Mundo Legislativo No.102

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Tras su privatización, quieren De vuelta a los ferrocarriles (Pág. 15)

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¡Una familia feliz!

La reforma energética tendrá que pasar por tribunales: Cárdenas

Cumplen una añeja demanda: la Ley de Consulta Popular.

Regulan la difusión en medios para la consulta popular ENTRE-PÁGINAS

Los 200 años del Congreso de Apatzingan, y sus festejos

(Pág. 19) Rafael Cardona: Estación San Lázaro Teresa Gurza: Legislan, pero ¿entenderán? (Pág. 34) (Pág. 33) Octavio Raziel: El rescate de Nabokov (Pág. 06) Marcela Romo. Rerforma (Pág. 23) Leda Muñoz. Organo anticorrupción

Año IX. No.102 15-Diciembre-2013

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Aprueba el Congreso la mayor reforma al sector energético de México, en apenas una semana

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Jorge Carlos Francisco Ramírez / MUNDO LEGISLATIVO

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Extraer el petróleo hará a México el quinto productor: ExxonMobil La reforma energética me hace estar “muy feliz”: Enrique Peña Nieto La reforma que aprobó el Congreso, llegará a la Suprema Corte: PRD Es una “reforma asquerosa” y hace un México de esclavos: RaúlVera

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as Cámaras de Senadores y Diputados aprobaron la reforma energética, considerada como la más importante para México, ya que enajena las actividades del sector, pero mantiene la propiedad de los recursos petroleros.

Al anunciar el fin del plantón que decenas de perredistas realizaron en el Ángel de la Independencia para exigir que se legislara sobre la consulta popular, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que el tema se discute en el Senado, y reiteró que el partido se mantiene en la lucha para echar abajo la reforma energética en los congresos estatales, adonde fue enviada la minuta.

Zambrano señaló que es absolutamente judicializable todo el procedimiento legislativo que se siguió en el Senado y en la Cámara de Diputados para apro-

bar con celeridad la reforma energética, porque en ambos recintos del Congreso se trastocaron tiempos y formas, además de que se vulneró el pacto constitucional.

Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto se dijo “muy contento, muy feliz”, por la aprobación de la Reforma Energética, en Palacio Nacional.

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nez, Edith González y Rafael Inclán, entre otros, informaron que recabarán firmas para que en 2015 se pregunte a la sociedad sobre el tema y se eche atrás este agandalle que significan los cambios legislativos aprobados en la materia. La iniciativa tiene el apoyo de una treintena de artistas y gente de la cultura, entre los que también se encuentran Javier Sicilia, Jesús Ochoa, Rebeca Jones, Eugenio Derbez, Damián Alcázar, Héctor Bonilla y Gael García.

En una nota publicada por el diario La Jornada, se da cuenta de que el obispo de Saltillo, Raúl Vera, calificó de asquerosa dicha reforma, aprobada por legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y PAN. Además, a ellos los acusó de cobardes, pues con su decisión dejan fuera del progreso a las siguientes generaciones de mexicanos.

Vera mostró su rechazo a esta reforma. Como que hay venganza: como no se votó durante dos sexenios por el partido que ahora gobierna: parece que se están vengando del pueblo. Estos señores vinieron a quedarse 300 años, ya no 70; no les bastó, no saquearon suficientemente al país y por eso ahora quieren eternizarse, acusó.

–¿Cómo ve la reforma energética que se aprobó?

–Asquerosa. ¿Cómo la voy a ver? Lo que les espera a los jóvenes y a los niños de ahora es un México de esclavos.

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Peña Nieto se declaró el “más convencido, tengo la más firme convicción de la trascendencia que tiene esta reforma, con lo cual prácticamente se concluye un año que se ha distinguido, precisamente, por la construcción de un nuevo andamiaje institucional, un nuevo marco legal”. Expresó su reconocimiento a los senadores y diputados “por la aprobación de una de las reformas que sin duda será trascendental para el desarrollo del país”.

En mensajes escritos en su cuenta de Twitter, el presidente Peña Nieto felicitó y reconoció a los diputados federales por la aprobación de la reforma energética, y dijo que ahora le corresponde a los congresos locales hacer realidad esos cambios legales.

También escribió que la reforma energética es una transformación fundamental que permitirá incrementar la soberanía energética de México, además de impulsar la productividad, el crecimiento económico y la generación de empleos en el país. Por esta razón, reconozco el trabajo legislativo del Congreso de la Unión. Ahora corresponde a las legislaturas estatales hacerla realidad, escribió en uno de sus tuits.

La prensa internacional y ejecutivos de petroleras expresaron su beneplácito por la aprobación en México de la Reforma Energética y destacaron el potencial que ésta podría darle a Petróleos Mexicanos (Pemex).

La reforma y la explotación de nuevos yacimientos “harán del país el quinto mayor productor petrolero del mundo en alrededor de una década, y alentará acicateando el crecimiento en la segunda más grande economía latinoamericana”, aseguró la agencia Bloomberg. William Colton, vicepresidente de Planificación Estratégica de ExxonMobil, dijo en conferencia de prensa que “para decirlo con franqueza, creemos que (la reforma) será muy beneficiosa para la gente de México”.

La reforma energética que se aprobó en el Congreso tiene todo lo que propuso el PAN en su iniciativa, excepto los contratos de utilidad compartida, que es planteamiento del presidente Enrique Peña Nieto, dijo ayer el diputado panista Juan Bueno Torio, uno de los promotores del cambio legislativo.

Subrayó que en el dictamen aprobado hubo algunas adecuaciones y puntualizaciones a lo planteado por su partido, pero la iniciativa salió bien y perfeccionada. Se logró el modelo de desarrollo y de gestión de energía que nos estuvimos imaginando durante mucho tiempo los panistas, añadió. El legislador veracruzano evitó señalar el porcentaje panista que contiene la reforma, porque eso es un tanto relativo, pero prácticamente tiene todo lo que el PAN puso en la mesa. Incluso, en las negociaciones con el PRI se lograron más cosas.

Artistas agrupados en el colectivo “El grito más fuerte”, exigieron que se realice una consulta a la ciudadanía sobre la reforma energética y convocaron a la población a suscribir la demanda. Daniel Gimé-

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En 21 horas la Cámara de Diputados aprobó la reforma energética Por Marcela Romo / MUNDO LEGISLATIVO

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a Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, la minuta que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política en materia energética, en sólo 21 horas de sesión.

Con 353 votos a favor, 134 en contra y cero abstenciones, se aprobaron en lo particular y con la mayoría calificada, los artículos reservados en términos del decreto. La reforma se remitió a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales.

Alrededor de las 22:55 horas del miércoles 11 de diciembre, inició el debate en lo particular de las

reservas a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, así como a los transitorios del 1 al 21, impulsadas por diputados del PRD, Movimiento Ciudadano, PT y Acción Nacional.

Un total de 79 diputados hicieron uso de la palabra para la discusión en lo particular que concluyó este jueves 12 de diciembre, alrededor de las 12:17 horas.

Hubo legisladores que se desnudaron, que se golpearon, se insultaron y se retaron a golpes.

Pero no pasó a mayores. El diputado del PRD, Antonio García Conejo, medio hermano de Silvano Aureoles Conejo -coordinador de la bancada perredista- subió a

la tribuna y al presentar una reserva a un artículo transitorio de la reforma energética se empezó a quitar la ropa hasta quedar sólo en trusa. “Sí, solamente me queda esto, de esto no me van a poder despojar, no lo van a lograr”.

Karen Quiroga, diputada perredista, tuvo un altercado con la diputada Landy Berzunza, del PRI, cuando intentaba acercarse a la zona donde se presentaban las reservas y Landy Berzunza trató de impedírselo; comenzaron empujones y arañazos entre ambas pero Quiroga lastimó a Berzunza en el ojo izquierdo, después, en tribuna, ofreció disculpas.

“Quiero iniciar pidiendo, más bien ofreciendo una disculpa, pri-

los calificativos con los que los legisladores de izquierda calificaron la reforma energética al momento de emitir su voto contra ella.

Al no sesionar en el Salón de Plenos, los diputados tuvieron que emitir su voto de viva voz y algunos aprovecharon para enviar un mensaje político antes de expresar el sentido de su voto, sobre todo los legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano que se mostraron críticos de la minuta de reforma constitucional en materia energética proveniente del Senado.

Uno a uno, micrófono en mano, los diputados fueron votando y los demás acompañaban esa votación con abucheos o vivas, dependiendo del bando al que pertenecieran.

El coro priista decía “burro”, cada vez que alguien votaba en contra, mientras que los diputados de izquierda gritaban “traidor”, con cada voto a favor.

Con estas reformas se permitirán los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la Nación, a fin de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo del país en el largo plazo. Tratándose de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones, se expone en la minuta.

En los artículos transitorios se prevé que la ley establecerá la forma y los plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la publicación de este decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos

Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) se conviertan en empresas productivas del Estado.

En tanto se lleva a cabo esta transición, Pemex y sus organismos subsidiarios, así como la CFE, “quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el presente decreto”.

La reforma sienta las bases que permitirán a México acelerar su crecimiento y aprovechar al máximo sus recursos. Se podría incrementar la producción de petróleo en cerca de 1.5 millones de barriles de crudo diarios adicionales para 2025, lo que representa un aumento de 60 por ciento respecto de la producción actual.

En el caso del gas natural, la producción podría aumentar para ese mismo año, aproximadamente a 7.3 miles de millones de pies cúbicos diarios, más del doble de la producción actual.

Además, el incremento en la inversión podría generar un impacto positivo en el crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor del 1 por ciento anual en 2018 y hasta 1.6 por ciento anual antes de 2025.

Fondo Mexicano del Petróleo El dictamen crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco de México y tendrá como objetivo,

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meramente a la diputada Landy Berzunza, quien en esta sesión y en estos últimos acontecimientos tan álgidos en sesión, en donde lo que ha prevalecido no ha sido el diálogo, sino han sido los empujones, los golpes, los manotazos, las pérdidas del paso”.

El diputado por Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, reiteró que la reforma energética aprobada en lo general en la Cámara Baja responde a intereses comerciales extranjeros, en especial de Estados Unidos.

“Desde la campaña presidencial el candidato del PRI fue a Nueva York a anunciar su compromiso de abrir y privatizar el petróleo y el gas, al regresar a México lo negó todo. Como presidente electo, en Londres, anunció que el petróleo mexicano se abriría a las transnacionales y aquí lo volvió a negar, después en el Pacto por México suscribió compromisos en materia petrolera que hoy esta reforma nulifica e invalida”. la perredista Claudia Águila hizo un regalo a los diputados que aprobaron la reforma energética, desde la tribuna obsequió una bolsa de huevos, dijo, “para defender a México”.

“Quiero hacer un obsequio a los diputados del PRI, del PAN, del Panal (Nueva Alianza) y del Verde (…) no les van a alcanzar para defender al pueblo de México, pero aquí les dejo unos pocos para que se los repartan”.

Traición a la patria, venta del país, vergüenza, atraco, desmemoria histórica... fueron algunos de

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en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.

Se especifica que dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico para “regular las modalidades de contratación que podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia”.

Entre los esquemas de contraprestaciones se deberán regular las siguientes: en efectivo para los contratos de servicio, con un porcentaje de utilidad y para los contratos de utilidad compartida.

Se prevé en su régimen transitorio que las leyes respetarán en todo momento los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, así como en las distintas actividades a cargo de la CFE. Dicha medida tiene el objetivo de evitar afectar a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios tanto en Pemex y sus organismos subsidiarios, como la CFE; ello, con miras a sentar las bases de una adecuada interrelación entre dichos organismos y las empresas privadas, que a partir de la entrada en vigor del decreto podrán participar en la ejecución de la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la Nación.

Los diputados que intervinieron en la discusión en lo particular fueron: Alejandro Cuevas Mena (PRD), Fernando Zárate Salgado (PRD), Lilia Aguilar Gil (PT), Mario Miguel Carrillo Huerta (PRD), Carlos Augusto Morales López (PRD), Ricardo Mejía Ber-

deja (MC), Karen Quiroga Anguiano (PRD), Agustín Miguel Alonso Raya (PRD), Roberto Carlos Reyes Gámiz (PRD), María del Carmen Martínez Santillán (PT).

Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (PRD), José Valentín Maldonado Salgado (PRD), Ricardo Cantú Garza (PT), Zuleyma Huidobro González (MC), Martha Lucía Mícher Camarena (PRD), Víctor Manuel Jorrín Lozano (MC), Carol Antonio Altamirano (PRD), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (PAN).

También, Rodrigo González Barrios (PRD), Antonio García Conejo (PRD), Aleida Alavez Ruiz (PRD), Jaime Bonilla Valdez (PT), Yazmín Copete Zapot (PRD), Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), Ricardo Monreal Ávila (MC), Gloria Bautista Cuevas (PRD), Roxana Luna Porquillo (PRD), Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT), Pedro Porras Pérez (PRD), Claudia Elena Águila Torres (PRD), Luis Manuel Arias Pallares (PRD), Martha Beatriz Córdova Bernal (MC), Teresa de Jesús Mojica Morga (PRD).

De igual modo, Verónica García Reyes (PRD), Rosendo Serrano Toledo (PRD), José Antonio León Mendívil (PRD), José Francisco Coronato Rodríguez (MC), Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD), Purificación Carpinteyro Calderón (PRD), José Soto Martínez (MC), Antonio Sansores Sastré (PRD), Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC), Javier Orihuela García (PRD).

Crystal Tovar Aragón (PRD), Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD), Ramón Montalvo Hernández (PRD), Eva Diego Cruz (PRD), Víctor Manuel Manríquez González (PRD), Lorenia Iveth Valles Sampedro (PRD), Marino Miranda Salgado (PRD), Graciela Saldaña Fraire (PRD), Roberto López González (PRD), Jessica Salazar Trejo (PRD).

Asimismo, Arturo Cruz Ramírez (PRD), Amalia García Medina (PRD), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD), Fernando Belauzarán Méndez (PRD), Francisco Tomás Rodríguez Montero (PRD), Carla Guadalupe Reyes Montiel (PRD), Israel Moreno Rivera (PRD), Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), Joaquina Navarrete Contreras (PRD), José Luis Esquivel Zalpa (PRD), Alfa Eliana González Magallanes (PRD).

Yesenia Nolasco Ramírez (PRD), Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD), Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD), Andrés Eloy Martínez Rojas (PRD), Víctor Manuel Bautista López (PRD), Julisa Mejía Guardado (PRD), Vicario Portillo Martínez (PRD), Jhonatan Jardines Fraire (PRD).

Además, Fernando Cuéllar Reyes (PRD), Víctor Reymundo Nájera Medina (PRD), Javier Salinas Narváez (PRD), Armando Contreras Ceballos (PRD), Catalino Duarte Ortuño (PRD), Teresita de Jesús Borges Pasos (PRD) y Silvano Aureoles Conejo (PRD).

La Minuta de la Reforma… ¿De qué se trata?

Por Fernanda Ramírez Ugalde / MUNDO LEGISLATIVO

Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación

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Ciento veinte días para regular contratos de servicio de producción y utilidad compartidas, y de licencias con transmisión onerosa de hidrocarburos La reforma crea Fondo Mexicano de Petróleo para la estabilización y el Desarrollo Diferencias de opinión entre legisladores: oportunidad para obtener mayor rentabilidad de recursos naturales, unos; obediencia del gobierno a empresas extranjeras, otros

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l Congreso de la Unión aprobó la minuta que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia energética.

Con estas reformas se permitirán los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la Nación, a fin de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo en el largo plazo. Tratándose de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones, se expone.

El dictamen precisa que se podrán llevar a cabo “las actividades

de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria”.

Resalta que el esquema jurídico vigente en México necesita ser reformado, con el propósito de brindar un marco que permita un mejor aprovechamiento de la riqueza nacional, que potencialice la generación de empleos, el crecimiento económico y redunde en beneficios palpables para la economía de los mexicanos.

En el artículo 27 se deja en claro que “en cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación”, y así

deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la Nación será inalienable e imprescriptible y “no se otorgarán concesiones”, añade.

La Nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, a través de asignaciones de determinada superficie de terreno que hará a favor de empresas productivas del Estado, en el entendido de que Petróleos Mexicanos (PEMEX) transitará al modelo de empresa pública productiva, para que éstas puedan a su vez realizar dichas actividades, o bien contratar con

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Se permitirán contratos con particulares en la explotación y extracción de petróleo y demás hidrocarburos

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particulares la realización de las mismas.

El dictamen precisa que la exclusividad del sector público sobre las áreas estratégicas, permanece intocado. Las actividades de exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos en el subsuelo, así como el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se mantiene bajo la exclusividad del sector público.

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Pemex y CFE: Empresas Productivas

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Menciona que se podrán crear empresas productivas cuya propiedad y control serán siempre del gobierno federal, a efecto de llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos en el subsuelo, que se incorporan como áreas estratégicas.

Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco de México y tendrá como objetivo, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.

Además, en el régimen transitorio se especifica que dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico para “regular las modalidades de contratación que podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia”.

Entre los esquemas de contraprestaciones se deberán regular las siguientes: en efectivo para los contratos de servicio, con un porcentaje de utilidad y para los contratos de utilidad compartida.

De igual manera, se establece como contraprestación un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida. En tanto, se contempla la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo para los contratos de licencia o cualquier combinación de las anteriores.

Se faculta a la Secretaría de Energía (Sener) para que, con asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se encargue de adjudicar a Pemex las asignaciones a las que se refiere el artículo 27.

El organismo deberá someter a consideración de la Sener la adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción y en capacidad de operar, a través de asignaciones; para ello, tendrá que acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva.

Para ello, Pemex deberá presentar la solicitud dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.

En cuanto al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se prevé que se conforme con cinco consejeros del gobierno federal, incluyendo al Secretario de Energía, quien presidirá este órgano y tendrá voto de calidad, y por cinco consejeros independientes.

Se modifica el artículo 28 para indicar que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”.

También incluye la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de lo estipulado en el artículo 27.

Propiedad de empresas De igual modo, se contempla cambiar el artículo 25 para que el sector público tenga a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan.

Especifica que tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto en el artículo 27.

Se añade que en las actividades citadas “la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal”.

Lo anterior, “para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas y determinará las demás actividades que podrán realizar”.

En los artículos transitorios se prevé que la ley establecerá la forma y los plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la publicación de este decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado.

En tanto se lleva a cabo esta transición, Pemex y sus organismos subsidiarios, así como la CFE “quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar

Se cayó la producción Argumenta que en 2012, el país contaba con una producción diaria de 2.5 millones de barriles de petróleo crudo y sólo se refinaron 1.2 millones de barriles al día, teniendo que importar aproximadamente la mitad de las

gasolinas y una tercera parte del diesel que se consume.

Mientras que en 1997 las importaciones de gasolinas representaban el 25 por ciento del consumo nacional, para 2012 alcanzaron el 49 por ciento.

“De seguir por el mismo camino, México llegaría pronto a un escenario insostenible, en el que tendríamos que importar los combustibles que alimenta a la industria”, puntualiza.

La reforma sienta las bases que permitirán a México acelerar su crecimiento y aprovechar al máximo sus recursos. Se podría incrementar la producción de petróleo en cerca de 1.5 millones de barriles de crudo diarios adicionales para 2025, lo que representa un aumento de 60 por ciento respeto de la producción actual.

En el caso del gas natural, la producción podría aumentar para ese mismo año, aproximadamente a 7.3 miles de millones de pies cúbicos diarios, más del doble de la producción actual.

Además, el incremento en la inversión podría generar un impacto positivo en el crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor del 1 por ciento anual en 2018 y hasta 1.6 por ciento anual antes de 2025.

El dictamen prevé en su régimen transitorio que las leyes respetarán en todo momento los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseoso, así como en las distintas actividades a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Dicha medida tiene el objetivo de evitar afectar a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios tanto en Pemex y sus organismos subsidiarios, como la CFE; ello, con miras

a sentar las bases de una adecuada interrelación entre dichos organismos y las empresas privadas, que a partir de la entrada en vigor del decreto podrán participar en la ejecución de la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la Nación.

Asimismo, en el artículo 25 constitucional se incluyó el concepto de sustentabilidad que debe acompañar a los criterios de equidad social y productividad con los que se apoyará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, en beneficio general.

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Posicionamientos Luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados, rechazó tres mociones suspensivas presentadas por los legisladores Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD), Lilia Aguilar Gil (PT) y Carol Antonio Altamirano (PRD), dio inicio la discusión de la minuta del dictamen en materia energética en lo general.

En representación de Nueva Alianza, José Angelino Caamal Mena, consideró urgente aprobar la minuta en materia energética porque de lo contrario, señaló, se retrasaría el crecimiento y desarrollo del país.

El diputado afirmó que es una oportunidad para que el Estado mexicano obtenga una mayor rentabilidad en los recursos extraídos del subsuelo.

“Valoramos positivamente que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se conviertan, ahora sí, en industrias productivas del Estado mexicano.

Este cambio de naturaleza jurídica permitirá a ambas empresas competir por los contratos en el sector, y operarán con una visión de productividad y ya no con una visión política”, dijo.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) manifestó

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los contratos a que se refiere el presente decreto”.

Se establece que “dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de regular las modalidades de contratación para que los particulares, por cuenta de la Nación, lleven a cabo, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”.

Del mismo modo, se incluyó en el régimen transitorio que los ingresos petroleros del gobierno federal que se destinen a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se mantengan en el 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto, “que corresponden a la razón equivalente a la observada para los ingresos petroleros de 2013”.

El Ejecutivo federal podrá sugerir al Congreso de la Unión un programa de sustitución de subsidios generalizados por subsidios focalizados en los insumos energéticos.

Lo anterior, con objeto de promover el aprovechamiento sustentable de la energía y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, así como el uso eficiente de recursos. Además, el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía.

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su rechazo a la minuta porque las compañías petroleras extrajeras y en manos de particulares recibirán, por parte del gobierno, consideraciones, en agravio del país. “Esta reforma implicará obediencia del gobierno hacia las grandes compañías petroleras extranjeras”, indicó.

Benavides Castañeda aseguró que con la reforma energética la soberanía de la Nación quedaría expuesta a simples “maniobras” del capital extranjero con la posibilidad de incrementar sus ganancias “de manera indignante, y todo facilitado por las condiciones de poca transparencia y corrupción que existen dentro del gobierno”.

A su vez, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, diputado Ricardo Monreal Ávila, señaló que modificar tres artículos constitucionales y establecer 21 transitorios es una informalidad jurídica, ya que mientras el 27 constitucional sostiene la prohibición de otorgar concesiones, el 4º transitorio admite el contrato de licencias que es sinónimo de adjudicación.

Expresó que los transitorios establecen cuatro tipos de contratos: los de servicios, utilidad compartida, producción compartida y licencia. De esta forma, resaltó, “mientras la Constitución niega las concesiones, los transitorios las reintroducen de contrabando.

Esta reforma regresa a la privatización de Porfirio Díaz, es privatizadora y se traducirá en mayor riqueza sólo para algunos”.

Por el PVEM, el diputado Ricardo Astudillo Suárez detalló que las reformas a la Constitución generarán desarrollo económico, tecnológico y mayor competitividad, ya que abre las puertas a la seguridad energética, da transparencia y claridad a la explotación y exploración de los hidrocarburos y el destino final de los recursos; asimismo, fortalece a Pemex y CFE. Expresó que es momento de modernizar y transformar

a México, porque los ciudadanos esperan que los legisladores sean capaces de buscar soluciones y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Agregó que en el tema del medio ambiente, se sube a rango constitucional el término sustentable para todo lo que tenga que ver con explotación, lo que es un gran avance.

Se extranjeriza la producción El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD) manifestó su voto en contra porque la apertura que se propone “conduce a la extranjerización del sector energético”, entrega el petróleo y la electricidad a especuladores profesionales que operan en los mercados, privatiza y desnacionaliza los recursos petroleros, gas natural y en hidrocarburos, campos de producción y áreas de interés del crudo.

Señaló que se desmantelan las infraestructuras de PEMEX y CFE y se entregan a los empresarios para su operación en comodato, alianza y otras formas de asociación. “Es una privatización directa, absoluta y total, pues sus actividades productivas podrían transferirse al sector privado mediante diversas figuras jurídicas y el Estado podría ser desplazado”.

De la bancada de Acción Nacional, Juan Bueno Torio se pronunció a favor de la reforma en virtud de que “beneficiará a todos los mexicanos y fortalece la soberanía”. Asimismo, dijo, “es nacionalista y de vanguardia, pues proporciona una mayor competitividad para que México crezca económicamente”.

Sostuvo que no es posible transformar al sector energético “haciendo lo mismo que se hace desde hace más de 70 años” y advirtió que el modelo de producción vigente en el país “está, evidentemente, agotado”, lo que

se refleja en la importación del 51 por ciento de las gasolinas, el 35 por ciento del gas y el 75 por ciento de los petroquímicos que se usan en el país.

El diputado Eloy Cantú Segovia (PRI) enfatizó que su grupo parlamentario reafirma su posición a favor de esta reforma que parte de un diagnóstico objetivo sobre el sector energético, “que mantiene la propiedad de los hidrocarburos del subsuelo en manos de la Nación mexicana y que no privatiza a las empresas petrolera y de electricidad”. Destacó que la reforma energética tiene cuatro grandes cualidades: “responsable, nacionalista, moderna y limpia”.

Explicó que es responsable, porque busca financiar el desarrollo de la industria de exploración y extracción del petrolero y gas sin poner el riesgo la economía del país. Nacionalista, agregó, porque reduce la dependencia que hoy se tiene del extranjero y fortalece la soberanía energética. Es moderna, porque contarán con instrumentos apropiados para impulsar su crecimiento y competitividad, y es limpia, porque promueve la utilización del gas natural como combustible de transición, y fomenta el uso de fuentes de energía limpia, renovable y no convencional.

Al pronunciarse a favor, el diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN) resaltó que “no se está entregando un cheque en blanco” y advirtió que “con la misma convicción que ahora apoyan la reforma, será también la firmeza con la que se exigirán resultados al Ejecutivo. Estas modificaciones son profundamente nacionalistas y permitirán impulsar el progreso del país”.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) consideró que se está dando un cheque en blanco para una dictadura presidencial, pues este dictamen representa un golpe de Estado y de traición a la patria.

“Están entregando el petróleo y

El petroleo facil se acabó En contra, el diputado del PRD, Jorge Salgado Parra, sostuvo que se atropellan los derechos de los mexicanos respecto a recursos que son de la Nación, como los energéticos. La razón de Estado ha sido sustituida por la de empresa, como un aspecto ideológico para privatizar sectores estratégicos, advirtió.

A favor, el diputado del PRI, Javier Treviño Cantú, destacó que el país no puede mantenerse en el inmovilismo petrolero cuando hay una revolución energética global, en la que México puede reafirmarse como actor relevante; apuntó que la era del petróleo fácil se acabó. Ahora se requieren recursos y mejor tecnología, y debe actuarse para garantizar la seguridad energética, puntualizó.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (Movimiento Ciudadano) señaló que no estaba de acuerdo con la reforma por la premura con que estaba tratando y porque van a surgir muchos errores en ella. Además, dijo, la palabra “renta” significa que “sigues siendo el dueño, pero ya

no puedes entrar a esa casa, solamente vamos a ver lo que pasa por la puerta del frente, pero no vamos a saber cuántos barriles salen por la puerta de atrás, y esto es un verdadero problema, porque las leyes secundarias no están elaboradas”.

De Acción Nacional, el diputado Luis Alberto Villarreal García enfatizó que la reforma traerá grandes beneficios como la creación de 100 mil empleos bien remunerados cada año; crecimiento económico adicional anual de hasta un 2 por ciento del PIB; soberanía energética, porque se dejará de comprar y de importar de otros países la mitad del gas y de la gasolina que se consume, y sostuvo que el precio de la energía eléctrica y el gas pueden llegar a disminuir hasta en un 40 por ciento.

Al hablar en contra, el diputado Silvano Aureoles Conejo (PRD) dijo que la reforma representa la entrega del patrimonio nacional, de los energéticos, hidrocarburos y electricidad a manos privadas que traerá una enorme concentración del ingreso, el estancamiento del desarrollo y enriquecimiento de los ya de por sí ricos, a costa de los bienes de la Nación. Por ello, resaltó, “para el 2015 iremos a la consulta popular, para echar abajo esta reforma que va en contra de los intereses nacionales”.

El diputado Nabor Ochoa López (PVEM) exhortó a dejar las indiferencias y construir una patria “impecable y diamantina”, para el país que necesitan los mexicanos, ya que existen más de 50 millones en pobreza y 7 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian. “Recordemos la obligación que tenemos -los legisladores-, cuando hay millones que esperan más de este Congreso. Vamos trabajando juntos y correspondamos a este momento histórico”, afirmó.

En contra, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (Movimiento Ciudadano) aseguró que la debilidad de Pemex se debe al saqueo,

la corrupción y el robo del que ha sido objeto por parte de quienes lo controlan. De aprobarse la Reforma Energética, sostuvo, “se hará más débil a la Nación, se irá en contra de nuestra historia, de las leyes y del pueblo”.

A favor del dictamen, la legisladora Paulina Alejandra del Moral Vela (PRI) afirmó que en la propuesta de reforma no hay punto donde se asevere que Pemex se privatizará. Contrario a ello, dijo, “habrá una gran conveniencia al emplear la tecnología de punta de otros países y la inversión, para explorar yacimientos a grandes profundidades”.

Javier Salinas Narváez (PRD) mencionó que su voto sería en contra, ya que esta reforma “es una afrenta y atraco a la Nación; rescata la redacción del gobierno Cardenista, pero omite impedir la intervención de los particulares en la explotación de los hidrocarburos. “Nos recetan ahora un dictamen privatizador que si bien no se propone vender un sólo tornillo, es obvio que los contratos de utilidad compartida van a sacar de la jugada a Pemex”.

Posteriormente, hicieron uso de la palabra para rectificar hechos los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Purificación Carpinteyro Calderón, Amalia Dolores García Medina, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Julio César Moreno Rivera y Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD; Ricardo Cantú Garza, del PT, y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano.

Enseguida, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, informó que para la discusión en lo particular se reservaron todos los artículos del decreto.

El secretario de la Mesa Directiva, diputado Fernando Bribiesca Sahagún (Nueva Alianza), detalló que estos son el 25, 27 y 28 de la Carta Magna, así como los transitorios del uno al veintiuno por 73 diputados del PRD, 20 de Movimiento Ciudadano y 8 del PT.

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el gas de México; va haber un saqueo horrible; no es un acto para generar un nuevo modelo de desarrollo petrolero y energético, sino un negocio corrupto. No vamos a estar del lado de la infamia y de la traición”, afirmó.

Por el PVEM, el legislador Arturo Escobar y Vega aseguró que con esta reforma en los próximos cinco años México será otro país y esta legislatura será reconocida como una de las más grandes de la historia. “No puedo entender cómo se defiende una estructura energética absolutamente rebasada. Es inadmisible no ir a una reforma constitucional. La soberanía nacional de poco sirve enterrada en el fondo del mar. Hay que sacar estos recursos para dar bienestar, educación, seguridad y una mejor vida a la población”.

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Fin al monopolio de Pemex y CFE

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a Cámara de Diputados aprobó la reforma energética más importante para el país, de los últimos 75 años, que abre la industria petrolera a la inversión privada y pone fin al monopolio estatal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Por tratarse de una modificación a la constitución, la reforma aún debe ser aprobada por al menos 17 de los 31 congresos estatales, aunque es casi un hecho que será aprobada debido a que el Partido Revolucionario Institucional domina en la mayoría de los estados. Además, faltan por definir aún numerosos aspectos legales que regulen el funcionamiento de esta reforma, y pasarán varios meses antes de que todo el marco jurídico quede completado.

Grupos empresariales y analistas del sector se han manifestado a favor de la reforma, además de que algunos creen que ayudará a los tres países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte: México, Estados Unidos y Canadá. “Vamos a poder desarrollar servicios y capacidades en materia de energía que puedan ser transferidos de un país a otro”, dijo a AP Thomas Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

“Tenemos que reconocer que éste es un esfuerzo importante en un sentido histórico. Sin embargo, los desafíos son enormes debido a la cantidad de cosas que

Luisa María Espejel / MUNDO LEGISLATIVO se tienen que hacer para implementar la reforma”, dijo Michelle Michot Foss, titular del Centro de Economía Energética de la Universidad de Texas.

La reforma toca fibras sensibles en un país que desde 1938 ve en la industria petrolera un símbolo de soberanía y nacionalismo. A diferencia de oficialistas y conservadores que ven indispensable la apertura al capital privado, la izquierda sostiene que sólo es necesario fortalecer a Pemex y dotarla de mayores recursos para invertir. Algunos legisladores izquierdistas dijeron que se corre el riesgo de que multinacionales, sobre todo las del país vecino Estados Unidos, tomen el control de la industria petrolera como ocurrió antes de la nacionalización de 1938.

La izquierda ha depositado ahora sus esperanzas en que la reforma sea revocada en un plebiscito que ha pedido se convoque coincidiendo con las elecciones legislativas de 2015, una propuesta hecha con el respaldo de 1.7 millones de firmas de ciudadanos.

“Estamos preparándonos para que en 2015 haya una consulta popular que el Gobierno ni los partidos de la derecha podrán detener”, afirmó hoy el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano.

“Al menos 70 por ciento de la gente piensa que reformar la Constitución en materia energética va a dañar enormemente al país”, agregó Zambrano.

Luego de décadas de una creciente producción de crudo, Pemex ha enfrentado problemas en los últimos años para sostener la extracción de petróleo y gas, lo cual ha llevado a varios actores a considerar necesario hacer un cambio profundo en el sector para revitalizarlo. México es uno de los cinco principales exportadores de crudo a Estados Unidos con más de un millón de barriles al día.

La producción de crudo en México tuvo en 2004 su mayor nivel, con un promedio de aproximadamente 3,4 millones de barriles diarios. A partir de 2005 comenzó a descender y actualmente se ubica en unos 2,5 millones de barriles diarios.

Detalles a considerar La reforma aprobada va más allá de la que originalmente propuso Enrique Peña Nieto, al establecer mayores modalidades en las que la iniciativa privada puede participar en la industria petrolera.

La iniciativa original del gobierno sólo consideraba contratos para compartir ganancias.

De acuerdo con lo aprobadon el el artículo 25 se expone que el Gobierno Federal mantendrá la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado; la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del

sector privado contribuya al desarrollo económico nacional.

Se señala que no habrá concesiones, pero sí asignaciones en materia petrolera.

El artículo 27 señala que se llevarán a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares.

En los artículos transitorios se señala que se transformarán Pemex y la CFE en empresas productivas del Estado.

En los transitorios se mencionan también las modalidades de contratos que se permitirán: de Servicios, de Utilidad o Producción Compartida o de licencia.

La iniciativa aprobada hoy busca que Petróleos Mexicanos siga explotando los yacimientos más rentables, pero confía en que empresas privadas se encarguen de áreas que exigen mayores complejidades, como yacimientos de aguas ultraprofundas.

Como el sector en México está dominado por Pemex, las multinacionales extranjeras son las

mejor colocadas para optar por ese nicho de producción, algo que puede tardar bastante tiempo porque el marco legal no está totalmente definido.

La reforma establece también la creación del llamado Fondo Mexicano del Petróleo, administrado por un fideicomiso encabezado por el Banco Central y que manejará la riqueza generada por la renta petrolera.

El grupo financiero Barclays consideró que una vez que se hayan hecho las adecuaciones a las leyes secundarias, los contratos con empresas privadas podrían materializarse hacia 2015 y los primeros flujos de inversión hacia 2016.

En una nota analítica, Barclays estimó que la reforma podría contribuir en un 1,5% al crecimiento económico, con lo cual México podría tener tasas sostenidas de crecimiento de un 5%.

Una preocupación que han manifestado algunos es la corrupción en Pemex, que tiene un poderoso sindicato encabezado por Carlos Romero Deschamps, cuya familia ha sido exhibida en

la prensa por su ostentoso nivel de vida.

Pemex tiene un estimado de 155,000 empleados, de los cuales unos 101,000 son sindicalizados, según el Centro de Investigación para el Desarrollo.

Romero Deschamps, quien también es senador por el PRI, estuvo inicialmente a favor de la reforma, que prácticamente no tocaba al sindicato.

Sin embargo, en un cambio de última hora aprobado por ambas cámaras, se acordó remover al sindicato de su representación en el consejo de administración de Pemex. Romero Deschamps no votó al final.

La reforma también incluye que deberán desarrollarse mecanismos para prevenir y castigar la corrupción en los nuevos contratos que se hagan.

Y para el 2015 siempre queda la posibilidad de que lo aprobado hoy quede revocado si se lleva a cabo la consulta popular que está pidiendo la izquierda, y los ciudadanos votan a favor de mantener el mismo esquema que ha regido por siete décadas.

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Establece Senado derecho de los mexicanos al agua y un medio ambiente sano.

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expresó que el gobierno federal ha puesto “mucha atención en el tema” y hoy se erigen las plantas e infraestructura más grandes “que jamás el país construyó”.

Informó que se están empezando a restaurar cuencas muy relevantes como el Cutzamala y para este sexenio se llegará al 60 por ciento de tratamiento de agua comparado con el 22 o 25 por ciento que había en el 2000.

Para la senadora perredista Claudia Corichi García es precisó revalorizar la condición y naturaleza jurídica del agua debido a que en tiempos de incertidumbre y de derroche una de las primeras consecuencias “visibles y palpables” es la carencia de agua.

Recordó que en nuestro país el agua se ha convertido en un asunto de seguridad nacional por su escasez, baja calidad, las pocas posibilidades de reuso eficaz y la irregular distribución que ocasiona el crecimiento de la demanda.

Por el PVEM, el senador Arturo Escobar y Vega mencionó que en la actualidad, la sociedad mexicana padece de problemas con el suministro y tratamiento del agua, “situación que hace necesaria una gestión que tome en cuenta los intereses de todos los involucrados y favorezca su organización”.

Establecer el acceso al agua como un desarrollo inalienable, así como atender eficazmente la gestión de los residuos hídricos con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad resulta impostergable, apuntó.

A su vez, el senador petista Ricardo Monreal Ávila aseguró que se requieren cambios radicales y hechos que definan acciones para que, a través de un cambio cultural con base en principios de sustentabilidad, se fomente el cuidado de ecosistemas, a la biodiversidad y el uso racional de los recursos naturales.

En este sentido, dijo que las políticas para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático, así como las medidas para proteger y preservar el medio ambiente en el país, siguen siendo insuficientes.

El senador del PRD, Rubén Velázquez López, externó que si bien elevar el derecho al agua y al medio ambiente sano son un gran paso que posiciona a México como un país comprometido con los derechos humanos “tampoco debemos considerar que esta reforma realizará por sí misma todo lo que se requiere para hacer efectivo este derecho”.

A su vez, el senador priista Francisco Labastida Ochoa se pronunció por encontrar las medidas prácticas que hagan compatible el combate al calentamiento global, el crecimiento económico y la generación de empleo.

El también senador perredista Antonio Mejía Haro comentó que de acuerdo con la Conagua, en 2009 había diez millones de mexicanos que carecían de agua potable y 13.7 millones que no contaban con alcantarillado en sus viviendas, mientras que el tratamiento de aguas residuales apenas alcanzaba el 33.3 por ciento.

Por su parte, la senadora Margarita Villaescusa Rojo, del PRI, mencionó que el derecho a un medio ambiente equilibrado, sano y al agua es indiscutible, por lo que constituye un derecho fundamental de las próximas generaciones que debe de ser estrictamente respetado.

En tanto, el senador Eugenio Govea Arcos, de Convergencia, explicó que México es un país de “grandes contrastes y carencias” respecto al agua, toda vez que la distribución del recurso es muy variable regionalmente debido a su disponibilidad en cantidad y calidad.

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l Senado reformó el artículo 4 de la Constitución, a fin de que el Estado garantice el derecho de toda persona a tener un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

La Cámara de Senadores reformó el artículo 4 de la Constitución, a fin de que el Estado garantice el derecho de toda persona a tener un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Además, la modificación establece el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Los senadores explicaron que el Estado garantizará en la ley correspondiente, las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos.

Para ello, deberá contar con la participación de los tres niveles de gobierno y de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Al fundamentar el dictamen, el senador priista Pedro Joaquín Coldwell advirtió que de nada serviría que el derecho al agua esté consagrado en la Carta Magna, si no va respaldado por políticas públicas y compromisos presupuestales plurianuales.

Consideró que con esta medida se deben estimular los esfuerzos por acercar a los mexicanos al cuidado y restauración de los equilibrios ecológicos y que sirva de aliciente para que derivemos recursos presupuestales, administrativos y políticos.

Lo anterior, agregó, a fin de que las generaciones del futuro cuenten con los recursos naturales suficientes para el desarrollo de su vida.

Por Acción Nacional, el senador Alberto Cárdenas Jiménez

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C.F.C. 5671. México, DF. C.P. 14650 E-mail: mundolegislativo@hotmail.com • MUNDO LETRAS E IMAGEN LEGISLATIVO • © Año IX. No. 102 Edición del 15 de diciembre de 2013.

Editor responsable: S. Francisco Ramírez R. Reserva de Título No. 04-2011-011313414700-102 Certificado de Licitud 14366 y Certificado de contenido 11939 Prohibida la reproducción. Impreso por Publigrafic Internacional S.A. de C.V. Distribuida por ML. Aguascalientes 199. Col. Cuauhtémoc, México, D.F.

En portada Regresan las empresas trasnacionales que fueron echadas de México hace 75 años, por el general Lázaro Cárdenas. El retorno se lo deben a Enrique Peña Nieto, que acaba con el monopolio de Pemex y CFE, que ya nos tenía hartos.

Reforma y saqueo Durante años los mexicanos supimos o supusimos el gran saqueo de recursos a Petróleos Mexicanos, no sólo formal sino informal, por todos los medios imaginables o inimaginables.

La voz popular decía que en tiempos de José López Portillo, y luego con Carlos Salinas de Gortari, se extraían miles de barriles de crudo en buques que eran vendidos al mercado negro, y que esas ganancias ilícitas del robo a la nación iban a sus bolsillos.

Imposible de probar esos dichos populares, la certeza que tenemos todos es que de nada o muy poco a servido a los mexicanos la riqueza del petróleo. Hoy más de 60 millones de mexicanos están en la pobreza y se estima que al menos 20 millones padecen extrema pobreza y hambre.

El PAN en el gobierno, con el frívolo Vicente Fox y luego con el inepto Felipe Calderón, dilapidaron en cálculos conservadores al menos 800 mil millones de dólares de la renta petrolera. Se lo gastaron en nada que sirviera productivamente al país. Y ahí andan, los dos, impunes y cínicos como muchos otros.

En este país del “no pasa nada” algo está pasando porque no hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo resista. O al menos es un buen deseo.

Luego de 75 años, las grandes petroleras transnacionales regresan al país con nuevas reglas del juego. La expropiación del general Lázaro Cárdenas, las echó fuera de México y se creó una empresa nacional que fue modelo en el mundo, hasta que llegó Carlos Salinas de Gortari a desmantelar Pemex y CFE, entre otras empresas que eran ejemplo mundial, y terminaron siendo obsoletas.

El presidente Enrique Peña Nieto, propuso y el Congreso le autorizó el 12 de diciembre pasado, una reforma que da un giro completo al sector de la energía en México. Si es bueno o malo, sólo el tiempo lo dirá. Pero rompió todos los mitos y atavismos que llevamos sobre el petróleo.

Si se llevan nuestra riqueza, sin que nos beneficie, la culpa no será de las empresas, sino de todos nosotros, los mexicanos de hoy, por ser una generación mediocre y cobarde, que no supo defender lo que tenía.

Pero si nos beneficia, al final no sabremos de quién fue el acierto.

Si de todos nosotros, o sólo de unos cuantos que tomaron la decisión por todos.

ESTACION SAN LAZARO

Un diagnóstico oportuno

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a discusión de la reforma del sector de la energía tuvo un implacable contenido de nacionalismo petrolero, alimentado por la inercia de 75 años de celebración de la reivindicadora expropiación de la industria petrolera, pero en el camino se dejó de analizar la repercusión de los cambios emprendidos en el sector de la electricidad y sus distintas formas de obtención.

Ahora le ofrezco un diagnóstico en el cual se explican las consecuencias en el arduo camino del cambio constitucional y las leyes secundarias por venir.

“Es una reforma que fortalece la economía porque permitirá producir más energía eléctrica a menor costo en beneficio de hogares, pequeños negocios y grandes industrias; bajará el costo de la luz y gas natural para los hogares mexicanos.

“Tener energéticos más baratos permitirán explotar al máximo las ventajas geográficas de México para transformar materias primas y vender productos de mayor valor agregado quien es el más grande mercado del mundo y nuestro principal socio comercial: los EEUU. “Al producir más gas natural a mejor precio en México, evitaremos el desabasto que ha frenado a nuestra industria. Con electricidad más barata y limpia, México podrá atraer mucha más inversión y generar más empleos.

“Al igual que en otros países

Por Rafael Cardona que realizaron reformas energéticas, en pocos años se generarán millones de empleos de calidad para mexicanos en el sector energético y en las industrias relacionadas como la fabricación de plásticos, fertilizantes, transporte ecológico, etc.

“Aumentará la producción de gas natural y petróleo, lo que significa más ingresos para el Estado y más dinero para escuelas, hospitales, carreteras, programas sociales e inversiones públicas.

“Es una reforma positiva para el medio ambiente porque promueve el uso del gas natural para producir electricidad y sustituir el combustóleo y el diésel.

“Permitirá reducir progresivamente la emisión de contaminantes a la atmósfera y hacer frente al cambio climático.

“Con una mayor producción nacional de gas natural a mejor precio, podremos comenzar a sustituir los camiones de diésel por camiones más limpios que utilicen gas natural.

“La reforma promoverá la generación de más energía eléctrica a través de fuentes limpias como el gas natural, el viento y la luz solar.

“En los próximos meses, la Secretaría de Energía publicará una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios.

“Es una reforma modernizadora porque nos permitirá traer, adaptar y aprovechar las tecnologías y conocimientos más avanzados de la industria, para maximizar la renta petrolera y

reducir riesgos ambientales, en beneficio de los trabajadores, las empresas y las familias mexicanas.

“Actualiza nuestras leyes para permitirle a México utilizar los esquemas de asociación que mejores resultados han dado en el mundo.

“Nos permitirá sumarnos a la revolución energética mundial del gas natural.

Es una reforma responsable porque de no haberla hecho, seríamos importadores netos de energía en menos de 5 años, a pesar de haber sido históricamente una potencia exportadora de energéticos.

“Crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que garantiza el manejo transparente y eficiente de las ganancias.

“El Fondo permitirá generar ahorros para destinarlos al desarrollo de educación, ciencia y tecnología, energías renovables entre otros.

“Aumentaremos las reservas nacionales de petróleo y gas natural para garantizar la seguridad energética de las próximas generaciones.

“Es una reforma que fortalece la soberanía de México porque: “Aumentará la producción nacional de petróleo, gas natural y otros derivados, permitiendo reducir nuestra actual dependencia del extranjero.

“Reduciremos las importaciones de gas natural, gasolina y otros productos como plásticos y fertilizantes.

Entre “dimes y diretes” en el Senado

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a polémica reforma energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto quedó aprobada en lo general en el Pleno del Senado, después de 10 horas de debate entre los legisladores sobre la conveniencia de abrir el sector a la inversión privada nacional y extranjera.

El documento quedó avalado en lo general por 95 votos a favor y 28 en contra.

El bloque que apoyó la propuesta se conformó por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la mayoría de los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), que argumentaron que abrir el sector energético es necesario para modernizar la industria y generar crecimiento económico.

Los partidos de izquierda, por el contrario, señalaron que la iniciativa implicará la privatización de los energéticos y, por tanto, que el Estado pierda control sobre recursos estratégicos.

El Pleno comenzó el debate alrededor de las 14:30 horas del pasado martes diez de diciembre, y registró numerosos intercambios de críticas entre los legisladores.

Uno de ellos ocurrió cuando la vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna, acusó al PRI y al PAN de haber modificado el dictamen entre su salida de comisiones y su llegada al Pleno.

Las modificaciones se presentaron en un acuerdo firmado por

priistas y panistas, que el Pleno votó al inicio de la sesión. Los perredistas no objetaron el documento en ese instante, sino hasta cuatro horas después, cuando detectaron que se incluyó que el Estado podrá celebrar varias modalidades de contratos con particulares.

El PRI y el PAN introdujeron las palabras “entre otras”, lo que el PRD consideró un intento disfrazado por legalizar las concesiones en materia de hidrocarburos.

“Dictaminaron marginando a la segunda fuerza política del

país. Dictaminaron en secreto”, acusó Padierna.

Más tarde, el priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía y uno de los principales promotores de la reforma, afirmó que el debate estuvo abierto a todos los partidos y negó que se vayan a permitir las concesiones a particulares.

“Se mantiene la prohibición de concesiones que, quiero puntualizar, no es sinónimo de un contrato de licencia. La nación mantiene el monopolio sobre la

El PRD cubre la tribuna con una manta Antes de la votación en lo general de la reforma energética, senadores del PRD extendieron una manta en la Tribuna del Senado con la leyenda “No a la privatización”.

En el turno del senador Manuel Camacho Solís, el perredista reprodujo un discurso del expresidente Lázaro Cárdenas mientras sus compañeros de bancada extendían pancartas en contra de la reforma energética.

“Quien empieza comprando la Presidencia termina vendiendo la patria”, decía otra pancarta.

Después de entonar el himno nacional, la bancada de izquierda retiró la manta a petición del presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes, quien dijo que parte del acuerdo era que no hubiese toma de tribuna ni pancartas durante el debate.

Así, se permitió continuar con los posicionamientos a favor del PRI y el PAN. Después de cuatro horas de discusión, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que se está sometiendo un

proyecto de dictamen que no es el mismo que aprobaron las comisiones unidas durante la madrugada del martes.

El acuerdo de modificación fue presentado al inicio de la sesión y aprobado por mayoría del Pleno.

Sin embargo, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Dolores Padierna, señaló que es completamente irregular y falta al reglamento de la Cámara Alta.

Entre otros puntos, el acuerdo de modificaciones negociado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) incluye que el sindicato petrolero salga del Consejo de Administración de Pemex, que los particulares puedan distribuir energía eléctrica y que el nombre oficial del fondo petrolero sea Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Además, en el artículo cuarto transitorio, referente a los tipos de contratos que el Estado podrá entablar con empresas privadas, se incluyó que sus modalidades podrán ser “entre otras” de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida y de licencia.

La senadora Padierna dijo que estas modificaciones son un pago a los demás partidos para aprobar la reforma.

El senador perredista Alejandro Encinas afirmó que la reforma provocará despidos de trabajadores petroleros debido a la entrada de particulares al sector.

“Los trabajadores van a ser despedidos, de eso no hay duda”, dijo en conferencia de prensa previo al inicio del debate en el Pleno.

La discusión de la polémica reforma ha polarizado al Congreso entre los que impulsan la apertura a capital privado en la exploración y explotación de energéticos, y los que consideran que representa una privatización del petróleo, símbolo de nacionalismo en México.

Al inicio del debate, los perredistas advirtieron que darán la batalla con un recurso de inconstitu-

cionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Para presentar una acción de inconstitucionalidad, se requiere por lo menos de un tercio de los integrantes de alguna de las cámaras; la izquierda por sí sola no suma los escaños de senadores ni las curules de diputados suficientes para este propósito.

El presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priista David Penchyna, dijo que es “evidente” que los partidos de izquierda tratarán de usar “tácticas dilatorias” para retrasar la discusión, aunque ellos impulsarán que el proyecto quede aprobado a la brevedad.

“Van a tratar de detener lo que no se puede detener con argumentos”, señaló.

La reforma energética llegó al Pleno del Senado de la República este martes, donde se le dispensó primera lectura y se citó a una nueva sesión para el mismo día por la tarde.

La izquierda presentó dos propuestas de “moción suspensiva” para frenar el debate y la eventual votación del proyecto, pero ni siquiera fueron admitidas a discusión por el Pleno.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el PRI y el PAN rechazan que la iniciativa “privatice” los recursos de los mexicanos, y la respaldan para impulsar la economía.

La reforma incluye modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, así como 21 artículos transitorios.

Entre sus principales puntos está permitir al Estado celebrar contratos con empresas privadas para la extracción y explotación de hidrocarburos. Según el documento, los contratistas podrían recibir pagos en efectivo, con un porcentaje de utilidades o incluso con una parte de los combustibles que se produzcan.

Al implicar cambios constitucionales, la reforma necesita dos terceras partes de los votos para quedar aprobada.

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exploración y explotación de los hidrocarburos, así como sobre la planeación y el control del sistema eléctrico nacional”, dijo.

La reforma implica permitir que el Estado celebre varios tipos de contratos con particulares para la extracción y explotación de hidrocarburos, que el pago a las empresas contratistas pueda hacerse mediante la entrega de energéticos y la creación de un fondo para administrar los ingresos petroleros.

El documento es una de las propuestas clave del presidente Peña Nieto y del PRI, que buscan que la iniciativa quede aprobada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados antes del próximo domingo 15 de diciembre, cuando cierra el periodo ordinario de sesiones.

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Diputados aprobaron 72 decretos,

seis nuevas leyes y seis reformas constitucionales.

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urante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, el Pleno de la Cámara de Diputados celebró 42 sesiones con tiempo acumulado de 230 horas con 11 minutos, en los que se aprobaron 72 decretos, seis nuevas leyes y seis reformas constitucionales.

En el balance de los Trabajos del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio, se detalla que de los decretos aprobados, 62 se remitieron a la Cámara de Senadores; 16 al Ejecutivo Federal; tres a los Congresos de los estados para efectos constitucionales, y tres para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

De las 42 sesiones, una fue preparatoria de la Cámara de Diputados y otra de Congreso General para la apertura del periodo ordinario; una sesión solemne para entregar la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913” y, otra, para conmemorar el LX Aniversario del Sufragio Femenino en México. Las otras 38 sesiones fueron ordinarias.

Asimismo, la Mesa Directiva dictó trámite para turnar a comisiones un total de 485 iniciativas, de las cuales 14 fueron del Ejecutivo federal, 26 de senadores, siete de congresos locales, 437 de diputados y una conjunta de diputados y senadores.

Se turnaron 64 minutas con proyectos de ley o decreto normativos, remitidas por la Cámara de Senadores, de las que 25

Redacción / MUNDO LEGISLATIVO fueron para efectos del Apartado A; 16 del apartado D, y 23 del Apartado E, del Artículo 72 de la Constitución.

En relación con proposiciones con punto de acuerdo de diputados, sumaron 415, de las cuales 391 se turnaron a comisiones; nueve a órganos de gobierno; uno a la Cámara de Senadores; dos a órganos de gobierno y comisiones, y 12 se aprobaron luego de ser consideradas como de urgente resolución.

Como parte de la actividad legislativa, se avalaron 122 dictámenes negativos relativos a iniciativas o minutas; 44 dictámenes con punto de acuerdo y 49 acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), vinculadas con diversas materias.

También, dos acuerdos de la Mesa Directiva y el acuerdo propuesto por la Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajos legislativos con el propósito de establecer el calendario correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

Asimismo, el Acuerdo de la Jucopo por el que se integra la Comisión Permanente que funcionará durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

Historico ordinario El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, calificó de “histórico y extraordinariamente productivo”, el Primer Periodo Ordinario de sesiones del Segundo Año

de ejercicio de la LXII Legislatura, al clausurar formalmente sus trabajos.

Tengo —dijo— la más profunda convicción de que en este periodo ordinario de sesiones hemos escrito una de las páginas más brillantes en la historia moderna del Congreso de la Unión.

“El día de hoy, 12 de diciembre, esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados los trabajos de este histórico y extraordinariamente productivo periodo ordinario de sesiones. Enhorabuena y muchas felicidades” subrayó.

Posteriormente, antes de concluir la última sesión ordinaria que duró 21 horas, el diputado Anaya Cortés informó que se comunicará por escrito de la conclusión del periodo ordinario a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y al titular del Poder Ejecutivo.

En el auditorio del Edificio “E”, que fungió como sede alterna del Recinto legislativo oficial, para realizar la última sesión que entonó el Himno Nacional Mexicano y al término del mismo, dirigiéndose a las y los diputados reunidos.

Diputadas y diputados que conforman la Comisión Permanente El Pleno cameral aprobó, con 422 votos a favor la lista de las 19 diputadas y diputados que formarán parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que funcionará durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura

Desaparece la Función Pública y sea crea un órgano anticorrupción autónomo del Ejecutivo Federal

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on 111 votos en favor, dos en contra y dos abstenciones, el pleno del Senado aprobó el órgano de combate a la corrupción, que será autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y sustituirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El pasado viernes 13 de diciembre -último día de sesiones de su periodo ordinario- en reunión de comisiones realizada por la mañana se avaló el dictamen y se envió al pleno para que en la sesión matutina quedara de primera lectura, por tratarse de una modificación constitucional, dispensándosele el plazo de 24 horas de publicación anticipada.

Para aprobarlo ayer mismo, se convocó a una sesión vespertina en la que se dispensó la segunda lectura. Sólo se fijaron posiciones de los grupos partidistas y de inmediato se procedió a la votación El priísta Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, presentó el dictamen al pleno. Resaltó que el ór-

gano de combate a la corrupción es producto de cuatro iniciativas: una del PRI, una del Partido Verde y dos del PRD. Burgos explicó que se organizaron foros y se alentó el intercambio de opiniones con estudiosos del tema, analistas y organizaciones de la sociedad que promueven el fortalecimiento del régimen constitucional y de las instituciones en la prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción.

Ante el pleno, el priísta señaló que se está proponiendo destacadamente que el país cuente con un órgano responsable de combatir la corrupción, que sea autónomo y que tenga a su cargo las tareas preventivas, de investigación y sanción de hechos de corrupción.

El nuevo órgano tendrá un titular que será nombrado por las dos terceras partes de los senadores, con base en las propuestas que formulen los grupos parlamentarios.

Asimismo, contará con un consejo consultivo, cuyos miembros serán electos por el propio Senado, mediante consulta pública transparente, así como por un represen-

tante del Ejecutivo federal, uno de la Auditoría Superior de la Federación y otro del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai).

De igual forma, en el pleno se indicó que el órgano responsable de combatir la corrupción podrá atraer investigaciones e interpondrá sanciones administrativas por hechos calificados de corrupción.

El coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett, subrayó ante el pleno: otra vez el centralismo. El sistema de corrupción viene desde arriba, al pensar que la solución en todos los temas es la centralización, nos estamos equivocando; el federalismo este año se ha ido achicando.

Y eso no es todo, subrayó el petista, imagínense un consejo consultivo donde llega un representante del Ejecutivo. ¿Por qué tiene que estar metido el Ejecutivo? ¡Claro que puede inhibir! ¿Qué va a hacer el Ejecutivo, lo mismo que la famosa Secretaría de la Contraloría, que nunca persiguió a nadie? Nunca funcionó porque era la contraloría del presidente de la República.

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Prisión ha quien distribuya contenido sexual de personas

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l diputado Raúl Paz Alonzo (PAN) impulsa reformas al Código Penal Federal para establecer una sanción de uno a tres años de prisión y multa de cien a quinientos días de salario mínimo, a quien difunda, distribuya o comercie por cualquier medio -impresos, fotografías o videos- actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, sin el consentimiento de quienes aparecen en ellos.

La iniciativa, que adiciona un articulo 259 Ter al Código, menciona que la publicación y difusión de este material sin consentimiento de quien lo protagoniza ha derivado en despidos, hostigamiento, angustia psicológica e incluso en la comisión de delitos de índole sexual, de trata y en la violación de derechos como la no discriminación, la dignidad de las personas, laborales y sexuales.

Resalta que según datos de la empresa de seguridad informática McAfee, nueve de cada 10 personas envían material textual, gráfico o multimedia con contenido personal, sentimental o sexual.

Sin embargo, “en algunas ocasiones dicho contenido es usado de forma contraria a su origen, con el fin de denigrar públicamente a una persona por motivos de venganza sentimental, chantaje económico, emocional, laboral o social, entre otros”, abunda.

En el documento se argumenta que las redes sociales y las herramientas tecnológicas con las que cuentan actualmente los teléfonos celulares, tabletas, computadoras, videocámaras o cámaras fotográficas, han abierto la puerta a la violación de derechos humanos y al fortalecimiento de conductas delictivas como la trata de personas, pedofilia y acoso sexual y laboral, entre otros.

Indica que el intercambio de imágenes de video o fotográficas a través de aparatos celulares o por las redes sociales, permite a los usuarios fortalecer vínculos, apreciar o recordar momentos entre amistades, familiares o parejas.

“Este uso ha derivado en que algunas personas libremente decidan videograbarse o fotografiarse en situaciones íntimas con el fin de compartirlas con su pareja, actividad más frecuente entre jóvenes y que es conocida con el nombre de “Sexting”, añade el documento.

Redacción / MUNDO LEGISLATIVO

Paz Alonzo puntualiza que la distribución, comercialización y publicación de contenido sexual de personas adultas sin su consentimiento, es un tema en el que la Cámara de Diputados debe trabajar.

Refiere que en otros países ya se dan pasos para limitar esta práctica, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales, laborales y de género. Sin embargo, la tendencia es penar solo aquella acción de distribuir fotografías o videos sexuales explícitos para causar humillación o angustia a otra persona.

Dicha situación, abunda, puede dejar incompleta cualquier modificación legal, puesto que aquella persona que distribuya el material, puede justificar su actuar al excusarse de que su intención no era más que compartir la belleza, jugar una broma, entre otras justificaciones.

Argumentó que la reforma no pretende criminalizar las redes sociales ni coartar el derecho de libertad de expresión, sino garantizar el acceso pleno a los derechos humanos de las personas, cuyas imágenes de índole sexual no tienen ningún interés público ni fines informativos o de investigación, y cuya distribución, publicación y comercialización derivan en la violación de sus garantías individuales.

Tibio rechazo del Senado al espionaje Redacción / MUNDO LEGISLATIVO

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a asamblea del Senado de la República manifestó su rechazo a los presuntos actos de espionaje perpetrados por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y pidió al gobierno mexicano promover, al seno de las Naciones Unidas, la adopción de un instrumento internacional que proscriba la intervención ilegal de comunicaciones.

El acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores exhorta al gobierno de la Unión Americana a realizar a la brevedad una investigación exhaustiva de lo ocurrido, para deslindar responsabilidades.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Marcela Guerra Castillo, criticó que “los avances tecnológicos se utilicen para vulnerar los principios más elementales de una sociedad democrática, como son la libertad de sostener comunicaciones privadas, de interactuar a través de conversaciones escritas”.

La senadora del PRI se sumó al llamado para exhortar al gobierno de Estados Unidos de llevar a cabo una investigación de lo que ha ocurrido, “que respeten las leyes mexicanas”.

Senado pide respeto a derechos de mexicanos condenados a pena capital en EU En otro tema, el pleno senatorial también hizo un exhorto al gobierno norteamericano para cumplir con la decisión de la Corte Internacional de Justicia, en el denominado “Caso Avena”, para evitar que los mexicanos sentenciados a muerte en aquel país “vean vulnerado su derecho universal al debido proceso judicial”.

En este sentido, el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Fidel Demédicis Hidalgo, condenó las detenciones de mexicanos en territorio estadounidense que vulneran el debido proceso.

“Es obligación de quien los detiene comunicarle al Consulado, y esta parte se ha estado obviando, es decir, detienen a nuestros paisanos, los meten a la cárcel, les violan sus derechos humanos, los deportan”, expuso el senador del PRD.

Solicita Senado a Red Consular en EU proteger a mexicanos de expresiones antiinmigrantes En otro acuerdo aprobado por el Senado, se hizo un llamado a la Cancillería mexicana a reforzar las actividades de monitoreo de expresiones antiinmigrantes que puedan poner en riesgo a los mexicanos, luego que se difundiera que un grupo de estudiantes de la Universidad de Texas afiliados al Partido Republicano convocaron a participar en un simulacro de “cacería de indocumentados”.

Las consideraciones de este acuerdo, estiman oportuno que la Red Consular de México proteja los derechos de los mexicanos que radican en dicha entidad americana y para ello es imprescindible que monitoreen cercanamente expresiones antiinmigrantes como las mostradas recientemente en la Universidad de Texas.

En un dictamen más aprobado por la asamblea del Senado, se hizo un llamado al Congreso norteamericano “a proseguir con el análisis correspondiente de la reforma migratoria en beneficio del pueblo estadounidense y de los millones de inmigrantes residentes en esa nación, con el fin de garantizar que sus derechos humanos sean respetados”.

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Tras su privatización en el “salinato”, quieren de vuelta al ferrocarril

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l Pleno cameral conoció el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para hacer del ferrocarril el medio de transporte que coadyuve al desarrollo regional de país, y a través de su modernización volverlo competitivo, eficiente y de bajo costo para los usuarios del servicio.

El documento, al que se le dio trámite de declaratoria de publicidad, argumenta que se deben aprovechar las ventajas que tiene el ferrocarril en otros países, como ser el más eficiente en consumo de energía, con una vida útil más prolongada en comparación con otros medio de transporte y con menor daño ambiental.

Menciona que el rezago del sector ferroviario en México se ha traducido en menor competitividad, sobre todo en los últimos 10 años, pues su participación en el transporte terrestre de carga, si bien subió de 20 a 26 por ciento del 2000 al 2006, “desde entonces a la fecha se ha mantenido constante”.

Uno de los problemas más notables del sector, precisa, es la tarifa de carga que aplican los tres principales concesionarios, la cual se incrementó entre 4 y hasta 8 veces en los últimos 12 años, muy superior a la inflación acumulada que ha sido del 61.6 por ciento.

Además, el sector tiene grandes fallas regulatorias, como las tarifas de interconexión, ya que son un obstáculo persistente entre concesionarios de las troncales de redes de ferrocarril.

Aunado a ello, las tarifas por derechos de paso y de arrastre entre concesionarios son limitadas y la au-

Patricia Arnaud / MUNDO LEGISLATIVO sencia de un acuerdo de interconexión ha disminuido la eficiencia de la red férrea nacional en prejuicio de los usuarios y de la economía.

Se busca que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pueda otorgar las concesiones o permisos a las empresas que solamente construyan infraestructura, para que otros concesionarios puedan utilizarla mediante el pago de una contraprestación.

Con las reformas dictaminadas por la Comisión de Transportes se impulsa la garantía de interconexión en las vías férreas cuando sean generales de comunicación, así como procurar las condiciones de competencia en los servicios públicos y auxiliares de transporte ferroviario que en ellas opera.

La SCT debe garantizar la interconexión cuando sean vías generales de comunicación; establecer las condiciones y contraprestaciones en los casos en que los concesionarios no lleguen a un acuerdo, y establecer bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva.

También, determinar que todas las tarifas que apliquen los concesionarios y permisionarios se registren previamente ante la SCT para su puesta en vigor y colocarse en lugar visible en las terminales en que presten servicios, así como en medios electrónicos e Internet.

De igual modo, la SCT establecerá bases de regulación tarifaria por sí o a petición de parte afectada, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, cuando considere que las tarifas registradas no se apliquen en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables y que no existe competencia efectiva, o se den prácticas monopólicas relativas o absolutas.

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l Senado reformó la Constitución para implementar la coordinación, cooperación, subsidiariedad y corresponsabilidad con los tres órdenes de gobierno.

Reformó la Constitución con la finalidad de implementar la coordinación, cooperación, subsidiariedad y corresponsabilidad con los tres órdenes de como ejes rectores de las relaciones intergubernamentales.

Además, los senadores avalaron que las leyes generales que expida el Congreso de la Unión, deberán establecer las bases para la aplicación de los principios referidos.

Sobre el tema, el senador perredista Arturo Núñez Jiménez, explicó que la enmienda constitucional busca el reconocimiento y expresión literal en la Carta Magna del federalismo real.

Lo anterior, expuso, bajo un criterio de ordenación jurídica y de una realidad de civilidad política, y del devenir democrático de México.

En este sentido, mencionó que la transformación del sistema político nacional a lo largo de las tres últimas décadas, “ha venido imponiendo nuevas condiciones y formas de expresión a las relaciones que cotidianamente se dan entre los tres órdenes de gobierno”.

Por ello, expresó: “ser los senadores portavoces y mandatarios de la soberanías locales, qué

Redacción / MUNDO LEGISLATIVO mejor concreción de tal mandato, que establecer hoy los límites y principios sobre los cuales la Federación y las entidades federativas construyan la gobernabilidad en el México moderno”.

Por su parte, el senador panista Ramón Galindo Noriega señaló que los ayuntamientos, municipios y sus comunidades “no han tenido la relación más respetuosa con otros espacios públicos y se les ha entendido equivocadamente como empleados del gobernador o como subalternos del presidente de la República; y no es así”.

Por ello, dijo que como integrantes de la Legislatura y representantes de los estados, “tenemos la responsabilidad de generar instrumentos que permitan que el interés local, se convierta en un espacio de decisión”.

Ejemplificó que existen municipios que pueden tener 2 millones de habitantes o 500, pero el trato presupuestal, político o jurídico prácticamente es el mismo; algo que “no es natural”.

Ante esta situación dijo que uno de los objetivos de este “ajuste constitucional” tiene que ver con establecer una relación diferenciada y “no a partir de lo que opine, piensa o quiera hacer la cúpula pública, sino a partir del entusiasmo y las ganas que tenga la comunidad local”.

El dictamen se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

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Avala el Senado una mayor eficacia, coordinación y certeza entre los tres órdenes de gobierno

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Aprueban la Ley Federal de Consulta Popular

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a Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular que tiene el objetivo de regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular y promover su participación ciudadana.

El documento aprobado por 431 votos a favor, 36 en contra y 1 abstención, se remitió al Senado para sus efectos constitucionales.

Precisa que la consulta popular es un mecanismo de participación para que los ciudadanos ejerzan su derecho, mediante el voto emitido, a expresar su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.

Destaca que podrán solicitar una consulta popular el Presidente de la República, el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las dos Cámaras del Congreso, o los ciudadanos en un número equivalente al menos de 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Señala que tanto el Congreso como el Instituto Federal Electoral (IFE) tendrán una función medular para garantizar a los ciudadanos el pleno ejercicio de este derecho, sin olvidar los medios de impugnación que pueden ser promovidos contra las resoluciones dictadas por este último.

Marisela Morales / MUNDO LEGISLATIVO El derecho a la consulta popular también podrá ser ejercido por los mexicanos residentes en el extranjero, exclusivamente cuando la consulta coincida con la elección de Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Detalla que serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como los administrativos del Ejecutivo federal,

siempre que sean de trascendencia nacional.

Los temas serán calificados por la mayoría de los legisladores presentes en cada cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se entiende por trascendencia nacional cuando el tema repercuta en la mayor parte del territorio nacional; impacte en una parte significativa de la población; proponga la creación, modifica-

materia de consulta popular.

Plantea un plazo de 20 días naturales para que el máximo tribunal resuelva sobre la constitucionalidad de la materia, así como de la pregunta que la acompaña, a partir de la recepción de la solicitud por parte del Congreso de la Unión.

Concluye que los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia relativos a la constitucionalidad de la consulta popular “son inatacables”.

En la manifestación de posicionamientos, por Nueva Alianza, Luis Antonio González Roldán afirmó que lo dispuesto en la Ley Federal de Consulta Popular cumple con el mandato de proveer a la ciudadanía instrumentos funcionales y vinculatorios en la toma de decisiones.

“Con esta ley –abundó-, se amplía el catálogo de derechos y obligaciones, así como los mecanismos para que la población se

involucre en la vida pública, pues no debe ser ajeno que tales mecanismos están rezagados con respecto a democracias avanzadas”.

En tanto, Loretta Ortíz Ahlf, del PT, consideró que esta norma no hace partícipes a los ciudadanos, “principales actores a tomarse en cuenta”, y sustituye al Ejecutivo federal por el Instituto Federal Electoral (IFE) “que no es un órgano autónomo y responde a intereses políticos”.

Precisó que para alcanzar una ley efectiva, que proteja los derechos y garantice las consultas ciudadanas, “se debe proteger o amparar con un órgano autónomo independiente” y no con instancias dependientes del gobierno federal.

Por Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila recordó que la discusión de este dictamen fue suspendido a las 3 de la mañana en la sesión anterior (en el marco de la discusión de la reforma político electoral), pues el documento “contenía vicios” y obedecía a acuerdos políticos “que no fueron respetados”.

Acusó que ésta restringe lo estipulado en el artículo 35 constitucional, además de ser “una reforma engañosa, pues su nueva redacción, en su momento procesal, no resuelve los problemas planteados” por su bancada respecto a la afirmación del Ejecutivo federal como juez y parte en la difusión de la consulta popular.

En tanto, por el PVEM, Mónica García de la Fuente sostuvo que esta iniciativa empodera a los ciudadanos además de consolidar la democracia nacional. Con la consulta popular, se cumple el mandato de otorgar a los ciudadanos “una valiosa herramienta para incidir directamente en los asuntos de la vida pública”.

Con la Ley Federal de Consulta Popular “se abre la puerta a que el pueblo toma de decisiones en temas de trascendencia nacional”, figura que, expresó, “será bien aprovechada por los facul-

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ción o eliminación de políticas públicas que repercutan en la mayor parte del país o afecten a una parte significativa de los ciudadanos.

Del mismo modo, proponga legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que repercutan en una parte significativa de la población, y los temas que determine el Congreso.

El dictamen establece que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, así como los principios consagrados en el artículo 40 de la Carta Magna; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas.

Asimismo, se pondera la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como garante de la constitucionalidad en

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tados para solicitarla, y tanto la población en general como los órganos de gobierno nos beneficiaremos de su implementación”.

La diputada Amalia García Medina, del PRD, dijo que con esta ley se garantiza que la ciudadanía participe directamente en los asuntos que les competen, sin la necesidad de sus representantes populares.

“Ante temas que dividen a la nación, la vía civil e idónea, porque permite la participación democrática directa, es el plebiscito y el referéndum a través de la consulta popular”, subrayó.

Por el PAN, el diputado José Arturo Salinas Garza, explicó que la consulta podrá llevarse a cabo en temas de trascendencia nacional y que tengan que ver con leyes que vayan expedirse, así como sobre políticas públicas que incidan en la población.

“Este avance que se logra con la expedición de la Ley Federal de Consulta Popular tiene grandes beneficios para la ciudadanía. Hoy verdaderamente este Congreso y los servidores públicos de México, tendremos que escuchar a los ciudadanos”, subrayó.

Por último, la diputada del PRI, Leticia Mendoza Curiel indicó que con la aprobación de esta Ley mejorarán las expectativas de la eficacia del sistema político mexicano y se enriquecerán las libertades individuales.

“La consulta popular se inserta como un instrumento cuyo uso permitirá legitimar las decisiones sobre la forma de conducir el destino de la nación gracias a la opinión informada de la sociedad sobre los asuntos que directamente le atañen”.

Antes de ser avalado el dictamen en lo general se aprobaron reformas a los artículos 12,15, 23, 33 y 41, suscritas por los coordinadores del PRI, PRD, PVEM y NA. Se elimina el segundo párrafo de la fracción tercera del ar-

tículo 12; el cual señalaba que en el caso de los ciudadanos deberán haber obtenido el apoyo de al menos 17 entidades federativas y que representen cuando menos el uno por ciento ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada uno de esos estados.

Se reforma el artículo 15 y 23 para agregar el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del Reconocimiento Óptico de Caracteres.

El artículo 33, fracción segunda, el cual establece que las firmas no se computarán, para los efectos del porcentaje requerido, cuando no se acompañen la clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

El artículo 41 que señala que el IFE promoverá la difusión y discusión de las consultas populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión y garantizará el acceso a la radio y televisión a quienes hubieran presentado la petición, a través de los tiempos oficiales que le corresponde administrar para sus propios fines.

Cuando a juicio del Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se refiere el párrafo anterior fuese insuficiente, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular.

Se agrega un quinto transitorio el cual precisa que por única ocasión los requisitos relativos al aviso de intención y al formato para la obtención de firmas a los que se refiere esta ley, no serán aplicables a las peticiones de consultas ciudadanas que hayan sido

presentadas al Congreso de la Unisón con anterior idad a la entrada en vigor de la presente ley.

Al pronunciarse a favor del dictamen, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD) mencionó que consultar a los ciudadanos para medir el impacto y conocer su opinión, es hacer partícipes a las verdaderas mayorías, que son las que están afuera, y no sólo a quienes aún confían en las elecciones y en los partidos políticos.

En contra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) señaló que se deberían modificar los recursos políticos, administrativos y financieros para la consulta popular y establecer tecnologías de la información para la recolección de firmas como los adherentes, a través de Internet, correo electrónico, servicio postal y telégrafo.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, consideró que más que la Ley de Consulta Popular es sólo simulación popular. “Insistimos en que si hubiera genuina voluntad política la consulta popular energética se podría hacer sólo con el artículo 35 como está actualmente”.

En su turno, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano), calificó de “deficiente” esta iniciativa por factores como la cantidad de trámites y tiempos que exige la puesta en marcha de sus garantías. Lo anterior “limita su posibilidad de convertirse en una auténtica Ley Federal de Consulta Popular”, sostuvo.

Al término de la discusión en lo general, fueron presentadas reservas a los artículos 4, 6, 11, 12, 20, 28, 33, 40, 41, 45, y 64, por parte de legisladores de distintos grupos parlamentarios, mismas que fueron rechazadas. Se emitieron 301 votos a favor, en términos del decreto modificado, una abstención y 159 en contra.

Establecen diputados límites para difusión en medios de comunicación de la consulta popular Redacción / MUNDO LEGISLATIVO

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a Cámara de Diputados aprobó en lo general y con la mayoría calificada de 336 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones, reformas al artículo 35 de la Constitución Política, para regular la difusión de la consulta popular en medios de comunicación.

Con la adición de tres párrafos al artículo 35 constitucional se determina que el Instituto Federal Electoral (IFE) promoverá la difusión y la discusión informada de las consultas populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión.

El dictamen remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales destaca que el instituto electoral garantizará el acceso a la radio y la televisión a quienes hubieran presentado la petición, a través de los tiempos oficiales que le corresponde administrar para sus propios fines.

Indica que cuando a juicio del instituto electoral el tiempo total en radio y televisión fuera insuficiente, determinará lo

conducente para cubrir el tiempo faltante.

Establece que “ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión pública de los ciudadanos sobre la consulta popular”.

Cabe precisar que la iniciativa presentada por diputados del PRI, PAN y PRD, proponía reformar la Base III, Apartados A, párrafo tercero y C, del artículo 41 de la Constitución Política para incluir esta prohibición y “ahora ésta se traslada al 35”.

El documento argumenta que en la actualidad los vehículos más eficaces para transmitir la información colectiva a la sociedad son la radio y la televisión, por lo que debe existir un límite en la Constitución, para que ninguna persona pueda contratar espacios publicitarios, cuyo objetivo sea promover o influir en una consulta popular.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rive-

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Avalan reformas al artículo 35 constitucional y se envían al Senado Se restringe contratación de propaganda en radio y televisión: Moreno Rivera

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ra (PRD) dijo que el uso de los mecanismos de consulta directa, permiten discutir cualquier tipo de problema político, más allá de las limitaciones impuestas por las rivalidades partidistas, y constituyen instrumentos neutros que producen resultados apoyados en la opinión pública y logran cambios políticos fundamentales.

Con este dictamen, se dota de facultades al Instituto Federal Electoral para que promueva y discuta las consultas populares y, además, garantice el acceso a medios masivos de comunicación, como lo son la radio y la televisión, dentro de los tiempos oficiales que administra, indicó.

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Además, el órgano electoral estará facultado para cubrir el tiempo faltante del tiempo oficial, en radio y televisión, para llevar a cabo la difusión y discusión informada de la consulta popular que haya convocado el Congreso de la Unión.

Moreno Rivera mencionó que se restringe la contratación de propaganda en radio y televisión, por parte de cualquier persona física o moral, cuyo propósito sea influir en la opinión que vaya a emitir la ciudadanía, en relación con la pregunta de la consulta popular.

Indicó que la ley fundamental contendrá normas que permitan la disposición de la consulta popular, evitando que sea tendenciosa o contenga juicios de valor, por tratarse de un interés general. Asimismo, los ciudadanos podrán realizar actividades de divulgación mediante debates, mesas de discusión u otros eventos similares utilizando cualquier medio que tengan a su alcance, cuyo objeto sea meramente informativo.

Difusion imparcial Una de las limitaciones que se plantea, dijo, es que la difusión sea imparcial y no esté orientada a influir en las preferencias a favor o en contra de la consulta popular.

Al iniciar los posicionamientos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) expresó que esta reforma “es parte de lo que algunos analistas llaman la deformación constitucional o la Constitución desfigurada”.

Indicó que lo que busca es que el instituto electoral permita que utilicen los tiempos de radio y televisión los peticionarios de dichas consultas y “uno de ellos es el Presidente de la República y la única limitante es que apruebe la mayoría en una Cámara la consulta popular ”, añadió.

Del PVEM, la diputada Ruth Zavaleta Salgado resaltó que en la actualidad 12 entidades incluyen la figura de consulta popular en su constitución local, sin embargo, no han ejercido este derecho “y si lo hicieran, con esta reforma, lo que hacemos es dar la posibilidad de que haya difusión y se promocione”.

Subrayó que en la Comisión de Puntos Constitucionales se han llegado a acuerdos que han permitido una serie de cambios “que debieron haberse hecho desde el año pasado y que estamos resarciendo esa falta al día de hoy; logremos, permitan que todos los ciudadanos puedan expresar su opinión y su punto de vista”.

Por Acción Nacional, el diputado Fernando Rodríguez Doval manifestó que con esta reforma se introduce al Presidente de la República, al igual que al Congreso de la Unión o a cualquiera de los peticionarios, a que puedan hacer campaña a favor de una determinada posición política.

“Eso ya lo habíamos superado con la reforma constitucional de 2007, ya habíamos sacado al Presidente de la República de las campañas electorales federales. Ahora, con esta reforma, vamos a regresar a un esquema anterior al 2007 y vamos a tener al Presidente utilizando los tiempos oficiales del Estado para promover la consulta que él haya querido convocar y pedirle a este Congreso”, afirmó.

En pro del dictamen, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) consideró que esta reforma hace realidad la consulta popular, pues marca de forma general cómo los ciudadanos y las minorías pueden llegar a ser parte del gobierno y cómo influir de manera directa en las decisiones importantes del país. “Votaré a favor, porque creemos que podremos llegar a una consulta ciudadana que finalmente sea la ideal”.

A su vez, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán (Movimiento Ciudadano) se manifestó en contra y cuestionó “¿ustedes creen que alguien les va a creer que están preocupados por la opinión de la gente? ¿Creen que la gente allá afuera se va a tragar esa historieta, cuando aquí sistemáticamente se violan los reglamentos más básicos que nos obligan consultar y volver a consultar a los sectores, especialistas, investigadores, académicos y agrupaciones?”.

Previamente, el Pleno rechazó una moción suspensiva del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) para que el Pleno actúe y se conduzca con apego al principio de legalidad en los términos del 72 constitucional. “Mi voto es en contra de la opacidad, de la transa, de la falta de publicidad en la construcción de la propuesta legislativa”.

En la discusión en lo particular, con 329 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, se aprobó en términos del dictamen la reserva del diputado Damián Zepeda Vidales (PAN), al artículo 35 constitucional numeral 4 párrafos segundo y tercero.

Fe de erratas de la minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales Se informó que se recibió una fe de erratas del Senado de la República en relación con la minuta proyecto de decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual se turnó a la Co misión de Justicia para que la integre al expediente.

En lugar de decir: “Artículo Décimo Tercero. Revisión Legislativa”; debe decir: “Artículo Décimo Tercero”.

Se suprime el Transitorio Único, el cual establecía que: “el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Rescate de Nabokov Por Octavio Raziel / MUNDO LEGISLATIVO del novelista, la decisión de qué hacer con el libro recayó sobre su hijo Dimitri, albacea de la obra del ruso, quien decidió publicarla.

La novela (350 pp) con el nuevo sello editorial Malpaso es divertidísima, absorbente y absolutamente original. Lago busca entre las cientos de fichas dejadas por el escritor ruso hasta dónde podría haber quedado la obra de no haber muerto Nabokov.

Con un nuevo nombre, el texto propone un viaje fascinante, con escalas en lugares tan distintos como Nueva York, California, la isla de Alejandro Selkirk en el Pacífico Sur o el laboratorio secreto del genial novelista ruso, en el que nunca nadie se había logrado adentrar como se hace aquí. Tanto si el trasfondo son las noches criminales y hedonistas de Manhattan o el baile delirante de la fama y el dinero que tiene lugar en las oscuras transacciones llevadas a cabo en las agencias literarias más poderosas del mundo, el texto no pierde jamás el pulso de la trepidante intriga que propone.

En la novela se narra la historia de David Mitchell (Benjamin Hallux), un novelista que se obsesiona con el libro incompleto de Nabokov y contrata a un “ghost writer” o “negro” literario llamado Stanley Marlowe para que recomponga el sentido original de la obra y subsane sus omisiones; Marlowe, quien en el momento de conocer a Hallux trabaja en la autobiografía de un magnate californiano, le envía periódicamente informes en los que glosa la obra del autor de Lolita propiciando un diálogo que se produce entre el texto principal y las notas a pie de página, en las que se instala Hallux (en un juego que parece remitir a Enrique Jardiel Poncela). La obra no pretende ser un ensayo ni un diálogo filosófico, y, por consiguiente, su anécdota central se ve completada por la intervención de otros “negros” literarios, lolitas de origen latinoamericano que admiran a Valerie Solanas, vendedores de drogas, perros que hablan entrenados para olisquear Best sellers, mujeres fatales, carabineros chilenos, chinos ilustrados que reparten comida a domicilio, abogados especializados en asuntos de propiedad intelectual que actúan como espías y, especialmente, agentes literarios: uno de ellos, imaginativamente bautizado “El Chacal”, decide que tiene que hacerse con los informes de Marlowe, lo que da inicio a una persecución que recuerda a los mejores pasajes de El baile de las locas.

Al final esta es una novela de Eduardo Lago y no de Vladimir Nabokov.

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A Vladimir Nabokov se le reconoce como escritor de argumentos complejos, con inteligentes juegos de palabras y el uso de la aliteración. La fama le llegó con su novela Lolita (1955) (llevada al cine por Stanley Kubrick, en1962) y trata de la pasión consumada de un hombre culto con una niña de doce años.

La relación de Lolita con su padrastro Humbert podría recordarnos la frase de José Saramago: en verdad, en verdad os digo, no hay límites para la maldad de las mujeres, sobre todo de las más inocentes.

Nabokov escribió muchas novelas cortas y cuentos hasta 1975 cuando dejó inclusa The original of Laura. Esta obra fue retomada por un escritor fantasma, Eduardo Lago, que la rehace con el nombre de Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee. En casi toda la creación artística hay fantasmas.

En las artes plásticas los maestros clásicos tenían escuelas y los alumnos emprendían la obra que el maestro retocaba o afinaba y podía, incluso, firmar. En la literatura está el escritor fantasma o sombra, llamado también negro. Mario Vargas Llosa fue el negro de una mujer rica y hoy es Nobel de Literatura. Recurrieron a los servicios de estos escritores sombra desde Shakespeare hasta Stephen King. Una de las leyendas más conocidas es la de Alejandro Dumas que tenía un equipo de escribidores que realizaban lo que él les decía y luego él, Dumas, daba unidad a la obra. En muchos casos se escriben biografías, memorias o libros de ficción o ensayo que firman personajes millonarios, famosos, políticos o mediáticos. Firman ellos, pero quien escribe es otro.

Eduardo Lago acepta un encargo de naturaleza muy distinta: revelar la trama oculta de El original de Laura, la enigmática novela que Nabokov dejó inconclusa tras su muerte. Lago es autor también de las novelas Llámame Brooklyn y Ladrón de mapas.

Los primeros análisis de la novela de Nabokov revelan la existencia de dos historias y de dos relatos embutidos uno en el otro, como resume Hallux, el narrador.

Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee parte de El original de Laura, la última novela de Vladimir Nabokov, que el escritor no llegó a terminar y sobre la que pidió, expresamente, que fuese destruida, escribiendo en la última ficha “eliminar, suprimir, borrar, tachar, cancelar, anular, obliterar”. Escrita de manera fragmentaria en 138 fichas, el manuscrito no corrió la suerte que Nabokov dispuso para él. Vera, su viuda, lo guardó en una caja fuerte. Muerta la esposa

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Legislan sin entender

Mundo legislativo

ML

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GUAS porque los resultados de la prueba internacional PISA 2012, además de ser una vergüenza nacional, pueden ser anticipo de los líos que nos esperan en materias energética y electoral.

Porque si extrapolamos a los diputados la cifra del 41 por ciento de los alumnos que no comprenden lo que leen, resulta que casi la mitad de los legisladores aprueban sin entender, leyes de preocupantes consecuencias.

Advirtió la consejera presidenta del IFE Ana María Marván, que haber usado la reforma política “como ficha de cambio por la reforma energética”, fue un error que la Nación puede pagar caro.

Pero a estas alturas, es difícil que los aprobadores comprendan lo que Marván dijo.

Imaginen el panorama: no entienden; y les cuesta ponerse de acuerdo en lo no sean sus intereses, dietas y prestaciones.

Hace un año los líderes de la Asamblea de Legisladores del Distrito Federal, se autorizaron ellos solitos y para ellos solitos, un megabono de 14 millones de pesos.

La información acaba de salir en el diario Reforma, que dice tener los documentos que indican que los diputados de la Comisión de Gobierno, aprobaron en diciembre del año pasado repartirse 14 millones de pesos.

La mayor parte de los cuales quedó, faltaba más, entre los coordinadores de las bancadas.

A Manuel Granados, del PRD y a Federico Döring, del PAN, les tocaron tres millones de pesos; a Tonatiuh González, del PRI, dos millones 650 mil y a la perredista Ariadna Montiel, secretaria de la Comisión de Gobierno, 520 mil pesos.

Unos días después, el 31 de diciembre, firmaron otro acuerdo para “diversas actividades”, a fin de darse una bolsa extra de cuatro millones 900 mil pesos.

Lo hicieron calladitos; pero sus movidas se supieron esta semana. ¿Y sabe cómo reaccionaron los protagonistas de este abuso de dinero público?

Pues negando que fueran 14 millones, “fueron nada más nueve”; y que hubieran sido repartidos únicamente entre ellos cuatro, “fue para todos los 66 asambleístas, como una bonita bonificación” de 150 mil pesos por cabeza; bueno, cabeza es mucho decir.

Por Teresa Gurza/ MUNDO LEGISLATIVO Y para calmar los ánimos, anunciaron que este fin de año cada uno recibirá “solo 92 mil pesos” . ¿Qué austeros y lindos verdad?... y nosotros por acá, pensando mal de esos inocentes; para quienes los lectores de Reforma demandan, desde salarios honorarios de tres pesos, hasta paredón por “ratas, ladrones y políticos de quinta”.

Pero mucho ojo, que ya lo explicó bien Döring; no es que les sobre el dinero que tanta falta para paliar la pobreza, ni que sean corruptos ni abusivos; no señor, lo único que hicieron fue “respetar la tradición legislativa” de pagarse no 12 meses, sino 13.

Pobres, es imposible que entiendan que lo más negativo de sus conductas es que generan en la gente la idea de que se llega a las Cámaras, no para mejorar las leyes en beneficio de todos; sino para hacerse ricos en tres o seis años.

Y en el futuro en más, porque algunos de los que han pasado gran parte de sus inútiles vidas empollando curules, acaban de aprobar la reelección inmediata.

Lo que les evitará tener que andar saltando de una a otra cámara como el panista Javier Corral y el Verde Jorge Emilio González, con 21 años calentando sillones; uno menos, tiene Eloy Cantú del PRI; y 19 lleva Ricardo Monreal, del… póngale las siglas que quiera porque ha estado casi en todos los partidos.

Y hay legisladores que para seguir en el presupuesto, se van de alcaldes o gobernadores; puestos de los que han salido igualmente cuestionados, y cuestionadas, por el uso que dieron a los recursos públicos; pero como en México es alta la impunidad, no han sufrido consecuencias.

No sólo tenemos dobladores en cargos, hay también repetidores de cursos; porque nuestro país no ha sido capaz de mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.

Y en los resultados de la última prueba PISA, quedó claro que tenemos retraso de décadas en Matemáticas, Lectura y Ciencias; materias en las que sacamos tan pocos puntos, que quedamos en último lugar.

Pero no se me achicopale, porque no en todo hemos obtenido porcentajes tan menores.

Alcanzamos niveles muy altos, en el reciente índice internacional de corrupción; y en el de pobreza, porque según la CEPAL somos el único país de América Latina en la que se incrementó y afecta a 60 millones y medio de compatriotas. ¿Lo entenderán los legisladores?