Mundo Legislativo No.107

LETRAS E IMÁGEN

No es caro, si es en democracia.

Tres nuevos partidos políticos (Pág. 22)

Mundo Letras e Imágen Legislativo

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El dueño de Pemex y CFE es el gobierno… No el Estado

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Regulaciones en Telecom

La ALDF, resguarda el secreto profesional de los periodistas

La tragedia del éxodo infantil, recorre el territorio de México ENTRE-PÁGINAS

La mayoría en el DF, pide regular no prohibir animales en circos

Rafael Cardona. Estación San Lázaro Ricardo Monreal. Renuncia escrita Javier Jiménez. Sanciones Electorales Alejandro Martí. El modelo penal Teresa Gurza. Aquí y allá Antonio Aspiros. Efraín Huerta

(Pág. 19) (Pág. 26) (Pág. 29) (Pág. 27) (Pág. 34) (Pág. 32)

Año X. No.107 15 de Julio 2014

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HOY NO CIRCULA

Con siete meses de retraso, aprueban las leyes secundarias de la reforma al sector de las Telecomunicaciones

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Cuestionan la “vigilancia” y seguimiento a los usuarios, sin orden judicial Eliminan el cobro por larga distancia, que garantizaba a Telmex, 22 mmdp al año Sanciones a empresas hasta por el 10% de sus ingresos, si violan la Ley La historia de Carpinteyro en “su negocio”, y una intervención telefónica ilegal

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l presidente Enrique Peña Nieto promulgó el lunes 14 de julio las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones. Una legislación que causa polémica entre los partidos y que rechazan algunas organizaciones civiles, argumentando que contiene normas contrarias a los derechos humanos.

Con la promulgación, se crean dos nuevas leyes, la Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se reforman otras 10 normas vigentes, entre ellas, las de derechos de autor y la de inversión extranjera.

El decreto entrará en vigor dentro de 30 días, según sus artículos transitorios.

Las leyes reglamentan la reforma constitucional promulgada en junio de 2013 e incluyen los criterios para que una empresa sea declarada preponderante por sector, sanciones de hasta el 10% de los ingresos de una compañía si viola la normatividad en materia de competencia y la eliminación de cobros en llama-

Por Jorge Ramírez Ugalde / MUNDO LEGISLATIVO das nacionales de larga distancia a partir de enero de 2015, entre otros puntos.

Con siete meses de retraso, el Congreso mexicano aprobó el miércoles 9 de Julio, las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones, una legislación que debía haberse avalado en diciembre pasado pero que se había quedado pendiente por falta de acuerdos entre los principales partidos.

El documento recibió el visto bueno definitivo después de que la Cámara de Diputados aprobara sin cambios la minuta que el Senado avaló durante la madrugada del sábado pasado. Con ello, el texto sólo necesita ser promulgado por el presidente Enrique Peña Nieto para entrar en vigor.

Algunos de los principales puntos de estas leyes son que una empresa será declarada preponderante por sector, no por servicios; que los concesionarios estarán obligados a guardar por dos años un registro de las comunicaciones de sus usuarios para que las autoridades puedan consultarlo por razones de seguridad, y que las empresas que incumplan las normas de competencia

u otras resoluciones podrán ser sancionadas hasta con el 10% de sus ingresos.

En lo general, la legislación quedó aprobada por 340 votos a favor, 129 en contra y una abstención. En lo particular, la votación fue de 318 a favor y 107 en contra.

Los partidos que respaldaron el documento fueron el gobernante Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), la mayor parte de la bancada del opositor Partido Acción Nacional (PAN) y un legislador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Leyes contrarias a la reforma En contraste, votaron en contra seis panistas, la mayor parte del PRD y los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, de izquierda.

Mientras el bloque encabezado por el PRI destacó medidas como la eliminación de cobros especiales en llamadas de larga distancia nacional –bajo el

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Gerardo Ruiz Esparza, saluda al presidente Peña Nieto

Con la aprobación se crean dos leyes, una Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y una del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; además, se reforman más de 10 normas vigentes, entre ellas, la de Derecho de Autor y la de Inversión Extranjera.

Esta legislación comenzó a negociarse a finales de marzo, cuando el presidente Peña Nieto envió sus iniciativas al Senado.

Desde entonces, la discusión y votación se retrasó al menos en dos ocasiones –una a finales de abril y una en junio–, debido a que las bancadas no habían llegado a acuerdos sobre sus principales puntos.

Peña Nieto y el PRI afirman que la reforma en telecomunicaciones y su legislación secundaria permitirán impulsar el crecimiento económico, una de las principales metas que el presidente se fijó para su mandato (2012-2018).

Al respecto, Peña Nieto dijo durante la ceremonia de promulgación que esta legislación impulsará la economía, pues ayudará a que existan mejores servicios, a que las empresas sean más competitivas y a que se reduzcan los costos de las familias en este rubro.

También aseguró que respetará la libertad de expresión, al impedir el bloqueo de contenidos en la red. “(La reforma) asegura la libre expresión y manifestación de las ideas en todos los medios de comunicación electrónica, incluyendo internet”, dijo.

Violan derechos humanos Sin embargo, algunos legisladores de oposición afirman que estas reglas no promoverán la competencia sino que fomentarán prácticas monopólicas, en tanto que organizaciones civiles consideran que el apartado referente a la cooperación de los concesionarios con las autoridades en seguridad y justicia viola los derechos humanos.

A decir de las agrupaciones, puntos como obligar a que las empresas guarden por dos años un registro de las comunicaciones de sus usuarios o a que tengan que geolocalizar en tiempo real un teléfono celular vinculado con delitos son contrarios al derecho a la privacidad. Durante la ceremonia, Peña Nieto no hizo referencia a estos temas.

En ese contexto, un grupo de 219 organizaciones difundió este lunes una carta en la que llama al Instituto Federal de Acceso a la

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argumento de que serán un beneficio directo para la población–, los opositores al texto consideraron que las leyes aprobadas son contrarias a la reforma constitucional en la materia, promulgada en junio de 2013.

En sus intervenciones, diputados del PAN y de la izquierda señalaron que la nueva legislación no promoverá la competencia, pues carece de medidas para combatir las prácticas monopólicas e incluso favorece a las principales televisoras del país, Televisa y TV Azteca.

“Estamos ante una reforma a la legislación secundaria que retrasa estos cambios o se opone francamente a los mismos. Es una legislación secundaria que regresa, que obstaculiza, que nulifica la reforma constitucional”, dijo en tribuna Miguel Alonso Raya, vicecoordinador de la bancada del PRD. En respuesta, quienes apoyaron el documento aseguraron que su propósito no es beneficiar a empresas en particular, sino a la ciudadanía.

“Estamos convencidos de su utilidad para nuestra población y de que, finalmente, la disputa no es de nombres, la disputa no es de empresas.

En todo caso, no de contrarios, sino de llevarles un beneficio a la población mexicana”, dijo en su turno Tomás Torres, del PVEM, un partido aliado del PRI. Durante la sesión –que se prolongó poco más de 20 horas–, los opositores al texto presentaron 552 propuestas de cambio, pero todas ellas fueron rechazadas.

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Información y Protección de Da- los cambios y ajustes en materia tos (IFAI) a presentar una acción de telecomunicaciones ya comiende inconstitucionalidad contra zan a verse. esas disposiciones.

Un ejemplo es el anuncio que “Tanto la geolocalización como realizó el martes pasado América la retención de datos personales Móvil, que desincorporará activos por parte de los concesionarios de para librarse de la etiqueta de actelecomunicaciones, y el acceso tor preponderante en el sector. Aldirecto de las autoridades guber- gunos de los puntos destacados en namentales a esta información, esta ley, que debió estar aprobada en las condiciones definidas en en diciembre pasado, son: la eliesta nueva ley, vulneran derechos minación del cobro de Larga Disfundamentales de la ciudadanía”, tancia Nacional a partir de enero señalan en la misiva, firmada por de 2015; en prepago la consulta de Amnistía Internacional, Artículo 19 y Fundar, entre otras.

“Si bien reconocemos que las autoridades necesitan utilizar estas herramientas en contra de la delincuencia, es necesario que el Estado garantice que no serán utilizadas de manera arbitraria, discriminatoria y sin ningún control”, agregan.

Hasta la semana pasada, El presidente Peña Nieto y el diputado Beltrones Rivera diputados de los partidos de oposición Acción saldo será gratuita y el saldo tenNacional (PAN) y de la Revolu- drá vigencia de un año y no dos ción Democrática (PRD) nego- meses, y el desbloqueo se hará en ciaban la posibilidad de presentar un plazo de 24 horas una acción de inconstitucionaliAnte el anuncio de la promuldad contra esas disposiciones. gación de las leyes secundarias en Para hacerlo, necesitan reunir el materia de telecomunicaciones, el apoyo de al menos un tercio de PRI y PAN en la Cámara de Dipula Cámara baja —167 legislado- tados aseguraron que rápidamente res— en los 30 días posteriores a se comenzarán a ver los beneficios la promulgación. económicos de estas nuevas disla Ley Federal de Telecomuni- posiciones legales avaladas por el caciones y Radiodifusión, con lo Congreso. que se abre una nueva etapa históEl coordinador del PRI en San rica en México para los usuarios, Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, autoridades reguladoras y empre- explicó que las reformas económisas operadoras del sector. Pese a cas son el pivote para la recuperaque la aprobación de la legislación ción del crecimiento sostenido, el en el Congreso de la Unión tomó incremento en la productividad y más tiempo del que se esperaba, la competitividad nacional, por lo

que comenzarán a reflejar estas leyes recién aprobadas en el segundo semestre del año. Explicó que estas reformas se complementan con las realizadas en materia financiera y de competencia económica, con el objetivo de impulsar un crecimiento sostenido, sustentable y mercados competitivos que sean la base de un desarrollo que beneficie a la gente y no reproduzca más desigualdad social y regional

Intercepciones telefonicas En medio de la discusión en el Senado, de las leyes secundarias la diputada del PRD Purificación Carpinteyro, fue “intervenida” ilegalmente y se difundió una conversación privada en la que consideró que puede “sacarse la lotería” poniendo su propio negocio, gracias a la reforma de telecomunicaciones de la cual fue impulsora en el Congreso con el objetivo de abrir el sector a la competencia.

En un audio difundido por el sitio “La red es nuestra”, el cual se “viralizó” a través de las redes sociales desatando polémica, la legisladora federal planteó el proyecto en conversación telefónica con una persona, identificada por la propia Carpinteyro como el empresario en telecomunicaciones José Gutiérrez Becerril.

Carpinteyro propuso poner en marcha un Operador Móvil Virtual (OMV) con un modelo de negocio “multinivel”, a través de una alianza con Telmex, del empresario Carlos Slim,

han hecho señalamientos en torno a un posible caso de conflicto de interés.

“Una cosa es que se te ocurra un negocio y otra cosa hasta que lo concretes. ¿Cómo podemos hablar de un conflicto de interés cuando el negocio todavía no existe?”, reviró la legisladora en entrevista con MVS Radio ante dichos señalamientos.

La diputada emitió también un comunicado titulado “El enemigo no soy yo, son los monopolios”, en donde recalca que está dispuesta a “generar competencia en el sector tanto en la ley como en la práctica”. Carpinteyro defendió su actuación y reputación.

“Lo que importa en tema de telecomunicaciones es México y la cruzada para que los monopolios

televisivos, de televisión de cable, de telefonía, de telefonía móvil y de internet se erradiquen. Aclaro que mi conducta ha sido siempre intachable y que me he conducido en todo momento con apego estricto a la ley”, indicó Carpinteyro por medio de su escrito.

Pese a que la llamada fue intervenida de manera ilegal, la legisladora no ha presentado denuncia ante el ministerio público.

La reforma energética... ¿A quién sirve?

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os subsidios a las gasolinas se eliminarán y sus precios estarán a la par de lo que cuesten en el extranjero, aunque aquí se ganen pesos, se plantea en la reforma.

Los subsidios generalizados en tarifas eléctricas desaparecerán para dar paso a una política de “subsidios focalizados”. Conforme el proyecto aprobado en lo general en el Senado, y que deberá ser ratificado en lo particular por los legisladores, se solicitará al Gobierno federal instrumentar programas de apoyo a la población pobre para que no resienta el alza de precios en el consumo de luz.

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica pide a la Secretaría de Energía que analice la instrumentación de apoyos e incluso deja en manos del Ejecutivo federal la decisión final. “El Ejecutivo Federal deberá diseñar una estrategia para sustituir los subsidios generalizados por apoyos focalizados”, indica el artículo 139 de la ley aprobada en lo general.

En un debate en el senado de la República, el acierto fue del se-

nador Alejandro Encinas (PRD), quien leyó en tribuna: “‘Los dueños de terrenos seguirán disfrutando de los derechos’ que concede el artículo cuarto de la Ley Minera, y ‘podrán, dentro de sus terrenos, hacer las exploraciones y explotaciones de petróleo y carburos gaseosos de hidrógeno que deseen”.

La cita de Encinas aludía a un artículo de la iniciativa de Ley Minera de Enrique Peña Nieto: No se requerirá llevar a cabo un proceso de licitación y el contrato para la exploración y extracción se podrá adjudicar directamente a los titulares de concesiones mineras, exclusivamente para las actividades de exploración y extracción de gas natural contenido en la veta de carbón mineral. La similitud es evidente, pero las frases citadas por Encinas corresponden a la Ley del Petróleo firmada por Porfirio Díaz el 24 de diciembre de 1901.

No es todo. El esquema de contratos a empresas privadas nacionales y trasnacionales para explorar y explotar hidrocarburos fue validado por la alianza PRIPAN-PVEM, que incluyó más be-

neficios a las compañías mineras, e incluso agregó la liberación del precio al público del gas Lp a partir del primero de enero de 2017.

Con la figura de contratos, las compañías privadas nacionales o extranjeras participarán en todos los procesos de los hidrocarburos, desde la refinación y venta de gasolinas; transformación, transporte, distribución, almacenamiento y comercialización; tratamiento y refinación de petróleo, y transporte, almacenamiento, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación y expendio al público.

La alianza del PRI, PAN y PVEM impusieron su mayoría para rechazar las modificaciones propuestas por el PRD y el PT para eliminar de la ley de hidrocarburos las disposiciones que obligan a propietarios privados, pueblos y comunidades indígenas a entregar sus tierras a empresas extranjeras y a las grandes corporaciones nacionales que participarán en proyectos de explotación petrolera.

La moneda está en el aíre, pero caerá con el selo del Águila hacia arriba.

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para ofrecer servicios de telecomunicaciones.

“Yo creo que podríamos proponerle a Telmex comprarle a ellos todo lo que es el acceso a internet de banda ancha para entrar a competir con video para el triple play en competencia con Televisa”, se escucha decir en el audio a la diputada del PRD. En la conversación con Gutiérrez Becerril, Carpinteyro asegura que debido a la compra de Direct TV por parte de AT&T, “va a estar en chino que haya alguien más le vaya entrar al mercado (de telecomunicaciones)”.

El audio ha causado polémica debido a que Carpinteyro es la representante del PRD para discutir las leyes secundarias de telecomunicaciones, por lo que se

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La Ley de Telecomunicaciones y los medios públicos

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ste 9 de julio, como parte de la reglamentación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, el Congreso terminó el proceso de aprobación de la nueva Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (LSPREM).

Esta ley establece nuevas condiciones de operación para los medios públicos y sociales, es decir, aquellos no comerciales que de acuerdo al artículo 28 de la Constitución no tendrán fines de lucro.

Si bien esta legislación no ha despertado la misma atención de la opinión pública que la relativa a telecomunicaciones y radiodifusión, los escasos posicionamientos de actores interesados, así como la dinámica comercial, de producción de contenidos y de comunicación gubernamental en México, permiten vislumbrar que más que un modelo de desarrollo para los medios de carácter público y social, fueron el control político, la desconfianza y la preservación de nichos y rentas los que determinaron su curso.

En teoría y de acuerdo a preceptos constitucionales, el establecimiento de mecanismos que hagan sustentable el desarrollo de medios públicos y sociales tendría por objetivo el enriquecimiento de un debate público democrático, incluyente y diverso.

No obstante, limitar sus opciones de financiamiento a donativos, aportaciones y/o la prestación

CIDAC / MUNDO LEGISLATIVO de algunos servicios, los cuales no excederían en monto el 1 por ciento del presupuesto asignado a comunicación social del gobierno federal y/o estatal correspondiente, equivale a supeditar su potencial desarrollo al presupuesto público y, con ello, su contenido al control político de la autoridad en turno.

Otro obstáculo para lograr un esquema de sustentabilidad de los medios públicos podría encarnar en los concesionarios privados.

Dado que actores como el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Radio Educación (dependiente de la Secretaría de Educación Pública), y estaciones de televisión como Canal 22 (CONACULTA) y Canal Once (Instituto Politécnico Nacional), tienen acceso a recursos presupuestarios federales, facilitar su inclusión en programas de obtención de financiamiento comercial ampliaría su potencial como agentes de competencia, pero con la ventaja adicional de los recursos asignados desde el erario.

Esto se acentúa al considerar que buena parte de los espacios publicitarios en medios, tanto públicos como privados, son adquiridos por entidades gubernamentales. De esta manera, no es casualidad que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) haya cabildeado a favor del impedimento a la comercialización de mensajes y/o patrocinio de espacios a los medios sociales. La CIRT argumentó que los medios públicos “gozan de un régimen de excepción

que les otorga claras ventajas a su operación”. Sin embargo, hay experiencia internacional suficiente en cuanto a mecanismos de comercialización que hagan sustentable a los medios públicos, sin menoscabo de su condición no lucrativa. Por otra parte, y como elemento a favor de la desconfianza de los particulares, el factor disruptivo en el caso mexicano no nada más es la corrupción, sino la tentación de la autoridad de utilizar de forma facciosa los medios bajo su tutela.

Finalmente, todos los medios enfrentan nuevas herramientas que permiten reducir los costos de producción y, con ello, fomentan un entorno donde pudieran surgir nuevos competidores quienes, a través de nuevas plataformas de difusión y comercialización, encuentran de manera más sustentable la satisfacción de un nicho de espectadores determinado.

En este sentido, la pregunta tal vez no sea tanto si los medios públicos deben tener acceso o no a mayores recursos, sino cuál va a ser el grado de apertura a plataformas más asequibles tanto económica como tecnológicamente.

Los medios en línea van poco a poco ganando camino, aunque falta mucho por hacer en cuanto a la cobertura geográfica y a la accesibilidad para la población.

La tendencia mundial es que el internet sea el medio público por excelencia. La cuestión está en cuánto tiempo tarde cada país en incorporarse a ello.

Inhibir delitos, capacidad legal de operadoras telefónicas Redacción / MUNDO LEGISLATIVO

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la Unión y publicadas ya por el presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 11 de julio.

Sobre el particular, CNN publico diversas entrevistas de especialistas, artículo en el que el analista en telecomunicaciones del ITAM, José Carlos Méndez, afirmó que estas tecnologías sí implican que el ciudadano ceda un poco de su privacidad a cambio de seguridad.

“No sabemos cuál puede ser, pero podría ir desde que se puedan meter a tu teléfono a tu computadora, ver tu información, ver de dónde a dónde salió la información, una llamada, un mensaje corto un WhatsApp, pero sería tecnología para rastrear origen y destino de las comunicaciones”.

El experto agregó que no se tiene conocimiento exacto de qué mecanismos se podrían usar, pero sí mantendrían un control férreo de lo que hacen los ciudadanos.

De aprobarse, dicha propuesta dejaría la puerta abierta a mecanismos de espionaje de comunicaciones ciudadanas o de empresas por parte del Gobierno, lo que de acuerdo con el abogado especialista en telecomunicaciones, Joel Gómez, implicaría la vigilancia constante, aunque la preocupación reside en la interpretación de “las amenazas de seguridad nacional”, pues podría ser desde un tuit incómodo hasta una extorsión.

“Pese a que todo este cúmulo de obligaciones está ‘justificado’ bajo pretexto de que exista una investigación en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas de seguridad nacional, este término de amenaza es muy ambiguo, puede ser cualquier cosa que incomode a la autoridad competente. Además esto es mucha carga del lado del operador, es mucha responsabilidad” , dijo el abogado en entrevista.

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as operadoras telefónicas en México podrían desarrollar tecnología para inhibir la utilización de equipos de telecomunicaciones con el objetivo de combatir delitos o amenazas de seguridad nacional, según detalla el artículo 190 del dictamen de la ley secundaria en materia de telecomunicaciones.

Dicho artículo propone la coordinación entre las operadoras- Telcel, Telefónica, Iusacell, Nextel- y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para el desarrollo de dicha tecnología.

Realizar bajo la coordinación del Instituto los estudios e investigaciones que tengan por objeto el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos o actualización de riesgos o amenazas a la seguridad nacional.

Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones podrán voluntariamente constituir una organización que tenga como fin la realización de los citados estudios e investigaciones. Los resultados que se obtengan se registrarán en un informe anual que se remitirá́ al Instituto, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal”, cita el artículo 190 del dictamen en la fracción XII, en las leyes de la materia aprobadas por el Contreso de

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CNNExpansión buscó a las operadoras, Telcel, Telefónica y Iusacell para conocer su postura al respecto, pero no estuvieron disponibles de manera inmediata, según dijo en su portal de Internet.

Los desarrollos tecnológicos de este tipo se asemejarían a las intervenciones realizadas por la NSA (National Security Agency, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, que mantenía programas de espionaje de comunicaciones ante ciudadanos, funcionarios y empresas, todos con el argumento de la seguridad nacional.

Sin embargo, al ser revelados por Edward Snowden en 2013, la cantidad de datos que la agencia poseía de sus ciudadanos causó descontento a nivel internacional por considerarse prácticas invasivas de la privacidad.

Méndez agregó que una opción para que los ciudadanos puedan convivir más tranquilos con un sistema de este tipo es que se asegure un mecanismo de transparencia pasa su uso.

“Aunque sí terminamos perdiendo privacidad y sí podría ser una forma de censura digital por el exceso en el que podría caer un Gobierno, no es necesariamente malo. Lo que me gustaría que sucediera es meter transparencia.

Si alguien espió tu telefono que sea posible saber quién y por qué lo hizo y que como ciudadano te puedas defender”, dijo.

Voluntariamente a fuerza En cuanto a la redacción de la fracción, Gómez aclara que aunque en el párrafo aparece la palabra “voluntariamente”, esto se refiere a la formación de una asociación de los operadores para concentrar los datos pero no es voluntario hacer los estudios o investigaciones para el desarrollo de tecnología.

“Hacerlo no es voluntario,

es voluntaria la asociación, instituto o fundación. Les dan esa opción, pero no es voluntario el hecho ya que aclara que los resultados hay que presentarlos en un informe anual”, dijo el abogado. “(...) los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones podrán voluntariamente constituir una organización que tenga como fin la realización de los citados estudios e investigaciones. Los resultados que se obtengan se registrarán en un informe anual que se remitirá al Instituto, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal”, cita el texto.

Precisiones necesarias A la par de la propuesta del texto para controlar las comunicaciones, la analista María Elena Meneses comentó en entrevista que al compararlo con el dictamen presentado por el Ejecutivo en marzo de 2014, existen precisiones necesarias que antes no existían, específicamente en el artículo 197, que proponía bloquear, inhibir o anular señales de telecomunicaciones en eventos.

“Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”, citaba el Artículo 197, sobre obligaciones a concesionarios, en el Inciso III, del dictamen presentado por el Ejecutivo en marzo.

“Aquel artículo 197 que fue cuestionado por organizaciones civiles y académicos así como por parte de otros sectores queda matizado en los artículos 189190 y en algunos casos se hacen precisiones necesarias como el caso de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Se precisa que la petición de in-

tervención de comunicaciones privadas a los concesionarios se dará mediante un ordenamiento del Ministerio Público ( Art 190 fracción XII) la cual era una petición de las organizaciones civiles y académicas. Esta es una precisión necesaria”, dijo Meneses en un comentario enviado por correo electrónico a CNNExpansión.

Sin embargo, la analista señala que hay fracciones del artículo 190 que aún inquietan como la retención de datos personales.

“La retención de datos es contraria al respeto a la privacidad que es derecho fundamental”, dijo Meneses.

Gómez concuerda en que estas precisiones son valiosas y marcan un avance en la discusión.

“Veo tres precisiones que son valiosas. Ahora sí se menciona que debe haber una autoridad judicial que pida los datos, sería un juez. Esto sí es bueno. Menciona que las comunicaciones privadas son inviolables y refiere a la Ley de Protección de Datos Personales como respaldo ciudadano. Me parece que por lo menos estas tres precisiones son buenas”, dijo la abogada.

Habrá que esperar Para el experto Joel Gómez si bien la redacción del artículo 190 preocupa, hay que esperar a que esta legislación se apruebe y se liberen sus respectivos reglamentos y lineamientos, en los cuales se detallarán las atribuciones y omisiones que el IFT y otras autoridades tendrán en cuanto a estos mecanismos.

“Hay que esperar a los lineamientos, es ahí donde se va a ver la aplicación real de la ley, lo cual después de tantos retrasos que ha tenido la reforma, yo creo que deberá quedar lista a finales de este año”, dijo.

Beneficios de la Ley TELECOM los usuarios cuentan con una cobertura en un área de servicio a la que pertenece su número telefónico, pero si sale de su área y no tiene cobertura, otro concesionario podrá prestarle el servicio con la condición de realizarle un cargo adicional por el uso de su red, a esto se conoce como roaming.

La única empresa que tiene la prohibición de cobrar roaming es América Móvil, por ser un agente preponderante. “Sin embargo, los demás operadores sí podrán cobrarlo, aunque seguramente se verán forzados competitivamente a no hacerlo”, dijo Osoria.

4. Cobro por segundo. La Ley obliga a los concesionarios a incluir dentro de su oferta comercial, planes y tarifas el cobro por segundo sin perjudicar a otros planes que se basen en el cobro por minuto, por evento, capacidad o cualquier otra modalidad.

“La baja en las tarifas dependerá de los mecanismos e indicadores que establezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de que entren más jugadores a la competencia, pero esto puede tardar un poco de tiempo”, aseguró Aleida Calleja.

Además la Ley estipula que el usuario tendrá bonificaciones o descuentos en sus tarifas si hay fallas en el servicio o cargos indebidos conforme al contrato o cuando así lo determine la autoridad competente.

Si se trata de defender los derechos del usuario será la Procuraduría Federal del Consumidor quien intervenga y si se trata de calidad en el servicio intervendrá el IFT. 5.- Vigencia de saldo. Si no recargabas tu teléfono celular en dos o tres meses, el saldo que tenías era consumido automáticamente por la compañía telefónica. En cuanto la

Ley se publique en el DOF tu saldo de prepago durará por lo menos un año. Además ningún proveedor de servicio de telefonía puede cobrarte por consultar tu saldo.

“Tal vez en dos o tres años la pésima calidad del servicio se revierta y tengamos mejor servicio en menor precio debido a la competencia”.

6.- Contratos. Con la aprobación de la Ley tendrás el beneficio de cancelar tu contrato dentro de los 60 días naturales siguientes, sin penalizaciones cuando tu proveedor de servicio modifique las condiciones originalmente contratadas. Deberás ser notificado por cualquier medio de cualquier cambio a las condiciones que originalmente contrataste.

Y si tu teléfono está en plan y quieres cambiar de proveedor de servicios deberás esperar a que termine tu contrato o pagar el costo total de tu equipo para realizar el cambio.

7. Ventajas para personas con discapacidad. Las personas con discapacidad motriz, visual y auditiva deberán contar, si así lo solicitan, con equipos terminales que tengan funcionalidades programas o aplicaciones que permitan su uso; sin embargo, no se sabe si esto tendrá un costo extra para los usuarios.

8. Must carry y must offer. Los concesionarios que presten servicios de televisión abierta (Televisa y TV Azteca) están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida o de paga la transmisión de su señal de manera gratuita y no discriminatoria, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones.

Y las televisoras de paga deberán retransmitirla en las mismas condiciones. Si eres suscriptor de televisión de paga, tendrás derecho a ver los canales de tele abierta sin costo adicional

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stos son algunos aspectos de la ley que te beneficiarán como usuario y pueden tener efectos positivos para tu bolsillo. Tómalos en cuenta para exigir tus derechos a los proveedores de telefonía celular: 1.- Portabilidad. Dentro de los 60 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de las leyes de telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) establecerá las reglas que eliminen los requisitos que retrasen o impidan que puedas cambiar tu teléfono de proveedor de servicios, es decir: hacer efectiva la portabilidad numérica.

El cambio que anteriormente podría tardarse hasta 10 días, hoy demorará máximo 24 horas a partir de tu solicitud, sólo es necesario presentar tu identificación oficial y tu manifestación de voluntad.

“Ya no te pedirán el papelito verde, la factura del refrigerador ni los apuntes del cuaderno de historia”, aseguró el presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), Gerardo Osoria.

2.- Costo de larga distancia. A partir del 1 de enero de 2015 ya no pagarás ningún costo extra por la larga distancia nacional, cualquier llamada local o móvil se cobrará como llamada nacional. De acuerdo con el IDET los ahorros que se generarían ahorros por el total de usuarios de 22,000 millones de pesos al año.

“Los cargos de larga distancia ya no tienen ninguna justificación tecnológica y la competencia por sí sola no iba a eliminar este costo, así que tenía que establecerse en la Ley”, dijo Gerardo Osoria.

3.- Cobro de roaming. Debido a la configuración que tiene México,

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PEMEX y CFE… ¿De paraestatales a productivas?

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ste 8 y 9 de julio se presentó, discutió y aprobó en Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera, del Senado, el tercer parque de leyes secundarias de la reforma energética.

Estas iniciativas –cuyo núcleo son la Ley de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –buscan fortalecer a las todavía paraestatales en su transición a ser empresas productivas del Estado, tal como mandata la reforma constitucional de diciembre pasado.

Aunque el dictamen a votarse en el pleno senatorial el 14 de julio –según lo plantea la más reciente calendarización—, detalla con minuciosidad algunas funciones que realizarán ambas empresas, los cambios propuestos tratan insuficientemente temas más escabrosos relacionados con su óptimo funcionamiento, sus esperados niveles de productividad y los mecanismos de transparencia a los que estarían sujetas.

De acuerdo con el dictamen aprobado, las modificaciones a la estructura interna de las actuales paraestatales (composición y funciones del consejo de administración, relación con empresas subsidiarias y filiales, forma de realizar transacciones con proveedores o contratistas, entre otros cambios) permitirá que estas empresas puedan competir en igualdad de condiciones con sus contrapartes privadas en el marco de la apertura energética. Por ejemplo, la redacción prescribe a PEMEX la obligación de

CIDAC / MUNDO LEGISLATIVO sujetarse a los criterios de revelación de información establecidos en la Ley del Mercado de Valores y en concordancia con la legislación mercantil y civil.

En el caso de la CFE, se fortaleció su consejo de administración, dándole más facultades para aprobar los proyectos y decisiones estratégicas de la empresa, como definir los procedimientos para la celebración de operaciones entre la CFE y sus filiales o subsidiarias. Asimismo, se incluyeron elementos como la creación de un sistema de información pública en los sitios de internet sobre proveedores y contratistas. En

el mismo tenor, se creó la figura de un Comisario Independiente (uno para cada empresa), el cual tendrá la labor de evaluar anualmente el desempeño y presentar su informe a la Cámara de Diputados.

Aunque estas nuevas adiciones son positivas, no se tocan temas cruciales referentes a la propiedad de estas empresas –en la Ley de PEMEX se sigue estableciendo al gobierno y no al Estado como propietario–, ni la manera en que conseguirán lograr más productividad en su plantilla laboral.

Además, se omiten temas trascendentales sobre el manejo y control

de los pasivos laborales que aquejan a ambas, y las condiciones bajo las cuales brindarán certidumbre a sus futuros competidores en el entendido que la Secretaría de Hacienda actuará bajo conflictos de interés -extrayendo recursos de ellas de forma discrecional, presidiendo junto con la Secretaría de Energía los consejos de administración e interfiriendo en las determinaciones fiscales de los contratos con privados para la explotación de petróleo.

Una transición real de paraestatales a empresas productivas supondría la eliminación de prácticas más ineficientes que les han evitado ser competitivas en el pasado y el establecimiento con claridad de los límites entre propiedad, gestión

y rendición de cuentas. Es capital también reconocer que los elementos que detonarán una mayor competitividad a PEMEX son muy distintos de los que impulsarán la de CFE. La Ronda Cero y algunas otras prerrogativas –aunado al gigantesco margen de ganancias en la explotación petrolera –permitirán a PEMEX ser relativamente competitiva, aun sin corregir muchos de los problemas de productividad que le aquejan. CFE no correrá con la misma suerte, puesto que los márgenes de ganancia de su mercado son diametralmente distintos, además que una tercera parte de la generación eléctrica nacional ya la realizan los denominados Productores Independientes de Energía –los cuales,

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Una transición real de paraestatales a empresas productivas supondría la eliminación de prácticas más ineficientes que les han evitado ser competitivas en el pasado y el establecimiento con claridad de los límites entre propiedad, gestión y rendición de cuentas.

por cierto, no tienen problemas de personal excesivo como la paraestatal— facilitando la creación del mercado mayorista donde competirán los generadores eléctricos.

En el fondo, hay un desafío en ambos lados de la hoja de balance.

Por lo que toca a PEMEX, el asunto de la dependencia fiscal es tan fuerte que todavía hoy, a más de un año de que se enviaran las iniciativas de reforma, no ha comenzado a separarse la empresa del presupuesto federal.

Aún en la mejor de las circunstancias, sería difícil imaginar que sería posible transformar a la entidad petrolera en una corporación mercantil dentro del presupuesto federal. En segundo lugar, el desafío político de administrar y romper a las mafias que caracterizan a su burocracia ni siquiera ha comenzado a ser contemplado.

Finalmente, hay temas, ya mencionados arriba, que son vitales para su devenir: tal como se prevé para potenciales inversionistas privados es de esperarse que PEMEX pudiera registrar las reservas que le toquen en su balance; de ser así la empresa tendría que mantener los pasivos laborales porque, de lo contrario, resultaría una empresa extraordinariamente sana en apariencia, sin incentivo alguno a reformarse. Es claro que incluso los escenarios más benignos de implementación de las reformas son extraordinariamente optimistas respecto a la complejidad de lo que viene.

En suma, tanto PEMEX como CFE requieren cambios estructurales de fondo que al parecer el Senado está eludiendo. El riesgo de continuar pensando a dichas empresas bajo la lógica paraestatal, continuará generando ineficiencias operativas que limitarán el potencial competitivo de las mismas. Ahora bien, habrá que estar pendientes del cuarto bloque de leyes secundarias de la reforma energética, ya que su contenido final, a discutirse en las próximas horas, será crucial para las expectativas del régimen de apertura en el sector: el papel de los órganos reguladores.

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Aprueban en Comisiones las leyes de la Reforma Energética

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on la salida en bloque de los senadores perredistas, el resto de los integrantes de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera, aprobaron en “fast track”, en menos de dos horas y media, tanto en lo general como en lo particular, los cuatro paquetes de proyectos de dictamen de las reformas secundarias energéticas.

David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, anunció que los remitiría a consideración de la Mesa Directiva del Senado para que ésta se los envíe a la Permanente y se abra la puerta a un periodo extraordinario de sesiones, el cual fue aprobado para votar los dictámenes.

Eso sí, por unanimidad, los 15 senadores presentes también respaldaron los 110 cambios que propusieron los panistas a través de Salvador Vega Casillas, a los dictámenes de la Ley de Hidrocarburos, de la Industria Eléctrica y Geortérmica, mientras que en el caso del tercer paquete que involucra la Ley de Pemex, de la CFE y de las entidades paraestatales, también se modificarán a partir de las propuestas de los panistas Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez.

El coordinador del PAN, Jorge Luis Preciado, anunció, en paralelo, que todas estas modificaciones ya estaban “planchadas” con los priistas para que no haya sobresaltos en el Pleno del periodo extraordinario que se espera inicie este jueves.

Por Mariza Lara / MUNDO LEGISLATIVO

Los principales líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmaron que “hay plena unidad” en contra de la aprobación de las leyes secundarias en materia energética.

Respaldado por el fundador del partido, Cuauhtémoc Cárdenas, el presidente nacional, Jesús Zambrano junto con los representantes del sol azteca en el Congreso de la Unión, anunciaron que afinarán una estrategia política para llevar a cabo diversas acciones y seguir impulsando una consulta popular para revertir la reforma.

“Estamos en contra de la reforma energética porque entregará la explotación del petróleo y la electricidad a manos privadas, y la Nación perderá ingresos para satisfacer sus necesidades de educación, salud, seguridad, empleo y crecimiento económico”, expusieron.

Tras destacar que existen al menos ocho peligros en las leyes

impulsadas por el gobierno federal, los líderes del PRD expusieron que estarán abiertos al debate con el objetivo de defender los recursos energéticos del pueblo mexicano.

“La fórmula Penchyna no la aceptaremos, se tiene que respetar el trabajo legislativo, el PRD se ha preparado para dar el debate responsablemente porque el tema energético es complejo y delicado”, afirmó a su vez, el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles.

La lucha para el 2015, en las elecciones intermedias El líder nacional, Jesús Zambrano denunció además que los legisladores priistas y panistas en el Senado de la República han hecho caso omiso a los planteamientos presentados por los senadores perredistas, liderados por Miguel Barbosa durante la discusión de los dictámenes correspondientes.

con las firmas suficientes para que en 2015 el Instituto Nacional Electoral convoque a una consulta popular por la reforma energética, aprobada en diciembre pasado por el Congreso.

“La verdadera lucha iniciará el 15 de septiembre, cuando comenzará una campaña permanente hasta el primer domingo de junio de 2015 para echar abajo la reforma que impulsó el gobierno federal”, señaló el hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas.

Detalló que en la primera etapa se consiguieron un millón 700 mil firmas, en la segunda llevan un millón, 700 mil firmas más de lo que marca la ley para convocar a consulta popular que tendrá que celebrarse a la par de las elecciones federales intermedias de 2015.

En el artículo 130 de la Ley de la Industria Eléctrica, que se votó en comisiones del Senado, se indica que ‘‘el Ejecutivo deberá diseñar una estrategia para sustituir los subsidios generalizados por subsidios focalizados’’.

Asimismo, en la Ley de Hidrocarburos se adelanta para el primero de enero de 2016 la entrada de gasolineras extranjeras al país y la importación de gasolina por particulares, en 2017, dos años antes de lo previsto.

En lo que se refiere a los precios de la gasolina, éstos se liberarán a partir de 2018, en que se determinarán bajo las condiciones del mercado. El Ejecutivo federal podrá regularlos en 2017, pero serán ajustados ‘‘de forma congruente con la inflación’’. Todos esos plazos, sin embargo, podrán reducirse aún más si la Comisión Federal de Competencia considera que hay condiciones para ello.

Para paliar la desaparición de subsidios, en el artículo 124 de la Ley de Hidrocarburos se señala: ‘‘Las secretarías de Hacienda, de Energía y de Desarrollo Social evaluarán

la conveniencia y en su caso instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro adecuado y oportuno, a precios asequibles, de combustibles de consumo básico en zonas rurales y urbanas marginadas’’.

Defiende la SHCP la reforma energética En los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, ‘‘todo el riesgo lo correrán los operadores’’ y las empresas que obtengan un contrato ‘‘pujarán hasta que el rendimiento que esperan obtener sea únicamente el normal a su inversión’’, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados.

Las compañías, explicó la dependencia, ‘‘deberán invertir sus recursos, con la posibilidad de no encontrar un yacimiento que les permita recuperar su inversión’’.

En las respuestas que Hacienda entregó a las preguntas parlamentarias enviadas por diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (Panal), que se plantearon hace dos semanas durante los foros de discusión en comisiones, la dependencia federal insistió en que no se compartirá la renta petrolera y que las utilidades no serán para las trasnacionales, sino para el país. ‘‘Se prevé que en las licitaciones se establecerá un valor mínimo a las contraprestaciones a favor del Estado, lo cual implica que éste recibirá la gran mayoría de las utilidades, capturando la totalidad de la renta petrolera’’, agregó.

Respecto del riesgo que implica el pago a contratistas, Hacienda argumentó que ‘‘no se podrán realizar pagos a los contratistas si no existe producción; de esta forma, el contratista es el que corr e con todos los riesgos asociados a la exploración y el desarrollo de los campos.

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Se tiene previsto que la Comisión Permanente del Congreso convoque al Senado a un periodo extraordinario en el que el pleno discutirá y aprobará dichas leyes. Los perredistas anunciaron que todas sus reservas las llevarían al pleno.

En una discusión de cuatro horas, comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron en lo general y lo particular los cuatro dictámenes de las leyes secundarias energéticas.

Senadores del PRI, PAN y PVEM, quienes en promedio destinaron una hora a cada dictamen, avalaron los proyectos que expiden la Ley de Hidrocarburos, Ley de la Industria Eléctrica, Ley Geotérmica; Ley de Pemex y CFE; de los Órganos Reguladores y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, así como cambios a la Ley Minera, de Inversión Extranjera, de Aguas Nacionales y de Asociaciones Público-Privadas Envalentonado el priísta David Penchyna, declaró que “pese a quien le pese y guste a quien le guste, la reforma energética y sus leyes secundarias van ahora”, luego de comenzar la votación de los dictámenes de esa legislación, y de que los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) abandonaron la sesión de comisiones, inconformes por lo que calificaron como un circo y una vergüenza.

Manuel Bartlett, coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), afirmó que el dictamen en comisiones terminó como empezó, en la total ilegalidad. Denunció que los cambios a las iniciativas de Enrique Peña Nieto fueron hechas fuera, por el propio gobierno. “El Senado sólo obedece las instrucciones del Ejecutivo. No vale la pena quedarse a esta farsa”.

Por su parte, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aseguró que ya se cuenta

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Carlos Slim Helú, fue descrito por la revista Forbes de este mes, como el hombre más rico del planeta y del universo. Es una verdad a medias de Forbes. Como lo que publicaba del “Chapo” Guzmán. Así que no se le puede creer a “pie juntillas”.

La fortuna de Carlos Salinas de Gortari, se calculaba hace unos años en 50 mil millones de dólares, Así que como éste ex presidente nefasto para México, debe haber otras fortunas más cuantiosas, aunque menos visibles.

Slim amasó una enorme fortuna, gracias a una oscura operación de venta de la paraestatal Teléfonos de México, en el gobierno de la familia Salinas.

Protegida por todos los gobiernos, esa empresa le dio para muchas otras más, donde cobra lo que quiere y los mexicanos se lo pagamos, porque no teníamos alternativas ante el monopolio.

Unos días antes de que el presidente Enrique Peña promulgara las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la empresa América Móvil (AMX), declarada previamente por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como “preponderante” del sector de las telecomunicaciones, anunció sorpresivamente su intención de desincorporar un número suficiente de activos a fin de cambiar el entorno dentro del cual preferiría operar.

C.F.C. 5671. México, DF. C.P. 14650 E-mail: mundolegislativo@hotmail.com • MUNDO LETRAS E IMAGEN LEGISLATIVO • © Año X. No. 107, 15 de julio de 2014. Editor responsable: S. Fran cisco Ramírez R. Reserva de Título No. 04-2011-011313414700-102 Certificado de Licitud 14366 y Certificado de contenido 11939 Prohibida la reproducción. Impreso por Publigrafic Internacional S.A. de C.V. Distribuida por ML. Aguascalientes 199. Col. Cuauhtémoc, México, D.F.

Su objetivo principal es evitar las medidas asimétricas que se le han impuesto principalmente en materia de interconexión, roaming, infraestructura pasiva, red, servicios a los usuarios, información y separación contable.

Ante la no anticipada decisión corporativa, se suscitaron diversas reacciones entre los legisladores. Por un lado, los opositores de la ley reiteraron sus posturas en contra del criterio de preponderancia por sector. Por otro lado, sus promotores celebraron la decisión de AMX como el primer gran efecto de una regulación que promoverá más competencia y beneficios a los consumidores. Ante escenarios de convergencia tecnológica y celeridad de los mercados.

En portada

La intención de control plasmada por los legisladores, posiblemente quede sin efectos antes de que inicie la vigencia de la ley. Si la venta de activos de

Los rostros lo dicen Todo… Las reformas deben funcionar para el país. De no ser así, las consecuencias serían catastróficas para una sociedad que volvió a confiar.

AMX se realiza en bloque y sobre todo a un jugador internacional grande, el impacto podría ser mayor que el de la legislación, evidenciando el inmune poder de los agentes preponderantes para imponer unilateralmente sus condiciones frente a la autoridad.

Será sin duda un gran desafío para el IFT ejercer de forma óptima sus facultades regulatorias en materia de competencia. Irónicamente, el concepto de preponderancia, cuya discusión ha tomado tanto tiempo y tinta a legisladores y opinadores, está en riesgo de perder su eficacia antes de que su aplicación tenga plena validez jurídica. De hecho, la acción de AMX obliga al IFT a repensar las implicaciones de su declaración de preponderancia sobre Televisa, exactamente lo opuesto de lo que la ley buscaba. Los mercados tienen una forma peculiar de impactar a los procesos políticos.

Resguardan el secreto profesional de los periodistas en el DF Fracción V.-El secreto profesional establecido en la presente ley regirá como regla general, salvo lo dispuesto en otras leyes específicas aplicables en la materia. La revelación del secreto profesional podrá hacerse solamente por autoridad judicial competente, únicamente En los casos en que la ley empleada cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia. En caso de duda, se deberá aplicar el principio pro personaje contenido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, se establece que no se puede forzar al periodista a comparecer como testigo o a entregar sus notas, apuntes, equipo de grabación, etc., protegiéndole frente a terceros, que podrían ser personas privadas que pudieran iniciar un proceso en su contra para que revele sus fuentes.

Asimismo, para evitar el acoso institucional a la libertad de expresión y promover las acciones que permitan cumplir con las obligaciones internacionales y constitucionales en la materia, se propone agregar el artículo 192 Bis al código referido para quedar como sigue: No estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder los periodistas, respecto de los nombres o las grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas que con motivo del ejercicio de su actividad les proporcionen, así como aquélla información de carácter reservada conforme a la ley, en la cual sustenten cualquier informa-

ción y/o publicación.

“La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual nos obliga a actuar como Estado, para garantizar plenamente el ejercicio de este Derecho, en beneficio de la sociedad mexicana” concluyó Jorge Gaviño.

Artículo 19, organización internacional por la defensa de la libertad de expresión, registró 87 agresiones a la prensa en el segundo trimestre de 2014, un aumento de 24% con respecto a las 70 agresiones documentadas entre enero y marzo de este año.

En total, hubo 157 agresiones contra informadores en el primer semestre, lo cual representa un leve aumento frente a las 151 que hubo en el mismo lapso de 2013.

Asimismo, las 157 agresiones de enero a junio de 2014 representan un aumento de más del 50% con respecto a las agresiones que en el mismo periodo hubo en el año 2012.

Las agresiones a la prensa en México, durante el segundo trimestre del año, se caracterizaron por dos graves violaciones a los derechos humanos que han puesto en riesgo la labor periodística: La repetición crónica de ataques a la libertad de expresión y la inacción gubernamental.

Entre abril y mayo, la organización Artículo 19 ha podido documentar por lo menos 10 casos de periodistas y medios de comunicación que ante la impunidad imperante vuelven a ser blanco de nuevos ataques o amenazas a pesar de contar con medidas de protección del Estado Mexicano o denuncias penales por las agresiones sufridas con anterioridad.

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l Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aprobó el dictamen en el que se busca proteger el secreto profesional de periodistas en la Ciudad de México.

Las modificaciones a la Ley del Secreto Profesional en el Distrito Federal, contempla el ordenamiento jurídico vigente para que exista un mayor bance entre el derecho del secreto profesional, frente a los derechos de las terceras personas; tomándose como punto de partida los estándares internacionales.

Por lo anterior, se modificarán definiciones quedando de la manera siguiente: Periodista: Toda persona que ejerce las libertades de expresión y/o información de manera permanente, con o sin remuneración y sin que se requiera título profesional o registro gremial que acredite su ejercicio.

Colaborador periodístico: Toda persona que en apoyo a un periodista ejerce las libertades de expresión y/o información, ya sea de manera esporádica o regular, con remuneración o no, y sin que se requiera registro gremial o acreditación alguna para su ejercicio.

El derecho humano de expresar libremente todas aquéllas ideas o conocimientos, a través de los diversos medios de comunicación; sin recibir injerencia o presión alguna, y sin que se le moleste de ninguna forma con motivo de ello.

La iniciativa también fija posible limitante al derecho a la libertad de expresión, para quedar como sigue: Artículo 4.- El secreto profesional establecido en la presente ley comprende:

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Éxodo infantil

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ntre octubre de 2013 y junio de 2014, poco más de 51 mil niños y niñas, quienes en su mayoría viajaban solos provenientes de México y los países centroamericanos, fueron detenidos en su intento por ingresar a Estados Unidos. El destino de estos pequeños ha sido el encierro provisional en los centros de detención migratoria del gobierno estadounidense, donde la mayoría espera a ser deportados. La situación ha sido declarada una emergencia humanitaria: miles de infantes inmersos en la incertidumbre y países que son incapaces de ofrecer respuestas convincentes. Ante un fenómeno tan complejo y por momentos tan desatendido como el de la migración, ¿es posible esperar algún cambio en el corto plazo?

El aumento constante que se observa en la migración de niños centroamericanos hacia el norte tiene diversas razones. Una de ellas son los índices de violencia en la región, en particular en naciones como Honduras, El Salvador y Guatemala, donde los mareros y otros grupos criminales asolan a la población.

Las familias prefieren enviar a sus hijos a una peligrosa aventura rumbo a territorio norteamericano, en vez de arriesgarlos a permanecer en sus comunidades de origen donde son víctimas de las amenazas delincuenciales. Otro factor son las falsas promesas que ofrecen tanto traficantes como tratantes de personas quienes, tergiversando el espíritu de una confusa legislación de asilo en Estados Unidos y aprovechando el desconocimiento de la población, aseguran a los padres que sus hijos serán elegibles para una audiencia de inmigración bajo los parámetros de la Trafficking Victims Protection Reauthorization Act de 2008, y potencialmente obtener un estatus de asilados, justificando estar huyendo de la violencia en sus países.

Sin embargo, además de que el volumen de niños es enorme y retrasaría meses y hasta años la posibilidad de que accedan a tal audiencia, el esquema sólo ha beneficiado a alrededor de medio millar de niños; la mayoría terminan deportados.

En días recientes, la administración Obama ha solicitado al Congreso de su país 3,700 millones de dólares con el propósito de atender la crisis. De ese monto, 1,100 millones serían para agilizar los procesos de deportación de los adultos que, en algunos casos, acompañaban a los niños, crear alternativas a la detención de los infantes migrantes, y financiar agentes migratorios es-

CIDAC / MUNDO LEGISLATIVO tadounidenses para operar en América Central e inhibir los éxodos infantiles; 1,800 millones se invertirían en mejorar las condiciones de alojamiento de los migrantes y en asignar más jueces en materia de inmigración, los cuales estarían a cargo de encontrar “el mejor destino posible” para los pequeños. No obstante, este tipo de peticiones presupuestarias se topan con la constante queja de legisladores en el Capitolio respecto a lo que ellos consideran negligencia de los gobiernos de sus vecinos sureños –entre ellos el mexicano—por no emprender políticas eficaces encaminadas a reducir la expulsión de migrantes. Lo cierto es que la situación de este lado de la frontera dista de ser sencilla.

Para México, uno de los problemas fundamentales tiene su origen en la desatención de su frontera con Centroamérica. En dicha región, el estado de derecho es aún más endeble que en el resto del país. Esa zona puede describirse de facto como una región libre de tránsito, con cientos de kilómetros sin ninguna estación o control fronterizo, y donde la hay, la infraestructura es precaria y la corrupción rampante. Es una línea limítrofe que sólo existe en los mapas. Resolver la ausencia de legalidad en la frontera sur es muy complicado, sobre todo si se considera el hecho de que ello beneficia a un amplio grupo de intereses. La incertidumbre legal de la región es aprovechada por organizaciones delincuenciales, vinculadas con la trata de personas y narcotráfico, sin mencionar las múltiples denuncias contra presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Todo esto sin mencionar el galimatías que les espera a los migrantes en su tránsito por territorio nacional.

La migración es un asunto que muchas veces se presta para repartir culpas y evitar asumir la corresponsabilidad que implica. Por ahora está fuera de toda discusión la posibilidad de una reforma migratoria en la Unión Americana y parece ser que los países involucrados, desde Estados Unidos hasta Centroamérica, sólo están dispuestos a adoptar medidas paliativas.

Dada su complejidad, la migración es un asunto que no puede erradicarse sino sólo manejarse. El conflicto está en que ni siquiera se ha logrado hacer eso. Lo que es seguro es que la crisis de la migración infantil ha convertido a la ley migratoria propuesta por, primero, el grupo de la “banda de ocho” senadores y luego, formalmente, por Obama, en un non sequitur. Otra oportunidad perdida.

ESTACION SAN LAZARO

Reformas y coronas

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ndudablemente la tarea de este gobierno se ha dividido hasta ahora, cuando ya se acerca el primer tercio del mandato, en dos grandes campos.

El propiamente Ejecutivo; esto es, la aplicación de los poderes presidenciales para planear inversiones públicas, obras de infraestructura, administrar y gobernar en un sentido amplio, y la otra de carácter legislativo a través de la facultad de construir y proponer iniciativas.

Eso ha dado lugar a una relativa tolerancia política hacia los opositores, primero a través de la audaz propuesta del Pacto por México, un experimento único en verdad en los tiempos recientes y de cuya importancia ahora ya resulta ocioso hablar pues los resultados están a la vista y una contención ante la crítica y aun la pérdida de popularidad surgida, básicamente, por la Reforma Fiscal a la cual ahora todo mundo le achaca los lerdos resultados de la atascada economía nacional.

Ahora no tiene sentido enumerar las reformas planteadas, si bien no culminadas, pues son del conocimiento popular; pero dada la velocidad con la cual se llevaron de la idea a la práctica (al menos en lo legislativo), es digno de notar el éxito al menos de sacar adelante proyectos cuya solución debió darse hace muchos años.

Por eso Peña Nieto le dijo a la prensa española: “No pienso a corto plazo, mi compromiso es con el futuro de México”, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto, que visi-

Por Rafael Cardona ta este lunes España, al tiempo que afirmó que no va a claudicar en su impulso reformador.

En una larga entrevista con Javier Moreno, publicada en el periódico El País, Peña Nieto precisó: “Mi propósito: ni rebajar ni ceder ni claudicar en el esfuerzo de las reformas.

No pienso en una visión cortoplacista”. Esta definición se puede analizar desde muchos puntos de vista; pero podemos ir de brinco en sobresalto o de gozo y toque de trompetas triunfales. Vea usted este

arrebato de optimismo del señor secretario del Trabajo (en un país donde hay poco de esto, por cierto), Don Alfonso Navarrete Prida: “El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida (Crónica), aseguró que México está pasando por la verdadera revolución del siglo XXI, particularmente en los órganos legislativos del país, en la Constitución Política, en las instituciones y en las leyes...

México se encuentra en la enorme encrucijada de saber que en estas transiciones, el país, de aquí a los próximos 20 años, va a pasar por el mejor momento de su historia, que

no se va a volver a repetir; el famoso bono demográfico”.

Pero si para Navarrete, México se aproxima (debió decir a pasos agigantados, lo cual siempre surte efecto en públicos cautivos) a la mejor etapa de su historia, el único gran faltante en el ánimo reformista nacional es la Reforma Energética, o la Reforma del Sector de la Energía, como le deberíamos llamar. Bueno, como sea.

A ese conjunto de cambios de todas las leyes relacionadas con la explotación del petróleo y otras fuentes energéticas, se le ha llamado “La joya de la corona”, si bien eso de coronar testas ejecutivas es cosa de monarquías ahora inexistentes, pero dejemos nada más las cosas en el uso de una frase. Así lo ha expresado el diputado Manlio Fabio Beltrones, cuya palabra suele ser no sólo acertada sino definitiva: “El paradigma moderno debe ser que el petróleo y la energía sirvan para mejorar la competitividad; a través de la competitividad obtener inversiones, a través de las inversiones tener empleo bien pagado, y, con esto, un crecimiento económico que nos beneficia a todos”, agregó.

Manifestó que estos son los objetivos que se buscan con el nuevo modelo de explotación de hidrocarburos que establece la reforma energética, el cual podría ser la “joya de la corona del progreso en México”.

Es decir, ya que se han aprobado las reformas en materia de telecomunicaciones, educación, trabajo, competitividad y financiera, así como sus leyes secundarias.

De vergüenza inédita...

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pesar de que lograron 74 cambios para mejorar el contenido de las leyes de telecomunicaciones, ayer los senadores del PRD fueron obligados a votar en contra, después de que su presidente nacional, Jesús Zambrano, les hizo saber que el propio Consejo Nacional del partido los iba a obligar a votar en contra.

En un hecho inédito, el líder de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa, fue a la tribuna para informar a todos los senadores que su grupo parlamentario había acordado voto libre, a pesar de que su presidente nacional, Jesús Zambrano les pidió votar en contra.

“Había una posición encontrada. Se avanzó en que el voto sería libre. Él (Zambrano) nos dio la recomendación de votar en contra en lo general y en lo particular. Sólo que al arrancar la sesión del Consejo Político Nacional del PRD, en su discurso inaugural le pidió que nos recomendara un comportamiento legislativo”, reveló.

Barbosa Huerta explicó que son políticos y “entendemos que hay hechos políticos que generan consecuencias, y el Consejo Nacional del PRD es la máxima autoridad y nosotros creemos en él, porque creemos en las instituciones.

Respetamos al Consejo Nacional, respetamos la opinión que pueda tener y para no alejarnos de una recomendación distinta a nuestro voto, por eso decidimos votar en contra de este dictamen”.

Redacción * / MUNDO LEGISLATIVO

Después de felicitar a los integrantes de su grupo y de agradecer a Zoé Robledo el esfuerzo por lograr los cambios que mejoraron el dictamen de las leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Sistema Público de radiodifusión del Estado Mexicano, expresó que “quise dejar las razones políticas de haber participado en una negociación; de haber reconocido el ambiente que se logró y vamos a seguir influyendo, porque somos políticos y porque somos una izquierda que cree en el progreso”.

Dijo que es su convicción que si la izquierda quiere un día gobernar el país, tiene que ser confiable y los senadores del PRD saben eso; apuestan por el progreso; apuestan porque a México le vaya bien.

De esta forma, los perredistas que durante 35 días negociaron 74 cambios en materia de preponderancia, interconexión, que el fin del cobro a la larga distan-

cia aplique el 1 de enero de 2015, derechos de usuarios y audiencia, fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), protección al derecho a la privacidad de los mexicanos y disminución de obligaciones de los concesionarios en materia de colaboración contra el crimen organizado, entre otros, renunciaron a respaldar con su voto su propio trabajo.

Con eso quedó atrás el discurso de respaldo de Zoé Robledo, quien desde la tribuna habló de los 74 cambios que logró la negociación de los senadores del PRD, entre ellos, resaltó que “antes, la iniciativa del Ejecutivo Federal, se modificaba el concepto de preponderancia (…) con nuestra intervención regresamos letra por letra a la definición de preponderancia de la Constitución”.

También habló de los avances en el fortalecimiento del IFT; la creación de un amplio catálogo de derechos de audiencias y

Conflicto de intereses La votación de las leyes de telecomunicaciones también mostró que las senadoras y senadores que fueron señalados por el líder nacional de los perredistas, Jesús Zambrano, de tener conflicto de intereses e incluso exigir que se excusaran de participar del proceso legislativo, decidieron no votar.

Arely Gómez, del PRI; Ninfa Salinas y Luis Armando Melgar, del PVEM estuvieron presentes, pero no votaron.

Otro que no votó a pesar de que estaba ahí fue el panista José María Martínez; se salió del salón de plenos cuando empezó la votación y entró momentos después de concluida.

Los calderonistas del PAN Pero la votación de la reforma secundaria en telecomunicaciones también tuvo un impacto en la dinámica interna del grupo parlamentario del PAN, pues el

voto fue dividido; la mayoría de los calderonistas votaron en favor, mientras que los maderistas y los llamados independientes lo hicieron en contra.

Así, Daniel Ávila, Francisco Búrquez, Javier Corral, Silvia Garza, Raúl Gracia, Víctor Hermosillo, Martín Orozco, María del Pilar Ortega, Laura Rojas, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo y Marcela Torres Peimbert; sus 12 votos se sumaron a los 25 del PRD y el PT, que sólo uno de sus integrantes, Marco Antonio Blásquez votó en favor.

“Los Chuchos mandan” Los dirigentes nacionales del PRD demandaron al Consejo Nacional de su partido emitir un pronunciamiento de línea política para que sea acatado por sus legisladores en el Congreso de la Unión a la hora de votar, en lo general, las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.

Tanto Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, como Alejandro Sánchez Camacho, secretario general, solicitaron al máximo órgano de dirección de su partido fijar “una postura clara, sin medias tintas” en contra de los monopolios en el país.

Ante más de 200 consejeros nacionales, los dirigentes aseguraron que el PRD no defiende a un monopolio y ataca a otro.

“Defendemos las libertades de los mexicanos y la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones”, aseveraron.

En seguida, al señalar que reconocen y respetan el trabajo desempeñado por el grupo negociador del PRD en el Senado, tanto Jesús Zambrano como Alejandro Sánchez Camacho dijeron que se tiene que votar en contra de la ley secundaria en la votación general porque no se reformó el punto nodal de la legislación.

“Mi opinión es que sin desacreditar el esfuerzo de nuestro equipo en el Senado, el núcleo de las iniciativas que debiera permitir la democracia en los medios se mantiene esencialmente igual, son reformas que no debemos avalar”, abundó.

“Les dije que se tienen que defender los avances logrados en materia de telecomunicaciones y que busquen cambios en las partes nocivas de la ley secundaria para avanzar en la desmonopolización, avanzar con las definiciones claras en lo que deben ser los criterios para determinar a los agentes económicos preponderantes”.

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Llaman al IFAI a una acción judicial.

Por otra parte, más de 200 organizaciones de la sociedad civil llamaron al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Telecomunicación y Radiodifusión, con el objetivo de garantizar el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.

Los colectivos firmantes – entre los que están Amnistía Internacional, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias– manifestaron su “profunda preocupación por la violación del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales”.

De acuerdo con las organizaciones, el título octavo de dicha ley, titulado “De la colaboración con la justicia” y constituido por los artículos 189 y 190, vulnera el contenido esencial de los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal. *Con información de Leticia Robles de Excélsior

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usuarios; la introducción de la regulación específica para las concesiones de uso social comunitario y de uso social indígenas; la autonomía del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y la neutralidad de la red.

Quedaron en el registro del Diario de los Debates, los argumentos de apoyo al dictamen de Armando Ríos Piter, Benjamín Robles Montoya y Fidel Demédicis, quienes mostraron sus argumentos por las bondades de esta reforma que permitirá la competencia en el sector, beneficiará a todos los mexicanos y por primera vez reconocer y respalda a las radios comunitarias.

El voto en contra de los senadores perredistas fue el cierre de un día intenso de presiones en su contra; la mayoría de los legisladores quería votar por el sí y era evidente que estaban enojados por la imposición.

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La democracia sale cara Daniela Albarrán / MUNDO LEGISLATIVO

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egún el acuerdo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad, en sus primeros cinco meses de vida, cada uno de los tres nuevos partidos políticos de México tendrá un presupuesto de 31 millones 756,550 pesos de dinero público.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Humanista recibirán de agosto a diciembre de 2014 un monto mensual de 6 millones 351,310 pesos.

La cantidad se calculó con base en el extinto Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Para todo 2014, se aprobó un monto de 3,810 millones de pesos para las actividades ordinarias de los partidos políticos nacionales.

millones de pesos a 265 millones (17 millones menos), mientras que para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) será de 139 millones a 131 millones (ocho millones menos).

Los tres partidos menos afectados serán el del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza (Panal), que tendrán 7 millones menos para los últimos cinco meses del año.

El financiamiento anual de los partidos con registro se calcula con base en el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, que se multiplica por el 65% del salario mínimo.

De ese total, 30% se reparte de forma igualitaria y 70% según el porcentaje de votación obtenida por cada fuerza política.

Para que un partido conserve el registro, la nueva legislación electoral señala que se necesita conseguir al menos el 3% de los votos en los comicios federales.

Reaparece Ebrard… sin linea, ¡claro!

Marcelo Ebrard

Aseguró que el PRD tiene que centrarse en volver a ser oposición y evitar ser un “partido satélite”

El exjefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, presentó su “Manifiesto para la transformación del PRD” en el marco de su intención de participar por la dirigencia nacional del partido, según una nota del diario El Universal.

Ebrard aseguró que el PRD tiene que centrarse en volver a ser oposición y evitar ser un “partido satélite” del Gobierno de la República y el PRI. En el documento, el exmandatario capitalino exigió que la dirigencia nacional, así como las estatales informen a detalle sobre el dinero que reciben por prerrogativas por parte del IFE. “(Las secretarías nacional y estatales deben) informar a detalle el uso de 1,200 millones de pesos anuales que por prerrogativas asignan al PRD las autoridades electorales”.

Demandó poner fin de la corrupción y la entrega de candidaturas a familiares y amigos; también plantea ser un partido de avanzada que consulte a sus militantes a través de las tecnologías de la información; democrático, que someta a consulta las dirigencias y candidaturas; equitativo en la consulta interna, y transparente en la rendición de cuentas.

Además, planteó un PRD dinámico en convocatoria ciudadana; incluyente y respetuoso de las diferencias, y progresista y con liderazgo.

Al presentar estos puntos entre legisladores que pertenecen a su corriente, Movimiento Progresista, Ebrard reiteró su llamado a abrir la decisión sobre la dirigencia nacional a una consulta ciudadana.

Al respecto, el perredista afirmó que no será candidato de ninguna corriente interna, por lo que negó que tenga acuerdos con Izquierda Democrática Nacional, encabezada por René Bejarano.

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Electorales (Cofipe), la legislación vigente cuando las tres organizaciones iniciaron el proceso para convertirse en partido.

El artículo 78 del Cofipe —que en mayo pasado fue sustituido por las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y de Partidos Políticos— señala que despué s de obtener el registro, los nuevos partidos tendrán derecho al 2% del financiamiento total para las fuerzas polític as.

Para todo 2014, se aprobó un monto de 3,810 millones de pesos para las actividades ordinarias de los partidos políticos nacionales, de los cuales restan por entregar 1,587 millones para el periodo agosto-diciembre; los 31 millones 756,550 pesos para las tres nuevas agrupaciones representan el 2% de esa segunda cifra.

La aprobación del financiamiento para los tres nuevos partidos también implica que, para lo que queda del año, se reducirá el presupuesto de las siete fuerzas políticas existentes.

Esto se debe a que la legislación mexicana no contempla que el dinero destinado a los partidos aumente si crece el número de organizaciones, sino que una misma bolsa deba repartirse entre todas.

Los ajustes afectarán más al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que originalmente tenía 441 millones de pesos para los últimos meses del año y ahora tendrá 415 millones (26 millones menos), según el acuerdo aprobado.

El segundo más afectado será el Partido Acción Nacional (PAN), cuyo presupuesto original para el periodo agosto-diciembre era de 371 millones de pesos y ahora será de 348 millones (23 millones menos).

Para el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), la reducción será de 282

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Regular, no prohibir animales en circos

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a Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó una reforma que prohíbe el uso de animales en los circos locales, medida que algunas organizaciones civiles exigían desde hace varios años, pero que tras su aval ha generado descontento entre dueños y trabajadores de ese tipo de espectáculos.

Para poder entrar en vigor, la prohibición aún debe ser promulgada por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, después de lo cual tendrá que pasar un año para que sus disposiciones comiencen a aplicarse.

La mayoría de los capitalinos prefiere que el gobierno legisle para proteger a los animales y no prohibiendo que sean utilizados en espectáculos como los circos, de acuerdo con una encuesta de Parametría.

Ante la polémica que generó la aprobación de una reforma en el DF que prohíbe el uso de animales en circos, el estudio registra que el 60%

Redacción / MUNDO LEGISLATIVO de los ciudadanos del Distrito Federal se identifica más con la protección de los animales a través de regulaciones que garanticen que no sean maltratados, mientras que el 37% piensa que el gobierno debe prohibir los espectáculos q u e

los incluyan, tales como circos, acuarios, corridas de toros, zoológicos, rodeos, carreras de caballos y palenques. El restante 3% dijo no saber qué opción preferir o no contestó.

En el ámbito nacional, la respuesta es similar, pues el 61% de los encuestados prefiere las regulaciones y el 35% la prohibición; sólo el 4% respondió no saber o no contestó.

Al cuestionar a los defeños sobre si en estos espectáculos se maltrata a los animales, Parametría reporta que en las corridas de toros se da el porcentaje más alto de encuestados que considera que sí existe maltrato, con 83%; le sigue el palenque con 69% y los rodeos y los circos, los dos con 68%.

Respecto a la población del resto del país, también son las corridas de toros el espectáculo al que más se refirieron como un maltrato a los animales con 71%, además de los circos con 65% y en tercer lugar los palenques con 61%.

Los circos El espectáculo en el que se usan animales y que es más concurrido por los capitalinos es el zoológico, ya que el 91% ha asistido; en segundo lugar

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son los circos con 81%; en el caso nacional, los actos circenses con los más concurridos con 71%.

Al preguntar directamente si está a favor o en contr a de que se permita el uso de los animale s en los circos, 43% de los capitalinos dijo estar de acuerdo, 42% en desacuerdo, 14% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 1% no contestó.

Lee: 8 claves de la reforma que prohíbe animales en circos del DF A nivel nacional las opiniones son muy similares, pues el 44% contestó estar a favor del uso de los animales en estas funciones, 36% en contra, 17% ni a favor ni en contra, y el 3% dijo no saber.

El pasado 9 de junio la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) aprobó una reforma legal que prohíbe el uso de animales en circos e n la Ciudad de México.

Aunque la legislación fue celebrada por organizaciones a favor de los derechos de los animales, los empresarios cirqueros se inconformaron y protestaron en las calles contra la reforma; señalan que es “discraminatoria” y que no se les consultó en la discusión.

La medida fue publicada este martes en la Gaceta Oficial del DF por lo que a partir de este martes los cirqueros tienen un año, fecha que entrará en vigor, para ajustar sus espectáculos a las nuevas normas.

La encuesta elaborada a 800 personas reporta que la mayoría de los pobladore s de la capital continuarían acudiendo a las funciones de los circos aunque no haya animales.

55% dijo que seguiría asistiendo, 30% no lo haría y 15% dijo no saber o no contestó.

Al preguntar lo mismo en el resto de los estados del país, 60% confirmó su asistencia, 21% dijo que no acudiría si no hay animales en las presentaciones, y el 19% contestó no saber.

El DF no es la única entidad que ha avalado prohibiciones del uso de animales en espectáculos como los circos , pues también en los estados de Querétaro, Morelos, Colima, Guerrero, Chiapas y Zacatecas, se han modificado legislaciones con la finalidad de proteger a los animales.

El análisis de Parametría fue levantado del 28 de junio al 3 de julio de 2014 y tiene un margen de error de +/- 3.5% y un nivel de confianza de 95%.

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Renuncia escrita del Estado a los monopolios

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n este acto se esfumó la división de poderes, se encubrió una grave deficiencia en materia constitucional, ya que permitió la usurpación de funciones, al permitir que los dictámenes legislativos provengan de la Presidencia de la República.

Se incurrió en una invasión de la esfera de competencia del Poder Legislativo, por parte del Ejecutivo y lamentablemente en la práctica se permite la existencia de un supra poder constituido por una sola persona, el Presidente de la República que decide, ordena y ejecuta él solo en los tres Poderes de la Unión.

Por lo tanto se profundiza, la subordinación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, incluso yo podría decir con toda serenidad que el Senado ha promovido en su acto de autoridad, en la práctica constituir el más poderoso y peligroso poder fáctico, en el que se habrá de convertir la televisión restringida, que junto con la radiodifusión, decidirán e impondrán actos fundamentales para la Nación y podrán incluso tornarse ingobernables.

El haber establecido el predominio privado sobre el espectro radioeléctrico, con la amenaza de que este dominio privado, este predominio privado se perpetúe, evidencia a un Estado claudicante, evidencia a un Estado sometido y sobre todo evidencia la debilidad de un Poder Legislativo que en la práctica no está cumpliendo los propósitos constitucionales de ser un equilibrio entre los tres poderes.

Esta debilidad esta subordinación, este hincamiento del Legislativo al Ejecutivo no es nada nuevo y tampoco es nada bueno, porque que el Poder Legislativo lamentablemente renunció a constituir un instrumento jurídico que garantizara los derechos y las libertades de los gobernados por los gobernadores.

Por eso estoy en desacuerdo, porque en la Cámara de Diputados conociendo la composición de la misma, que sigue la naturaleza prácticamente idéntica, no va actuar como Cámara revisora, va a actuar como una oficialía de partes, va a actuar como una oficina de trámites burocráticos menores.

Nosotros no estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo porque la norma secundaria que se creó y se aprobó por el Senado contradice la Constitución.

Y yo recuerdo muy buen algunos de los argumentos que aquí se debatieron en el Senado.

La declaratoria de preponderancia por sector y no por servicio, va a generar una protección desmedida a los po-

Por Ricardo Monreal deres fácticos, porque los actuales oligopolios que concentran el espectro radioeléctrico no serán tocados para efectos de diversificar la oferta y abrir la competencia.

Mucha gente en la calle pregunta, ¿Qué quiere decir el que la preponderancia sea por sector y no por servicio? Es muy sencillo, en la explicación, la preponderancia por sector contempla toda la telecomunicación o la radiodifusión como sector, el que se hayan pronunciado por ésta y no por servicio quiere decir, que por servicio se entienden telefonía móvil, telefonía fija, internet, televisión abierta, televisión restringida.

Si se hubiera declarado en la ley secundaria la preponderancia por servicio querría decir, que entonces Televisa no podría ampliar más su adquisición de medios de cables en televisión privada o televisión restringida. Ahora sí lo podrá hacer, porque hacia allá va orientado el mercado.

Quiero expresar con toda seriedad que el futuro de las telecomunicaciones, en el caso de televisión restringida, está en expansión y en un franco crecimiento. La gente, por muy modesta que sea, busca pagar televisión restringida, cable.

La televisión restringida tuvo el año pasado un 10% de crecimiento y el mercado de las telecomunicaciones es de casi 500 mil millones de pesos, eso es lo que se está disputando.

Cuando se declara la preponderancia por sector, se deja a esta televisora que sin límite crezca en el mercado de la televisión restringida, porque ya fue declarada preponderante en televisión abierta y los argumentos son que no son lo mismo televisión abierta que televisión restringida, háganme favor.

En televisión restringida ya tiene este emporio televisivo el 47% de las estaciones y el 60% de la audiencia. En la práctica la televisión restringida va crecer de manera impresionante y el único control que tendrá será una sola empresa, porque, a las otras hasta en año y medio o dos años podrán otorgarle esa posibilidad. Luego entonces es un privilegio inadmisible porque se está generando en la práctica un poder impresionante de la televisión restringida.

Actualmente tiene 60% de la audiencia, nada le impide a este emporio televisivo tener el 90%. Ya lo veremos, entonces lo que se está haciendo es privilegiar el criterio privado por encima del criterio público. Y eso tarde que temprano, será una consecuencia lamentable para el país, para la democracia y para la libertad y el derecho a la información.

Sistema de justicia penal y derechos humanos: los faltantes lucha por la protección y defensa de los mismos en México, pues no sólo significó un cambio de nomenclatura sino que sus modificaciones incorporan los principios del derecho internacional a la normatividad nacional para garantizar su protección e introduce el principio pro homine, con el propósito de que se interprete y aplique la ley que más favorezca y/o proteja a la persona. Lo cual compromete al Estado mexicano a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la Ley. En el marco de aplicación del nuevo sistema de justicia penal, esto significa que cualquier persona involucrada en el desahogo de un proceso penal tiene garantizado el derecho al debido proceso, a ser tratada con respeto y dignidad, a ser considerada inocente mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoria, a ser juzgada por un tribunal imparcial independiente en un plazo razonable, a ser informada en forma precisa y clara de los cargos que se le imputan, a contar con una defensa pública eficaz y a la aplicación de medidas alternas para la solución de conflictos.

Con relación a las víctimas de delitos y abusos de poder, la protección a sus derechos está encaminada a garantizar que sean tratadas por las autoridades de manera respetuosa, sensible y humana, a recibir asistencia, atención y protección del Estado para salvaguardar su integridad física y psicológica, a conocer “la verdad” sobre el delito

que sufrieron, a ser informados, con precisión, del proceso penal contra sus agresores, a que éstos sean juzgados y sancionados con penas adecuadas y proporcionadas, a procurar que los culpables no queden impunes y a tener acceso a la reparación integral de los daños causados por el delito que sufrieron.

Es decir, que como resultado de las reformas constitucionales de 2008 y 2011 en materia de justicia penal y derechos humanos, ha sido posible adecuar el sistema de justicia penal mexicano, en su diseño normativo, a los principios universales de igualdad y respeto a los derechos humanos, de justicia pronta y expedita, de protección a las víctimas y ofendidos por el delito, a garantizar los derechos de los imputados y sentenciados y emprender el combate a la impunidad, entre otros más. ¿En qué se traduce todo esto?

De acuerdo con los datos proporcionados por Guillermo Zepeda, Coordinador del Estudio de Seguimiento del Proceso de Implementación del Nuevo Modelo de Justicia Penal en México, que realiza desde 2010, los estados con mayor antigüedad en la aplicación y funcionamiento del nuevo modelo procesal (Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, Estado de México y Morelos) prestan un servicio de administración e impartición de justicia de mayor calidad y con mejor capacidad de investigación técnica del Ministerio Público, donde el desempeño de los defensores públicos representan una de las áreas con mayores mejoras, en el que los

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na parte de la corrupción existente en el actual sistema de justicia penal mexicano se deriva de la falta de ética pública con que se conducen algunos de sus funcionarios, operadores e integrantes de las agrupaciones policiacas, y otra que deriva de deficiencias en el diseño de las leyes, que en su aplicación generan o inducen a la corrupción, iniquidad e impunidad, afectando los derechos humanos de las víctimas de delitos.

El pasado mes de junio se cumplieron 6 años de que se promulgó la reforma constitucional en materia de justicia penal y de seguridad pública, y cuatro de las modificaciones realizadas al Artículo 1 de nuestra carta magna.

Como es de todos conocido, a la primer enmienda debemos la restructuración del sistema de justicia penal, que establece la adopción del sistema acusatorio adversarial para todos los estados y la federación, y que asentado en el principio de presunción de inocencia permite ampliar los derechos de la víctimas y ofendidos, proteger los de los inculpados, implementar mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, incorporar nuevos órganos procesales penales y regular el papel que cumplen los ministerios públicos, defensorías y policías investigadoras en el nuevo proceso penal.

En tanto que a la segunda enmienda debemos la conversión del concepto de garantías individuales (establecido en 1917) por el de derechos humanos. Que tiene un significado histórico en la

Por Alejandro Martí*

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juzgadores presiden todas las audiencias y muestran muy buena capacidad de conducción y respeto a los derechos fundamentales de las víctimas, ofendidos e imputados; en el que las víctimas cuentan con la posibilidad de ejercer acciones legales para defender sus derechos, la garantía de recibir la reparación del daño e impugnar las acciones o la pasividad del Ministerio Público.

Asimismo, dichos estados cuentan con una tasa de resolución de investigaciones superior al promedio nacional -con excepción de Morelos- que aumenta la probabilidad de capturar a los infractores y, por tanto, reduce la tasa de impunidad. Más aún, en los estados donde opera la reforma se ha dejado de criminalizar los delitos menores con la prisión preventiva y se han desarrollado alternativas para que las personas que no puedan cubrir su fianza tengan la posibilidad de garantizar su presencia en el juicio de otra forma y, en su caso, la reparación del daño. Lo que les permite enfrentar su proceso en libertad, se traduce en una disminución de los presos sin condena y en la reducción de la población penitenciaria.

Aunque en algunos de los estados mencionados aún se requiere revisar algunos de los mecanismos de implementación de la reforma penal, existe un contraste importante con aquellos que se mantienen a la zaga. Los resabios del viejo sistema inquisitivo se hacen patentes en la aplicación de rutinas y procedimientos obsoletos, como es el mecanografiar las declaraciones en lugar de grabarlas, donde los Ministerios Públicos atienden tres caso al mismo tiempo y los jueces no hacen acto de presencia en las audiencias, delegando tan importante función a sus colaboradores. Dando como resultado que sólo una de cada cuatro investigaciones se resuelva, que las audiencias se realicen uno o dos meses después de que fueron solicitadas y que el 75% de las procuradurías enfoquen su atención en la resolu-

ción de delitos menores y se criminalice a los implicados con prisión preventiva. Propiciando que a 43% de los reclusos no se les haya dictado sentencia y que 64.6% de las condenas correspondan a delitos del fuero común, mientras se destinan menores recursos a la investigación de delitos de alto impacto.

Peor aún, los retrasos en la instauración de la reforma penal han propiciado que se vicie el sistema de administración e impartición de justicia penal y sus efectos degradantes se vean magnificados por la persistente corrupción de jueces, magistrados, abogados, fiscales y policías, que valiéndose de los resquicios legales existentes y de triquiñuelas legaloides, hacen posible que se emitan juicios de amparo que impiden se considere como definitiva la sentencia dictada a criminales de alta peligrosidad o que se alarguen los juicios de manera absurda y por demás injusta. Lo que se convierte en un atentado contra los derechos de las víctimas y de los ofendidos, impidiéndoles acceder a la reparación integral que establece la Ley, que comprende las aplicación de medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición.

Más todavía, los atropellos cometidos contra las víctimas -más allá de los casos de alto impacto mediático-, hacen ver que en la medida que prevalezcan estas deficiencias dentro del proceso de transición al nuevo sistema, se corre el riesgo de que una vez que dicho proceso concluya, nos enfrentemos a un sistema de justicia penal que puede tornarse altamente revictimizante.

En otras palabras, podemos sostener que una parte de la corrupción existente en el actual sistema de justicia penal mexicano se deriva de la falta de ética pública con que se conducen algunos de sus funcionarios, operadores e integrantes de las agrupaciones policiacas, y otra que deriva de deficiencias en el

diseño de las leyes, que en su aplicación generan o inducen a la corrupción, iniquidad e impunidad, afectando los derechos humanos de las víctimas de delitos (sean estos del fuero común o federal) propiciando que, de origen, se rompa con el equilibrio jurídico que debe prevalecer en la atención de las víctimas y los victimarios en una sociedad que aspira a instaurar un verdadero Estado democrático de derecho.

En tal sentido, no resulta gratuito que, de acuerdo con los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Victimización 2013, los motivos que llevan a las víctimas de un delito a no denunciar están la falta de confianza que tienen en las autoridades y por considerar que las denuncias son una pérdida de tiempo.

Por tal motivo, soy un convencido de que la consolidación de la reforma penal y en materia de derechos humanos depende del grado en que se logre incrementar la confianza social en nuestras instituciones impartidoras de justicia, en la profesionalización de los jueces, fiscales y agrupaciones policiacas, en la implementación de controles contra la corrupción, en el apego a los principios del debido proceso y en el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como recién acaba de proponer el CIDAC. En esta tarea, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad toda tenemos mucho que decir. ¡La pelota está en nuestra cancha!

@Alejandro_Marti/ Publicado en ANIMAL POLITICO.

El nuevo modelo de sanciones electorales Por Javier Jiménez Corzo

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Electorales, tal y como ya se refería, establece la vía para conocer y resolver las quejas y denuncias cuyo sustento esté soportado en demostrar la violación a lo dispuesto en la Base III, del artículo 41 y párrafo octavo, del artículo 134 de la Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña , esto será mediante la instauración del procedimiento especial sancionador electoral.

Para ello el constituyente permanente determinó que en la estructura del nuevo Instituto Nacional Electoral debería crearse la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, cuya importancia alcanzó estar incluida en la Junta General Ejecutiva, órgano máximo de carácter ejecutivo dentro de la autoridad nacional electoral. La instancia estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, y será la competente para la tramitación de los procedimientos sancionadores.

Bien vale la pena hacer una breve pausa y tomar nota respecto

a la función novedosa que se introdujo en el texto Constitucional como parte de la reforma en materia político-electoral; se trata de la oficialía electoral investida de fe pública para actos de naturaleza electoral.

Esta nueva tarea a la autoridad electoral podrá tener un vínculo ínfimo con el desarrollo función de la institución responsable de la organización de los procesos electorales, y entre otras tareas, la tramitación y sustanciación de las posibles quejas y denuncias que se presenten y cuya competencia sea de la autoridad electoral nacional, y eventualmente para su resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral.

En la reforma a las llamadas leyes secundarías en la materia, se determinó que la Secretaría Ejecutiva del Instituto tiene a su cargo la responsabilidad sobre el ejercicio de la función de la oficialía electoral prevista constitucionalmente en la base V , apartado A, del artículo 41 de la Carta Fundamental.

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a reforma constitucional en materia político-electoral estableció un nuevo modelo del régimen administrativo sancionador para el sistema electoral mexicano.

Se trata de un modelo mixto, en el entendido que por un lado, faculta a la autoridad electoral administrativa, el Instituto Nacional Electoral (INE), a recibir y sustanciar las quejas y denuncias que se presenten por las presuntas violaciones a lo previsto en la Base III , del artículo 41, y párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña; y por otro lado, contempla que la resolución, y en su caso, la imposición de las sanciones respectivas de esos procedimientos sancionadores corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Al respecto, la reciente Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales faculta a la autoridad federal electoral administrativa para que instaure el procedimiento especial sancionador electoral como la vía idónea para conocer de las quejas y denuncias cuyos hechos se sustenten en los supuestos referidos La reforma legal en materia electoral, en cuanto al tema que nos ocupa, prevé específicamente tres tópicos : Primero, las nuevas instancias especializadas. La Ley General de Instituciones y Procedimientos

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Con esta nueva función, la autoridad electoral administrativa contará con la posibilidad de dar fe sobre hechos que podrían ser constitutivos de faltas a las leyes electorales, y por tanto, que de esa labor se derive la sustanciación de procedimientos sancionadores más eficaces, pero también se podría incrementar el número de peticiones que los partidos políticos o candidatos presenten para que el Instituto certifique o pueda configurar elementos probatorios en forma anticipada. Se hace énfasis al respecto de esta atribución, la de la oficialía electoral porque la misma está encaminada a la posibilidad de certificar o constatar actos de naturaleza electoral vinculados a posibles violaciones a la normativa electoral, ya sea dentro de un proceso electoral o fuera de éste. Tarea que, sin lugar a dudas, tendrá repercusión en la función sustanciadora del procedimiento sancionador electoral, ya sea especial, ordinario o de fiscalización.

Como fin, de lo referente a esta atribución conferida a Unidad de lo Contencioso Electoral, cabe destacar que en el artículo 468, párrafo 1, el legislador estableció que los procedimientos deberán regirse bajo los principios de congruencia, idoneidad, de forma expedita, completa y exhaustiva, sobre todo, de forma seria.

Ahora bien, es importante precisa r que la Unidad de lo Conten cioso Electoral será la instanc ia competente, adscrita al Secretario Ejecutivo, que desarrolle a nivel central la función instrumental e investigadora de las denuncias sustentadas como presuntas violaciones a la Base III, del artículo 41, y párrafo octavo, del artículo 134 de la Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de

Es necesario que el Instituto Nacional Electoral asuma dicha función con el profesionalismo y objetividad necesaria con la finalidad que el modelo de nuevo sistema sancionador electoral sea efectivo y cumpla su cometido actos anticipados de precampaña o de campaña, a través del procedimiento especial sancionador previsto en la Ley Ge neral que nos ocupa.

Sin embargo, con independencia que la referida Unidad deberá contar con el recurso humano especializado y las áreas técnicas que le den funcionalidad y efectividad a este nuevo modelo, lo cierto es que deberá estar en constante coordinación con los organismos públicos locales de las entidades federativas, así como con la estructura desconcentrada del propio Instituto (Juntas locales y distritales); lo anterior, para el efecto de generar criterios consistentes y uniformes, o en su caso atraer los asuntos que por su transcendencia o importancia deben ser sustanciados en la estructura central del Instituto, lo anterior con independencia de la competencia que se ha definido en la propia ley general y los criterios del Tribunal Electoral.

Al respecto, es necesario que el Instituto Nacional Electoral asuma dicha función con el profesionalismo y objetividad necesaria con la finalidad que el modelo de nuevo sistema sancionador electoral sea efectivo y cumpla su cometido, por ello las constancias de los expedientes que la autoridad electoral administrativa ponga a consideración de la Sala Especializada del Tribunal deberán no sólo reflejar investigaciones apegadas a los principios que rigen la función electoral, sino también los aplicables al propio régimen sancionador electoral, por lo

que dicha función instrumental del Instituto será revisada con el rigor suficiente dentro de los plazos y procedimientos sumarios que la naturaleza de este régimen requiere y la ley prevé en forma particular.

La competencia revisora y resolutoria de los expedientes sustentada en artículos 475 y 476 de la Ley General, motivo por la instrumentación e investigación de los procedimientos de esta naturaleza podría ser calificados por su eficiente investigación y sustanciación, o por el contrario la Sala Especializada tendría facultades legales para corregir las deficiencias o en su caso, cuando a juicio de la propia Sala así lo considere necesario, en plenitud de jurisdicción emitir una resolución de fondo con las constancias que se le hubieren puesto a disposición.

La Sala Especializada. La reforma electoral legal reguló que el Poder Judicial de la Federación, a través de su Tribunal Electoral, deberá atender el mandato constitucional de resolver los asuntos que el Instituto le ponga a su consideración con motivo de los procedimientos instaurados con motivo de las quejas o denuncias relacionadas con la presuntas violaciones a la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña. Al respecto el constituyente permanente consideró necesario,

dio legal idóneo para cuestionar las terminaciones relacionadas con el procedimiento especial sancionador, recurso legal que será resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral en forma definitiva e inatacable.

Dicha instancia podría conocer tanto resoluciones de fondo emitidas por la Sala Especializada como por las determinaciones de la autoridad administrativa electoral federal (INE) relacionadas con las medias cautelares o un eventual desechamiento de quejas o denuncias presentadas al respecto.

El Constituyente, estableció a partir del artículo 470 en adelante, lo relativo al Procedimiento Especial Sancionador, al establecer los supuestos de procedencia del procedimiento en estudio, fija como requisito para el caso de la propaganda calumniosa la exigencia de que sólo se puede instaurar el procedimiento por queja de parte ofendida. En cuanto, a la propaganda vinculada a radio y televisión exige que sea la autoridad administrativa la que denuncie ante el Instituto Nacional Electoral para el inicio y substanciación del procedimiento especial sancionador, y sea la Secretaría Ejecutiva a travé s de la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral quien instrumente el referido procedimiento sancionador.

La naturaleza del procedimiento especial sancionador en materia electoral lo torna sumario, al respecto la ley establece plazos breves de 24 y 48 horas para que se citen a las partes y para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos. Así mismo, establece la posibilidad de establecer medidas cautelares,

Es importante precisar que la Unidad de lo Contencioso Electoral será la instancia competente

la cuales deben ser propuestas ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, decisión que puede ser recurrida ante la Sala Superior del TEPJF. En relación a la propaganda que no se vincule a radio y televisión, se establece una competencia territorial y por materia, prevista a favor de las juntas o consejos locales o distritales del INE, para que sean éstas quienes desarrollen o substancien el procedimiento especial sancionador, sin embargo, de forma concurrente, se deja la atribución del INE a nivel central, en particular la Secretaría Ejecutiva, que atraiga algún asunto, bajo ciertos parámetros de gravedad de la conducta desplegada.

En el desarrollo e implementación del procedimiento especial sancionador, incorporado en la legislación electoral a partir de la reforma en materia electoral de los años 2007 y 2008, la Sala Superior del TEPJF ha venido confeccionando diversos criterios a raíz de asuntos que por su complejidad legal o concurrencia de circunstancias en los que ha sido necesaria la interpretación del máximo tribunal especializado en la materia. Al efecto, el reciente modelo del procedimiento especial sancionador que se plasmó en la reforma electoral que nos ocupa, si bien confeccionó un sistema mixto para la atención y resolución de las quejas, lo cierto es que los criterios emitidos por la Sala Superior al respecto son vigentes, por tanto aplicables y útiles. Ejemplo de ello son los criterios que se han emitido en materia de propaganda gubernamental personalizada e informes de gestión de servidores públicos, principio de imparcialidad en el uso de recursos para influir en la competencia electoral, derecho de réplica, medidas cautelares, entre otros criterios relevantes y jurisprudenciales.

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para este tema en particular, la creación de una Sala Regional Especializada con jurisdicción nacional, con residencia en el Distrito Federal.

Esta Sala Especializada, es la octava sala regional que integra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; instancia jurisdiccional especializada en materia administrativa electoral para conocer y resolver los expedientes de los procedimientos, pero sin menoscabo de lo anterior, esta sala podría conocer de otro tipo de asuntos cuya competencia sea de la otras siete Salas que integran el Tribunal.

Las determinaciones que al respecto emita la Sala Especializada podrán ser cuestionadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral mediante el recurso de revisión de conformidad con el artículo 109 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Al respecto, cabe destacar sobre la importancia de que las determinaciones de la Sala Regional Especializada sean objeto de revisión por la Sala Superior, también incide en la exigencia de las instancias normativas internacionales, entre éstas, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, respecto a la necesidad de contar con al menos dos instancias para la revisión de la constitucionalidad y convencionalidad de los actos de autoridad, incluidos los de naturaleza jurisdiccional.

En tal suerte, cabe destacar que el legislador estableció el recurso de revisión como el me-

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Efraín Huerta,

el cocodrilo centenario

Mundo legislativo

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l 18 de junio se cumplirá un siglo del natalicio de Efraín Huerta Romo, uno de nuestros principales poetas en cuya obra ocupa un sitio relevante la Ciudad de México; él nació en Silao, Guanajuato, pero vivió por décadas en la capital del país y la recorrió a pie.

Entre sus odas citadinas están Avenida Juárez, Buenos días a Diana Cazadora, Declaración de amor, Declaración de odio, Del miedo a la compasión y JuárezLoreto, que figuran en ‘Poesía completa. Efraín Huerta’ (1988), libro que el veterano Martí Soler editó y David, hijo del poeta, prologó en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica.

De esa faceta de su producción se ocupó Miguel Ángel Hernández Acosta en su tesis profesional ‘La ciudad de México en los poemas de Efraín Huerta: un análisis narrativo’, que contiene “un mapa de las calles y lugares que habitan la poesía” del también periodista, así como “el cambio de geografía” en sus versos a partir de que se mudó a Polanco (letralia.com).

Pero es ‘Los hombres del alba’ (1944) el libro considerado por los que saben como el más relevante del ‘Gran Cocodrilo’, porque constituyó un parteaguas en la poesía, en la cual destaca también por el uso de vocablos rudos y expresiones nada solemnes que los ortodoxos han de haber reprobado. Huerta, hombre de izquierda, hizo del verso un instrumento de protesta.

Rafael Solana escribió en el prólogo de ‘Los hombres del alba’ que la poesía de Huerta “es desagradable en la misma forma que lo son las pinturas de Orozco”, y por su parte Carlos Montemayor comentó en Casa del tiempo, revista de la UAM que él fundó, que quizás a lo largo de toda la obra del guanajuatense el principio rector sea el amor “real, imperfectamente humano, amplio y contradictorio”, ya sea “desde el odio, desde la ira, desde la impotencia o desde la muerte”.

Y todo eso a pesar de que, con humor, en su poemínimo titulado ‘Pequeño Larousse’ Efraín llama “embustero” a dicho lexicón porque consideró su trabajo como “de contenido social”, pues “yo sólo escribo versos de contenido sexual”.

También celebraba jocosamente que el ‘Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México’ señalara que había muerto en 1968. El tecleador recuerda tal desatino porque esa obra fue en un tiempo una de sus principales fuentes de consulta.

Uno de los poemas de Huerta se titula ‘Hoy he dado mi firma para la Paz’, en lugar -dice- de haber dedicado ese día a rubricar un poema o “los pequeños artículos”, o una carta, un

Por José Antonio Aspiros

mensaje o “el documento que te esclaviza”.

Luego de hurgar un poco, encontramos que lo escribió en 1952, cuando asistió en Berlín al Congreso Mundial por la Paz, al parecer financiado de manera encubierta por la Unión Soviética en los inicios de la guerra fría.

En esa composición consigna que fue una joven “con ojos de esperanza” quien “bajo los altos árboles de la Alameda” le pidió su firma, y aun cuando parece que no se trata de la misma alameda que está en la Ciudad de México, de todas maneras será en ésta, a la que cantó, donde también lo conmemoren en su centenario.

Está en marcha un programa de actividades para recordar a quien impulsó en 1949 el movimiento llamado cocodrilismo -caracterizado por “el humor, la forma de ver la vida, y la lejanía con [Octavio] Paz (tanto en la escritura como en la ideología)” según Hernández Acosta-, lo que le valió el apodo de El Gran Cocodrilo. En un artículo de ese año 49, Huerta explicó que “el cocodrilo (…) no es otro monstruo que el subconsciente”.

Los homenajes iniciaron en febrero durante la Feria del Libro de León y han seguido con una exposición en el Centro Cultural Bella Época curada por sus hijas Eugenia y Andrea Huerta, lecturas de sus poemas en diversos escenarios, reediciones de sus obras y nuevos libros acerca de él, la colocación de su nombre en el muro de honor de la Asamblea Legislativa del DF y actividades a cargo de la Secretaría de Cultura capitalina, entre ellas la develación de una escultura en la avenida Juárez el domingo 22, obra del artista Juan Manuel de la Rosa, como parte del ‘Gran Cocodrilo Fest’ organizado por el GDF y el INBA. Los cocodrilos llegan a vivir entre 50 y 80 años; Huerta -Gran Cocodrilo- murió a los 68, el 20 de febrero de 1982.

Hoy lo recordamos.

Textos en libertad

Tribulaciones de los generales desconocidos José Antonio Aspiros Villagómez

bandera de las barras y las estrellas ondeara en el Palacio Nacional. Lo cual sucedió más pronto: siete años después, el 15 de septiembre de 1847.

También se refirió al conocido Brindis del Desierto de los Leones que fue ofrecido el 20 de enero de 1848 por una asamblea municipal recién electa al general Winfield Scott y sus tropas de ocupación, y en el cual -dijo Reed- “se brindó por la derrota de México; no querían que los estadunidenses se fueran sin destruir al ejército, a la Iglesia y, de ser posible, se anexara el país a Estados Unidos”, como lo refieren el coronel invasor Ethan Allen Hitchcock en sus Memorias publicadas en 1909, y el historiador antiliberal Alejandro Villaseñor en su obra ‘Anton Lizardo y el tratado de McLane Ocampo. El brindis del Desierto’.

Durante una amena charla de 60 minutos en la que disertó de memoria y de pie, y culminó con nutridos aplausos y un cuestionamiento del público porque llamó “liberal” al historiador Francisco Bulnes, Luis Reed explicó cómo en 1860 Benito Juárez pidió a Estados Unidos que mandara su flota a Veracruz, donde tenía instalado su gobierno, para ayudarle a contener el acoso de las tropas conservadoras de Miguel Miramón (ambos eran presidentes), y refirió que en su cumpleaños de 1869, el Benemérito de las Américas recibió como regalo la bandera estadunidense que ondeó en uno de aquellos barcos extranjeros que impidieron a los conservadores ganar la Guerra de Reforma.

Los generales de Maximiliano tuvieron destinos tan distintos como el fusilamiento, la fuga en paños menores a través de azoteas, la amnistía y el ascenso durante el porfirismo (Díaz indultó a los sobrevivientes, menos a Márquez).

“Ninguno de estos generales robó”, dijo el conferencista, y algunos de ellos dejaron como herencia unas mulas y una casa de adobe; “como ahora“, acotó, para provocar la hilaridad de su auditorio.

En el caso de Tomás Mejía, fusilado junto con Maximiliano, Reed hizo notar que “fue tan indio como Juárez”, y cuando le dio la bienvenida a Maximiliano en Palacio Nacional, se definió como “un soldado rudo y dispuesto a morir por él en el campo de batalla o en el paredón si fuera necesario”. Así, en la ejecución coincidieron un europeo (Maximiliano), un criollo (Miramón) y un indio (Mejía, ñañú otomí).

El historiador afirmó que el proceso contra los derrotados en Querétaro no fue conforme a la Constitución de 1857 que Juárez decía defender y que prohibía los juicios políticos, sino apegado a una ley juarista del 25 de enero de 1862 que condenaba a muerte a todos los enemigos que apoyaran la intervención francesa.

Y, como siempre lo hace, llamó “señor fiscal” a este tecleador cuando le formuló una pregunta, por aquello de que el fiscal en el consejo de guerra contra Maximiliano, se apellidaba Azpíroz.

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En el siglo XIX hubo una guerra civil entre los mexicanos partidarios de la monarquía y los de la república -centralista o federalista, lo que también los dividió-, en cuyo trasfondo estaba la pugna de las potencias extranjeras por controlar a las naciones entonces emergentes en el continente americano. México en particular, dada su infausta vecindad con Estados Unidos, tan lleno de ambiciones hegemónicas y expansionistas.

Esa situación explica que tropas tanto francesas como yanquis hayan invadido México (en ese tiempo con una soberanía tan precaria como la actual), país que resultó ser el escenario donde, con aliados locales en ambos bandos, trataron de imponer sus respectivos sistemas de gobierno: republicano el de Estados Unidos, monárquico el del país galo.

Por ello hubo entonces en México gobiernos federalistas y centralistas, así como dos imperios, y en ese contexto se insertó la charla del periodista e historiador Luis Reed Torres con que concluyó el ciclo de 15 conferencias ‘Esplendor y ocaso del Segundo Imperio Mexicano’, que organizó el Centro de Estudios de Historia de México Carso.

Dijo que la intrusión francesa fue una “contraintervención que resultó fallida”, pero pretendía evitar el dominio de Estados Unidos en México con su Doctrina Monroe y el ‘destino manifiesto’.

Con el título de ‘Los generales desconocidos de Maximiliano’, Reed citó a 15 de ellos incluidos un civil que fue ministro de la Guerra en esa época (Juan de Dios Peza, padre del poeta homónimo) y tres que sí son mencionados en la historia oficial: Miguel Miramón, Tomás Mejía y el sanguinario asesino Leonardo Márquez, al que citó con brevedad.

Reed comentó que, no por poco conocidos, esos militares dejan de ser importantes en el periodo 1855-1867, “los 12 años terribles de contienda fratricida” que culminaron con el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía en el cerro de las Campanas.

Y aseguró que la mayoría de los oficiales, jefes y generales del ejército mexicano en el siglo XIX, “fueron conservadores en la guerra de Reforma y luego partidarios del segundo imperio porque veían a los liberales como herejes, enemigos del ejército y partidarios de Estados Unidos”.

Refirió que años antes, en 1840, el político y diplomático José María Gutiérrez de Estrada había escrito una carta al entonces presidente por tercera vez, Anastasio Bustamante, en la que insinuaba la opción de la monarquía, le hacía consideraciones sobre el sistema republicano -al cual servía entonces- y cuestionaba que analfabetos hubieran gobernado al país.

Aquel personaje que después encabezó a quienes ofrecieron a Maximiliano el “trono” de México, de acuerdo con lo dicho por Reed “se desencantó” de los gobiernos republicanos porque “aquello era un desastre, una anarquía absoluta”, y en su misiva a Bustamante advirtió que si no se cambiaba de política, no pasarían 20 años sin que la

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Aquí y allá…

Así esclavos Por Teresa Gurza

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llá, el rey Juan Carlos tuvo que abdicar por el desgaste de la monarquía causado entre otras cosas, por su participación en una cacería de elefantes en plena crisis económica y por el proceso por corrupción contra su yerno y su hija. Acá, hay corruptos donde quiera con procesos pendientes o sin ellos; y sigue la impunidad de los responsables de las muertes en la guardería ABC, sin que nada suceda.

Allá, el presidente Francois Hollande presenta una iniciativa de reforma que cambiará el mapa francés y ahorrará gastos públicos al reducir de 22 a 14 las regiones metropolitanas; habrá menos parlamentarios y desaparecerán paulatinamente las diputaciones provinciales.

Acá, crecemos el antiguo IFE aumentando empleados; el Congreso de la Unión dilapida miles de millones en prerrogativas autootorgadas; todas las entidades tienen congresitos y diputados; se incrementan prerrogativas a partidos políticos a costa del presupuesto para escuelas y marginados; acabamos de enterarnos que también cobran como jeques los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyos salarios superan los de secretarios de Estado; se montan costosos escenarios llevando funcionarios y guaruras a la Tarahumara, para testificar que unos pocos compatriotas pueden comer algo más, que chile con tortillas.

Y somos noticia no porque los del poder caigan por moches

y derroches, sino por la miseria en que viven más de la mitad de los mexicanos y la corrupción que permite esa situación; por la precariedad de las escuelas; por la falta de calidad de la salud pública; por la migración de cientos de miles de campesinos al norte del país, o a Estados Unidos; y porque los centros de arresto gringos, están llenos de niños migrantes.

La falta de tierra, crédito, insumos y dinero, la pobreza pues, convierte a los campesinos en emigrados; o en jornaleros de campos ajenos, en casi esclavos de productores trasnacionales de fresa y jitomate que siembran en tierras mexicanas.

Freddy, un morelense que sabe de lo que habla porque laboró tanto “en el otro lado” como “pa´al norte nuestro”, me cuenta lo que es pizcar todo el día, expuesto a pesticidas y a pleno sol. Lo que es no poder dormir por el agotamiento, y el dolor por pasar horas y horas en cuclillas, “al pararse para llevar las cajas a los camiones, siente uno que se descoyunta de la espalda, que se muere… y no se diga al ir al excusado” balbucea Freddy, que de entonces conserva la costumbre de taparse la cabeza con un paliacate que detiene una cachucha.

Desconoce o le da lo mismo, que acá tiene derechos a vivienda, salud y educación, a un trabajo digno y a ser reconocido y respetado. “Existirá todo eso si usted dice, pero ¿qué nos ganamos si no los vemos a esos derechos?”.

Su testimonio coincide con lo que dijeron a El Universal,

campesinos que laboran en el Vizcaíno; y con lo publicado por La Jornada sobre las condiciones de vida de los once millones de mexicanos indocumentados, que trabajan en los campos gringos: “Constituyen la población más grande sin derechos desde los años de la esclavitud que terminaron en 1863”, aseguró Douglas Massey, investigador de la Universidad de Princeton, al participar en la 12 Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México. Y precisó que las deportaciones desde el territorio estadunidense, están aumentando.

Hace 23 años, en 1991, enviada por La Jornada pasé varias semanas en California haciendo un reportaje sobre la migración michoacana, a ese estado.

Encontré pueblos enteros sin gringos o con muy pocos, y tiendas con nombres como Lindo Michoacán, Carnitas Sahuayo; y se decía que quienes quisieran encontrar a alguien de Aguililla debía buscarlo no en Michoacán, sino en Redwood City, donde redes familiares daban cobijo a los que iban llegando.

Vivían allá sin duda mejor que en sus comunidades, pero todos tenían miedo a la migra; por ellos o por sus parientes.

Pero ese sufrimiento les da lo mismo a los políticos mexicanos, ciegos y sordos a todo lo que no sean sus propios intereses; y ahora distraídos con el bulling, que no acabará por decreto ni lo generan los niños, sino sus condiciones de vida y educación. ¿Hasta cuándo?