Mundo Legislativo No. 116 by Mundo Legislativo

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Andrade, dice que no tiene “conflicto de intereses” (Pág. 26)

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Hacia el 2018 La entrega de la riqueza del subsuelo, a los extranjeros

El Instituto Nacional Electoral y los riesgos de la democracia

El INE y el riesgo de la democracia en México ENTRE-PÁGINAS

OHL México. Entre los escándalos de corrupción internacional

Pablo Gómez. Comprar Votos

(Pág. 19)

Rafael Cardona. Estación San Lázaro

(Pág. 18)

Manuel Fuentes. La insensatez

(Pág. 30)

Octavio Raziel. Pobres

(Pág. 34)

Magdalena Lara. Piratería

(Pág. 28)

Año XII. No.116 1º de Septiembre 2015

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EDITORIAL DIRECTORIO Francisco Ramírez R. Director mundolegislativo@hotmail.com “Estación San Lázaro” Rafael Cardona Sandoval Crónica Parlamentaria Patricia Arnaud

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En portada El presidente Peña Nieto, inició el juego de la sucesión con miras al 2018. Chong, VIdeharay y Nuño son hoy los probables candidatos del PRI. Nada garantiza que serán electos por los votantes.

Rumbo al 2018… ¿Cambios? El pasado jueves 27 el presidente Enrique Peña Nieto, anunció movimientos en su Gabinete. Ninguno más significativo que el de Aurelio Nuño, el jefe de la poderosa oficina de la Presidencia de la República. Sin embargo, los movimientos son más de forma -mediáticos- que de fondo. Por desgracia para México, son casi nulas las políticas del Estado que miren hacia el futuro –como en otras naciones desarrolladas-. No hay planeación para saber a dónde dirigir al país en los próximos 50 años, por ejemplo. Se sabe con certeza, que de no cambiar las políticas económicas actuales –dictadas desde el extranjero, como la entrega del petróleo, como lo afirmó Hillary Clinton-, la sociedad se encamina a una enorme desigualdad y atraso. Las políticas públicas del gobierno, que es lo que debería interesar a la sociedad, siguen igual con o sin estos cambios en el Gabinete de Peña Nieto. Deja intocadas las áreas de seguridad y finanzas, que son las que dictan el rumbo actual del país. Destaca el nombramiento también de José Calzada, ex gobernador de Querétaro, entidad que “perdió” el PRI en estas elecciones intermedias frente a Acción Nacional. Pero sólo destaca, porque parecería ser el “pago” a ese partido, por los favores recibidos para aprobar las reformas en el Congreso, sin las cuales el gobierno, hoy, no tendría nada. Visto de ese modo, Peña Nieto ha perfilado su juego hacia el 2018. Y si se lee con cuidado su discurso en el PRI, no describía al líder del Partido - como muchos creyeron- queriendo ver a Manlio Fabio Beltrones retratado por Peña Nieto. El presidente hizo muy probablemente el retrato de su sucesor, y en él encaja Aurelio Nuño. Con estos enroques quedan a la vista tres aspirantes: Luis Videgaray, secretario de Hacienda; Miguel Ángel Osorio, secretario de Gobernación –si es que llega a detener al “chapo” Guzmán-; y desde luego Arturo Nuño, ahora secretario de Educación. Con la llegada de nuevo del PRI al gobierno, se reeditó el presidencialismo que México ha conocido durante décadas, de tal modo que el candidato será el que el presidente quiera. Incluyendo a Beltrones, Calzada, Sin embargo, eso no significa, en modo alguno, que ese candidato vaya a ser el próximo presidente de México. Hace 30 años que se repite la trillada frase de que “México no está para experimentos”… Pero somos el mayor laboratorio para las ocurrencias de los políticos. Y sobreviviendo. S. Francisco Ramírez R. fara.1@icloud.com

Cambios de forma, anuncia Peña Nieto Por Guadalupe U. Inestrillas / MUNDO LEGISLATIVO

rrollo Social, Rosario Robles, sustituirá a Jesús Murillo Karam en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). José Antonio Meade ocupará la Secretaría de Desarrollo Social y Claudia Ruiz Massieu irá a Relaciones Exteriores. El actual director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Enrique de la Madrid sustituye a Claudia Ruiz Massieu en la Secretaría de Turismo. Por otra parte, Rafael Pacchiano llega a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sustitución de Juan José Guerra Abud, quien a su vez sería postulado para ser el próximo embajador de México en Italia. El actual coordinador nacional antisecuestros, Renato Sales, fue nombrado comisionado Nacional de Seguridad en sustitución de Monte Alejandro Rubido. El exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, ocupará la dirección del ISSSTE. Con los cambios anunciados ayer en el gabinete, justo a la mitad de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto no sólo relanza su gobierno, sino además abre el camino hacia un cambio generacional. El mandatario colocó a Aurelio Nuño Mayer, a José Antonio Meade

Kuribreña, a José Eduardo Calzada Rovirosa, y a Claudia Ruiz Massieu en posiciones estratégicas dentro su equipo, lo cual los coloca como serios aspirantes a una candidatura presidencial. Nuño Mayer, uno de los personajes más cercanos al presidente, deja la Oficina de la Presidencia para hacerse responsable de implementar la reforma más importante: la educativa. Ayuda, pide Nuño Aurelio Nuño Mayer, nuevo secretario de Educación Pública, emplazó a los senadores del PRI y PVEM a “convencer” a los maestros disidentes a que la reforma educativa es el mejor camino para México y que la evaluación docente “no es un castigo”. En un breve mensaje en la reunión plenaria de esos grupos parlamentarios, que se desarrolla en el Senado de la República, el funcionario aseguró que este ordenamiento es la gran herencia que dejará el presidente Enrique Peña Nieto a las generaciones futuras. Nuño Mayer también pidió a los legisladores su ayuda para avanzar en la segunda etapa de la reforma educativa, que es su implementación, ya que “si bien ya está en marcha todo su andamiaje jurídico, falta ver los resultados de esta reforma”.

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l presidente Enrique Peña Nieto anunció los enroques en su gabinete con el objetivo de relanzar su gobierno para la segunda mitad de su mandato. Antes de su Tercer Informe, el presidente Enrique Peña Nieto, anunció el pasado jueves 27 de agosto, diez cambios en su gabinete legal y ampliado, de los cuales siete corresponden a secretarios de Estado. Los 7 titulares de secretarías que cambiaron tenían en promedio 58.2 años, mientras que con los que asumieron los cargos es de 46.8, una reducción de 11.4 en la edad promedio. La nueva composición amplía el número de funcionarios con la posibilidad de aspirar a la candidatura presidencial en el 2018. Desde Los Pinos, el presidente expuso que ha llegado el momento de “dar un renovado impulso a la gestión pública para acelerar las acciones en beneficio de las familias mexicanas”. La ciudadanía, dijo, espera un gobierno muy comprometido para los próximos 3 años. El Ejecutivo formalizó que el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, ocupará la Secretaría de Educación Pública (SEP) en sustitución de Emilio Chuayffet. En la Oficina de la Presidencia quedará Francisco Guzmán, actual coordinador de asesores del primer mandatario. Por otra parte, el gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa se integrará al gabinete al ser nombrado secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en sustitución de Enrique Martínez y Martínez. La actual secretaria de Desa-

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Exhortó además a senadores priistas y “verdes” mantener un diálogo permanente con el magisterio disidente, principalmente porque “en el corto plazo les dará beneficios, incluso en cuestión de salarios, porque de eso se trata la reforma educativa”. Uno de los hombres más cercanos al presidente será el encargado de ejecutar la reforma educativa, la primera de la agenda de reformas que el Gobierno del PRI pactó con la oposición en el Pacto por México, y que ha encontrado mucha resistencia de parte de la facción disidente del sindicato de maestros. Nuño, uno de los urdidores del acuerdo, sustituye a Emilio Chuayffet, un veterano político que se encuentra reponiéndose de una enfermedad. El presidente aseguró que los cambios hacen frente a las “nuevas circunstancias y desafíos” del país. urelio Nuño Mayer, ahora secretario de Educación, asesora a Enrique Peña Nieto desde que éste era gobernador del Estado de México (2005-2011). Además de ser uno de los hombres más cercanos al presidente, también fue uno de los negociadores del Pacto por México. A una semana de que se anunció que el gobierno federal prepara una segunda parte de la Reforma Educativa, Aurelio Nuño Mayer deja la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, en la cual permaneció tres años, para sustituir a Emilio Chuayffet Chemor como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El propio Nuño fue el responsable de divulgar el proyecto educativo. “Lo que pudiéramos llamar la segunda parte de la reforma educativa, tiene que ver con los contenidos”, dijo durante una reunión con la nueva bancada del PRI en la Cámara de Diputados, según informó el diario Reforma. Según su currículum publicado en presidencia.gob. mx, Nuño Mayer es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de maestro en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Oxford (Reino Unido) con la tesis “Construyendo un Estado-Nación sin impuestos: las Consecuencias Políticas de la Evolución Fiscal en México después de la Revolución Armada, 1920-1930”. Nuño fue asesor de Enrique Peña Nieto durante su gobierno en el Estado de México. Y durante la LXI legislatura (2009-2012) y en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública fue el coordinador de asesores del entonces diputado priista Luis Videgaray Caso. Trabajó durante dos legislaturas (LVIII y LIX) en el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, como vicecoordinador de Planeación Estratégica.

Nada cambiará en el país con los cambios Por Mariana Díaz / MUNDO LEGISLATIVO

ada nuevo bajo el Sol. Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto anunció diez cambios en su gabinete, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya dijo que tras estos cambios su partido espera que el gobierno federal reconozca sus fallas, sin mencionar cuáles. Nadie se lo pidió, pero salió a declarar, los trillado: “No vamos a dar cheques en blanco, vamos a exigir resultados a los funcionarios recientemente nombrados y esperamos que con el anuncio de los cambios venga también el anuncio de una seria autocrítica y un reconocimiento de las enromes fallas que ha tenido este gobierno”, advirtió Anaya Cortés. “Que reconozca que por la reforma fiscal que promovieron está estancada la economía, que no se han resuelto los problemas de seguridad y particularmente que es preocupante el aumento de la pobreza y la desigualdad en nuestro país”, dijo sin reconocer que fue Acción Nacional quien dio pie a la enorme desigualdad que hay en México, con la reforma fiscal del calderonato en 2009. El exlíder y fundador del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, minimizó los cambios en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto y consideró que éstos no transformarán la situación del país. En su participación en el foro “Gobernabilidad, Seguridad Pública y Desarrollo”, efectuado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el exmanatario capitalino aseguró que Peña Nieto tiene la libertad de hacer los cambios necesarios para dar resultados en la administración pública federal. Lamentó que los movimientos efectuados en la Secretaría de Educación Pública, en la Oficina de la Presidencia, en la Secretaría de Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Turismo y en Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre otras dependencias, son de personas que ya trabajaban al interior del equipo del presidente, por lo que dudó que dichas rotaciones puedan cambiar la situación política, económica y de seguridad que se registra a nivel federal. “Como presidente de la República tiene todo el derecho y la facultad constitucional de remover y mover a funcionarios del gabinete federal, pero son gente de su propio equipo los cambiados y movidos”, declaró.

La SFP, exoneró al presidente y al secretario de Hacienda, por la compra de casas. Ramón Martín / MUNDO LEGISLATIVO

Para que exista Conflicto de Interés es necesario demostrar la violación a la imparcialidad en el actuar público del servidor investigado y que la parcialidad en que incurra esté relacionada con

las atribuciones que la Constitución y las Leyes le señalan: SFP

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l contratista Juan Armando Hinojosa, podrá dormir sin sobresaltos. La Secretaría de la Función Pública (SFP) concluyó que no existió conflicto de interés por parte del presidente Enrique Peña Nieto para que su esposa, Angélica Rivera, adquiriera la residencia de Las Lomas, en la capital del país. No encontró conflicto de interés en el caso de la adquisición de una casa en Ixtapan de la Sal por parte del presidente Enrique Peña Nieto ni del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien también compró una vivienda a la empresa de Hinojosa, en el club de Golf en Malinalco, Estado de México. Nada de qué sobresaltarse. Para el próximo mes, el asunto quedará fuera de los medios; de los columnistas incómodos y habrá otra noticia que acapare la atención masiva; tal vez, la recesión que se puedas propagar en 2016, no sólo en México, sino en el mundo, si no se atiende el llamado del gobierno de China para ordenar los mercados. Virgilio Andrade, titular de la Función Pública, afirmó, luego de seis meses de indagar, que no encontró que ni Peña Nieto ni Videgaray incurrieron en conflicto de interés al adquirir las residencias de los contratistas ya que ninguno, afirmó Andrade, era servidor público cuando se realizaron las operaciones inmobiliarias. El “contralor” nombrado por el

presidente Peña Nieto, pertenece al círculo cercano del grupo financiero que lo acompañó en el gobierno del Estado de México. En rueda de prensa de más de dos horas, Andrade explicó que basó su investigación en el Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que define los supuestos del conflicto de interés y que, insistió, no se acreditan en el caso de Peña Nieto ni de Videgaray porque aún no llegaban a la administración pública federal. “El conflicto de interés no se materializa con la amistad, se materializa cuando en función de alguna relación personal, familiar y de negocios el servidor público rompe

con el principio de imparcialidad, el servidor público incide de manera indebida en la asignación de un contrato o el servidor público recibe un beneficio personal en su patrimonio”, explicó Andrade Tras la noticia, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció una disculpa a todos los mexicanos que se sintieron indignados por el escándalo de la compra de un inmueble por parte de su esposa, Angélica Rivera. “Sin embargo, estoy consciente y reconozco que estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos. A todos ellos les ofrezco una sincera disculpa”, manifestó. Por ello, dijo que ésta

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no se va a recuperar con discursos, “sólo regresará a partir de acciones concretas”. “Éste es momento de iniciar un profundo esfuerzo, un esfuerzo común para recobrar este valor que hemos perdido. Es momento de recuperar la confianza en México y en nosotros mismos. Es momento de estar más unidos que nunca, ya que enfrentamos, como país, un entorno económico internacional difícil y complejo”, alertó Peña Nieto En sincronía, Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda, subió a su cuenta de Twitter una carta en la que hace pública su posición respecto de la resolución hecha pública ayer por la Secretaría de la Función Pública. “Esta mañana la Secretaría de la Función Pública presentó un amplio reporte en el que se concluye la no existencia de conflicto de interés en la compra de un inmueble que adquirí en octubre de 2012. La resolución acredita que me he conducido de forma legal y transparente. Ésos son los principios que invariablemente guían mi conducta como servidor público y como persona. El secretario de Hacienda expresó que “hoy el gran reto de quienes tenemos el privilegio de servir a México es fortalecer la confianza en el gobierno y en las instituciones. Mi trabajo y mis actos están dirigidos a ello, convencido de que a través de la confianza habremos de superar los retos que nos presenta un complejo entorno económico global, y hacer realidad el gran potencial de nuestra patria. De inmediato Andrés Manuel López Obrador, acusó al titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, de ser un “alcahuete” al liberar de toda responsabilidad al presidente y al secretario de Hacienda, por la compra de sus casas a contratistas del gobierno. El presidente del Consejo Nacional de Morena, señaló que “es una tomadura de pelo, Andrade es un alcahuete, ya se sabía cuál iba a ser el resultado”, dijo en Durango. “Ni modo que juzgara a Peña Nieto. Eso solamente sucede en nuestro país, donde se ve que una investigación la haga un fiscal nombrado por el inculpad: sólo en México”.

Afirmó que Grupo Higa recibió un contrato para construir el hospital de Zumpango, Estado de México, cuando Peña fue gobernador y Videgaray secretario de Finanzas de la entidad: “Y ahora salen a decir que no hay conflicto de intereses, ando buscando todavía al tonto que se los crea“, enfatizó.

Condena de Legisladores

Por su parte, senadores y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) consideraron que la resolución de la Secretaría de la Función Pública acentúa la impunidad y la simulación del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. El coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, señaló al portal Sinembargo.com que la explicación de Virgilio Andrade no

más en esta crisis de credibilidad de los mexicanos con las instituciones”, sostuvo el líder parlamentario. Calificó como censurable que el Secretario de la Función Pública emita explicaciones completamente contrarias a la percepción ciudadana. “Basta salir a las calles para preguntar a la gente qué opina sobre esta resolución y lo que ponía sobre el conflicto de interés, y se verá que es totalmente ajeno a los elementos de inicio que emitió el Secretario de la Función Pública”. También la Senadora Laura Angélica Rojas, más que responsabilizar a Virgilio Andrade del fallo emitido, se debe modificar el diseño institucional que permite a un servidor público señalado por presunta corrupción nombrar a otro servidor público para que lo investigue. “Claro que hubo un abuso, claro que hubo un intercambio de favores y no puede ser que no haya ninguna consecuencia, y eso es porque nuestro diseño institucional está mal, porque nuestras leyes están rebasadas por la realidad, y por eso las tenemos que modificar”, dijo la legisladora La Senadora recomendó que sea la Contraloría del Gobierno del Estado de México quien investigue el posible conflicto de interés de Enrique Peña Nieto, cuando era Gobernador mexiquense, pues es en ese tiempo cuando supuestamente se realizaron las acciones para favorecer a Grupo Higa y él recibió gratificaciones por sus favores. La legisladora que ha trabajado de la mano con las organizaciones de la sociedad civil para crear la legislación secundaria en materia de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, recordó que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) han impedido en múltiples ocasiones los exhortos para pedir a la contraloría mexiquense actuar en este caso. Señaló que la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción plantea varios aspectos para evitar que se reproduzcan resoluciones desfavorables en evidentes casos de sobornos o conflicto de intereses.

Por otra parte, diputados federales recalcaron que como nunca antes, es urgente poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, sus leyes secundarias y respectivos nombramientos. “Desde un principio denunciamos que la tarea de Virgilio Andrade era garantizar impunidad a su jefe. La cumplió a cabalidad. Hoy, como secretario de la Función Pública, informó lo que ya sabíamos desde enero, cuando lo nombraron: que no existe conflicto de interés”, dijo Juan Pablo Adame Alemán, vocero de la bancada en San Lázaro. Fernando Rodríguez Doval, integrante del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PAN, adelantó que el partido llevará a instancias penales el caso de la “Casa Blanca” de Las Lomas, así como la de Malinalco, del secretario Videgaray. “Lo que ya anunció el Partido Acción Nacional y nosotros lo respaldamos es que se vaya a la Fiscalía, para que se pueda tener un juicio serio sobre estos bienes inmuebles que evidentemente están manchados por la corrupción”, sostuvo.

La opinión de la SFP En la conferencia de prensa, Andrade explicó que la investigación consistió de cuestionarios a 111 servidores públicos de las quince dependencias del Gobierno federal con las que han celebrado contratos las empresas tanto de Ricardo Arturo San Román Dune como las de Grupo Higa. Estas empresas, dijo Andrade, cuentan con 33 contratos con la administración pública federal. “Respecto del licenciado Enrique Peña Nieto, en los expedientes de investigación números DGDI031/2015 a DGDI-044/2015 y el DGDI-050/2015 se interrogó a 111 servidores públicos que intervinieron en los contratos de Servicios u Obras Públicas otorgados a las empresas vinculadas con el señor Juan Armando Hinojosa Cantú y Ricardo Arturo Sanromán Dune. En todos los casos, los servidores públicos declararon, bajo protesta de decir

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satisface las inquietudes generadas ante un tema tan delicado que involucra la honestidad del Presidente de la República y sólo genera más desconfianza entre los mexicanos. “Me parece que es una simulación, es una crónica de una complicidad y una exoneración anunciada. No satisface las expectativas de los mexicanos y sólo contribuye a ahondar

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verdad, que no se les ordenó resolver dealguna manera el procedimiento, así como que no tenían ningún interés personal, familiar o de negocios con la empresa adjudicada”, leyó Andrade en la conferencia. “En este análisis se incluyó la declaración de cada uno de ellos sobre posible Conflicto de Interés y con base en el análisis y en la documentación existente, dichos servidores públicos tampoco incurrieron en ningún Conflicto de Interés en lo particular. Como se señaló, de acuerdo con las Leyes mexicanas, para que exista Conflicto de Interés es necesario demostrar la violación a la imparcialidad en el actuar público del servidor investigado y que la parcialidad en que incurra esté relacionada con las atribuciones que la Constitución y las Leyes le señalan”, agregó. Otro elemento citado por Andrade para asegurar que Peña Nieto no incurrió en conflicto de interés fue el Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “al

Presidente de la República no le corresponde intervenir en contrataciones de Obra Pública, Arrendamiento o Servicios”. Esto, dijo Andrade, fue acreditado con un oficio de la Oficina de la Presidencia de la República que reportó que el Presidente no ha participado en ningún proceso de contratación. “Adicionalmente, se corrobora que no hubo ninguna participación del licenciado Enrique Peña Nieto en el otorgamiento de los contratos con las declaraciones de los 111 servidores públicos que participaron en los Procesos de Contratación, lo que tiene valor probatorio, en virtud de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria en estos casos, en términos del Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, agregó Andrade. Sobre la llamada Casa Blanca de la familia presidencial, ubicada en la calle Sierra Gorda 150, en la exclusiva zona de las Lomas de

Chapultepec, en la capital del país, y cuyo financiamiento por parte de Hinojosa fue descubierto por una investigación periodística, Andrade dijo que dicha propiedad fue adquirida con el patrimonio de la ex empleada de Televisa. “La casa ubicada en la calle de Sierra Gorda fue materia de una compraventa el 12 de enero del 2012, en donde la compradora fue la señora Angélica Rivera Hurtado y los pagos acordados fueron hechos de su patrimonio y de su cuenta personal (…) Se demuestra que en términos del contrato de compraventa a diciembre de 2014, la señora Angélica Rivera Hurtado había pagado a Ingeniería Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V., mediante 35 cheques de su cuenta personal la cantidad de 14 millones 594 mil 031 pesos, y se demuestra que esa cantidad fue únicamente aplicada a los intereses generados”, dijo Andrade. “En el expediente se incluye también el hecho y los documentos correspondientes a que la señora Angélica Rivera Hurtado ha trabajado como

tren rápido entre la ciudad de México y Querétaro. Dicho contrato fue cancelado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) luego de que se reveló la existencia de la operación inmobiliaria, pero ayer Andrade, ante pregunta expresa, dijo que se había cancelado por una decisión presupuestal. Sobre la residencia que Videgaray compró a Hinojosa en octubre de 2012, unos meses antes de entrar al gabinete, Andrade insistió en descartar el conflicto de interés debido que el hoy titular de Hacienda aún no era entonces servidor público. “Al haberse realizado la compraventa del inmueble con anterioridad a que el doctor Luis Videgaray Caso fuera servidor público federal, no realizó dicha operación con el objeto de que el inmueble tuviera mejoras en sus condiciones como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas que haya autorizado o tenido conocimiento, con motivo de su empleo, cargo o comisión, pues en aquél entonces no tenía el carácter de Secretario de Hacienda y Crédito Público cuando sucedió la compra-venta y por ende, no autorizó ni tuvo conocimiento de ninguna obra o inversión que pudiera mejorar las condiciones de dicho inmueble”, dijo Andrade. “Se acreditó que al momento de celebrar el contrato de compraventa transmitió la propiedad de tres obras de arte valuadas en ese tiempo en un monto de 2 millones 452 mil 492 pesos y que le fueron recibidas por el vendedor en un monto de 2 millones 250 mil pesos, menos las retenciones de los impuestos conforme a la ley, por lo que quedó un monto de un millón 800 mil pesos para ser aplicado al contrato de compra-venta y al arrendamiento del lote contiguo”, agregó. Citando constantemente las obligaciones de los servidores públicos establecidas en el Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades, Andrade insistió en que ni Peña Nieto ni Videgaray participaron en asignación de contratos a las empresas de Hinojosa o de San Román.

“Ningún contratista se encuentra directamente vinculado, regulado o supervisado por el Presidente de la República, no le corresponde conforme a la ley participar en contrataciones o en la supervisión de la ejecución de dichos contratos. Adicionalmente, durante el tiempo del encargo del Presidente de la República, ni él ni su esposa han adquirido bien inmueble alguno”, insistió.

Líderes de la oposición, critican fallo Tras ganar la elección interna, acusado de prácticas ilegales, y en su primer acto como presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés rechazó la exoneración del presidente Enrique Peña Nieto en el escándalo de la Casa Blanca y retó además a debate público a Andrés Manuel López Obrador, quien lo llamó “aprendiz de mafioso”. En su primer mensaje como presidente del PAN, Anaya descalificó la exoneración que hizo el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, sobre el escándalo de la Casa Blanca del presidente Peña Nieto y su esposa, así como del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre una casa comprada al Grupo Higa. “Lo que ha expresado Virgilio Andrade es una auténtica burla que ofende a los mexicanos y viene a confirmar lo que lastima tanto a nuestro país: la impunidad, que la corrupción queda sin castigo”. Y arengó: “No nos vamos a quedar cruzados de brazos, vamos a llevar el asunto ante la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con hechos de corrupción y vamos a empujar con toda la fuerza, presentando las iniciativas el primer día del periodo de sesiones para sacar adelante las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción”. Retórico, añadió: “Cómo puede ser que sea un empleado quien absuelve a su jefe y cómo puede ser que lo absuelve de conflicto de interés, cuando él mismo es quien, en ese acto, tiene un profundo conflicto de interés”.

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actriz, de donde provienen los recursos que conforman su patrimonio, entre ellos, los que tiene en su cuenta personal de donde emitió los cheques ya referidos. Además de su declaración, este hecho quedó demostrado con la declaración del representante legal de Televisa Talento S.A. de C.V., que en síntesis dijo lo siguiente: Que la señora Angélica Rivera Hurtado tuvo una relación contractual de carácter civil y de propiedad intelectual con Televisa Talento S.A. de C.V. desde la década de los 90’s, principalmente para la presentación de servicios de actuación y/o interpretación artística. Que dicha relación concluyó mediante un convenio de terminación de fecha 25 de junio de 2010, por el cual se acordó pagarle la cantidad de 88 millones 631 mil 200 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado, así como una casa en Paseo de las Palmas, colonia Lomas de Chapultepec”, agregó el funcionario”, explicó. Ahí mismo, y luego de que la Radio Pública Nacional de Estados Unidos (NPR, sus siglas en inglés) publicara que Rivera no ha dejado la residencia, Andrade usó la conferencia para informar que la esposa del presidente había cancelado su contrato con la empresa de Hinojosa desde diciembre pasado. “También queda demostrado un hecho adicional respecto del inmueble en comento. Con fecha 11 de diciembre de 2014 Ingeniería Inmobiliaria del Centro, S.A. de C.V. y la señora Angélica Rivera Hurtado celebraron de mutuo acuerdo un convenio de terminación del contrato de compra-venta sobre el inmueble ubicado en la calle de Sierra Gorda, del que se desprende que la señora Angélica Rivera Hurtado regresó la posesión del inmueble a Ingeniería Inmobiliaria del Centro, S.A. de C.V”, dijo. El hecho de que la familia presidencial habitaba una residencia financiada por Hinojosa fue reportada en noviembre pasado por el equipo de investigación de Aristegui Noticias. Entonces, Hinojosa participaba en un consorcio que acababa de ganar una licitación por más de 50 mil millones de pesos para construir un

Los escándalos de corrupción Mundial, más sonados del 2015 Redacción / MUNDO LEGISLATIVO

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ue España es un país con graves problemas de corrupción es indudable, desgraciadamente se trata de un mal muy común. En este artículo recopilamos los 10 escándalos de corrupción a nivel mundial que han ocupado las portadas de los medios de todo el mundo.

1. Caso FIFA

Tal vez el caso más famoso que ha estallado este 2015 es el de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), en el cual al menos 14 miembros del comité ejecutivo han sido involucrados y se estima que estos, recibieron sobornos y co-

misiones por hasta 150 millones de dólares durante 24 años. Según el Departamento de Justicia estadounidense, los funcionarios habrían realizado un marketing deportivo, en relación con la comercialización de los medios en varios torneos de fútbol. Además, bancos como Deutsche Bank, Credit Suisse, Standard Chartered y Barclays Plc podrían salir salpicados por el caso, luego de que una corte de Nueva York comenzara a investigarlos, y por si fuera poco, la Fiscalía General de Suiza también abrió su propia indagación por la elección de las sedes de los Mundiales de 2018 y 2022.

2. Petrobras

Los dirigentes de Petróleos Brasileiros S.A. (Petrobras) también habrían recibido sobornos de 16 constructoras que se repartían las licitaciones de la petrolera con contratos inflados por hasta 23.000 millones de dólares. Estos, habrían pactado los porcentajes de los proyectos, sobornaban a los ejecutivos de la compañía (incluidos miembros de la coalición del gobierno de la presidenta Rousseff) y se repartían los beneficios. Hasta el momento, la Procuraduría ha reclamado una indemnización de más de 1.500 millones de dólares a las empresas Camargo Corrêa, Sanko, Mendes Júnior, OAS, Galvão Engenharia, Engevix, todas involucradas en el caso, y que habrían sido lideradas por Odebrechrt, compañía que tiene obras desde la Patagonia hasta México, y que también está siendo investigada en Suiza y Ecuador.

PetroTiger es otra de las empresas de hidrocarburos inmiscuida en líos judiciales. La compañía pagó sobornos a funcionarios de Ecopetrol para asegurar multimillonarios contratos en la producción y mantenimiento de pozos en Colombia. Los sobornos habrían llegado a un monto de 335.000 dólares y eran pagados al exfuncionario David Durán. El expresidente de PetroTiger Colombia, Joseph Sigelman, ya se declaró culpable en una corte de Nueva Jersey.

4. OHL

Los dirigentes de OHL México y OHL España también están salpicados. En el país azteca, un supuesto soborno a magistrados mexicanos habría sido dado para que detuvieran las investigaciones por un sobrecosto en una construcción vial. En España, por su parte, la irregularidad se habría cometido en la adjudicación de un hospital, que tiene un valor de 850 millones de dólares.

5. Bankia

8. Caval

En el sector bancario, más de 87 consejeros y directivos de Bankia y Caja de Madrid se vieron atrapados por la justicia usando tarjetas de empresa para cubrir gastos personales. Los funcionarios habrían gastado más de 16,5 millones de dólares en viajes, restaurantes, artículos de lujo, hoteles, supermercados, incluso en reparaciones de barcos.

En Chile la inmobiliaria Caval habría permitido la compra y venta de terrenos en Machalí por parte del hijo de la presidenta Bachelet, con un crédito de 10 millones de dólares. Los terrenos de uso agrícola se vendieron para uso urbano, lo que elevó su plusvalía.

6. Citibank

9. Toshiba ML

En Estados Unidos, varios bancos, entre los que se encuentran Citigroup, Barclays, JPMorgan Chase, el suizo UBS y Royal Bank of Scotland, están siendo estudiados por las autoridades por sospechas de que los cambistas habrían utilizado foros de discusión en internet y mensajes instantáneos para ponerse de acuerdo para incidir en una tasa de referencia del mercado cambiario. Las multas podrían alcanzar los 1.000 millones de dólares para cada uno de ellos.

En estos últimos días, Toshiba también fue noticia por exagerar sus ganancias operativas entre 2008 y 2014 en 1.220 millones de dólares.

10. Odebrecht

7. Hsbc – ‘Swissleaks

La filial suiza del banco británico HSBC, también cayó. Según las investigaciones unos 180.000 millones de dólares habrían sido transferidos por cuentas del banco en Ginebra, para defraudar al fisco, blanquear dinero y financiar el terrorismo internacional. El escándalo, bautizado ‘SwissLeaks’ reveló operaciones efectuadas entre 2005 y 2007.

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3. Petrotiger

Los fiscales brasileños presentaron cargos formales Marcelo Odebrecht, líder en la mayor firma de ingeniería de Latinoamérica. Los investigadores solicitaron que la compañía pague 2.000 millones de dólares para resarcir los daños causados a la petrolera estatal(Petrobras), mientras que la cabeza de la compañía fue acusada de corrupción y lavado de dinero, junto a ejecutivos de otras empresas de construcción e ingeniería. Los vínculos personales entre Marcelo Odebrecht y el ex presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, amenazan con acercar el escándalo al partido oficialista (TP).

La LXIII Legislatura

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Por Guadalupe Ugalde / MUNDO LEGISLATIVO

or vez primera en la historia, el Congreso mexicano tendrán 42.6 por ciento de mujeres en la Cámara de Diputados. Ganaron 117 de los 300 distritos. Este primero de septiembre ha dado inicio la LXIII. Ya el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la asignación final de diputados plurinominales. Con ello, definió las bancadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La primera fuerza en la Cámara baja será el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 203 legisladores (155 de mayoría relativa y 48 plurinominales). En segundo lugar estará el Partido Acción Nacional (PAN), con 108 (55 de mayoría relativa y 53 plurinominales), y en tercero el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 55 (28 de mayoría y 27 plurinominal). La cuarta fuerza será el Partido Verde (PVEM), con 47 asientos (29 de mayoría relativa y 18 plurinominales), más de los que ha tenido en cualquier otra Legislatura. Gracias, claro está, a “brincar” la normatividad electoral, permitida. En quinta posición se ubicará el partido de izquierda Morena, con 35 diputados (14 de mayoría relativa y 21 plurinominales), y en la sexta Movimiento Ciudadano (MC), con 25 (10 de mayoría y 15 plurinominales). Nueva Alianza (Panal), tendrá 11 legisladores; Encuentro Social (PES), ocho, y Partido del Trabajo (PT), seis. Según el INE, el PT no alcanzó el 3% mínimo de la votación para conservar el registro. Sin embargo, por ley, sus candidatos que ganaron diputaciones de mayoría relativa pueden conservarlas, si bien lo harán como diputados sin bancada o uniéndose a alguna otra.

500 Menos uno La 63 Legislatura iniciará funciones con 499 de sus 500 integrantes, luego de que el Tribunal Electoral federal (TEPJF) anuló la elección en el distrito 1 de Aguascalientes por considerar que el gobernador Carlos Lozano de la Torre, del PRI, intervino en el proceso para favorecer al candidato de su partido. Por esa razón, el INE tendrá que realizar comicios extraordinarios para definir quién ocupará esa diputación.

Además, en esta Legislatura participará el primer legislador federal electo como candidato independiente, el ex panista Manuel Clouthier Carrillo, quien ganó su curul en Sinaloa. Como en la Legislatura saliente, durante los próximos tres años el PRI tendrá la mayoría simple con ayuda de sus aliados tradicionales: el PVEM y el Panal. Entre los tres partidos suman 261 asientos (52.2% del total), lo que garantiza que el bloque gobernante pueda aprobar reformas legales por sí solo. Para las reformas constitucionales tendrá que negociar con otras bancadas para alcanzar la mayoría calificada (dos terceras partes de los legisladores).

El Enroque A unas horas de haber dejado el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz fue electo coordinador parlamentario de los 201 diputados federales priistas en la 63 legislatura de la Cámara de Diputados. El evento se llevó a cabo en la sede nacional del PRI, en la Ciudad de México, donde un grupo de nuevos legisladores priistas, encabezados por el diputado electo Alfredo del Mazo Maza, propusieron a Camacho Quiroz como coordinador del grupo parlamentario del tricolor en la próxima legislatura de la Cámara baja. Del Mazo señaló que propusieron a Camacho Quiroz por su “experiencia probada para dar resultados”, y su trayectoria como legislador, dirigente del partido y gobernador del Estado de México.

¿Fuera Madero?

Manlio… ¿El Candidato?

El diputado federal electo Marko Antonio Cortés Mendoza coordinará a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro de 2015 a 2018, al ser propuesto este domingo por Ricardo Anaya, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN. Anaya Cortés pidió al nuevo coordinador mantener la unidad del grupo parlamentario y a desempeñar un trabajo legislativo eficaz ante los efectos de la corrupción y de una crisis económica, se lee en un comunicado a nombre de Anaya Cortés. “Dos de nuestras máximas prioridades en la agenda legislativa, para el periodo que está por iniciar en el mes de septiembre, son: sacar adelante todas las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, porque el peor cáncer que padece nuestro país es la corrupción y, segundo, dar marcha atrás a la dañina reforma fiscal”, informó Anaya Cortés en el documento. Originario de Michoacán, Cortés Mendoza fungió en 2014 como coordinador nacional de campaña del también legislador federal electo Gustavo Madero Muñoz, cuando este buscaba la dirigencia nacional del blanquiazul. En su cuenta de Twitter, el legislador federal se describe como contador público por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y productor agrícola. Marko Cortés ya fue diputado federal de 2003 a 2006; ese año fue electo senador de primera minoría por la entidad michoacana. En 2011, fue candidato a la presidencia municipal de Morelia; esa elección fue anulada y nuevamente volvió a ser aspirante a alcalde de la capital de Michoacán en 2012, pero perdió ante el candidato del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), Wilfrido Lázaro Medina.

Manlio Fabio Beltrones puso fin a 12 años ininterrumpidos como legislador federal, para dar paso a su faceta como dirigente partidista, al frente del PRI. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobarías la solicitud de licencia de Beltrones a su curul en la Cámara de Diputados, la cual fue presentada en un oficio dirigido al presidente del órgano legislativo, el senador Miguel Barbosa. El priista —con una trayectoria política de casi 40 años y una militancia partidista de 45 años— fue coordinador parlamentario del PRI desde 2003, de dicho año a 2006 en la Cámara baja; de 2006 a 2012 en el Senado de la República, y lo fue desde ese año de nuevo en San Lázaro. En ambas instancias parlamentarias se ha desempeñado como presidente de la Mesa Directiva. Beltrones ha sido legislador federal con su partido en el Gobierno de la República, y desde la oposición. De su temporada más reciente en el Poder Legislativo, destaca su papel como promotor de las reformas impulsadas a partir del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. “Como nunca, esta Legislatura pudo llevar a cabo reformas de fondo, llamadas coloquialmente estructurales, que dejan un México en el siglo 21 de carácter moderno”, dijo a una emisora de radio. Beltrones puso en pausa su carrera parlamentaria —en la que, considerando sus demás periodos como diputado y senador, suma más de 15 años— para buscar como candidato único la Presidencia del PRI, partido del que ha sido dirigente secretario general, dirigente estatal, funcionario nacional y líder del sector popular. Beltrones rindió protesta al máximo cargo partidista del tricolor el jueves 20 de agosto. Y si ya fue gobernador, senador y diputado… ¿qué más le falta ser?

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El INE y el verdadero riesgo de la democracia mexicana

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l Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) consideró, por una mayoría de siete consejeros contra cuatro, improcedente retirar el registro al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Los siete consejeros que votaron en contra de la sanción consideraron que el retiro del registro era una medida extrema y desproporcionada, además de que el PVEM ya había sido sancionado con multas de alrededor de 185 millones de pesos. Si bien el INE y sus consejeros han recibido casi la totalidad de la atención de la opinión pública, es importante señalar cómo la regulación electoral que proviene de la reforma políticoelectoral de 2014 enmarca la lógica de su actuación. Se trata de un marco regulatorio desarrollado por los propios jugadores (los partidos políticos), aparentemente cada vez más interesados en proteger sus intereses que en considerar a la ciudadanía. Ante este contexto, y con miras a 2018, es importante analizar si la decisión de la autoridad electoral incentiva una conducta ilegal por parte de los partidos, los cuales a pesar de “renovarse” periódicamente –como las recientes rotaciones en las dirigencias del PRI, PAN y PRD- pueden sistemáticamente comportarse al margen de la legislación electoral sin consecuencias significativas.A más de veinte años de creación del desaparecido Instituto Federal Electoral, la transformación de las leyes en materia electoral y la serie de cambios a las reglamentaciones han derivado en un debilitamiento y desgaste del ahora Instituto Nacional Electoral (ver cronograma de reformas electorales). La reforma de 2014 dotó al

Karina Martínez del Río / MUNDO LEGISLATIVO INE de mecanismos suficientes para imponer sanciones a todos los actores políticos que cometan infracciones a la ley. Dentro de las sanciones previstas en el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) está contemplada la cancelación del registro en caso de violaciones graves y reiteradas al marco normativo. Como el mismo consejero Ciro Murayama afirmó, estaba claro que el PVEM había incurrido en violaciones a la ley para “posicionarse ilegítimamente ante la opinión pública para obtener un rédito electoral”. Sin embargo, la pregunta era si dichas faltas eran lo suficientemente graves como para aplicar la pena máxima, es decir la cancelación de su registro. Finalmente, el Consejo General del INE decidió que este no era el caso.Las críticas al INE radican en que la ambigüedad del concepto “grave” posibilita un amplio margen de discrecionalidad en la determinación de la sanción correspondiente. Es decir, en estricto sentido, el INE contaba con la facultad legal para retirar el registro y, sin embargo, decidió no hacerlo. Entre los motivos jurídicos que

fundamentaron su decisión se mencionó la necesidad de agotar las sanciones previas –sin que esto sea un requisito en la LEGIPE. Asimismo, se consideró que la cancelación del registro constituiría una sanción trascendente para los militantes del partido –en términos del artículo 22 constitucional y vulneraría derechos civiles y políticos básicos.[1] Al final, el argumento determinante fue que las conductas cometidas por el Partido Verde, aunque ilícitas, no pusieron en riesgo a la democracia mexicana. Por otro lado, es importante cuestionar si las multas al PVEM en realidad representaron una sanción significativa para la operación del partido, y si estas inhibirán de manera efectiva próximas conductas ilegales. Las multas acumuladas, hasta ahora, ascienden a $185 millones de pesos que equivale a alrededor del 14.2% del financiamiento público federal que recibiría el partido para el periodo 2016-2018 (ver tabla 1). Cabe señalar que continúan pendientes posibles sanciones que, de aplicarse, incrementarían el monto de multas acumuladas a $590 millones de pesos. Sin embargo, las implicaciones de la conducta ilegal del Verde deben

[1] La cancelación del registro del partido político está prevista en el artículo 456, 1., inciso a) fracción V. [1] Los montos se calcularon utilizando el padrón electoral y los salarios mínimos vigentes al 17 de agosto de 2015. [1] El artículo 22 constitucional a la letra establece: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes,

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analizarse más allá del plano electoral y presupuestal. Aun cuando no puede concluirse en qué proporción su apoyo electoral es resultado de las estrategias ilegales, habría que considerar que éstas sin duda tienen consecuencias, por ejemplo, en su participación y valor como bancada en la próxima Legislatura. Queda claro que de acuerdo con la LEGIPE el INE contaba con facultades suficientes para imponer un amplio rango de sanciones al PVEM, incluida la cancelación del registro. Por ende, más allá allá de las consideraciones jurídicas, la decisión de quitar o no el registro al Verde debe leerse a partir de sus implicaciones políticas. Por ahora, la decisión del INE ha confirmado la existencia de un “derecho” a la conducta ilícita por parte de los partidos. La decisión, en palabras del Consejero Arturo Sánchez Gutiérrez, envía el mensaje de que “[…] un partido político podría, en un escenario “x” o en la percepción pública, violar la ley, buscando obtener más votos sin consecuencia más que una sanción económica”. Asimismo, la determinación confirma la inmunidad partidista frente a conductas ilegales e incentiva la dinámica de jugar con el costobeneficio de romper las reglas electorales, es decir, el precedente genera incentivos para que no sólo el PVEM sino los demás partidos estiren la liga hasta donde les sea permitido. Es importante señalar que el asunto no está finalizado, aún queda la posibilidad de que la decisión del INE sea impugnada, tanto para intentar reducir la multa económica como para reconsiderar la cancelación del registro, y será el Tribunal Electoral a quien corresponda la última palabra. Sin embargo, ha quedado claro que para el INE violar la veda electoral, contratar publicidad irregular e incurrir en otras conductas al margen de la legislación como lo hizo el PVEM no son suficientes para actualizar el supuesto de sanción del artículo 456 de la LEGIPE[1]. Al determinar que la única causa suficiente para que se retire el registro a un partido político es “poner en riesgo la democracia mexicana” el INE fijó un estándar bastante alto y ambiguo que posibilita que los partidos políticos cometan todo un abanico de conductas ilegales debajo de dicho estándar. En este contexto la pregunta que debería plantearse a los Consejeros del INE es: ¿qué conducta sí pondría en riesgo a la democracia mexicana?, ¿cuál es la valoración que le dan a nuestra democracia? Si bien la decisión no era sencilla, con su determinación el INE dejó pasar la oportunidad de reafirmar su carácter de contrapreso frente a partidos políticos que, en todo momento, priorizan la protección de sus intereses. Al elegir sancionar las transgresiones del PVEM con multas económicas, el INE se abstuvo de imponer un castigo ejemplar que transformaría la dinámica democratica y el comportamiento cuestionable de los partidos políticos. _____________

los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”

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CIDAC. Semana Política es elaborada por: Ximena López, Mariana Meza, Mireya Moreno, Carlos de la Rosa, Santiago Martínez, Rafael Vega. Edición: Eduardo Reyes.

ESTACION SAN LAZARO

Prohibir

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hora no tiene caso insistir en la profunda raíz de la fiesta de toros en México —la primera corrida en 1526 (c.a.); el milagro guadalupano en 1531—. Para analizar ese fenómeno en los tiempos actuales, se debe hacer de lado la tradición para poner la mira nada más en el asunto del maltrato a los animales, el respeto a sus vidas y la innoble satisfacción de ignorar su sufrimiento y dolor para gozar de los efímeros instantes de plasticidad de las suertes de capa o muleta.Todo es absolutamente relativo y subjetivo en la apreciación estética. Tampoco ahondemos en las posibilidades de muerte humana implícitas, en algunos casos, en la exposición riesgosa frente a bestias de fiereza notoria. Y de la crueldad y sufrimiento de los animales nada hay para agregar. Veamos mejor cómo coinciden los intereses políticos en torno de la supresión de los toros, no sólo en México, sino también en España. Los catalanes, en un afán de mostrar sus intenciones separatistas, decidieron abolir los toros en su región, lo cual no le importaba a nadie. Su afición es escasa y cada vez menor. No es Andalucía. En México, por seguimiento imitativo se echaron abajo los permisos en Sonora, mientras en Aguascalientes se declaraba la fiesta expresión y patrimonio cultural (por tanto intocable), como sucede hasta en Perú y de manera disimulada en la ciudad de México. Ahora la prohibición se da en

Por Rafael Cardona Coahuila, para darle un retorcijón “post mortem” al maestro Fermín Espinosa (indudablemente una de las cumbres taurinas de México). Pero ese veto no parece tener mucha relación con la fiesta en sí misma, sino con el pleito político entre los Moreira y Armando y José Luis Guadiana. Los Guadiana son industriales del carbón, con intereses en la ganadería y las empresas de toros. Han sido señalados indirectamente como lavadores del dinero del narcotráfico y la principal acusación provino del ex gobernador Humberto Moreira, abatido por el asesinato de su hijo. En el 2012, la revista Nexos publicó esto cuyo contenido podría aclarar cuántos capotes hay detrás del burladero: “…Los hermanos Guadiana Tijerina son empresarios de la región carbonífera del estado, y sobre todo José Luis es muy conocido como criador de toros de lidia y empresario taurino. Según abogados de Moreira, entre los documentos que se presentarán a la autoridad como pruebas están grabaciones de gente cercana a los hermanos Guadiana que indican con claridad la relación de José Luis y Armando Guadiana Tijerina con grupos criminales… “En la demanda, dijeron sus abogados, Moreira también detallará la red de protección de personajes políticos que han tenido vínculos con el empresario minero, particularmente aquellos que han tenido una relación económica con él o que han sido apoyados con financiamiento para sus campañas políticas”. Sin embargo, el palo esta dado

y no parecen ser las maniobras jurídicas suficientes para impedir este nuevo triunfo del Partido Verde. El gobernador Moreira podría guardarse la ley aprobada en el bolsillo y darle largas a su promulgación; dejarle el paquete al nuevo gobierno y zafarse del caso por la vía de la omisión. Los empresarios podrán solicitar el amparo de la justicia y quizá lo obtengan por un tiempo. Pero la realidad es muy simple: los toros están condenados a la extinción, no como especie, sino como espectáculo: Los tiempos han cambiado y el “animalismo piadoso” se impone en todas partes del mundo. BLANCHOT Escribió el coronel francés Blanchot un libro (L’intervention francaise au Mexique) editado en París en 1911: “… revoloteaban en torno al animal furioso como enervantes moscas, para empujarlo al paroxismo de la cólera y lanzarlo, al fin, ciego e inconsciente (¿?) sobre la muleta sangrienta del espada, donde se oculta traidoramente el arma mortífera. Todo esto me repugnaba”. BELMONTE “Torear —decía Juan Belmonte (Chávez Nogales)— es sentirse tocado por el aletazo de la divinidad.” BERGAMÍN “El arte mágico y prodigioso de torear tiene también su música (por dentro y por fuera) y es eso lo mejor que tiene”: José Bergamín. Hoy todas esas palabras comienzan a perder su sentido. O quizá lo perdieron hace mucho tiempo ya.

Comprar votos ML

co, otros partidos también recurren a esta práctica pero en forma marginal. Para los partidos diferentes al PRI, la compra de votos es algo más vinculado a la capacidad económica personal del candidato, en especial cuando existe un gobierno que le provee fondos, pero tiene diferencias por cuanto a que tales partidos no están dentro del mercado de compra de puestos por parte de inversionistas privados, con la excepción del llamado Partido Verde. Repartir el fenómeno de la compra de votos entre el fenómeno estructural de la pobreza y el actual sistema de partidos de México es una manera perversa de declarar la imposibilidad de combatir la coacción electoral. La pobreza, como se sabe, no es algo que pueda superarse con facilidad y rapidez; la creación de un nuevo sistema de partidos tampoco es algo tan fácil de lograr aunque eso sí podría ser súbitamente. Por tanto, se trata de dejar sentado como tesis

política que la compra de votos no es superable pero, en tanto esto fuera así, tampoco es combatible con los instrumentos que la ley brinda actualmente. De este tamaño son las dos nuevas tesis de Lorenzo Córdova que ya nos tiene acostumbrados a la politología más vulgar que puede haber en el Continente. De la idea de que las elecciones no resuelven problema alguno a ésta de que la compra de votos la determina la pobreza no hay ninguna distancia para declarar por fin la imposibilidad de la democracia o, al menos, su completa inocuidad. Que estas tesis pudieran acunarse en el PRI sería del todo natural pero, como provienen del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el asunto es mucho más grave. ¿Es el INE una institución para encontrar excusas a un delito como es la compra de votos? Parece que sí a juzgar por las muy frecuentes opiniones falsas procedentes de tan alta investidura.

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e han vertido dos tesis relativamente nuevas o renovadas: la compra de votos es consustancial a la pobreza y la compra de votos es una práctica esencial de todos los partidos. Estamos otra vez frente a errores graves que alargan la ya larga lista de análisis desviados. Primero: la compra del voto es uno de los elementos de la corrupción pública y con mucha mayor fuerza está presente en el Estado corrupto. En tanto la corrupción invade las diversas esferas de lo público y lo privado, la coacción del voto se incorpora como instrumental de una mercancía llamada sufragio personal, es decir, el voto llega a tener un determinado precio de mercado. Hay Estados con economías muy pobres pero con menor corrupción que tienen menos sufragio comprado sobre todo en tanto que éste no tiene un carácter tan acentuado como mercancía. Segundo: el partido histórico de la compra del voto es el PRI como partido-Estado que fue durante muchos años. Ahora, como partido con fuertes ligas económicas con capitalistas que invierten en la política, el PRI sigue comprando votos en cantidades significativas y a veces decisivas. La cuestión central, ligada al anterior elemento de la conversión del voto en mercancía, consiste en la existencia de fuertes inversiones en la política, es decir, en la colocación de gobernantes y legisladores, una vez que el partido-Estado ya no es el sistema dominante. Como es natural, en tanto que la compra de votos ha sido tan amplia en Méxi-

Por Pablo Gómez / MUNDO LEGISLATIVO

La flagrancia merece libertad

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hora un delito penal por flagrancia, puede merecer un proceso en libertad. Se debe al Mecanismo alternativo en detención por flagrancia o medida cautelar. En los casos en los que el imputado se encuentre detenido por flagrancia, el Ministerio Público podrá disponer la libertad del imputado durante la investigación en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que participe en el mecanismo alternativo. En los casos en los que al imputado se le haya impuesto la medida cautelar de prisión preventiva, o alguna otra que implique privación de su libertad, se estará a lo dispuesto en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que se modifique la medida cautelar y esté en posibilidad de participar en el Mecanismo Alternativo. Esto se debe a que el Congreso aprobó establecer mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal a fin de solucionar aquellas que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la posible comisión de un delito. El pleno de la Cámara de Diputados ratificó por 387 votos, 15 en contra y dos abstenciones la minuta que expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal, en diciembre pasado y cuyo decreto se envió al Ejecutivo federal para su promulgación. Los referidos mecanismos tienen la finalidad de propiciar, a través del diálogo, la solución de controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía

Por Patricia Arnaud / MUNDO LEGISLATIVO procesal y la confidencialidad. El objetivo es recomponer el tejido social mediante la restauración del daño causado, generando espacios de contención adecuados en donde pueda llegarse al perdón y sanar las relaciones sociales lastimadas por la conducta delictiva. La reforma tiene como eje rector la voluntad de las partes para explorar, descubrir y elegir las alternativas de solución a los desacuerdos, atendiendo al daño causado por la conducta delictiva. Incorpora al sistema de justicia penal acusatorio adversarial un procedimiento abreviado de conclusión de las diferencias con pleno respecto a la presunción de inocencia y garantías individuales de la víctima y el acusado.

Se pretende contribuir así a la reducción de costos y tiempos de los procesos penales y de la sobrepoblación en cárceles al permitir que las instituciones del Estado mexicano concentren sus recursos y capacidades en la investigación y detención de los delincuentes. Para solicitar la aplicación del Mecanismo Alternativo y su inicio, se deberán observar los siguientes pasos: Solicitará de manera verbal o escrita ante la autoridad competente. Cuando se trate de personas físicas la solicitud se hará personalmente y, en el caso de personas morales, por conducto de su representante o apoderado legal. La solicitud contendrá la conformidad del Solicitante para participar voluntariamente en el Mecanismo

El Ministerio Público deberá realizar las actuaciones urgentes o inaplazables para salvaguardar los indicios necesarios. Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, el Juez derivará el asunto al Órgano respectivo si el imputado y la víctima u ofendido están de acuerdo en solicitar el inicio del Mecanismo Alternativo previsto en esta Ley y se cumplan los requisitos de oportunidad y procedencia.

Elección de órgano Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, los Intervinientes podrán optar por que el mecanismo se desarrolle en el órgano adscrito a la Procuraduría o Fiscalía, o en el órgano adscrito al poder judicial, si lo hubiere. Admisibilidad El Órgano, al recibir la solicitud examinará la controversia y determinará si es susceptible de resolverse a través del Mecanismo Alternativo. Una vez admitida,

se turnará al Facilitador para los efectos conducentes. Cuando se estime de manera fundada y motivada que el asunto no es susceptible de ser resuelto por un Mecanismo Alternativo, el Órgano se lo comunicará al Solicitante, y en su caso, al Ministerio Público o al Juez que haya hecho la derivación para los efectos legales a que haya lugar. Se podrá solicitar al Órgano que reconsidere la negativa de admisión. En caso de que se estime procedente el Mecanismo Alternativo, se asignará a un Facilitador. En su caso, se hará constar que el Solicitante acepta sujetarse al Mecanismo Alternativo, por lo que se fijará la Cita o Invitación correspondiente al Requerido a la sesión inicial.

Registro del Mecanismo Alternativo Con la solicitud planteada se abrirá y registrará el expediente del caso, mismo que contendrá una breve relación de los hechos, el Mecanismo Alternativo a aplicar y el resultado obtenido. La Invitación al Requerido la realizará el Órgano dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha del registro del expediente del caso, por cualquier medio que asegure la transmisión de la información en los términos de la legislación procedimental penal aplicable. La Invitación se hará preferentemente de manera personal. Los mecanismos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad, proponen: 1) determinar cómo procedimientos alternativos: a) mediación; b) conciliación; y, c) junta restaurativa, y procederán a petición de parte, verbal o escrita del solicitante ya sea persona física o moral; 2) identificar el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos, a través de un área específica, debiendo informar oportunamente al ministerio público, al juez y a los intervinientes sobre su cumplimiento; 3) prever

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Alternativo y su compromiso de ajustarse a las reglas que lo disciplinan. Asimismo se precisarán los datos generales del Solicitante, así como los nombres y datos de localización de las personas complementarias que hayan de ser invitadas a las sesiones. Realizada la solicitud, o la derivación de la autoridad competente, dará inicio el Mecanismo Alternativo. El Artículo 10 de dicha Ley, señala que el Ministerio Público, una vez recibida la denuncia o querella orientará al denunciante o querellante sobre los Mecanismos Alternativos de solución de controversias y le informará en qué consisten éstos y sus alcances. El Ministerio Público, podrá derivar el asunto al Órgano adscrito a las procuradurías o fiscalías cuando la víctima u ofendido esté de acuerdo con solicitar el inicio del Mecanismo Alternativo previsto en esta Ley, los Intervinientes se encuentren identificados, se cuente con su domicilio y se cumplan con los requisitos de oportunidad y procedencia que establece el presente ordenamiento legal.

la celebración de convenios con servicios auxiliares y complementarios prestados por instituciones públicas o privadas para coadyuvar al cumplimiento de la función; y, 4) establecer los lineamientos para la certificación, teniendo al consejo de coordinación como órgano responsable de emitir los lineamientos mínimos para la certificación de facilitadores.

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Una infidencia terminaría el proceso Las sesiones de Mecanismos Alternativos se realizarán únicamente con la presencia de los Intervinientes y, en su caso, de auxiliares y expertos, a petición de las partes. Los Intervinientes podrán recibir orientación jurídica. Para tal efecto, cuando ambos Intervinientes cuenten con abogado, éstos podrán presenciar las sesiones, sin embargo, no podrán intervenir durante las mismas. En caso de que se suscite alguna duda de índole jurídica que no pueda ser resuelta por los auxiliares y expertos invocados por el Facilitador, cualquiera de los Intervinientes podrá solicitar la suspensión de la sesión a fin de que pueda consultar con su abogado, si lo tuviere. Cuando los Intervinientes sean miembros de comunidades indígenas o personas que no entiendan el idioma español, deberán ser asistidos durante las sesiones por un intérprete de conformidad con la legislación procedimental penal aplicable. Al inicio de la sesión del Mecanismo Alternativo, el Facilitador hará saber a los Intervinientes las características del mecanismo, las reglas a observar, así como sus derechos y obligaciones. Se explicará que el mecanismo es confidencial en los términos que establece esta Ley. Se hará saber a los Intervinientes los alcances y efectos legales de los Acuerdos que en su caso lleguen a concretarse. El Mecanismo Alternativo se dará por concluido si alguno de los Intervinientes revela información

confidencial, sin perjuicio de las responsabilidades en que se incurra por tal conducta.

Acuerdos Reparatorios Los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el inculpado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la conclusión del procedimiento penal. Serán procedentes en los casos siguientes: I. Delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente de parte ofendida; II. Delitos culposos, o III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos de la misma naturaleza jurídica, salvo que hayan transcurrido cinco años de haber dado cumplimiento al último acuerdo reparatorio, o se trate de delitos de violencia familiar. Procederán hasta antes de que se formulen las conclusiones. El Juez a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por treinta días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. En caso de que la concertación se Interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso. Las partes podrán celebrar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido. En caso de señalar que el cumplimiento debe ser diferido y no señalar plazo específico, se entenderá que el plazo será por un año. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal. Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas dentro del plazo acordado, el Ministerio Público lo hará del conocimiento del Juez, quien ordenará levantar la

suspensión del trámite del proceso y continuará con el procedimiento como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno. La información que se genere como producto de los acuerdos reparatorios no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal. El juez decretará la extinción de la acción penal una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada. Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el Juez cuando sean de cumplimiento diferido o cuando el proceso ya se haya iniciado y por el Ministerio Público, en la etapa de averiguación previa, cuando sean de cumplimiento inmediato; en este último caso, se declarará extinta la acción penal. La parte inconforme con esta determinación del Ministerio Público podrá recurrirla ante el titular de la institución de procuración de justicia o el servidor público que el mismo determine dentro del plazo de tres días contados a partir de aquél en que se haya aprobado el acuerdo. Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el Juez o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción. En cuanto aparezca de la averiguación previa que se han acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, en los términos del artículo 168, salvo en los casos previstos en este Código y demás disposiciones aplicables, el Ministerio Público ejercitará la acción penal ante los tribunales y expresará, sin necesidad de acreditarlo plenamente, la forma de realización de la conducta, los elementos subjetivos específicos cuando la descripción típica lo requiera, así como las demás circunstancias que la ley prevea.

Un “mediador” no tiene que ser abogado proceso de certificación y acciones de supervisión en el control de formación de los mediadores, lo que garantiza que los servicios de mediación sean de la más alta calidad jurídica, por lo que en el caso de que profesionales ajenos al Derechos se pretendan certificar como mediadores, abogados del Tribunal les supervisarán por cuanto hace a los convenios que generen en la ejecución de sus labores, ya que en términos de Ley, dichos convenios surten todos los efectos de una sentencia.

Mecanismos y desarrollo de la sesión Una vez que los Intervinientes acuerden sujetarse a la mediación, el Facilitador hará una presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión, el papel que él desempeñará, las reglas y principios que rigen la sesión así como sus distintas fases; acto seguido, formulará las preguntas pertinentes a fin de que los Intervinientes puedan exponer el conflicto, plantear sus preocupaciones y pretensiones, así como identificar las posibles soluciones a la controversia existente. El Facilitador deberá clarificar los términos de la controversia de modo que se eliminen todos los aspectos negativos y las descalificaciones entre los Intervinientes, para resaltar las áreas en las que se puede propiciar el consenso El Facilitador podrá sustituir el Mecanismo Alternativo, con la anuencia de los interesados, cuando considere que es idóneo, dadas las características del caso concreto y la posición que tienen los Intervinientes en el conflicto.

En el caso de que los Intervinientes logren alcanzar un Acuerdo que consideren idóneo para resolver la controversia, el Facilitador lo registrará y lo preparará para la firma de los Intervinientes de conformidad con las disposiciones aplicables previstas en esta Ley. Artículo 23. Oralidad de la sesiones Todas las sesiones de mediación serán orales y sólo se registrará el Acuerdo alcanzado, en su caso.

Pluralidad de sesiones Cuando una sesión no sea suficiente para que los Intervinientes se avengan, se procurará conservar su voluntad para participar y se les citará, de común acuerdo, a la brevedad posible para asistir a sesiones subsecuentes para continuar con la mediación, siempre dentro del marco de lo que resulte razonable y sin que ello pueda propiciar el agravamiento de la controversia.

De la Conciliación Es el mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran involucrados. Además de propiciar la comunicación entre los Intervinientes, el Facilitador podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar alternativas de solución diversas.

Desarrollo de la sesión La conciliación se desarrollará en los mismos términos previstos

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l cargo de mediador, dentro del nuevo esquema de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, no estará limitado para especialistas en Derecho, sino que cualquier persona cuente con el grado de licenciatura “afín a las labores que deberán desarrollar”. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) detalló que las reformas abren la posibilidad de que profesionales de diversas ramas y no necesariamente sólo las afines al Derecho, puedan desarrollar labores como mediadores. Estas reformas entraron en vigor el pasado 21 de agosto y no sólo incluyen al mediador privado como auxiliar de la administración de justicia, sino que se contempla la figura de los “facilitadores” y se otorgan al Centro de Justicia Alternativa, atribuciones para operar como órgano especializado, en los términos de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Las reformas a las Leyes citadas, contemplan una modificación a los requisitos para ser mediador privado certificado. Antes, sólo Abogados o Licenciados en Derecho podían aspirar para certificarse como tales, pero en otras latitudes se ha demostrado que ello no es indispensable puesto que profesionales de otras ramas distintas al Derecho pueden asumir eficaz y responsablemente funciones como mediadores. No obstante, acorde a las nuevas reformas, señala el TSJDF, se tiene un papel fundamental en cuanto al

Por Jorge Ramírez Ugalde / MUNDO LEGISLATIVO

para la mediación; sin embargo, a diferencia de ésta, el Facilitador estará autorizado para proponer soluciones basadas en escenarios posibles y discernir los más idóneos para los Intervinientes, con respeto a los principios de esta Ley. El Facilitador podrá proponer la alternativa que considere más viable para la solución de la controversia.

De la junta restaurativa

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La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, prevé la junta restaurativa es el mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el objeto de lograr un Acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social.

Desarrollo de la sesión Es posible iniciar una junta restaurativa por la naturaleza del caso o por el número de involucrados en el conflicto. Para tal efecto, el Facilitador realizará sesiones preparatorias con cada uno de los Intervinientes a quienes les invitará y explicará la junta restaurativa, sus alcances, reglas, metodología e intentará despejar cualquier duda que éstos planteen. Asimismo, deberá identificar la naturaleza y circunstancias de la controversia, así como las necesidades de los Intervinientes y sus perspectivas individuales, evaluar su disposición para participar en el mecanismo, la posibilidad de realizar la reunión conjunta y las condiciones para llevarla a cabo. En la sesión conjunta de la junta restaurativa el Facilitador hará una presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión. Acto seguido, formulará las preguntas previamente establecidas.

Las preguntas se dirigirán en primer término al imputado, posteriormente a la víctima u ofendido, en su caso a otros Intervinientes afectados por parte de la víctima u ofendido y del imputado respectivamente, y por último, a los miembros de la comunidad que hubieren concurrido a la sesión. Una vez que los Intervinientes hubieren contestado las preguntas del Facilitador, éste procederá a coadyuvar para encontrar formas específicas en que el daño causado pueda quedar satisfactoriamente reparado. Enseguida, el Facilitador concederá la palabra al imputado para que manifieste las acciones que estaría dispuesto a realizar para reparar el daño causado, así como los compromisos que adoptará con los Intervinientes. El Facilitador, sobre la base de las propuestas planteadas por los Intervinientes, concretará el Acuerdo que todos estén dispuestos a aceptar como resultado de la sesión de la junta restaurativa. Finalmente, el Facilitador realizará el cierre de la sesión. En el caso de que los Intervinientes logren alcanzar una solución que consideren idónea para resolver la controversia, el Facilitador lo registrará y lo preparará para la firma de éstos, de conformidad con lo previsto en esta Ley

Alcance de la reparación La Reparación del daño derivada de la junta restaurativa podrá comprender lo siguiente: I. El reconocimiento de responsabilidad y la formulación de una disculpa a la víctima u ofendido en un acto público o privado, de conformidad con el Acuerdo alcanzado por los intervinientes, por virtud del cual el imputado acepta que su conducta causó un daño; II. El compromiso de no repetición de la conducta originadora de la controversia y el establecimiento de condiciones para darle efectividad, tales como inscribirse y concluir programas o actividades de cualquier naturaleza que contribu-

yan a la no repetición de la conducta o aquellos programas específicos para el tratamiento de adicciones; III. Un plan de restitución que pueda ser económico o en especie, reparando o reemplazando algún bien, la realización u omisión de una determinada conducta, la prestación de servicios a la comunidad o de cualquier otra forma lícita solicitada por la víctima u ofendido y acordadas entre los Intervinientes en el curso de la sesión.

Reglas generales de los mecanismos alternativos Sustitución del Mecanismo Alternativo En el supuesto de que los Intervinientes hubieren participado en alguno de los Mecanismos Alternativos y no se hubiese logrado por este Mecanismo la solución de la controversia, el Facilitador podrá sugerirles que recurran a uno diverso. En caso de que los Intervinientes estuvieren de acuerdo, el Facilitador fijará fecha y hora para iniciar dicho Mecanismo en una sesión posterior.

Salvaguarda de derechos Cuando no se alcance Acuerdo, los Intervinientes conservarán sus derechos para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan, o bien, cuando se alcance parcialmente, respecto del conflicto que no fue posible resolver. Del mismo modo, cuando el Acuerdo verse sobre la solución parcial de la controversia, se dejarán a salvo los derechos de los Intervinientes respecto de lo no resuelto en el Acuerdo. Conclusión anticipada de los Mecanismos Alternativos El Mecanismo Alternativo se tendrá por concluido de manera anticipada en los casos siguientes: I. Por voluntad de alguno de los Intervinientes; II. Por inasistencia injustificada a las sesiones por más de una ocasión de alguno de los Intervinientes; III. Cuando el Facilitador constate

que los Intervinientes mantienen posiciones irreductibles que impiden continuar con el mecanismo y se aprecie que no se arribará a un resultado que solucione la controversia; IV. Si alguno de los Intervinientes incurre reiteradamente en un comportamiento irrespetuoso, agresivo o con intención notoriamente dilatoria del mecanismo alternativo; V. Por incumplimiento del Acuerdo entre los Intervinientes, y VI. En los demás casos en que proceda dar por concluido el Mecanismo Alternativo de conformidad con la Ley.

De los acuerdos Requisitos de los Acuerdos En caso de que el Mecanismo Alternativo concluya con una solución mutuamente acordada por los Intervinientes, el Facilitador lo hará constar por escrito con la siguiente información: I. El lugar y la fecha de su celebración; II. El nombre y edad, información que se cotejará con un documento fehaciente; nacionalidad, estado civil, profesión u oficio y domicilio de cada uno de los Intervinientes. En caso de representante

o apoderado legal, se hará constar la documentación con la que se haya acreditado dicho carácter; III. El número de registro del Mecanismo Alternativo; IV. Una descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieran acordado los Intervinientes y, en su caso, los terceros civilmente obligados, así como la forma y tiempo en que éstas deban cumplirse el cual no podrá exceder de tres años a partir de la firma del Acuerdo; V. La firma o huellas dactilares de quienes lo suscriban y, en su caso, el nombre de la persona o personas que hayan firmado a petición de una o ambas partes, cuando éstos no sepan o no puedan firmar; VI. La firma del Facilitador que haya intervenido en el Mecanismo Alternativo y el sello de la dependencia, y VII. Los efectos del incumplimiento. El Acuerdo podrá versar sobre la solución total o parcial de la controversia. En el segundo supuesto se dejarán a salvo los derechos de los Intervinientes respecto de lo no resuelto en el Acuerdo. El Acuerdo deberá ser validado por un licenciado en derecho

del Órgano, del cual se incluirá su nombre y firma. Se entregará un ejemplar del Acuerdo a cada uno de los Intervinientes, conservándose uno en los archivos que corresponda. El Órgano informará de dicho Acuerdo al Ministerio Público y, en su caso, al Juez de control y se observarán las reglas aplicables para la protección de datos personales. Artículo 34. Efectos de los Acuerdos El Acuerdo celebrado entre los Intervinientes con las formalidades establecidas por esta Ley será válido y exigible en sus términos. Artículo 35. Cumplimiento de los Acuerdos Corresponde al Ministerio Público o al Juez aprobar el cumplimiento del Acuerdo, en cuyo caso resolverá de inmediato sobre la extinción de la acción penal o el sobreseimiento del asunto, según corresponda. La resolución emitida por el Juez tendrá efectos de sentencia ejecutoriada. El incumplimiento del Acuerdo dará lugar a la continuación del procedimiento penal. En caso de cumplimiento parcial de contenido pecuniario éste será tomado en cuenta por el Ministerio Público para efectos de la reparación del daño.

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La entrega de los recursos a extranjeros Por Martha Treviño / MUNDO LEGISLATIVO

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l valor total de la producción de los minerales que se explotan en México no es equivalentes a lo que se extrae de la tierra en términos monetarios. Ni el Gobierno federal ni los ejidatarios reciben ganancias acordes con lo que se produce, porque todo se lo llevan los concesionarios mineros quienes no están obligados a esclarecer el volumen de su producción por políticas de las instancias gubernamentales, alertaron la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e investigadores del Centro de Análisis e Investigación Fundar. De acuerdo con el último informe realizado por el ASF, entre 2008 y 2013 el Gobierno federal perdió 3 mil 277 millones de pesos de la generación de recursos que explotan las empresas mineras de este país sólo por pago de derechos debido a que no se cumplió con la meta respectiva de cada periodo.

En esos cinco años, las mineras dejaron a México apenas el 0.6 por ciento de los más de 1.2 billones de pesos que recaudaron. La ASF expuso que los derechos que lo que pagaron las mineras por concesión es muy poco y consideró que parte del problema se debe a que el Sistema de Administración Minera (SIAM), dependiente de la Secretaría de Energía, no establece un control de datos que puedan ser “útiles, confiables y oportunos”. Al respecto, Francisco Cravioto Lagos, investigador del proyecto industrias extractivas de Fundar, dijo al portal en Internet SinEmbargo que las compañías mineras “están sacando del subsuelo un bien de la nación y no están pagando ni siquiera algo en compensación al dueño de ese bien que somos nosotros, la nación mexicana”. Al primer trimestre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó un monto de

978 millones de pesos por el pago de derechos mineros de un total de 95 mil millones de pesos generados del total de la producción en este periodo. Cravioto Lagos aseguró que las regalías que entregan las grandes empresas mineras no están reflejando un impacto positivo en términos financieros “tiene grandes ganancias que se les deben cobrar impuestos y éstos se deben repartir entre la población”, comentó. Respecto a los porcentajes que corresponden a la Federación, dijo que “los legisladores decidieron que no se les están cobrando lo suficientes derechos a las grandes compañías” y que la falta de transparencia y rigurosidad en el cumplimiento de sus deberes fiscales, mismos que son regulados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no son suficientes para un “monitoreo de los ciudadanos”.

Producción minera y regalías De acuerdo con el reporte de volumen y valor de la producción minerometalurgia 2014/2013 del SIAM, el valor total de productos mineros registrado en 2014 fue de 196 millones 966 mil 920 pesos, mientras que un año anterior logró un resultado de 200 millones 946 mil 362 pesos. Lo anterior quiere decir que de 2013 a 2014 hubo -2.0 por ciento del valor total que dejó la explotación de los recursos mineros. La Secretaría de Economía tiene la obligación de dar a conocer el valor en miles de pesos y en toneladas que las concesionarios reportan según hayan sido sus utilidades; de esos ingresos, las empresas deberán pagar el 7.5 por ciento a la federación por un“derecho especial”. Sin embargo, Cravioto Lagos dijo que “en otros países no se cobra sobre las utilidades si no del valor del volumen total de la producción”. Explicó que con esta modalidad de pago de regalías (por utilidad total) “daña a las pequeñas compañías. Las grandes mineras mexicanas cuentan con artilugios contables para no reportar las utilidades ya que pueden reportar pérdidas por cualquier situación”, hecho que

Las regalías que entregan las grandes empresas mineras no están reflejando un impacto positivo en términos financieros “tiene grandes ganancias que se les deben cobrar impuestos y éstos se deben repartir entre la población”. Cravioto Lagos. calificó una posibilidad para que haya “ventanas de ilusión fiscal”. El año pasado la Secretaría de Economía registró que del valor total de minerales preciosos, las empresas reportaron un monto de 91 millones 610 mil 261 pesos; 64 millones 842 mil 147 pesos de minerales industriales no ferrosos; 26 millones 793 mil 118 pesos de minerales siderúrgicos y 13 millones 721 mil 392 pesos por minerales no metálicos. Asimismo, el documento Participación de México en la Producción Minera Mundial en 2014 del Sistema de Administración Minera, aseguró que México logró el año pasado el primer lugar en el mundo en la producción de plata con una participación a nivel internacional del 25 por ciento con 22 mil 781 toneladas, mientras que a nivel nacional logró producir 5 mil 765.

México en el mundo • Ocupa el 1er lugar en la producción de plata a nivel mundial. • Se ubica entre los 10 princi-

pales productores de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre. • Es el 1er destino en inversión en exploración minera en América Latina y el 4° en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por SNL Metals & Mining 2015. • Es el 5° país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, de acuerdo al reporte de la consultora Behre Dolbear publicado en agosto de 2015.

Sector minero-metalúrgico en México • Contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. • Al mes de julio de 2015, generó 352 mil 666 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos indirectos, de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social.

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En México existen 26 mil 064 títulos de concesiones mineras en una superficie total de 30.68 millones de hectáreas, según el Estudio de la minería en México, publicado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaria de Gobernación. De este universo de concesiones, sólo se realizan 200 visitas anuales. “La Dirección General de Regulación Minera, de la Secretaría de Hacienda se encarga de realizar las auditorias del volumen total de minerales extraídos, pero con el escaso personal y la falta de recursos no se hacen inspecciones a fondo, y el universo extraordinario es un incentivo para mentir porque la posibilidad de ser sancionado es mínima”, acusó el también integrante de Alianza contra el Fraking.

La piratería: Mercado “sombra” en méxico Por Magdalena Lara Monroy / MUNDO LEGISLATIVO

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egún la UNESCO la “piratería” abarca desde la reproducción hasta la distribución ilegal de copias no autorizadas de productos protegidos por el derecho de propiedad intelectual, además de aquellos productos que no cumplen con las disposiciones legales para ser comercializados. Para efectos de este estudio nos referimos específicamente a falsificaciones y copias no autorizadas de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual. La piratería es una seria amenaza para el crecimiento de la economía, las finanzas públicas y las empresas formales que se enfrentan a la competencia desleal de estos productores. Asimismo, el comercio de bienes falsificados está estrechamente

ligado con la operación de redes globales de crimen organizado. La piratería también representa riesgos directos a los consumidores ya que su ausencia de controles de calidad muchas veces trae consigo peligros, sobre todo en productos relacionados directamente con la salud (por ejemplo, medicinas). El consumo de la piratería es una consecuencia de la debilidad del Estado de Derecho y tiene un estrecho vínculo con la corrupción y/o la inseguridad a la que se enfrentan las empresas en México. Es significativamente menos viable que la piratería penetre cadenas de valor y canales de venta altamente centralizados, como supermercados o tiendas departamentales –a diferencia, por ejemplo, de los mercados y los tianguis, donde el 70% de

la población adquiere los productos imitación o pirata. En 2014, el mercado sombra de la piratería podría costarle al país más de 43 mil millones de pesos, aproximadamente el 34% del recorte presupuestal anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2015. Esto sin contar el valor de las incautaciones, las pérdidas en empleos, recaudación y los impactos en la salud y la seguridad de los consumidores. Estos 43 mil millones de pesos también representan 28% más que todo el presupuesto 2015 para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y 34 veces más que todo el presupuesto del IMPI, además de una pérdida recaudatoria de poco más de 6 mil millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado

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(IVA). Esto considerando que la pérdida podría ser mucho mayor, ya que la estimación únicamente contabilizan seis categorías de productos. La pérdida por el consumo de piratería es enorme. La estimación del consumo de México para 2014 podría financiar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante todo un año, e inclusive podría pagar dos Instituto Nacional Electoral (INE) en 2015. Por otro lado, aunque la población considera que la piratería tiene efectos negativos para el país, e incluso la asocian con robo, corrupción y fraude, no la consideran grave. Existe una aceptación social bastante generalizada hacia la piratería a pesar de que la mayoría de la gente sabe que es ilegal. La frase “es ilegal pero no grave” es, posiblemente, lo que mejor resuma el estatus que tiene la piratería en el imaginario colectivo. También existe una importante noción de ausencia o debilidad del Estado de Derecho y de respeto a las normas. Entre 40% y 63% de los entrevistados opinaron que la mayoría de la gente en México incurre en conductas ilegales o poco éticas, como tirar basura en la calle, dar sobornos o mordidas, pasarse los altos, estacionarse en lugares prohibidos y manejar borracho. De acuerdo con la encuesta, el 53% de la población que utiliza internet, reconoce haber descargado de manera ilegal y con una frecuencia significativamente alta, música, películas y/o series de televisión piratas. Asimismo, la mayoría de las personas que descargan o compran piratería en internet lo hacen desde sus casas. Esto es esencial para entender a la población consumidora de piratería por internet pues esta característica excluiría a los segmentos socioeconómicos más bajos que no tienen computadora en su casa. La mayoría de los consumidores no vinculan el consumo de piratería con consecuencias legales por parte de las autoridades, ni con consecuencias en su bienestar individual. Los consumidores son particularmente receptivos a los mensajes

disuasivos que enfatizan, en primer lugar, los efectos negativos y los riesgos que el consumo de piratería impone al bienestar individual de los consumidores. También son receptivos, en segundo lugar, a los mensajes que ejemplifiquen el vínculo que existe entre la venta de productos falsificados o piratas y las actividades del crimen organizado. Este hallazgo podría aprovecharse para generar mensajes más efectivos para las campañas de concientización en contra del consumo de piratería en el país.} La Encuesta Nacional de Consumo de Piratería (ENCP 2014-CI-

DAC) es el primer ejercicio a gran escala para entender los patrones de consumo de piratería en México. Esta encuesta permite hacer inferencias a nivel nacional ya que su muestra se hizo garantizando una representatividad de zonas urbanas y sub urbanas tomando en cuenta una división de cinco regiones en el país. Se realizaron 1500 entrevistas en viviendas a hombres y mujeres de 15 años o más que indicaron haber consumido algún producto imitación o pirata en el último año. Y usted: ¿En el último año ha comprado alguno de los productos imitación o pirata?

La insensatez del procurador capitalino Por Manuel Fuentes / MUNDO LEGISLATIVO

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¿Cómo identificaran a los sujetos que seguían y amenazaron a Rubén Espinosa en la ciudad de Xalapa, Veracruz? Enorme indignación causó entre los amigos y colegas periodistas del fotorreportero asesinado, Rubén Manuel Espinosa Becerril, cuando se enteraron del comentario en privado que hizo Rodolfo Ríos, procurador de Justicia del Distrito Federal, de que el móvil principal del multihomicidio de la Narvarte fue un robo. Fue tanta la indignación que se causó en distintos medios que Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del DF, se apuró al día siguiente a convocar a una conferencia de prensa para tratar de corregir la insensatez de su procurador de justicia. Tuvo que desdecirlo públicamente, claro, sin mencionarlo para no evidenciarlo más, para comprometerse a nombre de su gobierno a agotar todas las líneas de investigación y que no habría impunidad. Fue tan poca la sensibilidad y madurez del procurador capitalino que apenas a unas horas del homicidio múltiple y sin haber agotado todas las líneas de investigación apresuraba una hipótesis, la más fácil, para salir del atolladero, la de un robo. Las amenazas a Nadia Vera, también asesinada, golpeada y ultrajada sexualmente, como las recibidas semanas antes en contra del periodista Rubén Espinosa en Veracruz ni siquiera fueron consideradas en un primer momento. Fue en la manifestación en el Ángel de la Independencia del domingo por la tarde en la que un fotorreportero amigo del

desaparecido Rubén Espinosa denunciaba la confidencia desafortunada del procurador de justicia que hizo horas antes, en privado, a un grupo de periodistas amigos del infortunado comunicador. Un clamor de indignación surgió a gritos por los que estaban presentes. ¡En nadie se puede confiar!, era el reclamo de mayor consenso. El procurador usó su cuenta de twitter @rodolforiosg para aclarar que todas las líneas de investigación se agotarían, pero la avalancha de desconfianza no la pudo parar ni el propio jefe de gobierno del DF. El gobierno federal tiene un supuesto mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y es un

total fracaso. El gobierno del Distrito Federal presume tenerlo pero tampoco funciona. En la administración de Marcelo Ebrard se prometió impulsar una casa refugio de periodistas perseguidos, hasta se consiguió un terreno y se empezó la construcción, y en la administración de Miguel Ángel Mancera se prometió concretar ese proyecto, pera nada de ello ha ocurrido. La CDHDF acepta que su Relatoría de Libertad de Expresión tuvo informes sobre las agresiones que sufrió el fotógrafo Rubén Espinosa el 14 de febrero pasado en Xalapa, Veracruz, que lo obligó a huir al DF por las amenazas y hostigamiento a su labor periodística. ¿Qué hicieron con esa información? ¿Qué medidas

sa), saqueando una vivienda, ultrajando a mujeres, torturándolas y darles un tiro de gracia a cada una de sus víctimas para aparentar un delito “común y corriente” (así lo catalogan los fríos investigadores policiacos). A fin de cuentas hay funcionarios como el procurador de justicia capitalino que les hace un infausto favor al sacar conclusiones apresuradas. La verdad es que la policía capitalina no tiene la capacidad para agotar “todas las líneas de investigación” y menos las que apuntan al gobernador de Veracruz. ¿Qué van a hacer los policías defeños para seguir la línea de los grupos de poder en Veracruz que están metidos en una simbiosis de política y delincuencia? ¿Van a pedir el apoyo de la procuraduría de justicia veracruzana para que investigue al mismísimo gobernador y a los grupos que lo protegen? ¿Cómo identificaran a los sujetos que seguían y amenazaron a Rubén Espinosa en la ciudad de Xalapa, Veracruz, días antes que buscara un refugio en el DF y en el que sólo encontró la muerte? La sociedad pide más respeto. No se puede engañar con la promesa de que se agotarán “todas las líneas de investigación” cuando la policía capitalina no tiene

las facultades legales ni los recursos para entrometerse en otro estado de la República. La PGR tampoco es confiable. Su estructura judicial no le permite golpear a gobernadores priístas afines al gobierno federal como el de Veracruz, cuya entidad tiene en su cuenta 14 asesinatos de periodistas desde 2010 y 17 comunicadores exiliados. La PGR carece de independencia para realizar una investigación auténtica, pero también es cierto que no puede actuar con disimulo ante un homicidio múltiple de tan graves consecuencias. La PGR también debe asumir responsabilidades y tiene la obligación de intervenir de inmediato. En este acto criminal debemos tener presentes a las cuatro mujeres asesinadas salvajemente a Nadia Vera Pérez, Yesenia Quiroz Alfaro, Simone y Alejandra de las que poco se habla o menciona. Feminicidios que son el común denominador en nuestro país y hechos repugnantes como éste deben ser debidamente aclarados. La sociedad exige una investigación confiable, imparcial e inmediata, porque hay hartazgo social ante la insensatez e incapacidad de nuestros gobernantes. El clamor social es que termine tanta impunidad, tanta complicidad, tanto cinismo.

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tomaron para protegerlo? Las preguntas son ociosas. La propia Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación acepta también haber conocido de las agresiones contra el periodista. Pero sólo se concretó en mandar oficios, como cualquier agencia burocrática más, a la oficina de “protección a periodistas” (sic) en Veracruz y al Fiscal General del Estado de los que nunca recibió respuesta. Ahora aduce que no existió solicitud de incorporación al mecanismo, como si ello hiciera falta para intervenir ante hechos graves que esta oficina inoperante conoció. Periodistas perseguidos consideraban al Distrito Federal un refugio natural ante la persecución que sufren, pero ahora ningún lugar es seguro. Los sicarios de los grupos de poder ofendidos por el trabajo periodístico crítico andan a sus anchas en la ciudad de México. Las ejecuciones son cada vez más frecuentes en la capital. Actúan con total impunidad y la muestra de ello fue la quíntuple ejecución cometida. Ningún trabajo les cuesta a los sicarios esconder una venganza política, un escarmiento a luchadores sociales (como Nadia Vera), a comunicadores críticos (como Rubén Espino-

El gobernador y los crímenes

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l gobernador de Veracruz es un tonto o un cínico. No se puede entender de otra manera el desparpajo con el que ha tomado los asesinatos de periodistas en esa entidad; 14 muertos, hasta hace unos días, y Javier Duarte reaccionó recomendando a los informadores “pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos”. Para Duarte, lo importante es que los periodistas se porten bien. No recuerda su obligación constitucional para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, ni la protección necesaria a los informadores. Esa desfachatez explica la reacción de periodistas y ciudadanos preocupados por los derechos humanos, en todo el país, que en cuanto se supo del asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa Becerril, no dudaron en voltear hacia el palacio de gobierno en Xalapa. Espinosa, como ahora es ampliamente sabido, salió de Veracruz después de haber sido amenazado y culpó al gobernador de la ausencia de condiciones de seguridad para los periodistas. Nadia Vera Pérez, la antropóloga, bailarina y promotora cultural que también fue asesinada en el departamento de Narvarte, había acusado al gobernador Duarte de lo que pudiera ocurrirle. Así que no es sorprendente que la primera hipótesis acerca de la responsabilidad de esos crímenes haya recordado la ineptitud del gobernador, el clima de persecución contra la prensa independiente en Veracruz y los señalamientos directos de dos de

Raúl Trejo Delarbre* / MUNDO LEGISLATIVO

los cinco asesinados el 31 de julio. No podía ser de otra manera. Por absurda que resultase la posibilidad de que Duarte tuviera algo que ver en un crimen del que evidentemente sería culpado, tantas circunstancias incriminatorias no pueden ser soslayadas. Lo que sí ha resultado extravagante son los esfuerzos de no pocos informadores y comentaristas para exculpar anticipadamente a Duarte, buscando, para el crimen, motivos distintos a los de carácter político. La versión de que los asesinatos ocurrieron después de una fiesta fue compartida, en tonos prácticamente celebratorios, por quienes se resistían a considerar que se trató de un crimen debido a las actividades de Espinosa y Vera. Las prisas del procurador del DF para congraciarse con la prensa y la improvisación de

las averiguaciones policiacas contribuyeron a suscitar suspicacias adicionales. La hora en la que Espinosa y sus amigos llegaron al departamento, la familiaridad que algunas inquilinas de ese inmueble habrían tenido con los asesinos, los usos delictivos que se dieron antes al automóvil en donde huyeron los criminales, fueron algunos datos que la PGJDF difundió de manera errónea. También fueron difundidas fotografías del escenario del crimen, donde aparecían las víctimas, que nunca debieron haber sido publicadas. A esas torpezas se añadió la insistencia del procurador Rodolfo Ríos para descartar el móvil político. A varios colegas de Rubén Espinosa les dijo que el asesinato no se debió a su profesión como fotógrafo, porque “estaba desempleado” (en

vocación por la juerga, esa circunstancia en nada contribuía a explicar el crimen. Al día siguiente, martes 4, confirmando que el señalamiento de las víctimas como parranderos e irresponsables no fue ocurrencia de un par de reporteros, sino una decisión editorial de Reforma, ese diario publicó en una nota de Arturo Atempa: “Las mujeres que habitaban el departamento donde ocurrió el multihomicidio, en la Colonia Narvarte, aparentaban una actitud tranquila ante sus vecinos, pero dentro de su casa las cosas eran distintas pues llevaban a cabo fiestas donde consumían alcohol y drogas”. Más adelante: “La música y el alcohol era un gusto común entre ellas. Cada fin de semana llevaban a cabo fiestas a las que acudían personas de diferentes edades y nacionalidades”. ¡Alcohol y drogas! ¡Pero qué desenfreno! ¡Y les gustaba la música! ¡A todas ellas! ¡Y hacían fiestas! ¡Con personas de varias edades (qué promiscuidad)! ¡Y había extranjeros! Pocas veces en la prensa mexicana encontramos un ejemplo de mojigatería y, por lo tanto, de moralina vulgar y prejuiciada, como los que desparramó Reforma en tales notas. Con ese enfoque, se diluían la indefensión de las víctimas y la culpabilidad de quienes hayan perpetrado ese cobarde crimen. De esa manera, Reforma —y luego los medios y comentaristas que reprodujeron con similar ofuscación esas versiones— se mimetizaron con el amarillismo de Alarma y se pusieron al servicio de aquellos a quienes conviene la trivialización de los asesinatos en Narvarte. Lo mismo sucedió con medios y comentaristas que se solazaron sugiriendo que, por ser colombiana, otra de las víctimas tenía que ser sospechosa de asociación delictiva. Yesenia Quiroz Alfaro, de 18

años, había llegado de Mexicali para perfeccionar sus conocimientos como maquillista. Mile Virginia Martin, de 31, quería regresar a Bogotá después de trabajar en México como estilista y modelo. Olivia Alejandra Negrete, la empleada doméstica de 40 años, tenía tres hijas, entre ellas una niña de 13 años. Nadia Vera Pérez, de 32 años, chiapaneca, participó en proyectos culturales y fue notoria activista en contra del gobierno de Veracruz, de donde salió porque fue amenazada de muerte. Rubén Espinosa Becerril tenía 31 años, se interesaba en registrar testimonios gráficos de movilizaciones sociales y había denunciado la persecución del gobierno veracruzano contra él y otros informadores. La protección del Estado mexicano a los periodistas queda en cuestión a partir de los crímenes del 31 de julio. También hay mucho por cambiar en las respuestas del gremio de los informadores ante asesinatos como esos. Mucha indignación inicial, escasas acciones prácticas y, por desdicha, poco tiempo para que esos crímenes sean olvidados por la mayoría, es el proceso que suele experimentar la reacción de los trabajadores de los medios. Organizar la exigencia para que no sea circunstancial, mantener comisiones que supervisen las indagaciones policiacas, crear protocolos realmente eficaces para la protección de los informadores más vulnerables, son tareas que este gremio no siempre está dispuesto a discutir con apertura y generosidad. Es hora de cambiar tales inercias. Antes que nada, por supuesto, está la responsabilidad del Estado. Más allá de las culpabilidades que se puedan demostrar en el crimen de Narvarte, el impresentable gobernador Duarte es responsable de la inseguridad ingente que se ensaña con periodistas en Veracruz. Publicado en el diario La Crónica La Crónica10/08/2015

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realidad no era así, pero ésa hubiera sido una circunstancia irrelevante). Condicionada por esos prejuicios, es decir, por la decisión del procurador para restarle connotaciones políticas al crimen, la averiguación ha sido incompleta. Llama la atención que asuntos tan elementales como las comunicaciones telefónicas de Espinosa no hayan sido considerados por esa autoridad. La charla de WhatsApp que el fotógrafo tuvo con un amigo suyo el viernes 31 de julio y que concluyó a las 14:13 horas, minutos antes de la hora en la que se presume ocurrieron los asesinatos, no la conocía el procurador hasta que fue difundida por los reporteros Sandra Rodríguez y David Martínez en el sitio Sin embargo. Es deseable que amigos y conocidos de las víctimas ofrezcan a la autoridad todas las evidencias posibles para entender las causas del crimen. Pero no se necesita ser especialista de CSI para recordar que las comunicaciones telefónicas dejan rastros que pueden ser importantes. A falta de una versión completa de los homicidios, lo que tuvimos durante la semana pasada fueron relatos parciales, en ocasiones incluso falsos y maliciosos. Los más notorios aparecieron en Reforma. “Termina la fiesta en una ejecución”, tituló ese diario la información del 3 de agosto. Cargada de misoginia y prejuicios, la nota firmada por Yáscara López y Augusto López comienza: “Les gustaban las fiestas y tener amigos”. Más adelante: “A todas les gustaba la fiesta” para referirse a las inquilinas del departamento. Con ese enfoque se respaldaba la versión de que las víctimas departieron toda la noche con los asesinos. Las fuentes de tales versiones eran “testimonios de vecinos y las indagatorias realizadas hasta el momento por la Procuraduría capitalina”. Pero no hubo fiesta. Y aunque hubieran tenido

Pobres

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ien aventurados los pobres. Jesús, qué buen sentido del humor tienes. En México hay 55.3 millones de habitantes en pobreza absoluta y otros 40 millones están a punto de caer al precipicio de la inopia. Adiós clase media, adiós. ¿Cómo son los pobres de mi patria? Me pregunto y contesto: Suelen ser silenciosos; y cuando hablan, lo hacen sobre su pobreza. Sus ojos son los de la pobreza que no llora, que no tiene voz. La pobreza -se les ha enseñado- fue enviada por Dios para sufrirla por el mártir del Calvario. Abnegación que será premiada por la Guadalupana: “No estoy yo aquí que soy tu madre”, les ha dicho. Pobreza y religiosidad entre mis compatriotas es, como diría André Bretón, “un surrealismo en estado puro”. Los pobres de mi patria sufren en silencio; la pobreza no se rebela. Van desfilando con una indiferencia de piedra tallada, todos serenos, todos inmutables, con ese entrecejo de austeridad que tanto los identifica. No hay asombro, no hay alegría, no hay tristeza, no hay nada. Son mugrosos porque antes que gastar en un jabón de pasta compran una tortilla; son desarrapados porque las garras que traen puestas les han servido para cubrirles del frio; son sombrerudos porque así han atajado el ardiente sol y las mentadas que les envían los de arriba. Son borrachos de rones porque el alcohol del 96 lo prohibieron las empresas vinateras; son cotonudos porque su viejo cotón es más caliente que si se cubriera con el periódico de ayer. Los compran con un una copa de alcohol y nadie les ofrece una pieza de pan. (¿Qué favor le debo al Sol por haberme calentado, si de chico fui a la escuela,

De Octavio Raziel / MUNDO LEGISLATIVO si de grande fui soldado, si de casado fui cabrón y a muerte condenado? ¿Qué le debo al Sol por haberme calentado? Escribió en su testamento Pito Pérez)

Pobres de mis pobres. El hombre, como muchos animales marca su territorio. Tiene, como la araña, su coto de caza. Hilos cruzados de un capullo. Los pocos ricos evitan contaminarse de los muchos pobres. Un pobre no tiene miedo de caer pues está pisando el fondo, mientras que el poderoso tiene terror a conocer la profundidad del infierno donde habita la prole. El pobre espera sentado, soñando regresar algún día a su pueblo, triunfante; el rico que cae se enfrentará al abandono de sus amigos. No habrá compañeros de la banca que mitiguen su pena, ni hermanos que le defiendan de los golpes que le tiran para acabar de hundirlo. La pobreza no es tanto no tener, sino estar desprendido de todo. Miseria, carencia, penuria, escasez, necesidad, sinónimos que no les dicen nada; sólo conocen la palabra pobreza. Calificados por los de arriba como ignorantes, tontos, son consecuencia de una educación manejada por la cúpula del poder. Si no, cómo explotarlos. Abandonados a su suerte, su conciencia vacila, tiembla mientras la nota roja pretende aturdirle frente a un suicidio que le zumba en sus oídos. Me pregunto si mis pobres son los mismos de otras latitudes; si sufren las mismas penurias y carecen de las mismas capacidades. Pobres iguales a los ojos de Dios; George Orwell diría “todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros”. Mientras los pobres disfrutan del futbol y del chismorreo de la farándula, 2,540 multimillonarios mexicanos acumulan casi la mitad de la riqueza total del país. Como consuelo, Facundo Cabral cantaba: Pobrecito mi patrón que piensa que el pobre soy yo.