Mundo Legislativo No. 115

LETRAS E IMÁGEN

Sin “estrategia”, la seguridad en crisis

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Impunidad y connivencia autoridades-delincuencia La apuesta al “Base Cero” frente a un entorno adverso

Crónica de un evento sin demagogia ni populismo

La pobreza aumenta en México. Suma 2 millones más ENTRE-PÁGINAS

Máximo bloqueo de los Estados Unidos, denuncia Cuba

Pablo Gómez. ¿Y la economía?

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Rafael Cardona. Estación San Lázaro

(Pág. 18)

Octavio Raziel. Clases

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Antonio Aspiros. El Bachiller

(Pág. 33)

Guadalupe Ugalde. Rumbo incierto

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Año XII. No.115 1º de Agosto 2015

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Cámara de Diputados

1

6 Periodos Ordinarios

2 15

3 5

Leyes aprobadas

Cámara de Senadores

6 19

3,449 Proposiciones con Punto de Acuerdo presentados

(incluye constitutiva, preparatorias y de instalación)

1,147 horas de trabajo en el Pleno

en Reuniones celebradas por las Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo

intervenciones en tribuna de Diputados en el Pleno

10 23

Sesión más larga de la

historia del Congreso Mexicano

de Mesa Directiva

13

Reportes y análisis realizados por los Centros de Estudios

24

396 Eventos efectuadospor los Centros de Estudios, Museo y Bibliotecas

521 Dictámenes Positivos de Ley o Decreto aprobados

Partido Acción Nacional

26

421 Investigaciones realizadas por la Dirección de Servicios de Documentación y Análisis (SEDIA)

*Información al 30 de abril de 2015 Partido Revolucionario Institucional

623 Obras publicadas por los Centros de Estudios

1,355 Estudios,

12 25

121 Reuniones de la Junta de Coordinación Política

32

Consultas a la página de internet de la Gaceta Parlamentaria

suma por 22 México

10, 072

73 horas 40 minutos

144 Reuniones

2,336,975

725 Votaciones nominales a través del Sistemas Electrónico de asistencia y votación

celebradas por las Comisiones, Comités y Grupos de trabajo

6,327 Horas de trabajo

4,602 Versiones Estenográficas publicadas

285 Acuerdos de los órganos de gobierno

8 21

3,419 Reuniones

11

20

30

238 Diarios de los Debates publicados

18 31

de Ley o Decreto presentadas

676

Gacetas Parlamentarias publicadas

2,939 Iniciativas

231 Sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados

9

289 Minutas

remitidas por la

28

Volúmenes entregados a las Bibliotecas de Cámara

16 29

4 17

7

16, 677

552 Dictámenes que deshechan iniciativas y minutas con proyectos de ley general

13 Sesiones Extraordinarias

12 Sesiones Solemnes

guiadas a bibliotecas, Pleno, museo y público general

43 Nuevas

6 Periodos Extraordinarios

198 Sesiones Ordinarias

14 27

241,411 Visitas

29 Reformas Constitucionales aprobadas

Partido de la Revolución Democrática

Partido Verde Ecologista de México

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Partido del Trabajo

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

EDITORIAL DIRECTORIO Francisco Ramírez R. Director mundolegislativo@hotmail.com “Estación San Lázaro” Rafael Cardona Sandoval Crónica Parlamentaria Patricia Arnaud

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C.F.C. 5671. México, DF. C.P. 14650 E-mail: mundolegislativo@hotmail.com • MUNDO LETRAS E IMAGEN LEGISLATIVO • © Año XII. No. 115, Edición del 1º de Agosto 2015.

Editor responsable: S. Francisco Ramírez R. Reserva de Título No. 04-2011-011313414700-102 Certificado de Licitud 14366 y Certificado de contenido 11939 Prohibida la reproducción. Impreso por Publigrafic Internacional S.A. de C.V. Distribuida por ML. Aguascalientes 199. Col. Cuauhtémoc, México, D.F.

En portada Luis González Pérez es muy claro: la impunidad en México se da por la connivencia entre las autoridades y los delincuentes. Sin voluntad política, sin un Poder judicial autónomo y sometido, el país seguirá tan violento, como un Estado sin Derecho.

Ante la masacre, ni silencio ni olvido…

Es preciso que, más allá de este caso, de suyo sumamente grave, todos podamos contribuir para romper la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad. Sin esa ruptura nunca se alcanzarán ni la paz ni la justicia en México. No tenemos que esperar para ello que suceda otro caso de igual o mayor gravedad, el momento de actuar es ahora y con ello se daría sentido y significado al dolor, sufrimiento e indignación que este caso ha generado.

Este editorial son las palabras del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pronunciadas el 23 de julio pasado, al presentar el estado de la investigación de una masacre que, como otras, no hizo caer a los responsables de los hechos, no ha cambiado el curso de la violencia en México, y mucho menos hay justicia ni para las víctimas, ni para sus familias ni para la sociedad.

Del ombudsman Luis Raúl González Pérez, señalaría, con acierto: México no es el mismo después de Iguala. Los hechos ocurridos entre la noche del 26 y la tarde del 27 de septiembre del año 2014, en la región de Iguala, Guerrero, forman por su naturaleza el más grave conjunto de violaciones a los Derechos Humanos -además de un cúmulo de crímenes de todo orden-, de cuantos haya memoria reciente en este país.

En los hechos, seis personas fueron privadas de la vida, 43 más fueron desaparecidas forzadamente y otras 33 sufrieron heridas, en un capítulo ominoso de la vida nacional frente al cual las investigaciones no ofrecen todavía una respuesta concluyente por estar en curso.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera estos sucesos como de una extrema gravedad. Por deshumanizados, por la forma como han evidenciado el rompimiento del Estado de Derecho, por su extrema violencia contra las víctimas y sus valores fundamentales que exigen la reparación de sus ofensas y el cumplimiento del Derecho a la Verdad; por el respeto a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad y la dignidad humana, no es momento ni de callar ni de olvidar.

En los hechos de Iguala se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada. Tragedia acentuada, más allá de “Iguala”, por los hallazgos de cadáveres sepultados en decenas de fosas clandestinas sin nombre, sin identidad, sin tiempo, sin nada.

El “Caso Iguala” ha probado el grado de barbarie al que se ha llegado -y este es solo un caso-, el abandono de la Ley y el olvido de la justicia.

Iguala lamentablemente se une a otras situaciones graves que le han precedido y a otras que se han presentado con posterioridad, lo cual nos hace evidente que, mientras las autoridades no ubiquen a los Derechos Humanos en el centro de su actuación, seguiremos siendo testigos de hechos similares.

Este es sólo el caso más sonado ante la opinión pública. Pero hay otros, terribles. La brutal evidencia de que policías y delincuentes forman asociaciones criminales, debe movilizar al país y a los gobiernos.

La omisión también es delito, pero el reino de la impunidad goza de cabal salud. ¿Qué debe pasar en México, para que pase algo y se ponga fin a los impunes?

CNDH: Ni silencio ni olvido ante la masacre de Ayotzinapa Por Patricia Arnaud y Francisco Ramírez / MUNDO LEGISLATIVO

En los hechos de Iguala se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada

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ientras que el mismo día – jueves 23 de julio- la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advertía que no habrá silencio ni olvido en la masacre de Ayotzinapa, Guerrero, y literalmente desmenuzaba las “investigación” y conclusiones del gobierno de la República, el presidente Enrique Peña Nieto pedía a los jóvenes cadetes graduados de la Marina que su desempeño fuese con respeto a los derechos humanos.

Con un tono de firmeza expresó: “Les ordeno desempeñarse con estricto apego a la ley, con absoluto respeto a los derechos humanos y bajo los principios de honor, deber, lealtad y patriotismo”.

Pero la orden no abarcó otros cuerpos de seguridad del país, como el ejército o las policías federales, municipales o estatales.

Quizá da por hecho que así debería ser.

Peña Nieto estaba enterado de la conferencia de prensa y los términos en que Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, daría a conocer la revisión y análisis del expediente elaborado por

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la Procuraduría General de la República (PGR) –entonces a cargo Jesús Murillo Karam, ex gobernador de Hidalgo, senador y actual secretario de Desarrollo Territorial y Urbano- en el que ‘‘se puede apreciar que no se desahogaron un conjunto de diligencias indispensables en la investigación ministerial’’, de acuerdo con el reporte leído por José Larrieta, titular de la oficina especial para la investigación del caso Iguala. ‘‘No es momento de callar ni de olvidar. En los hechos de Iguala se visibiliza el desprecio por la

vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento y complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada’’, dijo González Pérez.

Comentó que sólo con el acatamiento de las sugerencias se podría demostrar la voluntad política de la PGR para llegar al fondo del caso. Lo anterior, porque la insuficiente actuación de esa autoridad ministerial afecta el derecho de conocer la verdad, acceder a la

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justicia, a la reparación del daño y a la no repetición del acto.

Llamó a romper la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad. La investigación de la PGR no debe estar cerrada, subrayó.

El reporte de la CNDH, avance de lo que serán las recomendaciones finales del organismo, incluye 32 observaciones y propuestas. Todas revelan fallas, desde el inicio de las averiguaciones (en especial omisiones en química forense), así como en la falta de atención a las víctimas.

Pero el discurso del gobierno parece ir a contrapelo de la realidad.

Apenas dos días antes de la orden del presidente a los cadete, estudiantes de distintas universidades se manifestaron frente a las instalaciones del Campo Militar Marte para exigir el esclarecimiento de la agresión contra pobladores de Ostula, Michoacán, donde murieron dos niños, y la desaparición y posterior ejecución de siete estudiantes en Zacatecas. Casos en los que, dijeron, elementos militares estuvieron involucrados. Durante la manifestación, una treintena de alumnos de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma de la Ciudad de México y del Valle de México leyeron un pronunciamiento en el que aseguraron que estos dos casos son muestra de que las fuerzas armadas, quebrantando su papel como garantes de la estabilidad en el país, se han tornado en el principal factor de violencia y violación reiterada de los derechos humanos en México.

Mientras, el gobierno del estado de México publicaba en la Gaceta de Gobierno las reglas de operación del Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos, con lo cual las tres mujeres testigos de la matanza de 22 civiles en una bodega de Tlatlaya, en junio del año pasado, ya podrán reclamar indemnización.

Además de la indemnización, estas víctimas podrán tener acceso a ayuda y asistencia del gobierno en varias materias, como parte del proceso de reparación del daño al que está obligado el Estado, por haber

violentado sus garantías. El monto de la indemnización a la que se harán acreedoras será diferenciado en cada caso, dependiendo del grado de agresión y las condiciones socioeconómicas, como si la tortura y violación fuesen diferentes, o hicieran distinción entre las víctimas.

También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que daría seguimiento a los hechos ocurridos en la comunidad de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila.

La Comisión indicó en un comunicado que personal de la institución ya se encuentra recabando información y ha solicitado información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría de la República (PGR), Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Procuraduría General de Justicia del Estado. Desde el lunes, el personal de la Comisión se contactó con familiares del joven

fallecido y les brindó ayuda psicológica. También prestó ayuda a siete personas más.

En respuesta a ello, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, salió a declarar que los elementos que hasta el momento han arrojado las investigaciones en torno al caso de Ostula, Michoacán, las armas del Ejército no están vinculadas con lo sucedido.

Entrevistado al término de la Consulta Ciudadana en Línea para la elaboración del proyecto de la Ley General para la Búsqueda de Personas no Localizadas, Campa comentó que con la información con la que se cuenta es que las heridas de todos los lesionados fueron provocadas por esquirlas, por lo que las armas del Ejército no están vinculadas a los hechos sucedidos el domingo pasado, donde se presentó un enfrentamiento en la comunidad de Ostula, municipio

y se establezca la identidad de 11 personas que no han sido investigadas. También pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) continuar con la búsqueda para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos, así como indagar las tres versiones que establecen que algunos estudiantes se encuentran en municipios de la sierra de Guerrero y en la que se asegura que en Apango ya apareció uno con vida.

Otra versión que asegura están auto secuestrados.

La CNDH requirió información sobre los motivos por los que los normalistas de Ayotzinapa fueron llevados a Iguala, así como determinar quién o quiénes los llevaron y por qué todos eran alumnos de primer grado.

Instó a la PGR que obtenga registros de georreferenciación así como los datos generales de las líneas de los teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos, ya que dos de ellos, presuntamente, enviaron cada uno por su cuenta un mensaje de texto a personas cercanas entre el 26 y 27 de septiembre.

La CNDH considera estos sucesos como de una extrema gravedad, por deshumanizados, por la forma como ha evidenciado el rompimiento del Estado de Derecho, por su extrema violencia contra las víctimas y sus valores fundamentales que exigen la reparación de sus ofensas y el cumplimiento del Derecho a la Verdad También pide interrogar a los cuatro militares que estaban enfocados a la recepción de información sobre seguridad pública. Y sugiere que sean interrogados los policías federales.

De acuerdo con el informe de la Oficina Especial de la CNDH se considera necesario obtener las declaraciones de los buzos de la Marina que participaron en la búsqueda y recuperación del Río San Juan.

Para la CNDH, “la colusión de, al menos, autoridades políticas y policiales del Municipio de Iguala y policiales de Cocula, Guerrero, con la delincuencia organizada dedicada al tráfico ilícito de drogas y al secuestro”, propició que “se desarrollara en esas demarcaciones una

serie de hechos que se tradujeron en la violación grave a Derechos Humanos que tuvieron como resultado, entre otros, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa”.

La CNDH plantea a la procuraduría ampliar sus líneas de investigación para indagar sobre la posible participación de otras corporaciones de seguridad pública municipal en colusión con las organizaciones criminales Guerreros unidos y Los Rojos, que habrían derivado en el ataque a los jóvenes y/o en otros delitos como lavado de dinero. Asimismo, investigar los hechos que derivaron en la muerte de las personas, cuyos cuerpos fueron localizados en seis fosas en la región.

Por increíble que parezca, a 10 meses del suceso, la PGR no ha integrado ‘‘fichas de identificación’’ de los normalistas desaparecidos.

Es decir, no existe esta ‘‘herramienta básica para los procedimientos de búsqueda’’. Las fichas deberían incluir datos generales de la persona a localizar, información específica como tipo de sangre, uso de algún aparato terapéutico, referencia a intervenciones quirúrgicas, fichas odontológicas, señas particulares, tatuajes, cicatrices y huellas digitales, entre otros, de acuerdo a la CNDH. En respuesta y como ya es costumbre, la Procuraduría General de la República (PGR) reiteró ‘‘su compromiso de continuar con una investigación profunda, exhaustiva y transparente, tendente al esclarecimiento puntual de los hechos’’ ocurridos en Iguala en septiembre de 2014, cuando integrantes de las policías municipales de Iguala y Cocula, así como miembros del cártel Guerreros unidos, desaparecieron a 43 estudiantes normalistas.

La dependencia indicó que recibió este jueves, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el documento sobre el estado de la investigación del caso Iguala, el cual contiene diversas observaciones y recomendaciones dirigidas al Ministerio Público de la Federación, las cuales serán atendidas.

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de Aquila, aunque insistió que la investigación sigue en curso.

“Lo que puedo decir es que las investigaciones están en proceso, es un asunto complejo. La información que el Procurador me dio el día de ayer es que en todos los casos, las heridas están vinculadas con esquirlas, lo cual le da una connotación, características especiales. Los elementos con los que se cuenta el día de hoy, no vinculan a las armas del Ejército con lo que sucedió. Pero insisto, las investigaciones están en curso”, expresó el subsecretario de Derechos Humanos.

Lo que no dijo es que los videos expuestos por las televisoras muestran lo contrario, y los testimonios de los pobladores dan cuenta de la probable agresión de las fuerzas federales a los pobladores.

PGR: Que ahora si habrá una investigación “profunda” La Procuraduría General de la República (PGR) reiteró ‘‘su compromiso de continuar con una investigación profunda, exhaustiva y transparente, tendente al esclarecimiento puntual de los hechos’’ ocurridos en Iguala en septiembre de 2014, cuando integrantes de las policías municipales de Iguala y Cocula, así como miembros del cártel Guerreros unidos, desaparecieron a 43 estudiantes normalistas.

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aceptó las sugerencias que hizo la CNDH en torno a la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, informó Jaime Rochín, presidente comisionado del organismo.

“México no es el mismo después de Iguala. Los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, forman por su naturaleza el más grave conjunto de violaciones a los Derechos Humanos, además de un cúmulo de crímenes de todo orden de cuanto haya memoria reciente en este país”, dijo el obdusman Luis Raúl González Pérez en la conferencia de prensa.

La comisión solicitó a las autoridades que se cumpla con las órdenes de aprehensión pendientes

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El Congreso deberá aprobar la desaparición forzada de personas y contra tortura

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a mayoría de las entidades no reconocen la desaparición de personas y registran la desaparición como persona “no localizada”, “ausente” o “extraviada”.

Por ello pleno del Senado aprobó la reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en torno a la desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura, y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En la sesión ordinaria del pasado 29 de abril pasado y por unanimidad, se aprobó con 104 votos la reforma a la fracción XXI, inciso a) del Artículo 73 de la Constitución, que plantea que dichas leyes deben establecer, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en esas materias, así como regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Con la reforma aprobada este jueves 30 de abril el Congreso de la Unión tendrá facultades para expedir “las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral”.

El texto, también avalado de manera unánime por los diputados, se turnó a los congresos de los estados, ya que se requiere la aprobación de la mitad más uno de las legislaturas locales.

El segundo artículo transitorio señala que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en la materia, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto. “La legislación a que se refiere el presente artículo transitorio deberá regular el Sistema Nacional

Fabiola Del Campo / MUNDO LEGISLATIVO de Búsqueda de Personas”, agrega.

El tercero transitoria indica que la legislación en la materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las entidades federativas y de la federación, continuará hasta en tanto entren en vigor las leyes generales que expida el Congreso.

Representantes de Organizaciones No Gubernamentales expresaron su desconfianza del Gobierno y pidieron aprovechar la oportunidad que representa la futura Ley General para la Búsqueda de Personas No Localizadas y la Prevención y Sanción del Delito de Desaparición.

Tenemos muchísimas ideas en todos lados pero que hemos dejado de ver el respaldo que lo puede llevar a la realidad”, criticó Valentina Peralta, de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos. Brenda Ivonne Rangel Ortiz, de Desaparecidos Justicia AC. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, explicó que si una persona es asesinada durante un secuestro o un asalto, el homicidio es registrado como culposo y no como doloso En este tema coincidió María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, quien advirtió que un cambio en la tendencia de homicidios no intencionales no es explicable, dado que un caso debe registrar accidentes y otro asesinatos. “Ni modo que estén apachurrando a más gente, no hay razones, simplemente cambian las formas de describir el delito y entonces cambian el tipo de delito”, señaló. “También puede ser en el tema de secuestros que algunos estados estén cambiando el tipo de delito y no lo pongan como tal, pero esto no se va a solucionar hasta que exista la voluntad”, afirmó la activista.

La Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación presentó una Consulta Ciudadana en línea para la elaboración del proyecto de Ley General para la Búsqueda de Personas No Localizadas y la Prevención y Sanción del Delito de Desaparición.

El cuestionario de 30 preguntas y que estará disponible a partir de hoy en la página de la dependencia, se basó en cinco ejes, de acuerdo con el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de Segob, David Arellano Cuan.

1. Un registro nacional de personas no localizadas que sea accesible para las autoridades en cada una de las entidades y esté coordinada con un registro forense del mismo tipo 2. Un sistema de búsqueda en el que se le pregunte, especialmente a familiares de víctimas cómo implementarlas de acuerdo a las circunstancias en las que se encontraba la persona desaparecida y qué autoridad debería hacerse cargo.

3. Con un enfoque hacia la desaparición forzada, es decir la que permite o ejercen cualquier autoridad del Estado, valorar los tipos penales así como las sanciones contra funcionarios que incurran en este delito.

4. Mecanismos de atención a víctimas en todo el proceso de acompañamiento y los recursos que se destinen a ello 5. La reparación del daño a los familiares de las víctimas.

“Estamos a tiempo de crear una buena ley… De lo que se trata es incorporar la experiencia de muchas personas de muchas organizaciones que están en estas condiciones, saber lo que ellos pasan en su contacto con las autoridades y darles respuesta. La prioridad es encontrar a las personas con vida” señaló el Subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Roberto Campa.

Ayotzinapa: el gran galimatías para el gobierno peñista Por Gloria Fuentes-Díaz / MUNDO LEGISLATIVO

El problema es seguir sin reconocer que las causas de la actual crisis tienen orígenes estructurales, por lo cual no serán superadas si no de abandona la política de quererlo solucionar todo con decálogos reactivos. estructura del Estado mismo, dada la corrupción rampante que impera a todos los niveles. El gobierno no ha logrado entender que Iguala es el catalizador de críticas ciudadanas unificadas contra una omisión gubernamental, de ésta y administraciones anteriores, ante el fundamento más básico del Estado: garantizar la seguridad de las personas, los derechos de propiedad, las libertades individuales, y la igualdad ante la ley. Las omisiones de la autoridad, su lentitud en la procuración de justicia, los abusos de los cuerpos del orden, la infiltración delincuencial de las instituciones, y hasta la indolencia de ciertos funcionarios públicos, son apenas algunos de los vicios que delinea el caso Ayotzinapa.

En este sentido, parece insuficiente el decálogo de propuestas que anunció el presidente de la República el 27 de noviembre en Palacio Nacional, sobre todo por la poca imaginación y la reiteración de iniciativas cuestionadas y cuestionables.

Para poder superar el tema de Ayotzinapa es necesario que la ciudadanía perciba que se toman medidas adecuadas con miras a efectivamente restablecer –sino es que crear –el inexistente estado de derecho. ¿Cómo se puede superar el caso si éste ni siquiera está cerrado? Cuando aún no se

sabe con certeza si los desaparecidos son los cuerpos calcinados que fueron enviados a Austria para su identificación, o no se ha concluido el proceso jurídico de todos los indiciados, ni se sabe si estos procesos están apegados al debido proceso, es complicado pedirle a los mexicanos que ya dejen el tema por la paz. Tampoco es cuestión de “pedir disculpas” a la ciudadanía por el manejo inadecuado de una coyuntura. El problema es seguir sin reconocer que las causas de la actual crisis tienen orígenes estructurales, por lo cual no serán superadas si no de abandona la política de quererlo solucionar todo con decálogos reactivos.

Una democracia estable requiere que las autoridades sustenten su fortaleza en la legitimidad ciudadana. Si ésta es débil o, simplemente, no existe, el Ejecutivo y el Legislativo podrán atiborrar al país de reformas y leyes, pero su efecto no trascendería la letra impresa. Legislar no tiene sentido si no se está dispuesto a cumplir y hacer cumplir la ley. Por si fuera poco, el complicado entorno en materia de desempeño económico, hace urgente e imperativo que el gobierno transite de la promesa a la acción. De no resolver este galimatías, la administración Peña será incapaz de superar Ayotzinapa y terminará incorporando esta

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l pasado 4 de diciembre –en su primera gira de trabajo en el estado de Guerrero tras 69 días de las desapariciones de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” –, el presidente Peña Nieto pidió a los mexicanos superar la tragedia del caso Ayotzinapa y dar “un paso hacia adelante” a favor del desarrollo de la entidad.

Por supuesto que la polémica no se hizo esperar y las críticas fueron implacables con el gobierno federal. Sin embargo, dichas declaraciones no son sino el reflejo de la incomprensión de la realidad por parte de las autoridades. Esto ha generado una especie de efecto multiplicador de cada desliz cometido por algún funcionario público o persona cercana a los círculos de poder, desde el “ya me cansé” del procurador general, hasta el reciente “sangre y espectáculo” del jefe de la Oficina de la Presidencia.

El tacto y la cautela política que se supone presumían los priistas respecto a la torpeza que mostraban los panistas durante su estancia en Los Pinos, ha dejado mucho que desear.

Peor aún, el gobierno pretende que, únicamente con cerrar los ojos y dejárselo todo al tiempo, la situación mejorará. Esto no es sino una señal del preocupante pasmo que experimenta la actual administración, la cual quedó satisfecha con la aprobación legislativa de sus reformas, pero ha olvidado por completo que el paso más importante está todavía en proceso: construir un entorno favorable para su implementación.

El caso Ayotzinapa es el ejemplo más visible de una corrosión terrorífica de las instituciones y de la

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Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),

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coyuntura al catálogo de elementos que abonan a los problemas estructurales de México. Quizá no menos grave es la conjunción de fuerzas y grupos tanto políticos como criminales que, cada uno por sus propias razones, pretende convertir a Iguala en un punto de quiebre en la historia del país.

Tlatlaya, el desprecio a derechos humanos El 30 de junio se cumplió un año del trágico evento en el municipio de Tlatlaya, Estado de México en el cual 22 civiles murieron y un militar resultó herido. El caso ilustra cómo, a casi una década de iniciada la guerra contra el narcotráfico y a pesar de todos los recursos invertidos en capacitación, las acciones en materia de seguridad desplegadas por el Estado mexicano aún son incapaces de garantizar la protección a los derechos humanos.

De forma preocupante, es evidente que en la práctica persiste la idea de que un eficaz combate a la delincuencia es incompatible con el respeto de los derechos humanos.

La decisión del ex Presidente Felipe Calderón de enfrentar a los grupos del crimen organizado, aunada a las evidentes deficiencias institucionales de las policías, justificó el despliegue de las fuerzas militares para desempeñar

labores de seguridad pública. La decisión de encargar estas tareas a una corporación de corte castrista, entrenada para operar bajo una lógica de guerra, implicó que las violaciones a derechos humanos en el país fueran cada vez más frecuentes. En 2006, antes del despliegue militar, el Ejército acumuló menos de 200 denuncias por violaciones a derechos fundamentales; para 2012 esta cifra ascendió a más de 1400 denuncias.

En la persecución diaria del crimen, las fuerzas armadas parecen actuar bajo la premisa que establece que el respeto a los derechos humanos obstaculiza un eficaz combate al crimen. Casos como Tlatlaya demuestran los abusos de un aparato estatal que es incapaz de garantizar el respeto a la vida e integridad de las personas en un contexto de inseguridad. El índice de letalidad en enfrentamientos entre el Ejército y presuntos grupos criminales presenta indicios de una política ajena a cualquier consideración de derechos: desde 2008 y hasta 2013 se superó el umbral de más de 15 civiles muertos por cada miembro de la fuerza de seguridad; en el año 2011 el índice fue de 32 civiles muertos por cada miembros del Ejército fallecido.* Por otro lado, el reciente informe sobre México en el año 2014 elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos presenta un panorama desolador caracterizado por las

violaciones graves a derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales (Tlatlaya), desapariciones forzadas (Ayotzinapa), tortura (552 quejas en la CNDH), detenciones ilegales (663 quejas en la CNDH) y abuso de la prisión preventiva (sobrepoblación del 27 por ciento a nivel nacional). Sin embargo, el mensaje más contundente del informe consiste en afirmar que estos actos de violencia contra la población no provienen únicamente de los grupos del crimen organizado sino que cada vez más el responsable es el Estado mexicano. Ante estos datos, la crisis de derechos humanos es evidente.

A pesar de que el gobierno mexicano presuma un andamiaje normativo e institucional de protección de derechos fundamentales, la renuncia –en la práctica- al respeto de estos derechos justificada bajo la falsa premisa de que solo así se podrá garantizar la seguridad no ha logrado ninguna de sus promesas: 1) la violencia y las tasas de homicidios dolosos han repuntado a partir de marzo de 2013 y estamos muy lejos de los mínimos registrados en 2007 (ver Gráfica); 2) la violencia –antes focalizada en el norte del país- se ha extendido hacia el sur a estados como Jalisco, el Estado de México, Guerrero, o recientemente el Distrito Federal; y 3) se ha dado lugar a una fragmentación de los grupos criminales que ha derivado en el surgimiento de nuevas organizaciones.

Un rumbo incierto ofrecidos en la Ronda Uno establecían valores mínimos para la participación del Estado en la utilidad operativa y la inversión – ya considerando el pago por impuestos y regalías - del 40%, margen que fue considerado demasiado exigente por las empresas que se abstuvieron en el proceso de licitación.

El depender exclusiva o mayoritariamente de un solo sector para impulsar el crecimiento económico y atraer inversión es arriesgado. Particularmente si se trata de un sector como el energético que está sujeto a factores o contextos internacionales cambiantes – como el precio internacional del petróleo que desde finales de 2014 ha venido a la baja. En febrero de 2015 se registró un aumento del 40.8% en el déficit fiscal comparado con el mismo mes del año 2014, provocado principalmente por un desplome de los ingresos petroleros y un ligero incremento del gasto (ver Gráfica 1). En este mismo periodo, los ingresos petroleros cayeron en 49% gracias al declive en la producción petrolera.

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El fin de la ilusión energética La reforma energética se perfilaba como la reforma estructural que detonaría el cambio e impulso a la economía mexicana. De acuerdo a la Secretaría de Energía, se esperaba que las primeras licitaciones de la Ronda Uno de la reforma atrajeran aproximadamente 18 mil millones de dólares. Sin embargo, las licitaciones se quedaron cortas y la inversión que se espera será de únicamente mil millones de dólares.

Los resultados de esta ronda demostraron las limitantes de la apuesta de crecimiento del gobierno, que posicionaba al sector energético y su reciente apertura como la fuente principal de dinamismo y desarrollo para el país.

La apertura del sector no ha modificado aún la dependencia fiscal del Estado de los ingresos tributarios petroleros. Tan es así que los contratos de licitación

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lo largo del último mes el gobierno del Presidente Peña ha experimentado una serie de descalabros en distintos ámbitos que dan muestran de cómo lo que inició como un sexenio reformador que prometía “mover” a México se ha ido diluyendo debido a la incapacidad gubernamental para generar condiciones que concreten las promesas de las reformas.

Una revisión de los ámbitos que constituyen –al menos en discurso- la agenda del Ejecutivo Federal evidencia la ausencia de un gobierno que se presentó como “eficaz”: 1) en el ámbito social, destaca el reporte del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) que demostró como de 2012 a 2014, el número de pobres aumentó en 2.1 millones; 2) en lo económico, las licitaciones de la Ronda Uno, que se perfilaban como el inició de la apertura del sector energético a la inversión privada, no alcanzaron los niveles previstos por el gobierno ya que sólo logró adjudicar 2 de los 14 bloques disponibles; y 3) en materia de seguridad y justicia, la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán ha agravado el desprestigio de las autoridades que, de por sí, llevan ya un año bajo fuertes críticas a partir de acontecimientos como Tlatlaya y Ayotzinapa. La suma de estos acontecimientos acredita un Poder Ejecutivo que ha sido incapaz de darle un rumbo determinado al país y cuyas omisiones han generado la sensación de que éste se mueve a la deriva.

Por Guadalupe Ugalde/ MUNDO LEGISLATIVO

La dependencia presupuestaria en los ingresos petroleros, y la falta de alternativas fiscales, ha ocasionado el crecimiento de la deuda como medio de financiamiento público. En lo que va de la administración de Enrique Peña, el déficit ha aumentado en 12% en promedio, lo cual es elevado si se considera que el aumento en el déficit promedio entre el primer y último año del sexenio de Fox y Calderón fue de 5.4% y 11.2%, respectivamente (ver Gráfica 2). El abandono del “déficit cero” - que caracterizó a los gobiernos panistas- es una estrategia que no debe pasar desapercibida. Si bien la adquisición de deuda no es en sí reprochable, lo ideal es que se mantenga a tasas controladas y que dicho flujo se debiera destinar a la inversión productiva y no únicamente al gasto

corriente. De lo contrario, un crecimiento desmedido de la deuda puede poner en jaque la estabilidad financiera nacional.

(decil V y VI), el ingreso promedio de estos hogares fue de entre 8 y 9 mil pesos al mes durante 2014, un caída promedio del 3% en su ingreso real.

[1] INEGI. 2015. “El INEGI da a conocer los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2014”

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Los primeros pasos de la implementación de la reforma energética demostraron como la apuesta por el crecimiento vía el sector petrolero nacional no necesariamente está garantizada. Por el contrario, el resultado de la Ronda Uno demostró como la reforma energética carece de atractivo y potencial en tanto no se le acompañe de una verdadera reforma que diluya la dependencia fiscal del Estado en el sector petrolero.

El desafío se encuentra en el hecho de que el aumento de la eficiencia tributaria necesariamente pasa por un planteamiento serio de la reestructuración del esquema recaudatorio, por ejemplo, a través de la reducción de las excesivas tasas al contribuyente cautivo, y con un aumento de la base gravable que no conduzca a mayores tasas impositivas, lo cual implica vulnerar intereses de grupo. No obstante, mientras el Estado mexicano no se atreva a modificar dichos esquemas, la vulnerabilidad fiscal y la falta de desarrollo económico seguirán presentes.

Pobreza y fragilidad de la clase media De acuerdo con la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) durante los dos primeros años de la administración de Enrique Peña, se sumaron 2.1 millones de personas a la pobreza – mientras que sólo 100,000 personas salieron de la pobreza extrema.

Si se segmenta la distribución del ingreso en México proveniente de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) en 10 grupos iguales (donde el primer decil son el 10% de los hogares más pobres y el último decil el 10% más rico), se puede vislumbrar una caída importante en el ingreso de los mexicanos (gráfica 3).

Durante los últimos dos años, 8 de los 10 deciles sufrieron caídas en el ingreso, y en el agregado, el ingreso real promedio por hogar disminuyó 3.5%. Si consideramos los deciles en la mitad de la distribución como una aproximación de la clase media mexicana

A la luz de los resultados del Coneval y la ENIGH, es preocupante lo endeble que parece ser la clase media mexicana y el estado de los mexicanos vulnerables, que se encuentran justo en el límite de la línea de pobreza.

Este estrato poblacional ante un choque externo en la economía familiar (una enfermedad, un despido, un aumento abrupto en el precio de los alimentos, entre otros), aunado a la falta de redes de seguridad social efectivas (por ejemplo, un sistema de salud público de calidad), se ve obligado a reestructurar los gastos familiares del tal manera que fácilmente caen por debajo de la línea de la pobreza.

Cabe resaltar que la carencia alimentaria, principal característica de la pobreza extrema, se ha mantenido prácticamente sin cambios, mientras que la población vulnerable por ingresos ha ido en aumento desde 2010, hasta alcanzar 8.5 millones de mexicanos.

En este sentido, el hecho de que la política social mexicana recaiga casi en su totalidad en el enfoque de la inseguridad alimentaria y pobreza (por ejemplo, la Cruzada Nacional contra el Hambre –con un presupuesto inicial de más de 120 mil millones de pesos) [1] evidencia como impulsar el desarrollo económico y atender la pobreza requieren de un mayor alcance.

Un planteamiento de corto alcance para impulsar el desarrollo económico mediante la disminución de la pobreza. [1] Aún es pronto para concluir sobre el éxito de las políticas anti pobreza actual, sin embargo lo anterior provoca preguntarse si el enfoque de la política social de la administración en curso es la correcta.

Si no se consolida una verdadera transición de estos vulnerables a la clase media, la población seguirá siendo en suma vulnerable a la volatilidad de los mercados y no se podrá desarrollar una demanda interna lo suficientemente fuerte para sostener el crecimiento económico.

Seguridad y justicia: Iguala, Ayotzinapa y Tlatlaya La localización de al menos 60 fosas clandestinas y 129 cadáveres sólo en el municipio de Iguala, Guerrero evidencia, de nueva cuenta, las flaquezas de las acciones del gobierno mexicano en materia de seguridad y justicia.

Si bien este gobierno ha destinado un presupuesto de casi 10 mil millones de pesos para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia en el país –en específico para implementar el nuevo sistema de justicia penal- es claro que persisten graves deficiencias que atender. A un año de Tlatlaya y diez meses de Ayotzinapa las instituciones de justicia han sido incapaces de dar resultados convincentes y la reciente fuga del “El Chapo” ha puesto en jaque la credibilidad del sistema de justicia mexicano.

En particular preocupan los rezagos institucionales en dos ámbitos: 1) en materia de investigación criminal y 2) en la operación del sistema penitenciario.

Por una parte, de acuerdo con datos de Secretaría de Gobernación sólo 8% de los policías investigadores y el 1% de los peritos adscritos a las instituciones de justicia en el país han recibido capacitación para operar de acuerdo con los estándares requeridos por el nuevo sistema penal acusatorio.

En este sentido, se está aún muy lejos de contar con las capacidades necesarias para conducir investigaciones científicas en el país. Como ejemplo, a pesar de los intentos del ex Procurador Murillo Karam por “cerrar” el caso Ayotzinapa, el reciente informe de la CNDH revela fallas y omisiones en las diligencias ministeriales y advierte sobre la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación. En relación con el sistema carcelario, solo el 4% del personal penitenciario ha recibido capacitación y a pesar de estas deficiencias se encuentran obligados a lidiar con un sistema rebasado por un hacinamiento del 27%. A lo anterior, habrá que sumar la perenne sombra de la corrupción, la cual parece ser la única explicación a la fuga de “El Chapo”.

Sobre todo en materia de seguridad existe la sensación de que el país avanza de forma inercial. A pesar de que constituyó una de sus promesas de campaña, la administración del Presidente Peña no realizó cambios significativos a la estrategia de su antecesor.

Por ello, quizá el mayor pendiente del gobierno mexicano sea una evaluación seria de la vigente política criminal con el fin de redefinir sus objetivos y adoptar las medidas más eficientes para su consecución, la ausencia de una redefinición del rumbo implica la posibilidad de seguir lastimando la legitimidad institucional y generar condiciones más propicias para la violación de derechos humanos.

En vista de que los resultados del combate al crimen organizado están lejos de los deseados, es momento de responder preguntas que pueden parecer obvias pero el gobierno no ha atendido ¿cuál es el fin del combate al crimen organizado? ¿Disminuir los índices de homicidios dolosos? ¿Evitar el flujo de narcóticos? ¿Fragmentar a las organizaciones criminales? De no dar respuesta a estas preguntas se corre el riesgo de confundir los fines con los medios y terminar haciendo lo mismo para obtener los mismos magros resultados.

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La importancia de una clase media fuerte y extendida no sólo reside en su potencial productivo y de consumo, sino que también es una fuente importante de recursos públicos (vía impuestos), estabilidad democrática y crecimiento económico sostenible.

El consolidar la clase media por medio de una estructura de redes de seguridad social efectiva es la llave para proteger, en la medida de lo posible, un elemento fundamental del desarrollo económico del país ante la volatilidad actual del contexto económico internacional.

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Los desaciertos de la estrategia de seguridad

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n marzo de 2015 el Gobierno Federal presumía la captura de 91 de los 122 integrantes de la delincuencia organizada cuya detención se había planteado como objetivo prioritario la administración de Enrique Peña Nieto. La captura o abatimiento de líderes de bandas criminales es uno de los brazos principales de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado desde la administración anterior (Ver Tabla 1). De entre los objetivos, la “joya de la corona” era el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, detenido en febrero de 2014 después de su primer escape del penal de Puente Grande en 2001. Hoy “El Chapo” se encuentra libre tras fugarse del centro de máxima seguridad del Altiplano –de acuerdo con la versión oficial- por medio de un túnel subterráneo de un kilómetro y medio.

Una de las premisas de la estrategia de seguridad, que no ha experimentado cambios significativos desde el sexenio pasado, es que la captura de las cabezas de los cárteles ayudaría a debilitar y desarticular a las organizaciones criminales.

Esto, a su vez, reduciría los índices delictivos en el país y el tráfico y consumo de drogas. En conjunto con la detención de los criminales se planteaba un necesario fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia que permitiera procesarlos. Después

Análisis de CIDAC / MUNDO LEGISLATIVO de casi una década de capturar diversos criminales y de asignar una considerable suma de recursos al ámbito de seguridad, ¿cuáles son los resultados?

En este sentido, la fuga de “El Chapo” es un momento oportuno para hacer un balance de los

resultados que ha tenido la estrategia para combatir la criminalidad y la violencia en el país.

A diez años de haberse iniciado la lucha ni los niveles de violencia relacionados con el crimen organizado, ni el tráfico de drogas han mejorado. Los

Desarticulación de organizaciones criminales

h o micidios dolosos han tenido picos importantes en 2011 y 2012 y recientemente muestran una tendencia a la alza de nuevo (ver Gráfica 1). Aunado a esto, los costos socia-

les de la violencia ascienden a más de 120 mil muertes, 280 mil desplazados, y entre 8 y 25 mil desaparecidos.

P or su parte, los flujos de

La captura de líderes no ha resultado en la automática desactivación o debilitamiento de las organizaciones criminales.

Por el contrario, algunos cárteles se han fragmentado a raíz de la muerte o captura de su líder, resultando en un incremento de la violencia motivado por la guerra por el control de plazas y rutas de trasiego.

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sustancias ilícitas a los Estados Unidos no han disminuido.

De acuerdo a la Administración Contra la Droga (DEA, por sus siglas en inglés), en la última década los cárteles mexicanos se han adueñado del 50% del mercado de heroína estadounidense, que representa ingresos por 13 mil millones de dólares al año. Además, para 2012, el 96% de la cocaína que entraba a Estados Unidos era a través de territorio mexicano, cuando en 1991 solo ingresaba el 50% del total de esta sustanci a. De igual manera, de 2009 a 2014 se incrementaron en 300% los decomisos de metanfetaminas por la frontera con California.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos alrededor del 60% de la metanfetamina que se consume en este país pro viene de México.

De igual manera, los decomis os realizados en territorio mexicano continúan a la alza.

Por ejemplo, en 2014 se decomisaron 19.6 toneladas de metanfetaminas, 1.6 toneladas de opio y 2,259 unidades de éxtasis, las cuales representaron un incremento respecto de 2013 de 33%, 570%, y 132%, respectivamente. Es decir, la presencia y predominancia de los cárteles mexicanos en el principal mercado de consumo, así como en el nacional, lejos de debilitarse, más bien se ha fortalecido.

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Al inicio del sexenio de Felipe Calderón había cuatro grandes organizaciones criminales en el país (El c á r t e l d e S i n a l o a , el cártel de Juárez, el cártel del Golfo y la Familia Michoacana).

Actualmente, la cifra ha ascendido a nueve grandes cárteles (Cartel Nueva Gener a c i ó n , Cartel de Sinaloa, Los Zetas, Cártel del Golfo, Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel de Juárez, y el Cártel de Arellano Félix) y otra serie de agrupaciones menores locales que se dedican principalmente a delitos como el secuestro, extorsión y robo (Ver Mapa). No sólo se observa que la actividad delictiva de estas organizaciones se ha incrementado y diversificado, sino que su penetración en el territorio nacional es cada vez más profunda y su dispersión no ha sido controlada.

Fortalecimiento institucional en seguridad y justicia La estrategia de seguridad de Calderón, que continúa vigente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha implicado un considerable aumento en el presupuesto con la finalidad de fortalecer las instituciones de seguridad. Tan

sólo el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) – que representa el 5% del gasto total para la Función Seguridad Pública- distribuyó 44 mil 310 millones de pesos en el sexenio de Calderón y más de 23 mil millones en lo que va del sexenio de Peña Nieto. A pesar de que año con año aumentan los recursos destinados a este rubro – de 2006 a 2015 se incrementaron en 7%, en promedio – esta inversión no se ha traduci-

do en una mejora institucional.

En febrero de 2014 la captura de “El Chapo” fue ampliamente presumida por el gobierno federal como muestra de su eficacia y, a pesar de las conocidas deficiencias del sistema penitenciario mexicano, se descartó la posibilidad de una extradición.

Un año después el hecho de que se haya fugado evidencia las deficiencias estructurales del aparato de seguridad mexicano y demuestra que el sistema de justicia en México no ha mejorado a pesar de la inversión de recursos. Los 12 mil 259 millones de pesos invertidos en 2013 en el sistema penitenciario y los 365 millones invertidos específicamente en remodelaciones del Reclusorio del Altiplano no sirvieron para evitar el escape de su interno de más alto perfil.

La fuga del “Chapo” envía un mensaje contundente para la viabilidad del Estado de Derecho: con dinero y poder suficiente en México todo es posible. La credibilidad del Estado mexicano ha sido pulverizada de un día para otro. La fuga de “El Chapo” -por segunda vez de un penal de máxima seguridadacentúa la percepción negativa de

Elaborado por: Ximena López, Mariana Meza, Carlos de la Rosa, Santiago Martínez, Rafael Vega. Editora: Lorena Becerra.

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un gobierno que ha sido señalado por corrupción, impunidad e incapacidad. Esto también tiene consecuencias en la relación bilateral, México – Estados Unidos. Diversos medios estadounidenses comunicaron su preocupación y descontento ya que, por un lado, Estados Unidos invirtió recursos humanos, de inteligencia y financieros para lograr la captura de “El Chapo” en 2014 y, por otro lado, solicitó la extradición de Guzmán para poder juzgarlo en sus cortes y evitar su fuga.Sin embargo, la mayor implicación de la captura y fuga de “El Chapo” es que coloca en serio entredicho la estrategia actual de seguridad.

La detención del “Chapo” no implicó la desarticulación del cártel de Sinaloa ni la detención de toda la red de complicidades que le permite operar como una de las organizaciones criminales más influyentes del mundo. Su organización siguió operando un negocio que, de acuerdo con la DEA, asciende a los 500 mil millones de dólares al año; en todo caso su permanencia se vio más amenazada por la presencia de otras organizaciones criminales, como el Cártel Nueva Generación, que por la incidencia del Estado.

La combinación de todos los elementos anteriores coloca al Gobierno Federal ante la posibilidad de transcurrir la segunda mitad del sexenio sin ningún tipo de capital político como un lame duck bajo la sombra de la incompetencia y corrupción. Es momento de asumir que la captura de los líderes del narcotráfico no ha demostrado un impacto sustentable en el combate a la delincuencia. El negocio del narcotráfico resulta tan atractivo que siempre habrá alguien dispuesto a asumir sus actividades independientemente de los costos. Además es necesario dar cabida a las teorías que sostienen que muchos cárteles operan bajo estructuras distintas a las tradicionales y por ello golpear a la cabeza no tiene un impacto significativo para la operación de la organización. Lo anterior no significa que la persecución de los líderes debe detenerse, sino que las prioridades de la política criminal vigente deben replantearse para explorar alternativas que permitan enfrentar a la delincuencia de una forma más inteligente y con menores costos sociales. Esto último debe ir acompañado de un combate serio a la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia del país.

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ESTACION SAN LAZARO

El Verde “golazo” Por Rafael Cardona

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¿Quebrantó el Verde el espíritu de la ley? Obviamente. ¿Rompió la norma?

Obviamente no. El Verde les metió un golazo a los “correctos”. Se lo hubiera metido a Brasil…

El aluvión de mensajes tuiteros de supuestos adherentes y promotores espontáneos del Partido Verde en la víspera y el inicio de la jornada electoral ha generado una cascada de denuestos y una enorme cantidad de vestiduras rasgadas en una proporción verdaderamente exagerada.

A fin de cuentas quien decidió una estrategia de adhesiones mediante las nunca reglamentadas (válgame Dios, dirían los políticamente correctos) redes sociales solo caminó por la vereda: quizá violó la ley, pero no quebró la norma. Yo nunca votaré por el Partido Verde.

Conozco su historia y sus antecedentes. En algún tiempo tuve una relativa relación con su fundador, Jorge González Torres, y todavía recuerdo la mañana cuando acompañé a Manuel Camacho Solís, entonces jefe del DDF, a sembrar una jacaranda en una esquina de la Catedral Metropolitana.Y esos antecedentes y otros cuya naturaleza no deseo publicar, me hacen sentirme distante de ese partido. No me importa. Pero eso no impide reconocer una ingeniosa forma de burlarse de una omisión legal.

Las salvedades de la propaganda en este sistema electoral son aberrantes.

Hay varios casos. Quizá alguien recuerde la guerra del calzón; cuando Juan Manuel Márquez subió al ring con un parche tricolor con el emblema del PRI. Todos los correctos se hicieron un grito colectivo: ¿Cómo es posible? Recordemos aquel octubre:“Los miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) impusieron una multa por 698,900

pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el logotipo del tricolor que portó el boxeador Juan Manuel Márquez en la pelea que sostuvo un día antes de las elecciones en Michoacán.“En su encuentro contra el boxeador filipino, Manny Pacquiao, el 12 de noviembre de 2011, Márquez portó el logotipo del PRI. Este miércoles el IFE consideró que fue una aportación en especie del boxeador mexicano que no fue reportada en los gastos del PRI y que tuvo un costo en el mercado de 465,933 pesos, señalaron los consejeros”.

Pero ese costo en el mercado de la propaganda se contabilizó por la transmisión de la imagen por la TV. No por el calzón en sí. Mucho menos por la decisión de portarlo.

En el caso “Verde-piojo” las cosas son distintas. En esencia se trata de ciudadanos libremente decididos, en grupo o no, por convocatoria o sin ella, a solidarizarse públicamente con un partido político. Ellos no son sujetos de obediencia electoral. Yo le puedo mandar un mensaje quien

quiera diciendo cuanto me venga en gana. ¿Y? Pero los “correctos” y las “correctas” son casualmente los mismos quienes por convocatoria política, signan desplegados y adquieren la discutible y meritoria condición de “abajofirmantes” o envían, en número de decenas de miles, adhesiones en favor de cancelar el registro al partido Verde por haber violado la ley de manera sistemática. Ellos se han erigido en custodios de la legalidad, emblemas de la ley, pero da el caso de toparse ahora con algo tan fuera de la norma como para no violarla con lo cual su berrinche es doble. Ni tumbaron al Verde y el partido les saca la lengua. ¿Quebrantó el Verde el espíritu de la ley? Obviamente. ¿Rompió la norma? Obviamente no.

Y ahora solo quedan dos cosas por hacer. La primera, probar la venalidad del recurso. La segunda guardarse el entripado.

El Verde les metió un golazo a los “correctos”. Se lo hubiera metido a Brasil…

¿Y la economía?

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devaluación no es un ajuste que pudiera promover la venta de productos mexicanos en Norteamérica, pero probablemente creará un escenario de expropiación inicua del salario mediante el doble proceso de abaratamiento relativo de la fuerza de trabajo y encarecimiento de los bienes importados o con componentes de importación que son ampliamente consumidos por los trabajadores.

Durante algunos meses, la economía mexicana ha aguantado la amenaza de un proceso inflacionario brusco pero ni lo ha hecho del todo ni podrá por más tiempo resistir la devaluación por efecto de un mercado marcadamente comprador de dólares. La reserva internacional del Banco de México es grande pero llega apenas a la mitad de lo que pudiera ser una gigantesca retirada de dinero que se encuentra tan suelto y tan líquido que una vez más amenaza brutalmente no sólo la capacidad de pagos del país sino la estabilidad económica.

Las cosas siguen su proceso y Peña Nieto está esperando un milagro porque no se observa ninguna reacción.

Las disminuciones del gasto público no podrían ser las mejores porque no obedecen a un buen plan y porque lo que producen es un mayor estrechamiento del mercado interno. La palanca mayor de la economía sería un programa de

inversión pública y privada que aunque en versión relativamente pequeña ya se había anunciado pero con malos proyectos por lo cual ha quedado en casi nada. Como la elevación de las tasas de interés internas es inminente, el costo de la deuda pública va a subir pero también el de la privada con lo que se desalentarán las inversiones a pesar de las declaraciones fantásticas del club de los Hombres de Negocios. Total: una desgracia.

Con la política económica centrada en equilibrios que no se pueden manejar internamente y, por consiguiente, con la renuencia a emprender una plan propio para producir más, generar empleos y elevar el ingreso per capita, no se puede hacer gran cosa. La política económica del PRI es exactamente la misma que la del PAN pues en gran parte se basa en el mantenimiento de bajos salarios como instrumento de una competencia con el exterior que se reduce en realidad a Estados Unidos pero que condena al país a una depresión crónica de su mercado interno. Sin el crecimiento de este último no podrá haber una economía en expansión, por lo cual la política de Peña Nieto sólo tiene como desenlace la crisis económica. Ya lo veremos dentro de poco. Bueno, ya lo estamos viendo de alguna manera.

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etrás del chorro de dólares que se escapa hacia el norte están el enorme diferencial de intereses que cobran los dueños del dinero por mantener sus capitales en México. La dependencia es tan fuerte que los menores movimientos del rédito o del PIB estadunidenses se reflejan en México con una fuerza que resulta imparable con el uso de los instrumentos del gobierno de Peña Nieto.

La debilidad de la política económica, en parte denunciada anteayer por la Concamín, abarca la falta de compromiso gubernamental aunque sólo fuera para anticipar inversiones como le piden los industriales. El hecho es que la economía mexicana no ha logrado generar una expectativa de rompimiento de su endémico estancamiento. Si con altos precios del petróleo y con una buena plataforma de exportación la economía no reaccionó porque tal situación era insuficiente y no se acompañaba de otra política económica, con una reducción de 50 por ciento en el ingreso por crudo esa misma política es ya recesiva.

La masiva salida de capital-dinero de México ha producido una devaluación del peso que asciende ya a una cuarta parte desde que la moneda mexicana se ubicó durante un buen tiempo alrededor de 12.50 pesos por dólar.

Esto quiere decir que con una baja inflación en Estados Unidos tenemos un encarecimiento rápido de mercancías procedentes del norte de donde procede más del 80 por ciento de los bienes importados. La procedente disminución de los precios de las exportaciones no ha logrado defender del todo las plazas comerciales estadunidenses, por lo visto.

Esta doble situación determina que la

Por Pablo Gómez / MUNDO LEGISLATIVO

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Tlatlaya: los derechos humanos en un contexto de inseguridad

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l 30 de junio se cumplió un año del trágico evento en el municipio de Tlatlaya, Estado de México en el cual 22 civiles murieron y un militar resultó herido.

El caso ilustra cómo, a casi una década de iniciada la guerra contra el narcotráfico y a pesar de todos los recursos invertidos en capacitación, las acciones en materia de seguridad desplegadas por el Estado mexicano aún son incapaces de garantizar la protección a los derechos humanos.

De forma preocupante, es evidente que en la práctica persiste la idea de que un eficaz combate a la delincuencia es incompatible con el respeto de los derechos humanos.

La decisión del ex Presidente Felipe Calderón de enfrentar a los grupos del crimen organizado, aunada a las evidentes deficiencias institucionales de las policías, justificó el despliegue de las fuerzas militares para desempeñar labores de seguridad pública. La decisión de encargar estas tareas a una corporación de corte castrista, entrenada para operar bajo una lógica de guerra, implicó que las violaciones a derechos humanos en el país fueran cada vez más frecuentes. En 2006, antes del despliegue militar, el Ejército acumuló menos de 200 denuncias por violaciones a derechos fundamentales; para 2012 esta cifra ascendió a más de 1400 denuncias.

En la persecución diaria del crimen, las fuerzas armadas parecen actuar bajo la premisa que establece que el respeto a los derechos humanos obstaculiza un eficaz combate al crimen. Casos como Tlatlaya demuestran los abusos de

Por Ángela Peralta Martínez / MUNDO LEGISLATIVO

La decisión del ex Presidente Felipe Calderón de enfrentar a los grupos del crimen organizado, aunada a las evidentes deficiencias institucionales de las policías, justificó el despliegue de las fuerzas militares para labores de seguridad pública. un aparato estatal que es incapaz de garantizar el respeto a la vida e integridad de las personas en un contexto de inseguridad. El índice de letalidad en enfrentamientos entre el Ejército y presuntos grupos criminales presenta indicios de una política ajena a cualquier consideración de derechos: desde 2008 y hasta 2013 se superó el umbral de más de 15 civiles muertos por cada miembro de la fuerza de seguridad; en el año 2011 el índice fue de 32 civiles muertos por cada miembros del Ejército fallecido.

[1]

Por otro lado, el reciente informe sobre México en el año 2014 elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos presenta un panorama desolador caracterizado por las violaciones graves a derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales (Tlatlaya), desapariciones forzadas (Ayotzinapa), tortura (552 quejas en la CNDH), detenciones ilegales (663 quejas en la CNDH) y abuso de la prisión preventiva (sobrepoblación del 27 por ciento a nivel nacional). Sin embargo, el mensaje más contundente del informe consiste en afirmar que estos actos

una reducción en la confianza ciudadana hacia dicha institución (5 por ciento solo entre 2013 y 2014).

[1] Por otra parte, se ha generado una peligrosa tensión entre el Ejército y el Ejecutivo. En fechas recientes, el Secretario de la Defensa Nacional –el General Cienfuegos- ha expresado el malestar de las fuerzas castrenses por ser obligadas a desempeñar tareas de seguridad pública sin contar con el respaldo de una legislación que regule sus labores.

Desde el Ejército está claro que la institución ha sido la principal acusada por violaciones a derechos humanos y la preocupación de que en el futuro se pudiera fincar algún tipo de responsabilidad penal no es menor. Sin embargo, las prospectivas de que esto ocurra son poco plausibles. Como señala el informe de los Estados Unidos, a pesar de la buena noticia que significó el retiro de las reservas al capítulo 9 de la Convención Interamericana y, por ende, el fin del fuero militar en casos de desaparición forzada[2], los índices de impunidad en las violaciones contra derechos humanos son preocupantes. En la mayoría de los casos las instituciones de procuración de justicia carecen de voluntad para llevar ante los tribunales civiles a miembros del ejército implicados en crímenes contra civiles.

El despliegue militar tuvo como uno de sus principales objetivos fungir como una situación provisional que permitiera la capacitación y depuración de las policías con el propósito de que éstas retomaran eventualmente las tareas de seguridad. Tras años de “reforma” policial, exámenes de confianza y recursos invertidos, muy pocas policías en el país han evidenciado mejoras considerables. En este contexto, se está en el peor de los escenarios: las policías carecen de las competencias y fortalezas institucionales que les permitan hacer frente al crimen organizado y, por ende, no existen las condiciones para determinar la vuelta del Ejército al cuartel.

[1] De acuerdo con Paul Chevigny (1991), la muerte de más de 10 o 15 civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos es un indicador que sugiere que la fuerza letal se está usando más allá de lo necesario. Ver: Pérez Correa, Silva Forné, & Gutiérrez Rivas. Índice de letalidad, menos enfrentamientos, más opacidad. http://www.nexos.com.mx/?p=25468 [1] De acuerdo a los datos registrados en un sondeo telefónico del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados [2] Esta decisión responde a los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de la resolución del caso Radilla-Pacheco.

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de violencia contra la población no provienen únicamente de los grupos del crimen organizado sino que cada vez más el responsable es el Estado mexicano. Ante estos datos, la crisis de derechos humanos es evidente.

A pesar de que el gobierno mexicano presuma un andamiaje normativo e institucional de protección de derechos fundamentales, la renuncia –en la práctica- al respeto de estos derechos justificada bajo la falsa premisa de que solo así se podrá garantizar la seguridad no ha logrado ninguna de sus promesas: 1) la violencia y las tasas de homicidios dolosos han repuntado a partir de marzo de 2013 y estamos muy lejos de los mínimos registrados en 2007 (ver Gráfica); 2) la violencia –antes focalizada en el norte del país- se ha extendido hacia el sur a estados como Jalisco, el Estado de México, Guerrero, o recientemente el Distrito Federal; y 3) se ha dado lugar a una fragmentación de los grupos criminales que ha derivado en el surgimiento de nuevas organizaciones.

La asimetría entre las capacidades y las exigencias del Ejército ha resultado en implicaciones para la estabilidad institucional del Estado que no deben minimizarse.

Por una parte, las acusaciones y los cuestionamientos hacia las acciones del Ejército han propiciado

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Presupuesto Base Cero: la apuesta de los supuestos rigurosos

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inicios de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció, junto con un primer recorte presupuestal de 124.3 mil millones de pesos, la redefinición de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2016.

El PEF del próximo año se construirá con base en la metodología del Presupuesto Base Cero (PBC), la cual ata la asignación de los recursos a objetivos específicos. Los presupuestos gubernamentales actuales son inerciales, es decir, parten de bases anteriores que tienden a generar espirales inflacionarias.

El PBC pretende romper esta inercia y llevar a cabo un análisis exhaustivo de las partidas presupuestales con el fin de fusionar, re-sectorizar o eliminar algunos programas presupuestarios en aras de optimizar los recursos públicos –al día de hoy, de acuerdo con la estructura programática preliminar del PEF, pretenden eliminarse poco más de 200 programas.

El PBC pretendido por la SHCP es motivado por la falta de empuje de la economía mexicana y un escenario económico global desfavorable, el cual incluye un precio internacional del petróleo menor a lo presupuestado en 2014 y la incertidumbre en los mercados financieros y bursátiles por el posible incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos en septiembre próximo.

A esto se le añade la reciente inestabilidad cambiaria que puede acentuarse y propagarse a una

Por Magdalena Álvarez de León / MUNDO LEGISLATIVO presión inflacionaria en virtud de la tensión que la resolución de la crisis griega genera en los mercados internacionales.

A la luz de este contexto internacional y de un modesto desempeño de la economía mexicana, la implementación de un PBC es una decisión prudente por parte del gobierno mexicano. Sin embargo existen claros riesgos que ponen en entredicho los supuestos sobre los que descansa la efectividad del instrumento.

El primer reto para que un PBC sea exitoso es contar con un presupuesto flexible y con pocas ataduras a ejercicios anteriores.

Este no es el caso de México, en especial porque el gobierno federal se encuentra en el proceso de implementación de las reformas promovidas por la administración Peña Nieto.

Asimismo, es importante señalar que, de acuerdo al Centro de Investigación Económica y Presupuestal (CIEP), sólo 27 por ciento del gasto público (alrededor de 1.26 billones de pesos) sería susceptible de ser modificado como PBC. Otro gran reto será evitar una sobre burocratización para la construcción del presupuesto, ya que un incremento de tal envergadura podría representar un mayor costo versus los potenciales ahorros a obtener. Por otro lado, es también importante mencionar el riesgo político-electoral latente en la construcción de este tipo de presupuesto.

Para identificar complementariedades, similitudes y/o duplicidades entre programas, así como la falta de vinculación de los

mismos con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la SHCP podrá realizar fusiones, re-sectorizaciones y eliminación de programas presupuestarios que no se consideren necesarios.

Por último, habrá que considerar los efectos de una posible crisis de mayor envergadura en la zona Euro. Ya sea que Grecia se declare en suspensión de pagos o que decida asumir la serie de medidas de austeridad recomendadas por sus acreedores, los incentivos para que otras economías de la zona sigan ese camino resultan atractivos.

Esto podría desencadenar mayor inestabilidad en los mercados bursátiles internacionales, lo cual incrementaría la presión sobre el tipo de cambio dólar/peso y sobre el objetivo inflacionario del Banco México. Dicho de otro modo, el gobierno mexicano se enfrentará al reto de elaborar un presupuesto bajo una nueva metodología y con supuestos de un entorno financiero internacional muy turbulento.

En conclusión, ante los riesgos inherentes del modelo PBC y un panorama internacional de compleja predictibilidad, una apuesta menos riesgosa para el gobierno federal podría pasar por rediseñar el presupuesto con base en la reestructuración de subsidios energéticos, por ejemplo.

Un ejercicio eficiente y transparente del gasto público no necesita de forma indispensable un “nuevo modelo”. La decisión de eliminar la discrecionalidad, corrupción y clientelismo es una fórmula con resultados de mayor alcance.

La desigualdad en México Por Luisa Alanís / MUNDO LEGISLATIVO

Mala tributación

El padecimiento crónico de la baja recaudación en México no se debe a bajas tasas impositivas, sino a una reducida productividad tributaria y eficiencia recaudatoria. Durante la década pasada, la eficiencia recaudatoria en México se mantuvo prácticamente estancada. En 2010, los ingresos tributarios no petroleros del país alcanzaron alrededor del 10% del PIB, mientras que el promedio de América Latina y los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue de hasta el 20 y el 35%, respectivamente. Inclusive considerando las proyecciones iniciales derivadas de la Reforma Social y Hacendaria de 2013, la cual anticipa un aumento de

3 puntos porcentuales en la recaudación para el periodo 2014-2018, la recaudación tributaria sería significativamente más baja que la observada en la región.

De acuerdo con la OCDE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el nivel de desarrollo de la economía mexicana sugiere que México podría recaudar el doble con respecto a lo que hace en la actualidad.

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a semana pasada Oxfam México presentó el estudio “Desigualdad Extrema en México: Concentración del Poder Económico y Político”. Las conclusiones del estudio evidenciaron una condición que sigue siendo un lastre para el desarrollo económico del país: México es uno de los países más desiguales del mundo.

El estudio revela que si bien en las últimas décadas el ingreso per cápita de México ha aumentado significativamente, la mayoría de la población no se ha visto favorecida por dicho crecimiento. Los beneficios del progreso económico se han concentrado en el decil más alto de la población. Por ejemplo, el estudio señala que, mientras en 2003 los cuatro mexicanos más ricos del país concentraban el ingreso equivalente al 2 por ciento del PIB, para 2014 dicha cifra había aumentado a 9 puntos porcentuales, lo cual representó una tasa de crecimiento aproximada a la quinta parte de la variación anual del PIB nacional durante el mismo periodo.

En una economía de mercado la acumulación de capital es un resultado natural y es inocuo a cualquier juicio de valor. Pero cuando muchos tienen tan poco se puede convertir en un impedimento para que el país en su conjunto mejore sus condiciones económicas.

Es por ello que el principal instrumento económico para reducir la desigualdad reside en la capacidad del Estado para redistribuir los recursos públicos en la sociedad de forma eficiente. Sin embargo, la perpetuación de la desigualdad en México está ligada a dos temas pendientes en la agenda: un defectuoso esquema de tributación y un gasto deficiente .

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Cabe destacar dos deficiencias del sistema recaudatorio. Por un lado, los ingresos tributarios de México han descansado principalmente en los impuestos directos sobre la renta, de donde proviene casi el 60% del total de ingresos vía impuestos. A la luz de las altas tasas de informalidad, las cuales alcanzaron el 58.79% del empleo total en 2014, esto resulta en una recaudación inefectiva. Así que la extensiva dependencia sobre una base gravable pequeña –los trabajadores formales– con altas tasas impositivas, pone al fisco mexicano en una situación frágil puesto que se convierte en caldo de cultivo para una mayor evasión y para el fomento y solidez del mercado informal.

Por otro lado, es importante mencionar los vacíos de los impuestos indirectos, en particular los concernientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA). En México, los esquemas de cumplimiento fiscal del IVA son bajos con respecto al resto del continente –la recaudación por este impuesto como proporción del PIB es la segunda más baja de la región. De acuerdo con estimaciones de la OCDE, el Estado mexicano recauda 63 de cada 100 pesos sujetos al IVA. Esto se debe en parte a la existencia de múltiples exenciones fiscales que responden a criterios poco claros por parte de la autoridad fiscal. El

ejemplo más reciente de esto es el anuncio por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) acerca del pago del IVA en las comidas preparadas en tiendas de conveniencia. El pago del IVA de este tipo de alimentos no es nuevo, de hecho ha estado vigente en la legislación por más de tres lustros, pero hasta ahora no se había puesto en marcha. El aumento de la eficiencia tributaria necesariamente pasa por un planteamiento serio de la reestructuración del esquema recaudatorio, por ejemplo, a través de la reducción de las excesivas tasas al contribuyente cautivo, y con un aumento de la base gravable que no conduzca a mayores tasas impositivas.

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Gasto deficiente Toda vez que se ha solventado el tema de los ingresos, el gasto público es la herramienta fundamental con la que cuenta el Estado para reducir la desigualdad y la pobreza en la población. Los distintos programas de asistencia social han sido dirigidos con precisión a aquellos sectores de la población más vulnerables de caer en precariedad total (ver Gráfica de Oportunidades). No obstante, tras una revisión de la evolución de la pobreza, el fracaso de distintas administraciones por reducirla es evidente (ver Gráfica Evolución de la pobreza). De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 1992 el 53.1% de la población vivía en situación de pobreza patrimonial .

Así, tras casi tres décadas de renombrar (Solidaridad, Oportunidades, Prospera) y relanzar programas sociales de gran envergadura, esta cifra sólo ha disminuido poco más de 1%.

Ahora bien, atacar de forma eficaz la problemática de la desigualdad y promover la movilidad social en México requiere de una reestructuración que no implica gastar más pero sí gastar mejor y dejar atrás el modelo de corte asistencialista con objetivos políticoelectorales. El gran problema consiste en modificar rubros de gasto que a todas luces resultan ineficientes y regresivos. Existen partidas presupuestales que en vez de focalizarse en salud y acceso a servicios básicos con el objetivo de garantizar un piso mínimo, se destinan a rubros que no sólo no atacan la desigualdad, sino que la acentúan.

El tema de los subsidios energéticos es ilustrativo.

Es cierto que en la actualidad no hay un subsidio a las gasolinas, sino una recaudación extraordinaria por el Impuesto Especial a la Producción y Servicios. Sin embargo, también lo es que el régimen fiscal actual deja abierta la posibilidad a la reactivación de un subsidio (sin lógica redistributiva) si el precio internacional del petróleo es lo suficientemente alto. En 2013 el monto de subsidios a las gasolinas ascendió a los 105 mil millones de pesos (mdp), mientras que el gasto en 2012 para el programa Oportunidades (ahora Prospera) fue de 11 mil mdp; para pensiones de adultos mayores de 4 mil mdp; y, para becas de 2 mil mdp. En este contexto, el consumo de gasolinas se concentra en el los deciles más altos de la población (deciles IX y X), los cuales representan el 58.08% del consumo total. La reestructuración del gasto público implica tocar cotos de interés y romper con inercias que posiblemente implicarían costos políticos de corto plazo, a cambio de beneficios extendidos a largo plazo.

Asimismo, el gasto en educación mediante becas gubernamentales también es ejemplo de un gasto regresivo, ya que se concentra en los deciles más altos de la distribución. De cada diez becas que otorga el gobierno en educación, seis están dirigidas al 30% de la población con mayor nivel de ingreso en el país.

Por último, otro elemento que fomenta la desigualdad económica en nuestro país es que no existe una política dirigida a consolidar una clase media. Es cierto que ésta aumentó 4% durante la primera década del siglo XXI, pero también lo es que dicho aumento es tan bajo porque existe una gran proporción de la población en México que es vulnerable a fenómenos drásticos como la inestabilidad financiera, cambios súbitos en las tasas de interés, accidentes de trabajo o la muerte de uno de los miembros de la familia.

De acuerdo con datos del CONEVAL, 32.2 millones de “clase medieros” se encuentran en una posición de fragilidad que, ante un shock externo, los podría hacer caer ipso facto en una situación de pobreza.

Por consiguiente, las políticas fiscal y social en México han resultado sumamente eficaces para mantener a un electorado y contribuyentes cautivos, mas no así para convertirse en piedras angulares del crecimiento y desarrollo económico del país.

Máximo bloqueo denuncia Cuba A HABANA, Cuba.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) denunció este lunes que Estados Unidos ha redoblado el bloqueo contra la isla en las últimas semanas, utilizando su Oficina para el Control de los Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, para aplicar sanciones contra empresas que negocian con La Habana.

Un comunicado de la Cancillería detalló que el pasado 28 junio, la OFAC multó a uno de los bancos más importantes de Italia, el Intesa Sanpaolo S.p.A., obligándolo a pagar casi 3 millones de dólares.

Según la OFAC, la institución procesó 53 transferencias a favor de Cuba entre los años 2004 y 2008.

“La aplicación extraterritorial de esta sanción pone en evidencia la desfachatez con que Estados Unidos trata a sus socios europeos y sienta un precedente negativo para otras instituciones que comercian con Cuba”, reseña el texto del Minrex.

Asimismo, La Habana lamenta que Washington repitiera esa actitud el pasado 22 de julio, cuando la OFAC multó a una de las principales agencias tour-operadoras estadounidenses, American Express Travel Related Services Company (Empresa de servicios relacionados con los viajes de American Express).

La sanción aplicada superó los cinco millones de dólares porque subsidiarias extranjeras de esta compañía y sus representaciones fuera de EEUU, vendieron 14.487 billetes de avión para viajar a Cuba

desde terceros países, al margen de la licencia que posee American Express Travel para gestionar viajes a la isla para los grupos “pueblo a pueblo”.

El Minrex destacó que se trata de la segunda multa en menos de un mes y la quinta en este año contra la empresa norteamericana, producto de “la obsesión estadounidense de evitar a toda costa que los estadounidenses viajen libremente a Cuba”.

El Gobierno de La Habana critica que Washington emprenda estas “concesiones absurdas” a los detractores del cambio de política hacia Cuba, haciendo “caso omiso” al amplio reclamo popular de liberar totalmente los viajes desde EEUU a la mayor de las Antillas.

“El objetivo fundamental de esta criminal e inhumana política sigue siendo causar daño y sufrimiento al pueblo cubano”, concluye el comunicado.

Cuba afirma que el embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos, impuesto desde el año 1960, ha supuesto a la isla daños superiores al billón de dólares durante medio siglo, según cálculos oficiales.

Organismos internacionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) e, incluso, la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenan el bloqueo y exigen su término inmediato; sin ser escuchados por Washington.

Fuente: RNV

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Los Ángeles Press / MUNDO LEGISLATIVO

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Ni populismo. Ni demagogia.

Las decisiones populistas, demagógicas e irresponsables

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l PRI reeditó, una vez más, el modelo de “Jefe Máximo” en un acto efectuado en sus instalaciones de Insurgentes Norte, en la capital del país.

Ahí, el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró el pasado 25 de julio, que al Partido Revolucionario Institucional (PRI) le corresponde honrar la confianza de millones de ciudadanos que lo han respaldado como la mejor opción de cambio positivo para México. “Esa es la responsabilidad que hoy tenemos con los electores: seguir impulsando un cambio con rumbo, un cambio con estabilidad para el país”, subrayó.

Sin embargo, algunos de sus miembros no son tan responsables, ya que según un reportaje de la revista Proceso, cinco gobernadores y exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que desplegaron toda su creatividad para crear empresas y cuentas en paraísos fiscales, desviar recursos públicos o recibir sobornos del crimen organizado ahora están viendo esfumarse, en tribunales de Texas, sus esfuerzos por enriquecerse.

Documentos oficiales, testigos de los hechos ilícitos y fuentes de los juzgados describen los procesos judiciales que los fiscales estadunidenses mantienen contra Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, exgobernadores de Tamaulipas; Jorge Torres López y Humberto Moreira Valdez, de Coahuila, y Rodrigo Medina de la Cruz, actual mandatario de Nuevo León.

Al encabezar el encuentro “Unidad para Continuar con la Transformación de México”, el Primer Mandatario dijo que “no obstante que algunos se adelantan al

Por Francisco Ramírez / MUNDO LEGISLATIVO

calendario electoral del 2018, para nosotros los priistas estos son tiempos de trabajar y de cumplirle a México”.

“Hoy no hay espacios para proyectos personales. Hoy es momento de un proyecto de nación”, resaltó.

El Presidente Peña Nieto apuntó que si algo distingue y caracteriza al PRI “es su responsabilidad y seriedad para ofrecer soluciones viables a los problemas nacionales”.

Sin embargo, añadió, “no debemos confiarnos. Hoy las sombras del populismo y la demagogia amenazan a las sociedades democráticas del mundo. En varias naciones están surgiendo opciones políticas que, en su ambición de poder, prometen soluciones mágicas que en realidad terminan por empobrecer a las familias y restringir la libertad de ciudadanos”.

El Primer Mandatario señaló que “las consecuencias de esta nueva ola populista son graves, sus costos se advierten en la experiencia que viven otras naciones; diversos países que se consideraban democracias consolidadas porque tuvieron una sociedad civil fuerte, medios de

comunicación independientes, e instituciones sólidas, hoy han dejado de serlo a causa de liderazgos irresponsables”.

Tal vez se refería a Andrés Manuel López Obrador y ponía de ejemplo a Venezuela. Pero eso, es sólo una interpretación.

Indicó que “la historia nos ha enseñado que la condición de una sociedad democrática libre y plural perdura mientras quienes encabecen sus instituciones tengan vocación democrática. Las decisiones populistas, demagógicas e irresponsables destruyen en sólo unos días lo que llevó décadas de esfuerzo institucional construir”.

En del evento no hubo autoevaluaciones, críticas ni propuestas concretas.

Sí hubo, en cambio, alabanzas, triunfos, éxitos y juramentos de lealtad. La sombra del 2018 estuvo tan presente como la fuga del “Chapo” Guzmán o la devaluación del peso frente al dólar. No se ofreció ningún programa concreto para abatir la miseria o la pobreza… En suma, buenos deseos y una “línea” muy clara de lo que quiere el señor Presidente.

Faltaba más.

Roban planos de una cárcel de “máxima seguridad” en el DF. Redacción / MUNDO LEGISLATIVO

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uando las autoridades del Gobierno del Distrito Federal se enteraron de que los medios de comunicación darían a conocer el robo de planos carcelarios, decidieron emitir un boletín de prensa para “adelantarse” a la noticia.

Los planos arquitectónicos de una cárcel de alta seguridad de Ciudad de México fueron robados, informó el martes 21 de julio pasado el Gobierno de la capital, menos de 10 días después de la espectacular fuga del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán de otro centro penitenciario.

El 1 de junio, en el municipio de Ecatepec (Estado de México, centro), “fue robada una camioneta con equipo de cómputo” que contenía los planos de la prisión, indica un comunicado de la secretaría de Gobierno de Ciudad de México.

El vehículo pertenece a la empresa Cevaseg S.A.P.I., una de las constructoras a cargo del diseño del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, una cárcel capitalina considerada de alta seguridad.

Los planos robados, correspondientes a un proyecto inicial, fueron modificados en un 80% y, según la constructora, “no se encuentra comprometida la seguridad de los penales”.

De cualquier manera, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la capital mexicana interpuso una denuncia ante la fiscalía local contra la empresa,

y las autoridades ordenaron al sistema penitenciario tomar precauciones.

El centro alberga a los reos de mayor peligrosidad de la capital con sentencia inapelable, desde secuestradores hasta homicidas y todos los delincuentes relacionados con delincuencia organizada.

El mes pasado, las autoridades trasladaron a los primeros 44 reos al lugar, de reciente construcción.

México todavía no se ha recuperado de la conmoción que causó la fuga de ‘El Chapo’ el 11 de julio de una cárcel de máxima seguridad ubicada en el Estado de México.

El líder del cártel narcotraficante de Sinaloa, considerado uno de los criminales más poderosos del mundo, ya huyó en 2001 de otro centro de máxima seguridad escondido en un carrito de lavandería y, esta vez, se

esfumó por un hoyo cavado en la ducha de su celda conectado a un kilométrico túnel que lo llevó hasta la libertad.

Esta nueva fuga representó un duro golpe al gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto. Las fuerzas de seguridad iniciaron su búsqueda y, hasta ahora, las autoridades han acusado a siete funcionarios de la cárcel del delito de “evasión de presos” y han cesado a su director.

Pero la encomienda que públicamente le dio el presidente Peña Nieto al encargado de la política de seguridad interior, Miguel Ángel Osorio Chong, de vigilarlo no se cumplió y el reo se escapó de forma inaudita.

Hasta ahora, no hay responsables que hayan sido cesados, salvo funcionarios menores. Osorio Chong –ex gobernador de Hidalgo-, sigue operando en la secretaría de Gobernación.

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Deudas e insultos a ex funcionarios Marcelo Ebrard, exiliado en el extranjero Por Patricia Arnaud / MUNDO LEGISLATIVO

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Pese a ser arquitectos e ingenieros con décadas de experiencia en la construcción de líneas del Metro, hoy viven con las consecuencias de haber sido señalados públicamente como responsables de fallas en la Línea 12 aunque estas no tuvieron que ver con la obra civil. No encuentran trabajo

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ni en la iniciativa privada y deben pagar abogados o serán encarcelados y embargados

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arcelo Ebrard, responsable directo de las obras en la capital del país, y sin cuyo aval y aprobación no hubiese existido la Línea 12 del Metro, vive en el auto exilio. Impuesto o privilegiado, con su estancia en el extranjero -alejado de la política- goza de inmunidad pese a que su sucesor Miguel Ángel Mancera, actual jefe de Gobierno, abrió el camino para mostrar el fraude del que ni siquiera ha hecho efectivas las fianzas de las empresas constructoras.

Rumores no comprobados, señalan en la “vox populi” que Ebrard fue el que “filtró” lo de la “casa blanca” de Peña Nieto.

Y que ahora se la cobran. Otros, afirman sin pruebas, que Mancera no quiso ser cómplice del fraude, y se vio en obligado a denunciarlo, ante la magnitud del “negocio”.

Cualquiera que sea la verdad, este acto tiene consecuencias para la ciudad, el país y los acusados.

En un reportaje de Arturo Ángel (@arturoangel20), publicado en el portal de internet “Animal Político” (http://www.animalpolitico.com), se muestra qué pasa y cómo es la vida ahora para algunas de estas personas, que ahora están involucradas. Y se ve el rostro cruel de caer en desgracia,

En la inauguración de la Línea 12.

Miguel Ángel Mancera. Marcelo Ebrard y atrás de ellos, Carlos Slim. sin que a nadie le importe.

Ingenieros y arquitectos, profesionistas con familias hablan de su terrible realidad actual.

En conjunto cinco arquitectos e ingenieros suman más de 150 años de experiencia en la construcción de líneas del Metro. No hay una sola línea que esté trabajando actualmente en que no hayan participado ya sea en su concepción o reparación. Pero hoy todos ellos viven desempleados, con deudas, algunos con nuevas enfermedades y tal vez lo peor: estigmatizados. ¿El motivo? Forman parte del grupo de funcionarios que el Gobierno del Distrito Federal decidió acusar hace meses de ser los

responsables de que la mitad de la Línea 12 no funcione.

Se señala que ninguno de ellos ocupó un cargo directivo y de hecho, todos pertenecen al área de Obras Civiles del llamado Proyecto Metro, la cual es ajena al tema de la incompatibilidad de los trenes y los rieles (además de fallas en el mantenimiento) que son el factor clave de que la referida línea no funcione.

La obra civil de la Línea 12 del Metro incluso cumple con todas las especificaciones aplicables a una construcción de esa dimensión como lo avala un dictamen elaborado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C. La auditoría realizada por CISTRA

también descartó cualquier inconveniente.

Pero pese a lo anterior la Contraloría Genera del Distrito Federal determinó que ellos cinco, como otros, tenían responsabilidades en los problemas que alteraron el funcionamiento de la línea. Tan solo estos cinco ex funcionarios, para saldar la supuesta afectación que generaron, tienen que pagar en conjunto más de tres mil millones de pesos sumada a la inhabilitación de 8 a 10 años que cada uno acumula.

Cabe recordar que el monto de las multas impuestas a todos los funcionarios de Proyecto Metro supera los 23 mil millones de pesos, cantidad superior a los 17 mil millones que costó hacer la línea.

Los tribunales, confían los ex funcionarios, terminarán exonerándolos de la acusación que en su momento les impuso la Contraloría, pero mientras tanto, enfrentan una realidad en la que ya fueron estigmatizados y sus carreras quedaron arruinadas.

La falta de trabajo se agrava con el costo que deben desembolsar para defenderse de las acusaciones que les impusieron y que aún podrían terminar incluso en cargos penales.

“Todos nuestros nombres fueron revelados públicamente. Nos han arrastrado a una serie de estigmatizaciones en todos los ámbitos de nuestra vida pese a que somos inocentes, a que se trata de acusaciones genéricas y que en los tribunales han comenzado a darnos la razón. Pero el daño está hecho” dijo el arquitecto Américo Fernández, uno de los sancionados Aunque no quieren que sus fotografías circulen públicamente, estos arquitectos e ingenieros accedieron a comentar con Animal Político algunas de las dificultades que hoy enfrentan.

Además, adelantaron que están conformándose en una agrupación para hacer un frente común en los procesos que enfrentan y por lo pronto, esperan una audiencia con el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.

Arquitecta María Antonieta Noemí Estrada López. 32 años de experiencia Ex subdirectora de Arquitectura y Urbanismo del Proyecto Metro La Contraloría General impuso a la arquitecta Estrada López una sanción de siete años de suspensión y multa económica de 30 millones 580 mil pesos. Los contralores consideraron, como en todos los casos, que la funcionaria incumplió con disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos y de la Ley de Obras.

Además, y también como en los demás casos, se notificó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la cual inició una averiguación previa en la que se incluyó a más de medio centenar de ex servidores públicos y que podría derivar en una orden de aprehensión.

“Han sido meses muy problemáticos, continuamente tiene uno el temor de que lleguen a detenerlo o a una sanción mayor (…) El otro día encontré una carta pegada en la puerta y era una publicidad equis pero yo ya pensaba que se trataba de un citatorio” señaló.

A esto se añaden los problemas de salud que se le han desencadenado entre ellos temas de presión y gastritis.

Sobre los 30 millones de pesos que le impusieron de sanción, Estrada dijo que es una cantidad irrisoria sobretodo porque ella al igual que sus compañeros son inocentes.

El problema es que como se considera que hubo daño al erario en cualquier momento podrían embargarle sus bienes.

“A mí me reocupa muchísimo porque yo tengo una casa que me heredaron mis papas con sus ahorros. Esta casa es la que se le va a quedar a mi sobrina. Si me despojan a mí de una casita pues despojan a mi sobrina y nos quedamos en la nada cuando no somos culpables de nada verdaderamente”

apunto.

La arquitecta explico que ella como los otros inhabilitados enfrentan un proceso tanto administrativo como penal que requiere de distintos abogados y aunque varios de ellos los han apoyado sin cobrar existe un compromiso de pago que tiene que cubrirse. El problema, dijo, es que muchos no pueden ya ni conseguir empleo.

Ingeniero Joaquín Jesús Sánchez Loaeza, 35 años de experiencia Jefe Unidad Departamental de Reinserción de Obra Por un error de la Contraloría que hasta ahora no se ha corregido, Sánchez fue investigado como si ocupara el cargo de Director de Obrad Inducidas, es decir un puesto directivo, cuando en realidad fue contratado como jefe de unidad departamental, uno de los puestos de menor jerarquía en el gobierno.

Pero el considerarlo directivo ha traído consecuencias graves para él. Se le impuso una inhabilitación de ocho años para ocupar cargos públicos, y tiene que pagar once millones de pesos de sanción, además la correspondiente investigación penal.

“Me imputan que yo firmé y autoricé pagos de obra cuando no tenía ni siquiera esa facultad.

Me sancionaron considerando un sueldo que tampoco he percibido.

Esto demuestra que lo que se hizo fue una cacería de brujas para castigar a personas con una finalidad política, no con una indagatoria seria” dijo.

El ingeniero Sánchez explicó que ha perdido cuatro o cinco oportunidades de empleo tanto en el gobierno como en la iniciativa privada como consecuencia de lo ocurrido en la Línea 12 y de la exposición pública de la que fueron víctimas.

El exfuncionario reconoció, con tono de preocupación, que tiene los saldos de sus tarjetas bancarias hasta el tope y que en todos los bancos se niegan para

financiarle un préstamo bajo esas condiciones.“Debo dinero prestado. Estoy a punto de no poder pagar mis obligaciones con los bancos. Yo tengo resoluciones ya favorables en el tribunal de los contencioso administrativo pero la Contraloría apeló y la solución parece que no llegará pronto” dijo.

Arquitecto Juan Manuel Mora 35 años de experiencia

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Jefe Unidad Departamental de Arquitectura El arquitecto Manuel Mora recibió una sanción de una década de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una sanción económica que supera los 390 millones de pesos.

“Luego de que me quedé sin trabajo empecé a trabajar en un taxi pero eso me deja solo para subsistir, no para pagar abogados y mucho menos para solventar la ridícula sanción que me pusieron.

Necesitaría tres viajes de aquí a la luna en taxi y de regreso para obtener el dinero y eso quien sabe” explicó Mora.

Mora hizo especial énfasis en las dificultades que ha enfrentado para poder encontrar trabajo debido a la estigmatización que sufrieron.

Por ejemplo, reveló que estaba ya apalabrado con una empresa encargada de próximas ampliaciones de líneas del Metro pero justo antes de firmar el gerente le comunicó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) les había recomendado no traer a nadie relacionado con el Proyecto Metro pues podría creer “mala fama”.Sus problemas de diabetes se han recrudecido por el problema que está viviendo y su familia también ha resultado afectada pues a muchos de ellos les toca recibir los citatorios que le llegan para que se presenten a declarar.“Mi petición es que nos dejen ya en paz. Que si hay culpables los encuentren y no chivos expiatorios porque nosotros no tuvimos responsabilidad alguna” dijo Mora.

Arquitecto José León Américo Fernández Villaseñor, 32 años de experiencia.

Subdirector de Obra Civil.

La contraloría impuso a Fernández Villaseñor una de las multas económicas más elevadas : el pago de dos mil 823 millones de pesos y cinco años de inhabilitación, que se suma a una primera sanción de 420 millones de pesos y otros cinco años de suspensión.

Si el arquitecto Fernández quisiera cubrir en un año lo que según el Gobierno capitalino debe pagarles, en total tres mil 243 millones, tendría que pagar cada 24 horas un monto de 8.8 millones de pesos.

El arquitecto reconoció que han sido tiempos complicados.

Entre las cosas que más lamenta es la forma en que han sido expuestos pese a la trayectoria con la que cuenta en obras del Metro.

El por ejemplo, ha realizado trabajos en las líneas 3, 5, 6, 7, como jefe residencia en 8, en la 9 y en la A a cargo de la rehabilitación.

“Han sido meses bastante duros porque de tener una trayectoria fui lanzado a la calle y hemos sufrido un proceso de linchamiento público. De todos lados que me conocen.

Familiares que no me hablan y que me señalan. Y hasta gente que no sabe de la línea y que en un momento dado se entera y me reclama” apuntó.

Fernández explicó que en el tema legal cuentan con un abogado que los representa a varios de los procesos en el tribunal administrativo que ya han derivado en victorias; pero al litigante no han podido pagarle. “Cuando decimos que tenemos un abogado al que le debemos todo es literal, en los dos sentidos”

Ingeniero Héctor Rosas Troncoso 24 años de experiencia Subdirector de Obra Civil El ingeniero Rosas Troncoso recibió dos sanciones de parte de

la contraloría general del gobierno capitalino que en conjunto representan 15 años d e inhabilitación del servicio público y el pago de más de 17 millones de pesos.

“Ha sido muy desgastante porque sin tener ninguna responsabilidad en la suspensión de la línea 12 nos han señalado como culpables y los verdaderos culpables no saben ni quienes son pero han dañado la imagen de muchos de mis compañeros incluyendo la mía” dijo.

En las circunstancias actuales, detalló Rosas Troncoso, les ha sido casi imposible encontrar una opción de empleo pese a que ellos, como parte de la obra civil de la Línea 12, no tuvieron responsabilidad alguna en los factores que llevaron a que tuvieran que suspenderse el servicio. Señaló que tanto CISTRA como el Colegio de Ingenieros Civiles han dado fe de ello.

Señaló que en estos meses ha asistido a varias entrevistas de trabajo pero en algunos casos le han dicho – literalmente- que no quieren tener relación con nadie que haya estado en el proyecto de la Línea 12 y en otras ocasiones simplemente no los llaman.

El problema es grave porque los ahorros comienzan a escasear.

“La petición es que ya detengan esto. La gran mayoría de los compañeros ninguno es acomodado dentro del gobierno, todos conseguimos lo poco que tenemos con nuestro esfuerzo. Está claro que no nos robamos nada sino no tendríamos que estar pidiendo prestado. De dos colegas que terminaron en la cárcel se hizo una cooperación para juntar su fianza, no se vale” señaló.

El costo final de la rehabilitación de la Línea 12 del Metro será cercano a los 900 millones de pesos, aseguró el nuevo director del Sistema de Transporte Colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, al reiterar que en noviembre se reabrirá en su totalidad y que su principal reto es crear “un sistema rápido, funcional y seguro”, en entrevista con EL UNIVERSAL TV.

El Senado “desaparece” más de 600 mdp.

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ota de Leticia Robles de Excélsior En una investigación de Leticia Robles, publicada en el diario Excélsior, el pasado lunes 27 de julio, se revela que el Senado alteró el reporte de subvenciones a los grupos parlamentarios durante 2012 por una cantidad de 614 millones de pesos.

En un principio, la Cámara de Senadores reportó la entrega en ese año de 430 millones 300 mil pesos, y después dijo que la cifra en realidad correspondió a mil 45 millones de pesos.

La diferencia (614 millones de pesos) equivale a 10 por ciento de los 6 mil 128 millones de pesos que recibieron los grupos parlamentarios durante nueve años.

Justo en 2012 comenzaron a aumentar de manera significativa las subvenciones a los grupos parlamentarios.

Hoy son 286% superiores a las ejercidas hace dos legislaturas.

Por primera vez, es posible conocer la evolución de las subvenciones anuales que el Senado entregó a los grupos parlamentarios desde 2006 hasta los primeros tres meses de este año, que es el final de la LXII Legislatura.

De acuerdo con oficios que tiene en su poder Excélsior, el Senado informó primero que en todo 2012 entregó a seis grupos parlamentarios –entonces existía el de Movimiento Ciudadano– un total de 430 millones 300 mil pesos; pero meses después reportó que en realidad entregó mil 45 millones 88 mil 899 pesos.

Olvidan reportar $614 millones El Senado informó que entregó a partidos 430 millones, pero meses después dijo que fueron 1,045 millones.

El Senado alteró por 614 millones de pesos el reporte de subvenciones a los grupos parlamentarios durante 2012, pues primero reportó la entrega anual de 430 millones 300 mil pesos y después dio la cifra de mil 45 millones de pesos; es decir, una diferencia millonaria, equivalente a 10% del total de dinero que entregó a las bancadas.

En sólo nueve años, los grupos parlamentarios en el Senado de la República recibieron subvenciones por seis mil 128 millones de pesos, principalmente a partir de 2012, cuando sus ingresos comenzaron

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a incrementarse de manera considerable hasta ser ahora 286% superiores a los ejercidos hace dos legislaturas.

Por primera vez es posible conocer la evolución de las subvenciones anuales que el Senado entregó a los grupos parlamentarios desde 2006 hasta los primeros tres meses de este año, que es el final de la LXII Legislatura, y se observa que a lo largo de este periodo pasaron de la entrega de 335 millones 400 mil pesos anuales en 2006 a mil 295 millones 633 mil 229 pesos durante todo el año pasado; es decir, sus ingresos crecieron 960 millones 233 mil 229 pesos, que implican una mejora de 286.29%, principalmente a partir de 2012, cuando comenzó la LXII Legislatura.

Pero la información también deja ver que el Senado reportó cifras diferentes para el dinero que entregó durante 2012 a los grupos parlamentarios.

Los oficios que tiene en su poder Excélsior muestran que el Senado informó primero que en 2012 entregó a seis grupos parlamentarios —entonces existía el grupo de Movimiento Ciudadano— un total de 430 millones 300 mil pesos; pero meses después informó que en realidad entregó mil 45 millones 88 mil

899 pesos; es decir, una cifra 614 millones 788 mil 899 pesos mayor a la reportada inicialmente.

En 2012 fue la renovación total del Senado. Al concluir la LXI Legislatura terminó el trabajo de los 128 legisladores que comenzaron a trabajar en 2006, con la LX Legislatura; a partir del 1 de septiembre de 2012 comenzó la LXII Legislatura, que termina en agosto, luego de tres años de trabajo.

La comparación entre los dos reportes deja ver que el Senado dijo que al PAN le había entregado a lo largo de todo 2012 un total de 147 millones 300 mil pesos; pero después reportó que en realidad le había dado 370 millones 369 mil 902 pesos; es decir, más del doble.

Para el caso del PRI, el Senado reportó primero la entrega de 134 millones 300 mil pesos en todo el año; meses después informó que en realidad fueron 328 millones 848 mil 150 pesos; también más del doble.

Al PRD dijo que le entregó en todo 2012 80 millones 400 mil pesos, pero luego dijo que fueron 196 millones 70 mil 740 pesos.

Al Partido Verde reportó haberle dado 13 millones 100 mil pesos en todo el año; luego informó que en realidad fueron 67 millones 842 mil 442 pesos.

Lo mismo ocurrió al PT, que primero informó haberle entregado en 2012 un total de 20 millones 400 mil pesos y luego que en realidad fueron 48 millones 74 mil 130 pesos, y a Movimiento Ciudadano, que dejó de existir como bancada en el Senado justo en ese año, primero dijo que le dio 13 millones 100 mil pesos y luego que las subvenciones fueron de 33 millones 883 mil 535 pesos.

Los reportes del Senado, que van de 2006 hasta marzo de 2015, muestran que los ingresos de los grupos parlamentarios crecieron 286.29% desde que el Senado formalizó la suspensión del pago de rentas de edificios y estacionamientos; es decir, que los principales beneficiados por los ahorros que implicó la construcción de la nueva sede fueron los partidos políticos.

En 2006, cuando había seis grupos parlamentarios, el Senado les entregó 335 millones 400 mil pesos en todo el año; al cierre de 2014 esa cifra se disparó a mil 295 millones 633 mil 229 pesos, distribuidos ahora entre cinco grupos parlamentarios.

Por partido político se observa que el más beneficiado fue el PRI, porque su grupo parlamentario pasó de estar integrado por 32 legisladores, entre 2006 y 2012, a formarse por 54 senadores.

En 2006, los priistas recibieron al año 124 millones 100 mil pesos; en 2007, 2008 y 2010 recibió por cada año 103 millones 100 mil pesos; en 2009 sólo 92 millones 600 mil pesos; 2011, 153 millones 400 mil pesos y de ahí el salto millonario a 2012, con 328 millones 848 mil pesos; 2013 obtuvo 498 millones 610 mil 452 pesos; en 2014 otros 537 millones 256 mil 587 pesos y en el primer trimestre de este año 97 millones 781 mil 803 pesos.

Los panistas también acumulan ingresos similares a los priistas.

En su caso, el PAN pasó de tener 52 integrantes a sumar ahora 38 senadores; sin embargo, sus ingresos son mejores ahora.

Alvaro Gálvez Y Fuentes transmitir directamente al público la vivencia de los hechos desde el lugar donde ocurrían. Baste recordar su reportaje radiofónico transmitido desde Jerusalén, que una Navidad conmovió a todo México.

Su espíritu emprendedor lo llevó a fundar y dirigir la agencia de publicidad Gálvez, donde diseñó y desarrolló campañas y eslógans de gran penetración. Un ejemplo fue la promoción para elevar el consumo de nuestros recursos marinos, encomendada por la Comisión Consultiva de Pesca, que sintetizó en una frase que aun hoy se recuerda: “¿Bueno? ¡Bueno el pescado!”.

Incursionó exitosamente en la cinematografía, donde produjo diálogos para la película Qué lindo es Michoacán, actuó en La hija del cielo o El final de Norma, y en 1943 dirigió Mexicanos al grito de guerra, junto con Ismael Rodríguez y Pedro Infante.

En 1961, cuando el manejo de la información nacional estaba en manos extranjeras, fundó Informex, primera agencia noticiosa mexicana.

Durante varias décadas impartió las cátedras de Publicidad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de Sociología, en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho. Formado en los medios de comunicación, y consciente de la necesidad de preparar profesionistas especializados y responsables en ese campo, fue uno de los fundadores de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad Iberoamericana,

primera institución que adoptó un programa integral de estudios profesionales en materia de comunicación.

En 1965, en el auge de su carrera como publicista y figura reconocida de los medios, dio curso a una de las etapas más apasionantes de su vida, al iniciar en México –en su calidad de director de Educación Audiovisual de la SEP– la aplicación de la radio y la televisión para fines didácticos. Así, en escasos cinco años, gracias a su iniciativa y con el apoyo del Agustín Yánez (secretario de Educación), surgió el primer intento de alfabetización por radio y televisión.

En 1968 creó la Telesecundaria, que contribuyó a satisfacer la demanda no resuelta de enseñanza media en nuestro país, sobre todo en áreas rurales carentes de oportunidades educativas. Un año después, la Radio Primaria ofreció diversos programas de apoyo para las escuelas rurales, en tanto que los Brevarios Culturales –primeras cápsulas radiofónicas en su género– cimentaron un nuevo concepto de difusión.

Posteriormente, y con esta misma concepción, fue director del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, organismo regional de la UNESCO. Esa institución proyectó a México como paladín de los medios al servicio de la educación a través de proyectos como el intercambio de materiales educativos, satélites de hermandad con los países latinoamericanos, seminarios sobre teleeducación y centros de formación de expertos en comunicación para América Latina.

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omo pocos, Álvaro Gálvez y Fuentes logró eslabonar un intenso programa de vida y de trabajo con las transformaciones que marcaron el rumbo e intensidad de la época y generación a las que perteneció.

Nacido el 27 de octubre de 1918, en la ciudad de México, en 1936 empezó su carrera en Radio Educación, a invitación de Agustín Yáñez. Cursaba en aquel entonces el bachillerato, así que el también locutor Pedro de Lille lo bautizó como El Bachiller. Al desempeñar estas actividades implantó nuevos esquemas para la radiofonía, convirtiéndose en una de las voces más conocidas del medio. A través de la XEW transmitió programas de amplia cobertura y arraigo, como El diario relámpago del aire, Donde menos lo espere, Los niños catedráticos y Sherlock Holmes.

No menos significativa fue su labor pionera en la televisión nacional, donde compartió la visión de Emilio Azcárraga Vidaurreta y Guillermo González Camarena.

Entre sus primeras incursiones en el campo de las letras destaca su labor como director y editor de la revista literaria Tiras de colores, en la que colaboraron poetas, ensayistas y escritores como José Revueltas, Arturo Adame, Clemente Soto Álvarez, Margarita Michelena y Miguel Duhalt, entre muchos otros.

Periodista por vocación, Gálvez y Fuentes colaboró desde muy joven en la XEW, así como en diarios y revistas como Excélsior, El universal y Siempre! En sus artículos y reportajes impuso la modalidad de

Por Antonio Aspiros / MUNDO LEGISLATIVO

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a primera revolución social del siglo XX, la mexicana, luchó por la emancipación de los campesinos y de los obreros; algo que se repitió en el movimiento socialista promovido por Lenin, que igualmente incluía sólo a los proletarios y a los campesinos (la hoz y el martillo). En ambos cambios, se excluyeron a los burgueses y, en el caso de la clase media, el comunismo lo enmarca como el sector social de trabajadores que son dueños de sus propios medios de producción. ¿A qué viene todo el rollo anterior? A que veo con decepción cómo las nuevas generaciones han perdido su consciencia social; a que las ideologías han dejado de existir y a que las clases medias –a las que algún día pertenecí- han desaparecido o están a punto de serlo.

La clase media son los dinosaurios a los que la actual recesión pueda ser el meteorito que les borre de la faz de la tierra.

Igual que esos viejos habitantes del planeta, la desaparición podría no ser instantánea, pero será inevitable.

Hasta hace no mucho, la obtención de especialidades, masters, postgrados o doctorados, además de un par de idiomas y el manejo de programas de computación, eran garantía de un puesto permanente en empresas con futuro. Ahora, esos mismos universitarios se integrarán a la generación Peter Pan, esto es, vivir en casa de los padres hasta los 30 o más años, pues su sueldo no les alcanza para independizarse.

De Octavio Raziel / MUNDO LEGISLATIVO Serán los “pobres limpios”, los que acudirán a las tiendas Low cost (bajo costo) como Zara, Mc Donald’s, Home depot, WalMart, etcétera.

La maquinaria productiva que nació, pujante, después de la depresión del ’29 y de la postguerra, se frenó de pronto.

La caída del muro de Berlín, la democratización de la ex Unión Soviética y la economía de Estado de China, dejaron al capitalismo sin enemigo al frente.

La crisis no ha hecho más que empezar y será largo y duro el proceso. Mientras, la clase media casi desaparecerá, pues dejará de ser necesaria para el cumplimiento de los objetivos económicos de las élites de poder.

México podría considerarse como un país rico, tomando en cuenta a los hombres que se han enriquecido de manera escandalosa en las últimas décadas y cuyos nombres sería ocioso mencionar. Sin embargo, la realidad es otra, pues como se ve el futuro, desgraciadamente, esta crisis nos hará retroceder al menos tres décadas y la calidad de vida nunca volverá a ser la misma.

Las generaciones que nacieron hasta los 60’s todavía saborearon las mieles y la época de vacas gordas. Tocoles viajar, disfrutar la vida, comprar, beber y comer, hasta el hartazgo. Hoy, los estudiantes que salen de las universidades, públicas o privadas, se encuentran con contratos temporales. Atrapados en la temporalidad de por vida irán desengañándose de encontrar algo mejor a medida que envejecen.

Pero no parará ahí el problema, muy pocos cotizarán para

una pensión decorosa –de supervivencia- especialmente cuando se supone que las Afores son un fraude más (Fobaproas, Ipaes y otras) para financiar a los banqueros y grandes empresarios.

Se enfrentarán así a la inviabilidad de sus pensiones cuando lleguen a la edad de jubilación.

En México, como en el mundo, han aparecido las llamadas generaciones perdidas, baby losers, mileuristas, generazione mil o mini-prof. Son, se dice, aquellos jóvenes –y otros no tan jóvenes- que con maestrías o doctorados, ganan en Europa menos de mil euros. En nuestro país unos 500 dólares americanos mensuales, y eso muy bien pagados, antes de impuestos y otros descuentos.

Retomando algunas ideas del libro “El horror económico” de Viviane Forester, desde hace años he externado mi preocupación por los millones de profesionistas en el mundo que no encontrarán trabajo, que serán inempleables o que a los 35 años estarían considerados en el rango de los desechables. Como en la película “cuando el destino nos alcance” esto ya nos alcanzó, y hace rato.

La conclusión sería: Antes de los 35, luchar, de manera egoísta, sin preocupaciones por lo que a los demás les pase, con la esperanza de hacer algo en la vida; entre los 36 y los 55, defenderse hasta donde se pueda en trabajos temporales de lo que sea; y de los 56 en adelante, tomar consciencia de que la pelea está perdida.

Adiós clase media…adiós.