Mundo Legislativo No.103

LETRAS E IMÁGEN

Alerta la ASF: desvíos de dinero Público en Veracruz, por 5 mmdp (Pág. 17)

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Combate a monopolios Rechaza la SCJN, la consulta sobre la Reforma Energética

Dejan a los militares sin fuero alguno, en violaciónes a DH

Penalizan aún más la corrupción de funcionarios

Aprueban cárcel a los violentos en los estadios

ENTRE-PÁGINAS

Adriana Fuentes T. Justicia penal Rafael Cardona. Periodistas Teresa Gurza. Michoacán Ramón Aguirre. Agua y Ciudad Alejandro Martí. Paradojas Octavio Raziel. La Tormenta

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Año IX. No.103 1º-Abril-2014

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Comisión de Puntos Contitucionales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados UNAM,Facultad de Ciencias Políticas y Sociales División de Educación Continua y Vinculación

DIPLOMADO “Análisis político y reforma política en México” 1. Conceptos y herramientas para el análisis político cuantitativo y cualitativo 2. Régimen Político y Transición Democrática

Palacio legislativo de San Lázaro; del 5 de mayo al 10 de octubre Cupo limitado

3. Sistema Electoral y Desarrollo de Campañas 4. Federalismo y Relaciones Intergubernamentales 5. Formación de Ciudadanía y Capital Social 6. Taller de análisis comparado coyuntural y estructural de participación política, opinión pública y comunicación política

INFORMES E INSCRIPCIONES: Del 1º al 30 de abril de 2014, de 10:00 a 15:00 hrs; en las oficinas de la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Inicia el combate a los monopolios

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o que nadie hubiese apostado sucedió con el gobierno del presidente Enrique Pena Nieto -quien regresó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia-: impulsó el combate a los monopolios, que durante décadas han impedido a toda costa, en todos los sectores más importantes de la economía, la diversificación y proliferación de la competencia.

Reflejo de esta realidad, es la abrumadora riqueza de Carlos Slim. A la sombra del poder del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, se hizo de la única telefónica en el país. Ello le permitió crear un imperio que incluye a la banca y los seguros. Su fortuna es estimada en alrededor de los 65 mil millones de dólares por la revista Forbes.

Para una nación con al menos el 60 por ciento de sus habitantes en la pobreza y cinco más en la miseria y con hambre, es un agravio.

La televisión y la telefonía son símbolos en México de la concentración de capital económico y el poder político. Pero también los hay en la minería, el cemento, los ferrocarriles, los fertilizantes, las semillas, el pan, la tortilla y en la industria editorial, que también es monopolio de la empresa Televisa en México.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen de la ley reglamentaria en materia de competencia económica, con decenas de cambios al documento que envió el Ejecutivo federal, y la turnó al Senado para su análisis y eventual ratificación.

El objetivo de estas reformas es promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia

Por Francisco Ramírez/ MUNDO LEGISLATIVO económica donde se privilegie la equidad entre la autoridad y los agentes económicos.

La discusión del documento duró poco más de seis horas; inició a las 12:00, a las 14:00 se aprobó en lo general con 397 votos a favor, 45 en contra y dos abstenciones; de 92 reservas sólo se aprobó una y a las 18:10 horas fue avalado en lo particular por 301 votos a favor, 99 en contra y dos abstenciones.

El documento reglamenta la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, en vigor desde junio pasado, expide la Ley Federal de Competencia Económica y reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal, con el objeto de regular los mercados económicos.

La discusión del dictamen comenzó alrededor de las 12:00 horas con la fundamentación del dictamen ante el Pleno de los diputados por parte del presidente de la Comisión de Economía, Mario Sánchez Ruiz (PAN).

Poco después se aprobó un adéndum con una veintena de modificaciones, que se sumaron a las 90 que realizaron en la Comisión de Economía al texto del Ejecutivo.

Entre esos cambios destaca la adición de un artículo cuarto transitorio para establecer que la Cámara de Diputados deberá integrar un grupo de trabajo técnico para analizar y formular propuestas de ajustes a la legislación penal vigente, con el fin de adecuarla a las nuevas disposiciones.

Asimismo, que el presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) deberá presentar ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo un informe trimestral de los avances de

sus actividades, el cual deberán entregarse dentro de los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate.

A favor del documento hablaron los diputados Adolfo Bonilla Gómez (PRI), José Arturo Salinas Garza (PAN), Carlos Augusto Morales López (PRD), Rubén Acosta Montoya (PVEM), Mario Méndez Martínez (PRD), Beatriz Yamamoto Cázares (PAN), Elvia María Pérez Escalante (PRI), Verónica García Reyes (PRD) y Rubén Benjamín Félix Hays (NA).

En contra del dictamen se pronunciaron en tribuna los legisladores Ricardo Monreal Ávila (MC), Lilia Aguilar Gil (PT), Ricardo Mejía Berdeja (MC) y Adolfo Orive Bellinger (PT), quien también presentó un voto particular contra el documento de la Comisión de Economía.

Libre competencia

Alrededor de las 14:00 horas se aprobó el dictamen en lo general, con 397 votos a favor, 45 en contra y dos abstenciones, para iniciar de inmediato la discusión en lo particular de 92 reservas presentadas por MC, PT, PRD, PAN y una de la Comisión de Economía.

Una a una se fueron desechando gran parte de las reservas, hasta que alrededor de las 17:00 horas se aprobó la que presentó la Comisión de Economía, para modificar el artículo 94, fracción VII, inciso d, párrafo sexto, de la Ley Federal de Competencia Económica.

Mediante el cambio, se establece que la Cofece deberá verificar que cualquier medida propuesta incremente la eficiencia en los mercados.

Estas medidas no se impondrán “cuando el agente económico, con interés jurídico en el procedimiento demuestre que las barreras a la

La discusión en lo particular ocurrió en un recinto legislativo con las curules casi vacías, pues apenas se vislumbraban poco más de un centenar de diputados de un total de 500.

Como ya es costumbre, en la sesión que inició a las 11:30 horas, estaban presentes escasamente 286 legisladores para cumplir con el quórum que exige el reglamento, de 50% más uno.

Al momento de votar en lo general y en lo particular los artículos no reservados, a las 13:45 horas aproximadamente, luego de presentar los posicionamientos de las siete fracciones legislativas y posturas, ya sumaban 444 legisladores.

Al verse sin legisladores el salón de plenos, los diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Nelly del Carmen Vargas, de Movimiento Ciudadano, pidieron que se verificara el quórum, pues con “un tema de esta importancia deberían estar presentes la mayoría”Eso no ocurrió y la sesión continuó. Aproximadamente a las 18:00 horas, cuando terminó la presentación de las reservas para la votación nominal, a través del tablero electrónico, el recinto empezó a llenarse de nuevo.

Al fundamentar, el presidente de la Comisión de Economía, el diputado Mario Sánchez Ruíz (PAN), mencionó que perfilar una legislación de competencia económica moderna y efectiva, en donde el órgano regulador sea autónomo, permitirá salvaguardar la seguridad jurídica de los agentes económicos, lo cual favorecerá a los consumidores, además de impulsar el crecimiento económico, la multiplicación de las empresas y la generación de más y mejores empleos formales.

Expuso que en materia de competencia México en las últimas décadas ha crecido a una tasa de apenas el 2 por ciento, por lo que resulta evidente que no existe una

sana competencia en la economía.

En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha señalado que los consumidores mexicanos gastan alrededor del 40 por ciento más en mercados con problemas de competencia.

Perdida de competitividad Asimismo, reiteró que el reporte del Foro Económico Mundial sobre Competitividad Global 2013-2014, en el apartado titulado Efectividad de la Política de Competencia Económica, ubica a México en el lugar 114 de 148; detrás de países como Panamá, India, Zambia, Brasil, China, El Salvador, Colombia y Honduras.

Precisó que la comisión aprobó modificar más de 35 de los 130 artículos contenidos en la Ley con la finalidad de clarificar los alcances del órgano autónomo, garantizar a los agentes económicos un debido proceso y fortalecer finalmente a la productividad de las pequeñas y medianas empresas, así como del consumidor.

Explicó que entre los cambios más significativos a esta reforma se encuentra la de incluir una definición clara de barreras a la competencia y libre concurrencia, ya que estos términos no estaban contemplados en la iniciativa original.

En lo referente a la imposición por parte del Ejecutivo Federal de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, dijo que la comisión tendrá que determinar mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.

Por otra parte, se incrementó el plazo de 20 a 45 días para que los agentes económicos con interés jurídico manifiesten lo que a su derecho convenga. Además, se incorporó la figura de un comisionado ponente de manera rotatoria, quien tendrá la obligación

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competencia y a los insumos esenciales, generan ganancia en eficiencia e inciden favorablemente en el proceso de competencia económica y libre concurrencia” Esto sólo será aplicable cuando se demuestre que las ganancias en eficiencia, entre las que se podrán contemplar aquéllas que sean resultado de la innovación en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, superan los posibles efectos anticompetitivos de dichas barreras y resulten en una mejora del bienestar del consumidor.

Posteriormente, el Pleno continúo desechando las reservas faltantes, hasta que a las 18:10 horas se aprobaron los artículos reservados, con la única modificación que se avaló, con 301 votos a favor, 99 en contra y dos abstenciones.

El dictamen busca acabar con las prácticas monopólicas y demás conductas anticompetitivas que durante años han retrasado el crecimiento económico del país, mediante la regulación de un órgano autónomo, independiente e imparcial en materia de competencia económica.

Así también, mediante la generación de esquemas de libre competencia y libre concurrencia; la prevención efectiva de las prácticas monopólicas y las conductas anticompetitivas, y el establecimiento de sanciones a quienes atenten en contra de estos mecanismos.

El dictamen establece las normas generales bajo las cuales el Estado garantizará, protegerá y restaurará las condiciones necesarias para la libre competencia y libre concurrencia, mediante la eliminación, prevención, investigación de monopolios, prácticas monopólicas, estructuras de mercado monopólicas o monopsónicas, concentraciones prohibidas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

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de presentar el proyecto de resolución al Pleno para su aprobación o su modificación.

También se otorga al probable responsable o denunciante el derecho de solicitar al Pleno una audiencia oral dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que quedó integrado el expediente, con el objeto de realizar las manifestaciones que se estimen pertinentes.

Se plantea que para determinar la existencia de insumo esencial, además de los criterios que contemplaba la iniciativa, la comisión deberá considerar si el insumo es controlado por uno o por varios agentes económicos con poder sustancial y las circunstancias bajo las cuales el agente económico llegó a controlar dicho insumo.

De igual manera, se especifica que en las visitas de verificación la autoridad procurará no afectar la capacidad de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, a efecto de evitar daños al agente económico y en consecuencia a los consumidores.

El legislador añadió que en relación al mecanismo previsto en el artículo 94, conocido como procedimientos especiales se determina que éste solo podrá iniciarse cuando existan elementos para suponer que no hay condiciones de competencia efectiva. Además, un extracto del acuerdo de inicio de la investigación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, modificación ésta, acorde a los tiempos de transparencia y de rendición de cuentas.

Indicó que el dictamen, a su vez plantea expresamente que los agentes económicos involucrados podrán proponer a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en una sola ocasión, medidas idóneas y económicamente viables para eliminar los problemas de competencia identificados.

En tanto, la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones del agente económico involucrado solo serán en proporciones necesarias para eliminar

los efectos anticompetitivos cuando, a juicio de la comisión, otras medidas competitivas no fueron suficientes para solucionar dicho problema.

Se determina que la Cofece podrá emitir disposiciones regulatorias exclusivamente para el cumplimiento de sus atribuciones.

Manifestó que la sanción por su incorporación sólo será aplicable cuando el infractor haya sancionado previamente y siempre que las resoluciones que impongan las sanciones hayan causado estado; y, al inicio del segundo o ulterior procedimiento, exista resolución firme previa y entre ambos no hayan transcurrido más de 10 años.

Destacó que el dictamen deja claro que cuando la Cofece ordene la desincorporación o la enajenación de activos sus resoluciones se ejecutarán hasta que resuelva el juicio de amparo, lo que es consistente con el artículo 28 constitucional que establece que todas las resoluciones definitivas de la comisión adoptadas bajo cualquiera de los procedimientos previstos en esta ley, deberán resolver las cuestiones efectivamente planteadas por la autoridad investigadora y por los agentes económicos.

Ofrecen mejores precios Afirmó que con la aprobación de este dictamen permitiría impulsar la competencia económica, la cual es fundamental para que los consumidores tengan acceso a una gran variedad de bienes y servicios de calidad, mejores precios, pero también lo es para los pequeños y medianos empresarios que accedan a insumos competitivos e innovadores.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays (Nueva Alianza) expresó que a 20 años de haberse creado la Ley General de Competencia Económica ésta no ha sido suficiente, por lo que es indispensable establecer las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica para regular el funcionamiento de los mercados, con un

marco legal que promueva transparencia, equidad, así como participación responsable y eficiente del órgano regulador.

Indicó que los beneficiados con esta ley serán el consumidor y las micro, pequeñas y medianas empresas, que podrán acceder a mejores productos y servicios a menores precios, además de detonar procesos de innovación en la producción. “Los procesos brindarán mayor certeza, transparencia y eficiencia al sistema de competencia económica, y garantizará la innovación en los productos”.

Es necesario, dijo, contar con una legislación de competencia económica efectiva, que permita la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía; ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza y detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural.

Por el PT, el diputado Adolfo Orive Bellinger argumentó que con la aprobación de este dictamen México avanzará menos en materia económica, por lo que precisó que su grupo parlamentario impulsará el crecimiento de la economía para que haya mayor empleo y menor pobreza.

“Estamos a favor de medidas que erradiquen las prácticas monopólicas, por ejemplo en los medios masivos de comunicación, en las telecomunicaciones o en el sistema ferroviario, pero de eso a extender a toda la economía una Ley que va a contrapelo de los sistemas internacionales de competencia, es reducir aún más la tasa de crecimiento de la economía y aumentar las del desempleo y de la pobreza”, afirmó.

Aseguró que esta ley va en contra del crecimiento económico de México, ya que con esta Ley de Competencia Económica, empresas eficientes y productivas podrán ser penalizadas por emprender acciones totalmente acordes con la eficiencia económica y las

No se eliminan los monopolios…

El diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) consideró que esta ley resulta un mero paliativo acotado, insuficiente y cortoplacista. “Nosotros votaremos en contra, pues es un ejercicio tibio, que no toca con profundidad la actividad económica concentrada; los grandes monopolios seguirán actuando a sus anchas”.

Agregó que México se encuentra frente a un modelo económico agotado, y ahora “se intenta profundizar en un modelo que ha demostrado no cumplir y

ha empobrecido grandes sectores de la población, pues los jóvenes se encuentran sin empleo y sin alternativas; los hombres y mujeres de México están sufriendo los embates de un modelo económico que persiste en profundizar el proyecto neoliberal”.

En la vieja Ley de Competencia Económica, subrayó, se eliminaban monopolios, y en la que se pretende aprobar sólo previenen, investigan y combaten los monopolios, las prácticas y las concentraciones, pero no los eliminan.

A su vez, el diputado Rubén Acosta Montoya (PVEM) argumentó que la competitividad de un país es fundamental para alcanzar su desarrollo y crecimiento; sin embargo, es necesario forjar un sistema económico sólido, con herramientas que permitan que el

Estado sea capaz de eliminar barreras a la libre competencia y concurrencia económica.

Detalló que la falta de competencia es una de las más grandes barreras en la lucha contra la pobreza y la desigualdad y es un freno a la inversión y al crecimiento.

Aclaró que para la aprobación de este dictamen se emprendieron foros y se lograron más de 100 modificaciones a la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal.

Este dictamen, dijo, tendrá un impacto positivo para el país, ya que permitirá conformar una nación más equilibrada económicamente, con un sistema de impartición de justicia especializado en el tema de competencia económica, poniendo fin a los abusos que la población enfrenta, incluyendo los micro y pequeños empresarios.

Temen “super monopolio” de CFCE La reforma a las leyes secundarias de la Ley Federal de Competencia Económica, que actualmente discute el Congreso, amenaza con inhibir la inversión de las empresas en el país, ya que incluye medidas como el establecimiento de barreras de competencia, el estrechamiento de márgenes de precios y el arresto de personas, advirtió la International Chamber of Commerce México (ICC México).

El vicepresidente de la Comisión de Competencia Económica de ICC México, Miguel Flores Bernés, explicó que el concepto de barreras a la competencia no está bien definido, por lo que podría aplicarse a cualquier marca, una ventaja competitiva o una regulación.

“Como no está definido qué tipo de barreras son, se le da fuerza (a la CFCE) para regular estas barreras y desincorporar empresas”.

“La investigación y potencial sanción de barreras a la competencia mediante una investigación unilateral resultarían en una incertidumbre jurídica toda vez que quedaría al arbitrio de la autoridad investigadora la determinación de lo que es una barrera a la competencia”, señala el ICC en su postura sobre la Ley Federal de Competencia.

Flores Bernés considera que en lugar de buscar barreras a la competencia se deberían atacar las barreras normativas del Gobierno que impiden la competencia.

“Un ejemplo es la falta de competencia en la

televisión abierta, donde no hay mayor competencia por una normativa de Gobierno (que evita) que existan más competidores”, dijo quien fuera comisionado de la Comisión Federal de Competencia.

Sobre el concepto de estrechamiento de márgenes, que permitiría al regulador fijar topes en precios de insumos considerados como esenciales, el ICC argumentó que ésta no es una práctica internacionalmente aceptada.

Consideró que esta práctica es el resultado de otras acciones que ya están contempladas en la iniciativa, por lo que recomendó su eliminación.

El estrechamiento de márgenes, según Flores Bernés, tiene que ver con acciones como cuando, en un ejemplo hipotético, “una empresa que vende bolillos y al mismo tiempo vende tortas, empieza a vender los bolillos a sus competidores a un precio más alto que las tortas”.

En el caso de la definición de “insumos esenciales”, consideró que el concepto utilizado en la iniciativa es demasiado amplio si se compara con la práctica internacional.

El ICC sugirió eliminar como medida de apremio el arresto, pues no es una práctica internacionalmente reconocida para aquellas personas que violen una ley de este tipo.

En todo caso, debería acotarse sólo a prácticas monopólicas absolutas y nunca a relativas y tampoco se encuentra justificación alguna para elevar la sanción penal, cuando nunca se ha aplicado este artículo.

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leyes internacionales que le permitan tener un mayor porcentaje del mercado.

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El diputado Carlos Augusto Morales López (PRD) precisó que es indispensable una ley con la que el Estado deje su papel de testigo indolente e indulgente ante las graves injusticias que día con día cometen las empresas monopólicas. “Es importante que estas prácticas abusivas que se cometen en contra de los que menos tienen, de manera ilegítima, puedan ser detenidas a través de la acción del Estado”.

Sostuvo que la presencia de las empresas monopólicas en México, que acaparan y controlan los mercados, obligan a establecer nuevas y mejores regulaciones que prevengan, combatan, investiguen y sancionen sus prácticas, sobre todo cuando se traducen en abusos que realizan utilizando su poder para imponer sobreprecios a los consumidores finales.

La nueva Ley Federal de Competencia Económica, afirmó, se convertirá en una herramienta indispensable para subsanar las enormes deficiencias que prevalecen en el mercado mexicano, y es un instrumento facilitador del desarrollo económico y de beneficio para la población.

José Arturo Salinas Garza, de la fracción parlamentaria del PAN, subrayó que estas enmiendas colocan en la balanza el desarrollo económico del país y lo abren al escrutinio de los mexicanos y de los órganos internacionales, pues estos actores, dijo, consideran que México no es eficiente en prácticas anti monopólicas y de competencia.

Coincidió en la necesidad de ajustar la Ley de Competencia Económica a la actual realidad, para abrir los mercados y beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de garantizar el acceso a precios, bienes y servicios más competitivos que, en consecuencia, serán más baratos.

En representación del Revolucionario Institucional, el diputado Adolfo Bonilla Gómez destacó el incentivo que esta reforma

proporcionará a las innovaciones que generan las empresas para insertarse en los mercados locales y globales, “que son sumamente competitivos”.

Explicó que el efecto de las modificaciones legales no será “mágico o inmediato, pero la evidencia internacional advierte que la instrumentación de una buena reforma en competencia, podría elevar hasta en un 2.5 por ciento el Producto Interno Bruto y el empleo en nuestro país”.

“El fin último es promover la creación de riqueza y elevar la productividad y competitividad del aparato productivo que, junto con el tema de la energía, son claves para beneficiar a los consumidores y la economía de las familias”, concluyó.

A favor y en contra En contra del dictamen, Lilia Aguilar Gil (PT) argumentó que una buena ley de competencia económica debería proporcionar bienes y servicios de mayor valor y menor precio, además de exceder con eficacia las necesidades de los consumidores. Asimismo, se opuso a la intervención del gobierno en el control de los precios del mercado y en los procedimientos que esta ley contempla.

En el mismo sentido, Ricardo Mejía Berdeja (MC) advirtió que millones de consumidores en el país sufren daños y perjuicios como resultado de las prácticas monopólicas. Esta reforma “sólo se limita a dirimir las reglas del juego entre los gigantes de la economía del país, pero nuevamente los consumidores salen maltrechos”, sostuvo.

El diputado Mario Rafael Méndez Martínez (PRD) se pronunció a favor de la iniciativa, aunque, señaló, algunos puntos deben fortalecerse con la finalidad de contar con un marco legal que permita generar certeza jurídica, como las sanciones, pues “no se estableció un catálogo de conductas

que deben ser previstas como delitos” en materia de competitividad.

La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (PAN), a favor del dictamen, expuso que este no sólo es un esfuerzo de la LXII Legislatura, sino de anteriores que se propusieron combatir los monopolios. Por esto, afirmó, la reforma “reúne el trabajo continuo por darle a México una regulación que ponga en primer término el interés y el bienestar de los consumidores”.

El diputado Adolfo Orive Bellinger (PT) se pronunció en contra, pues se le otorga a siete individuos no electos facultades legislativas, ejecutivas y judiciales, además que se le ofrece a la Cofece las herramientas para interponer controversias Constitucionales en contra de los Poderes de la Unión, al establecer en el artículo 94 que estos individuos pueden emitir recomendaciones a las autoridades públicas cuando se determine la existencia de disposiciones jurídicas que indebidamente impidan la libre concurrencia.

En su turno, la diputada Elvia María Pérez Escalante (PRI) mencionó que la aprobación de esta reforma contribuirá a dar certeza jurídica de los agentes económicos, a que no se inhiba la producción y mejorara la calidad y los precios de los bienes y servicios.

La diputada Verónica García Reyes (PRD) indicó que su voto sería a favor, pues la reforma refleja las propuestas de la izquierda y está orientada a impulsar la competitividad del país y terminar con las prácticas desleales que fomentan el alza de precios y reducen el abasto, y eliminar a las empresas dominantes que afectan a los sectores de menores ingresos.

El diputado Guillermo Sánchez Torres (PRD) dijo que impulsar la competencia económica dará certeza de bienes y servicios de calidad a precios justos, lo cual permitirá beneficiar directamente a los consumidores finales, además que se terminará con las prácticas monopólicas.

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Declaratoria de publicidad

Los juicios orales Por Julieta Campos / MUNDO LEGISLATIVO

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a Cámara de Diputado llevó a cabo la declaratoria de publicidad del dictamen a la minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, el pasado 4 de febrero.

Un día más tarde la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen a la minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene elementos para combatir la corrupción, la opacidad y abatir la injusticia en el sistema penal vigente.

Con este instrumento remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, se busca enmendar las fallas, la impunidad y sus consecuencias que enfrenta el actual sistema, y unificar procedimientos a nivel nacional.

También evitar espacios de impunidad argumentando situación de territorialidad o ámbitos de aplicación y salvaguardar los derechos de todos los mexicanos, en un ejercicio de transparencia, cercanía y oralidad.

En el dictamen a la minuta se precisa que el propósito es cumplir con el mandato constitucional estipulado en la reforma penal de 2008 y transitar de un sistema de justicia inquisitorio a un modelo de corte acusatorio adversarial.

Debido a que se requiere de la adecuación de diversas

estructuras, tanto normativas, reorganizacionales, de personal, de infraestructura y equipamiento, lo cual depende del fuero y la territorialidad de cada Distrito en la Federación y de cada entidad federativa, la entrada en vigor de este Código será gradual y no deberá exceder del 18 de junio de 2016, se destaca.

El Código establece nuevas normas en la investigación, procesamiento y sanción de delitos por parte de los órganos jurisdiccionales locales y federales, tales como la regulación de juicios orales, los cuales se llevarán a cabo en audiencias públicas para que tanto las partes en conflicto como el público en general puedan presenciarlas.

Su objetivo es implementar un sistema oral acusatorio y establecer una perspectiva de respeto a los derechos humanos, que será aplicable en todo el país.

El dictamen -aprobado el pasado 28 de enero por la Comisión de Justicia en los términos de la minuta enviada por el Senado- establece los principios del artículo 20 de la Constitución Política para el proceso acusatorio y oral.

El documento que fue discutido y sometido a votación en el Pleno, refiere que las audiencias tendrán como característica esencial la publicidad con la que se llevarán a cabo, de manera que puedan ser presenciadas

tanto por las partes como por el público en general.

También prevé que los registros de las actuaciones en todo el procedimiento se realicen por escrito, audio o video, y en general por cualquier soporte que garantice su reproducción, con lo que se eliminan las formalidades del procedimiento penal de corte inquisitivo, y con ello los excesos previstos para sus resguardos.

El proyecto dispone de un glosario de términos y objetivos comunes aplicables a las entidades federativas y a la Federación en el desarrollo del procedimiento penal acusatorio, lo cual permitirá unificar criterios y evitar diversidad de interpretaciones en la aplicación del procedimiento penal.

Se establece una distinción clara de los sujetos y las partes procesales, lo cual brindará certeza jurídica al determinar las atribuciones, facultades u obligaciones de los que intervienen en el proceso penal.

Precisa que será n sujetos procesales: el órgano jurisdiccional; el Ministerio Público; el imputado; la víctima y ofendido; el defensor; el asesor jurídico; la policía y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, y como partes procesales al imputado y su defensor, al Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico.

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Asimismo, replantea el vínculo entre la policía y el Ministerio Público, con lo que se pretende integrar las acciones de ambos, respetando sus atribuciones, facultades y obligaciones.

Subraya que las disposiciones concernientes a la investigación están planteadas desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos, especialmente en los actos de investigación que implican actos de molestia; por tal motivo, es posible identificar los actos de autoridad que puedan derivar en violaciones a derechos humanos.

Del mismo modo, menciona que durante el procedimiento penal existan soluciones alternas, en la aplicación de un acuerdo reparatorio que puede ser desarrollado por mediación o conciliación, que será regulado por leyes especiales.

Señala que el Ministerio Público podrá ordenar las medidas

de protección idóneas, y en aquellas que impliquen una restricción a la libertad del imputado, deberá resolverse en audiencia ante el juez de control dentro de los cinco días siguientes, a efecto de que la ratifique, modifique o cancele mediante la aplicación de las respectivas medidas cautelares.

Considera la posibilidad de que el juez imponga providencias precautorias a efecto de garantizar la reparación del daño y podrán ser solicitadas por la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, por un periodo máximo de 60 días naturales, prorrogables hasta por 30 días.

En lo que respecta a la valoración de las pruebas, dispone que el órgano jurisdiccional asignará el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica.

El código también contempla como medios de impugnación de las resoluciones derivadas del proceso acusatorio, a los recursos de revocación y apelación, en los que las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que causen agravio.

En lo particular, se aprobaron con 304 votos a favor, 105 en contra y 1 abstención, los artículos 3, 4, 10, 13, 15, 17, 19, 45, 55, 56, 58, 64, 66, 86, 108, 109, 113, 114, 117, 128, 131, 132, 137, 141, 146, 147, 150, 152, 155, 157, 158, 165 y 167, en términos del dictamen.

Con 289 votos a favor, 0 abstenciones y 98 en contra, se avalaron en términos del dictamen los artículos 183, 187, 201, 202, 205, 208, 211, 249, 250, 251, 256, 265, 290, 291, 293, 297, 301, 303, 305, 322, 337, 338, 355, 366, 380, 397, 398, 486, 489 y 490.

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Habrá nuevo andamiaje institucional del sistema judicial

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l sistema judicial en México sufrirá una transformación sin precedentes, luego de que el Congreso votó favorablemente el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Su objetivo es otorgar verdadera justicia mediante su modernización, el combate a la opacidad, el castigo a la corrupción y la garantía de los derechos humanos de las personas.

Todo el andamiaje institucional del sistema judicial tendrá que cambiar para bien, luego de que el presidente de la República promulgue el Código Nacional, por lo que los gobernadores deberán poner no sólo los recursos económicos para ello, sino su decisión política ya que el plazo para su ejecución vencerá en 2016.

Aquellos estados que no lo hagan, quedarán evidenciados ante la opinión pública del país, ya que será una obligación de Ley. El nuevo código nacional sienta las bases para el sistema penal acusatorio en el país, el cual es más garantista, ya que privilegia el concepto del debido proceso, la presunción de inocencia y los tratados internacionales en derechos humanos.

Crea mecanismos alternos de solución de controversias, lo que significará el reconocimiento del Estado a la voluntad de las partes, el empoderamiento de los ciudadanos y la solución de problemas en el menor tiempo posible y sin gastos.

El 8 junio de 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma mediante la cual se modificaron artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del

Por Adriana Fuentes Téllez / MUNDO LEGISLATIVO artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con esta reforma, el constituyente buscó transitar hacia un sistema de justicia de corte acusatorioadversarial. Para ello, estableció un plazo de ocho años para que todas las instituciones involucradas realizaran las adecuaciones necesarias dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Parte del éxito del nuevo sistema penal y de la implementación del Código Nacional recaerá en los elementos ministeriales, policíacos y de servicios periciales del país y del cuidado, por parte de éstos, de la cadena de custodia.

El Código obliga además a que sean los propios jueces, los responsables directos respecto de las actuaciones que se llevan a cabo en su juzgado y no los secretarios, como sucede actualmente en muchos casos.

Prevé que los medios de comunicación tengan acceso a las audiencias, y conozcan de manera directa lo que sucede; y se podrán confrontar pruebas acusatorias y de defensa ante el juzgador.

El nuevo código nacional tiene elementos novedosos ya que en delitos no graves, en todo momento se podrá conciliar a petición de las partes; se reservará la privación de la libertad para los delitos considerados como graves.

La implementación de la oralidad en los procesos, permitirá conocer de manera pública las manifestaciones y alegatos de afectados y presuntos culpables, lo que elimina la discrecionalidad en los procesos, o las “filtraciones” que

se dan en casos relevantes y que afectan el debido proceso.

Se trata de “unificar la legislación procesal penal, para que los criterios político criminales que habrán de observarse en el procedimiento penal, igualmente se unifiquen en todos sus aspectos, y así evitar que en el país haya distintas formas de procurar y administrar justicia”.

Son muestras de la crisis del actual sistema de justicia penal, el incremento de la inseguridad pública provocada por el delito y la impunidad propiciada por la falta de funcionalidad de los órganos encargados de investigar y perseguir el delito, de procurar y administrar justicia, por lo que era imprescindible contar con el Código Nacional.

Por ello deberá trabajarse de manera sistemática en los valores y la cultura de la legalidad, en la capacitación policiaca; atacar la corrupción y el tráfico de influencias, que son algunos de los factores que afectan al sistema institucional de justicia.

El Código es perfectible y que hay aspectos que deberán analizarse a fondo con los especialistas, y en su caso corregirse, como las figuras del ingreso de una autoridad sin orden judicial y la prisión preventiva o arraigo, conforme a los tratados internacionales firmados por México.

El Código es un primer gran paso que otorga certidumbre y seguridad jurídica a la sociedad. Sus efectos no será inmediatos, pero éste es un buen inicio. El nuevo sistema que se basa sobre todo en la proximidad, en la publicidad y en la transparencia y pone en el centro a las personas.

Se pretende modernizar las normas procesales penales con pleno respeto a los derechos humanos. *Diputada Federal del PRI (Chihuahua)

Deja el Senado a los militares, sin fuero Redacción / MUNDO LEGISLATIVO

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militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio.

“El fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido de la Convención, toda vez que conforme al artículo 14 de la Constitución mexicana nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”, establece la explicación del entonces presidente Vicente Fox que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en su momento.

Pero el 22 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto se convirtió en el primer mandatario federal en solicitar que se retire esta reserva, con el argumento de que es urgente que México se incruste en la vanguardia de la protección de los derechos humanos a nivel internacional.

Los senadores también aprobaron por unanimidad el retiro de

la reserva del gobierno de México al artículo 62 de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y junto con el referente a la desaparición forzada, forman parte del paquete de retiro de reservas que envió el presidente Enrique Peña Nieto, y que el próximo jueves se votarán los cinco restantes.

Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, explicó que en gran parte, “estos retiros de reservas lo que pretenden es que los extranjeros, en materias distintas, como es también en este caso de la desaparición forzada de personas, pueda contarse con mayores garantías respecto del procedimiento y mayor claridad.

“Pero esto también nos obligará a hacer las modificaciones necesarias en nuestra legislación de manera que se conviertan no sólo en un tema de derecho internacional, sino en un derecho claramente apli cable y con procedimientos transparentes en nuestro país”, destacó la panista.

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or unanimidad el pleno del Senado aprobó el pasado 4 de febrero, que el fuero militar ya no proteja a los militares que incurran en el delito de desaparición forzada de personas.

Es la respuesta concreta que da México a los cambios solicitados desde hace años por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a raíz de su resolución por el caso Radilla, para que el fuero militar no se use para proteger a los elementos castrenses que cometen delitos contra civiles, en este caso particular, la desaparición forzada.

A petición del presidente Enrique Peña Nieto, el pleno del Senado retiró la reserva al artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

La senadora a perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos, señaló que “conviene recordar que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla Pacheco contra México, consideró que la reserva formulada por el Estado mexicano era inválida, toda vez que no era compatible con el objeto y fin de la Convención”.

“El gobierno de Estados Unidos Mexicanos, al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la Ciudad de Belem, Brasil, el 9 de junio de 1994, formula reserva expresa al Artículo IX, toda vez que la Constitución Política reconoce el fuero de guerra, cuando el

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Penalizan la corrupción de los servidores públicos

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a Cámara de Diputados aprobó, en lo general, con 345 votos a favor, 37 en contra y 14 abstenciones, el dictamen de la minuta que reforma la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada por el titular del Ejecutivo federal.

El dictamen fue modificado en el artículo 10, al que se añadió un párrafo para precisar que: “tratándose de denuncias anónimas la autoridad deberá confirmar la veracidad de los datos aportados, y de confirmarse esta información, iniciará el procedimiento administrativo correspondiente”, propuesto por la diputada María Luisa Alcalde Luján (MC), misma que fue aprobada por el Pleno con 328 votos en pro, 18 en contra y 27 abstenciones.

Al fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN) destacó que la corrupción es un fenómeno que ha padecido México por muchos años.

Es una práctica, dijo, que humilla a los mexicanos al forzarlos a pagar sobornos a

Por Mariana Gil-Hernández / MUNDO LEGISLATIVO funcionarios para que hagan el trabajo que les corresponde.

“Es tan grave el daño, que puedo asegurar que la corrupción mata. Mata cuando una empresa soborna para obtener el permiso de comercialización de carne no apta para el consumo humano. Mata cuando el funcionario solicita dinero para prestar un servicio al que el ciudadano tiene derecho gratuito.

Mata cuando el médico utiliza vacunas que no cumplen con los niveles de calidad establecidos por la autoridad sanitaria”, comentó.

Agregó que aunado, la ciudadanía no denuncia, y a pesar de eso, un gran porcentaje de los procedimientos administrativos se originan por una denuncia.

Esta disposición, refirió, se convierte en una acción útil y confiable de la que pueden hacer uso los órganos facultados para sancionar a los servidores públicos cuando realicen acciones de corrupción.

La reforma, comentó, reforzará asimismo el marco jurídico en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y el combate a la corrupción.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez

(NA) consideró como un acierto la reforma, ya que elimina una laguna jurídica en cuanto a la responsabilidad resarcitoria de los funcionarios públicos y dota de una mayor certeza jurídica a la sanción resarcitoria, además de fortalecer el Estado de derecho para que el daño o perjuicio a la hacienda pública no quede impune.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT), se manifestó en contra al señalar que pese a que su grupo parlamentario está convencido de que es necesario dotar al ciudadano de los instrumentos legales que le permitan hacer más fácil la presentación de denuncias, no puede ser bajo el anonimato, lo que es contrario al artículo 1º constitucional en materia de derechos humanos.

Asimismo, dijo, no coincidimos con lo que señala el artículo 13º, en el que se establece que se podrá otorgar, con sujeción a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria, beneficios económicos en favor de las personas que proporcionen información cierta, suficiente y relevante para la identificación o acreditación de conductas contrarias a las obligaciones establecidas en esta ley.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) mencionó que

de acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción, publicado por Transparencia Internacional en 2013, México se situó en el lugar 106 de 177 países, observándose un índice comparable con el de Nigeria y Gabón, además de que la 12a. Encuesta Global de Fraude, elaborada por la firma Ernst and Young destaca que seis de cada 10 empresarios de las 50 mayores corporaciones del país han reconocido el uso recurrente de sobornos.

Pese a ello, agregó, la denuncia anónima es violatoria de la garantía de debida defensa de los inculpados, pues restringe su derecho a conocer quién lo denuncia y esto lo ha reconocido la misma jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las denuncias anónimas no pueden ser reconocidas como pruebas.

La diputada Laura Ximena Martel Cantú, del PVEM, consideró que la reforma responde a la necesidad de modificar nuestro cuerpo normativo para

continuar con la tarea de abatir la corrupción y posibilitar que el desempeño de los servidores públicos esté apegado a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Difundir y alertar sobre corrupción Los actos de ilegalidad e impunidad, agregó, corrompen la esencia del servidor público y fracturan el ánimo del pueblo.

“Los mexicanos merecemos un servicio público eficaz, eficiente, ético, honesto, transparente y responsable. Su voto fue en sentido positivo”.

El diputado Víctor Manuel Bautista López, del PRD, señaló que la corrupción ha escalado niveles alarmantes en nuestro país. Se pronunció por reducir los espacios de discrecionalidad de la administración pública; transparentar la gestión que desarrollan los servidores públicos y mejorar los sistemas de

rendición de cuentas como una premisa inquebrantable.

El verdadero combate a la corrupción, dijo, apenas empieza.

Bajo esta lógica, se manifestó en favor de fomentar la denuncia, agravar las penas y disuadir actos futuros de corrupción, así como la protección de los denunciantes y de quienes aporten información relacionada con el posible incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (PAN) manifestó que la enmienda reforzará el marco jurídico en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y el combate a la corrupción.

Refirió que uno de los principales problemas a los que se enfrenta la autoridad en el combate a la corrupción es la falta de la denuncia que es la mejor fuente de información para la sanción de anomalías, por lo que es indispensable fomentar en la sociedad la cultura de la

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legalidad y, por ende, la cultura de la denuncia.

Mencionó que la protección a la denuncia anónima es un gran avance y es contrario a la aseveración de que regresamos a la época de la inquisición.

La diputada Leticia Calderón Ramírez (PRI), indicó que la corrupción afecta la confianza de la sociedad en su sistema político y en sus servidores públicos. Asimismo, añadió, el flagelo genera grandes pérdidas económicas y sitúa a México como un país corrupto, con distorsiones de mercado, riesgos financieros e incertidumbre que se traducen en un descenso en la inversión y actividad empresarial.

Resaltó los alcances de la reforma y añadió que se llevará a cabo, como línea de acción, promover la creación de un organismo autónomo especializado, encargado de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos en actos de corrupción, así como coadyuvar en la persecución de los delitos relacionados.

Se manifestaron en contra las diputadas Lilia Aguilar Gil, del PT, Martha Beatriz Córdova Bernal y Zuleyma Huidobro González, de MC quienes coincidieron en que la denuncia anónima y la remuneración económica que se considera para los denunciantes, son violatorias de la ley.

Más adelante se reservaron para su discusión en lo particular los artículos 10, adición de un pár rafo tercero, por la diputada Luisa María Alcalde Luján; ar tículo 10, segundo párrafo, por el diputado Ricardo Monreal Ávila y el artículo 33, por la diputada Lilia Aguilar Gil, estos dos últimos fueron desechados.

La minuta aprobada autoriza la presentación de forma anónima las quejas o denuncias encaminadas a advertir la

probable responsabilidad del servidor público.

Prevé que la Secretaría de la Función Pública pueda otorgar beneficios económicos a favor de quienes proporcionen información cierta, suficiente y relevante para identificar conductas contrarias a lo que rige el servicio público.

Reglamenta la protección de denunciantes y personas que aporten información relacionada con el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

Obliga a los servidores públicos abstenerse de inhibir por cualquier medio, a los posibles quejosos o denunciantes, así como a quienes pudieran aportar información en contra de los servidores públicos.

Establece la inhabilitación de entre 10 y 20 años, así como la destitución de servidores públicos responsables de corrupción.

Considera que en el caso de que el servidor público haga del conocimiento de las autoridades competentes en forma voluntaria su responsabilidad o proporcione información que permita acreditar la responsabilidad administrativa de otros servidores antes del inicio del procedimiento disciplinario, se podrá disminuir entre 50 y 70 por ciento su sanción correspondiente.

Asimismo, cuando la información sea otorgada por un servidor público, éste se hará acreedor a un reconocimiento de carácter no económico.

Otorga atribuciones a la Secretaría de la Función Pública para investigar y verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos. También prevé que una vez que la secretaría agote las diligencias de investigación, que no podrán exceder de tres años, deberá realizar las acciones correspondientes o, en su caso, emitir el acuerdo de conclusión dentro de

los 15 días hábiles siguientes.

Faculta a la Secretaría de la Función Pública a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público si de los elementos o datos recabados durante la investigación se desprende el incremento sustancial del patrimonio del servidor público sin justificación de su procedencia lícita.

También elimina la facultad de la Secretaría de la Función Pública para ser coadyuvante del Ministerio Público en el procedimiento penal respectivo.

Nuevo organo anti corrupcion El Pleno camaral conoció seis minutas del Senado de la República. La primera reforma los artículos 73, 107, 109, 113, 114 y 116 de la Constitución Política, con el fin de combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno e instituciones.

La minuta, enviada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción, plantea crear un nuevo órgano encargado del combate a la corrupción, que esté a cargo de la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción.

Esta figura se replicaría en todas las entidades federativas, garantizando la eficacia en el combate a la corrupción, mediante un sistema nacional que tiene como base la facultad del órgano federal de atraer asuntos que inicialmente son competencia de estados y municipios.

Asimismo, establece que el órgano responsable de combatir la corrupción aplicará el procedimiento administrativo sancionador con el fin de salvaguardar la obligación de los servidores públicos de desempeñar su empleo mediante los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Denuncia la ASF desvío de 5 mil mdp., en Veracruz ML

educación, salud, infraestructura y seguridad pública. Veracruz representa el 21% del total de las observaciones del monto respecto a la muestra auditada.

Durante la reunión de trabajo con el auditor de la ASF C . P. C J u a n M a n u e l P o r t a l Martínez y su equipo de auditores especiales, ello en el marco del análisis de las auditorías en funciones de Gobierno, Hacienda y Crédito Público y Gasto Federalizado, del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, la legisladora manifestó que es preocupante saber que en los rubros más importantes, la ASF reportara faltantes e irregularidades, más aun, preocupante que s ea de f o r m a p e r m a n e n t e

e n l o s ú l t i m o s t r e s a ñ o s r e p orto. “Son tres años consecutivos en los que la ASF ha reportado faltantes, déficits y desvíos de recursos, sin que haya una respuesta por parte del gobierno de Veracruz”, reiteró.

En la reunión, solicitó al titular del ASF diera a conocer el análisis del trabajo de los órganos de fiscalización estatales, ya que, dijo, algunas entidades como Veracruz son reincidentes en faltantes y déficits, sobre todo, en rubros como infraestructura, salud y educación.

Por su parte, el auditor especial Roberto Salim Orcí Magaña (ASF) destacó que en 2012 se practicaron 31 auditorías al estado, 23 por parte de la ASF y ocho por el órgano de fiscalización local.

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a Auditoría Superior de la Federación (ASF) ratificó las irregularidades detectadas en el gasto del presupuesto 2012 por parte del gobierno de Veracruz, cuyos montos observados ascendieron a 13 mil millones de pesos, de los cuales, 8 mil millones pudieron recuperarse y los restantes 5 mil millones de pesos se desconoce hacia donde fueron desviados.

La diputada de Acción Nacional, Mariana Dunyaska García Rojas, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la ASF, destacó que el gobierno de Veracruz ha sido reincidente en subejercicios, desvío de recursos y omisiones, en rubros como

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En portada Pese a la importancia el dictamen de la ley reglamentaria en materia de competencia económica, el salón de penos de la Cámara de Diputados, permaneció vacío durante el tiempo de la discusión... ¿Increíble? En modo alguno. Ya es costumbre. Ya la costumbre se hace Ley.

Monopolios… El juego del poder.

Durante décadas, la sociedad en México fue rehén de productos escasos y mal hechos en el país. Eran tan deficientes la mayoría de ellos, que nadie los quería ni regalados en el exterior.

Era una política económica alentada desde el gobierno, porque así convenía a los intereses de quien estaba en el Ejecutivo en turno. Convenía al capital extranjero y a los empresarios mexicanos que cooptaban el mercado.

Décadas en que el consumidor no encontraba opciones. Los monopolios privados o públicos tenían un gran mercado cautivo. Las zonas fronterizas como Chetumal, Juárez u otras ciudades, eran codiciadas por los viajeros para la “fayuca”.

Como no hay mal que dure cien años, ni mexicano que lo aguante, la presión de la sociedad, la apertura de los mercados y el cambio de la economía global, trajo consigo y para bien la entrada de productos formidables para los consumidores.

Hoy en las estanterías de los supermercados de cualquier ciudad en México; en los aparadores de los grandes almacenes, existen productos de todo el mundo, de todas las marcas, de todos los precios que uno pueda imaginar.

La vida y México han cambiado para bien, en muchos aspectos. Y éste es uno de ellos.

No obstante la apertura que experimentó el país, siguen existiendo monopolios tan odiosos como ineficientes y caros en su oferta al consumidor. Televisa es un claro ejemplo. Pero hay muchos otros como Telmex, Cemex, Maseca, Bimbo y otros más, en sectores tan variados como los ferrocarriles, fertilizantes o semillas para siembra y consumo.

El presidente Enrique Peña Nieto, propuso y logró en el Congreso, la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, en vigor desde junio pasado; expide la Ley Federal de Competencia Económica y reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal, con el objeto de regular los mercados económicos.

Con esto se da un enorme paso al combate a los monopolios en México. No obstante, estos grandes intereses económicos no se quedan con las manos cruzadas. Pelean, intimidan, cooptan y tienen en el Congreso, elementos para no ver afectados sus intereses, en la reforma a las leyes secundarias, como en este caso.

Se juega mucho dinero, y otras tantas carreras políticas, en caso de que vean afectados sus mercados y su preponderancia. Cuentan en las Cámaras de Senadores y Diputados, con legisladores que han salido de sus empresas con ese objetivo. No es nueva esa estrategia, que da en todo el mundo.

Así que será la voluntad del presidente de la República y la sociedad, contra estos intereses, para vencerlos y que el país de otro paso en la democratización de su política y la economía.

La moneda está en el aire. Por sus votos los conoceréis.

ESTACION SAN LAZARO

Periodistas

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La Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Senado de la República tiene un plan de acción que incluye el objetivo de coadyuvar al esclarecimiento de homicidios de representantes de medios de comunicación”.

Con la minuciosa precisión de la rutina se ha instalado en el Paseo de la Reforma, con tambores y platillos; estrépito de parches y sonido de metales, la enésima comisión para la nada.

Si de suyo las comisiones son autopistas para el enredo estéril, las propuestas para proteger a los periodistas contra la maldad humana, han resultado más ñoñas todavía.

Con boato y mampara de lucidores tonos, en el Senado de la República se ha construido un (aparente) esfuerzo más en algo cuya naturaleza nos debería mover –especialmente a los profesionales del oficio—, a la solidaridad pero ante cuyas escasas expectativas –dados los etéreos antecedentes—, podemos ser cualquier cosa, menos ingenuos, crédulos y esperanzados.

“La Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Senado de la República tiene un plan de acción que incluye el objetivo de coadyuvar al esclarecimiento de homicidios de representantes de medios de comunicación”, nos ha dicho la bondadosa información de hace unos días.

Así pues el Senado se convierte en gestor de investigaciones y

Por Rafael Cardona procurador de indemnizaciones, actitud en la cual se advierte, inconscientemente, una resignada actitud de esperar nuevas agresiones. De acuerdo con las noticias provenientes de tan noble comisión, “los senadores vigilarán que en efecto sea eficaz el mecanismo que ha quedado en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (hasta en la CNDH hay una oficina dedicada a eso, con los resultados ya conocidos. Ninguno).

“Un estudio de la comisión especial que preside el senador Marco Antonio Blásquez Salinas –cuyo afán protagónico lo hizo poner en su FB una nota presumiendo quiénes lo acompañaron en el presídium durante la instalación de su criatura—, destaca que desde 2000 y hasta 2012 fueron asesinados 96 periodistas, en tanto que la variante de desaparición (¿?), que (se) inició en julio de 2003, ha golpeado a 16 informadores… “…Recordó que las agresiones a periodistas deben ser asumidas por las autoridades como corresponde a obligaciones en materia de Derechos Humanos, de acuerdo con la Constitución mexicana”.

Como se ve, puro rollo, puro afán de lucimiento, como ocurrió con aquella otra comisión legislativa, ésta en la Cámara de Diputados bajo la presidencia de Gerardo Priego y tantas y tantas organizaciones dizque de defensa de los periodistas. Mucho mejor sería no cuadricular la seguridad pública, no dividir

las agresiones, no separar los casos. A fin de cuentas la vida de un trabajador de los medios vale tanto como la de cualquier otra persona.

Y eso de equiparar un ataque a las personas con la vulneración de un derecho humano, como la libertad de expresión universal y la garantía de información pública, es una truculencia. O al menos una exageración.

Los ataques a los periodistas no tienen por finalidad impedir el flujo de información ni mucho menos. Son crímenes, delitos cuya investigación le toca al Ministerio Público, como cualquier otra violación de la ley.

No necesitamos los periodistas (y mucho menos quienes sin serlo se quieren vestir de tal) ni tratos ni estatutos especiales.

No somos una casta diferente a la cual se deba atender con privilegios ajenos a los demás.

A este paso el asesinato de un carnicero será visto como un ataque al humano De recho a la Alimentación, ya c onsagrado constitucionalment e o la muerte de un albañil como un atentado contra el Derecho a la Vivienda; el crimen contra un médico una lesión al De recho a la Salud y así hasta el infinito. Más útil sería para este gremio una legislación laboral protectora.

Los ataques a los periodistas comienzan en los propios medios. De ahí vienen la censura, las injustas condiciones de trabajo y la desprotección. Pero, en fin; muchas formas tienen la demagogia y el oportunismo.

Rechaza la Suprema Corte, la consulta popular sobre la Reforma Energética

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l pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el pasado jueves 27 de marzo, la Consulta a Trámite (por ocho votos a tres) presentada por el PRD para solicitar la calificación de la constitucionalidad de la Consulta Popular sobre la reforma constitucional en materia energética. Los ministros dejaron en claro que su decisión “no suspende” el trámite que debe seguir la Consulta y que tampoco se manifestaron sobre la constitucionalidad de la petición.

En todo caso, explicaron, si la autoridad electoral determina que la Consulta Popular cumple con los requisitos legales, entonces la Corte estará en condiciones de resolver si la pregunta que se haría, en el marco de la elección federal del 2015, cumple con lo establecido en la propia constitución.

Margarita Luna Ramos comentó que lo que sucedió fue que los ciudadanos que presentaron la solicitud “se adelantaron” en el trámite, porque en ésta instancia el Congreso es el órgano encargado de conducir el proceso y que después, si se cumplen los requisitos, la Corte estará en condiciones de calificar si la petición es procedente o no.

Los ministros resolvieron que el ministro presidente, Juan N. Silva Meza emita el acuerdo correspondiente en el que deseche “por improcedente” la solicitud de los ciudadanos, que en su representación presentaron los senadores perredistas el pasado 4 de diciembre.

Por Jacinto Rivera-DíAz / MUNDO LEGISLATIVO La mayoría no aceptó hacer un pronunciamiento respecto a que “el ejercicio de un derecho humano no debe depender de que el Congreso emita la ley respectiva”, y se aprobó prácticamente sin cambios, el proyecto elaborado por el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien planteó que los peticionarios no estaban legitimados para solicitarle a la Corte su intervención.

El ministro presidente Juan N. Silva Meza, quien al igual que Sergio Valls, Luis María Aguilar, Fernando Franco, Margarita Luna Ramos, Jorge Pardo y Arturo Zaldívar, votó en favor del proyecto, destacó la importancia de la Consulta a Trámite, y aunque en su intervención puso énfasis en la importancia que tenía el hecho de que varios ministros se pronunciaran con relación a que el ejercicio de un derecho constitucional no depende de que el legislativo emita una ley.

Cuando el ministro ponente precisó la redacción del dictamen definitivo, en el que se eliminaba ese pronunciamiento de la Corte sobre los derechos humanos y la constitución, Silva Meza no hizo alusión alguna a su comentario y con ello, su punto de vista y el de otros ministros al respecto, quedó fuera del dictamen.

Los ministros que quedaron en la minoría fueron Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes coincidieron en darle trámite a la petición del PRD. Cossío propuso que el asunto se enviara al Senado de la República, para que éste a su vez, lo enviara al Instituto Federal Electoral

o al Instituto Nacional de Elecciones para que determinara si la petición de consulta sobre la Reforma Energética cumplía con el requisito de que las firmas que lo apoyan suman dos por ciento de la lista nominal de electores que establece la Constitución.

En Senado dan luz verde a trámite El Senado emitió un acuerdo que da trámite a la solicitud de consulta popular a la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia energética que fue solicitada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en diciembre pasado.

El año pasado la presidencia nacional del PRD, sus grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados, figuras como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, presentaron una solicitud al presidente de la Cámara Alta Raúl Cervantes, firmada por más de un millón 700 mil personas para que convoque a este ejercicio ciudadano.

El acuerdo, que fue publicado hoy en la Gaceta Parlamentaria, señala que en un plazo de tres días naturales contados a partir de la notificación para que subsanen los errores y omisiones que se pudieran presentar, así como para nombrar a sus representantes legales para recibir notificaciones.

Una vez publicada en la Gaceta Parlamentaria se solicitará al Instituto Federal Electoral que en un plazo de 30 días naturales verifique que ha sido suscrita en un número equivalente al menos en 2% de las personas inscritas en la lista nominal de electores.

Previenen de fraudes a los ahoradores operaciones básico, se les aplicarán las siguientes disposiciones.

Serán evaluadas por un Comité de Supervisión Auxiliar semestralmente, de acuerdo con el nivel de capitalización que cuenten y el apego que tengan a las disposiciones que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de información financiera y requerimientos de capitalización.

Las evaluaciones se llevarán a cabo con información recabada de junio y diciembre de cada

año, debiendo publicarse durante los meses de septiembre y marzo inmediatos siguientes.

Como resultado de la evaluación, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de nivel de operaciones básico, serán clasificadas en alguna de las categorías siguientes: -Categoría A. Aquellas sociedades que presenten un nivel de capitalización igual o superior al 150 por ciento y cuya información financiera cumpla con las reglas para la elaboración y

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a Cámara de Diputados aprobó un dictamen que regula y fortalece la operación de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a fin de proteger a los ahorradores de posibles fraudes y lo turna al Senado para su análisis y eventual aprobación.

El dictamen establece que a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de

Por Hugo Lepe / MUNDO LEGISLATIVO

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presentación de los estados financieros básicos establecidas por la CNBV, por lo que el riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios es bajo.

-Categoría B. Aquéllas que presenten un nivel de capitalización igual o mayor al 100 por ciento y menor al 150 por ciento y cuya información financiera c umpla con las reglas para la elaboración y presentación de los estados financieros básicos determinadas por la CNBV, por lo que el riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios es moderadamente bajo.

-Categoría C. Aquéllas que presenten un nivel de capitalización igual o mayor al 50 por ciento y menor al 100 por ciento o que teniendo un nivel de capitalización superior al 100 por ciento, no se apegan a las reglas para la elaboración y presentación de los estados financieros básicos determinadas por la Comisión.

Estas sociedades están en riesgo de caer en estado de insolvencia si no adoptan medidas correctivas inmediatas, a efecto de disminuir el riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios.

Categoría D. Aquellas sociedades que presenten un nivel de capitalización inferior al 50 por ciento y que no presenten su s estados financieros básicos dentro de los plazos y términos que se fijen en las disposiciones que emita la CNBV. Estas sociedades, en protección del patrimonio de sus socios, deben abstenerse de celebrar operaciones de captación e iniciar su disolución y liquidación.

Las sociedades que acumulen dos clasificaciones consecutivas en categoría C, serán clasificadas en la categoría D en protección de sus socios ahorradores.

Asimismo, las sociedades que de manera recurrente incumplan con las obligaciones previstas en este artículo y las demás contenidas en esta Ley, podrán ser clasificadas en la categoría D, en protección de sus socios ahorradores.

En la Ley del Fipago se señala que se apoyará a los socios de las cajas o cooperativas de ahorro y préstamo con activos mayores a 2.5 millones de Unidades de Inversión (UDIS), que no logren su autorización o que se encuentren imposibilitados por una precaria situación financiera a devolver el ahorro de los socios.

Indica que las modificaciones tienen como objeto permitir que los trabajos que se realizan a las sociedades sean apoyados por el Fipago y se lle ven a cabo por expertos en finanzas populares y no sólo por consultores internacionales.

También contempla la ampliación del universo de sociedades sujetas a apoyo del Fipago en beneficio de los ahorradores.

Asimismo fortalece el control sobre las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones básico y permite concluir el proceso de regularización de aquélla s con activos superiores a 2.5 millones de UDIS, contempladas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Respecto a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, señala que los socios integrantes deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituirse ante un fedatario público y éstos estarán obligados a informar al Comité de Supervisión Auxiliar dentro de los 20 días siguientes de dicha constitución.

La reforma reduce el plazo para que dichas sociedades se inscriban en el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y prevé que el Comité evalúe periódicamente a dichas sociedades e informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cuando represente un riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios.

También faculta a la CNBV a ordenar la disolución y liquidación de dichas s ociedades ante riesgos, así como a ordenar como medida precautoria la inmovilización de los recursos de las personas, físicas o morales que realicen operaciones reservadas a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

El documento surge de iniciativas elaboradas por diput a d o s d e l P T, P R I y P V E M , e n tre febrero y marzo de 2014, y fue avalado en lo general por unanimidad, con 416 vot o s a f a v o r, y e n l o p a r t i c u l a r se aprobó también por unanim i d a d , c o n 4 0 6 v o t o s a f a v o r, tras aceptar sólo una reserva.

El dictamen reforma la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago) y de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

También modifica los artículos tercero y cuarto de los artículos transitorios del artículo primero del de creto que expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro.

Asimismo, las leyes General de Sociedades Cooperativas, de Ahorro y Crédito Popular, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Instituciones de Crédito.

El agua y el fututo de la Ciudad de México Por Ramón Aguirre Díaz / MUNDO LEGISLATIVO

supimos y fue cuando la problemática de abastecimiento de la ciudad se simplificó porque teníamos un gran aliado que es el acuífero en el cual prácticamente donde quisiéramos perforar podíamos extraer agua y con eso resolver el abastecimiento del agua a la población.

Sin embargo, lo que debemos de poner sobre la mesa y poner c omo un hecho, es que no podemos pensar que se puede sacar toda el agua del acuífero o que la extracción del agua pudiera ser ilimitada, de hecho en 1925 Roberto Gayol hizo un descubrimiento que llamó mucho la atención. Roberto Gayol construyó el sistema de drenaje de la ciudad a Porfirio Díaz en 1900, y para 1925 le decían que no estaba funcionando bien, hizo algunas revisiones y detectó que los niveles a los que estaban los drenajes no era a los que los había dejado, entonces dijo: yo no sé qué es lo que está pasando, pero la ciudad se está hundiendo y fue hasta 1947 cuando Nabor Carrillo demostró e hizo la teoría que ese hundimiento en la ciudad era una realidad se debía a la extracción del agua en el subsuelo.

Entonces, ¿Qué es lo que está su cediendo? Que por una parte estamos sacando mucho más agua al acuífero de la que deberíamos; estamos agotando el almacenamiento y por otro lado también estamos gene-

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rando hundimientos en la ciudad que alteran en mucho la infraestructura, sobre todo de drenaje y del metro.

En 1954 se decretó la suspensión de la explotación del acuífero y solo se p ermitió realizar perforaciones en el sur del valle: Xochimilco, Chalco y Zumpango, pero para 1965 la problemática del abastecimiento de la ciudad hizo que se modificara un decreto y se diera una autorización para la perforación de pozos sobre todo, en la nuevas zonas urbanas de crecimiento.

El día de hoy tenemos más de 3 mil 500 pozos que están perforados en el Valle de México, pozos que ahora estamos perforando por ejemplo en la ciudad, estamos perforando a 350 metros de profundidad, antes eran a 40 y ahora tenemos que bombear el agua a más de 200 metros cuando antes era un artesianismo… un signo claro que estamos agotando este almacenamiento.

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¿Qué tan difícil es dotar de agua a una de las mayores megas urbes del mundo?

Bueno, estaríamos pensando nosotros que sería una labor difícil, sería una labor compleja, sobre todo cuando estamos hablando de la Ciudad de México que se encuentra a dos mil 200 metros sobre el nivel del mar. Hay que recordar que Tokio, Nueva York, las otras mega urbes están sobre el nivel del mar, nosotros estamos a 2 mil 200 metros eso complica mucho más el abastecimiento y más aún si estamos habitando lo que antes era una laguna.

Qué nos mete en problemas de drenaje y problemas de abastecimiento. Desde la época de los aztecas se tenía problemas para lograr atender este problema del agua, porque la laguna era salobre, entonces se estuvo sacando el agua y se trajo agua de los manantiales de Chapultepec, después se trajeron agua de Coyoacán, de Xochimilco, de Tlalpan, de Cuajimalpa , de San Ángel y del Desierto de los Leones, el agua de los manantiales no alcanzaban, a dotar a la población que está creciendo y en 1847 se perforó lo que sería el primer pozo profundo, fue un pozo que se perforó a 40 metros de profundidad y que el agua por el artesianismo subía hasta el segundo nivel de las casas.

Bueno, a partir de 1847 ya

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Son 3 mil 500 pozos, de ellos, mil 220 son pozos que son para uso urbano y el resto son para uso industriales y agrícolas. Lo que estamos haciendo es una extracción que nos va a llevar a que esta sobreexplotación genere una crisis por el agotamiento del acuífero y sea una crisis de grandes dimensiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y el gran reto que tenemos como ciudades? ¿Cómo cambiamos de tener un abastecimiento de la ciudad a secas a lograr tener un abastecimiento sustentable, es decir, que no estemos nosotros sacándole más agua al acuífero y que estemos agotando las fuentes y por lo tanto comprometiendo el agua de las siguientes generaciones. ¿Qué e s lo que se hizo en el pasado, bueno, bajo este esquema y bajo esta noticia que hizo Carrillo sobre el tema de la sobreex plotación del acuífero?, En 1951 se trajo agua de una cuenca externa, de la cuenca de Lerma, de hecho estamos nosotros ahorita en la Fuente de Tláloc y está aquí un mural que es el Origen de la Vida que pintó Diego Rivera en la puesta en marcha de esta obra, en 1951 se hizo esta aportación.

Para 1982 se hizo otra gran obra para la ciudad trayendo agua de fuera que es el sistema Cutzamala, la inauguración de la primera etapa del sistema Cutzamala, esto tiene 32 años y hay que reconocer que desde 1982 hasta ahora no se ha hecho ningún anuncio ni ninguna acción importante para resolver la problemática del abastecimiento del agua no solo de la ciudad sino del Valle de México. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora en esta administración?, Bueno, uno de los esquemas que ya está pactado con la Com i s i ó n Nacional del Agua es que nosotros

logremos traer agua de una nueva fuente de abastecimiento, de una fuente externa que permita complementar el agua que falta a la ciudad, pero tenemos un problema que es el que hay que resolver primero.

Tenemos una red de distribución que está muy vieja que tiene un promedio de edad de 60 años, que tiene muchas fugas, se nos va más de 40 por ciento del agua a través de esas tuberías y si traemos agua de fuera, al meterle más agua y más presión a estas tuberías, lo que vamos a hacer es alimentar las fugas.

Entonces, una de las estrategias básicas para la ciudad es cambiar la tuberías, reparar los agujeros de las coladeras y después de eso ya poder traer más agua de fuera, y de hecho esta recuperación de agua que se nos está perdiendo puede ser la fuente de abastecimiento más barata para la ciudad.

Otras cosas que tenemos que hacer tienen que ver con el consumo, tenemos un consumo por habitante de los más altos, por ejemplo, ninguna ciudad latinoamericana tiene un consumo por habitante tan alto como el que tenemos en la Ciudad de México, tenemos un consumo que no lo tiene ninguna ciudad de Europa, más del 50 por ciento de cualquier ciudad europea en promedio por habitantes, tenemos que resolver el problema de las fugas también dentro de las casas y también necesitamos cambiar hábitos de consumo de millones de habitantes para poder lograr una solución sustentable.

En materia de drenaje, a la antigüedad de las tuberías hay que sumarle el problema que tenemos de los hundimientos y de la pérdida de pendientes, en 1925 se detectó el hundimiento de la ciudad con motivo de la revisión de los drenajes, imagínense

100 años después cómo estará la situación, cómo estarán las pendientes de esos drenajes porque todavía tenemos tuberías de esa época.

Por otra parte, ne cesitamos nosotros resolver el tema del agua residual tratada, buscar que todos los usos que no requieran calidad potable, tengamos una disponibilidad de agua residual tratada de buena calidad para que no se esté utilizando tanto el agua potable.

Si a todos estos problemas le sumamos la situación de que tenemos cerca de un millón de personas en la Ciudad de México que está r ecibiendo agua que no cumple con todas las normas de calidad potable, nos vamos a poder dar cuenta de que las necesidades de financiamiento, las necesidades de inversión y todo lo que se requiere es una gran tarea que hay que emprender hacia delante.

Por ello, en atención a las instrucciones recibidas por el doctor Miguel Ángel Mancera, hemos venido trabajando en los últimos meses en la conformación de un plan, que incluye reformas tanto de carácter legal como nuevos esquemas de financiamiento que permitan que la ciudad avance de manera decidida en este tema.

Te n e m o s q u e r e c o n o c e r que el problema no se va a resolver con que la Ciudad de México haga su tarea, porque es un problema metropolitano, se involucra también a todos los que estamos en el Va l l e d e M é x i c o , p e r o e n l a medida en que nosotros pongamos la parte que al Distrito Federal le corresponde, en esa medida vamos a poder e n t o n c e s p e l e a r, b u s c a r q u e t o d o e l Va l l e d e M é x i c o c a mine hacia el mismo sentido. * D i re c t o r g e n e r a l d e l S i s tema de Aguas de la Ciudad de México

Iniciativas ciudadana y preferente de la iniciativa popular, el mínimo de normas adjetivas sobre su trámite y el contacto institucional que los presidentes de cada mesa directiva deberán tener con la autoridad electoral, para verificar el porcentaje señalado por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución, es decir, el .13 por ciento de la lista nominal de electores.

En cuanto a la iniciativa preferente, abundó, el Constituyente Permanente consideró que es un medio para que el Ejecutivo tenga la garantía constitucional de que el Congreso habrá de pronunciarse sobre las iniciativas de reforma legal que presente.

“El carácter de preferente no prejuzga ni condiciona la decisión que adopte el Poder Legislativo, sino asegura la atención del asunto en un plazo predeterminado en la propia norma constitucional”, subrayó.

El diputado Ochoa Gallegos mencionó que el propósito de la iniciativa preferente, de acuerdo al espíritu de la reforma constitucional, es que el Ejecutivo federal presente al inicio de cada periodo ordinario de sesiones hasta dos iniciativas para este trámite o dos que estén pendientes de dictamen, sin haber sido originalmente señaladas por el propio Ejecutivo como preferentes.

“Aquí es de destacarse la claridad con que el dictamen se ocupa de la reglamentación de la iniciativa preferente, pues se hacen reformas sobre las atribucio-

nes de la Mesa Directiva, de su presidente; de la Junta de Coordinación Política y de las comisiones y órganos equivalentes en ambas Cámaras del Congreso de la Unión”, precisó.

Añadió que en la regulación de la iniciativa ciudadana y de la iniciativa preferente debe reconocerse la participación e interés de los grupos parlamentarios para cumplir con lo establecido en la Constitución, a través de las figuras que tutelan las garantías del ejercicio pleno del derecho de los ciudadanos para iniciar leyes y otorgar claridad y certezas jurídicas en su procedimiento.

No es solución…

En la discusión en lo general, el diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, destacó que con las reformas a estos cuerpos normativos se atiende un sensible reclamo de la sociedad, que demanda más participación en la conformación del futuro de nuestro país.

Ambas figuras, dijo, comparten por tanto el objetivo de extender las atribuciones y la vinculación del Poder Legislativo al brindar el acceso ciudadano a la función esencial del órgano productor de leyes y al establecer un vínculo legal directo con los objetivos específicos del gobierno del Ejecutivo federal.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) propuso considerar el retiro de

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l Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 375 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.

El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (PRI), secretario de la Comisión de Gobernación, fundamentó que la reforma es una respuesta que abona a la transformación del sistema político, y hace posible una nueva y fortalecida dinámica democrática, cuyo afianzamiento exige el reconocimiento de figuras legales que permitan la colaboración entre los Poderes de la Unión y el ciudadano.

Aseguró que el objetivo es encontrar más caminos para empoderar a los mexicanos y que al regular la iniciativa ciudadana, se har á posible su derecho para presentar proyectos de iniciativas respecto de las materias de competencia del Congreso de la Unión.

El decreto, explicó el legislador, establece cuáles serán las formalidades para la presentación

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la modificación al Cofipe y que se devolviera a las comisiones, para efectos de que fuera parte de la nueva Ley General de Procedimientos Electorales.

Señaló que “esta reforma está inscrita en las baratijas que se le entregaron a los partidos del Pacto, mismo que se sigue ocultando, pero que continúa por la entrega del petróleo del cual hicieron gala en el mes de diciembre, del cinismo con el cual traicionaron a la patria”.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano) se manifestó en contra al considerar que no se plantea una solución de fondo a la participación ciudadana, o que modifique las relaciones entre gobierno y gobernados.

Consideró que en la Ley de Consulta Popular hay una serie de trucos y limitaciones que diluyen en la práctica la utilización de este instrumento como posibilidad de participación ciudadana.

A su vez, el diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) al pronunciarse a favor, destacó que la reforma plantea de manera afortunada la intervención del Instituto Nacional Electoral en el proceso de iniciativa ciudadana.

Además, resaltó que la reforma a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral contiene mecanismos para permitir el pronto acceso a los tribunales de todos aquellos ciudadanos inconformes con la determinación de las autoridades electorales.

La diputada Amalia Dolores García Medina (PRD) señaló que la iniciativa ciudadana es una demanda de por lo menos 20 años atrás.

“Hoy, la iniciativa ciudadana se convierte en un instrumento para que de manera directa, los ciudadanos y las ciudadanas puedan presentar sus iniciativas de ley”, dijo.

No obstan te, consideró que se tiene que ir más lejos, ya que

no es suficiente que los ciudadanos presenten iniciativas de ley, sino que deberían, incluso, presentar iniciativas de reforma constitucional, lo que se tendrá que analizar y discutir en el Congreso.

Se manifestaron en contra del dictamen, los diputados Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) y Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano).

No es graciosa concesion A f a v o r, l o s d i p u t a d o s M a r i n o M i r a n d a S a l g a d o y F e rnando Belaunzarán Méndez, del PRD y Lilia Aguilar Gil, d e l P T, q u i e n e s c o i n c i d i e r o n en que estas dos figuras que se dictaminan no son producto del Pacto por México, sino que provienen de las demandas ciudadanas.

Se reservaron para su discusión en lo particular los artículos: 20, 23, 34, 43, 66, 67, 82, 104, 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 128 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tras ser discutidos en lo particular, fue aprobada la propuesta de modificación al artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar: 1. La iniciativa ciudadana, además de los requisitos que establecen los reglamentos de las cámaras, según corresponda, deberá: a) Presentarse por escrito ante el Presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores y en sus recesos ante el Presidente de la Comisión Permanente. La Cámara que reciba el escrito de presentación de la iniciativa ciudadana será la cámara de origen, salvo que el proyecto respectivo se refiera a empréstitos, contribuciones, impuestos o reclutamiento de

tropas. En estos casos, la cámara de origen será siempre la de diputados. Durante los recesos del Congreso, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente determinará la Cámara de origen, en caso de que la iniciativa no lo especifique. b) Contener los nombres completos de los ciudadanos, clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial de elector derivados del reconocimiento óptimo de caracteres ODR de la credencial para votar con fotografía vigente y su firma. c) Nombre completo y domicilio del representante para oír y recibir notificaciones. d) Toda la documentación deberá estar plenamente identificada señalando en la parte superior de cada hoja el nombre del proyecto de decreto que se propone someter.

Cuando la iniciativa no cumpla con los requisitos señalados en los incisos a), c) o d) el Presidente de la Cámara prevendrá a los promoventes para que subsanen los errores u omisiones en un plazo de dos días hábiles a partir de la notificación. En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá por no pres entada.

Asimismo, se aprobó la reserva para modificar el artículo 128, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, complementario del artículo 131 de la Ley General del Congreso. Ambas modificaciones se incorporaron al dictamen.

Se rechazaron las propuestas de modificación de los artículos 20, 23, 34, 43, 66, 67, 82, 104, 130 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y fueron aprobados en los términos del dictamen.

En lo particular, el dictamen obtuvo 365 votos a favor, 45 en contra y 1 abstención. Se turnó al Senado para sus efectos constitucionales.

Régimen de concesiones de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión Redacción / MUNDO LEGISLATIVO

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prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con fines de lucro y para construir, operar o explotar una red pública de telecomunicaciones; Uso público, confiere el derecho a la Administración Pública en sus tres órdenes de gobierno, órganos constitucionales autónomos, otros poderes de la Unión o de las entidades federativas, para contar con servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y atribuciones. En este uso se incluyen a concesionarios y permisionarios de servicios públicos diferentes a los de telecomunicaciones y radiodifusión, cuando necesiten contar con concesiones para la operación y seguridad del servicio de que se trate. En este tipo de concesiones no se podrán comercializar servicios de telecomunicaciones o capacidad de red con fines de lucro;

Uso privado, se confiere el derecho para servicios con propósitos de comunicación privada, experimentación, comprobación de viabilidad técnica y económica de tecnológicas o pruebas temporales de equipo y radioaficionados; Uso social, confiere el derecho de prestar servicios con propósitos culturales, a la comunidad, científicos o educativos sin fines de lucro, comprendiendo en este uso a los pueblos indígenas y comunidades.

En el supuesto de redes privadas o públicas, estas solo requerirán de una concesión única, cuando necesiten espectro o recursos orbitales de uso determinado o protegido. Por el contrario, cuando tengan redes alámbricas o usen espectro libre, no requerirán concesión, solo deberán cumplir las disposiciones aplicables para el despliegue de sus redes.

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a Reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones estableció́ tres premisas a las que se debe de atender para un nuevo régimen concesionario.

Primera, consiste en que las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas.

Segunda, constituye el mecanismo de otorgamiento, señalando que las concesiones de espectro se otorgarán mediante licitación pública y las concesiones de uso público y social mediante asignación directa.

Tercera, que las concesiones serán únicas, de tal forma que los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes, siempre que cumplan con las obligaciones y contraprestaciones que impongan la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Tomando en cuenta estas premisas, la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propone un régimen de concesiones de la siguiente manera: Concesión única, es decir, aquel título habilitante que autoriza la prestación de todo tipo de servicios por cualquier medio de transmisión, podrá́ ser de cuatro tipos, según sus fines: Uso comercial, en el que se confiere el derecho a cualquier persona, física o moral, para

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Televisa y Telmex seguirán protegidos: Corral Redacción / MUNDO LEGISLATIVO

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“Estamos ante una contrarreforma, la segunda temporada de la Ley Televisa”, así lo declaró el senador del PAN Javier Corral en entrevista para Noticias MVS con Carmen Aristegui.

En un extenso análisis sobre la iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado el pasado 24 de marzo, Corral aseguró que está ocurriendo algo parecido a lo que pasó entre 2005 y 2006 cuando Televisa cabildeó en el Congreso una serie de modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, conocidas como Ley Televisa.

Corral invitó a los redactores de esta propuesta de ley a un debate, entre ellos están el subsecretario de comunicaciones como Ignacio Peralta y el consejero jurídico de la presidencia Humberto Castillejos, así como con Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado.

Calificó la iniciativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión como “un acto de regresión política, de arrepentimiento, da marcha atrás de una reforma que presumió en el mundo” y dijo que el presidente Peña Nieto “se ha doblado frente a la televisión, tiene artículos de regalo para la empresa de Emilio Azcárraga”.

Uno de estos regalos, dijo Corral, tiene que ver con la competencia económica ya que, si bien Televisa fue declarado agente económico preponderante en la televisión abierta, no lo fue en la de paga, donde tiene una presencia del 60%. “Le abren una cláusula especial a Televisa para que pueda concentrar todas las cableras que quiera, como no le tocaría preponderancia en TV de paga, para que pueda seguir concentrando, vamos a llamarle la cláusula Cablecom”, sostuvo el senador, quien dijo también que los redactores del proyecto “quieren abusar de la ignorancia del Presidente en la materia”.

Sobre las declaraciones de legisladores panistas, como el coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Jorge Luis Preciado, quien dijo que es “poco responsable” rechazar las leyes secundarias que propone el Ejecutivo, Corral comentó que él ya sabía el contenido de la propuesta, pues “el

gobierno le compartió a partidos los proyectos, cuando te digo que vamos a ver la segunda temporada de la ley Televisa es porque este tema va a dividir a todos los partidos”.

Sobre el boletín que Televisa publicó a partir de que se dio a conocer la iniciativa, Javier Corral dijo que la televisora ”se tira al piso, tratando de hacerse víctima, ya que las medidas que se le imponen no son graves en realidad. “Cuidado con ese boletín, se tiraron al piso, no son más que obligaciones que ya tienen incluso en su título de concesión”, concluyó.

Corral se mostró preocupado por las facultades del Ifetel que se le otorgan a la Secretaría de Comunicaciones y a la Secretaría de Gobernación.

“Pretende devolver a la SCT intromisión indebida en procedimientos, trámites y recomendaciones”, dijo y agregó: “Están regresando una reforma que no digirieron absolutamente y quieren volver a recuperar”.

Calificó al proyecto de autoritario pues le devuelve a Segob facultades de vigilancia, “una facultad que en exclusiva la Constitución le otorgó al Ifetel y para lo cual había un consejo consultivo”, indicó.

El senador dijo que es necesario esperar la postura del Instituto Federal de Telecomunicaciones al respecto, ya que ésta permitirá “medir si estamos ante un órgano con visión de Estado o de relación con el gobierno”.

Política criminal. Paradojas La historia de la justicia democrática está estrechamente vinculada con la idea de limitar los abusos del Estado en contra de los individuos y por ello se obligó a las autoridades a no detener a nadie a menos que hubiera una “causa probable” o estándares análogos como los contenidos en el articulo 16 y 19 de nuestra Constitución, a presentar a los detenidos ante el juez, a que antes de determinar que se ha roto con la presunción de inocencia haya un juicio con plenas garantías. Sin embargo, en toda la historia ha habido organizaciones criminales que han superado la capacidad del Estado para someterlos y esto ha provocado que se tomen medidas excepcionales que dotan de mayores poderes a las policías y los Ministerios Públicos para combatir estos crímenes.

Estas medidas son muy delicadas porque asumen que darle mayor poder a las policías, y en nuestro caso al Ministerio Público, va a hacer más eficientes las investigaciones y van a permitir que los delitos sean combatidos con mayor eficacia, lo cual puede ser correcto. Sin embargo, existe el riesgo permanente de que las policías y los ministerios públicos aprovechen esas facultades para fabricar culpables y quedar bien con las víctimas que exigen justicia, o de plano para corromperse abusando de su poder. Por eso se debe lograr un equilibrio que garantice el debido proceso y sin embargo se logre la eficiencia de las instituciones.

El texto constitucional negociado en 2008 por el constituyente permanente que estableció los equilibrios, presuponía la existencia del arraigo para los estados en tanto entra el sistema procesal acusatorio.

Era una medida transitoria y una especie de amortiguador en el cambio de sistemas.

La SCJN con su resolución eliminó este amortiguador y pretende aplicar hacia atrás instituciones que debían tener una cierta secuencia. La afectación se verá en las víctimas de los delitos que no tienen la culpa de estas decisiones del estado. Las víctimas tienen derecho a la verdad y la justicia. Están hoy atrapadas en tecnicismos que no pueden controlar. Es importante construir el debido proceso para los imputados y las víctimas. Por eso deben buscarse los equilibrios hacia delante y no lastimar más a quien ya sufrió un gran daño en la vida de sus seres queridos, su libertad y el daño que los secuestros y otros graves delitos hacen, no sólo a las víctimas sino a la sociedad en su conjunto.

FUENTE: Animal Político.com/ @Alejandro_Martí Presidente y Fundador de la organización México SOS que lucha contra la inseguridad.

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l pasado 25 de febrero, derivado de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte estableció, con base en el texto del artículo 16 constitucional, que los estados no pueden legislar en materia de arraigo, lo que abrió la puerta a que todas las personas arraigadas con base en legislaciones locales y aquellas sentenciadas con pruebas obtenidas durante el arraigo se puedan amparar y posiblemente obtener su libertad. Paradójicamente, la decisión de la Corte puede abrir las puertas a la impunidad; sin embargo, el problema no es su decisión, sino la desarticulación de la política criminal y las limitaciones que imponen los artículos 21 y 115 al desarrollo de las policías investigadoras.

El arraigo es una medida que utilizan los investigadores del delito con dos objetivos fundamentales: a) Anular de inmediato la peligrosidad de una persona considerada como miembro de un grupo criminal, privándola de la libertad, aunque no haya suficiente evidencia para imputarle un delito, y b) Subsanar las omisiones de una investigación que no reúne suficientes elementos para presentar a un inculpado ante los tribunales para someterlo a un proceso.

En el mundo medidas análogas se han aplicado básicamente en contra de personas presuntamente involucradas en el terrorismo y en la delincuencia organizada, considerando que son delincuentes muy peligrosos que pueden hacer mucho daño a la sociedad y que dada la complejidad de los delitos que cometen es necesario que la policía o el Ministerio Público tengan la posibilidad de detenerlos para poderlos investigar –aunque no se haya probado su responsabilidad– y no al revés, como debería ser.

La hipótesis de la justicia democrática se basa en la presunción de inocencia y en el debido proceso, sin embargo, la gravedad de ciertos delitos como terrorismo y delincuencia organizada, y la peligrosidad de quienes los cometen, han obligado a los legisladores a permitir ciertas excepciones con el fin de facilitar su captura e impedir mayores daños a la sociedad. De esta manera la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada precisamente se funda en las razones de máxima eficiencia para determinar que se debe garantizar el procesamiento de este tipo de personas que cometen delitos graves de delincuencia organizada.

Por Alejandro Martí / MUNDO LEGISLATIVO

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La tormenta

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onforme se me acumulan los años, los espacios del pasado los siento más cortos. Mi experiencia como marino la veo como un suspiro en mi vida. No me interesa hacer cuentas cuanto tiempo fue, sólo que ha quedado como un soplo en el espacio.

Pero en ese pescar de recuerdos aparece el muelle veracruzano a donde llegaban o de donde salían los barcos de poco calado. Hacían los servicios de cabotaje por el Golfo de México.

Recuerdo mis años de marino errante: navegar, izar o arriar las velas; pilotar, timonear, guiñar, virar, fondear, recalar, varar y encallar; palabras que tuve que asimilar. Barloventear y sotaventear, drizar, orzar y pairear.

Mientras oteo el horizonte espero que escampe la tormenta. Los barcos que se quedaron crujen mientras las cuerdas siguen tensas.

Imagino a los marinos en altamar poniendo a su nave al pairo para sortear el temporal mientras buscan refugio seguro. Encallar, embarrancar, zozobrar, naufragar, palabras que quieren evitar.

Fui un marino que ataba cabos; al que le quedaban cabos sin nudos y nudos sin cabos; que conocí a muchos viejos lobos de mar.

El sonido del silbato se abre paso entre la pertinaz lluvia del Norte llamando a la tripulación que partirá en breve. El viejo marino, desde su refugio acecha las mirillas, fulgurando las pupilas.

Por Octavio Raziel / MUNDO LEGISLATIVO

Hoy, cuando manchones de invierno asoman por mis sienes y han aparecido surcos arados por el tiempo sobre mi rostro, como una fotografía aérea de dunas amenazadas, recuerdo la tarde que el Estrella Azul zarpó rumbo a Campeche. Aunque pequeño, tenía proa alta y una quilla afilada para sortear las peores tormentas. Llevaba una tripulación de cinco personas, incluido el patrón, además del grumete de 12 años que pretendía aprender los secretos de la navegación.

Por la noche comenzaron a llegar los informes del extravío, de la incomunicación con la pequeña nave que enfrentaba una gran tormenta. Un rayo destruyó la radio y el alto oleaje amenazaba hacer zozobrar a la nave. Imagino al capitán dar las órdenes para pailar contra las olas. Achicar bodegas. Un grito al grumete para que bajara a la sentina por la Cruz de Naufragio. “No la sueltes. Aférrate a ella como tu vida”. Un golpe encontrado levantó la nave varios metros sobre el nivel del agua; volaba. Parecía un albatros en medio de la tormenta.

Instantes después, o eso les parecieron, se sumergió en una gran ola. El grumete abrazó la Cruz y con la cuerda de los Clavos de Nelson la aseguró a su brazo. La búsqueda fue intensa; hasta que… el cuerpo del niño-marinero apareció flotando; tenía los brazos abiertos y los ojos fijos en el infinito. En una de sus muñecas estaba atada la Cruz de Naufragio.

Los marinos sabemos que encontrar ese emblema significa una tragedia en el mar.

Cárcel a los violentos en eventos deportivos cuatro años de prisión y de diez a sesenta días multa, a quien participe activamente en riñas.

A quien incite o genere violencia, cause daños materiales del recinto deportivo o introduzca armas de fuego, explosivos o cualquier arma prohibida, será sancionado con un año seis meses, a cuatro años seis meses de prisión y de veinte a noventa días multa, añade el documento.

Precisa que a quien resulte responsable de dichos delitos, se le suspenderá el derecho a asistir a espectáculos deportivos, por un plazo equivalente a la pena de prisión que le resulte impuesta.

Se instituirá el Padrón de Personas Sancionadas con suspensión del derecho de asistir a eventos deportivos, en el cual quedarán inscritas las personas a quienes se les imponga como sanción la prohibición o suspensión de asistencia a eventos y espectáculos deportivos.

El dictamen, turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que en México se presentan con mayor frecuencia acontecimientos lamentables en los que la rivalidad entre porras o grupos de aficionados de diversos equipos han provocado batallas campales en las tribunas de los estadios que generan enfrentamientos con las autoridades, robos, daños y secuestros de autobuses, afectando la integridad física y patrimonial de los ciudadanos.

Argumenta que la violencia asociada a los eventos deportivos es totalmente deleznable

y atenta tanto contra la libertad como la seguridad de los ciudadanos y del desarrollo integral de la familia, arrebatándoles espacios destinados a la convivencia y sano esparcimiento.

Por ello, subraya, resulta ineludible fortalecer las atribuciones de las instituciones en la materia, así como los valores del juego limpio, del trabajo en equipo, la sana convivencia y la solidaridad, que deben ser difundidos y promovidos tanto por el Estado como por los grupos directivos de las entidades del deporte federado y asociado.

Al fundamentar el dictamen, el diputado José Alberto Rodríguez Calderón (PRI) señaló que las circunstancias derivadas de la violencia en el deporte de algunos años a la fecha han provocado la necesidad de que se presenten reformas a la Ley de Cultura Física y Deporte, a fin de generar un marco jurídico que se garantice a las familias mexicanas el disfrutar de los eventos deportivos de forma pacífica y segura.

Explicó que este dictamen establece la obligación de las autoridades para efecto de llevar a cabo una coordinación interinstitucional tanto a nivel federal, estatal y municipal, en aras de lograr una verdadera seguridad y una prevención de los posibles actos de violencia en eventos deportivos.

“No solamente se trata de crear delitos, sino de crear una estructura en vía de prevención para evitar que ocurran actos violentos”, resaltó.

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a Cámara de Diputados aprobó con 317 votos a favor, 34 en contra y 17 abstenciones el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de implementar sanciones a quienes ejerzan la violencia en eventos deportivos, y medidas para prevenirla.

El dictamen establece que considerando la gravedad de la conducta o reincidencia se impondrá a los aficionados, asistentes o espectadores en general, expulsión inmediata de las instalaciones deportivas; amonestación privada o pública; multa de 10 a 90 veces el salario mínimo; reparación integral del daño causado y suspensión de uno a cinco años del acceso a espectáculo deportivos.

También se estipula que al espectador o cualquier otra persona que sin ser juez, jugador o parte del cuerpo técnico de los equipos contendientes, lance objetos contundentes que pongan en riesgo la salud o integridad de las personas, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cinco a treinta días multas.

Asimismo, a quien Ingrese sin autorización a los terrenos de juego y agreda a las personas o cause daños materiales será sancionado con seis meses a tres años de prisión y de diez a cuarenta días multa. Además, se sancionará con seis meses a

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Agregó que otro aspecto que plantea la reforma es que se cree en cada una de las 32 entidades federativas una comisión especial para evitar la violencia en el deporte, las cuales tendrán la configuración integral de autoridades estatales, federales y municipales con la intención de diseñar un programa anual para prevenir estos actos.

Por otra parte, este dictamen contempla la obligación de todos los que intervienen en eventos deportivos –llámense dueños de clubes, de equipos o dueños de instalaciones deportivas– de configurar un frente común para erradicar la violencia en el deporte.

Manifestó que esta reforma pretende responder a la necesidad y a la exigencia social en el sentido de que los eventos deportivos sean disfrutados por las familias mexicanas, y para ello se propone la creación de un delito denominado violencia en el deporte.

“No estamos criminalizando a los aficionados al deporte, no estamos criminalizando a los deportistas, estamos señalando a los violentos, a los grupos, que no exceden de un 5 por ciento de la gente que acude a un estadio de futbol, y vamos contra los violentos, contra los irracionales, contra los vándalos que han generado violencia extrema en los eventos deportivos”, afirmó.

Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) dijo que la venta de bebidas alcohólicas, que es detonador clave de la violencia, no solamente en los estadios, sino en cualquier evento deportivo, por lo que es necesario que exista la responsabilidad real de las autoridades municipales y gubernamentales de los estados, de los dueños de los clubes y estadios. “La reforma no resuelve de tajo, ni de fondo la violencia”, subrayó.

Cambios propuestos por las comisiones

El Pleno avaló las propuestas presentadas por las comisiones de Justicia y de Deporte para modificar los artículos 2, 41, 41 Bis, 98 Bis, 139, 140, 142, 151, 152, 154, 155 y los dos transitorios y adicionar dos más.

Respecto al artículo 2o, se modificó la fracción VII para adicionar que se promovera también la implementación de sanciones a quienes ejerzan la violencia. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles a que haya lugar.

En el artículo 41, fracción VIII, se establece que se promoverán mecanismos y acciones encaminadas a prevenir la violencia en “eventos deportivos”, garantizar el desarrollo pacífico en los recintos donde se celebren eventos deportivos masivos y “con fines de espectáculo” y en sus inmediaciones, así como la seguridad y patrimonio de las personas, en coordinación con las autoridades de seguridad pública, privada y de protección civil correspondiente.

En cuanto al artículo 41 Bis se precisa que la coordinación y colaboración entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios respecto a la seguridad y “prevención” en los eventos deportivos masivos o “con fines de espectáculo”, será sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la fracción I, se detalla que los usuarios de las instalaciones deportivas, ya sea organizadores, participantes, asistentes, “aficionados o espectadores en general”, atenderán las disposiciones en materia de seguridad y protección civil, según corresponda, y las indicaciones en la materia que emitan las autoridades competentes para que los eventos deportivos se realicen de manera ordenada y se preserve la integridad de las personas y los bienes.

La fracción II precisa que para la seguridad en el interior de los recintos y sus anexos, los organizadores de los eventos deberán observar las disposiciones legales reglamentarias y administrativas correspondientes del municipio o “el Distrito Federal en los órganos políticos administrativos, en cada una de las demarcaciones territoriales” en que se celebren los eventos.

Respecto a la fracción IV, quedó: A solicitud de las autoridades municipales y atendiendo a los acuerdos de colaboración o coordinación que al efecto se celebren, las autoridades estatales y el Distrito Federal intervendrán para garantizar la seguridad en las áreas que se especifiquen, de acuerdo con las características del evento de que se trate.

Mientras que la fracción X señala: Las autoridades de los tres órdenes de gobierno capacitarán a los cuerpos policiacos y demás autoridades encargadas de la seguridad en el uso apropiado de sus atribuciones, así como en técnicas y tácticas especiales para resolver conflictos y extinguir actos de violencia que puedan suscitarse en este sentido.

La fracción XI: Las leyes de seguridad pública de las entidades federativas y del Distrito Federal deberán establecer lo conducente para la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública entre una entidad y sus municipios, o “el Distrito Federal en los órganos políticos administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales”, para garantizar el desarrollo pacífico de los eventos deportivos que se realicen en la jurisdicción estatal, municipal o, en el caso del Distrito Federal, delegacional, atendiendo a lo previsto en este artículo.

En cuanto al artículo 98 Bis, sólo se adicionó la palabra “masivos”. Mientras, al artículo

139 se le agregó un último párrafo: “Será obligación de las comisiones nacional y estatales, la elaboración de un programa anual de trabajo para la prevención de la violencia en eventos deportivos”.

En el artículo 140, fracción VIII, IX y X se adicionó “así como en las diversas modalidades de eventos deportivos previstos en esta ley”. En el artículo 142, en su fracción I, se precisó que también deben acatar las disposiciones normativas “las diversas modalidades de los eventos deportivos”.

Respecto a l artículo 152, fracción V se añade los términos “aficionados y asistentes”. Asimismo se precisa en el inciso C) que la multa será de acuerdo al área geográfica donde se cometa la infracción.

Y en el inciso d) que se suspenderá el acceso “a eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo”.

Además, en el artículo 154, fracción IV, se establece que se considerará “incitador a quien dolosamente determine a otro u otros para que participen en riñas o agresiones físicas a las

personas o a los bienes”.

En el artículo 155 se señala que se instituirá el Padrón “de Personas Sancionadas con suspensión del derecho de asistir a eventos deportivos”.

Se adicionan un tercero y cuarto transitorio, los cuales señalan que “el Ejecutivo federal deberá expedir las reformas necesarias al reglamento de esta ley, en un plazo no mayor a s eis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

El cuarto, que “las comisiones locales a que alude el último párrafo del artículo 139 de esta ley, deberán quedar instaladas dentro de los 90 días posteriores a la publicación de las reformas al reglamento”.

Moción suspensiva Previamente, la diputada Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano) presentó una moción suspensiva que fue rechazada por el Pleno, la cual planteaba estudios y análisis concienzudos sobre este fenómeno desde diversas perspectivas, pues, dijo, “el

tema es complejo y delicado, no debe ser tratado de forma ligera, amerita reflexión y consciencia”.

Reservas El Pleno avaló, con 231 votos en pro, 34 en contra y 14 abstenciones, las reservas presentadas a los artículos 41, 41 bis, 98 bis, 151, 152, inclusión del 154 bis, 155 y adición del 155 bis, en términos del dictamen.

Se aprobó la reserva de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD) para adicionar un último párra fo al artículo 154, para establecer que: “Las personas que directa o indirectamente realicen las conductas previstas en este artículo serán puestas inmediatamente a disposición de las autoridades corre spondientes para que se investigue su probable responsabilidad y se garantice la reparación del daño. En todo lo dispuesto por esta ley se estará a lo que establece que Código Penal Federal y los códigos penales de los estados”.

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Michoacán: complicidades

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a es oficial, la desigualdad definirá la próxima década.Y ojalá no defina también las que siguen; porque al ritmo que corre el acaparamiento, tendría que ocurrir algo muy fuerte para pararlo.

El informe Oxfam difundido antes del encuentro de los poderosos en Davos, precisa que la mitad de la riqueza está en manos del uno por ciento de la población mundial y que los 85 más ricos del planeta, poseen el equivalente a lo que tiene la mitad de la humanidad. Haber llegado a eso, sería imposible sin la complicidad o benevolencia de los gobiernos. Uno de esos 85 poderosos es mexicano; y sabemos de quien se valió para amasar inmensa fortuna, cuando la mitad de sus compatriotas vive en extrema pobreza.

Y mientras él y ellos siguen acumulando, 400 millones de niños sobreviven en condiciones paupérrimas, 200 millones carecen de asistencia sanitaria, 100 millones sufren desnutrición con daños irreversibles y 25 mil mueren diario de hambre. De desigualdad y complicidades, es buen ejemplo Michoacán. Lo que ahí ocurre es resultado de la conducta de gobiernos estatales y federales, sobre todo en los sexenios panistas, que dejaron crecer ilegalidad y narcotráfico; con todo lo que eso conlleva. Dijo hace días Cuauhtémoc Cárdenas, que la federación abandonó hace 32 años a Michoacán. El abandono, hubiera sido mejor que la aceptación de lo que sucedía; como permitir la Ermita de la Nueva Jerusalén que existe fuera de toda ley que no sea la de sus jerarcas; y donde desde hace más de 40 años, hay extranjeros sin permiso, uso y cultivo de mariguana, violaciones de niñas, asesinatos y cárceles clandestinas.

Muy cerca de Apatzingán se alza hace décadas, la Basílica de la Virgen de Acahuato; cuya construcción grande y lujosa para el entorno, debiera haber sorprendido a los gobernantes lo suficiente para ir y echar una miradita, a los exvotos de gratitud por las cosechas “de la buena yerbita”. En muchas ciudades era conocida, tolerada, y yo diría que hasta agradecida, la presencia de los narcos. Agencias de automóviles, centros nocturnos, fraccionamientos elegantes, clínicas de belleza, y joyerías, surgieron en Uruapan y Apatzingán desde mediados de los 80s, para los narcos y sus mujeres; ávidas de camionetotas, casotas, alhajas, diversión, cosméticos

Por Teresa Gurza/ MUNDO LEGISLATIVO y masajes. Con los narcos llegó una prosperidad de la que se presumía; y que suplía, lo que no entraba por la exportación de aguacate; prohibido en esos años por Estados Unidos, con el pretexto del gusano barrenador.

El auge menguó a principios de los 90s, porque los narcos se fueron para Jalisco; pero pronto regresaron.

En Morelia, siendo por cierto Fausto Vallejo alcalde o presidente estatal del PRI, eran comunes las narcotienditas; en la cárcel se paseaba como por su casa un conocido “abogado de narcos” con poco trabajo, porque sólo caían campesinos pobres; carne de cañón en los frecuentes pleitos por el control del penal. Por brechas y caminos, era constante el tráfico de vehículos con droga y madera clandestina.

Y los que bajaban de San Juanito Itzícuaro, pasaban justo frente a la puerta de la casa de un delegado de la Semarnat, más preocupado en admirar las aves en extinción que adornaban las jaulas de su jardín, que en investigarlos. Se sembraba mariguana abiertamente, o se disimulaba entre las copas de los árboles de limón y aguacate; y en pozos, donde alcanzaban lozanía y tamaños, comparables a los cambios en las economías de muchas familias; y nadie creía que al ser descubiertas, las plantaciones terminaban incineradas.

Junto a la mariguana, la amapola y los problemas políticos imbricados con los de los grupos narcos y que me parece raro no estén ahora visibles, se sembró lo que hoy pasa; denunciado en la prensa y en cartas pastorales de los obispos de la Tierra Caliente, principalmente el de Apatzingán.

Y era rumor extendido, que nunca pude confirmar porque la gente se cerraba al pedirles precisión en años y nombres, que intentando paliar la pobreza se había dado en los 50s, autorización para sembrar “una poca” de mariguana. Llegó ya Michoacán a una situación límite, en la que no es suficiente hacer de las defensas guardias rurales; es necesario tomar medidas límite, como legalizar la mariguana y abrir centros de educación y trabajo. Es absurdo que si para el presidente Obama, fumarla sea solo un mal hábito comparable a consumir tabaco y alcohol, en México sigamos gastando lo que no tenemos y enterrando jóvenes que no nos sobran, para combatirla. Y ¿cómo está eso de que reporteros gringos entrevistan a la Tuta, y la policía no lo encuentra?