Mundo Legislativo No. 62 by Mundo Legislativo

ESCENARIO

Desorden en las pesquerías en México

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e acuerdo con los resultados de la Cuenta Pública del 2008, en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, se detectaron apoyos improcedentes, regulaciones obsoletas, falta de inspección y vigilancia, lo cual confirma el desorden prevaleciente en la regulación del sector pesquero y la ausencia de una política que permita la conservación y el aprovechamiento sustentables de los recursos marinos. Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Georgina Trujillo Zentella denunció lo anterior y urgió al Ejecutivo Federal a que cumpla con la publicación del reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, pues la falta de éste impide potenciar el desarrollo de un sector clave. México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial por su volumen de pesca, después de Perú, Estados Unidos y Chile; sin embargo, si se compara la extracción de cada país en función de su extensión litoral, México podría producir casi 5 veces más que el primer lugar. La falta de una reglamentación, se traduce también en la carencia de instrumentos para la aplicación y observancia de las disposiciones legales, con lo cual se diluye el esfuerzo que representó la construcción de consensos para aprobar la ley, a mediados de abril de 2007. Destacan la descentralización de funciones y fa-

cultades en materia de pesca, permitiendo que los estados y los municipios administraran permisos de pesca y la rectoría de sus aguas dulces continentales, así como ejercer atribuciones de inspección y vigilancia, además de participar en la planeación y el ordenamiento de la actividad pesquera. En contraste, advirtió, el panorama actual del sector pesquero es desalentador, debido al evidente retraso en su potencial económico, desarrollo y modernización, representado por el bajo nivel de productividad y los problemas sociales, que repercuten directamente en las comunidades pesqueras, en su mayoría inmersas en una situación de subsistencia. “Las embarcaciones son obsoletas, los pescadores carecen de capacitación técnica y apoyos económicos suficientes, además de requerir un ajuste equitativo de los precios de los combustibles y energéticos básicos para su operatividad”, concluyó la diputada federal priista.

“Podemos” bajar impuestos: PRI Continuarán alzas a gasolinas: Cordero

“S

i todos los recursos presupuestados no se aplican para promover el desarrollo, la Cámara de Diputados está facultada para bajar los impuestos que subimos”, señaló el diputado priísta Oscar Levín durante la comparecencia del titular de Hacienda, Ernesto Cordero –en la foto-, en San Lázaro, contando con el aval de Beatriz Paredes. Los priístas, sostuvo, “vamos a cerrar la puerta, con toda firmeza, al ofensivo dispendio en sueldos que se destinan a la alta burocracia. Se nos presentaron cifras que preconizaban la catástrofe y hoy se presentan cuentas alegres que sólo documentan la confusión, alientan dudas” Eso ocurrió en la comparecencia del secretario de Hacienda –el pasado miércoles 13 de abril-, cuando diputados del PRD y PT colocaron mantas de protesta. En una larga en la parte baja de la tribuna dice en letras mayúsculas “Renuncia Calderón”, en otra, “Para vivir mejor, renuncia”. Los académicos notables que criticaron la forma de enfrentar la crisis económica en México se equivocaron,

aseguró a su vez el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero Arroyo. Los gobiernos de países que siguieron esos consejos hoy son la principal preocupación del mundo, reviró. El PRD exigió al Secretario de Hacienda, parar el incremento mensual en el precio de las gasolinas. Armando Ríos Piter dijo en Tribuna que no hay argumentos suficientes que sustenten la decisión de Hacienda de mantener las alzas en lo que resta del año. Durante el posicionamiento de su bancada en la comparecencia del funcionario ante el pleno, Ríos Piter dijo que más allá de los criterios macroeconómicos, el incremento a los combustibles afecta principalmente a las familias que tienen ingresos menores a los tres salarios mínimos. “Hay que parar el incremento. No hay justificación clara y ello incluye el comportamiento del mercado internacional y se debe considerar cómo se afecta a los sectores más bajos”, destacó el legislador.

ESCENARIO

a Cámara de Diputados aprobó el pasado 28 de abril con 341 votos, el dictamen que reforma del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales que pretende inhibir y nulificar el delito de robo al transporte ferroviario y establece una pena de hasta 30 años de prisión para quien lo lleve a cabo, ejerzan violencia en caminos, parajes solitarios y en las vías férreas de nuestro país. En los últimos dos años los estados de Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León y Jalisco han reportado la mayor cantidad de delitos en contra del transporte ferroviario. El presidente de la Comisión de Justicia, Víctor Humberto Benítez Treviño (PRI) destacó que es necesario modificar la legislación ferroviaria actual para enfocarla en seguridad pública y la protección del derecho de vía. “Las empresas concesionadas han tenido que remar en contracorriente, ya que los robos y los actos de sabotaje y ataque a las vías del ferrocarril se han multiplicado. La creciente agresión y actos delictivos en contra de ferrocarriles se encuentra en constante aumento, provocando inseguridad para los operarios, para los clientes que contratan el servicio de transporte y para las empresas ferroviarias”.

Juicio a militares en tribunales civiles.

as bancadas del PRI y PRD en el Senado incorporaron al dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Nacional una disposición que obliga a los militares a someterse a juicio en tribunales civiles. El procedimiento aplicaría sólo en caso de que los elementos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea incurran en delitos del orden común. “En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada Permanente a las autoridades civiles competentes que así lo hayan requerido a que se refiere este artículo, los delitos del fuero común y contra civiles que aquellas cometan, serán competencia de la jurisdicción civil”, se indica. Mientras eso sucedía, el jueves 15 de abril pasado, el presidente Felipe Calderón, minimizaba los asesinatos a manos de militares de personas inocentes, diciendo que eran los menos, sin ofrecer disculpas, alguna investigación y por supuesto mucho menos justicia o compensación por las vida perdidas. Soberbio describía su decisión de mantener a los militares en las calles.

Condena el Senado a Felipe Calderón

os líderes parlamentarios del PAN, PRI y PRD en el Senado condenaron que el presidente Felipe Calderón trate de minimizar la muerte de civiles inocentes en el combate al crimen organizado. El pasado 15 de marzo, Calderón afirmó que los civiles muertos en “su guerra”, eran los menos. Pero en su gobierno han sido asesinadas más de 22 mil personas. El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, indicó que ninguna muerte es menor, y sobre todo tratándose de niños; esto luego que el presidente Felipe Calderón afirmó que la muerte de civiles “son las menos”. Lamentó que se trate de minimizar un asunto “de tan alta gravedad”. Con-

sideró que el combate debe seguir pero también se debe garantizar el respeto a los derechos humanos. “No queremos ver más muertos inocentes en las calles, en la lucha en contra de la delincuencia y el narcotráfico, no queremos ver impunidad en ningún lado”, expresó tras puntualizar que los senadores aprobarán una Ley de Seguridad Nacional que beneficie a los mexicanos, que dé equilibrio entre el uso de las fuerzas armadas, el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales. Por separado, el presidente del Senado y coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, señaló que cualquier número que sea el de las víctimas civiles, debe prender los focos rojos del gobierno. En tanto, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, manifestó que es un tema muy delicado y “nunca hay que minimizar”.

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Sancionan robo al transporte ferroviario

ESCENARIO

Recibe una condena inferior a la de dos indígenas.

Armadas. En un comunicado la dependencia precisó que esta es la primera sentencia que se le impone al “Hummer”, quien continúa sujeto a procesos por los ilícitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud dentro de otras causas penales. De acuerdo con las investigaciones, esta persona fue detenida por elementos de la Policía Federal el 7 de noviembre de 2008 en Reynosa, Tamaulipas, en posesión de 150 mil dólares americanos. González Durán fungió como escolta de Osiel Cárdenas Guillén y era considerado uno de los principales colaboradores de Heriberto Lazcano, “el Lazca”, señalado como uno de los principales líderes de Los Zetas. Al momento de su captura el sentenciado controlaba las operaciones de ese grupo criminal en Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Hidalgo, estado de México, Distrito Federal, Tabasco y Quintana Roo, entre otras entidades. Dos indígenas habían sido condenadas a 21 años.

Nuevas Salas delTFJFA

Con Qué nave

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l Juez 1 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de México sentenció a 16 años seis meses de prisión a Jaime González Durán, alias “el Hummer”, uno de los principales líderes y fundadores de la organización delictiva de “Los Zetas”. La Procuraduría General de la República (PGR) informó que también se le aplicó una multa de tres mil 150 días de salario mínimo por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas

on la creación de dos nuevas salas regionales en 2010, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) pretende garantizar a los justiciables la impartición de una justicia pronta y expedita para atender -con calidad y en menor tiempo- los casos que ingresan todos los días, afirmó el Magistrado Juan Manuel Terán y Contreras, integrante de la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana. A dos meses del inicio de actividades de esa sala -la otra es la Regional Noroeste 1, con sede en Tijuana- Terán y Contreras comentó que ambas fueron creadas a propuesta de la Junta de Gobierno y Administración. Se decidió comenzar con 3 mil 469 expedientes pues, de otra forma, se desincentivaría la eficiencia en esa operación. Por la experiencia que ha tenido el Magistrado Terán y Contreras , la Junta de Gobierno y Administración lo designó como fundador e integrante de la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana junto con la Magistrada Silvia Lavín Hernández y el Magistrado Javier Ramírez Jacinto Finalmente, indicó que, de continuar trabajando de esa forma, en dos años se podría tener un inventario de alrededor de 20 mil asuntos en trámite en la región metropolitana, lo que significaría un promedio de 1 mil 540 por sala, es decir, 513 por Ponente.

l pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se crea la Agencia Espacial Mexicana, cuyo propósito central es la de constituirse como una entidad encargada de proponer y ejecutar la política espacial de México. Durante la sesión ordinaria del pasado 20 de abril, en San Lázaro, se aprobó con 280 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, el decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana y fue turnada al Ejecutivo federal para su instrumentación. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, aprobado por la Cámara de Diputados fueron asignados recursos a la Agencia Espacial Mexicana (AEXA), por un monto de 10 millones de pesos, con lo cual se garantiza la suficiencia presupuestal necesaria para dar inicio a su diseño institucional. “La Agencia Espacial Mexicana será un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines” y formará parte del sector coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Si le toca a Juan Molinar Horcasitas, tal vez la incendie.

ESCENARIO

Darán confianza para que existan mayores inversiones: Ruiz Mateos

Prevenir y sancionar la trata de personas

a Comisión de Seguridad Pública aprobó por unanimidad el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR y SSP federal, intensificar sus acciones para prevenir y sancionar la trata de personas, continúen con las medidas de asistencia a las víctimas de dicho delito e impulsar programas en forma permanente con el propósito de prevenir este ilícito. La instancia legislativa también avaló, a través del punto de acuerdo, que se exhorte a los Congresos de las entidades federativas a incluir en su legislación el delito de trata, y a realizar las reformas pertinentes a fin de que su marco jurídico sea homologado con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Asimismo, los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública ratificaron solicitar al titular de la Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar la Trata de Personas, a promover la suscripción de acuerdos de coordinación, relativos a la seguridad, protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas, con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios. Posteriormente, la Comisión de Seguridad Pública aprobó por mayoría el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales en materia de delitos ferroviarios. El documento avalado señala que la pena será de diez a treinta años de prisión para el que en caminos, carreteras o vías férreas haga uso de la violencia en contra de los ocupantes de un vehículo, ya sea de transporte público o particular.

Rechaza el IFE imponer censura

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l secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, señaló que los altos índices de inseguridad que se registran no han impedido que los inversionistas dejen de ver a México como un mercado de oportunidad, como lo aseguran algunos especialistas internacionales, por lo que “el gobierno federal seguirá dando la confianza para que existan mayores inversiones”, dijo. Asimismo, el funcionario aseguró que pese a que el país registró pérdidas económicas de hasta un 50% al término del 2009 a causa de la crisis internacional, los precios de los productos de la canasta básica mantienen un comportamiento estable. En entrevista al término de la comparecencia ante diputados de la Comisión de Agricultura, Ruiz Mateos señaló que aunque también se establecieron desde inicios de año un alza de precios a la gasolina, el gobierno federal ha procurado no aumentar el costo de los productos de primera necesidad con la finalidad de no afectar más las finanzas de las familias mexicanas. Ruiz Mateos informó que en este año se prevé que exista una inversión directa de hasta 20 mil millones de dólares, lo que significa que el país podrá recuperar su ritmo económico en este año. El titular de la Secretaria de Economía refirió que el país presenta señales de recuperación, pues durante el primer trimestre del año se generaron 300 mil empleos y además se prevé que la tasa de crecimiento será del 4%.

a Comisión de Quejas y Denuncias del IFE rechazó dictar medidas cautelares y sacar del aire el spot de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) que se transmite en todas las radios del País, en donde se inconforma con la postura del PAN y PRD en la discusión sobre las reformas a la ley federal de radio y televisión en el Senado. Las medidas cautelares habían sido solicitadas por el sol azteca, en el marco de una denuncia presentada el miércoles por la noche por su representante ante el IFE, Rafael Hernández Estrada, por considerar que con los spots la CIRT realiza propaganda política, algo prohibido en la Constitución de la República y la ley electoral para cualquier actor y reservado para realizarse dentro de los tiempos del Estado administrados por la autoridad electoral federal.

DIRECTORIO Francisco Ramírez R. Director mundolegislativo@hotmail.com “Estación San Lázaro” Rafael Cardona Sandoval Crónica Parlamentaria Patricia Arnaud Editora para Estados del Bajío Claudia Ramírez Ugalde E-mail: salk2906@hotmail.com Colaboradores Miguel Ángel Ramírez; Verónica González; Mariana Abad; Julieta Campos; Julio León Sardaneta EML-Global Sintesis y Página WEB Jorge Ramírez Ugalde Diseño L.D.G. Saby Ramírez Chávez. saby@linea-creativa.com.mx Agencias-Fotografía Punto y Línea Comunicación Mundo Legislativo Dirección Comercial Guadalupe Ugalde Inestrillas Tel 5513-1293 E-mail: mundolegislativo@hotmail.comx Carretera F. C. 5671. México, DF. C.P. 14650 E-mail: tvmexico@prodigy.net.mx • MUNDO LETRAS E IMAGEN LEGISLATIVO • © Año V. No. 62 Edición Mensual del 15 de mayo 2010. Editor responsable: S. Francisco Ramírez R. Reserva de Título No. 04-2004-102617472400- 102. Certificado de Licitud 14366 y Certificado de contenido 11939 Prohibida la reproducción. Impreso por Publigrafic Internacional S.A. de C.V. Distribuida por ML. Aguascalientes 199. Col. Cuauhtémoc, México, D.F.

En portada Felipe Calderón, le apostó a una “guerra” que no él sabe que no ganará. Pero eso no le impide mantener su propósito mediático, con fines de utilización política. El Ejército y la Marina, han sido puestos en entredicho.

EDITORIAL

La guerra sucia en México El Senado aprobó la nueva Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, los tiempos del Congreso impidieron que en la Cámara de Diputados -que es la revisora- entrara en su discusión, análisis y eventual aprobación. Ahora será en septiembre próximo. Sin importar la urgencia que tiene el país y la sociedad para que entre en vigor esta Ley -que establece y norma la actuación de militares y marinos en tareas de seguridad interior- , los legisladores en turno decidieron no trabajar un período extraordinario para analizar y aprobar en su caso, no sólo ésta sino otras de la mayor importancia. Felipe Calderón apostó su capital político a una “guerra” mediática que ha dejado en apenas tres años 30 mil civiles muertos, incluidas familias enteras, niños, mujeres y ancianos que nada tenían que ver en la mesiánica cruzada. Para él, “son los menos”. Ahora, empiezan a aparecer revelaciones de una “guerra sucia” en México, con paramilitares que actúan al margen de la ley y la aparente actuación de cuerpos y mandos extranjeros. De ser así, muy pronto las evidencias comenzarán a salir a la luz y los responsables de tales actos serán llamados a cuentas, por lo que el ahora comandante supremo no estará exento de asumir sus responsabilidades en el futuro. Por ello, debido a la situación tan grave que se vive, el Senado aprobó también con 96 votos a favor reformas para elevar a rango constitucional la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Las reformas señalan que la interrupción de garantías no podrá suspender derechos humanos como el reconocimiento de la personalidad jurídica a la vida, a la integridad de la persona, al nombre, a la protección de la familia y la prohibición de la pena de muerte. La suspensión de garantías y el estado de excepción solo podrán declarase por motivos reales con base en la proporcionalidad, la legalidad, la proclamación, la publicidad y la no discriminación. No como sucede ahora en los hechos, en una gran parte del país y en territorios atrapados en medio de la violencia legal o ilegal. Según revelaciones de los propios senadores del PRI, la Ley de Seguridad Nacional, fue enviada por Calderón y discutida con ellos mediante el secretario de Gobernación, para ser aprobada tal y como se hizo el pasado 27 de abril, sin un punto ni una coma de más. Veremos qué pasa ahora en la Cámara de Diputados. En el destino de esta Ley se juega la seguridad o no de la sociedad, en gran medida. Evitaría el uso del Ejército y la marina como represores de movimientos sociales, laborales o electorales. Francisco Ramírez R.

ESCENARIO

Avalan diputados expedir la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores

Regula la Ley la renta de úteros

dictamen de la Ley de Maternidad Subrogada, la cual regula por primera vez a en el País el préstamo de úteros para parejas con problemas de infertilidad, fue aprobado en lo general por las Comisiones de Salud y Equidad y Género de la Asamblea Legislativa (ALDF), para que entre en vigor el 1 de enero del 2011. El documento, aprobado el jueves, será llevado al Pleno de la Asamblea Legislativa durante la siguiente semana para su votación, explicó la diputada perredista, Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Salud.

Avalan reforma a la Ley General de Educación

l Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 363 votos a favor y dos abstenciones, el dictamen que reforma y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación, con la finalidad de incluir, en la educación que imparte el Estado, los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático. Los diputados avalaron también que se proporcionen los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales en los programas de trabajo de las instituciones educativas. Además, el documento establece que de manera exclusiva la autoridad educativa federal le corresponden las atribuciones de regular, coordinar y operar un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un Sistema Nacional de Información Educativa. Por lo anterior, el texto señala que las autoridades educativas locales, en sus respectivas atribuciones, participarán con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de administración escolar. El dictamen también indica que las autoridades locales podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones de educación superior nacionales o del extranjero, para ampliar las opciones de formación, actualización y superación docente. También, se aprobó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) realice revisiones y evaluaciones, al menos, cada cuatro años, a los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de enseñanza.

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l Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 344 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones, el dictamen por el que se expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, la cual tiene por objeto reglamentar el artículo 4º constitucional, para que los trabajadores formen parte de un sistema de alimentación administrado por terceros mediante el uso de vales impresos o electrónicos. Los diputados también avalaron que la modalidad de ayuda podrá ser, mediante comidas proporcionadas a los trabajadores en comedores, restaurantes, u otros establecimientos de consumos de alimentos. El dictamen establece que los patrones podrán optar, de manera voluntaria o concertada, el otorgar a sus trabajadores ayuda alimentaria, con lo cual se sentarán las bases en un contrato colectivo de trabajo. Se prevé la creación de una comisión integrada por igual número de representantes del gobierno federal, los trabajadores y patrones, quienes tendrán a su cargo la evaluación y seguimiento de la ley. Asimismo, se fijó la posibilidad de que las empresas entreguen despensas al trabajador; se prohíbe la entrega de ayuda en efectivo. Como mecanismo para incentivar a los patrones a brindar ayuda alimentaria a sus empleados, el documento enfatiza beneficios de índole fiscal en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). Para prevenir simulaciones por parte de las empresas, el texto obliga a los patrones a mantener un control documental para demostrar que el beneficio ha sido entregado a los trabajados.

Aprueba El Senado la Ley de Seguridad Nacional

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El Ejército no podrá ser utilizado para reprimir conflictos sociales, laborales o electorales. Nuevos “tipos penales” para sancionar ilícitos Cárcel de 60 años a los “narcomilitares” El Presidente respalda la nueva Ley Jorge Ramírez Ugalde/ MUNDO LEGISLATIVO

“L

ML falta del orden militar, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”, se señala en el Artículo 13. La reforma veta la participación del Ejército en conflictos de origen social, laboral y electoral.

No se toca el fuero militar El presidente de la comisión de Gobernación del Senado, el priísta Jesús Murillo Karam, reconoció que con la aprobación de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, la ley queda prácticamente como está en materia de fuero militar. El senador informó que en materia de fuero militar esperarán hasta septiembre, cuando el Ejecutivo les envíe una reforma que aborde a fondo ese tema. En materia de actos delictivos de militares, los senadores vincularon la reforma los artículos 13 y 133 de la Constitución. La reforma a la Ley de Seguridad Nacional aprobada por el Senado en comisiones veta la participación del Ejército en conflictos de origen social, laboral y electoral. La adición fue incorporada de último momento, a propuesta de la bancada del PRD, que advirtió sobre el riesgo de que las tropas puedan ser utilizadas por el Ejecutivo para la represión de movimientos que no están relacionados con la inseguridad o el combate a la delincuencia organizada. Durante la discusión de la reforma, el senador Pablo Gómez demandó establecer que el despliegue de las Fuerzas Armadas no puede ser empleado con fines políticos. “No podemos dejar una interpretación lasa de lo que es amenaza y riesgos y que puede tener aplicaciones para asuntos de orden político. Proponemos que quede claro que no, que no estamos legislando para eso”, señaló. Aclaró que un militar no puede ser juzgado por un juzgado civil si es en el ejercicio de su función. Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional aprobado por el Senado, define lo que representa Seguridad Nacional, los riesgos y amenazas que ameriten la intervención del Poder Ejecutivo para hacerles frente mediante la declaratoria de afectación a la Seguridad Interior, así como el procedimiento para emitirla. Prohíbe la declaración de afectación a la Seguridad

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a prohibición del uso del Ejército para represión de movimientos sociales y relativos al trabajo es una reivindicación de las víctimas que en el pasado fueron objeto de represalias con el uso de la fuerza militar”, decía a modo triunfo y desde la tribuna del Senado, una de sus víctimas y sobreviviente del movimiento estudiantil de 1968, Pablo Gómez Álvarez. Y es que el Senado había aprobado por abrumadora mayoría -el pasado martes 27 de abril- la nueva Ley de Seguridad Nacional que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y que abre la puerta a que los elementos castrenses sean juzgados –ahora desde una nueva Ley- por tribunales civiles cuando cometan delitos contra civiles. Pese a que los senadores dejaron pendiente la reforma al Código de Justicia Militar, en materia de fuero, aprobaron adiciones a la ley que sujetan la actuación de soldados y marinos a lo que establece la Constitución y los tratados internacionales en materia de delitos del fuero común. También se aprobó una reforma para que los “narcomilitares”, una vez comprobada su vinculación con el crimen organizado, pierdan su fuero militar, sean juzgados en tribunales civiles y puedan ser sancionados hasta con treinta años de prisión. La reforma establece la creación de nuevos tipos penales para castigar con penas severas a los militares que se coloquen en los supuestos descritos o conductas que ponen en riesgo el cumplimiento de las misiones encomendadas o beneficien a cualquier miembro de la delincuencia organizada. La reforma propone ampliar un capítulo al Código de Justicia Militar bajo el título “Traición a las Fuerzas Armadas”, y que dicta que los militares serán juzgados en un Tribunal Militar en caso de desertar para enrolarse en las filas del crimen organizado o brindar protección a narcotraficantes, con penas de hasta 60 años. El acuerdo legislativo atiende la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el sentido de que los delitos cometidos por los militares sean juzgados en tribunales civiles y se inserta en las observaciones sobre presuntas violaciones del Ejército. De esta forma, el Artículo 72 establece: “En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada Permanente, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 y 133 constitucionales”. “Cuando un civil se ve involucrado en un delito o

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Interior en los casos en los que se trate de dar cumplimiento a resoluciones administrativas o laborales, y en acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político. Sobre las operaciones que a la entrada en vigor del decreto desarrolle la Fuerza Armada, se determina que continuarán llevándose a cabo siempre que se observe el procedimiento de declaratoria de afectación a la Seguridad Interior dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la ley, que obliga a los congresos locales o al Ejecutivo estatal a pedir el apoyo federal. El Presidente Felipe Calderón, con motivo del 5 de Mayo, destacó que el Senado aprobó la ley de seguridad nacional y dijo estar seguro que en la Cámara de Diputados habrán de valorar, analizar, enriquecer y escuchar todas las voces para hacer lo propio. Como comandante de las fuerzas armadas, es de suponer que su postura es la del Ejército, que no había emitido opinión alguna hasta el cierre de esta edición. No obstante las versiones en el sentido de que al Ejército no le habían gustado las reformas, el senador Manlio Fabio Beltrones, saldría el jueves 6 de mayo a señalar que la nueva Ley había

compartida y discutida con los mandos militares. Los coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado sostuvieron que la Ley de Seguridad Nacional fue “compartida” con representantes del gobierno federal y el propio Ejército, y dijeron desconocer que haya inconformidad entre las Fuerzas Armadas. Beltrones, declaró que no le consta la versión del enojo en las Fuerzas Armadas por la aprobación de este dictamen, y advirtió que cualquier modificación que se pretenda hacer a la minuta en torno al fuero militar sería “inaceptable” para su partido. Agregó que esperaría una versión oficial sobre la supuesta inconformidad, “más que del Ejército, del presidente de la República” –que ya la había dado un día antes- Argumentó que con estos cambios al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea, se da la certeza jurídica, que demandaba en el apoyo subsidiario a las autoridades civiles que en algunas partes de la República mexicana son incapaces de brindar la seguridad pública que reclaman los ciudadanos. Respecto de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que las acciones del Ejército en contra del narcotráfico se ajusten a un marco de respeto a los derechos humanos y garantías individuales de la población civil, sostuvo que “este segundo punto no está a discusión, a final de cuentas nosotros tenemos que atender esas resoluciones, porque son obligatorias y recordemos incluso que los tratados internacionales están por encima de la ley y por debajo de la Constitución”, apuntó Beltrones.

Silvano Aureoles, vicecoordinador del PRD, recordó de su lado que los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de la Defensa, Guillermo Galván Galván, estuvieron al tanto de los trabajos de la dictaminación, y jamás se tuvo alguna referencia de que el Ejército estuviera en desacuerdo con las modificaciones. A su vez, el vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, indicó que no hubo un freno para parar la discusión de la citada ley al tiempo que rechazó versiones sobre inconformidades de las Fuerzas Armadas por dichas reformas. “Nunca hubo en la Junta de Coordinación Política un freno a una ley que nunca apareció en proceso de dictaminación”, precisó. “Absolutamente en términos de que esa ley ni siquiera entró a proceso de discusión en la comisión, y por lo tanto a proceso de dictamen para que se hubiera frenado”, dijo. El panista Gustavo Madero señaló de su lado que el Senado “hizo bien su tarea” al no dar a los militares facultades que llevaran a la violación de derechos humanos. A su vez, el diputado panista Alberto Pérez rechazó que el Ejecutivo les diera línea para frenar esa ley.

Seguridad jurídica al Ejército Uno de los pendientes que ha quedado por resolver, es el asunto del fuero militar con el fin de determinar si los tribunales no militares podrán conocer de los casos vinculados con civiles. de racionalidad, proporcionalidad, profesionalismo, honestidad y uso legítimo de la fuerza. En este último caso, el Congreso de la Unión deberá emitir una ley reglamentaria en los próximos doce meses. Otro aspecto que resulta trascendental, es el nombramiento de una autoridad encargada para cada intervención. Ahora, por vez primera, habrá un responsable nombrado con antelación, que permitirá tramos de control en toda la operación, lo que permitirá un proceso de rendición de cuentas eficaz. Para estos efectos, la reforma prevé que, a la conclusión de cada una de las intervenciones, el Presidente de la República tendrá que rendir un informe al Senado de la República sobre los resultados de las acciones efectuadas. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también tendrá que dar cuenta al Senado de las quejas que llegara a recibir y en su caso de las recomendaciones emitidas. La Ley de Seguridad Nacional no es la norma donde debería de dirimirse esta cuestión. A partir de septiembre y en base a la iniciativa que presente el Ejecutivo, el Senado habrá de resolver este tema, propio del Código de Justicia Militar. Las fuerzas armadas han actuado con responsabilidad y lealtad institucional en la actual coyuntura de inseguridad que prevalece en algunas zonas del país. Normar jurídicamente su actuación en las tareas de seguridad interior y corresponsabilizar a los ayuntamientos, a los gobernadores, a los congresos locales, así como al Senado de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, junto con el Consejo de Seguridad Nacional y el Presidente de la República, son pasos en la dirección correcta para tener más eficacia, mayor transparencia y mejores controles de rendición de cuentas, en una actividad que resulta indispensable para enfrentar las circunstancias de riesgo y amenaza que vive la Nación.

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l Senado de la República aprobó casi por unanimidad de votos una serie de cambios a la Ley de Seguridad Nacional, que norman la intervención de las fuerzas armadas en acciones relacionadas con la seguridad interior del país, a propósito de lo que hoy está sucediendo con el crimen organizado. Hasta antes de la reforma, el presidente de la República podía disponer de las fuerzas armadas sin que fuera necesario utilizar el mecanismo de suspensión de garantías individuales, establecido en el artículo 29 de la Constitución. Ahora --una vez que concluya el trámite parlamentario--, lo podrá seguir haciendo pero mediante un procedimiento que da solidez jurídica y, a su vez, establece controles y límites a la actuación de las fuerzas armadas. ¿Cuando se da una afectación en la seguridad interior? Las nuevas disposiciones establecen que esto ocurre cuando se altera la paz, el orden público o la estabilidad interna de una zona determinada del país y, además, cuando quien solicita la intervención, puede probar la gravedad del caso y, además, de que las instituciones de seguridad pública no tengan la capacidad para enfrentar la situación prevaleciente. ¿Quién puede solicitar las intervenciones? Lo pueden hacer los congresos locales, el propio gobernador o los ayuntamientos por conducto de estos dos. Las solicitudes se harán ante el Consejo de Seguridad Nacional, el cual deberá decidir si existen las condiciones de seguridad interior para que se formule la declaratoria de afectación. Por su parte, el Senado de la República revisará la legalidad de la petición y, finalmente, el Presidente emitirá la declaratoria correspondiente. ¿Cuáles son los controles y límites de la intervención? En primer lugar, es importante mencionar que los derechos humanos no se suspenden ni se restringen bajo ninguna circunstancia. En segundo, la participación de las fuerzas armadas deberá tener una temporalidad definida, un ámbito geográfico delimitado y las acciones que se lleven a cabo deberán ser determinadas. En tercer lugar, la afectación no podrá ser declarada en asuntos de carácter laboral ni en conflictos sociales, políticos o electorales. En cuarto, se instaura un protocolo de actuación, para que los efectivos que participen utilicen los mismos signos de identificación y, además, se sujeten a los principios

Por Santiago Creel Miranda/ MUNDO LEGISLATIVO

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El Ejército salió por una coyuntura política. No se puede retirar hasta detener la criminalidad en el país: Ponce Rojas

Se ha desbordado el ámbito de la seguridad pública Los diputados deben llamar a una discusión abierta Las víctimas de un delito, deben ser indemnizadas siempre Por Francisco Ramírez R/ MUNDO LEGISLATIVO

el Ejército es la única estructura que tiene zonas militares en cada uno de los estados de la República, cuenta con mandos territoriales, con cuarteles, con avituallamiento y tiene responsables de las operaciones que se efectúan, “nadie se imagina lo que es movilizar a la policía federal, s i m p l e m e n t e h o s p e d a r l a , d a rles alimentación es una operación que requiere grandes esfuerzos y recursos logísticos con los que no se cuenta”. Ponce Rojas, advierte la responsabilidad al ser cuestionado por los llamados “daños colaterales” de una guerra “que nunca se declaró formalmente”, aclara. Sí hay un responsable único de todo lo que hacen las fuerzas armadas –Ejército o marina- en el país: es el presidente de la República, en este caso Felipe Calderón, que es el que debe responder ante la sociedad por

lo que sucede en su actuación, porque soldados o marinos son los que obedecen las órdenes que le transmite el comandante supremo. Se pronuncia, categórico, a favor de la indemnización a las víctimas por parte del Estado. “Son los únicos que quedan en la indefensión en la comisión de los delitos”, afirma. Y llama a los legisladores a adecuar las leyes y reformarlas para que cuando una persona sea dañada, reciba una compensación que sea justa y adecuada. Abogado de la presidencia de Banamex, Ponce Rojas celebra que la Cámara de Diputados no haya aprobado “al vapor” el dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional recientemente aceptado por la Cámara de Senadores, porque no abarca todo lo que requiere la nación y lo que exige este momento, incluido lo que el propio ejército demanda.

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l Doctor Federico Ponce Rojas, celebra que la Cámara revisora de la nueva Ley de Seguridad Nacional, no la haya aprobado al vapor, y demanda que se abra un diálogo para su análisis; defiende la labor del Ejército “en este momento” en tareas de seguridad interior, pero advierte la utilización de las fuerzas armadas por una coyuntura política al inicio del régimen; lamenta la falta de visión legislativa para actualizar el andamiaje jurídico en general y critica el desmantelamiento de los órganos de inteligencia del Estado. Catedrático universitario de Derecho Penal y especialista en Derecho militar, el ex Subprocurador General de la República, aclara que los elementos de las fuerzas armadas están expuestos y son juzgados no sólo por tribunales militares, sino también por tribunales civiles “como está demostrado en mandos de altísimo rango que han delinquido”. En una entrevista con MUNDO LEGISLATIVO, en sus oficinas de Banamex, se muestra de acuerdo con el fuero militar, “porque se refiere a la observancia estricta de la disciplina que deben guardar los elementos del Ejército”; sin embargo, señala que las leyes deben adecuarse en México a los tratados internacionales y a la realidad que impera en el país. Descarta un retiro inmediato d e l a s f u e r z a s a r m a d a s p o r varios factores que explica:

“nadie se imagina lo que es movilizar a la policía federal, simplemente hospedarla, darles alimentación es una operación que requiere grandes esfuerzos y recursos logísticos con los que no se cuenta”

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“Por eso es una Cámara revisora”, señala. Ahora corresponde a los diputados abrir espacios de discusión para analizar el esfuerzo que han hecho los senadores para dotar de un marco jurídico a la actuación de los m i l i t a r e s . H a y q u e reconocer el esfuerzo. Pero no basta lo que unos cuantos han hecho, pese a que, dice, “el senador Héctor Murillo Karam, es un conocedor del temas e hizo un gran esfuerzo por las reformas”. Señaló que la tarea tendrá que enmendarla ahora la Cámara de Diputados en la próxima sesión a partir del 1 de septiembre y evitar que las laguna s, puntos obscuros de técnicas legislativas apresuradas hagan de esta Ley urgente para fortalecer el sustento de participación de las fuerzas armadas, la solución de un problema interior como son entre otras las violentas consecuencias del narcotráfico y la delincuencia organizada, una norma jurídica con falta de claridad y congruencia en las disposiciones que integran el sistema jurídico penal m exicano.

Se ha desbordado el ámbito de la seguridad pública El propósito original impulsado desde luego por el ejecutivo y las fuerzas armadas es buscar definiciones claras sobre la seguridad interior con la participación de todas las instituciones encargadas de contribuir a la seguridad nacional, considerando que los antagonismos internos que hoy padece nuestra nación y que no son solo la delincuencia organizada y el narcotráfico han desbordado ampliamente el ámbito de la seguridad pública. Limitar las facultades del ejecutivo federal en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas es contrariar normas jurídicas de igual jerarquía como lo son los artículos 14, 16, 21, 89 y 102 entre otros de la Carta Magna y qué decir de la Ley Orgánica del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos, el Código Federal de Procedimiento Penales, la propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otras más. En la entrevista, Ponce Rojas, recuerda que el espíritu del constituyente de 1917 se refleja en el mensaje de proyecto de constitución de Venustiano Carranza cuando señala “esta ley suprema nos hará grandes, justos y respetables entre los demás pueblos de la tierra”. Es parte fundamental de la técnica legislativa evitar el populismo o la pirotecnia en la creación de leyes para que se rijan por los principios de nuestra Ley Suprema, para evitar la progresión de la impunidad y da ci-

fras que son escandalosas: 12 de cada 100 delitos son denunciados, 26 de cada 100 Averiguaciones concluidas, 55 de cada 100 Averiguaciones son consignadas ante los jueces y el 98.3% de los delitos quedan impunes según los “cuadernos de estadísticas judiciales, INEGI”. Resulta más fácil, señala, cambiar las leyes, aumentando las penas provocando procedimientos inacabables que reformar y depurar a las policías, la Ley del menor esfuerzo. Los empeños en el ámbito de la seguridad por crear “la policía modelo” mejorar, fortalecer, cambiar los sistemas de seguridad y jurídico penales están en desarrollo. - Si esto es parte de una transición a la democracia, ¿no paga el país costos muy altos? - Cualquier costo que se pague por la libertad de la social o individual, por la democracia, será siempre menor.

En la entrevista, Ponce Rojas, recuerda que el espíritu del constituyente de 1917 se refleja en el mensaje de proyecto de constitución de Venustiano Carranza cuando señala “esta ley suprema nos hará grandes, justos y respetables entre los demás pueblos de la tierra”.

No se puede obstruir la movilidad del Ejército Se busca eficientar la actuación de la “fuerza armada permanente” sin omitir o disminuir sus capacidades, movilidad logística y tareas de inteligencia que sumadas a las características geopolíticas de nuestro país

hacen imprescindible su presencia en esta guerra. El a rtículo 4 transitorio del dictamen es impreciso y entra en conflicto como ya se dijo con normas jurídicas vigentes de igual jerarquía. No se pueden ni se deben ignorar antagonismos internos como la guerrilla, terrorismo y la vulnerabil idad de nuest r a s f r o n teras, señala La seguridad interior como parte integral de la seguridad nacional recae en las fuerzas armadas ya que se trata de una misión primaria, permanente y con pleno fundamento constitucional, así lo estableció ya la suprema Corte de Justicia de la Nación que en ejercicio de una hermenéutica jurídica establece en sendas jurisprudencias (mismas que recogió el Senado e incluyo en el dictamen) que “el Instituto Armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad publica en auxilio de las autoridades competentes” y que “es constitucionalmente p o s i b l e q u e e l e j é r c i t o , f u e rza aérea y armada en tiempos que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autorid a d e s c i v i l e s e n t a r e a s d i v e rsas de seguridad pública”. El reto es mayúsculo, el andamiaje jurídico debe ser claro, transparente, ágil, basado en una política criminológica que nos dé “ya” soluciones eficaces y eficientes,

sustento fundamental en estas tareas son las de inteligencia con facultades expresas en el ámbito operativo si consideramos que la seguridad nacional en todo el sentido del co ncepto es consustancial al estado. Este dictamen de reformas a la Ley de Seguridad aprobado por la Cámara de Senadores es el principio de una reforma fundamental y necesaria, “hoy el Poder Legislativo tendrá que decidir por un pro yecto político inviable o armonizar la Ley con nuestra Carta Magna con otras del mismo nivel pero sobre todo, por la esperanza de la sociedad mexicana que no acepta la desigualdad, la corrupción y la impunidad y que sigue creyendo que es la L ey la única fuerza del estado, la fuerza de la razón”. Finalmente, lamenta el desmantelamiento que se ha hecho de los órganos de inteligencia en el país, pero no de ahora, “eso empezó con Miguel de la Madrid”.

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Para el ex subprocurador, el gobierno de Calderón sacó al Ejército sin tener un análisis claro de la situación que se vivía en materia de delincuencia organizada y narcotráfico. Y se desbordó. Por eso pide tiempo. La alternativa en este momento no es cancelar, cohibir o anular los espacios legales de la intervención militar en tiempos que precisan de manera indiscutible su presencia. El artículo 69 de este dictamen hace en la realidad y en los hechos inoperante el procedimiento establecido para emitir una declaratoria de afectación a la seguridad interior, “hoy particularmente cuando vemos autoridades que muy pocas veces asumen responsabilidades políticas, históricas, sociales y jurídicas de su incompetencia no podemos esperar la solución en una norma jurídica enferma de burocracia y “tramititis” que riñe con los principios fundamentales de la Constitución”.

La perturbación de la lectura

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n un tiempo de cultura audiovisual, donde se puede acceder a decenas de cadenas televisivas con sólo pulsar unos botones, almacenar centenares de canciones, poder escucharlas cuando vamos por la calle, contemplar imágenes en tres dimensiones... ¿Qué buscamos al abrir las tapas de un libro, qué esperamos encontrar? Decía Marguerite Duras en “Escribir”: “No sé qué es un libro. Nadie lo sabe. Y cuando no hay nada, lo sabemos. Y cuando no hay nada, lo sabemos como sabemos que existimos, no muertos todavía.” Porque el libro tiene una fisicidad, un cuerpo que va más allá del mismo, es ese espejo que la Alicia de Lewis Carroll atravesaba para entrar en otros mundos. Es un espejo de palabras, de historias y la persona que actualmente realiza ese ejercicio, está acometiendo algo cada vez menos habitual en una sociedad tendente a un hedonismo superficial. El modelo del ciudadano normalizado es un ser sentado en el sillón, convertido en un espectador pasivo ante las luces deslumbrantes que se le ofrecen a su disposición con sólo tener un mando a distancia entre sus manos. ¿Qué nos pueden ofrecer entonces la lectura, una selva de letras? Los libros nos hacen más libres, más cultos, nos enseñan a comprender el mundo en que vivimos; estas y otras cuestiones parecidas son la retahíla que habitualmente nos ofrecen para convencernos de las bondades de la lectura. Muchas de ellas son pura lógica, pero también un brindis al sol o verdades a medias. Ni los libros ni la lectura han salvado de la barbarie, individuos cultos y lectores la han practicado, incluso está también en el papel, que lo aguanta todo. ¿No existe demasiada religiosidad en torno al libro? ¿No se le eleva a un pedestal en vez de inundarnos, de

Pedro Antonio Curto/ Especial para MUNDO LEGISLATIVO bucear en sus palabras? Vuelvo a Duras: “Creo que lo que reprocho a los libros es eso: que no son libres. Se ve a través de la escritura: están fabricados, están organizados, reglamentados, diría que conformes. (...) Sigue habiendo generaciones que hacen libros pudibundos. Incluso jóvenes: libros encantadores, sin poso alguno, sin noche. Sin silencio. Dicho de otro modo: sin autentico autor. Libros de un día, de entretenimiento, de viaje.” En la época de la imagen el libro participa de ella; los rostros de los autores nos saludan en grandes fotografías, nos sonríen iconográficamente. En la era del mercado se amontonan en grandes pilas y son éstos los bendecidos por el éxito. ¿A qué nos incitan? ¿Qué ofrecen? Nos lo dice Marguerite Duras señalando de lo que están ausentes: “Pero no libros que se incrusten en el pensamiento y que hablen del duelo profundo de toda vida, el lugar común de todo pensamiento.” Porque abrimos un libro y ya sabemos lo que contiene, lo que podemos esperar de el, que nos va a decir, el mundo que podemos habitar entre sus páginas, sí es que nos ofrecen algún mundo o simplemente es un espejo que no podemos atravesar y nos invita a quedar en ese “tranquilo majete en tu sillón” que nos decía la canción de Celtas Cortos. Vamos a un libro(y no sólo los más comerciales) esperando reafirmarnos en nuestras convicciones, o ni siquiera eso, simplemente quemar unas horas o meternos en un juego de adivinanzas. Queremos salir de sus páginas igual que entramos, le tenemos destinado el papel de un objeto más que usamos y tiramos. ¿Cuándo al cerrar unas tapas nos hemos realizado preguntas que cuestionen nuestras ideas, encontrado entre sus frases ese acero capaz de convulsionar nuestra intimidad? ¿Por qué le tenemos miedo a una lectura que nos conduce a mundos

inhóspitos? Esa capaz de colocarnos en una ciudad cuyas calles desconocemos y al preguntar a un viandante, nos percatamos que habla un idioma extranjero. Al contrario que la imagen audiovisual, el libro puede ser una masa sin esculpir y el lector tiene la capacidad de moldearla. Porque entre las frases hay alguien esparcido, en cada verbo, en cada adjetivo, en la historia que se ofrece o en la no historia. Alguien que no es el autor mostrado en la portada, el nombre que preside el libro, sino otro, alguien con quien el autor dialoga o incluso discute. Porque si lo escrito es autentico, si el lector también lo es, se puede crear esa constelación de planetas unipersonales donde El Principito viajaba. Quizá eso debería ser la lectura, un cuarto propio intercomunicado lleno de puertas, de ventanas, de espejos, de sonidos. La lectura complaciente tiene algo de onanismo mecánico y repetitivo, compulsivo y ausente de imaginación o fantasía; además un onanismo inducido, que produce el placer de la espuma del champán. Porque la lectura necesita de la soledad, pero una soledad con las puertas abiertas y disposición para atravesarlas, en especial cuando desconocemos lo que se sitúa al otro lado. Lo otro podemos llamarlo una forma de nolectura, de no-libro, porque para entrar a un libro, a ciertos libros, es necesario atravesar fronteras mentales, buscar algo aunque no sepamos que es, abrazar otro cuerpo, incluso el creado por una mentira, que eso puede ser la creación: Una mentira que busca la verdad, otras verdades. Y en ese trayecto, necesitamos azuzar nuestras sensaciones, nuestro pensamiento. Porque ser lector o al menos realizar una determinada forma de lectura, es ser militantes de la belleza, una belleza que no habita en las clínicas de estética, sino aquella capaz de perturbarnos.

ESTACION SAN LAZARO

Reconociendo incapacidades ML extradiciones, efectuadas hasta el pasado 4 de diciembre de 2009, se llega a la cifra máxima nunca antes vista en un periodo similar, lo cual es una muestra más de la firme decisión del gobierno federal de hacer frente al crimen organizado mediante el estricto cumplimiento de la ley. “Así, ningún delincuente queda eximido de cumplir con la máxima pena que las leyes internacionales contemplan para cada delito, para que la seguridad y la tranquilidad rijan en nuestras naciones. Con acciones como ésta, el gobierno de la república reitera su compromiso con la justicia y la seguridad de todas las familias mexicanas”. Hasta ahora no sabemos cómo incide en la seguridad de las familias mexicanas la compurgación de penas negociables en Estados Unidos de los narcotraficantes capturados aquí, casi siempre con la colaboración de la DEA. Es más, esa sumisa y obsecuente colaboración es uno de los problemas presentes en la relación con el Ejército. A ningún militar mexicano, formado en el respeto y defensa de su bandera, le parece correcto (por no decir aceptable) recibir órdenes de los gringos incrustados en los aparatos civiles de seguridad pública de este país. Pero esa es una historia para otra columna. Por lo pronto, la tesis es muy simple. México no puede perseguir solo a los narcotraficantes. Tampoco los puede vencer en solitario y mucho menos los puede

cuidar sin ayuda extranjera. Si esa idea domina en la mente del gobierno americano es algo natural, especialmente si se refiere a un país vencido militarmente. Pero si México colabora en el reforzamiento de esa tesis, tampoco es para sentirse sorprendido: corresponde a la prolongada actitud de país vencido militarmente. Por otra parte, la idea de un sistema infalible allá y corrupto acá es harto impreciso. El diario Reforma publicó ayer una nota interesante, gracias a la cual podemos ver cómo se las gastan los “duros” americanos: “El colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, El Tigre, quien fuera considerado como uno de los enlaces más importantes del Cártel de Sinaloa con el Cártel del Norte del Valle, está a sólo tres años de recuperar su libertad, según información oficial de una Corte de Estados Unidos. “Un juez federal de Florida condenó a la ex pareja sentimental de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, a seis años de prisión, de los que ya ha compurgado casi la mitad… El Tigre obtuvo su sentencia tras señalar a Sandra Ávila…”. “…Espinosa tiene un proceso pendiente por delincuencia organizada y delitos contra la salud en el juzgado Décimo Octavo del DF, pero en la sentencia emitida en Miami no parece referencia ninguna a que será entregado a México tras cumplir su condena en aquel país”.

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asta ahora nadie nos ha podido explicar con claridad cuál es el motivo de tanto orgullo cuando abrimos la puerta de la justicia y le entregamos un reo a los Estados Unidos. Si se acude al expediente de la extrema seguridad de las prisiones federales americanas, deberíamos sentir cómo baja del cielo la escupitina, pues se trataría de inmediato, por contraste y por comparación con nuestro tácito, implícito y hasta orgulloso reconocimiento de las muchas incapacidades nacionales, entre ellas poner un cerrojo y mantener a los malosos de la minoría ridícula detrás de las rejas. Un país ufano del reconocimiento de su corrupción carcelaria no se merece demasiada confianza en otras materias. “…Como resultado de la estrategia nacional de seguridad y de la estrecha cooperación en materia de combate a la delincuencia organizada que nuestro país tiene con otros países con los que se han firmado tratados internacionales ––dice infatuada la Procuraduría General de la República en un documento oficial––, el gobierno de la república informa que en la actual administración se han extraditado al mundo un total de 307 presuntos responsables de diversos delitos para que rindan cuentas ante el sistema de justicia de aquellas naciones; con estas 307

Por Rafael Cardona

El futuro del país visto desde la izquierda

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l futuro del país hay que pensarlo desde la izquierda, pues a través de ella se ha demostrado que una política social amplia y profunda es capaz de mitigar la desigualdad que existe en el acceso a los derechos básicos, sostuvo el Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, al dictar la conferencia magistral “Los Retos de México: una visión de izquierda”, que se celebró esta tarde en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UDG). Ante alumnos y autoridades de esta casa de estudios, el mandatario local expuso que sólo desde una posición de izquierda se podrán resolver en seis años los principales síntomas y efectos que actualmente padece México, como es la discriminación y exclusión de los servicios que millones de sus habitantes sufre. “Desde la izquierda se pueden promover muchos de los cambios que el país necesita, se ha demostrado que sí se puede ser distinto, pero hay que cambiar la correlación de fuerzas existente”, afirmó. Y consideró que suponer que desde las fuerzas conservadoras se logrará una transformación radical de las cosas es una ingenuidad porque “simple y llanamente hasta el momento no se ha hecho”. Acompañado del rector general de la UDG, Marco Antonio Cortés Guardado, el Ejecutivo de la Ciudad de México subrayó que el gran reto de la democracia mexicana es demostrar que puede haber una competencia equitativa en las elecciones y que “si las ideas de izquierda y sus

Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO representantes triunfan sean respetados los resultados”. Dijo que el día que eso ocurra habrá concluido la transición política mexicana que hasta ahora ha sido interrumpida –tanto en 1988 como en 2006--, por lo que reiteró que la izquierda debe llegar unida al 2012 con un solo candidato y un proyecto superior a cualquier interés particular. “La izquierda está con quienes han sido excluidos, con quienes no tienen voz, con quienes están en una situación desfavorable, y en ese sentido trabaja por una agenda nacional en donde todos tengan un lugar, una agenda que vaya más allá de cuántos muertos hubo hoy, una agenda en la que pueda haber una esperanza de que las cosas cambien”, afirmó. Para lograrlo, agregó, “todos los que militamos en la izquierda tenemos que estar dispuestos a dejar la guerra facciosa, las visiones inmediatistas y las ambiciones personales por encima de cualquier cosa”. En un intercambio de preguntas y respuestas, Ebrard Casaubon opinó respecto a las alianzas entre diferentes partidos políticos que en el caso concreto de Oaxaca hay que pensar en cómo superar la estructura política “insostenible” que esta entidad resiste mediante la alternancia, objetivo que es superior a cualquier diferencia partidista. Durante la conferencia magistral que ofreció, el Jefe de Gobierno resaltó los logros que en la capital del país se han alcanzado luego de 13 años de gobiernos de izquierda. Dijo que en este periodo se ha logrado la política social de mayor alcance que se haya dado en toda

la República Mexicano, aún con los problemas que en las negociaciones presupuestales han existido. Con los 350 programas sociales que existen en la Ciudad de México se ha concretado el esfuerzo de la administración local por garantizar el acceso universal a los derechos básicos, y este esfuerzo siempre ha ido en expansión, señaló. Asimismo, el DF es la única ciudad del mundo que cuenta con un programa derivado del diagnóstico de los derechos humanos con el cual se ha podido definir cuál es la situación que respecto a cada derecho se vive, y así mejorarla sustancialmente. Añadió que en la Ciudad de México se organiza la convivencia social para crear comunidad, se impulsan los derechos sociales y se respetan --con la garantía de las leyes-- las libertades para amar y decidir gracias a la visión que la izquierda encabeza.

El riesgo de Peña Nieto nes 258 mil 934 ciudadanos y una lista nominal a la misma fecha de 10 millones 077 mil 430 electores. Esta situación no deja opción: Peña Nieto, el gran elector tricolor, deberá dejar a un lado las simpatías y preferencias y respaldar –como en su momento hicieron quienes le brindaron su apoyo- a la mejor carta disponible. La disputa por la Presidencia de la República pasa por ganar o perder dicha elección de gobernador y esto no admite de amiguismos o compadrazgos. En esta ocasión quien resulte el abanderado tricolor a la gubernatura podría no tener candidatos cómodos como lo fueron para Peña Nieto el panista Rubén Mendoza Ayala o la candidata perredista Yeidkol Polensky. El rompimiento del acuerdo suscrito entre PRI y PAN para impedir una alianza entre panistas y perredistas, también ha hecho que los tiempos electorales se acorten. Si bien faltan aproximadamente 245 días para la realización de los comicios de gobernador, la posibilidad de enfrentar a Josefina Vázquez Mota, del PAN; Alejandro encinas, del PRD, o algún otro candidato externo, como cabezas de la hipotética alianza opositora, hacen necesario que la contraparte priísta comience a accionar. Y determinar quién es ese aspirante priísta en la “mejor circunstancia”, no es demasiado difícil; sólo habría que responder una serie de preguntas lógicas: Qué requiere la entidad mexiquense: un político o un tecnócrata. Quien de las tres figuras mencionadas posee mayor experiencia electoral. Quien está mejor posicionado entre los sectores populares de la sociedad. Quien está en condiciones de

hacer los amarres político-electorales necesarios. Quién puede alcanzar mayor posicionamiento desde su posición actual. Quién registra hoy una mayor presencia mediática. Quién representa el mejor punto de cohesión al interior del partido. No se descarta que al autobús de la búsqueda de la candidatura tricolor busquen subirse otros personajes con nulas posibilidades para destacar, aunque sólo lo hagan para mantener vigencia política o cargos de gobierno, como podría esperarse de Analilia Herrera Ansaldo, Gustavo Cárdenas Monrroy, entre otros. Y mientras esto ocurre y el PRI toma sus definiciones, la organización electoral de cara a los comicios de gobernador del 2011 ya está en marcha: el IEEM informó que se tiene contemplado que a partir del cuatrimestre de este año se emita la convocatoria para la organización de los órganos desconcentrados y Juntas Distritales; en la primera semana de enero del año siguiente el órgano electoral deberá quedar formalmente instalado para efectos de dicha elección y 100 días antes del proceso se habrá de emitir la convocatoria correspondiente.

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a posibilidad de una alianza electoral entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México modifica sustancialmente el escenario previsto por los priístas mexiquenses para la elección de gobernador del 2011 y, consecuentemente, el de su afanosa búsqueda de la silla presidencial. En un contexto cómodo, “cualquiera” podría ir, pero una eventualidad como la descrita no deja más opción que la de asegurar. De tal suerte, como ocurrió en el proceso de elección interna tricolor en el que resultó electo candidato Enrique Peña Nieto, el PRI deberá optar por el aspirante en “mejor circunstancia” para contender. Y no es difícil comprender quién de los tres aspirantes con mayor peso específico (Ernesto Nemer Álvarez, Luis Videgaray Caso o Alfredo del Mazo Maza) es quien reúne mejores condiciones, elementos y fortalezas para enfrentar un proceso electoral que ya desde hoy se plantea difícil. Y es que un maridaje electoral entre el PAN y el PRD en el Estado de México, similar al que se ha concretado en otras entidades como Hidalgo y Veracruz, constituye una amenaza real para el tricolor, tanto a nivel local, como en el plano federal, puesto que modificaría drásticamente los porcentajes de la votación previstos, en una entidad con el número más grande de electores del país. El temor del PRI de enfrentar a la suma de ambas fuerzas políticas en la próxima elección local, en lo que bien podría denominarse la madre de todas las alianzas, ya se ha puesto de manifiesto y es directamente proporcional a la importancia electoral de la entidad mexiquense: al 31 de enero del 2010 contabilizaba un padrón electoral de 10 millo-

Por Juan Manuel Mejía Mtz. / MUNDO LEGISLATIVO

El “vaporazo” legislativo ML Por Francisco Ramírez R.

omo los malos mexicanos todo a última hora -y hay buena constancia de ello- como siempre, cuando hacen trueques no por el país, sino porque les conviene, quieren, los presionan o porque no quieren. Así de simple, así de delicado para una nación que se vuelve a quedar rezagada entre 20 y cincuenta años, respecto a otras naciones que una o dos décadas atrás estaban atrás de nosotros. En medio de la disputa por una docena de gubernaturas; de la ola de violencia que recorre todo el país como un escalofrío y la aplastante ineptitud del gobierno, el Congreso queda varado también con una serie de reformas que no alcanzan a librar los intereses de la oligarquía, los humores de los generales al mando; y hasta los delincuentes y secuestradores pueden seguir sus ilícitos, todo, claro, hasta después de septiembre fecha en que las Cámaras de diputados y senadores se reúnen de nuevo. Parecería que el país está en Jauja y que aquí no pasa nada, cuando la realidad desborda todo. Los indicadores en materia eco-

nómica reflejan una profunda crisis en la materia, en lo laboral, en materia educativa, en salud, en valores, en inversión, seguridad, ingresos, alimentación, poder adquisitivo, calidad de vida, cuidado al medio ambiente y una pujante impunidad hasta para armar espectáculos televisivos como el secuestro y feliz término de rehenes en la capital y el claro encubrimiento del asesinato de la niña Paulette; o la emboscada el pasado martes 27 de abril, en las cercanías del municipio autónomo de San Juan Copala en la zona triqui del estado de Oaxaca. Relatar estos casos puede llevar varios tomos sobre la memoria pública de un país violento y en ruinas. Tan desastrosa es la imagen del país, que la naviera de cruceros más importante del mundo, anuncia que deja de venir a México a partir de enero de 2011. El Congreso está reflejando y alienta lo que sucede en la sociedad: desorden, intereses encontrados, desacuerdos, opacidad y hasta impunidad por carecer de un reglamento que los obligue a rendir cuentas. Por ejemplo, la Cámara de Senadores aprobó con 105 votos a favor, uno en contra y una abstención las reformas a la Ley de Seguridad Na-

cional que establece las reglas con las que los elementos del Ejército, la Armada y la Fuerza Área pueden participar en auxilio de las autoridades civiles, pero no toca el fuero militar. El artículo 72 de la Ley de Seguridad Nacional señala que “las conductas que sus miembros realicen (de las Fuerzas Armadas) y pudieren ser constitutivas de delito que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Esta disposición deja abierta la posibilidad de que sean los tribunales militares quienes juzguen violaciones a Derechos Humanos (DH) cometidas por elementos castrenses, debido a que el artículo 13 constitucional expresa que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Pero el artículo 72 se menciona que las “fuerzas federales se coordinarán con las autoridades civiles locales y estarán subordinadas al orden jurídico establecido en la Constitución, las leyes que de ella emanan y los

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Los congresistas no cambian.

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tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, con lo cual se legaliza la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado. La Ley de Seguridad Nacional plantea un marco jurídico para la presencia de militares en actividades de seguridad pública pero no señala con claridad en qué momento -¿cinco meses?- o situaciones saldrán los cuerpos castrenses de dichas actividades, ni reforma el fuero militar. No sólo por el tiempo, sino porque los militares han dejado saber su inconformidad con la Ley aprobada por el Senado, la Cámara de Diputados la detuvo. Por ejemplo, el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, anunció que presentará una iniciativa propia debido a que “es necesaria la limitación de la extensión del fuero únicamente para aquellos delitos que tienen exacta conexión con la disciplina militar y excluir los delitos del fuero común como el homicidio, lesiones, violación y abuso de autoridad, garantizando el acceso a la justicia de víctimas y procesados”. Dijo que debe prevalecer la jurisdicción civil sobre la militar, estableciendo el requisito de declinación de competencia previo al conocimiento del Ministerio Público o Juzgado Militar. En la Ley se descartó la propuesta de Felipe Calderón que, entre otros puntos, quería la creación del concepto de “amenazas a la seguridad interna” y que, cuando esto exista, se declare la suspensión de garantías, lo que hubiera dejado en manos del ejército nuevamente la “seguridad” ciudadana.

Los diputados sepultaron los dos temas prioritarios del Senado: Seguridad Nacional y Derechos Humanos. Los senadores, por su parte, no dieron entrada a la ley antimonopolios, que fue aprobada por mayoría en San Lázaro Fue tal “el vaporazo” legislativo que se aprobaron, entre otras: La Ley antisecuestros en el Senado, que prácticamente otorga cadena perpetua a estos cobardes delincuentes, pero no resarce los daños económicos a las víctimas, está coja; El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 344 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones, el dictamen por el que se expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores que reglamenta el artículo 4º constitucional, para que los trabajadores formen parte de un sistema de alimentación administrado por terceros mediante el uso de vales impresos o electrónicos; La reforma y adición a diversos artículos de la Ley General de Educación, con la finalidad de incluir los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático;

El dictamen por el que expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual tiene por objeto establecer las bases para la planeación, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención social entre los tres órdenes de gobierno; La reforma del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales que pretende inhibir y nulificar el delito de robo al transporte ferroviario y establece una pena de hasta 30 años de prisión para quien lo lleve a cabo, ejerzan violencia en caminos, parajes solitarios y en las vías férreas de nuestro país;

Los diputados avalaron reformas a la Ley General de Salud, para regular la práctica de cirugía plástica y especializada. El documento estipula que quienes realicen esas actividades deberán contar con título, entrenamiento y estar certificados por algún Consejo de Especialidades Médicas. Algo de cuidado y que los legisladores del PRIAN metieron “por la puerta de atrás”: El jueves 29 de abril, en el último día de sesiones y con 77 votos a favor del PRI y el PAN, el Senado aprobó en lo general la Ley de Asociaciones Público Privadas. Con ésta se permite a empresas nacionales y extranjeras participar en la construcción de obras y en todo tipo de servicios para los tres niveles de gobierno. EN TODO. Gracias a los senadores de los

partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia que denunciaron que el dictamen elaborado por el priísta Eloy Cantú, ni siquiera se discutió, lograron detenerla al reservar 60 artículos. Los legisladores alertaron que se den contratos ¡por 40 años! para que trasnacionales construyan y operen plantas eléctricas, carreteras, hospitales, cárceles y sistemas hidráulicos. Resaltaron que habrá una fuerte deuda pública, que no se reconoce como tal, al financiar a los inversionistas privados. “¡Es un atraco, un asalto en despoblado¡”, exclamó el petista Ricardo Monreal, quien presentó reservas a 60 de los 135 artículos de esa ley. La mayoría de los artículos reservados no fueron discutidos porque el senador Arturo Núñez verificó el número de senadores presentes a petición del perredista Tomás Torres (pues a su juicio no había cuando menos 65 legisladores, que es el quórum mínimo para que sesione la Cámara) y suspendió la sesión. Ambas Cámaras aprobaron una reforma para endurecer las penas contra los pederastas. La minuta fue recibida por los senadores proveniente de la Cámara de Diputados, el pasado 28 de abril de 2009,

y contempla de nueve a 18 años de prisión y de 750 a 2 mil 250 días de multa a quien abuse de un menor de 18 años. La bancada del PRI decidió de última hora modificar el dictamen de la cuenta pública de 2007, primer año de la Administración de Felipe Calderón Hinojosa, para dejar de manera explícita su desaprobación al gasto de ese ejercicio fiscal. La bancada priista se definió, tras las críticas de los diputados del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez, Mario Di Costanzo y Gerardo Fernández Noroña sobre que incumplieron con su responsabilidad y el argumento era contradictorio. Fernández Noroña recriminó a los priistas su falta de congruencia y los retó a que incluyeran de manera explícita que en el dictamen se reprobaba la gestión financiera del Gobierno de Felipe Calderón. “Están cantinfleando compañeros del PRI. El dictamen los obliga a votar explícitamente la desaprobación de la cuenta pública del 2007, si no siguen abonando a la simulación”, advirtió el diputado del PT. Y así, el país se quedó a medias en materia legislativa, de nuevo. Y expuesto a los intereses de grupos económicos poderosos que buscan alejar al Estado de sectores prioritarios.

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Las reformas legales en materia de competencia económica, con las cuales se fortalecen las facultades de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y se modifica y aumenta el cálculo de sanciones económicas para las empresas que incurran en prácticas monopólicas;

NO QUE NO… Por Teresa Gurza / MUNDO LEGISLATIVO

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“Como estará el infiernito”… decía mi abuelita con sorna, cuando alguno de los nietos no queríamos más pastel o helado.

o mismo pienso yo ahora, ante el reconocimiento de la Iglesia Católica sobre las violaciones de sus sacerdotes a niños y niñas puestos a su cuidado. Y es que fueron tantos los abusos mantenidos en la obscuridad durante siglos, tantos los casos metidos bajo las alfombras de obispados y curatos, que empezaron a brincar y a salirse por todos lados. Llegó así un momento en el que no cabían más; y ante las evidencias y el enojo de muchos católicos, la jerarquía tuvo que aceptar que son innumerables los casos de menores violados por sacerdotes. Y también, que los criminales fueron escondidos bajo las sotanas de sus superiores; que cuando más, los cambiaban de colegio, parroquia o país, para impedir que se conocieran públicamente sus delitos o que respondieran de ellos ante la justicia. Pero a cada capillita le llega su fiestecita y una vez conocidos los primeros casos, las víctimas se fueron animando; y en lugar de sentirse avergonzadas por lo sucedido, pasaron a la denuncia. Hoy prácticamente no hay una ciudad en la que la Iglesia Católica tenga representantes, en la que no haya denuncias por menores abusados; hay curas pedófilos en los cinco continentes

y no sólo en pueblos apartados de América, a los que se puede ignorar. Y en esto, han tenido importancia fundamental los medios de comunicación, que antes ocultaban los hechos y ahora los difunden. A pesar de las evidencias, sigue habiendo sacerdotes empecinados en no hacer olas y continuar como antes ocultando los hechos y amenazando a los denunciantes con el desprestigio en esta vida y el fuego eterno en la otra. Entre ellos, el cardenal italiano Bertone que en visita a Chile se negó a hablar del tema diciendo que eran poquísimos los casos conocidos, el cardenal arzobispo de México Norberto Rivera, cómplice de muchos sacerdotes criminales, y el obispo colombiano Dario Castrillón, que llamó a no informar a la policía de los abusos sacerdotales. Pero ahora no habrá retroceso, porque una vez que explotaron los casos de pedofilia sacerdotal en Europa con denuncias en Malta, Irlanda, Italia y Alemania, el asunto lejos de poder pararse, ha provocado la peor crisis en la Iglesia Católica en varios siglos. La gravedad del asunto ha obligado al Papa a llamar a Roma a los 400 mil sacerdotes que hay en el mundo, para lograr apoyo a sus medidas contra sacerdotes pedófilos. Y todo sucede mientras renuncian obispos, se apresa

a sacerdotes, las diócesis pagan indemnizaciones a las víctimas, y en Estados Unidos se presenta una denuncia en su contra por encubrimiento. Eso porque en 1985, cuando como cardenal era responsable de la Congregación de la Doctrina de la Fe, firmó una carta para el obispo de Oakland John Cummins, pidiéndole no castigar al sacerdote abusador Stephen Kiesle para no afectar el buen nombre de la Iglesia. Por no haber denunciado al sacerdote Lawrence Murphy, violador en Wisconsin de más de 200 niños sordos entre 1950 y 1975. Y por proteger al fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, una de cuyas víctimas dijo a la revista Proceso que, siendo cardenal, Ratzinger les dijo que no podía hacer nada, porque Maciel era muy amigo del Papa Juan Pablo II. Fue esa actitud lo que, de acuerdo con la revista Proceso, motivó que en octubre de 2002 un grupo de ellos viajara a Suiza para presentar una queja ante la ONU a fin de que se investigara el caso y se llamara la atención de la Santa Sede. Pero tampoco esa instancia ha funcionado. Hay que decir, sin embargo, a favor de Benedicto XVI, que una vez que fue Papa aceptó abiertamente la existencia de curas pedófilos, y que desde el año 2001 inició una línea de tolerancia cero frente a ellos.

Aprueba Senado

por unanimidad

Por Jorge R. Ugalde / MUNDO LEGISLATIVO

l Congreso aprobó por unanimidad expedir la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, a fin de salvaguardar y regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de las bases de datos, garantizando la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. La nueva Ley prevé mecanismos ágiles, expeditos y sencillos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos ante los responsables de las bases de datos. Además se establece el derecho ciudadano de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. Con esta ley se otorga protección a los llamados “datos sensibles”, relacionados con las preferencias sexuales, origen étnico o racial o estado de salud, que podrían ser mal utili-

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la Ley Federal de Protección de Datos Personales

La nueva Ley prevé mecanismos ágiles, expeditos y sencillos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos ante los responsables de las bases de datos. Además se establece el derecho ciudadano de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales.

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zados para discriminar o excluir a una persona. Entre las obligaciones de los sujetos que utilizar la información de las personas están que sólo se haga uso de los datos personales para los fines por los que fueron recabados, observando medidas de seguridad que eviten su pérdida, robo o acceso no autorizado. De lo contrario se sancionará de tres meses a tres años de prisión a quien con fines de lucro vulnere la seguridad a las bases de datos bajo su custodia y de seis a cinco años a quien mediante engaños trate de aprovecharse del error en que se encuentre el titular o persona autorizada a transmitir la información personal. En el caso de “datos sensibles” las penas se duplicarán. El dictamen también prevé reformas a diversos artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, donde se concibe al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos como el encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. En la exposición de motivos, las comisiones unidas expresaron que entre los riesgos del derecho para la protección de datos personales se encuentra: el almacenamiento ilícito de datos personales, exactos o inexactos; el abuso o la revelación no autorizada de los mismos; así como la creación de perfiles sin que el titular tenga conocimiento, ni control de ello. De ahí la necesidad de que frente a la realidad tecnológica, “el derecho no permanezca inmóvil. Los representantes de la sociedad estamos obligados a sensibilizarnos con los nuevos requerimientos sociales”.

De ahí la necesidad de que frente a la realidad tecnológica, “el derecho no permanezca inmóvil. Los representantes de la sociedad estamos obligados a sensibilizarnos con los nuevos requerimientos sociales”. Sin embargo, reconocieron que el desafío es complejo, pues involucra el consenso de los involucrados, a fin de hacer efectivas todas las acciones tendientes a proteger la información personal tratada por medio de las cada vez más sofisticadas tecnologías de la información. Finalmente, argumentaron que con las reformas se busca fomentar el desarrollo de las tecnologías de la información con la conciencia de que las bases de datos y el tratamiento de las mismas están siempre al servicio del hombre y que, por lo tanto, deben respetarse las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, en particular la protección de sus datos personales. El senador Ricardo Monreal Ávila, del PT, señaló que el manejo de datos de carácter personal, es en México una práctica habitual, de abuso de poder y control de parte del sector público y privado y como se ha visto hasta en tianguis se puede encontrar la base de datos de la región más alejada del país, actualizada. Por ello, recalcó que a México la regulación para la protección de los datos personales llega tarde, ya que en todo el mundo existe una prohibición tajante y expresa del uso de datos personales sin la autorización de la persona. Por su parte el senador Silvano Aureoles Conejo, del PRD, subrayó la importancia del dictamen porque los datos personales se trafican y se venden como cualquier otra mercancía, como producto pirata, y además a precios accesibles.

Señaló que la ley otorga una amplia protección a los llamados datos sensibles y pone un alto a los mercados negros de la información. Agregó que México estará a la altura de los países miembros de la OCDE, de APEC y de la Unión Europea, y cumplirá con los estándares internacionales en materia de privacidad, aprobados en la conferencia Mundial de Comisionados de Privacidad y Protección de Datos, en noviembre del 2009. Con ello se propiciarán flujos de inversión extranjera directa, porque dotará de certeza a los intercambios comerciales transfronterizos, con lo que se proporcionará la generación de empleos y fomentará la inversión extranjera. Por el PRI, el senador Jesús Murillo Karam explicó que la ley regula la protección de datos de particulares en manos del Gobierno y se inscribe en las reformas realizadas por la LXI Legislatura, que permite “ubicarnos en los tiempos modernos del derecho”. De Acción Nacional, el senador Alejandro Zapata Perogordo expresó que este dictamen es referente a los llamados derechos humanos de tercera generación porque protege el derecho a la privacidad. En las reformas se recoge el principio del conocimiento de la información, de la rectificación, de tener el derecho de autorización o de oposición y obviamente de cancelación, es decir, se podrá definir que datos personales se pueden conocer y cuáles deban ser privados, por determinación propia.

Libera La Corte a dos indígenas, pero queda a medias la justicia Por Verónica González L./ MUNDO LEGISLATIVO

a Corte se erigió, por vez primera desde que fue reformada en 1994, en un tribunal de apelación para revisar una sentencia de un juez y emitir un veredicto de inocencia en favor de las indígenas ñhañhús Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, y ordenar su “absoluta e inmediata liberación”, el pasado miércoles 27 de agosto. Hay que dejar constancia que fue el actual embajador de México en el Reino Unido, Eduardo Medina Mora, quien autorizó -en su calidad de Procurador General la Repúblicala detención y reclusión de tres indígenas que absolvió la justicia, en un caso clarísimo de violación a sus derechos jurídicos y humanos, condenadas incluso a mas años de reclusión que conocidos narcotraficantes. De ese modo La Corte dejó en entredicho e incluso –y sin decirlo explícitamente- cuestionó públicamente la actuación de la Procuraduría General de la República, quien pese a las

Reconoció Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, desde lejos “olía a injusticia. Se percibía que era altamente probable que dos indígenas mexicanas estaban en prisión desde hace casi cuatro años, de manera injusta”. evidencias, no quiso desistirse de sus acusaciones. No se disculpó públicamente, y mucho menos otorgará una indemnización por los daños morales y materiales que causaron. Impune, pues, su actuación y la Medina Mora, que fue premiado por el presidente Felipe Calderón, con una embajada. Por regla general la Suprema Corte de Justicia no atiende juicios en los que tenga que pronunciarse sobre la culpabilidad o no de alguien, pero gracias a la presión de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, medios de comunicación y otros actores políticos, se liberó a las mujeres del Centro de Readaptación Social Femenil de San José El

Alto en Querétaro, después de que los ministros les revocara la condena de 21 años de cárcel impuesta en febrero pasado por el Juez Cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi. Sin embargo, ante la presión mediática y la intervención de políticos y organismos de Derechos Humanos, este caso hizo una excepción, porque como reconoció el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, desde lejos “olía a injusticia. Se percibía que era altamente probable que dos indígenas mexicanas estaban en prisión desde hace casi cuatro años, de manera injusta”. El titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos In-

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El juez que conoció la causa y sentenció, impune en la condena Queda en entredicho la PGR y la AFI, por “fabricar” culpables El juez que “no vio” lo obvio es Rodolfo Pedraza Longi La PGR no pide disculpas y menos indemniza a sus víctimas

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dígenas (CDI), Xavier Abreu Sierra, dijo que hay al menos ocho mil indígenas presos en el país, la mayoría por desconocer la ley, no contar con abogado o no tener dinero para fianza, señaló que se logra el excarcelamiento de unos mil indígenas al año, sobre todo por delitos del fuero común y reconoció que se avanza en convenios de amnistía, como el que está por firmarse en Oaxaca, donde podrían salir libres unos mil 200 indígenas por delitos menores. Antes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió al Senado un informe sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, sentenciadas a 21 años de prisión. En ambos casos, la CNDH “observó violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica”, señala el texto solicitado por acuerdo del pleno senatorial el 16 de marzo pasado. Dichas violaciones --precisó-- consistieron en una integración irregular de la averiguación previa y un deficiente desempeño de la función investigadora por parte del agente del Ministerio Público y los agentes federales involucrados en los hechos. En el informe, dirigido al Presidente del Senado, Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, señaló que por estos motivos la dependencia a su cargo emitió el 17 de julio de 2009 una recomendación que la PGR no aceptó. En su negativa --dice el informe-- la PGR argumentó, entre otras razones, la falta de competencia de la CNDH toda vez que se trataba de una cuestión

jurisdiccional y que se había invadido la esfera de competencia del Ministerio Público. No obstante, la CNDH deja en claro en el documento que la PGR “reconoció la falta de careos constitucionales entre los agentes acusadores y las procesadas”. En el informe enviado al Senado, el doctor Plascencia Villanueva anexó copia de la recomendación 47/2009 y copia del oficio PGR/516/09 por el que la PGR comunica a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la no aceptación. Los cinco ministros de la Primera Sala, la encargada de los asuntos penales, votaron por absolver a Alberta y a Teresa, “por estar plenamente convencidos de que la Procuraduría General de la República no comprobó que ellas hubieran secuestrado a seis agentes federales de Investigación y mucho menos que una de ellas fue detenida en posesión de cocaína, como aseguró en sus acusaciones”. Debido a la presión que se ejerció por distintas ONG, instancias gubernamentales y medios de comunicación, la PGR retiró los cargos en contra de Jacinta por considerar que en su caso había “una duda razonable” en torno a su participación en el secuestro de los agentes, y mantuvo las acusaciones por secuestro, por lo que permanecieron recluidas en el penal femenil de San José El Alto, hasta que el juez cuarto de distrito con sede en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, las sentenció a 21 años de prisión. La ministra Olga Sánchez Cordero, propuso revocar la sentencia del juez, porque no se comprobó que Alberta y Teresa

La ministra Olga Sánchez Cordero, propuso revocar la sentencia del juez, porque no se comprobó que Alberta y Teresa hubieran cometido los delitos que se les atribuyeron.

hubieran cometido los delitos que se les atribuyeron. Para la Corte no hubo secuestro y en el caso de Alberta no se probó que fuera detenida en posesión de cocaína. De manera irregular, casi todas las acusaciones contra las dos indígenas se sustentaron en el puro dicho de los policías. Y en el caso de la droga, la sentencia se había sustentado en la afirmación de un policía. Sin ninguna prueba adicional. E la sesión del pasado miércoles 27 de abril, la actuación de la PGR, fue cuestionada y las críticas en su contra fueron unánimes. Pero no pasará de ahí, porque no hay ninguna medida que política o administrativa para evitar que se repitan estas situaciones. Detenidas en marzo de 2006, después de que las acusaran de secuestrar a seis agentes federales durante un operativo que realizaron en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, para decomisar discos piratas, el cual generó protestas de comerciantes, porque los policías acudieron sin uniformes e identificaciones. La delegada de la PGR, Norma Patricia Valdés Argüelles, afirmó para este caso que fueron más de 200 personas y no sólo tres, las que secuestraron a media docena de elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).

La crisis y la criminalidad en la frontera de México disparan el miedo y azuzan a los estadunidenses

La incapacidad del gobierno de Felipe Calderón, promueve el éxodo a EU En los tres primeros meses de 2010 se han aprobado1.800 leyesVS. los inmigrantes. Se agrava la xenofobia y discriminación en contra de los mexicanos al Sur de EU

a falta de empleo y por consecuencia de ingresos; la inseguridad, la carencia de garantías, la aplicación de leyes justas, la falta de policías eficientes y honestas en México, son factores que se agravan con la recesión en México, y que obliga a millones de hombres y mujeres cada año a cruzar la frontera en busca de unos cuantos dólares que les permitan sobrevivir. Todos los días, solo en la Tucson, al menos 600 mexicanos en promedio son detenidos para encarcelarlos o deportarlos al país, en medio de golpes y vejaciones, cuando les va bien, porque en caso contrario miles mueren en el intento de escapar de un país y de una vida de miseria y opresión que no les da ninguna esperanza. Ante esa realidad, y la incapacidad del gobierno derechista de Felipe Calderón, por contener la crisis y la ola de

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Por Jorge Ramírez Ugalde/ MUNDO LEGISLATIVO

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violencia en el país, el presidente Barack Obama quiere una nueva ley de inmigración que endurezca el control de la frontera, pero no será este año. En Estados Unidos viven cerca de 12 millones de inmigrantes en situación ilegal. La mayoría procede de Latinoamérica: 6,7 son mexicanos y 1,3 de los países centroamericanos. Arizona tiene una población de 6,6 millones, que incluye a 460.000 inmigrantes indocumentados. Al sur, Arizona limita con México, y es la principal vía de entrada a Estados Unidos. Sólo en el sector de Tucson, la policía de fronteras detiene a 650 personas al día. La nueva ley de Arizona permite a la policía detener a cualquiera que no pueda aportar documentación para probar que se encuentra en el país legalmente, pero en realidad es una orden para detener a todo aquél que porte una cara de mexicano, como en los tiempos de de la Alemania Nazi y la persecución a todo aquél que o fuese ario. La nueva Ley tipifica como delito ofrecer transporte a un inmigrante en situación ilegal y contratar trabajadores sin papeles, afectando a sectores de la construcción, el agrícola y de alimentos procesados entre otros que se benefician de la explotación de mano de obra barata y sin prestaciones. La ley auspiciada por la gobernadora Jan Brewer no ha hecho más que poner sobre el papel lo que ya se venía llevando a cabo en Arizona. Mano dura contra los inmigrantes. Sin piedad, como la llamada “deportación lateral”. “Las autoridades de Arizona”, cuenta un alto funcionario mexicano que pide el anonimato, “tratan de romper el vínculo entre el migrante que está siendo detenido en frontera y la persona que lo ha ayudado. Si te detienen aquí en Nogales, te echan por otro extremo de la frontera. Así, esa persona se queda sin nada, sin un peso en el bolsillo, tal vez herido y solo, en una situación muy vulnerable. La patrulla fronteriza ha establecido grandes centros de detención de inmigrantes. Desde ahí, los montan en autobuses y los llevan lejos, a cientos de kilómetros. Muchos de ellos caen víctimas de las mafias de tratas de personas. Y entre esos deportados hay mujeres y niños en situaciones lamentables... O jóvenes que se convierten de migrantes en delincuentes porque, por el sueño de

pasar, son capaces de lo que sea...”. El presidente Felipe Calderón llamó – ¡desde Alemania!- a los mexicanos a abstenerse de viajar a Arizona, en Estados Unidos, en protesta contra la ley SB 1070, porque sus disposiciones vulneran los derechos humanos que corresponden a cualquier persona, independientemente de su calidad migratoria. “Subrayamos la necesidad de que se actúe con precaución y se omita en lo posible la realización de viajes innecesarios hacia ese estado”, externó el mandatario en un postura mediática, pero no hizo ningún compromiso para aliviar el origen de la situación que prevalece en el país y ni siquiera en la frontera. Por su parte, el presidente del Senado, Carlos Navarrete Ruiz (PRD), envió una carta al mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, para expresar la preocupación de los legisladores mexicanos por la ley SB1070 aprobada recientemente en Arizona, y para solicitarle contacto permanente con la Casa Blanca para dar seguimiento a esta iniciativa antiinmigrante. Navarrete Ruiz le informó a Obama que el Senado mexicano instrumentará, en el marco de sus atribuciones y con total respeto a la soberanía estadounidense, un plan de acción en los próximos 90 días frente a la promulgación de la citada ley. La ola racista arrecia en tiempos electorales, y en los tres primeros meses de este año se han aprobado 1.800 leyes

en varios Estados de EE UU que tienen que ver con los inmigrantes. La comunidad hispana -en una demostración de fuerza sin precedentescientos de miles personas, quizá más de un millón, se manifestaron el pasado primero de mayo en las principales ciudades del país en contra de la ley de Arizona y a favor del derecho de los inmigrantes ilegales a permanecer en el país en condiciones dignas. “Los peregrinos, los primeros pobladores, no traían papeles”, se podía leer en algunas pancartas.

Una marcha sin precedentes De Nueva York a Los Ángeles, en Chicago, Atlanta, Houston y Dallas, en Phoenix y en otras poblaciones de la propia Arizona, donde se encendió la mecha, en más de 70 ciudades, según los organizadores, la gente se echó a la calle en un Primero de Mayo exclusivamente dedicado a la solidaridad con los inmigrantes. Aunque la conmemoración recuerda los dramáticos hechos ocurridos en Chicago en 1886, el Primero de Mayo nunca se ha celebrado en Estados Unidos, donde no es fiesta nacional ni motivo de marchas, más allá de las de un puñado de trotskistas en los años treinta o las de quienes conservan esta fecha entre sus tradiciones combativas, como los hispanos. En EE UU se celebra el primer lunes de septiembre el Día del Trabajo.

Un millón de indocumentados En Arizona, por ejemplo, donde los hispanos son alrededor del 30% de la población y hay medio millón de indocumentados, el respaldo a la controvertida ley firmada la semana pasada aumentó mucho tras el asesinato, en marzo, de un ranchero de la frontera a manos de narcotraficantes. El horror de ese crimen cegó a los ciudadanos, incapaces de ver que, aunque la inmigración ilegal ha aumentado, el número de actos delictivos decreció el año pasado un 23%.

Esa cifra no va a convencer a los nativos furiosos que ven en cada rostro moreno de un mexicano a un enemigo. El viernes, en una reunión con sus conciudadanos de Arizona, el senador John McCain tuvo que salir apuradamente a contener a un hombre entre el público que defendía su derecho a parar con su propio fusil lo que veía como una avalancha salvaje. El clima se ha calentado extraordinariamente. A las peticiones de boicot a Arizona hechas por los medios progresistas, ha contestado la población local con la reafirmación en sus ideas y algunas figuras de la derecha, como Dick Cheney y Sarah Palin, han solicitado a los estadounidenses que compren productos de ese Estado. Ningún bando está cómodo en sus posiciones. Los conservadores sienten la presión del sector más liberal del Partido Republicano que cree en la inmigración como uno de los instrumentos básicos para el desarrollo. Los demócratas, que rechazan la ley de Arizona, son conscientes de que cerca de un 60% de votantes la respalda. El enfrentamiento en Washington va a ser largo y duro. Esta semana, el Partido Demócrata presentó un borrador de la ley de inmigración que elevará a discusión en el Congreso. Además de un camino para la legalización de los cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales que se calculan en la actualidad, la propuesta incluye las más fuertes medidas de vigilancia fronteriza que nadie ha mencionado antes. Los demócratas no quieren dar la impresión de que preparan una amnistía masiva. Saben que eso podría destrozarles electoralmente. Pero el mismo daño

podría hacerles mantenerse impasibles ante el deterioro de la situación. Los republicanos, también conscientes de que es urgente actuar para contener la inmigración ilegal, han manifestado su disposición a negociar una ley, pero han rechazado plenamente la última propuesta demócrata, que consideran una mera maniobra política. En comunidades latinas que votaron por Obama hay descontento, pues el tema migratorio no ha recibido atención en la Oficina Oval. La situación podría pasar ‘cuenta de cobro’ en futuras elecciones. En sueño profundo por casi cinco años, la posibilidad de una reforma migratoria que atienda el drama de los 10 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos parece haber despertado, o al menos en las toldas demócratas, pues entre republicanos no genera tanto interés. La semana pasada, varios líderes del partido del presidente Barack Obama, que controla la mayoría en ambas Cámaras del Congreso, dejaron saber que la esquiva reforma migratoria está “a la cabeza” de su lista de prioridades para este 2010 y la llamaron un “imperativo moral”. De hecho, hasta sugirieron fechas: la idea, dicen, es pasarla en el Senado durante junio y luego en la Cámara. La urgencia por la reforma adquiere relevancia luego de la entrada en vigor de una nueva ley aprobada en el estado de Arizona, considerada por la Alianza de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (Nalacc, por su sigla en inglés), como “la peor medida antiinmigrante en la historia reciente del país”.

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Este año los hispanos han escogido el Primero de Mayo para hacerse masivamente visibles en un momento en el que se sienten como nunca amenazados por la ley de Arizona, que criminaliza la inmigración ilegal, y por el apoyo a esa iniciativa detectado por las encuestas entre la mayor parte de la población en el resto de la nación. “Lo sucedido en Arizona prueba el racismo y la histeria antiinmigrante que existen en este país”, declaró ayer Lee Siu Hin, portavoz de la Red de Solidaridad Nacional con los Inmigrantes, la organización convocante de las manifestaciones. Pese a que su influencia y su presencia en puestos relevantes han ido creciendo en los últimos años, los hispanos son mayormente aún una comunidad mal integrada en la sociedad norteamericana. Son cerca de 50 millones -más del doble que hace 20 años y la mitad de los que serán dentro de otros 20- y representan, por tanto, la primera minoría del país, por delante de los negros. Sin embargo, su presencia, sobre todo en los Estados del sur, sigue siendo motivo de tensión y, a veces, de hostilidad xenófoba. Ese conflicto se ha agravado en los últimos años, no sólo por el aumento constante de la inmigración, sino por los problemas económicos que se acumulan sobre los propios estadounidenses y por la degradación de las condiciones de seguridad en la frontera por culpa de la criminalidad al otro lado. La repetición diaria de espantosas escenas de violencia en México ha elevado el miedo y el sentimiento antiinmigración entre los habitantes de esa región, aunque muchas veces las cifras no justifiquen esa reacción.

Migrantes e inmigrantes

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Francisco Castro Trenti /MUNDO LEGISLATIVO

l Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que expresa su más enérgica condena por la legislación antimigrante expedida por el estado de Arizona, Estados Unidos. Debido a que el pasado lunes 19 de abril del presente año, la legislatura del estado de Arizona, aprobó la legislación en contra de los migrantes indocumentados -la cual criminaliza y persigue a esta población-, hizo reaccionar a los diputados. Sin embargo, la moneda en México parece que sólo cae de un lado. El nuevo informe de Amnistía Internacional denuncia los abusos contra los migrantes irregulares que atraviesan México y se dirigen a la frontera estadounidense con la esperanza de una nueva vida lejos de la pobreza. De las decenas de miles que hacen el viaje cada año, la gran mayoría proceden de Centroamérica. Su viaje es uno de los más peligrosos del mundo. Los migrantes sufren extorsiones, discriminación, palizas, violencia sexual, secuestro y homicidio a manos de bandas criminales. Muchos de los casos expuestos destacan la implicación

en cierto grado de funcionarios públicos en varios abusos contra los migrantes. La falta de acceso a la protección y de recurso a la justicia convierte a los migrantes, y especialmente a las mujeres y menores, en blanco fácil de bandas delictivas y de funcionarios corruptos. Además, la falta de acción decisiva de parte de las autoridades federales y estatales ha creado un clima de impunidad donde los abusos parecen estar permitidos. El informe de Amnistía Internacional concluye con una serie de recomendaciones a las autoridades para que mejoren la protección y el acceso a la justicia para los migrantes. En cambio, el Pleno de la Cámara de Diputados exhortó el pasado martes 20 de abril pasado, a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que formule la protesta diplomática correspondiente y haga uso de todos los espacios de diálogo diplomático y de los instrumentos y mecanismos bilaterales y multilaterales que sean necesarios para defender los derechos e integridad de los migrantes mexicanos que puedan resultar afectados por dicha legislación. El tercer punto del exhorto es un llamado a la gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer para que ejerza su facultad sobre dicha legislación reconociendo

con ello la presencia pacífica y las aportaciones económicas, sociales y culturales de los migrantes mexicanos en su territorio. La Jucopo consideró que con dicha legislación se agrava el problema del uso del perfil racial para el control policial y aumenta la preocupación acerca de la indebida detención no sólo de inmigrantes ilegales sino también de ciudadanos residentes legales. “La aprobación de esta ley, lejos de contribuir a atender el fenómeno de la migración ilegal desde una perspectiva amplia y comprensiva que reconozca la diversa y compleja realidad económica, social y cultural que la origina y que ha hecho de este tema uno de los más relevantes en la agenda bilateral entre ambos países, hace la formación de conductas xenófobas y represivas que agravan los problemas humanos esenciales de los migrantes”, señala el punto de acuerdo.