francés iniciado en los años cincuenta en el desierto del Sahara, territorio de una Argelia ocupada por tropas galas. Liberada Argelia de los franceses en 1962, el entonces presidente francés Charles De Gaulle decidió trasladar la base a la Guayana colonial y emplazarla a 10 kilómetros de la ciudad de Kourou. Así nació el PEG, sede de por lo menos cuatro importantes plataformas de lanzamiento, entre otros, de los satélites Airane y Vega de la Unión Europea y Soyuz de Rusia. Desde allí también se controla el estratégico satélite militar Galileo. La Legión Extranjera Francesa, cuerpo militar de nefasta memoria para mexicanos, argelinos, vietnamitas, chinos y otros pueblos sojuzgados, es el encargado de custodiar –junto a destacamentos menores de la Policía Militar– el

Puerto Espacial Guayanés. Se calcula en no menos de diez mil a los uniformados en la base. O sea, tropas extrarregionales, miles de militares franceses bien pertrechados se desempeñan en pleno territorio continental suramericano. Hacia la independencia

Los minoritarios partidos políticos de Guayana son meras extensiones administrativas de los partidos de la metrópoli, de Francia. Se trata de una democracia colonial, un apartheid simulado, sólo un enclave colonial/militar instalado en el corazón de nuestra Isla del Sur. Cuando en Nuestra América se constituyen los Estados nacionales, en la Guayana se instalaba un gigantesco campo de concentración en Saint Laurent de Maroní, clausurado recién en pleno siglo XX. Pero hoy la situación empieza a cambiar: numerosas –aunque todavía minoritarias– organizaciones sociales y políticas se activan y rechazan con vehemencia el presente colonial que les niega su cultura, su identidad y el ejercicio pleno de sus derechos políticos y sociales. En una reciente visita a Argentina, dirigentes independentistas de Guayana denunciaron que Francia ha instalado una estación de radares para espiar a Venezuela, Brasil y otros vecinos. El militante y poeta político guayanés Pierre Carpentier destacó que Francia ha instalado 60 radares en la base militar de Fregate en la ciudad de Kourou, desde donde intercepta las comunicaciones. “También operan aviones drones desde su estación de radares y escuchas desde Fregate”, indicó. Carpentier aseguró que el gobierno francés se ha esforzado en mantener a su enclave colonial en un virtual aislamiento con el resto de América latina y desalienta el turismo y las conexiones aéreas con sus vecinos. Los territorios coloniales de Malvinas y Guayana son ricos en recursos hidrocarburíferos y minerales estratégicos, como también base de operaciones para las fuerzas que integran la OTAN. Ambos fueron declarados territorios de ultramar de sus metrópolis coloniales, convalidados por la Unión Europea en su proyecto constitucional 

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GUAYANA EN AMÉRICA LATINA

MARIE-CLAIRE NEWTON. PIERRE CARPENTIER, SERVAIS ALPHONSINE, RAYMOND CHARLOTTE

diferencia de América latina y el Caribe que, a través de las urnas han creado democráticamente estructuras geopolíticas, económicas, ﬁnancieras, educativas y culturales, la Guayana Francesa es un corredor militar francés y europeo, cuestionado por las numerosas violaciones internacionales perpetradas contra su pueblo. Entre ellas, el supuesto referéndum del 10 y 24 de enero de 2010, que no fue tal, ya que fue diseñado por el entonces presidente galo Nicolas Sarkozy y rechazado por el 71% de los votantes registrados (tasa de abstención). Los ríos Oyapock, hacia Brasil, y Maroni, hacia Surinam, son los límites naturales de navegación, y debido a la ausencia estructural de desarrollo, el país parece ser el más empobrecido de la región. Múltiples recursos: fósiles, pesqueros, de hidrocarburos, mineros (oro, plomo, manganeso, uranio, bauxita, aluminio, caolín, diamantes...), la madera, la biodiversidad, el medio ambiente amazónico, son saqueados por los consorcios multinacionales que gozan, por parte del Estado francés, de derechos de acceso reservados para la explotación, para patentar lo viviente y para la biopiratería. El escritor martiniqués Edouard Glissant, en su análisis señaló las distorsiones que existen entre la realidad de un sistema democrático y la apariencia del mismo sistema político. La llamada democracia en la Guayana Francesa se reduce a una no legitimidad de su electorado, por la condición estatutaria obsoleta. El 18 de septiembre de 2009 se remitió una solicitud dirigida al Presidente del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, para registrar la Guayana Francesa en la lista de países por descolonizar. Los independentistas están dispuestos a utilizar todos los recursos legales –e incluso, los que para la potencia administradora son ilegales–, para que la voz de Guayana se oiga ante la ONU, la OEA, Caricom, el ALBA, Mercosur, Unasur, Celac y el Consejo Mundial de la Paz. Enfrentada a los extravíos de Naciones Unidas y la obstinación hegemónica de Francia, la Guayana Francesa, emancipada o no, sigue siendo desposeída de su memoria y su patrimonio.

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Por su posición geográfica, la Guayana Francesa es utilizada como base de avanzada para todas las operaciones internacionales de desestabilización de gobiernos legítimos: el 29 de febrero de 2004, la intervención en Haití; el 9 de julio de 2008, un avión espía Hércules C 130 quedó inmovilizado en Manaos después de violar el espacio aéreo brasileño en el marco de la Operación “14 de julio”, cuya misión era la liberación de Ingrid Betancourt en territorio colombiano; uso del territorio como zona de expedición armada contra el gobierno de turno de Surinam, desde 1982. El radar de Troubiran y el Centro Espacial de Guayana (CSG) permiten la observación de todos los países de la región con el fin de controlar eventuales revueltas. Con la llegada del satélite militar Galileo, Francia cuenta con 40.000 hombres, barbouzes (agentes no oficiales), jubilados en actividad bajo el comando del Estado Mayor de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia destacados en Guayana, en capacidad de intervenir contra independentistas guayaneses, y los pueblos o gobiernos solidarios en lucha contra todas las formas del imperialismo en el continente. El Presidente de Francia tiene el poder de decisión para utilizar esta arma temible. La colaboración de gestión neocolonial Francia-EE.UU. (presencia militar estadounidense en Colombia) debilita los movimientos sociales y populares en ese país abocados a la búsqueda de la paz. Por una metanación

La relación exclusiva entre Francia y Guayana, debido al colonialismo, signiﬁca la exclusión sistemática de Guayana de los asuntos de su continente: en el sector agrícola, el ganado es de origen cebú italiano, y los toros son importados de Francia, con prohibición de importar desde Brasil; el oro extraído es procesado en Francia y de allí regresa a las joyerías guayanesas; los intercambios comerciales y culturales se facilitan con Europa, pero se entraban en los trámites burocráticos y diplomáticos cuando se trata de circular en el continente. Las autoridades electas por el pueblo guayanés no tienen ningún poder frente a la cooperación interregional; allí también es el Estado francés el que decide para sus instituciones, según los intereses franco-europeos. En cambio, Guayana le sirve a Francia como

medio para infiltrarse e influir en las reuniones internacionales que se celebran en la zona: Surinam, miembro de la OEA, de Unasur, de Carcicom y de la OTCA, reconoce oficialmente a Guayana como un departamento francés, como garantía de buenas relaciones de vecindad metafísica. Si bien Surinam suministra bananos a Francia, en cambio, los productos de primera necesidad como arroz, azúcar, plátanos, que envía a Guayana Francesa son destruidos por los servicios de aduanas y fitosanitarios, incluso cuando los minoristas presentan correctamente los documentos administrativos. Estos actos atroces de vandalismo tienen el efecto de obligar a los guayaneses a consumir azúcar de remolacha, arroz de Camarga (Francia), bananos de Martinica; se limita la posibilidad de comprar útiles escolares a precios más bajos, mientras que los proveedores de servicios los importan de Francia a precios prohibitivos. La relación guayano-surinamés choca contra los obstáculos inherentes a la colonización. Los países occidentales siguen interfiriendo, desde Guayana, en los asuntos surinameses, mientras que la diplomacia surinamesa de la no injerencia en los asuntos de la Guayana parece pragmática. El proyecto de un puente transfronterizo Guayana-Surinam, aspiración del Presidente de la República de Surinam, beneficioso para la libre circulación de bienes y personas de la Patagonia hasta Belice, queda por ahora suspendido, así como el puente fantasma “Muro de Berlín”, construido sobre el río Oyapock. Que no haya prisa para comprar pollitos, los servicios ofrecen un subsidio a los agricultores guayaneses para conseguirlos made in France. De todos modos, los guayaneses encuentran respuestas: cuarenta mil turistas pasan por el transbordador desde Albina (Surinam) a la ciudad fronteriza guayanesa de Saint Laurent du Maroni. El costo prohibitivo de una visa francesa en la Plaza de Kwaku (Paramaribo) no es un misterio para los guayaneses. Francia ha optado por poner freno a los vecinos, es una estafa. En todo caso, los presidentes de Bolivia, Venezuela, Uruguay, Ecuador y Argentina se niegan sistemáticamente a dar asiento a Francia en las reuniones internacionales cuyo propósito es preservar los intereses comunes de América latina 

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