Mundo Legislativo No.84

LETRAS E IMÁGEN

Protección en el DF, a Periodistas de provincia (Pág. 27)

Mundo Letras e Imágen Legislativo

w w w. e n l a c e l e g i s l a t i v o. c o m

www.issuu.com/mundol/docs

Declina el Congreso Legislan el fomento al turismo de salud

Pensiones a campesinos mayores de 70 años

Protección legal a personas de experimentos médicos ENTRE-PÁGINAS

Castigos más severos al robo en ferrocarriles

Rafael Cardona. Estación San Lázaro

(Pág. 18)

Sergiol Valls. Amparo y Derechos Humanos

(Pág. 28)

Teresa Gurza. Fausto Vallejo, gobernador

(Pág. 8)

Renward García M. Pacto nacional

(Pág. 34)

J. Patrice McSherry: El método y la vigilancia

(Pág. 31)

Año VII. No. 84 30-noviembre-2011

Ejemplar de suscripción

ESCENARIO

Aprueban reformas a ley de planeación demográfica

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ara adecuar el marco normativo con la finalidad de darle operatividad al Consejo de Población de la Ciudad de México, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó diversas reformas a la Ley de Planeación Demográfica y Estadística para la Población del Distrito Federal. El presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, Mauricio Tabe Echartea, argumentó en tribuna que hasta la fecha la Ciudad de México no cuenta con un Consejo de Población porque han sido muchas las limitantes tanto presupuestales como de diseño organizacional que han impedido la instalación del consejo. Es por ello que se buscó adecuar el marco normativo y permitir que exista una junta directiva y un director ejecutivo del Consejo de Po-

blación, para no solamente lograr su instalación, sino que funcione plenamente, aunado a un nuevo enfoque que permita la fu n c i o n a lidad y la operatividad del Consejo a través del trabajo ejecutivo con las dependencias de la administración pública del Distrito Federal. Además recalcó que es necesaria y fundamental la instalación d e e s t e ó rg a n o p a r a d a r l e vigencia a la política de población, con la finalidad de que los programas de la administración pública cuenten con información suficiente para poder hacer la planeación y diseño que respondan a las necesidades d e l a rg o p l a z o . E s p o r e l l o , s o s t u v o Ta b e Echartea, que la ciudad requiere un consejo funcional y hacer esas reformas para instalarlo a la brevedad.

Los nuevos papás tendrán 10 dias de licencia: ALDF

PEMEX se lamenta, no ofrece soluciones

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a Asamblea Legislativa del Distrito fed e r a l ( ALD F ) a p r o b ó u n a i n i c i a t i v a d e reformas a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, con las que los padres podrán gozar de un permiso por paternidad de 10 días hábiles, en tanto para el caso de adopción d e u n m e n o r, l a l i c e n c i a s e r á p a r a l a m a dre y el padre por el mismo periodo. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Beatriz Rojas Martínez, señaló que uno de los objetivos de estas modificaciones es contribuir al reparto equilibrado de las responsabilidades familiares. Indicó que para el caso de adopción de un menor se promoverá también el reconocimiento del derecho de los padres a un permiso de maternidad y paternidad por el mismo periodo por parte de las dependencias del Gobierno de la ciudad, para garantizar el proceso de familiarización y adaptación con la hija o hijo adoptado, por l o c u a l e s i m p o r t a n t e o t o rg a r e s t e t i e m p o a la familia.

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etróleos Mexicanos (Pemex) informó que las tomas clandestinas en el país ascienden a mil 163, el mayor número en los r e g i s t r o s que tiene la paraestatal, y previó que la c i f r a l l e g u e a m i l 3 7 0 a l c i e r r e d e 2 0 11 .

El director de Operaciones de Pemex, Carlos Murrieta, dijo que el número de tomas registradas hasta ayer (mil 163), ya superó el total reportado el año pasado, de 710. “Desafortunadamente es el número más alto que hemos tenido en todos los registros de Pemex’, comentó en conferencia de prensa, donde explicó que esto se debe a factores como la delincuencia en algunos estados y el alto precio de los combustibles

ESCENARIO

Los delitos contra Periodistas, seran del fuero federal

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SEMARNAT cede territorio huichol a particulares…

proximadamente 100 hectáreas de la Playa del Rey localizadas en el municipio de San Blas, un sitio sagrado del pueblo huichol, fueron concesionadas por la Semarnat a dos empresas de turismo. Dos acuerdos firmados por Juan Rafael Elvira Quesada, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de junio de 2011, concesionan una superficie en Playa del Rey de 999,640.85 metros cuadrados correspondientes a “terrenos ganados al mar” a las empresas Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey SA de CV y Desarrollos Turísticos Aramara, SA de CV, representadas por J. Guadalupe González Rentería

EBRARD… Rumbo al 2018

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l jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard, reconoció que le “fue muy difícil” tomar la decisión de hacerse a un lado de la contienda interna del Partido de la Revolución Democrática por la candidatura a la presidencia, sobre todo cuando no se logra lo que se había propuesto.

Sin embargo, el mandatario capitalino anticipó que “yo no me retiro de nada, sigue mi carrera política y no sólo pensamos en el 2012, vamos más allá”. Ebrard señaló que el costo de la congruencia es “posponer decisiones” y agradeció a sus seguidores por reconocerlo como un fuerte aspirante para los comicios de 2018. Además, se dijo optimista “porque la izquierda llegue muy unida y organizada, vamos a tener muy buenos resultados en 2012”, puntualizó. El titular del GDF afirmó que se preparó por más de 30 años para ser el político que ofreciera un cambio en el país, pero tuvo que cumplir con su palabra.

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a Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Constitución mediante la cual se establece que los delitos cometidos contra periodistas serán considerados del ámbito federal.

La modificación al artículo 73 constitucional señala que las autoridades federales podrán conocer también de los ilícitos del fuero común cuando éstos tengan vínculos con delitos federales o contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o de imprenta. Al incluir en la reforma del texto constitucional los conceptos de periodistas o instalaciones de medios de comunicación, se obliga a la Procuraduría General de la República (PGR) a intervenir en las investigaciones. Durante la exposición de la iniciativa en el pleno camaral se recordó que, por los momentos aciagos que vive el país, es necesario proteger la integridad de los periodistas y las personas que laboran en los medios de comunicación, con el propósito de garantizar la libertad tutelada en la Carta Magna, de tal forma que una vez que la Cámara de Senadores avale la modificación y después hagan lo propio los congresos estatales, habrá un plazo de seis meses para que se apliquen las reformas a las leyes secundarias correspondientes.

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ESCENARIO

Admite la CIDH el caso atenco

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ranscurridos tres años de paciente espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de tortura sexual de 11 mujeres violadas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México. Con la admisión del caso por la CIDH, al concluir su 143 periodo ordinario de sesiones el pasado 4 de noviembre, se aprobó el informe “512-08-Mariana Selvas Gómez y otras, México”, con lo quedó abierta la posibilidad de que eventualmente pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se condene al Estado mexicano por la tortura ejercida contra 11 mujeres que presentaron la denuncia, de un total de 26 violadas por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal cuando la encabezaba Wilfrido Robledo Madrid, más tarde premiado con cargos públicos federales, mismos que las custodiaban en el interior de los vehículos donde eran trasladadas hacia el penal de Santiaguito, luego de ser detenidas por “participar en los disturbios” en Texcoco y Atenco. Las violadas fueron parte de las 47 mujeres detenidas en los operativos ordenados por el entonces gobernador mexiquense y ahora precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, quien ordenó desalojar violentamente a un grupo de floricultores en San Salvador Atenco. En ese momento, más de 3 mil agentes policiacos dejaron un saldo de 207 personas detenidas; dos muertos: Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benhumea, estudiante que murió un mes después del operativo; y decenas de per-

sonas torturadas, entre ellas las 26 víctimas de abuso sexual. Testimonios ministeriales y periodísticos registran que los violadores portaban condones y fueron estimulados con películas de sexo explícito, lo cual muestra que se trató de un operativo deliberadamente calculado por los jefes de la ASE y Peña Nieto, aunque si bien no existen pruebas de que las órdenes provinieron de él, son abundantes sus declaraciones periodísticas para justificar los hechos represivos y criminales de sus subordinados. Las valerosas denunciantes son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torre y Suhelen Gabriela. Vale la pena recuperar los nombres porque son infrecuentes las denuncias de los violadores que se reproducen como hongos en el entorno familiar e inmediato de las víctimas, protegidos como están por la impunidad, más aún cuando autoridades gubernamentales están involucradas en hechos de violencia sexual, así sea el hombre al que, paradójicamente, algunas mexiquenses le lanzan gritos y frases sexistas.

Le “cortan el dedo” al PAN

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l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) revocó el método de selección de candidatos a diputados y senadores por designación directa en su gran mayoría aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Tras mil 455 juicios de ciudadanos que impugnaron el acuerdo, el magistrado ponente, Flavio Galván, sostuvo que el partido no fundamentó de manera adecuada las razones para utilizar un método extraordinario de selección de candidatos Militantes de Acción Nacional argumentan que dicho método afecta

sus derechos dentro del partido, al no poder participar como aspirantes a cargos de representación popular.

ESCENARIO

a Comisión Política Permanente del PRI aprobó ir en coalición total con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza para los comicios de 2012 en el caso de presidente de la República, y parcial para diputados y senadores. El vocero del Revolucionario Institucional (PRI), David Penchyna, informó que la Comisión encabezada por su líder nacional, Humberto Moreira, irá en coalición parcial en 126 de los 300 distritos electorales federales, de los cuales 72 serán para el PRI, 30 para el Verde y 24 para Nueva Alianza. Precisó que en el caso de las 64 candidaturas de mayoría al Senado de la República, únicamente habrá coalición en 20 de ellas en 10 estados de la República, de las cuales 11 serán para el tricolor, cinco para el Verde y cuatro para Nueva Alianza.

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Vaya campaña… ¿deformando a la niñez?

ajo el slogan “Unhate” (“No odiar” en español) esta compañía de diseño de modas, colocó pancartas con estas imágenes en puntos céntricos de Milán, Nueva Yo r k , P a r í s , R o m a y Te l Av i v c o n e l f i n d e c o n t r a s t a r l a c u l t u r a d e l o d i o . E l b e s o s e utilizó en la campaña porque se trata del símbolo de amor universal, describió Benetton en su sitio oficial de internet. Asimismo, la empresa apuntó que el objetivo es promover el acercamiento entre los pueblos, religiones y culturas, así como el entendimiento pacífico de cada una de sus motivaciones… ¿Qué verá un niño, o una niña en una fotografía así?

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A punto de eliminar el fuero presidencial.

Se mantiene la inmunidad

l Senado aprobó en comisiones, en lo general, reformas a la Constitución para eliminar el fuero y que los servidores públicos, incluyendo al Presidente de la República, sean sujetos a proceso penal sin ser privados de su libertad ni separados del cargo hasta en caso de que un juez dicte sentencia, por la comisión de delitos. Pablo Gómez Alvarez (PRD), explicó que la propuesta lo que busca es impedir que haya impunidad, pero se refuerza la inmunidad porque se pierde el fuero hasta en tanto un juez determine la culpabilidad del acusado, por lo que hasta en ese momento el funcionario en turno podría ser removido y sometido a la condena que determine la justicia. El legislador explicó que “lo que se propone es que puedan ser acusados ante un Tribunal normal, común y corriente, como cualquier otro ciudadano y si el Juez lo decide, porque haya elementos, abre el proce-

so, que es el juicio igual que cualquier otro.

Es decir, la eliminación del fuero”. Hizo notar que si esta reforma constitucional es aprobada por el Poder Legislativo “cualquiera, no importa el puesto que tenga, podría ser sometido a un proceso penal en un juzgado como cualquier otro ciudadano, y ahí que se defienda y si lo declaran culpable, pues es culpable y se acabó. Ésa es la reforma”. El senador Gómez Álvarez, había presentado esta iniciativa desde el año 2007 y plantea reformar los artículos 38, 61, 111 y 112 de la Constitución.

Durante la sesión de comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, los senadores Tomás Torres, del PRD, y Sergio Álvarez Mata, presentaron reservas, por lo que el dictamen se aprobó en lo general y en las próximas horas se discutirá en lo particular, con la intención de subirlo la próxima semana al pleno.

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Esta es la politica… El reparto del botin

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Bien por Fausto...

Por Teresa Gurza/ MUNDO LEGISLATIVO

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e acuerdo con la más pura tradición electoral michoacana, los encuestadores volvieron a equivocarse. Y de acuerdo a la misma tradición, todos los partidos se declararon ganadores de la contienda que culminó el domingo pasado con los comicios para elegir al gobernador de la entidad.

Luego, ya lo estamos viendo, los perdedores iniciaron con disimulo la “operación cangrejo” para ir reduciendo poco a poco y sin que se note mucho, sus cifras y expectativas de triunfo; y por supuesto anunciaron que impugnarán el resultado favorable al priísta Fausto Vallejo; en lo que verdaderamente deseo no tengan éxito. Jamás imaginé hace una década o década y media, o en algún momento de los 16 años que viví en Michoacán, que me llegaría a dar tanto gusto el triunfo del PRI y de Vallejo, un político que al fragor de otra elección, que perdió, se atrevió a declarar que todos los periodistas éramos corruptos y que el PRI pagaba sus silencios o sus elogios; afirmación de la que luego tuvo que desdecirse. Dejando ese episodio atrás, me da gusto que haya ganado porque salvó a Michoacán de caer en manos del PAN; porque tiene experiencia de gobierno y como político; y ante todo y sobre todo, porque por lo menos no es “hermana” de nadie y a puro pulso y con todo el poder de las alturas en contra, logró remontar su campaña. Del PRD y su candidato mejor ni hablar; el fracaso de ahora ya se podía preveer desde aquellos plantones del “aquí nadie se raja”. Y si no perdió antes el estado que consideraba propio, fue gracias al encanto del nombre y la personalidad de Lázaro Cárdenas Batel. Mal, muy mal, le hubiera ido a Michoacán con el triunfo de Luisa María Calderón; además de que todo lo que anunció haría si ganaba, no hubiera durado ni seis meses; que es lo máximo que le queda a su hermano el presidente de vida útil. Cocoa me cae bien por aventada en la vida y no tengo nada en su contra; excepto el que tanto ella como Felipe hayan anunciado que nadie de la familia buscaría puestos políticos mientras él estuviera en la presidencia. En eso como en muchas otras cosas, no cumplieron.

Y qué bueno que pese a todo el poder desplegado en su favor, a los madrinazgos y padrinazgos de los competidores panistas por la presidencia, y al exceso de dinero público que según sus opositores

fue a dar a su campaña, no se salieron con la suya.

Porque ya de por sí es triste ver cómo han ido las cosas públicas en Michoacán; y como se agravaron, con los castigos presidenciales contra Godoy y los “embargos” de recursos que correspondían a la entidad; con eso, Calderón evitó que cumpliera como gobernador aunque fuera en una mínima parte; pero también le dio en la torre al estado. Por todo eso y por mucho más, me alegra que no se haya podido cerrar la pinza de la mancuerna Calderón. A veces pienso que el comportamiento y ese como odio de Felipe Calderón contra su estado natal, es una especie de venganza política por lo mal que lo trató cuando hace 16 años fue candidato a gobernador contra Cristóbal Arias del PRD y Víctor Manuel Tinoco Rubí del PRI, quién fue finalmente el ganador.

Recuerdo con nitidez los mítines de Felipe, a los que sobre todo en la Meseta Tarasca, nadie asistía; eran actos tan desairados, que hasta los boleros se iban. Y eso que para animar llevaba Felipe de pueblo en pueblo a un modesto “cantinflas” local, quien disfrazado como el famoso cómico, era parte de la caravana panista; que entonces no tenía recursos para contratar a alguien más glamoroso, como sucedió ahora con la presencia de mariachis y Maribel Guardia, apoyando a Luisa María. Simpatizaba yo entonces con el hoy presidente, que me parecía un joven derechista pero con ideas modernas y expresadas con corrección; bien intencionado y dispuesto a defender entre otras cosas la democracia, la limpieza electoral y libertad de expresión. Me equivoqué con él; y cuando llegó al poder comprobé hasta en carne propia que no era cierto lo que pensaba. Pero en esa época, sentía yo algo de pena al verlo trajinar en localidades vacías a las que casi ni los periodistas iban, en lugar de estar junto a su esposa disfrutando el embarazo de su hijita mayor; me afligía que en lugar de descansar en Morelia, tuviera que treparse a vehículos sin confort para pueblear durante horas con evidente malhumor y desgano, pocos oyentes y cero posibilidades de triunfo. Aunque no compartía yo sus ideas políticas, me daba tanta compasión la soledad política en la que transitaba Felipe, aunque como en un mitin de Charo lo acompañara ese magnífico hombre y panista que fué Carlos Castillo Peraza, que hasta le tejí un suetercito a su bebé.

Pero como dice la canción: Todo cambia...

DIRECTORIO

EDITORIAL

Francisco Ramírez R. Director mundolegislativo@hotmail.com

Crónica Parlamentaria Patricia Arnaud Colaboradores Miguel Ángel Ramírez; Mariana Abad; Julieta Campos; Julio León Sardaneta; Rina Mussali; Marco Antonio Aguirre Legaria.

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C.F.C. 5671. México, DF. C.P. 14650 E-mail: mundolegislativo@hotmail.com • MUNDO LETRAS E IMAGEN LEGISLATIVO • © Año VII. No. 84 Edición 30 noviembre 2011. Editor responsable: S. Francisco Ramírez R. Reserva de Título No. 04-2011-011313414700-102 Certificado de Licitud 14366 y Certificado de contenido 11939 Prohibida la reproducción. Impreso por Publigrafic Internacional S.A. de C.V. Distribuida por ML. Aguascalientes 199. Col. Cuauhtémoc, México, D.F.

En portada El Congreso renuncia de facto a una facultad que le era exclusiva. Pero el espíritu de la reforma constitucional, previene al país de una situación que lo podría llevar a un caos generalizado, en medio de una elección general como la que se vivió en 2006; o que incluso pudiera ser peor.

Renuncia del Congreso

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La Cámara de diputados aprobó la reforma al Artículo 87 constitucional, para quedar de la siguiente forma: “En caso de que el presidente no pueda rendir protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras, lo hará de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El legislativo está previendo que se repita un escenario como en el 2006, donde en medio de una rebelión legislativa de los partidos de izquierda, el presidente electo pudo tomar posesión en San Lázaro, gracias al aval del PRI y sin que mediara el recuento legal para instalar la sesión.

Esa situación le provocó un enorme daño económico y moral a la Nación, en los siguientes años. Si Felipe Calderón, pudo tomar protesta en medio del caos y la violencia, en los siguientes años esa situación se reflejaría en las condiciones que hoy vive el país: en la polarización social y en una violencia irrefrenable y sin sentido.

El Congreso renuncia de facto a una facultad que le era exclusiva. Pero el espíritu de la reforma constitucional, previene al país de una situación que lo podría llevar a un caos generalizado, en medio de una elección general como la que se vivió en 2006; o que incluso pudiera ser peor.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría una modificación al artículo 87 de la Constitución, que posibilita al presidente electo de la República rendir protesta ante el Congreso de la Unión, la Comisión Permanente o Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión; y de no haber condiciones en algunos de esos casos, lo haría de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Puede ser criticable la renuncia a una facultad que se le otorga a un Poder, sin embargo la preservación del Estado de Derecho, es fundamental en un país de leyes, aunque no de justicia, como es el México de hoy.

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“Estación San Lázaro” Rafael Cardona Sandoval

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Declina el Legislativo su facultad de tomar protesta al Presidente de la República

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Artículo 87 constitucional:“En caso de que el presidente no pueda rendir protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras, lo hará de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

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Rannia Macías-Nieto/MUNDO LEGISLATIVO

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l Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría una modificación al artículo 87 de la Constitución, que posibilita al presidente electo de la República rendir protesta ante el Congreso de la Unión, Comisión Permanente y Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión; y de no haber condiciones en algunos de esos casos, lo haría de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Habría que recordar que en 2006, ante la declaración de fraude por parte de los partidos políticos de izquierda, que apoyaban –y de nuevo apoyarán para 2012- a Andrés M a n u e l L ó p e z O b r a d o r, l o s diputados federales y senadores del PRD, PT y Convergencia tomaron la tribuna en San

Lázaro para tratar de impedir que Felipe Calderón, rindiera protesta. Sólo la estrategia de los legisladores de Acción Nacional y de elementos militares, permitió bajar a los opositores de la tribuna, y c e d e r e l i n g r e s o d e Vi c e n t e Fox y Calderón, a rendir la p r o t e s t a d e L e y, c o n e l a v a l y la presencia de los legisladores del PRI, que tres años más tarde se declaraban arrepentidos.

Ta m b i é n l a C á m a r a d e D i putados desechó las reservas a l a r t í c u l o 11 5 c o n s t i t u c i o nal, para la reelección consecutiva de alcaldes. Asimismo, se aprobó modificar la fracc i ó n III d e l a p a r t a d o C d e l artículo 122 de la Constitución, con lo que se suprime la cláusula de gobernabilidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, limitando la sobrerrepresentación de algún grupo parlamentario de hasta el ocho por ciento.

Y al discutir el último tema reservado en lo particular del dictamen de Reforma Política, el Pleno rechazó por 218 votos en contra, 165 a favor y u n a a b s t e n c i ó n , d e r o g a r e l a rtículo cuarto transitorio, que señala que el Congreso de la Unión convocará a una consulta popular sobre el tema de la reelección consecutiva de legisladores, que será organizada por el Instituto Federal Electoral.

La propuesta modificó también la que contenía el dictamen elaborado por las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, que establecía un mínimo de 40 por ciento de la votación nominal para otorgar la mayoría absoluta.

En cuanto al artículo 87 constitucional, la propuesta del diputado perredista José Luis Jaime Correa modificó el segundo párrafo antes mencionado en el dictamen

elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, texto que preveía que ante tal situación, la toma de protesta se rindiera ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El artículo 87 quedó de la siguiente manera: “En caso de que el presidente no pueda rendir protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras, lo hará de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Jaime Correa señaló que la propuesta busca establecer una tercera alternativa a la toma de protesta del presidente electo, además de que se conservaría la facultad del Congreso de la Unión.

En tanto, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del grupo parlamentario del

P T, s e p r o n u n c i ó e n c o n t r a d e la propuesta de que el presidente electo tome protesta de ley ante las mesas directivas de las Cámaras del Congreso, ya que dijo, es inaceptable declinar la facultad del Congreso de establecer mecanismos de control hacia el Poder Ejecutivo.

Ta m b i é n l a C á m a r a d e D i putados desechó las reservas a l a r t í c u l o 11 5 c o n s t i t u c i o nal, para la reelección consecutiva de alcaldes.

La propuesta de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del grupo parlamentario d e l PAN , f u e d e s e c h a d a , l a cual planteaba adicionar un p á r r a f o a l a f r a c c i ó n I d e l a rt í c u l o 11 5 , p a r a q u e l a s c o n s tituciones estatales definan las bases para la elección de los ayuntamientos.

En su opinión, los municipios deben decidir de manera libre y democrática lo que les convenga en términos de re-

elección de sus ayuntamientos. “Se les debe devolver a los estados un espacio de decisión, el cual renunciará la federación para que aquellos dispongan conforme a las características la forma en que deben integrarse y regirse en las entidades”.

Su correligionario Gregorio Hurtado Leija especificó que la propuesta no consiste en una reelección, “sino en una verdadera estrategia de apertura política para que los congresos locales definan la forma de elección de sus municipios”.

Asimismo, el diputado Jaime Cárdenas Gracía (PT) consideró que es indispensable ampliar la libertad a los congresos locales para establecer la posibilidad de reelección y que sea la ciudadanía quien determine si continúan o no sus dirigentes municipales.

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Debate Corral-Chuayffet

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Durante la discusión el p a nista Javier Corral dijo en tribuna que “aquí es donde quiero demostrar una vez más la manera en que se está ses gando la conducción de los debates en la Cámara de los Diputados”, en alusión directa a Emilio Chuayffet. “Motivo por el cual ya se le denomina a la Presidencia de la Cámara de Diputados una presidencia errática”.

Pero Chuayffet Chemor dejó la presidencia de la Mesa Directiva para responder: “Es de un hartazgo insoportable que una persona y no un partido se dedique a insultar, llamándome autoritario y parcial a quien ha tenido una trayectoria que en los hechos, no en los discursos, ha demostrado lo contrario y que ha tenido el reconocimiento de propios y extraños”. “¿Qué pasa con esa persona que no está en las grandes ne gociaciones? Que su partido lo ocupa para lo que sirve, para la camorra; que no es más que un chicanero del trámite, que le falta talento que sustituye

con impostura de voz y con mímica aprendida en la Academia Andrés Soler”, calificó el priísta.

Enseguida Javier Corral subió a tribuna para decir: “ En su doble papel que es su doble moral, Emilio Chuayffet baja de la tribuna a increpar y luego se sube a eludir. Le voy a responder”.

“Chuayffet no tiene el respeto que dice tener, de Acción Nacional. Eso no es cierto. De hecho debo decir que ahora no lo mencioné como autoritario, dije presidencia errática.

Tampoco el calificativo se lo había puesto yo. Aparece ya en las columnas de los perió dicos. No es un camorrista el que le ha llamado errático, son las crónicas de los periódicos, son las notas de ambiente de los reporteros de esta Cámara y son las columnas periodísticas los que le han llamado a usted errático y por supuesto, parcial”.

“Porque aquí hemos vis to cómo aplica el Reglamento cuando se trata de beneficiar a su partido y cómo les niega a otros cuando trata de tomar

partido contra ellos. Mire, diputado Chuayffet, de lo que lo he acusado a usted, que por cierto le costó la Secretaría de Gobernación, es haber sido us ted el autor intelectual del único intento de golpe legislativo que ha habido en la época moderna en nuestro país, en 1997 cuando usted quiso mediante maniobraría, suplantar la mayoría de esta Cámara de Di putados. Usted era secretario de Gobernación y yo diputado federal. De su vocación demo crática no podemos dar testimonio. De su intento golpista al Poder Legislativo mexicano dio testimonio el propio Ernesto Zedillo Ponce de León, quien lo dimitió en el cargo de secretario de Gobernación.

“Ha sido usted la gran pifia de presidente de la Cámara de Diputados. Esta palabra pifia no salió de la bancada del PAN, sale de los pasillos y de la bancada de sus propios com pañeros de partido”, remató el panista.

Chuayffet ya no tomó la tri buna de nuevo para “alusiones personales”, como lo llaman los legisladores.

REFORMAS

Los diputados avalaron el dictamen para facultar a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional a emitir opinión del informe general de actividades que recibe del secretariado técnico del Consejo de Segur i d a d N a c i o n a l , a f i n d e t r a n s p a r e n t a r y, e n su caso, realizar las observaciones que se consideren necesarias.

El dictamen que reforma el artículo 57, f r a c c i ó n III , d e l a L e y d e S e g u r i d a d N a c i o n a l - a p r o b a d o p o r 3 2 1 v o t o s a f a v o r, 2 6 e n contra y siete abstenciones- pretende mejorar la legislación en lo referente a transparentar las acciones y políticas en materia de seguridad nacional, a través de asegurar un verdadero equilibrio de poderes.

El diputado Nazario Norberto Sánchez (PRD) admitió que a pesar de que pudo ser un dictamen con mayores alcances “porque se dejaron fuera algunas de las reformas del diputado proponente, es necesario continuar el análisis y avanzar en el tema”.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) dijo que el dictamen se elaboró con base a una iniciativa que él impulsó, “pero las partes fundamentales desgraciadamente no fueron atendidas por las comisiones unidas”.

Explicó que propuso que la Comisión Bicamaral se convirtiera en un órgano más plural, “actualmente solamente está integrada por las tres fuerzas políticas más importantes en el Congreso y los partidos minoritarios no contamos con representación en ella”.

El diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT) subrayó que es una resolución incompleta, “que no atiende el objetivo original de su a u t o r, f o r t a l e c e r l a f a c u l t a d d e c o n t r o l y s u pervisión del Poder Legislativo respecto del Ejecutivo”.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) enfatizó que el dictamen “está hecho trizas; es un primer paso, el intento de Jaime Cárdenas, de regular el Consejo de Seguridad Nacional, que no lo eligió nadie pero

tiene más atribuciones que muchos gobiernos de los estados”.

El diputado Bonifacio Herrera Rivera ( PAN ) , a l p r o n u n c i a r s e a f a v o r, s e ñ a l ó q u e las modificaciones permitirán el fortalecimiento de la facultad de control y supervisión del Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo, concretamente en el tema de seguridad nacional.

Detalló que en la actualidad la Ley obliga al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional a rendir un informe, “pero éste sólo es conocido y no se pueden dar observaciones en dicha materia, lo que impide un verdadero control y supervisión del Legislativo”.

Por ello, continuó, la importancia de conceder la facultad a la Comisión Bicamaral para emitir opinión sobre el informe general de actividades que presenta el secretario técnico al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso.

A p r o b a d o e n l o g e n e r a l y e n l o p a r t i c u l a r, se envió al Senado para sus efectos constitucionales.

Innovación tecnológica en la preservación ambiental El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 348 votos a favor incluir al desarrollo tecnológico y la innovación en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La reforma, que modifica a los artículos 22, 22 Bis, 41 y 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, precisa que el objetivo es reducir y controlar la contaminación, así como prevenir el deterioro ambiental y promover el uso eficiente de recursos naturales.

Señala que el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios fomentarán la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación.

Asimismo propiciarán el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, preservar, proteger y restaurar los ecosistemas para

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Supervisará el Legislativo al Consejo de Seguridad Nacional

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prevenir desequilibrios ecológicos y daños ambientales.

La diputada del grupo parlamentario de Nue va Alianza, Cora Pinedo Alonso, proponente de la reforma , señaló que se requiere la innovación tecnológica ambiental sustentable para lograr mayor vin culación entre la investigación y las políticas públicas, a fin de abatir los problemas que aquejan al medio ambiente.

“Responde a una necesidad estratégica del país para tener instrumentos que nos permitan salvaguardar los ecosistemas y aprovechar de manera su stentable los recursos naturales” in dicó.

Sostuvo que es necesario incluir el desarrollo económico y social en las políticas ambientales integrales que sean necesarias. “Podemos progresar sin comprometer el patrimonio de las futuras generaciones” afirmó.

La legisladora del PRD, María Araceli Vázquez Camacho, dijo que esta reforma tendrá un papel trascendental, ya que la innovación tecnológica ayudará de forma importante para la conservación. “Hasta ahora la innovación era parte de un modelo que causaba el desequilibrio y la contaminación”, consideró.

Por su parte, la diputada L aura Arizmendi Campos, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, mencionó que estos cambios traerán grandes beneficios ecológicos, por lo que pidió que se destinen recursos al propósito de la reforma.

Homologan diputados el concepto de residuos peligrosos La Cámara de Diputados aprobó una ref o r m a a l a f r a c c i ó n X X X III d e l a r t í c u l o 3 ° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para establecer una nueva definición de residuos peligrosos y dar certeza jurídica en la elaboración, ejecución y control de los planes para su manejo.

La modificación aprobada establece que son residuos peligrosos , aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos,

así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados al cambiarlos a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente.

El dictamen menciona que hasta 2004 se tenían identificados 297 sitios contaminados con residuos peligrosos en México, de los c u a l e s 11 9 s e h a b í a n c l a s i f i c a d o y p r i o r i z a d o de acuerdo al grado de riesgo para la salud y el ambiente, y 12 se consideraban rehabilitados o en proceso de rehabilitación.

El documento, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue aprobado por 343 votos en pro, cero en contra y una abstención e indica que con esta modificación se homologa el concepto de residuos peligrosos al contenido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con lo que se da claridad al marco jurídico ambiental.

Para hablar a favor del dictamen, el diputad o A l e j a n d r o B a h e n a F l o r e s ( PAN ) d i j o q u e l a reforma contribuirá “con una definición clara y precisa con la que se fortalece el papel que México ha jugado a nivel internacional, en materia ambiental particularmente para controlar los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación, en el marco del Convenio de Basilea”.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (PRD) subrayó que los riesgos causados por estos residuos son un foco de atención en México y el mundo. Agregó que esta problemática tiene dos líneas: la que deriva de la existencia de sitios ya contaminados que req u i e r e n r e m e d i a c i ó n y, p o r o t r o l a d o , l a o r i e n tada a prevenir contaminación proveniente de las fuentes en operación.

Aprobado en lo general y en lo particular se envió al Senado para sus efectos constitucionales.

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C o n 3 9 9 v o t o s a f a v o r, c e r o e n c o n t r a y una abstención los diputados votaron a favor un dictamen para que puedan obtener la nacionalidad mexicana aquellas personas que no nacieron en el país, pero que son descendientes directos en segundo grado de mexicanos nacidos en territorio nacional.

La residencia sería otorgada siempre y cuando el interesado no cuente con otra nacionalidad al momento de la solicitud; o bien no le sean reconocidos los derechos adquiridos a partir de su nacimiento, indica el dictamen.

La reforma a la fracción uno del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, busca facilitar los medios a los hijos de los connacionales que se encuentran fuera del territorio, a fin de que obtengan la nacionalidad mexicana, si así lo desean, teniendo la oportunidad de ingresar a nuestro país cuando lo requieran.

Señala que en caso de dejar el marco jurídico como se encuentran actualmente, muchas personas quedarían como apátridas y en consecuencia, sin el apoyo de las instituciones por no contar con un documento que compruebe su nacionalidad.

La presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, Norma Let i c i a S a l a z a r V á z q u e z ( PAN ) , d i j o q u e l a r e forma busca ayudar a los nietos de mexicanos que radican en los Estados Unidos, a obtener de forma expedita la nacionalidad mexicana cuando regresen a territorio mexicano ante la posible implementación de normas de carácter migratorio en aquel país.

Refirió que la aprobación de iniciativas antiinmigrantes que están siendo aprobadas en Estados Unidos, como la SB1070 en Arizon a , l a S B 9 e n Te x a s , l a H B 2 3 7 2 e n K a n s a s o l a HB78 en Nuevo México, limitan los derechos de las personas.

“Es nuestra obligación revisar el marco jurídico para hacer frente a los problemas

que enfrentan miles de mexicanos deportados, para ayudar a que al regresar a territorio nacional puedan adquirir su nacionalidad, lo cual le permitirá acceder a servicios como la educación y salud”, dijo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) aseguró que la reforma protege a los nietos de indocumentados mexicanos que son expulsados de los Estados Unidos, para que en México no tengan que acreditar el requisito de residencia de dos años cuando se trate de descendientes de mexicanos que no tengan otra nacionalidad o que sus derechos adquiridos no sean reconocidos.

“Aquí tendrían que hacer un enorme trámite, acreditar una residencia de dos años, por lo menos para obtener la nacionalidad mexicana”, señaló.

Subrayó que es importante que el gobierno plantee litigios ante la Corte Internacional de la Haya, para exigir el pleno reconocimiento de los derechos de los descendientes de inmigrantes.

El dictamen fue enviado al Senado de la República.

Serán difundidos por Internet y medios impresos La lista de empresas que defrauden a consumidores Para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publique en Internet y en los medios de comunicación los nombres y las s a n c i o n e s a l o s p r o v e e d o r e s d e b i e n e s y s e rvicios que de manera reiterada cometan infracciones a la Ley Federal de Protección al C o n s u m i d o r, l a C á m a r a d e D i p u t a d o s a p r o b ó reformar dicho estatuto.

La reforma, avalada con 383 votos en pro, dos en contra y una abstención, adiciona un párrafo al artículo 129 para precisar que la publicación deberá consistir en un extracto de la resolución que tome la Profeco, los hechos constitutivos de la infracción, el proveedor sancionado, así como la sanción impuesta.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Alejandro Cano Ricaud (PRI) dijo que la reforma fortalece institucionalmente a la Profeco al ampliar sus herramientas para promover

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Obtendrán la nacionalidad, los descendientes directos en segundo grado de mexicanos nacidos en territorio nacional.

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y p r o t e g e r d e r e c h o s d e l c o n s u m i d o r, a l i n f o rmar sobre los proveedores que de manera reiterada violenten prerrogativas.

Consideró que servirá como incentivo para que los proveedores de bienes y servicios cumplan con la ley y no transgredan los derechos de los consumidores, pues la población podrá conocer quiénes son los que constantemente violan el marco jurídico.

En su turno, el diputado Leoncio Alfonso M o r á n S á n c h e z ( PAN ) s e ñ a l ó q u e c o n l a r e forma se da un paso importante hacia la protección de los derechos de los consumidores y se fortalecen las atribuciones de la Profeco dado que informará sobre las causas de sanción a ciertos oferentes, lo cual dará mayor garantía y certeza jurídica.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) se manifestó en contra al considerar que las resoluciones debieran ser públicas una vez emitidas y no hasta que se agoten todos los recursos.

“No hay compromiso con la publicidad y transparencia de los procedimientos, por eso yo votaré en contra porque no se privilegia el principio de máxima publicidad”, dijo.

La reforma se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Aprueban diputados Premio Nacional de Mérito Deportivo C o n 3 2 5 v o t o s a f a v o r, u n o e n c o n t r a y d o s abstenciones, la Cámara de Diputado avaló el dictamen para actualizar y transparentar los procedimientos de entrega del Premio Nacional de Deportes, y crear el Premio Nacional de Mérito Deportivo, para reconocer a las personas que hayan contribuido al fomento de esta práctica.

En el dictamen se señala que en el Consejo que otorga los Premios Nacional de Mérito Deportivo y el Nacional de Deportes estará representado el Poder Legislativo a través de los presidentes de las Comisiones de Juventud y Deporte de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Además, se añade, en el Jurado del Consejo

habrá un miembro del Comité Paralímpico y un medallista paralímpico, lo cual representa, para quienes conforman el deporte discapacitado, un amplio reconocimiento.

Con las reformas se suprime la excepción relativa a una segunda o más entregas de dicho premio en un mismo campo, dejando abierta la posibilidad de poderlo obtener en otro, con el objeto de recuperar el atractivo social del Premio Nacional de Deportes.

El presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, diputado José Francisco Javier Land e r o G u t i é r r e z ( PAN ) e x p r e s ó q u e l o s r e c o n o cimientos públicos que hace el Estado constituyen un medio fundamental para impulsar y fomentar el desarrollo y cohesión de la sociedad.

Dijo que el premio significa hacer un reconocimiento a todos los mexicanos que de manera excepcional aportan al deporte, para ello, se reestructura el contenido de la Ley del Premio Nacional de Deportes y se crea el Premio Nacional de Mérito Deportivo.

Con el primero, explicó, se premiarán a los deportistas profesionistas, no profesionales, paralímpicos, entrenadores, jueces y árbitros; con el segundo, a quienes fomentan, protegen o impulsan la práctica de los deportes, así también como aquellos que tengan una actuación y trayectoria destacada.

A p r o b a d o e n l o g e n e r a l y p a r t i c u l a r, e l d i c tamen que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, se mandó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Cambios a la Ley General del Equilibrio Ecológico La Cámara de Diputados avaló adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la P r o t e c c i ó n a l A m b i e n t e c o n l o q u e s e i n c o rporan los conceptos de daño ambiental y daño grave a los ecosistemas, así como el principio precautorio, en congruencia con la política internacional en la materia.

El concepto del principio precautorio establece que la incertidumbre acerca del nivel de los posibles riesgos a la diversidad biológica

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Avalan prohibir que en ferias y circos se utilicen mamíferos marinos Con el objetivo de prohibir que los mamíferos marinos se utilicen en espectáculos itin e r a n t e s , l a C á m a r a d e D i p u t a d o s a p r o b ó con 265 a favor, cero en contra y tres a b s t e n c i o n e s ,

r e f o r m a s a l a L e y G e n e r a l d e Vi d a S i l v e s t r e .

En el dictamen se precisa que existen empresas que utilizan delfines y lobos marinos en circos y ferias locales, que son transportad o s e n c o n t e n e d o r e s c e r r a d o s y r e c o r r e n l a rgas distancias por carretera, lo que representa la causa más alta de mortalidad para esas especies después de la captura.

Subraya que las causas de muerte son politraumatismos, infartos, úlceras de estomago y obstrucciones por objetos extraños ingeridos por los animales.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reporta como una de las fuentes más importantes de tráfico ilegal de especies, precisamente las unidades de manejo (Uma) que poseen especies fuera de su hábitat natural, como este tipo de espectáculos, agrega.

Menciona que de enero a julio, Profepa hizo 184 operativos en Uma, que manejan vida silvestre fuera de su hábitat, como circos, zoológicos, criaderos y viveros, con el aseguramiento precautorio de 14 mil 157 ejemplares de flora y fauna, cuatro mil 694 productos de vida silvestre y 66 personas remitidas al Ministerio Público por delitos contra la biodiversidad.

P o r l o a n t e r i o r, p r e c i s a , e s n e c e s a r i o prohibir la utilización de ejemplares de especies de mamíferos marinos en espectáculos itinerantes, ya que estas actividades son contrarias al trato digno y respetuoso y, a d e m á s u n a f u e n t e d e p r o b a b l e t r á f i c o d e especies.

Durante la discusión, la diputada María Araceli Vázquez Camacho (PRD) dijo que prohibir el uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos itinerantes, permite la conservación y protección de especies en categoría de riesgo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT) expresó que la reforma representa el primer paso de una legislación de fondo sobre protección de la defensa de los derechos de los animales para mejorar sus condiciones de vida.

“Sin embargo se requiere de una legislación profunda que regule el comercio, para que se haga de manera correcta y que los animales que están usados como mascotas no tengan condiciones de maltrato, vejación o crueldad”.

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o a la salud humana, no deberá ser razón para que la Secretaría correspondiente postergue la adopción de medidas de protección.

El dictamen que adiciona los artículos 3 y 15, fue avalado con 298 votos y una abstención, y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

L a d i p u t a d a A u g u s t a Va l e n t i n a D í a z d e R i v e r a H e r n á n d e z ( PAN ) d e s t a c ó q u e e s t a r e f o r ma permitirá dar claridad y certeza a la norma que enmarca legalmente a los ecosistemas y al medio ambiente del país.

Añadió que lo que se fortalece es el contenido de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la adición de conceptos claves, como el principio precautorio que permitirá la formulación y conducción de la política ambiental.

“La importancia de legislar en esa materia es salir del rezago y buscar medidas para atender los riesgos a través de medidas proactivas y precautorias del daño ambiental”, indico Díaz de Rivera Hernández.

En su turno, la diputada María Araceli Vázq u e z C a m a c h o ( P R D ) , e x p u s o q u e e s t a r e f o rma es necesaria, ya que permitirá que el trabajo del derecho ambiental sea más efectivo y presione a los distintos niveles de gobierno p a r a o r g a n i z a r y e q u i l i b r a r e l d e s a r r o l l o u rbano.

La legisladora pidió que se brinde el presupuesto necesario para afrontar la magnitud del cambio climático, ya que no sólo expone a los ecosistemas sino a la sociedad.

Por último, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez (PT), señaló que esta reforma contiene una cuestión que ya se encuentra establecida en diferentes tratados a nivel internacional, que es el principio precautorio, y el objetivo es añadir los conceptos a la legislación.

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Vidas Paralelas

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or razones distinta s pero entrelazadas de manera irremediable, Manlio Fabio Beltrones (martes) y Enrique Peña Nieto (miércoles) han ocupado los espacios informativos sin dejar oportunidad para las reflexiones de fondo. ¿La salida de uno y el camino franco para el otro son signos alentadores para el Partido Revolucionario Institucional, o son apenas puntas de hielo en la navegación de pesados bloques cuya cresta apenas adivinamos?

Mientras eso sucede, los medios dóciles a la voluntad del gobierno divulgan de la mañana a la noche las grabaciones mafiosas (cuya fecha de origen y canal de distribución nadie puede probar) en las cuales se “prueban” los dichos de Luisa María Calderón en la explicación de su derrota electoral y hasta hay quienes juzgan de justicia el despojo a Juan Manuel Márquez en L as Vegas por haberse puesto en los calzones un emblema del partido tricolor. La renun cia, declinación, proclama abstinente, tirada de toalla o como se quiera ver la carta pública del senador Manlio Fabio Beltrones, no es de nin guna manera una evidencia de unidad en el PRI, es por el contario la demostración de una divergencia profunda. Hoy ya no es nece sario ahondar en las razones de Beltrones para retirarse de un proceso. La gota fuera del vaso fue la mo dificación de un acuerdo con el cual se querían evitar actos anticipados de campaña mediante la adhesión masiva y ruidosa de las tradiciones priistas. Para evitar esas presiones del granizo calentado, se habían puesto los candados a la “cargada” y la “bufalada”. Todo lo había aceptado Humberto Moreira. Todo lo traicionó. “No tengo obsesiones personales y mucho menos abrigo conductas mezquinas (¿entonces otros son obcecados y mezquinos?). L a decisión de no participar en la contienda interna no es un sacrificio, es mi aportación para la victoria del PRI en 2012. Siempre he insistido en que la unidad es un punto de llegada, no de partida.

La unidad se construye con una idea común, con reglas claras, con transparencia, con equidad y sin exclusiones”. En estas condiciones, si la unidad es producto de la comunidad en las

Por Rafael Cardona ideas, la transparencia y la equidad sin excluidos, hablar de unidad en el PRI es un cuento de hadas. Y si no, ahí están (por otros motivos, pero también es el PRI ), la sesión de sillazos y portazos cuyo resultado fue media docena de personas hospitalizadas. Mientras tanto, anoche Enrique Peña Nieto presentó un libro en solitario. Ya nadie le hace sombra, ya nadie le advierte riesgos. No tiene ninguna conciencia crítica al frente, cuando más una legión de seguidores; apoyadores incondicionales. México, la gran esperanza. Un estado eficaz para una democracia de resultados, se llama el volumen en el cual Peña hace algunas advertencias iniciales. La primera guarda relación con los delgados límites de la propaganda electoral y la libertad de expresión personal, asunto en el cual se montaron los “moreiristas” para olvidar el compromiso contraído en una convocatoria “neutra y silenciosa”. “Este libro no es una oferta de gobierno, sino un conjunto de ideas para el futuro del país y fue elaborado en estricto apego a la legislación electoral vigente.”

Del volumen presentado anoche entre el tumulto de la Casa del Lago cuya vieja tranquilidad de club de ajedrez donde Juan José Arreola, vale la pena señalar algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se comprende en la categoría de “ideas para el futuro del país” una colección de fotografías del autor con altos personajes de la política mundial, del Papa a Lula, de Tony Blair a una campesina anónima? Pero el libro vale por cuanto a su condición de artilugio de propaganda en medio de la sequedad a la cual obligan las leyes actuales. Obviamente es un ideario y obedece a lo mismo expresado por Manlio Fabio Beltrones cuando presentó, hace un par de semanas, su obra El futuro es hoy. ¿Para qué queremos ganar? Vidas y páginas paralelas.

Dice Beltrones: “ S in reformas que faciliten el acuerdo político y garanticen que e l próximo Presidente de la República pueda impulsar cambios dirigidos a promover crecimiento económico, además de combatir de forma definitiva la inseguridad, gane quien gane la presidencia en el 2012, corre el riesgo de gobernar con una sociedad desilusionada, con miedo y que no se siente adecuadamente representada”.

El plazo en una huelga ilegal, son 24 horas naturales: SCJN

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a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que cuando la autoridad laboral resuelve que los trabajadores deben regresar a su trabajo una vez declarada la inexistencia de la huelga, el término de “24 horas” a partir de la notificación de la resolución que así la declara, debe entenderse como horas ‘naturales’ para no fomentar suspensiones indebidas de labores y para que los trabajadores no vean mermados sus ingresos y actividades laborales durante el tiempo que dure la paralización del trabajo.

De acuerdo con el artículo 932, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, el término de “24 horas” para que los trabajadores reanuden labores, corre a partir del momento en que se notifica a quien los representa la resolución sobre la inexistencia de la huelga y concluye precisamente 24 horas naturales siguientes, con independencia de que se trate de un día u hora

Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO inhábil para la fuente de trabajo, para el trabajador o para ambos, pues ello solamente conlleva como consecuencia la ineludible necesidad de que el trabajador se presente a sus labores en el primer momento hábil que conforme a sus labores le corresponda.

Lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 405/2011 entre dos tribunales colegiados de Circuito en la que estableció que el artículo 715 de la citada ley, dispone que son hábiles todos los días del año, con excepción de los sábados y domingos, los de descanso obligatorio, los festivos que señale el calendario oficial y aquéllos en que la Junta suspenda sus labores, precisándose en el diverso numeral 716 que las horas hábiles son las comprendidas entre las 7 y las 19 horas, salvo el procedimiento de huelga, en el que todos los días y horas son hábiles.

En la resolución se señaló que la huelga se considera justificada cuando sus motivos son imputables al patrón y es causa legal de suspensión, tanto

de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure, como de la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, excepto cuando los trabajadores sometan el conflicto a la decisión de la Junta, por lo que salvo que tenga por objeto apoyar una diversa, cuyo objeto sea legal, para la suspensión de los trabajos no se requiere la previa declaración de existencia de la huelga, y los trabajadores cuentan con apoyo de las autoridades laborales y civiles para hacer respetar el derecho de huelga y suspender el trabajo.

De igual forma, la Sala declaró que la huelga es legalmente inexistente si la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores que no sea la mayoría o bien que no tenga por objeto alguno de los que la propia legislación determina como lícitos, estableciendo la indicada ley algunos casos de excepción en los que los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando sus servicios.

Protección de Ley a personas por tratamientos científicos ML

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a Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley General de Salud para que las instituciones del ramo proporcionen atención médica a las personas que sufran algún daño por estudios de investigación científica, sin perjuicio de la indemnización que legalmente les corresponda.

En la reforma a la fracción VII del artículo 100, aprobada con 346 votos a favor, cero en contra y una abstención, se señala que es importante que la ley establezca la base para el desarrollo de la investigación en seres humanos, pero también la responsabilidad de la institución para proporcionar atención médica al sujeto que sufra algún daño.

En el dictamen se señala que el progreso de la medicina se basa íntegramente en la investigación científica, la cual recurre en muchas ocasiones a su desarrollo en seres humanos. Por ello, es preciso establecer la importancia de asegurar los derechos de las personas sujetas a investigaciones diversas. el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (PRD) señaló que los procedimientos, dispositivos médicos, intervenciones y medicamentos que son utilizados por los humanos, tienen que pasar por un proceso de investigación que comienza probablemente en el laboratorio.

Después, agregó, sigue el experimento en animales y al final en humanos voluntarios o en personas que en el protocolo de su atención aceptan que el método, el medicamento, la actividad o el dispositivo, le sea aplicado.

Hizo notar que en todos los países desarrollados, el que está realizando la investigación y la que lo financia y patrocina adopta las responsabilidades si existieran circunstancias secundarias en perjuicio de la salud de las personas.

En México, añadió, esta circunstancia estaba en el rango de un reglamento; no a nivel de ley, de tal manera que una persona que tuviera derechohabiencia de alguna institución de seguridad social y que

Patricia Arnaud-Rojo/ MUNDO LEGISLATIVO

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haya participado de algún protocolo, estaba en la posibilidad de que si había consecuencias no fueran cubiertas.

Por ello, dijo, en la reforma se contempla que las personas queden protegidas y sujetas a un amparo, ya que es una actitud muy noble el que se presten a resolver su problema y dar futuro a la investigación.

Por su parte, el diputado Eduardo Robles Medina (PAN) subrayó que con la modificación se garantiza que los sujetos de investigación que sufran algún perjuicio tengan derecho a tratamiento médico gratuito.

Y se mostró a favor “porque estamos ciertos que una de las finalidades del derecho a la protección de la salud es el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud”.

La reforma fue enviada al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Los expediente reservados

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a muerte del secretario de Gobernación, F r a n c i s c o Blake Mora -ocurrida el pasado viernes once del mes once del año dos mil once-, al caer su helicóptero en una región fronteriza entre el Estado de México y el Distrito Federal, es la segunda de un secretario de Gobernación y la tercera de un secretario federal por un accidente aéreo en los últimos siete años. En ese periodo han ocurrido al menos otros tres accidentes, en los que han fallecido políticos mexicanos federales o estatales.

La versión oficial ha sido en los casos de los secretarios de Estado, la de accidentes. Y ha sido tomada como la verdad y así ha sido difundida. Sin embargo, llama la atención que los expedientes hayan sido reservados por al menos 12 años, para que nadie pued a i n v e s t i g a r. E n e l c a s o

Jacinto Noe Arcadio/ MUNDO LEGISLATIVO de Mouriño, fue el entonces embajador de Estados U n i d o s To n y G a r z a , q u i e n “confirmó” –antes que ninguna autoridad mexicana y sin mostrar documentos que lo avalaran, la muerte por accidente.

Llama la atención que antes de los ocho días en que murió Blake Mora, el presidente Calderón ya estaba bromeando y riendo en medio del luto que cabría esperar por la fatalidad del evento. En una ceremonia en Los Pinos, Gabriel Ramírez, el director de Fonacot había llegado tarde, y el presidente señalaría que ese sería su último evento, en medio del chacoteo con los asistentes. Luego dijo que era una broma, y todos lo festejaban en medio de risas sonoras.

Juan Camilo Mouriño

El primer encargado de la política interior del presidente Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, murió

el 4 de noviembre de 2008, cuando volvía a la Ciudad de México después de una gira por el central estado de San Luis Potosí. El avión Learjet 45 matrícula XC-VMC en que viajaba Mouriño -considerado el amigo más cercano de Calderón- se estrelló en una zona densamente poblada del poniente de la Ciudad de México. Mouriño era considerado un potencial candidato del gobernante Partido A c c i ó n N a c i o n a l ( PAN ) p a r a intentar retener la presidencia en la elección presidencial de 2012, pero también quien favorecía a empresas españolas por encima de las estadounidenses.

Vi a j a b a a c o m p a ñ a d o d e l zar antidroga, José Luis Santiago Va s c o n c e l o s , quien había sido señalado en múltiples ocasiones por abusar de su puesto.

Ramón Martín Huerta

El secretario de Seguridad Pública federal durante l a p r e s i d e n c i a d e Vi c e n t e

Fox, Ramón Martín Huerta, falleció el 21 de septiembre de 2005 al precipitarse el helicóptero en que viajaba.

El helicóptero tipo Bell 412-EP matrícula XC-PFI se estrelló en una zona montañosa en el municipio de Xonacantán, en el Estado de México y ubicado al poniente de la Ciudad de México.

Martín Huerta, cercano al presidente Fox, regresaba de abanderar a los nuevos custodios del penal de máxima seguridad de La Palma, antes Almoloya.

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El entonces subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR) murió en 2008 en el mismo accidente que Juan Camilo Mouriño, a quien acompañaba en un vuelo de regreso a la capital mexicana, procedente de una gira de trabajo en San Luis Potosí.

En el incidente también fallecieron otros funcionarios de la Segob: el secretario de comunicación, Miguel Monterrubio, el coordinador de eventos y administración, Acradio Echeverría, la directora de información, Norma Angélica Díaz, y los tres tripulantes de la nave.

Gustavo Alberto Vázquez

El exgobernador de Colima, el priista Gustavo Alberto Vázquez Montes y seis personas más, murieron al caer el jet en el que viajaban el 25 de febrero del 2005.

L a a e r o n a v e , u n We s t w i n d 11 2 4 p r o p i e d a d d e l g o b i e rno del estado, se desplomó en el poblado de Tzitzio, en el occidental estado de Michoacán, mientras cubría la r u t a To l u c a - C o l i m a .

La Procuraduría General

de la República, dictaminó que la caída de la aeronave de debió a “una falla en el sistema de estabilización horizontal”.

Vázquez Montes falleció apenas un año después de asumir la gubernatura de Colima, el uno de enero del 2004 y debería concluir su período en 2009.

Tras la muerte del ejecutivo estatal, el congreso del Estado, nombró como gobernador interino a Arnoldo Ochoa González, mientras convocaron de nueva cuenta a elección, resultado ganad o r, e l t a m b i é n p r i i s t a S i l verio Cavazos.

Guillermo Zavaleta Rojas y Juan Huerta Montero

Dos diputados federales murieron en septiembre de 2010 al desplomarse su avioneta en las inmediaciones del turístico puerto de Huatulco, en las costas del Pacífico del sureño estado de Guerrero.

Guillermo Zavaleta, diputado por Oaxaca, y Juan Huerta, por Guanajuato, murieron junto con otros funcionarios

del gobierno de Oaxaca. Seis personas fallecieron en un siniestro, que se manejaba como homicidio en la investigación.

Equipo de campaña de Roberto Borge

Los miembros del equipo de campaña del ahora gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, murieron al estrellarse la avioneta en que viajaban, en las vísperas de las elecciones a la gubernatura del estado el 14 de junio de 2010.

La aeronave se desplomó en la selva del municipio de Felipe Carillo Puerto, en el estado ubicado en el sureste de México. Los restos de la nave se encontraron a unos cinco kilómetros de la carretera que conecta la Riviera Maya con Chetumal, la capital del estado.

Entre los fallecidos se identificaron Fernando Marchan, jefe de seguridad, y los asistentes Oscar Esquivel, Jesús Garmendia, Mauri Magaña, Daniel Pacheco y Katy Rodríguez.

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José Luis Santiago Vasconcelos

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Mayores de setenta años del medio rural recibirán pensión vitalicia Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

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No existe una política de Estado en materia de seguridad social para los campesinos y las familias rurales, para otorgar pensiones y jubilaciones por cesantía. Se pondrá en marcha, si lo avala el Senado

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a Cámara de D i p u t a d o s aprobó un dictamen que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, a fin de que las personas de más de 70 años, residentes en poblaciones del medio rural menores a los dos mil 500 habitantes, reciban una pensión vitalicia.

En el documento avalad o p o r 3 8 2 v o t o s a f a v o r, cero en contra y una abstención se precisa que el Consejo Nacional de Población ( C ONA P O ) e s t i m a q u e d e b i do al aumento de la esperanza de vida en las zonas rurales, la población de adultos mayores de 70 años de edad será para el 2030 de tres millones 594 mil personas, con una baja expectativa de su calidad de vida, derivado de la exclusión social, discrim i n a c i ó n y r e c h a z o f a m i l i a r.

Destaca que 20 millones de personas del agro no tienen acceso a la seguridad social y sólo dos de cada 100 pesos que entran como cuotas al Instituto Mexicano del S e g u r o S o c i a l ( I M SS ) p r o v i e n e n d e e s e s e c t o r. S o n d a tos que comprueban que si el medio rural en general está desprotegido, el segmento de población mayor a los 70

años vive un auténtico abandono.

El dictamen de la Comisión de Desarrollo Social detalla que no existe una política de Estado en materia de seguridad social para los campesinos y las familias rurales, para otorgar pensiones y jubilaciones por cesantía.

En tribuna, la diputada Narcedalia Ramírez Pineda (PRI), integrante de la Comisión de Desarrollo Social, expuso que no habrá justicia plena para este sector mientras persistan las deficiencias. “Los apoyos a los adultos mayores no pueden minimizarse y los programas que los favorezcan no deben menospreciarse, ni disminuir sus presupuestos”.

La legisladora explicó que el propósito de la ley es ordenar la acción gubernamental en sus tres niveles, a favor de los adultos mayores del campo. “Su pretensión es que los apoyos que hoy se ofrecen a este sector no se queden en el marco de simples programas asistenciales, sino que se articulen y complementen para que se conviertan en una consistente política de Estado”.

El dictamen, agregó, propone proteger a todos los

mayores de 70 años, pero en primer término a los que viven en comunidades rurales de dos mil 500 habitantes o menos, eliminando con ello los errores de exclusión en los cuales han incurrido los programas vigentes.

“Se busca asegurar beneficios que actualmente están incluidos en los programas asistenciales del Gobierno Federal y de los estados del país, asegurándoles un estatus legal; una pensión vitalicia a los adultos mayores de 70 años”, acotó.

Ramírez Pineda aseveró que también se implementará un seguro de vida que se traduzca en una transferencia en efectivo, por única vez, al momento del deceso, en beneficio de su cónyuge o sus descendientes; y un pago de marcha, también en efectivo, a la ocurrencia del fallecimiento del beneficiario, para cubrir los gastos funerarios”.

Al hablar en pro del dictamen, el diputado Carlos Flores Rico (PRI) afirmó que se trata de una ley muy importante, porque otorgará bienestar “a un sector de la población que históricamente ha sufrido de marginación y discriminación”.

S e envió al S enado para sus efectos constitucionales.

Reformas para fomentar el turismo de salud den obtener los servicios, que en ocasiones los ahorros pueden variar entre 30 por ciento al 70 p or ciento. Asimismo, la atención oportuna de alguna situación en particular, ya que hay países en donde los servicios médicos están saturados, las listas de espera son de 6 hasta 2 4 meses.

De acuerdo al Centro de Estudios Superiores de Turismo, a nivel mundial más de 40 millones de personas salen de su país en busca de servicios médicos y para 2012 se espera que 1.6 millones de estadounidenses vayan a otra nación a realizarse algún tratamiento, se detalla.

Esta actividad tiene un potencial vasto, que podría generar una derrama económica y de empleos, mucho mayor a lo que se tiene en la actualidad, considerando que los costos de los procedimientos tanto médicos como quirúrgicos en México son mucho más económicos que en Estados Unidos.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Miguel Mart í n e z P e ñ a l o z a ( PAN ) e n f a t i zó que en México el turismo representa el nueve por ciento del Producto Interno Bruto y crea alrededor de siete millones y medio de empleos directos e indirectos. Por ello, d i j o , l a r e f o r m a t r a e r á e n o rm e s b e n e f i c i o s a l p a í s p o rque se tendrá la posibilidad de competir con países como Cuba, Costa Rica y Brasil.

El diputado Miguel Ant o n i o O s u n a M i l l á n ( PAN ) señaló que los costos de los

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procedimientos médico-quirúrgicos en México son solamente una fracción del que tienen en Europa y Estados Unidos. Subrayó que “tan sólo en el país vecino existe un potencial de cerca de 6 millones de personas que estarían en condiciones de buscar servicios a un mejor costo en México”.

La diputada Lizbeth García Coronado (PRD) dijo que México tendrá grandes beneficios económicos al impulsar y reglamentar el turismo de salud, ya que es una fuente adicional de recursos y de divisas.

Se rechazó la reserva del diputado Eduardo Robles Med i n a ( PAN ) a f i n d e m o d i f i c a r el artículo 19 Bis 1, para establecer que la prestación de servicios de atención médica relacionados con el turismo de la salud se sujetará a lo previsto en la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables, así como lo que determina la Secretaría de Salud. Fue aprobado el artículo en términos del dictamen, con 322 votos en pro, 10 en contra y una abstención.

La reforma se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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a Cámara de Diputada aprobó con 318 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones reformas a la L ey General de Turismo, para que las Secretarías del ramo, la de Salud, de Hacienda y Crédito Público y la de E conomía, fomenten políticas públicas para la promoción y desarrollo del turismo de salud.

Sin embargo, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) comentó que l a reforma en el artículo 19 Bis 1 delega a las autoridades administrativas la expedición de normas, lineamientos y disposiciones en materia de Turismo de la Salud, y se tiene “un problema jurídico porque la Constitución establece que la salud es una materia reservada a la ley”.

En el dictamen se señala el turismo de salud es la actividad generada por las personas que viajan para recibir servicios, tratamientos o intervenciones, ya sea de tipo preventivo, curativo, de cuidados paliativos o rehabilitación.

Se detalla que el turismo de salud aporta beneficios como la capacidad de los médicos y los estándares del cuidado en muchos países. Esto, añade, aunado con el alto costo de los cuidados y servicios médicos en otros países, ha resultado en que más gente busque este turismo.

En el documento se explica que el principal aporte para los usuarios del turismo de salud es el menor costo al que pue-

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Cambios para perfeccionar el tipo penal de robo al transporte ferroviario

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on el objetivo de perfeccionar el tipo penal de robo en contra del transporte ferroviario, así como los bienes, valores y mercancías que son transportados a través de éste, estableciendo una sanción de hasta de 15 años de prisión, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal El documento avalado con 343 votos en pro, cero en contra y una abstención, tiene el objetivo de proteger la prestación del servicio ferroviario federal, así como el patrimonio de las empresas concesionarias y los particulares que lo usan.

Establece que la conducta de apoderamiento se relaciona no sólo sobre las partes integrantes de las vías o equipo ferroviario, sino sobre el equipaje, equipo, mercancías o cualesquiera otros bienes que se transporten por este medio.

En el dictamen se indica que se busca evitar la impunidad en el robo sobre bienes transportados en el sistema ferroviario, a falta de especificación en el objeto material sobre el cual recae la conducta de apoderamiento.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) señaló que el transporte ferroviario tiene una importancia de gran trascendencia para el desarrollo del país, pero solamente 20 robos a vía férrea se denuncian al día y las empresas de ferrocarril pagan 19 millones de pesos anualmente para la protección de las mercancías que se desplazan.

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Refirió que en materia de robo a ferrocarril, el Código Penal, en el artículo 381, determina que el objeto de apoderamiento se castigará con penas hasta de 15 años de prisión cuando suceda en vías o equipo ferroviario, pero como se encuentra redactado la aplicación de dicho dispositivo ha sido objeto de interpretaciones que no tutelan de manera efectiva los bienes, las mercancías, los valores o incluso las personas que laboran en este tipo de actividad en el desplazamiento de estos bienes y valores.

Se advierte la necesidad de tipificar de manera certera y adecuada el artículo 381 en su fracción XVII, a fin de determinar claramente el objeto material del autor del delito de robo y proteger de manera efectiva los bienes y valores que están necesitados de protección.

Con la reforma, afirmó, se establece que cuando el objeto de apoderamiento en lo sucesivo sean las vías, sus partes, equipo ferroviario, los bienes, valores, mercancías que se transporten por este medio, serán motivo de sanción hasta con 15 años de prisión.

El diputado Pedro Vázquez González (PT) expresó que se da

certeza jurídica a los jueces federales en sus resoluciones, ya que define de manera más precisa el tipo penal y se evita la impunidad en la que se ha caído respecto del robo sobre bienes transportados por el sistema ferroviario, por la falta de especificación en el objeto material sobre el cual recae la conducta de apoderamiento.

A su vez, el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez (PAN) expresó que este medio de transporte se ha visto afectado por la delincuencia organizada, por lo que debe ser motivo de preocupación la creación de leyes y disposiciones que velen por el bien común de los mexicanos, así como procurar que este transporte siga siendo eficaz.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (PRI) indicó que en las vías del ferrocarril se roban 700 toneladas de maíz al mes; y 95 millones de pesos son las pérdidas económicas reportadas de enero a septiembre.

Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Ofrecen en el DF, protección a periodistas de provincia Refirió que los casos más preocupantes de violencia contra periodistas provienen del interior de la República y en los últimos siete meses la casa ha atendido 39 intervenciones protectoras y 27 casos, de los cuales solamente 5 son de altísimo riesgo y los agresores, en su mayor parte, provienen de las fuerzas de seguridad y del servicio público.

Puntualizó que de los cinco casos más graves uno procede de Veracruz, donde se presume está el gobierno del estado involucrado, pero también la delincuencia organizada; otro en Michoacán con un asunto de política; Quintana Roo, con nueve periodistas donde el acoso directo es de representantes del gobierno del estado y San Luis Potosí.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (PAN) señaló que el mayor riesgo para los periodistas son los gobiernos de los estados, “ya que es ahí donde se hace sentir el rigor de manera permanente”.

Existen dos Méxicos: el del Distrito Federal y el de los estados, “son dos realidades radicalmente distintas; el D.F actualmente es el más seguro del país”.

Por su parte, el diputado Agustín Guerrero Castillo (PRD) dijo que los casos más graves de agresiones contra periodistas se dan en el interior de la República, por lo que actualmente el Distrito Federal es el menos riesgoso para la población.

“Si bien parte de las agresiones a los trabajadores de los medios de comunicación vienen de la escalada del crimen, no han dejado de ser una variable dominante las agresiones por parte de las instituciones de los gobiernos estatales o municipales”, enfatizó.

En este sentido, dijo que los legisladores buscarán aprobar un proyecto de dictamen para federalizar las agresiones contra periodistas.

Asimismo impulsarán acciones para elevar el nivel de protección en la seguridad de las personas y del patrimonio de los trabajadores de los medios de comunicación.

A su vez, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) subrayó que para que las necesidades presupuestales de la citada asociación sean tomadas en cuenta por la Cámara, es necesario que se presente un desglose por capítulo o concepto de gasto y presentarlo en la Comisión de Presupuesto.

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a presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Yolanda Valencia Vales (PAN) afirmó que es primordial garantizar la prevención y la protección de la labor periodística en el país, ante los índices de violencia que se han presentado contra este sector.

Durante una reunión con el coordinador de protección de la Casa de los Derechos de Periodistas, Rogelio Hernández López, señaló que los legisladores buscarán que para el próximo ejercicio fiscal se destinen 12 millones de pesos que requiere esta asociación para seguir apoyando a los comunicadores en situación de riesgo o vulnerabilidad.

El coordinador de Protección de la casa de los Derechos de Periodistas, Rogelio Hernández López, refirió que el asesinato a personas vinculadas al ejercicio del periodismo se aceleró desde el año 2000, pero el peor ciclo es de 2006 a 2011, con una cifra de entre 53 y 56 asesinatos.

Agregó que en este periodo se registraron de 10 a 13 desapariciones, de 22 a 26 atentados a medios de comunicación, “una irrupción en la línea editorial, agravios irrefrenables y una impunidad casi total”.

Subrayó que el 2009 es el año con el mayor número de agravios a periodistas con 244, y “es a partir de esa fecha que comenzó a bajar el registro de agraviados porque decenas de ellos se resisten a denunciar”.

Mencionó que la violencia atribuible a la delincuencia organizada propició que otros actores aprovecharan el clima y la impunidad para agredir a periodistas y medios.

Resaltó la necesidad presupuestal para una operación eficiente de la Casa es de 12 millones de pesos, para la remodelación y equipamiento de las instalaciones, operación de áreas estratégicas, partiendo de que 4 millones serían para la remodelación.

Añadió que hasta el mes de octubre habían pasado 32 periodistas por la asociación buscando protección, asilo o refugio para resguardarse de los riesgos y amenazas que tienen en sus estados, los cuales no necesariamente son donde se concentran los mayores índices de inseguridad.

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La nueva reforma al Amparo y los Derechos Humanos SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ*/ MUNDO LEGISLATIVO

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n el Diario Oficial de la Federación del pasado seis de junio, se publicó el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Y, cuatro días después se publicó uno diverso por el cual se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y se reformaron distintos artículos de la Constitución Federal que, no podemos dejar de considerar en esta plática, dada la gran relevancia que también tienen, como más adelante veremos.

En mi opinión, desde la creación del juicio de amparo, no ha habido reforma constitucional más importante respecto de este medio de control constitucional, que la efectuada en el mes de junio, toda vez que toca aspectos sustanciales del amparo, modernizándolo para dejar atrás ciertos principios o reglas que lo hacían sumamente restrictivo, dificultando su accesibilidad, limitando sus efectos y, en consecuencia su ámbito de protección.

Ahora, en cuanto a la reforma en materia de derechos humanos, en principio debemos señalar que, de las más de treinta propuestas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, se desprenden como objetivos en común: la preocupación de dotar al Estado mexicano de una vocación verdaderamente democrática y protectora de todos los ciudadanos; y el efectivo cumplimiento de los diferentes compromisos internacionales que nuestro país ha adquirido, tras la firma y ratificación de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Si bien, en los últimos años México había dado pasos importantes a fin de salvaguardar estos derechos, como la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a nivel federal en mil novecientos noventa, y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en dos mil uno, faltaba mucho por hacer.

En esa medida, estas iniciativas de ley bus-

caban afianzar y modernizar el marco jurídico nacional, en el entendido de que los derechos humanos están por encima del Estado y de sus legisladores, al ser inherentes a la naturaleza de todas las personas.

De igual manera, respondían a las diversas recomendaciones emitidas por organismos internacionales al Estado mexicano, así como a las múltiples investigaciones realizadas tanto por organizaciones gubernamentales como académicas.

Se buscaba, también, además de reconocer los derechos humanos como universales, inculcarlos como parte de la filosofía educativa del país, aplicarlos en el sistema penitenciario, incluirlos en el juicio de amparo, así como la aplicación de sanciones a los servidores públicos que los violasen o dejaran de observarlos en el ejercicio de sus funciones.

Para comprender la importancia de estas reformas constitucionales, hoy hablaré en primer lugar de la realizada en materia de amparo, en concreto a los artículos 103 y 107.

Posteriormente, aún cuando la reforma en derechos humanos abarca diversos artículos como son el 1°, 3°, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105, me avocaré en el cambio de la denominación del Título Primero, Capítulo I de nuestra Constitución, así como la modificación al artículo 1° Constitucional.

Después haré referencia al asunto Varios 912/2010, resuelto por el Tribunal Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado mes de julio, toda vez que, es el primer caso en el que se tiene una aplicación contundente de la citada reforma constitucional al artículo 1°; para, finalmente, concluir con el papel que tenemos los jueces dentro del nuevo canon constitucional.

REFORMA EN MATERIA DE AMPARO: Como consecuencia de la reforma constitucional en materia de amparo, los artículos 103 y 107

A) AMPLIACIÓN DEL OBJETO DE PROTECCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO: De la reforma al artículo 103, en su fracción I, se observa que los Tribunales de la Federación podrán conocer de una controversia que se suscite no sólo por normas o actos; sino también, por omisiones, las cuales constituyen el medio principal de violación de los derechos colectivos.

De igual manera, el ámbito de protección del juicio de amparo, además de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal, ahora abarca también a aquellos derechos humanos reconocidos en los convenios internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. En este entendido, los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional nacional constituyen un referente de validez de toda norma en el ordenamiento mexicano.

B) REFORMA DEL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL: Adquiere suma importancia la ampliación del interés que se debe tener para promover un juicio de amparo, siendo ahora necesario solamente tener un interés legítimo, ya sea individual o colectivo, es decir, la afectación que sufra una persona o un grupo de personas, ya no es exclusivamente jurídica en sentido estricto; exigiéndose la existencia de un agravio personal y directo únicamente tratándose de amparos directos.

De mayor relevancia aún, resulta que esta reforma, deja atrás la tan conocida “Formula Otero”, y extiende los efectos del juicio de amparo a todas las personas, aunque no hayan sido parte en el litigio, cuando la norma de la cual derive sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por segunda ocasión consecutiva, salvo en materia tributaria.

Debemos ser conscientes que este cambio impone una mayor responsabilidad, en tanto que el Poder Judicial de la Federación será el encargado de determinar esta inconstitucionalidad. ¿Qué implicaciones tiene? Si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hacía una declaración de inconstitucionalidad con efectos generales, en los asuntos de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad, lo cierto es que estos juicios sólo pueden ser promovidos por determinados sujetos, por lo que, las reformas al juicio de amparo resultan en un verdadero acceso para todas las personas. Dado que la protección constitucional a los derechos humanos, derivará

de las declaratorias que emita el Pleno del Máximo Tribunal, ya no de la capacidad que puedan tener los individuos para acceder a un litigio.

Finalmente, en materia de suspensión se incorpora con rango constitucional, la figura de la apariencia del buen derecho, que ya había sido utilizada desde hace años por el Poder Judicial Federal. Así, los jueces deben hacer un análisis previo de constitucionalidad de los actos de autoridad para ponderarlo frente al interés del orden público y determinar si procede o no la suspensión, para así proteger de una manera más eficaz los derechos humanos.

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REFORMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS: Como ya he señalado, a través de la reforma constitucional publicada el 10 de junio, se modificó la denominación del Título Primero, Capítulo 1, y el contenido del artículo 1° Constitucional, cuyo texto reza ahora: TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO 1 DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS Artículo. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

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constitucionales, tienen modificaciones muy importantes:

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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Así, de esta reforma, podemos destacar varios temas relevantes:

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A) EN PRINCIPIO SEÑALO LA MODIFICACIÓN TERMINOLÓGICA DE “DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES” POR “DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS”.

Al respecto, observamos una adecuación del término “garantías individuales” a aquél comúnmente utilizado en diferentes instrumentos internacionales, ratificados por nuestro país. Lo que, además, permite la distinción entre “derechos humanos” y los medios de protección por los cuales los primeros se hacen exigibles, “garantías constitucionales”. Lo que, indudablemente termina con la arraigada confusión dentro del sistema mexicano respecto de dichos términos.

B) REFERENTE A LA REFORMA AL ARTÍCULO 1° CONSTITUCIONAL DESTACAN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 1. El cambio de los términos “individuos” por “personas”; y “otorgar” por “reconocer”.

Atendiendo a la modificación del concepto de “individuo” por el de “personas” la Constitución ahora incluye en su ámbito de protección los derechos de grupo, extendiendo así la protección otorgada hacia la persona física como ente individual para buscar una protección a los derechos económicos, sociales, culturales, o de minorías.

En relación con el cambio de verbos: “otorgar” por “reconocer”, sin duda es más congruente con la naturaleza de los derechos humanos, los cuales son inherentes a todas las personas por el simple hecho de serlo, y no porque la Constitución se los “otorgara”.

2. Adición de los párrafos segundo y tercero.

A través de esta adición, se hace un reconocimiento tanto de los derechos humanos como de sus garantías, consagrados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales; además se incorpora que la interpretación que de estas normas se haga, debe ser bajo el principio propersonae.

En esa medida, todas las autoridades deben respetar y proteger los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución pero además también aquellos reconocidos en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, y en el caso de que se esté frente a dos normas aplicables en materia de derechos humanos, deberá optarse por aquella que otorgue a la persona una mayor protección, fundamentado el por qué dicha norma protege y/o garantiza mejor los derechos humanos (con independencia del orden establecido en el artículo 133).

3. Introducción de diversas obligaciones que tienen todas las autoridades en torno a los derechos humanos de conformidad con distintos principios.

Con esta reforma se deja en claro que el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos no corresponde solamente a los Poderes de la Unión, sino a todas las autoridades que conforman el Estado mexicano.

Sobre este punto, considero de suma importancia hacer una pausa para precisar qué implican estas obligaciones tratándose del Poder Judicial.

Promover implicará el impulso de una cultura jurídica que manifieste el respeto a los derechos humanos; respetar debe entenderse como la abstención de emitir resoluciones que priven a las personas de sus derechos; proteger los derechos humanos implica que las sentencias judiciales, así como las interpretaciones que en ellas se realicen sean acorde a ellos; finalmente, garantizar se refiere a que los miembros del Poder Judicial, deben propiciar que todas las personas, sin distinción alguna, tengan acceso a una justicia pronta, completa e imparcial basada en los derechos humanos, así como velar por la efectiva reparación del daño a las víctimas.

Estimo, que estas directrices deben guiar también la labor de todos los tribunales judiciales y administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Ahora, en cuanto a los principios que deben regir las actuaciones de las autoridades, siguiendo a la doctrina podemos decir que: universalidad se refiere a que los derechos humanos son aplicables a todas las personas, en todo tiempo y lugar, por lo que resulta impensable su desconocimiento o una aplicación parcial; se habla también del principio de interdependencia, conforme al cual todos los derechos humanos se encuentran relacionados, por tanto la violación de uno implica un riesgo latente para todos los demás; por lo que toca al principio de indivisibilidad, el mismo explica que entre los derechos humanos no existe jerarquía, entendiendo que para su guarda y protección no puede prevalecer ninguno sobre

4.

Inclusión de la “preferencia sexual” como motivo de no discriminación.

Queda incluida, ya de manera expresa, en el catálogo de prohibiciones de discriminación, la preferencia sexual. Por tanto, la misma no puede ser tomada en cuenta a fin de dar un trato diferenciado o la restricción o negación de un derecho, lo cu al ya se había adelantado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo direc to civil 6/2008 relacionado con los derechos humanos de las personas transexuales, y la acción de inconstitucionalidad 2/2010 sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo y la adopción por parte de estas uniones, asuntos en los que actué como Ministro Ponente.

EFECTOS DE LA SENTENCIA: Ahora bien, como ya les comentaba, me parece necesario aludir a las decisiones tomadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente Varios 912/2010, en el cual se examinaron los efectos de la sentencia emitida el veintitrés de noviembre de dos mil nueve por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso número 12.511, Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, en el cual el Estado Mexicano fue condenado.

La Suprema Corte estableció cuáles eran las obligaciones del Poder Judicial como parte integrante del Estado mexicano, derivadas del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Aludiré sólo a las decisiones que estimo importantes para nuestro tema: El Tribunal Pleno resolvió que la Suprema Corte de Justicia no puede revisar las excepciones hechas valer por el Estado mexicano en un procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos toda vez que todos estos ar-

gumentos son cosa juzgada y corresponde exclusivamente al órgano internacional jurisdiccional su revisión, por lo que la Suprema Corte debe limitarse al cumplimiento de la sentencia en su parte correspondiente.

De igual manera, el Pleno determinó que las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que el Estado mexicano sea parte, son obligatorias para el Poder Judicial de la Federación, en todos sus términos.

Y sus criterios interpretativos, solamente serán orientadores, en aquello que sea más favorecedor a la persona de conformidad con el artículo 1° Constitucional, sin prejuzgar sobre la posibilidad de que los criterios internos sean los que garanticen de mejor manera la protección a los derechos humanos.

Sobre este aspecto, debo aclarar que, tal como lo sostuve en las sesiones públicas en que se discutió este tema, no comparto el criterio sostenido por la mayoría del Pleno, toda vez que a mi juicio, de conformidad con la citada reforma al artículo 1° Constitucional, tratándose de derechos humanos, se obliga a los jue ces a realizar una interpretación que tome en cuenta tanto la Constitución como los tratados internacionales, lo cual a mi parecer desde luego incluye los criterios de interpretación que al respecto emitan los órganos jurisdiccionales internacionales que tengan dicha atribución de conformidad con los mismos ordenamientos.

Por tanto, en mi opinión, los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el Pacto de San José, tanto en ejercicio de su función consultiva como contenciosa, deben guiar la función del Poder Judicial Federal.

Por otra parte, la Corte mexicana resolvió que el Poder Judicial de la Federación debía ejercer un control de convencionalidad ex officio, entre las normas internas y todos los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. De igual manera, se resolvió que este control de convencionalidad debe ejercerse por todos los jueces mexicanos.

Esto último, en el entendido de que solamente los jueces federales, al conocer de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo, están facultados para hacer una declaratoria de invalidez de las normas que contravengan el bloque de convencionalidad.

Mientras que, los demás jueces solamente podrán desaplicar estas normas y el resto de las autoridades deben interpretar las normas referentes a derechos humanos, de la manera más extensiva, pero sin capacidad alguna de declarar la invali-

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los otros; por último, en mérito del principio de progresividad, los derechos humanos que han alcanzado tal categoría no podrán dejar de serlo, aunado a la búsqueda para que más prerrogativas alcancen el citado estándar.

Bajo todos estos parámetros se señala en el artículo 1° Constitucional, como obligación, que el Estado mexicano debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas en contra de los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Lo que, como hemos señalado, comprende, los derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales.

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dez de una norma o de desaplicarla en un caso concreto.

Finalmente, se establecieron las medidas administrativas que el Poder Judicial de la Federación debe implementar, derivado de la sentencia dictada en el caso Radilla, tales como capacitación en materia de derechos humanos y del sistema interamericano de protección de los mismos y la creación de un programa de formación sobre el debido juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas.

Medidas que ya empezaron a ponerse en práctica con la impartición del “Seminario Introductorio: sobre las Reformas Constitucionales en Materia de Amparo y Derechos Humanos e Implicaciones para el Trabajo Jurisdiccional”, los pasados veintitrés y veinticuatro de septiembre, en el edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto de la Judicatura Federal y diferentes Casas de Cultura Jurídica.

Considero que estas determinaciones dan un cierre perfecto a las citadas reformas, al admitir el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad en México, pues, es innegable que ello amplía el ámbito de protección de los derechos humanos.

EL PAPEL DEL PODER JUDICIAL FEDERAL La relación entre el Poder Judicial Federal y los jueces locales, debe darse bajo los principios de independencia, ética y respeto mutuo. Es tarea de todos los jueces prepararnos, para resolver de la mejor manera, los problemas que se nos presentan a fin de servir a la ciudadanía, toda vez que el futuro del amparo está en la interpretación congruente que hagamos en cada caso.

Así, tras las nuevas reformas nuestro papel de jueces ya no implica la simple aplicación de la ley, sino el deber de velar por el respeto a los derechos de todas las personas; sin embargo, esto no podemos hacerlo suplantando las funciones del legislador o del Poder Constituyente. El sistema difuso o descentralizado de control de constitucionalidad, si bien, da el poder-deber a los jueces ordinarios de inaplicar aquellas leyes que estimen contrarias a la Constitución en casos concretos, en virtud del principio pro-personae, esto debe hacerse conforme a las atribuciones que originalmente nos fueron dadas como impartidores de justicia.

Sé que al respecto la principal preocupación y centro de discusión se da con motivo de la discrecionalidad de las autoridades y el principio de legalidad. Sin embargo, debemos entender que el

citado principio no implica que las autoridades se desapeguen de las normas, so pretexto de respetar el derecho de un ciudadano, sino un actuar fundado y motivado, siempre dentro del ámbito de sus atribuciones respectivas.

Estoy consciente, que esta tarea en principio puede parecer intimidante, la realidad hizo cambiar nuestro esquema de resolución de conflictos y adecuarnos a un nuevo sistema. Como ha apuntado Gustavo Zagrebelsky en uno de sus textos, los jueces debemos tomar una actitud de modestia respecto de las experiencias de otros, en relación a nuestros mismos problemas. No creer que estamos solos en nuestro camino como jueces y presumir que somos los mejo res. Debemos tomar una posición de prudencia para aprender de los éxitos y los errores de los demás. Bajo este presupuesto, la jurispruden cia supranacional no implica la degradación de nuestro sistema jurídico sino un complemento en beneficio de los derechos humanos.

En este entendido, sabemos que la puesta en práctica de estas reformas conllevan un periodo de ajustes, más aún porque se irán consolidando sobre la marcha, a través de las resoluciones que se vayan dictando y los criterios de jurisprudencia que surjan, respecto de figuras novedosas como el interés legítimo tratándose del juicio de amparo. Sin embargo, estoy seguro que esto se dará solo por un breve periodo.

De acuerdo a todo lo que he señalado, podemos afirmar que el Poder Judicial Federal ya tuvo con motivo del citado expediente Varios 912/2010, y tendrá, un papel fundamental derivado de estas reformas constitucionales, que son resultado de una materialización de la búsqueda para lograr una auténtica democratización y acceso universal a la justicia en nuestro país. Pero para ello, los jueces tenemos la importante encomienda de aplicarlas bajo los principios en materia de derechos humanos, y cumpliendo con las obligaciones que como autoridades tenemos.

De igual manera me enorgullece mucho, ser parte del inicio de la Décima Época del Poder Judicial Federal, con motivo de las reformas en materia de amparo y las reformas en materia de derechos humanos publicadas el pasado mes junio.

Como dijo recientemente el Presidente Silva Meza: “a nadie quepa duda, la reforma constitucional en materia de amparo es bien recibida y será debidamente implementada por el Poder Judicial de la Federación. * PALABRAS DEL MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL DICTAR LA CONFERENCIA MAGISTRAL LAS RECIENTES REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, EN LA UAEM, EN TOLUCA, EDOMEX.

Nuevos medios para vigilar a AL ra, abarcando países en todo el mundo en desarrollo. Sin embargo, el proyecto se im plementó solamente en Chile y no por mucho tiempo. Los objetivos declarados del proyecto eran “diseñar procedimientos para evaluar la potencialidad de que se desarrollara una guerra interna al interior de las sociedades nacionales” e “identificar... aquellas acciones que un gobierno pudie se desarrollar para mitigar las condiciones favorables a ella”.

Bajo el camuflaje brindado por un proyecto universitario de ciencias del comportamiento, que se ubicaba en la Oficina de Investigación de Operaciones Especiales de la American University (financiada por el Ejército), Camelot era un proyecto encubierto de inteligencia. Un general del Ejército estadunidense afirmó que di cho proyecto “nos ayudaría a predecir la utilización potencial del Ejército estadunidense en cualquier número de casos en donde la situación pudiese desbordarse”. En Chile, Camelot fue presentado como una encuesta académica, escondiéndose su relación con el Pentágono.

Los investigadores encuestaron a chilenos de todos los sectores de la sociedad para establecer sus creencias políticas, su compromiso con la democracia y otra información personal y política. Según una chilena que fue entrevistada, cada persona fue luego puesta en categorías de conformidad con el nivel de peligro o de “potencial subversivo”. Cuando esta persona trataba posteriormente de obtener una visa de Estados Unidos, las

autoridades tenían un archivo completo sobre ella, con toda la información supuestamente confidencial que ella había colocado en el formulario.

Las bases de datos de Camelot también fueron utilizadas para la guerra psicológica. Sirvieron para influir en las a ctitudes políticas y, de esa manera, para manipular ciertas elecciones clave. La CIA digitalizó los datos recopilados por Camelot y los analizó y utilizó para producir atemorizantes anuncios anticomunistas durante la campaña eleccionaria de 1964 de Eduardo Frei, candidato demócrata cristiano, contra el izquierdista Salvador Allende. Por ejemplo, se les dijo a las mujeres que, de ser electo Allende, sus hijos serían enviados a Cuba y sus esposos a campos de concentración. L a naturaleza contrainsurgente del Proyecto Camelot fue descubierta por el gobierno chileno y fue clausurado en 1965, luego de audiencias tanto en el Congreso de Chile como en el de Estados Unidos. No es la primera vez que en época reciente el gobierno de EU ha acumulado grandes cantidades de datos en proyectos de data mining (extracción masiva de datos). Durante la administración de George Bush, la National Security Agency empezó la extracción de datos de millones de ciudadanos de Estados Unidos –de llamadas telefónicas, correos electrónicos, fax y otras fuentes– en un programa secreto sin autorización judicial, supuestamente para descubrir y vigilar a potenciales integrantes de redes terroristas.

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l gobierno de Estados U nidos, con el apoyo técnico de algunas universidades, quiere utilizar información “pública” que los usuarios colocan en Facebook, Twitter, páginas web, webcams, blogs y otros medios sociales para acumular una enorme base de datos con el propósito de predecir tanto las crisis políticas, es decir, revoluciones, inestabilidad o estallidos sociales, como crisis económicas. Al igual que el Proyecto Camelot de los años 60, este proyecto de vigilancia y espionaje estará dirigido a América Latina. El nuevo proyecto está a cargo de un organismo poco conocido, Intelligence Advanced Research Projects A ctivity (Larpa), que funciona bajo la orientación del director de Inteligencia Nacional de EU . E l proyecto copiará, automáticamente, por medio de supercomputadoras, datos de 21 países de América Latina, por un período de tres años que comenzaría en 2012.

Hay un proyecto similar para A fganistán, patrocinado por D arpa (la organización “hermana” militar del Pentágono) para identificar redes sociales de potenciales terroristas en este país. En 1964, la Oficina de Investigación y Desarrollo del Ejército de Estados Unidos patrocinó el Proyecto Camelot, que fue un esfuerzo de recopilación de información en el contexto de la estrategia de contrainsurgencia. Camelot fue concebido, originalmente, para tener una vasta cobertu-

J. Patrice McSherry /MUNDO LEGISLATIVO

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Pacto nacional

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e pregunto por qué tres de cada cuatro mexicanos, el 73% para ser exactos, están insatisfechos con la democracia, cuando hace once años prevalecía un clima de optimismo, no sólo porque las autoridades electorales tenían entera autonomía respecto al Ejecutivo Federal, sino porque el partido hegemónico podría ser derrotado en la contienda por la Presidencia de la República, como en efecto ocurrió.

En los últimos años del siglo XX y los dos primeros del XXI, los mexicanos nos sentíamos orgullosos de nuestra democracia.

Prevalecía el optimismo y no la incertidumbre que apenas en 2006 ensombreció el panorama debido al proceso electoral viciado por la intromisión ilegal del presidente Vicente Fox en la contienda que, dicho sea de paso, empieza a reeditarse.

La culminación de la reforma política en 1996 fue en buena medida forzada por dirigentes como Porfirio Muñoz Ledo, que aprovecharon con habilidad la cólera social provocada por la crisis bancaria de 1995 y el programa de ajuste aplicado a consecuencia del famoso “error de diciembre” de 1994. El júbilo por los avances de la democracia eclipsó los problemas económicos y sociales y provocó una confusión de expectativas: el imaginario colectivo suponía que el retiro del PRI del poder significaría la solución automática de todos los problemas, como lo había planteado la oposición.

Pero más allá de las frustraciones, lo cierto es que la reforma política iniciada en 1977 por el gobierno de don José López Portillo a través del secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, culmi-

naba con la pérdida del poder presidencial y el final irreversible del sistema político del siglo XX. El mundo mostraba su admiración por la civilidad política de los mexicanos y nosotros mismos, ganadores y perdedores, nos sentíamos orgullosos de la transición democrática. ¿Qué pasó en estos once años para que hoy sólo el 23% de los encuestados se diga satisfecho de la democracia?

Sucedieron muchas cosas. La primera fue el desencanto por las expectativas que no se cumplieron, como en buena medida ocurre después de cualquier cambio del partido en el gobierno. Pero más allá de este sentimiento, la sociedad ha sido víctima de una larga sucesión de frivolidades, ocurrencias y torpezas que han agravado problemas que arrastramos desde hace mucho tiempo –pobreza, desigualdad, estancamiento económico, deterioro educativo– y creado otros que no existían, especialmente la violencia.

Los problemas no son menores y su solución –imposible ahora por la tozudez del gobierno– requiere un nuevo pacto nacional, no sólo entre los partidos políticos, sino entre el Estado y la sociedad. Este pacto debería rebasar la idea de la coalición de gobierno, que se acordaría entre las élites políticas y que podría ser un obstáculo más que una solución para la gobernabilidad, considerando la desconfianza que reina ente los partidos, al extremo de que no se han podido poner de acuerdo siquiera para designar a tres consejeros del IFE. En la dinámica de ese pacto, la sociedad exigiría una relación de respeto y armonía del Ejecutivo con las cámaras legislativas y con los gobiernos de los Estados, que se extendiera a la población con vistas a buscar soluciones de consenso a tres problemas fundamentales que

Renward García Medrano

de no revertirse podrían fracturar al país: la violencia, el binomio desigualdad-pobreza y el deterioro de la educación.

Abatir la violencia no significa abandonar de la lucha contra el crimen organizado, sino replantearla con criterios de eficacia. La fuerza pública se concentraría en combatir las modalidades del crimen que más lastiman a la población –homicidio, extorsión y secuestro– y liberar a las localidades más lastimadas por la delincuencia. Paralelamente habría que reconstruir el tejido social en las poblaciones y estratos donde se ha desgarrado y vincular la educación con los mercados locales y regionales de empleo formal para abrir opciones de vida los adolescentes y jóvenes.

El combate a la desigualdad y la pobreza pasa por la generación masiva de empleos nuevos en la economía formal y la dignificación de los existentes a través de la capacitación, el aumento de la productividad y el mejoramiento de los salarios generales. Nuevos empleos dignamente remunerados significan mayores ingresos para las familias, aumento de la demanda interna e inversiones adicionales que reinician el ciclo.

Una política económica activa requiere que el Estado deje de ser un mero espectador para convertirse en promotor de la actividad económica.

La escuela pública debe volver a ser la antesala del mejoramiento económico, social y cultural de las familias, y para que ello ocurra hace falta contar con los maestros.

El magisterial no es un gremio irrecuperable para el país. Los maestros fueron protagonistas del tránsito de millones de personas de la pobreza a la clase media en el siglo XX y en el nuevo siglo pueden conciliar su misión educadora con sus derechos laborales.