Mundo Legislativo No.99 by Mundo Legislativo

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Elimina el Congreso los Monopolios aduaneros (Pág. 30)

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Frenan a los cabilderos Ricardo Anaya: Se regulará a los cabilderos en los tres Poderes

Miguel Ángel Mancera el beneficiario del PAN

Buscan un impuesto que sea anticipado para transporte ENTRE-PÁGINAS

Con ajustes votan el Código Fiscal Federal

Rafael Cardona. Estación San Lázaro Tere Gurza. Agua y confusión Fernando Dworack. Los cabilderos Verónica Baz. La innovación Renward García. No gobernar

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Año VIII. No.99 15-octubre-2013

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Frenan a los cabilderos en el Congreso

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ientras algunos de los legisladores en la Cámara de Diputados, votaban sanciones para “regular” las prácticas nocivas del cabildeo en el Congreso, otros se encontraban en pasillos y comedores de San Lázaro, con los “agentes” de las empresas trasnacionales que trataban de convencerlos de modificar la reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto, o de votarla en contra. Cabilderos de las principales refresqueras, de la Alianza por la Alimentación, de la Coparmex, la Canacintra, entre otros, mantienen su activismo en pro de sus intereses, ofreciendo canonjías a quienes ha-

Por Jorge Ramírez Ugalde/ MUNDO LEGISLATIVO brán de votar la propuesta hacendaria de la administración federal, tanto en el San Lázaro como en el Senado. El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Ricardo Anaya, anunció que en los próximos días se estará presentando una iniciativa en el Congreso de la Unión para restringir el trabajo de los cabilderos en los tres Poderes de la Unión. Anaya Cortés comentó que esta iniciativa no sólo buscaría regular el trabajo de los diputados, sino también de los senadores, del Ejecutivo y el Poder Judicial. “El siguiente paso deberá ser una ley de alcance general que incluya, no sólo a quienes trabajamos en la Cámara de Diputados, sino a los tres Poderes y en los tres órdenes de gobierno. Es un tema que

debemos resolver con urgencia”, comentó. “Encuentro coincidencia en distintos grupos parlamentarios sobre la conveniencia de que haya una ley general, sin duda será un asunto que se discuta abiertamente en los próximos días y semanas”, definió Una nota publicada por El Universal, da cuenta de que México pagó a empresas de cabildeo de Estados Unidos 30 millones de dólares tan sólo en el primer semestre de 2012 para revertir la mala imagen del país, y del monto destacan 400 mil 200 dólares que pagó el gobierno del Distrito Federal para revertir la mala imagen de la ciudad de México en medios de comunicación, producto de las marchas, señala el reporte 2013 del Registro de Agen-

ta un mayor número de solicitudes respecto a alguna comisión o persona moral, la Mesa Directiva determinará el procedimiento que habrá de seguirse. Al posicionar el dictamen, el diputado Felipe Arturo Camarena García (PVEM) dijo que se pretende contribuir a regular de manera adecuada la figura de cabildeo para que se inhiban prácticas de corrupción. Afirmó que permitirá que quienes se desempeñen como legisladores realicen adecuadamente sus tareas en beneficio de la sociedad, fuera de prácticas corruptas y por encima de intereses de grupos en particular. Roberto López Suárez, del PRD, denunció que los legisladores no admitieron que al texto se incorporara la exigencia para que los diputados no admitieran algún tipo de dádiva. ‘‘Todos los días los cabilderos mandan oficios, reparten folletos en las oficinas y curules. Nos piden audiencia para ir a comer fuera de la Cámara; algunos asisten al restaurante La Mansión, y van a la Hacienda de Jamaica o a la de San Lázaro. Esto me recuerda el escándalo de las cigarreras. Y no porque se promueva el impuesto al refresco; nos estamos olvidando de la comida chatarra, del alcohol, de los tabacos…’’, dijo. En una ronda a favor del dictamen, Ricardo Monreal Ávila (MC) resaltó la importancia de regular la actividad del cabildeo en el ámbito legislativo, para evitar actos de corrupción, tráfico de influencias e impunidad. Dijo que existen 549 grupos de cabilderos registrados en la Cámara de Diputados y sería irresponsable no someterlos a normas de conducta estricta y federal. “Esta reforma fue propuesta por Movimiento Ciudadano, pero debo advertirles ciudadanos legisladores que fue cercenada, es una reforma mocha, light, insuficiente y descafeinada y se presentarán reservas”, indicó. También se pronunciaron los diputados Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) y Roberto

López Suárez (PRD). El dictamen que adiciona los numerales 3 y 4 al artículo 264 y 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados indica:

Artículo 264.

1. y 2. ... 3. No podrán llevar a cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones; así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. 4. El número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en la Cámara de Diputados será de veinte por cada comisión y dos por cada persona moral inscrita; en caso de que exista un número mayor de solicitudes respecto a alguna comisión o persona moral, la Mesa Directiva acordará lo conducente. 5.- Reserva de Rodríguez Doval, para que las disposiciones también se apliquen a individuos que siendo ajenos a la Cámara representen a una persona física organismo privado o social. “El objetivo de dicha reserva es evitar la simulación que un cabildero pueda presentarse como representante de una institución sin fines de lucro y que en cambio pueda estar llevando a cabo la misma actividad aun cuando por debajo del agua sí esté percibiendo un ingreso”, indicó.

Artículo 265.

1. ... 2. 2. Las diputadas y los diputados o el personal de apoyo no podrán aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie, o cualquier otro tipo beneficio de cualquier naturaleza, por parte de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones de la Cámara. (Con su reserva, el diputado Martínez Martínez agregó “o cualquier otro tipo beneficio de cualquier naturaleza”) 3. Toda infracción a esta norma será castigada en términos de las leyes de responsabilidades o la legislación penal, según corresponda.

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tes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés). FARA es el órgano regulador de cabilderos en Estados Unidos; presenta dos reportes semestrales al año donde se informa de cada contrato, montos, duración, empresa, así como el propósito del servicio pagado por cada país que utiliza los servicios de cabildeo en ese país. La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para prohibir que servidores públicos realicen actividades de cabildeo durante el ejercicio de sus funciones y se sancione a quienes acepten dádivas que pretendan influir en decisiones del órgano legislativo. También se prohíbe este tipo de acciones a sus cónyuges y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. Especifica que legisladores o personal de apoyo que acepten dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de los cabilderos para influir en decisiones de la Cámara de Diputados serán sancionados en términos de las leyes de responsabilidades o la legislación penal. El decreto que adiciona los numerales 3 y 4 al artículo 264, y 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados fue propuesto por la diputada Merilyn Gómez Pozos (Movimiento Ciudadano). Fue aprobado en lo general por unanimidad, con 457 votos a favor, y presentaron seis reservas, cuatro de las cuales fueron rechazadas y se aprobaron dos con 437 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones. Estas reservas las presentaron los diputados Fernando Rodríguez Doval (PAN), quien adicionó un numeral cinco al artículo 264, y Juan Luis Martínez Martínez (Movimiento Ciudadano), quien planteo modificar el artículo 265 numeral dos. Establece que el número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en la Cámara de Diputados será de 20 por cada comisión y dos por cada persona moral inscrita. Asimismo, en caso de que exis-

Aprueban reformas al Código Fiscal de la Federación Por Marina Servín / MUNDO LEGISLATIVO

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on un duelo en tribuna entre legisladores de las fracciones y con cambios que modifican uno de los puntos de la reforma hacendaria del Ejecutivo Federal, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría los dos primeros dictámenes de la iniciativa: el Código Fiscal de la Federación y la Ley Aduanera. Ambos, pasaron como minuta al Senado de la República para su análisis y discusión. Los ajustes al Código Fiscal de la Federación, que es parte de la

reforma fiscal que todavía se negocia en San Lázaro, fue aprobado en lo general con 407 votos a favor, 57 en contra y dos abstenciones, y de acuerdo con el coordinador del PAN, Luis Alberto Villarreal, se le quitó a la Secretaría de Hacienda la acción “persecutoria” con la que pretendía acosar a los contribuyentes. El PAN, que ha manifestado su rechazo al paquete hacendario propuesto por el Presidente Enrique Peña, avaló este código con el argumento de que el PRI había rectificado su postura y aceptado las correcciones pro-

puestas por su Partido. “Corregimos pretensiones como establecer una cláusula antielusión”, explicó la diputada panista Aurora de la Luz Aguilar. Con el dictamen a la iniciativa del Ejecutivo federal prevista en el paquete de reformas fiscales y remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se busca que los contribuyentes cuenten con mecanismos más accesibles que simplifiquen el pago de impuestos. Según los legisladores, la reforma impulsa medidas que lleven a facilitar la comprensión y

Recordó que el país cuenta con un porcentaje considerable de la población que obtiene sus ingresos en la economía informal, con un alto grado de incumplimiento de las obligaciones fiscales, “situación que ha permeado en la conciencia de los contribuyentes cumplidos provocando un desánimo e incentivos a evadir sus impuestos con aquello de que las reformas van en contra de los mismos de siempre”. Mencionó que el dictamen es resultado de un análisis y valoración de la iniciativa propuesta en más de 60 artículos revisados a la iniciativa original. Entre los

cambios, dijo, está la eliminación de lo contenido en el artículo 5 del Código que proponía la creación de una cláusula antielusión. El diputado José Isabel Trejo detalló que respecto al domicilio fiscal se dota a las autoridades tributarias de información de los cuentahabientes, que estos mismos les proporcionan a las entidades financieras, y de esta manera se puedan facilitar las prácticas de actos de fiscalización en los domicilios de los contribuyentes. Se crea, afirmó, un buzón tributario, el cual permitirá tener una mejor comunicación entre la autoridad y los contribuyentes. En éste, añadió, se podrán notificar diversos documentos y

actos administrativos, así como dar cumplimiento a los distintos requerimientos por parte de la autoridad. Respecto a los delitos fiscales, mencionó que se sanciona a los sujetos que tienen la obligación, en virtud de las disposiciones legales, de un contrato o de los estatutos sociales de las personas morales de impedir conductas que afectan al fisco y que como resultado de su actuar no cometen delitos y omisión. Al iniciar los posicionamientos, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) dijo estar en contra de un Código Fiscal que “trata de aterrorizar o de utilizar medidas de terrorismo fiscal y que tendrá graves consecuencias para obligar a los ciudadanos a pagar estos impuestos”. “El pensar que ir a aterrorizarlos, buscarlos, tratar de intervenir en sus cuentas bancarias y cobrarles a lo chino, va a hacer que los ciudadanos crean más en las instituciones y paguen sus impuestos, es una gran falacia”, afirmó. La diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) resaltó que estas reformas contribuyen a actualizar el sistema de justicia tributaria, aportan certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y establecen reglas más estrictas para cerrarle el paso a prácticas que constituyen quebranto a la hacienda pública y fraude a la ley. Mencionó que el propósito de estas reformas ha sido que los contribuyentes cumplan cabalmente con sus obligaciones fiscales. “El imperio de la justicia en el diseño y proceso de las obligaciones fiscales favorecerá el convencimiento de los contribuyentes y otorgará legitimidad al sistema tributario”.

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el cumplimiento de las disposiciones fiscales que estimulan la incorporación a la formalidad y que simplifiquen el pago de los tributos, generando condiciones para contar con un sistema tributario más sólido y eficiente en beneficio del país. Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado José Isabel Trejo Reyes (PAN), expresó que estas reformas introducen nuevos procedimientos simplificados que estimulan la incorporación a la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Otorga facilidades a los contribuyentes a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que crea la figura del buzón tributario, con el que los contribuyentes podrán vía electrónica interactuar en tiempo real con la autoridad fiscal para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. De igual modo, dijo, esclarece a los contribuyentes la manera en que deben cumplir sus obligaciones fiscales; tal es el caso de la manera en la que integrarán la contabilidad a través de los medios electrónicos, e incentiva el cumplimiento espontáneo de los deberes tributarios. Trejo Reyes mencionó que con la reforma se dota a la autoridad fiscal de un marco legal que le permita disminuir en lo posible y más rápido la complejidad y los tecnicismos aclarando el sentido de las disposiciones fiscales. Se busca, resaltó, que los contribuyentes tengan mecanismos más accesibles que simplifiquen el pago de impuestos. “Ésa es la intención: permitir captar nuevos contribuyentes y que inviertan menos tiempo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales como elemento de competitividad en las actividades empresariales.

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Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Monreal Ávila consideró este paquete como una “verdadera afrenta y una canallada”, pues perjudican a la población, y dijo que contiene modificaciones que agravian a la Nación porque, lejos de aumentar impuestos o establecer climas de terrorismo fiscal, se debería impulsar una política de combate a la corrupción. Sostuvo que no pueden aprobarse nuevos impuestos o una política de terror sin que antes se implemente una política auténtica de austeridad republicana. “Es un engaño hablar de una reforma fiscal equilibrada, equitativa y progresiva; es meramente recaudatoria, regresiva y depredadora de las clases medias y de los campesinos”. El diputado Tomás Torres Mercado (PVEM) manifestó que este Código es la ley que señala cuáles son las contribuciones a cargo de los gobernados para poder proveer, en la esfera de sus necesidades, la administración pública, es decir “dime de dónde saco para darte educación o para pagarles a los diputados, pero lo que ahora discutimos es quién está obligado a pagarla y cuál es el procedimiento”. Argumentó que no puede cuestionarse la generación automática del Registro Federal de Contribuyentes con la apertura de una cuenta bancaria, porque esto no implica necesariamente una causación fiscal, ya que “si hay un país de malos cobradores también hay una relación unívoca, hay malos pagadores de impuestos”. A su vez, la diputada Karen Quiroga Anguiano (PRD) resaltó que estas modificaciones son de vital importancia para la transformación del país, pues dotan al Ejecutivo federal de todas las herramientas necesarias para cumplir con el objetivo primordial que es la recaudación, mismas que deben ser proporcionales y equitativas de acuerdo a los principios estableci-

dos en la Constitución. Felicitó la incorporación de medidas estrictas y correctivas a los contribuyentes defraudadores, como son: desaparecer o no poner a disposición de la autoridad fiscal su contabilidad; utilizar los comprobantes fiscales digitales para amparar probables operaciones inexistentes simuladas o ilícitas y omitir en un mismo ejercicio fiscal, estando obligados a ello, la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas. La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (PAN) destacó que la iniciativa del Ejecutivo fue corregida en beneficio de los contribuyentes, ya que se pretendía dotar a la autoridad fiscal de facultades discrecionales y arbitrarias en aspectos como la determinación de una cláusula antielusión básica. “Nos abocamos a corregir imperfecciones legislativas y medidas inconstitucionales e ilegales que causaban agravio a millones de contribuyentes, particularmente a los que cumplen con sus obligaciones fiscales y a los cautivos por el fisco, a quienes se pretendía tratar con disposiciones que rayaban en terrorismo fiscal”, abundó. Del PRI, el diputado José Luis Márquez Martínez señaló que estas reformas simplifican la vida de los contribuyentes e invitan a los ciudadanos a la formalidad. Además, moderniza el intercambio de información y comunicación entre la autoridad y los contribuyentes, a través de nuevas tecnologías, como el buzón tributario que permite agilizar la comunicación y ahorrar costos. Relató que se establecen herramientas para mejorar la recaudación e incentivar el pago espontáneo. Entre los cambios más relevantes, dijo, está el buzón tributario, la responsabilidad fiscal solidaria de accionistas, tráfico de comprobantes, prescripción de créditos fiscales, eliminación de la obligación de dictaminar estados

financieros, así como de la cláusula antielusión. En contra del dictamen, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) consideró que el Código que hoy se propone es una ley “draconiana, abusiva, persecutoria, injusta e inconstitucional. Va contra el principio de presunción de inocencia, contra el debido proceso e incluso va por establecer penas de infamia para los contribuyentes”, afirmó.

En lo particular En lo particular, se aprobó con 357 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención, en términos del dictamen, las reservas a los artículos 17 H, 26, 29 B, 32 A, 32 B, 46, 69, 69 B, 84 A, 84 B, 143 incisos b) y c), así como 146. Además, se aceptó la adición de una fracción X al artículo segundo de las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación, impulsada por el diputado Tomás Torres Mercado (PVEM), a fin de establecer límites a la prescripción del plazo para el cobro del crédito fiscal, ya que ahora este se cobra en un lapso de cinco años contados al momento de que se hace exigible. Precisó que la prescripción es una institución que adquiere o pierde un derecho con el trascurso del tiempo. “Demos certidumbre jurídica a los gobernados y al recaudador démosle plazo para que haga efectivas las facultades que conforme a la ley tiene”. Las reservas que quedaron en términos del dictamen fueron impulsadas por los diputados del PAN, Margarita Licea González y Carlos Fernando Angulo Parra; del PRD, Aleida Alavez Ruiz, Alliet Mariana Bautista Bravo y Silvano Blanco Deaquino, así como por Nelly del Carmen Vargas Pérez, José Francisco Coronato Rodríguez, José Luis Valle Magaña y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

Dinero para la capital.

Y va el PRD con el PRI en el Congreso para el Distrito Federal es “el pago por la reforma fiscal” que avalará el PRD. El diputado panista dijo que él no fue invitado a la ceremonia que se realizó en Palacio Nacional. Y se fue contra los peredistas. “A diferencia del PRD, los panistas no somos el partido que se desmaya y en lugar de volver en sí, vuelve en no. No somos el partido que no escucha y actúa con mezquindad”. En conferencia de prensa manifestó que así como se constituyó dicho fondo, el gobierno tendría que integrar otros para los estados de la frontera que resultarán afectados por la homologación a 16 por ciento de la tasa del IVA. “A todos aquellos estados que crecen con atracción de inversiones, ¿les van a dar un bono? Ese bono (para el Distrito Federal) no se justifica, a menos que sea para que salgan los impuestos que lesionarán a la población”, señaló en un tono irónico y de molestia. Cuando se le preguntó si la postura de Acción Nacional en contra de la reforma fiscal fue producto de que no se le invitó a la ceremonia en Palacio Nacional, respondió: “Primera noticia. Eso no nos enoja. Es más, no sabía”. Al final del acto, en una breve entrevista con reporteros se preguntó a Mancera si esos acuerdos garantizan el voto del PRD para la reforma hacendaria. “Estos acuerdos son exactamente lo que ustedes escucharon hoy, que tienen que ver con los temas de la ciudad. Yo no podría hablar por los señores diputados y diputadas que van

a estar trabajando en estos días, pero lo que aquí se dijo fueron los temas específicos de la ciudad y algunos que benefician a los demás estados. Antes, en la presentación de los acuerdos, Mancera manifestó: “Los anuncios que se acaban de hacer son muy importantes para la ciudad de México. Su inclusión en el FAIS, que era una petición histórica de la ciudad de México, es verdaderamente trascendental para las finanzas de la ciudad. Tener claridad y dar certeza también a los habitantes de la ciudad de México de que el programa de adultos mayores que se implementa continuará operando con sus reglas y características. “Saber también que contaremos con un fondo que encontrará beneficio no sólo para la ciudad de México, sino también para todas las demás entidades, a fin de encontrar alivio por la desaparición del régimen de pequeños contribuyentes, es un paso muy importante que lo compartimos también con las demás entidades. Y, por supuesto, este punto de incluir en el presupuesto un fondo específico para considerar a la capital de la República a la ciudad de México es una noticia también muy importante, por eso yo quiero reiterar mi reconocimiento al trabajo y, por supuesto, a la escucha que se ha prestado a todas y cada una de las consideraciones que se estimaron procedentes respecto del Distrito Federal para la conclusión que se acaba de anunciar”.

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l titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, anunció cinco acuerdos alcanzados entre los gobiernos federal y del Distrito Federal y los grupos parlamentarios del PRI y el PRD en torno a la reforma hacendaria y el paquete económico para 2014. Informó que entre los consensos alcanzados es que se establecerá en la Ley de Coordinación Fiscal un fondo compensatorio para las 32 entidades federativas que les permita recuperar los ingresos obtenidos por la administración del Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos). “Se establecerá un fondo para los 31 estados y el DF que les permita subsanar el faltante que se tendrá al crearse el Régimen de Incorporación que sustituirá el de Repecos”, dijo el secretario de Hacienda. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, calificó de “histórico” que a partir del año entrante se incluya a la capital del país en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), contemplado en el ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la asignación de recursos para un fondo especial que reconoce a la ciudad de México su carácter específico de ciudad capital. Sin embargo, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, denunció en San Lázaro, que fondo de capitalidad que se constituyó

Por Lorenza Martínez / MUNDO LEGISLATIVO

Eliminan monopolio aduanero

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l Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 443 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención, el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera, mismo que integra el paquete económico 2014 y la Reforma Fiscal. El grupo parlamentario del PAN manifestó su voto en contra del paquete fiscal por considerar que la reforma es regresiva y promueve la recesión económica; sin embargo, apoyó la Ley Aduanera. Al fundamentar el dictamen, el diputado José Isabel Trejo Reyes, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, destacó que ante la dinámica mundial y apertura generalizada de mercados, México requiere atraer inversión, por lo que es necesario facilitar el comercio exterior, brindar mejores condiciones de acceso a los mercados internacionales, así como impulsar la inversión en infraestructura y modernización de las aduanas. Lo anterior, para aprovechar “la privilegiada posición geográfica” de nuestro país y la red de acuerdos y tratados comerciales de los que México es parte. Destacó que entre las medidas adoptadas en la Reforma están la regulación del sistema electrónico aduanero, a través del cual se simplifican los pagos de las contribuciones y cuotas compensatorias, a fin de reducir costos a cargo de las empresas, además de que optimiza la interacción de

Por Romina Cárdenas / MUNDO LEGISLATIVO los particulares con el quehacer gubernamental. Se establece, dijo, la opcionalidad del uso de los agentes aduanales para acabar con lo que se decía que “era un monopolio”. Asimismo, elimina la regulación de la figura del apoderado aduanal, ya que a través de la firma electrónica o sello digital, los importadores o exportadores podrán realizar el trámite de sus pedimentos de manera directa, sin intermediario alguno o a través de la figura de un representante legal. De igual forma, se establecen obligaciones de los importadores que opten por despachar sus mercancías a través de un representante legal, para salvaguardar el debido control de las mercancías de procedencia extranjera por parte de las autoridades aduaneras, así como la responsabilidad solidaria del representante legal ante el fisco federal. Con relación a los recintos fiscalizados estratégicos, éstos se podrán habilitar en cualquier parte del territorio nacional, a diferencia de lo que ocurre actualmente, que requieren colindancia con algún recinto aduanero portuario. Respecto a la apertura en la prestación de servicios relacionados con el comercio exterior, se permite que cualquier persona moral que cumpla con los requisitos pueda solicitar la autorización al Servicio de Administración Tributaria para prestar el servicio de prevalidación electrónica de datos contenidos en los pedimentos, lo que propiciará servicios de mayor calidad y valor agregado en beneficio de

la comunidad importadora y exportadora. Se elimina el segundo reconocimiento de la carga al hacer uso de la inspección no intrusiva, lo cual consiste en el análisis de imágenes de mercancías y medios de transporte, con lo que se optimiza y agiliza el despacho aduanero. En lo que se refiere a derechos de los contribuyentes, se establecen facilidades para la rectificación de pedimentos, cambio de régimen de mercancías y regularización de las mismas, lo que incentiva el cumplimiento en las disposiciones fiscales y aduaneras, y procura que los importadores y exportadores tengan mayores opciones para realizar sus operaciones. Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Adolfo Bonilla Gómez (PRI) dijo que los legisladores de su partido comparten los costos y aciertos que el gobierno federal realiza en beneficio de los mexicanos. Destacó que con ésta reforma se fomenta que el flujo comercial sea cada vez más ágil; que el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y fiscales sean más sencillas y que la comunidad importadora y exportadora cuente con mayor y mejor información para trazar sus operaciones. “Con la enmienda se simplifican los trámites en las aduanas, y se dota de herramientas y mecanismos de control más eficientes a las autoridades aduaneras para realizar sus funciones”, concluyó.

Afirmó que las reformas que hoy se comienzan a discutir en el pleno, en materia hacendaria y fiscal, no son una varita mágica para resolver todos los problemas económicos por los cuales atraviesa nuestro país y la mayoría de las naciones en el mundo, “pero sí contribuirán en buena medida”. Rubén Acosta Montoya, del PVEM, destacó que hoy es un día importante porque se inicia la discusión de la reforma hacendaria, con un dictamen que se construyó mediante la negociación de quienes participan en las comisiones de Economía y de Hacienda. En este sentido, resaltó que la reforma moderniza el sistema aduanal y sobre todo, manifiesta apoyo al sector ferroviario, al que se contempla como un importante medio de transporte para el intercambio comercial. Resaltó también el uso de la tecnología y la tecnificación en beneficio de los importadores y exportadores. Aida Fabiola Valencia Ramírez, del Movimiento Ciudadano, al manifestarse en contra del dictamen, indicó que además de que no se combate la corrupción en las aduanas, se pone en riesgo la seguridad nacional al eliminar la intervención obligatoria de los agentes aduanales. “En este momento son alrededor de 900 agentes y aún así no se pueden controlar, si se permite que se abra a más, a lo mejor con alrededor de 100 mil, implicará que cualquier particular no regulado en la ley, pueda promover el despacho aduanero y eminentemente habrá riesgos en la operación del comercio exterior, en la seguridad nacional, salud pública, sanidad animal e inclusive, peligro en el uso de recursos de procedencia ilícita. Lilia Aguilar Gil (PT) manifestó su votó a favor al considerar que el objetivo final de esta reforma, más allá de todas las

mejoras de eficiencia administrativa, logística y en el proceso de modernización del sistema aduanero, nos hace avanzar para terminar con el monopolio de los agentes aduanales. Resaltó también que la enmienda permitirá el despacho de mercancías en un lugar distinto al autorizado a fin de optimizar la logística en este rubro, además de que se permite la apertura del comercio a través de medios ferroviarios. María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, consideró que con la Reforma, México modernizará sus instrumentos comerciales, arancelarios y aduaneros y para tal propósito, el papel del Poder Legislativo es fundamental. Se debe reconocer, dijo, que el esquema planteado trae consigo beneficios a los usuarios del comercio exterior en el mediano y largo plazo, además de que sobresale la facilitación al comercio internacional y la modernización de las aduanas conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Durante la discusión se reservaron los artículos 36, 36-A, 40, 163, 163-A y 167. De éstos, se aprobó la modificación al 167, propuesta por el diputado Arturo Salinas Garza del PAN, a fin de adicionar al segundo párrafo el siguiente texto: “Por ningún motivo la autoridad podrá iniciar un procedimiento de los señalados en este párrafo, cuando los hechos que constituyan alguna de las causales de suspensión, cancelación o extinción del derecho a ejercer a patente, hayan ocurrido con más de 5 años de antigüedad, a menos que la conducta infractora del agente aduanal, por su naturaleza no sea instantánea y se prolongue en el tiempo, caso en el cual los cinco años se computarán a partir de que dicha conducta haya cesado”.

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Juan Bueno Torio, del PAN, dijo que su bancada se manifiesta en contra del paquete fiscal que presentó el Ejecutivo porque es regresiva y promueve la recesión económica. Agregó que las medidas económicas distan mucho de ser la propuesta hacendaria que prometió en su campaña, además de que no ha planteado una reforma contracíclica que ayude a salir a nuestro país del bache. “Por el contrario, está planteando un gasto excesivo, 10 por ciento por encima del presupuesto del año pasado que pretende financiar con deuda”. En suma, refirió, es una reforma regresiva que va a impedir que las empresas generen mayor riqueza y que haya mayor inversión para que el país progrese. “Rechazamos la intención de ponerle IVA a las colegiaturas, a las hipotecas y a las rentas y compra-venta de las viviendas”. No obstante, que “es una miscelánea fiscal recaudatoria, hemos contribuido en una construcción de una mejor Ley Aduanera como la que se discute en este momento, misma que vamos a apoyar con nuestro voto a favor”, subrayó. Mario Alejandro Cuevas Mena, del PRD, se pronunció a favor del dictamen ya que, dijo, la reforma facilitará el comercio, impulsará la modernización de las aduanas, la inversión en infraestructura y la actualización e incorporación de mejores prácticas y procesos en materia aduanera. Estimó indispensable contar con un marco normativo claro y transparente, que reconozca el uso de medios tecnológicos para promover las importaciones y exportaciones y a su vez se impulse la apertura comercial para usuarios del comercio exterior y se establezca el intercambio de información entre autoridades de forma ágil.

Impuesto anticipado y régimen simplificado

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a propuesta de la Comisión de Transportes, presidida por el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez (PAN), para aplicar un “impuesto anticipado”, a través del aumento de un peso al costo del diesel, y mantener el régimen simplificado, se analiza en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. “Buscamos cómo aminorar el impacto que pudiera tener un impuesto anticipado, porque lo pagarían en la bomba de despacho de combustible tanto los transportistas formales, como los informales”, explicó en entrevista el legislador por Guanajuato. “Está en estudio por el momento”, precisó. Este martes, las comisiones de Transporte y de Economía se reúnen con los empresarios para definir la estrategia que reduzca el impacto, de manera que se caiga en un círculo virtuoso o positivo, en lugar de uno vicioso, destacó Muñoz Márquez. La propuesta es que se aumente el diesel en un peso, es decir, pasaría de 12.27 a 13.27 por litro, el cual “se podrá recuperar a través de cualquier impuesto que pague el transportista, para que no sea un costo, sino que una forma de subir a la formalidad a todos aquellos empresarios que no pagan impuestos”. Esto le representaría a la hacienda pública un ingreso adicional de 12 mil millones de pesos; si se toma en cuenta que la propuesta del Ejecutivo es recaudar 3 mil millones de pesos al eliminar el régimen simplificado, pero si lo

Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO mantiene “tendría un superávit de 9 mil millones de pesos, lo cual sería deducible para el transportista formal y se volvería una carga impositiva para el informal”. Con este esquema, dijo el legislador del PAN, se provocaría que al informal le convenga convertirse en formal, es decir, darse de alta en Hacienda y haga factible la deducibilidad de este peso que pagó por adelantado cuando compró el combustible. Adelantó que en la reunión con las comisiones de Economía y de Hacienda y Crédito Público propondrán un esquema que funcione; “tenemos que trabajar en esquemas y en opciones, para que el transportista informal se sume a la formalidad, ya que queda muy claro que la hacienda pública necesita meterlos al orden y recaudar”. En ese esquema trabajarán . “La alternativa de subir el combustible en un impuesto por adelantado, que sea deducible, recuperable, no lo ve mal Hacienda; sin embargo, tendremos que afinar algunos detalles”. Muñoz Márquez indicó que la Comisión de Transportes se ha reunido en las últimas semanas con representantes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar); de la Cámara Nacional de Pasaje (Canapac); de la Confederación de Transportistas Independientes (Conatram); del Consejo Mexicano de Transporte, y este martes lo hará con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, cuya problemática debe atenderse. Explicó que los temas más delicados que han señalado los

transportistas son los relativos a los gastos, que por la naturaleza del sector, no pueden ser deducibles, como los del camino; es decir, cuando salen a carretera, el operador genera consumos como alimentos, combustible, talacha, refacciones y maniobras, que representan un gasto muy fuerte pagado en efectivo, pero no generan un comprobante fiscal que permita su deducibilidad. Si estos gastos no son de fácil comprobación, les generaría un gravamen adicional por gastos efectivamente realizados. Actualmente, el sector pretende negociar con la hacienda pública para que estos gastos se reconozcan de una manera sencilla y práctica, a través de 2 esquemas: uno, “gasto ciego”, de 8 por ciento sobre la venta, pues está gravado al día de hoy con un 17 por ciento; existe un impuesto, pero lo pueden deducir de una manera simple, sin ningún justificante. Y dos, “gastos tuertos”, que es un comprobante fiscal simple, como los Repecos, restaurantes, entre otros muchos, que no cubren todos los requisitos fiscales, pero están dados de alta en Hacienda. El presidente de la comisión sostuvo que los transportistas comprueban estos gastos de una manera muy sencilla, pero “al cambiar el régimen fiscal y desparecer el régimen simplificado, estas facultades desaparecerían, por lo que solicitan a la Secretaría de Hacienda que mantenga este tipo de facilidades administrativas y se sigan permitiendo dentro del nuevo régimen”.

Restan discrecionalidad al Código Fiscal. Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

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or unanimidad y sin mayor debate, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reformas al Código Fiscal de la Federación, que reduce la presión a las empresas desde el Sistema de Ad-

ministración Tributaria (SAT). El proyecto que envió 37 cambios en temas como la llamada cláusula antielusión, el llamado “sustancia sobre forma”, en el que las autoridades fiscales tienen la facultad de revisar de fondo las transacciones de los contribuyentes.

Los legisladores fortalecieron medidas de domicilio fiscal, firma electrónica avanzada y buzón tributario. Además, fue revisado el pago de contribuciones con tarjetas de crédito y débito, requerimientos electrónicos en materia de devoluciones y responsabilidad solidaria.

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También los diputados avalaron casos de posible responsabilidad penal de personas morales así como de contadores, abogados y agentes aduanales. “Para decirlo en términos coloquiales, el Código Fiscal fue modificado; se le quitó el filo a aquello que le daba discrecionalidad a la autoridad fiscal frente al contribuyente y hubo una mayor aportación plural para asegurar jurídicamente la postura del contribuyente”, puntualizó el legislador priista Jorge Herrera, secretario de la comisión dictaminadora. El diputado José Isabel Trejo, presidente de la Comisión, sostuvo que a pesar de los cambios, la reforma quedó aprobada como fue propuesta en su estructura. Por su parte, la Comisión de Economía detectó cinco puntos clave que vulneraban la seguridad jurídica de contribuyentes, dado que implican facultades discrecionales para las autoridades.

Caerán donaciones con la reforma fiscal Organizaciones de filantropía piden no limitar las deducciones de las personas físicas Legisladores federales se reunieron con el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), con el propósito de escuchar sus inquietudes y propuestas que alrededor de 7 mil asociaciones civiles del ramo han consensado respecto a la reforma hacendaria, próxima a discutirse en el Poder Legislativo. En el encuentro, Consuelo Castro y Jorge Villalobos, del Cemefi, cuestionaron que la iniciativa del Ejecutivo federal limita el monto de las deducciones de las personas físicas a dos salarios mínimos anualizados o el 10 por ciento de los ingresos totales anuales. Tales deducciones incluyen gastos médicos, colegiaturas, intereses sobre hipotecas, y otros rubros. Al estar incluidos los donativos, puntualizan, es previsible la caída drástica de las donaciones.

Ante ello, el Cemefi propuso que en la discusión de la reforma para limitar las donaciones, las de las personas físicas a instituciones autorizadas queden fuera de la regla, ya que, de no ser así, “se pondrá en riesgo la existencia de muchas organizaciones”. Por otra parte, se solicitó mantener en un 7 por ciento de las utilidades fiscales el monto deducible que pueden donar las empresas; sin embargo, la propuesta del Ejecutivo establece que, de ese porcentaje, hasta el 4 por ciento puede ir a los gobiernos, por lo que únicamente un 3 por ciento iría a las “donatarias autorizadas”. Ante esto, se propuso que las donaciones que las empresas hagan al gobierno, queden fuera del límite del 7 por ciento de las utilidades fiscales que pueden deducir, e incrementar este límite al 30 por ciento. “No cuestionamos las donaciones al gobierno, pero que no queden bajo del 7 por ciento las empresas con derecho de donar”, manifestó Jorge Villalobos. Asimismo, comentó que si bien el gobierno reconoce a las organizaciones científicas, educativas, de deporte y medio ambiente entre otros, como sociedades civiles, éstas sólo podrán recibir donativos deducibles del ISR si cumplen con la condición de que sus actividades atiendan a sectores vulnerables o de escasos recursos, lo cual haría muy difícil a varias sociedades obtener recursos. En su intervención, el diputado Jorge Herrera Delgado (PRI), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, aseguró que con el paso de los años se ha venido “arrinconando” a las autoridades y a su discrecionalidad, a través de las leyes. Se han replegado, sin embargo, “el espacio que ha quedado libre, no ha sido ocupado por la sociedad, como corresponde”, sostuvo. En el marco de este encuentro, Herrera Delgado precisó que

en la mayoría de las ocasiones, los espacios de la sociedad son ocupados por los organismos de presión, “que son aquellos que no siguen la ley”. Por ello, sostuvo que “la energía social debe manifestarse y tomar su lugar como le corresponde, en el centro de los privilegios, por lo que hoy en día es necesario unir esfuerzos con las asociaciones civiles para que los legisladores, a través del marco jurídico, alienten una mayor participación de la sociedad”. Consideró que reuniones como la realizada con el Cemefi, permiten establecer alianzas con tales organismos, lo que permitirá al Poder Legislativo tomar mejores decisiones y retroalimentar la realidad cotidiana que viven. Esto podrá “ayudarnos a establecer un mejor marco normativo”, subrayó. Explicó que se ha propuesto una transformación del Estado en donde tenga más presencia la sociedad que el gobierno, con la intención de cuidar que las cosas se hagan en beneficio de los ciudadanos, sin abandonar el papel que el Estado tiene; “más sociedad y menos gobierno hasta donde sea posible”, sostuvo. Respecto a la Reforma Hacendaria próxima a discutirse, Herrera Delgado dijo que la Comisión de donde es secretario, abre espacios para escuchar a la sociedad civil, puesto que los trabajos legislativos deben respaldarse en las actividades que éstas llevan a cabo. Este encuentro fue la conclusión de un ciclo de reuniones mensuales organizadas por legisladores, cuya intención fue establecer los puentes necesarios entre el sector social y las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados. Con esto, se busca “atender las lagunas en el marco jurídico que corresponde a los legisladores analizar”, explicó por su parte la diputada Leticia Calderón Ramírez (PRI).

No gobernar propuso, no sé si por ligereza o por ignorancia, alguno de los líderes del 68 en el mitin del 2 de octubre. ¿Qué objeto tiene mandar policías desarmados a detener sin atacar a vándalos belicosos y armados? No lo sé. Supongo que las autoridades creen que demuestran así su respeto a la libertad de expresión y justifican su inacción frente a cualquier grupo que cierre viaductos y carreteras, destroce monumentos y edificios, saquee comercios y tiendas. ¿Por qué buscar pretextos en vez de hacer cumplir la Constitución y las leyes, como juraron todos los gobernantes y legisladores de los tres niveles de gobierno? En esto, como en muchos misterios de la conducta de los gobernantes, no puedo ofrecer más que hipótesis, porque a pesar de la abundante y avanzada legislación en materia de derecho a la información, las verdaderas razones de los que mandan sólo las conocen ellos y sus pequeños grupos cercanos. El gobierno del Distrito Federal dice que no intervino porque el de los maestros es un problema federal y, como los llamados “anarquistas” participan en las marchas de la CNTE, Mancera deja que destruyan y agredan a su gusto y culpa a la Federación por no proceder contra ellos. El jefe de Gobierno ha dicho una y otra vez que su misión frente a los desórdenes es hacer respetar las libertades de manifestación y expresión… de los vándalos. Es posible que en 2015 el PRD y las izquierdas en general sufran descalabros electorales, y como el liderazgo del PRI en el Distrito Federal ha sido secuestrado por el jefe de los pepenadores, es posible que todas las piezas se acomoden solas a favor del PAN. En cualquier caso, la decisión de no gobernar debería ser objeto de un juicio político. Miguel Ángel Mancera fue un excelente funcionario en el gobierno de Marcelo Ebrard y eso hizo pensar a mucha gente que sería un buen jefe de Gobierno. No lo ha sido hasta ahora y dada su confusión entre la libertad de expresión y la seguridad de sus gobernados, no lo será en los próximos meses y años. La violencia y caos de los últimos meses, se presentan junto con otros problemas igualmente serios: el asedio de las organizaciones criminales violentas, la corrupción, la recesión de la economía en el entorno internacional adverso, la escasez crónica de recursos públicos y la resistencia activa de los grupos empresariales a cualquier medida fiscal que reduzca sus privilegios.

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o hace falta ser un experto en seguridad pública para prever que los policías sin armas y con órdenes de no responder las agresiones, quizá puedan contener a grupos de jóvenes entrenados precisamente para combatirlos a ellos, pero no pueden retirarlos de las calles ni evitar que ataquen a las demás personas. Sin más defensa que sus escudos de plástico, prácticamente se colocan frente a las turbas para detener su paso con una muralla humana, mientras son atacados con tubos, varillas, piedras y bombas de fabricación casera… hasta ahora. Los policías son personas humildes que necesitan trabajar en lo que sea, aunque sepan que en cada enfrentamiento estarán sus vidas en riesgo, ha ocurrido a los hospitalizados y al que estuvo varios días en coma inducido porque sufrió una fractura de cráneo. Y no es que no cometan arbitrariedades contra la población civil, sino que su trabajo es ponerse para que les peguen y eso es inhumano. Ni modo, para eso se alquilan y se disciplinan; pero para ellos y sus familias es un agravio la liberación de los pocos vándalos aprehendidos, después de dos, tres o quince días de detención. La impunidad de la CNTE que colapsó la ciudad durante semanas, sumada a otros muchos destrozos tumultuarios sin castigo, ha creado la conciencia generalizada de que el Estado de Derecho es una ficción. Con la misma lógica, decenas de grupos vecinales han cerrado el periférico para evitar se construya una gasolinera o un edificio de apartamentos o lo que sea. Lo que tal vez no han pensado las autoridades es que al dejar impunes delitos por los que un ciudadano aislado sería severamente castigado, propician la cultura de la ilegalidad, que debilita y pone en riesgo a la democracia y propicia el crimen. Por lo demás, los policías tienen derechos humanos y son violados por el Estado cada vez que los envía a servir como carne de cañón. Sin embargo, a ninguno de ellos se le ocurre quejarse ante la CNDH o la CDHDF, sea porque ignoran que ellos también son personas o porque temen que les quiten el empleo Peor aún, si se quejaran, tampoco les harían caso porque quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos, tienen muy arraigado el prejuicio de que la Policía sólo sirve para reprimir, que es enemiga del ciudadano común y que lo mejor sería eliminarla, como lo

Renward García Medrano/MUNDO LEGISLATIVO

Presentan diputados catorce iniciativas de reformas a diversas leyes Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

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Aspirantes a cargos de elección popular deben comprobar no ser adictos a las drogas

El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (PAN) presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitución Política, a fin de que entre los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, esté el no tener adicción a drogas u otras sustancias prohibidas. La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, precisa que los aspirantes deberán presentar los resultados de un examen practicado por una institución pública de salud ante el Instituto Federal Electoral. El legislador subrayó que con estas medidas se contribuirá a dar mayor certeza a quienes ocupen estos cargos de elección popular, ya que “en muchas ocasiones al ser adictos a las drogas llegan a tener vínculos con la delincuencia organizada, y han aprovechado y utilizado la corrupción en este sector como instrumento para transgredir a las instituciones y quebrantar el Estado de derecho”.

Expedir la Ley de Austeridad para Servidores Públicos La diputada Luisa María Alcalde Luján (MC) planteó expedir la Ley de Austeridad para Servidores Públicos de los Entes Públicos de la Federación, la cual propone una reducción del 50 por ciento de los sueldos de los altos servidores públicos, desde la Presidencia de la República, directores generales y homólogos hasta senadores y diputados. Asimismo, continúo, la cancelación de prestaciones extraordinarias como: servicios médicos privados, automóviles de lujo, seguros de separación individualizada y cajas de ahorro especiales, y que se elimine la plaza de secretario particular. Sobre la adquisición de vehículos, éstos no deberán ser de lujo y se cambiarán cada 10 años, no cada seis meses. Enfatizó que esta reducción de salarios podría re-

presentar un ahorro de hasta 89 mil millones de pesos, tan sólo con lo que respecta a los sueldos de la alta burocracia, “dinero que podría asignarse a un destino más justo y prioritario para el país”. Se turnó a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expedir Ley de Suspensión y Restricción de Derechos El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) propuso expidir la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, en materia de Suspensión y Restricción de Derechos, a fin de regular estos supuestos para su procedencia. La propuesta, turnada a las comisiones de Derechos Humanos y de Presupuesto y Cuenta Pública, plantea especificar el modo competencial de los órganos de poder público para la suspensión o restricción de derechos; asimismo, se describen los procesos para asegurar el cumplimiento de todas las condiciones legales impuestas por los artículos constitucionales en la materia, y se proveen “reglas indecidibles”, las cuales serán observadas por el Estado.

Gobiernos estatales brinden servicios de tratamiento En tanto, el diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) presentó una iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Constitución Política y de las Leyes Generales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que sean los gobiernos estatales quienes brinden los servicios de tratamiento y disposición final de residuos sólidos Precisó que a partir de dichas facultades legales, se determinarán los criterios y características en que los municipios deberán observar en la prestación de los servicios de limpia, recolección y traslado de residuos. Se remitió a las comisiones de Puntos

Recursos de sanciones económicas del IFE se destinen a investigación científica

Presidentes municipales puedan ser reelectos por elección directa

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD) propuso modificar el artículo 106 y adicionar el 355 Bis al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de dar certeza y transparencia sobre el destino de las sanciones económicas que aplique el Instituto Federal Electoral, para evitar la interpretación, discrecionalidad y opacidad sobre el destino y manejo de dichos recursos. Además, para que los recursos obtenidos por estos conceptos sean destinados de manera equitativa al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, exclusivamente para apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en México. Se remitió a la Comisión de Gobernación.

Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales, la propuesta del diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) para reformar el artículo 115 de la Carta Magna, a fin de los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, nombrados popularmente por elección directa, elección indirecta o designación, puedan ser reelectos exclusivamente por elección directa, sólo en una ocasión. El diputado aclaró que al proponer la reelección inmediata de autoridades municipales se busca incentivar el mejor desempeño de las autoridades, fortalecer la relación entre gobernantes y gobernados, así como dar cauce a las demandas sociales en pro de la mejora de la administración y planeación del Ayuntamiento.

Expedir la Ley sobre Indicaciones Geográficas Por su parte, el legislador Abel Octavio Salgado Peña (PRI) planteó expedir la Ley sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, cuyo objetivo sería desarrollar productos mexicanos susceptibles de ser protegidos, regulándolos en toda la cadena productiva y fomentar una sana competencia de los competidores. Asimismo, el impulsar el mejoramiento de la calidad de productos mexicanos con mayor proyección en los mercados nacionales y extranjeros. Se turnó a las comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sustituir termino “Territorios” por Distrito Federal Por el PAN, el diputado Jesús Oviedo Herrera planteó cambios a los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para sustituir el término “Territorios” por el de “Distrito Federal”, toda vez que, de acuerdo al marco legal, ya no es aplicable. Con la reforma se establecería que las autoridades del Distrito Federal cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos, lo harán siempre previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se mandó a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y a la de Cultura y Cinematografía.

Que municipios puedan solicitar devolución del IVA La Comisión de Hacienda y Crédito Público analizará la iniciativa del diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) que reforma el artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la cual busca que los municipios puedan solicitar la devolución del IVA por las cantidades que resulten de sus operaciones en cumplimiento de su encargo institucional. “Sabemos que si bien el municipio, según la ley, no es un contribuyente del IVA, sí recaba, exige y obtiene comprobantes con requisitos fiscales cuando realiza pagos a terceros. Además, el municipio es efectivo contribuyente del impuesto”, dijo el diputado.

Legisladores estén obligados a informar sobre el desempeño de sus labores En su turno, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) planteó reformar diversas disposiciones de la Constitución Política, de la Ley Orgánica del Congreso General y del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que los legisladores estén obligados a presentar un informe sobre el desempeño de sus labores, ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción de manera semestral. Explicó que el informe deberá contener el sentido de su voto en el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos; en las reformas estructurales y en cualquier tema que tenga que ver con las actividades de su distrito o circunscripción. Se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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Constitucionales y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

EDITORIAL DIRECTORIO Francisco Ramírez R. Director mundolegislativo@hotmail.com “Estación San Lázaro” Rafael Cardona Sandoval

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Le saldrá caro… Los “estrategas” del gobierno federal fallaron rotundamente en la propuesta recaudatoria, que sólo unificó a todos, pero en contra del gobierno. La zona donde los ánimos están que arden, es en la frontera norte. Ningún gobernador, excepto el de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, tuvieron el valor ni la decencia de defender el régimen fiscal de la zona. Se escondieron de sus electores, que se sienten, y con razón, traicionados por el voto que les dieron. Si de algo sirviera a estas alturas, el presidente Enrique Peña Nieto, deberá hacer algo por esa región. Y no es otra cosa que cumplirles una palabra de campaña: Zona Libre. De lo contrario, el PRI la perderá en sus votaciones. Quien haya elaborado esta propuesta recaudatoria no supo lo que hizo. Y si lo supo, sabrá con toda anticipación, que el PRI ha quedado “tocado” para las elecciones intermedias, donde que el va a capitalizar es el Partido Acción Nacional, que no sabe gobernar, pero hace muy bien su trabajo de oposición. No hay justificación para los inclementes aumentos a las gasolinas y otros bienes y servicios. Mientras en Estados Unidos sus precios caen, aquí suben incesantemente. La clase media le va a ajustar cuentas en las urnas a los priístas. Y si creen que en dos años se reponen del golpe que asestaron a los ciudadanos, verán lo equivocado de su propuesta recaudatoria. Bien dijo el presidente Enrique Peña Nieto, que estaba dispuesto “a pagar los costos”.

En portada La Cámara de Diputados inició un proceso para detener los abusos en materia de cabildo. Ofrecen viajes, dinero, joyas o lo que usted quiera imaginar para presionar a legisladores, jueces o funcionarios.

Fue la ruta que siguió Felipe Calderón, hoy apestado y repudiado porque salen a flote sus mentiras y su corrupción. La fe estaba puesta en el PRI, qué necesidad de destrozarla. ¿Qué hay a cambio de sacar el dinero a los contribuyentes? No se oyen ni el destino de los más de 4.4 billones de pesos para el 2014, y mucho menos un compromiso con la transparencia. ¡Vaya caso!

ESTACION SAN LAZARO

Cosas del deporte hacía llorar con los estiramientos y la silenciosa emoción de subir la montaña hasta pisar la nieve del inocuo y hoy prohibido Popocatépetl. Hermosa la fosa de clavados, insuperable la emoción de los 100 metros planos. Vi tirarse a Paola y entrevisté a Carl Lewis. Insisto, me gusta el deporte. Por eso me indigna el manoseo de los (les decía Seyde) del pantalón largo. Es indignante cómo han prostituido algo cuya esencia debería ser decente, limpio y legal. No sé, pues, el resultado del martes, pero supongo victoriosos a los mexicanos (y “naturalizados”) si un marcador favorable contra Costa Rica, pudiera considerarse de verdad una victoria. No se puede presumir mucho cuando el rival cabe en una cáscara de nuez y le sobra espacio, pero a ese nivel de enanismo nos han confinado los experimentos mercantiles de los dueños de los equipos con cuyas filas se hace la Selección llena de extranjeros oportunistas. Lo mejor habría sido (y quizá fue) quedar fuera. Pero no lo creo. Iremos a Brasil a ver cómo de nosotros se ríen, si se me permite tan simplón juego palabrero. Empezar entonces de veras desde cero, poner una autoridad nacional capaz de ordenar este festejo popular (pienso en el Comisionado del beisbol en Estados Unidos) cuya dignificación también podría ser parte de una labor del gobierno, si se decidiera a gobernar en esto además de algunas otras áreas donde nomás no lo miramos.

Pero la pachanga de las televisoras ha sustituido el espíritu lúdico y festivo del juego. Jamás he comprendido a los empresarios cuya finalidad es el dinero y se conforman con ganar sin calidad, cuando podrían aumentar sus ganancias si se decidieran a trabajar con excelencia y no con la comodidad de sus fáciles arreglos por debajo de tantas mesas. Si con este futbol ratonero se hacen millonarios, Midas con tachones serían en serio si tuvieran a México en el verdadero campeonato del mundo (no en la jaloneada aritmética de las calificaciones y los repechajes “moleros”), en abierta disputa contra Alemania o Brasil y no felices bailoteando en El Ángel por ganarle a Trinidad y Tobago, Costa Rica o Panamá. Pero quizá sea el verdadero complejo nacional: nunca levantar la mira; jamás alzar la vista conformarse con poco, disfrazar la mediocridad de alegría efímera y sin mérito real. No se sabe si es un asunto de “mediocridad” o de “miedocridad”, dejémosle esos ensayos a Samuel Ramos, Octavio Paz o cualquiera de ellos. Por lo pronto me quedo con el asombro infantil de mi primer estadio, el de Ciudad Universitaria. La mañana del domingo, el ruido, el bullicio y el alarido de las gradas. ¿Dónde habrá quedado aquel espíritu hoy perdido entre vándalos, porras violentas y jugadores sin juego? Sólo queda evocar las tardes de aprendiz junto al micrófono con Ángel Fernández y Fernando Marcos y obviamente Melquiades Sánchez Orozco, “la voz” del Azteca.

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o mejor habría sido quedar fuera. Pero no lo creo. Iremos a Brasil a ver cómo de nosotros se ríen, si se me permite tan simplón juego palabrero. Redacté estas anacrónicas líneas con toda la desinformación posible; es decir, antes del juego de la Selección Mexicana en Costa Rica, de cuyo resultado como todos sabíamos antes y ahora, tantas cosas colgaban del esbelto hilacho de la casualidad y los artificios aritméticos de esa mafia mundial llamada FIFA, una de las organizaciones más tramposas del planeta. Hoy quisiera repetir como mi inolvidable maestro Pepe Alvarado: “Nunca pedestre afán distrajo mis vigilias”, pero mentiría. Me gusta el futbol y he sido feliz en un parque de beisbol; amo las genialidades de un tenista y puedo llegar al éxtasis con las maravillas de la gimnasia femenina. No vi a Nadia Comaneci en las aéreas perfecciones de Montreal, pero sí estuve presente cuando se cayó de la viga de equilibrio en una exhibición en el Palacio de los Deportes. Estuve en Guadalajara cuando Brasil llevó el futbol a la más alta perfección posible y no superada hasta ahora, como es lógico, y en la duela de Barcelona miré jugar al dream team durante los olímpicos de 1992 cuando el Mediterráneo era un mar de Cava y algunos otros espíritus. En fin; me gusta el deporte. Cualquiera. El “Dojo” cuando Manuel Mondragón hacia exhibiciones y el profesor Matsura nos

Por Rafael Cardona

El cabildeo…

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Por Fernando Dworak / MUNDO LEGISLATIVO

n una democracia plural no se puede imponer a los demás sin ser arbitrarios. Aunque un estado se rige por ideas generales sobre lo que puede ser el “interés superior”, como sería erradicar la pobreza o consolidar el liderazgo de México en la región, siempre hay divergencias sobre los “cómo”. Es más, conforme las políticas se hacen más detalladas o particulares, es cada vez más difícil distinguir lo “bueno” de lo “malo” sin adoptar un discurso maniqueo. Cierto, en una democracia hay ganadores y perdedores, pero siempre es importante saber que nadie tendrá esa condición siempre. Creer que existen valores o principios aplicables para todos es el primer paso de regreso al autoritarismo. Una sociedad es mucho más compleja de lo que cada uno podría imaginar y todos, mientras persigamos un bien lícito o no dañemos los derechos de terceros, somos libres de ejercer nuestros derechos y perseguir lo que consideremos sea nuestro bienestar. Y como ciudadanos tenemos el derecho (incluso se podría decir que la obligación) de intervenir en las decisiones públicas al defender nuestros intereses. Una de las formas más eficaces para intervenir en la toma de decisiones es a través del Congreso. Algunos grupos de interés buscan

intervenir en temas que les conciernen o para que un tema se discuta; para lo cual se acercarán a los legisladores. Ambas actividades implican cabildear. Aunque para algunos esta palabra tenga connotaciones negativas, es una actividad legítima e importante, si bien requiere de ciertos estándares de transparencia. El pasado 15 de octubre la Cámara de Diputados reformó su reglamento para ampliar sus normas en torno al cabildeo. ¿Qué tan útiles serán para combatir la opacidad en las relaciones con los grupos de interés?

¿Qué es el cabildeo? Una sociedad plural como la nuestra incluye a muchos grupos de interés, sean (digamos) empresas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales o asociaciones profesionales. En ocasiones buscan al gobierno o a los legisladores para modificar una política pública o tener acceso a financiamiento. Sobre todo, el cabildeo es una actividad que acerca al legislador con los ciudadanos independientemente del resultado que tenga la gestión. Es decir, el que un diputado o senador reciba al grupo de interés en sus oficinas, pasee a sus representantes por el recinto parlamentario, los invite a comer y les dé una palmada en la espalda es de gran utilidad.

Por otra parte, el gobierno y los legisladores necesitan del contacto con estos grupos de interés para recibir información, consejos y colaboración. Visto de esa forma, el cabildeo es una actividad vital para el mantenimiento de una democracia, donde ambos actores se necesitan mutuamente.

La regulación del cabildeo Como toda actividad pública, el cabildeo arroja efectos positivos y negativos. Entre los primeros se puede mencionar la capacidad de los grupos de interés para modificar iniciativas o al menos la posibilidad de expresar sus opiniones, la información que adquieren tanto el gobierno como los legisladores y la legitimidad que gana el sistema político en su conjunto al abrir un cauce de participación a las agrupaciones. Por otra parte el cabildeo puede ser una actividad ineficiente ya sea por la baja capacidad de un órgano legislativo para influir en las políticas públicas o la mala elección de tácticas; la información sesgada que propiciaría la actividad de unos grupos frente a otros; la posible creación de relaciones privilegiadas entre agencias gubernamentales, grupos de interés y comisiones legislativas;

cándalo como detonante. No todas las democracias han adoptado un marco regulatorio estricto en la materia. De hecho, en nuestro continente sólo Canadá, Estados Unidos y el Perú cuentan con uno; y en la Unión Europea Dinamarta y el Reino Unido. Las razones varían, ya sea porque las estructuras de interlocución existentes sigan siendo eficaces, no se perciba un interés en normar la actividad o porque todavía no se ha presentado un escándalo público lo suficientemente fuerte para que sea necesario definir leyes para el cabildeo. De hecho, los recursos más comunes en casi todo el mundo son empoderar a las comisiones a llamar a testigos y expedir credenciales de acceso al edificio parlamentario. Se puede regular el cabildeo desde la esfera pública o a través de medidas autorregulatorias por parte de los grupos de presión o agencias que se dedican a esta actividad; aunque se considera que la segunda vía es un complemento de la primera. Estas leyes se adaptan tanto a las necesidades como a la cultura política de los países que las adoptan. Muchos aspectos del cabildeo van, por necesidad, a desafiar la regulación e incluso sería indeseable que se definieran en ley; como sucede con las relaciones interpersonales entre grupos y legisladores. Para decirlo de otra forma la reglamentación del cabildeo trata del control, dirección o ajuste de una actividad privada o cuasiprivada que se realiza con el propósito de proveer algún beneficio público, y puede resultar problemática cuando desafía las viejas prácticas y convenciones de un sistema político determinado. A continuación se detallarán algunas de las medidas más usadas para regular la actividad: Financiamiento de campañas.- Se pueden regular los esquemas de fondeo para los candidatos durante sus campañas a través de limitar o prohibir

el ingreso de fondos externos frente al financiamiento público. También se puede optar porque los partidos o los candidatos administren los recursos y reporten de los mismos a la autoridad electoral. Sin embargo, para que este esquema funcione plenamente se necesita de de un sistema de partidos institucionalizado. Registro de organizaciones.Las listas de grupos de interés y cabilderos se crean con el fin de tener control sobre quienes puedan tener acceso al proceso de toma de decisiones. Si bien pueden tener utilidad en países con redes corporativistas, donde los partidos incluyen en este registro a organizaciones afines, otros países han decidido no adoptar esta política pues dejarían fuera a intereses que cuestionarían el marco legal. Regulación de las actividades del cabildeo.- Bajo esta modalidad se definen las etapas del proceso legislativo donde pueden intervenir los grupos de interés, las prácticas que son aceptadas o no y las sanciones que aplican por cada infracción. Las normas que se adopten dependen, en gran medida, tanto de la cultura política del país como de las prácticas consideradas “correctas” o “incorrectas”. Registro de intereses externos.- Con el fin de garantizar una mayor transparencia en cuanto a los ingresos y actividades de los legisladores, varios órganos legislativos publican listas donde cada uno de sus integrantes declara si tiene algún ingreso externo a su dieta, sea por actividad empresarial o porque cuenta con algún vínculo con grupos de interés. Los registros pueden tener diferentes grados de publicidad frente a la opinión pública, datos que se dan a conocer o incluso ser o no obligatorio declarar estas relaciones. Incompatibilidades con el mandato legislativo.- Este cri-

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y la pérdida de legitimidad que puede sufrir el sistema político ante acusaciones de corrupción, sean reales o presuntas. Un problema central de la democracia es reconciliar las demandas de grupos que persiguen su propio beneficio con los intereses más amplios de la sociedad. En este contexto, la regulación del cabildeo se torna un elemento crítico para darle viabilidad a un régimen. El reclamo surge por numerosas razones, destacando el exceso de cabilderos, la sobrecarga de demandas, la influencia de la corrupción y la inequidad en el acceso a las decisiones públicas. Por lo tanto el problema de regulación es la provisión de estándares de transparencia y certidumbre en la relación entre los sectores público y privado. Las demandas por regular el cabildeo se presentan fundamentalmente en países donde los grupos de interés entran en competencia, con partidos débiles o donde el corporativismo comienza a desgastarse. Al contrario donde las relaciones corporativistas y los partidos son fuertes, institucionalizándose con ello el acceso al proceso de toma de decisiones, el problema es incluir a nuevos actores en lugar de legislar su conducta frente a lo público. Bajo el anterior argumento, la experie ncia comparada muestra que el problema por regular el cabildeo se presenta tras algún escándalo público generado por prácticas corruptas, ya sean reales o supuestas. A razón de esto los legisladores se ven obligados a normar esta actividad, o se corre el r ies go de que las instituciones entren en una pendiente de desgaste. Por lo anterior, las normas adoptadas son el resultado de una reacción y por ello resultan incompletas frente a lo que se debería hacer. Es decir, son siempre perfectibles y todo avance requerirá un nuevo es-

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terio surge originalmente del principio de separación de poderes. Con el paso de los años se ha extendido, y con el fin de garantizar cierta independencia del legislador frente a los grupos externos, se han extendido estas prohibiciones hacia empresas paraestatales, bancos o incluso organizaciones. La violación rara vez implica la renuncia al cargo, sino más bien la abstención de decidir en casos donde exista algún conflicto de intereses. Autorregulación de grupos de interés y cabilderos.- Las organizaciones e intereses externos pueden establecer sus propios marcos regulatorios, generalmente en torno a estándares éticos. Las ventajas de esta norma es su flexibilidad frente a las leyes y el notable ejercicio de autodisciplina que representan. Sin embargo, al no contemplar sanciones vinculantes deben ser vistos como complementos, nunca sustitutos, del marco legal. La normatividad en torno al cabildeo no va a modificar las estructuras de intermediación. Un mal cabildero no se va a convertir en uno bueno por ley. Tampoco las reglas prohibirán a los intereses fuertes ejercer su influencia. Pero abren la posibilidad de sentar las bases de cambios posteriores en las relaciones entre los grupos de presión y la esfera pública.

¿Qué sucede en México? El cabildeo comenzó a figurar como fenómeno político a partir de 1997, cuando dejó de haber una mayoría en la Cámara de Diputados. De esa forma los grupos de interés descubrieron que, además de acercarse al gobierno, debían influir en los legisladores. Desde esos años han surgido repetidos escándalos en torno a prácticas corruptas durante el cabildeo, aunque ninguna ha sido probada. No obstante, siquiera la sospecha ha lleva-

do a que el resto de los países establezcan leyes para normar la actividad. Desde 2001 se han presentado más de quince iniciativas al respecto, aunque ninguna ha sido aprobada. La primera regulación en la materia se plasmó en el Reglamento del Senado en 2010. Se reconoció la existencia de este género de actividades y establece, en el marco de las obligaciones para las comisiones y los senadores, la de informar a la Mesa de las actividades realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de sus intereses. También se establece que ni los senadores ni el personal del Senado pueden aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de cabilderos o persona alguna que de ese modo pretenda influir ilícitamente en las decisiones del Senado.

La regulación del cabildeo en la Cámara de Diputados En 2011 la Cámara de Diputados adoptó normas para el cabildeo en su reglamento, aplicables tanto a los legisladores como a los grupos de presión y cabilderos. Por una parte el artículo 8 obliga a los diputados a informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos; abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función que desempeñan, así como ostentarse con el carácter de legislador en toda clase de asuntos o negocios privados; presentar la declaración de situación patrimonial y de modificación de la misma; renunciar a obtener, por la realización de actividades inherentes a su cargo o su impacto, beneficios económicos o en especie para sí, su

cónyuge, parientes, terceros y socios. Lo anterior tiene relación con el artículo 265, que establece que los diputados, así como personal de apoyo de la Cámara, se abstendrán de hacer recomendaciones que equivalgan a un cabildeo, cuando obtengan beneficio económico o en especie para sí o su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios. Por cuanto a la actividad se refiere, el artículo 264 establece que el cabildeo es toda actividad que se haga ante cualquier diputado, diputada, órgano o autoridad de la Cámara, en lo individual o en conjunto, para obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros. De manera similar, el cabildero es el individuo que represente a una persona física, organismo privado o social, que realice actividades de cabildeo por las cuales obtenga un beneficio material o económico. El artículo 264 establece la obligatoriedad de inscribirse ante un registro público elaborado por la Mesa Directiva, que se publicará semestralmente en la gaceta y página electrónica. El artículo 267 establece los requisitos para el registro y el 268 empodera a la Mesa Directiva para cancelar el registro por causales determinadas. Finalmente el artículo 266 establece que los documentos de cabildeo relacionadas con iniciativas, minutas, proyectos, decretos y cualquier acto o resolución de la Cámara serán integrados en un archivo por ada comisión. El archivo será público. En breve, aunque la normatividad de la Cámara de Diputados es más amplia que la del Senado, todavía falta avanzar. Por ejemplo, se podría hacer una lista de intereses externos de los legisladores. También se

Las reformas de 2013 Como ha sucedido en todos los países, una serie de declaraciones en torno a la actividad reactivaron el debate sobre la regulación del cabildeo. Por una parte el acercamiento de cámaras empresariales en torno a la reforma fiscal comenzó a generar descontento entre los legisladores, como lo reportó el diario Reforma en semanas pasadas. Hay que sumar a esto las columnas del periodista Francisco Garfias de Excélsior sobre el director general del IMSSS y dos veces legislador (1994-1997 y 2009-2012) Sebastián Lerdo de Tejada, quien contrató a prácticamente todo su personal que tenía en su agencia de cabildeo (LTG Lobbying). Y por último la información que hace unos días publicó El Universal sobre los honorarios que cobra la consultora Pricewaterhouse Coopers por sus servicios de cabildeo. Aunque lo realmente interesante hubiera sido saber quiénes los contrataron para intervenir en las negociaciones de la reforma hacendaria, generaron mayor escándalo las cifras que suenan estratosféricas. Al respecto, la reforma recién aprobada al artículo 264 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que no podrán llevar a cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones; así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. En ese miso artículo se define que el número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en la Cámara de Diputados será de veinte

por cada comisión y dos por cada persona moral inscrita; en caso de que exista un número mayor de solicitudes respecto a alguna comisión o persona moral, la Mesa Directiva acordará lo conducente. Por otra parte el artículo 265 establece que los diputados o el personal de apoyo no podrán aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones. Finalmente se afirma que toda infracción a esta norma será castigada en términos de las leyes de responsabilidades o la legislación penal, según corresponda.

¿Qué tan bien funcionará la reforma? Como ya se dijo antes, las mejores normas en materia de cabildeo son las que transparentan lo más posible las relaciones entre los legisladores y los grupos de interés, de tal forma que cualquier organización que desee intervenir en el proceso legislativo tenga la información suficiente para delinear una estrategia que pueda ser eficaz. Por otra parte es necesario que los castigos sean lo suficientemente graves para disuadir a quien pueda infringirlos. Visto lo anterior, la simple prohibición a que los legisladores o sus familiares se involucren en el cabildeo simplemente puede llevar a que se recurra a prestanombres para formar una compañía. Tampoco se entiende la lógica de limitar el número de cabildeos ante la Cámara de Diputados si no es por comodidad o incomodidad de los legisladores. Finalmente, si para castigar a un diputado por incurrir en prácticas ilegales durante el cabildeo (que están tipificadas tanto en los artículos 47 y 88 de la Ley Federal de Responsabilidades de

los Servidores Públicos como en el artículo 222 del Código Penal) requiere de una previa declaración de procedencia, es poco probable que haya muchos responsables que sean castigados.

¿Cuál es el problema? Aunque todo avance es bienvenido, resulta insuficiente en cuanto a sus alcances. Las reformas poco han hecho para transparentar las relaciones de los senadores con los grupos de interés o reaccionar ante escándalos, reales o supuestos. ¿Falta algo en México para que se legisle como se debe? El problema de fondo es que nadie asume los costos de un escándalo y por ello los legisladores no tienen por qué tratar el tema con seriedad. Si sólo van a estar en sus puestos por tres o seis años, no desarrollan una relación a largo plazo con los grupos de interés. Por ello todo cabildeo empieza desde cero cada inicio de legislatura. Si no hay relaciones estables, tampoco se desarrolla la confianza entre los actores. Así pueden llegar a tener incentivos para decir que un cabildeo no funcionó porque fueron bloqueados por sus líderes de campaña. Y en casos extremos podrían desentenderse de un compromiso sin que eso les afecte. Bajo este mismo argumento, si los legisladores no desarrollan relaciones de largo plazo con grupos de interés, tampoco necesitan transparentarlas. Al fin y al cabo su carrera no depende de ello. ¿Por qué habría de autolimitarse si no están obligados a hacerlo? Por último, al no haber necesidad de transparentar, el actual sistema se encuentra mucho más expuesto a la corrupción que cualquier otra democracia. Eso hace que, comparativamente, el cabildeo pueda llegar a ser más caro y menos eficaz que en cualquier otra democracia.

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podría avanzar en cuanto a un mejor registro de los cabilderos, particularmente el estado de sus finanzas como sucede en Estados Unidos.

¿Censura?

Aprueban diputados reforma para evitar “contenidos discriminatorios en radio y Televisión. Falta que pase en el Senado Por Martha Gracia Escalante/ MUNDO LEGISLATIVO

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Conapred no tiene facultades legales para sancionar Los legisladores señalan el propósito, no el criterio

las diferencias y subsiste la intolerancia entre los mexicanos. Detalló que 65 por ciento de las personas en México se considera morena, el 55 por ciento afirma que a las personas se les insulta por su color de piel y el 15 por ciento ha sentido que sus derechos no han sido respetados por esa misma razón. “Un dato por demás revelador, que a todos nos debería mover a la reflexión, es q ue el principal problema de las minorías étnic as de nuestro país es la discriminación, con un 20 por ciento, incluso por delante de la pobreza, con el 10 por ciento”. Refirió que la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, de 2010, indicó que el 44 por ciento de los mexicanos considera que no se respetan los derechos de los indígenas. Aunque México es un país de migrantes, continuó, siete de cada 10 personas consideran que éstos provocan divisiones en la comunidad. Asimismo, siete de cada 10 personas homosexuales señalan estar totalmente de acuerdo con que en México no se respetan los derechos en razón de su diversidad sexual. Pese a tales cifras, el legislador veracruzano recordó que la aspiración de igualdad y no discriminación es recurrente en la historia de nuestro país, “una lucha que ha marcado e inspirado los principios de cualquier nación libre”. Por ejemplo, en el punto 15 de Los Sentimientos de la Nación, donde el general José María Morelos y Pavón “ya nos instaba a que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y donde solo distinguiera a un americano de otro el vicio y la virtud”.

¿Y quién dictará los criterios? En la tribuna de la Cámara de Diputados, González Luna Bueno alentó a sus colegisladores para proponer en las transmisiones de radio y televisión enseñanzas y modelos que permitan seguir avanzando hacia una sociedad moderna y respetuosa de los otros. “Evitemos a toda costa conductas nocivas. Que el marco constitucional que tutela la libertad de expresión promueva al mismo tiempo la

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l pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 418 votos a favor y una abstención, una reforma encaminada a evitar la difusión de contenidos discriminatorios en radio y televisión, e impedir, de esta maner a, la transmisión de influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud. Modificó, en consecuencia, la Fracción II del Artículo 5 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Sin embargo el Legislativo no especifica en la reforma cuales serán aquellos criterios para saber que son las “influencias nocivas o perturbadoras”. Tampoco establecen que es un “desarrollo armónico”. Y para colmo, el Consejo encargado de para prevenir conductas que discriminen a las personas no sólo no puede sancionar a las grandes empresas monopólicas de radio o t e l e v i s i ó n – c o n sentidas del régimen-, sino que sus campañas, si es que tiene alguna de difusión, no permean en el ánimo de la sociedad, y menos en las autoridades de migración, por ejemplo. En la fundamentación del dictamen, el diputado Federico José González Luna Bueno (PVEM), presidente de la Comisión de Rad i o y Te l e v i s i ó n , e x p l i c ó q u e c o n e s t a m o dificación se refrenda el carácter social que tiene el servicio de radiodifusión y televisión, las cuales deben orientarse a promover p r i n c i p i o s d e i g u a l d a d a n t e l a l e y, e v i t a n d o prácticas discriminatorias en el marco de la libertad de expresión. Consideró oportuno y necesario evitar contenidos discriminatorios que atenten contra la dignidad de las personas, ya que sólo promueven la distorsión en las relaciones humanas y difunden modelos que ahondan en la desigualdad. En ese sentido y dirección “es hacia donde nos debemos ir como sociedad, dejando atrás la intolerancia y haciendo a un lado la confrontación de ideas. Logremos una sociedad q ue dialogue y reconc ilie odios y enemistades, que han surgido de la exclusión y de la discriminación”, expresó. Informó que según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en nuestro país existe discriminación; prevalecen

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tolerancia y el respeto a nuestras diferencias, y que tales diferencias no sean causa de división sino, antes bien, motivo de unión entre los mexicanos”, indicó. En la manifestación de pos icionamientos, el diputado José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) afirmó que en la democracia, la libertad de los medios de comunicación es fundamental para el ejercicio del derecho de la información. No obs tan te, s ubrayó, “esta libertad conlleva responsabilidades ligadas al respeto de los derechos humanos y la dignidad de las pers onas ”. Apuntó que “dicha libertad en la difusión de mensajes e imágenes, no está reñida con el derecho de las personas a no ser discriminadas por motivos de raza, género, lengua, etnia, preferencia sexual o color de piel”. P o r s u p a r t e , l a l e g i s l a d o r a p o r e l P T, L i l i a Aguilar Gil, consideró las adiciones a la Ley F e d e r a l d e R a d i o y Te l e v i s i ó n c o m o u n “ l o gro magro”, pues aún está pendiente cómo dar atribuciones al CONAPRED para que pueda s a n c i o n a r a q u i e n e s n o c u m p l a n c o n l a l e y. Añadió que hay tareas por hacer para garantizar que un órgano del Estado se enfrente a grandes consorcios mercantiles o a grandes empresas, y pueda determinar y defender a los ciudadanos mexicanos no solamente contra los estereotipos de género, sino también contra la discriminación en general. Por Movimiento Ciudadano, Juan Luis Martínez Martínez indicó que en la actualidad los niños y jóvenes han adquirido conocimientos a través de los medios de comunicación convencionales y del Internet. “No pretendemos afirmar que los medios están sustituyendo los aportes fundamentales de la educación formal, pero están influyendo en algunos aspectos”, precisó. “Cada vez son más ofensivos y menos propositivos los programas de televisión que consume la mayoría del pueblo de México, razón por la cua l, nuestra fracción está a favor de la promoción y fomento de valores morales en los diversos á mbitos de la vida pública de nuestro país, a través de los dichos programas”, señaló. En su participación, la legisladora por el PVEM Ana Lilia Garza Cadena sostuvo que el respeto a la libertad de expresión y la no censura previa, son dos pilares de la democracia. Para el Verde Ecologista, explic ó, el dictamen “no constituye una mordaza para los comunicadores ni restringe la trasmisión de con-

tenidos, sino que busca que estos respeten la dignidad de todos los miembros de la sociedad”. La diputada Roxana Luna Porquillo (PRD) sostuvo que la idea de libertad de expresión que maniquean los medios de comunicación y sus contenidos, “no son el reflejo del tipo de sociedad que somos”. Ante esto, consideró que no es justificable que la programación de radio y televisión promueva contenidos discriminatorios en telenovelas, noticieros, programas de bromas, de espectáculos o de talk shows. “La violencia, la incitación al odio, la discriminación, son conductas que vulneran las relaciones humanas dentro de nuestras s ociedades y de ninguna manera deben tener cabida en un orden democrático”, aseveró. En coincidencia, la panista María Beatriz Zavala Peniche dijo que la sociedad es afectada por tales contenidos y sostuvo que existen otras instituciones que fomentan ideologías donde se incluye la discriminación y la difusión de estos estereotipos. Por tal motivo, urgió a los legisladores a cumplir con su responsabilidad para construir una sociedad más justa y con igualdad para todos. “Los integrantes de mi grupo parlamentario creemos que se debe combatir la discriminación, como un deber del Estado mexicano”, apuntó. En el último posicionamiento, la diputada por el PRI, Blanca María Villaseñor Gudiño, concordó en que la radio y la televisión son medios de comunicación que funcionan eficientemente, gozan de una amplia cobertura y cuentan con un aceptable grado de confiabilidad entre la población Por ello, continuó, tienen la alta responsabilidad de evitar cualquier acto que motive la discriminación, fenómeno “que debería estar proscrito de nuestra vida pública, tal y como lo establece el artículo 1 de la Constitución”. En el marco de esta discusión, la legisladora recordó las palabras de Rigoberta Menchú: “La paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz”. El dictamen con proyecto de reforma a la Fracción II del Artículo 5 de la Ley Federal d e R a d i o y Te l e v i s i ó n , a p r o b a d o e n l o g e n e r a l por esta instancia legislativa, fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La innovación ML

iba a venir de la oferta. Algo simplemente inimaginable para los que vivimos décadas esperando que fuera algún día de la semana para poder ver nuestro programa favorito. En paralelo, antes de llegar a Netflix, el equipo de House of Cards ya estaba cambiando paradigmas, al ofrecer su proyecto a los canales de televisión sin tener un “piloto”. Kevin Spacey explica cómo, en Estados Unidos, cada año se invierten entre 300 y 400 millones de dólares en llevar a cabo estos pilotos. El año pasado, de los 113 pilotos que se hicieron, se escogieron 35, se le dio continuidad a 13 y muchas ya no existen siquiera. Spacey explica que decidieron no hacer un piloto porque no estaban dispuestos a revelar las personalidades de los personajes, y las dinámicas entre ellos, en los primeros 45 minutos. Netflix fue la única empresa que aceptó esta condición. ¿Y qué lecciones podemos obtener? “Darle a la gente lo que quiere, cuando lo quiere,

en la forma que ellos quieren y a un precio razonable.” Kevin Spacey enfatizó que si haces esto, habrá quienes sigan robando, pero aún así será la mejor forma de disminuir la piratería. Netflix está en el futuro porque pudo ver cómo los niños, por ejemplo, no se cuestionan si estás viendo una serie en el iPad o si ves un video de YouTube en el monitor de la TV. Pero los que llevamos décadas consumiendo entretenimiento tenemos hábitos que a veces nos impiden buscar nuevas opciones. El aprendizaje de House of Cards y Netflix lo podemos aplicar a lo que sea. Por ejemplo, hoy que en México estamos discutiendo sobre reforma fiscal y la informalidad, podríamos hacer el mismo ejercicio: ¿qué pasaría si pensamos en el contribuyente como un usuario al que le vamos a permitir pagar sus impuestos en el formato que quiera, a la hora que sea y con una inversión de tiempo razonable? Seguro seguirá habiendo evasores, pero probablemente serían muchos menos.

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a serie House of Cards y la empresa Netflix son los protagonistas de uno de los casos de innovación más memorables de nuestros tiempos. En Estados Unidos, no hace tanto, Netflix competía contra Blockbuster en la renta de películas, mandándolas al usuario vía correo. Por distintas razones, a lo largo de su historia, muchos expertos se cuestionaron la sobrevivencia de la empresa. Hoy, sin embargo, es uno de los jugadores más fuertes en la transmisión de contenidos audiovisuales en línea. Desde 2011 en México compite con otros servicios como Total Movie (Grupo Salinas), Claro (Telmex) y Vudu (Walmart). Se calcula que uno de cada cuatro usuarios de Internet en México utiliza Netflix para ver películas, series y documentales. En 2013 la empresa logró algo inimaginable: estar nominada para nueve categorías en los premios Emmy con una serie que sólo se puede ver en su sitio y que lanzó todos sus capítulos el mismo día: House of Cards (adaptación de la serie británica de la BBC en los noventas). En el Festival de Televisión de Edimburgo, en Escocia, Kevin Spacey sintetizó la receta para el éxito: “la audiencia quiere tener el control”. Si alguien quería encerrarse 13 horas a ver toda la temporada, podía hacerlo. La restricción no

Por Verónica Baz / MUNDO LEGISLATIVO

Una burla del IMSS e ISSSTE la homologación

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a Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó la elaboración de un punto de acuerdo para exhortar al ISSSTE y al IMSS a que faciliten la integración de las semanas cotizadas por los trabajadores en ambas instituciones, con el propósito de calcular el monto de su pensión. Recordó que los dos organismos de seguridad social firmaron en 1997 un convenio para conceder la portabilidad de las afiliaciones en los trámites de pensiones; no obstante, de entonces a la fecha, pese a haber miles de solicitantes, solo se les ha autorizado a 9 El exhorto legislativo incluirá una petición para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informen las causas por las que no han podido cumplir cabalmente el convenio que permitiría el traslado de las semanas cotizadas de un organismo a otro. Al mismo tiempo, la Comisión de Trabajo y Previsión Social revisará y enriquecerá una iniciativa del diputado Ricardo Cantú Garza sobre el mismo asunto, para que esos trámites se hagan por ley. El diputado José Arturo López (PT) explicó que para los derechohabientes del IMSS y el

Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO ISSSTE es correcto que su pensión y liquidación se junten. “Les ayudaría a resolver todo el laberinto de la burocracia y el tiempo que le dedican para hacer el trámite”, sostuvo. Aseguró que esta situación tiene efectos en los puntajes para la vivienda. “Es adecuado que se les cuenten de manera unitaria. Son muchos los trabajadores que están en esa circunstancia. Realmente considero que estas gestiones no tienen implicaciones en términos de elevar al presupuesto de las instituciones”, agregó.

A su vez, la diputa Luisa María Alcalde (MC) propuso estudiar las causas de este conflicto que posiblemente se deba a la burocracia. “En realidad son trámites, complicaciones, no empatan unas legislaciones con otras, y muchas cuestiones de esta naturaleza que no permiten que los trabajadores puedan simplemente trasladar sus semanas cotizadas”, dijo. Durante su séptima reunión de trabajo, los integrantes de la Comisión aprobaron un dicta-

men a la iniciativa que reforma los artículos 3 y 8 de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, presentada por la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (PAN). Con esta iniciativa, se entenderá que un patrón ha optado concertadamente por otorgar ayuda alimentaria, cuando ese beneficio quede incorporado en un contrato individual o colectivo de trabajo. Por otra parte, desecharon un proyecto de dictamen a la iniciativa que reforma los artículos 84 y 1000 de la Ley Federal del Trabajo y 27 de la Ley del Seguro Social, del diputado Juan Manuel Diez Francos (PRI), porque al proponer el transporte como una prestación para los trabajadores, en realidad buscaba beneficiar a empresas del ramo. También se acordó retomar la formación de un grupo de trabajo, en donde estén representados todos los partidos políticos, con el tema de las trabajadoras domésticas y la regulación de sus condiciones laborales, y analizar una iniciativa al respecto el próximo 9 de octubre. La diputada Margarita Tapia aseguró que han hecho investigación acerca de la legislación de otros países sobre trabajadoras domésticas, y entrevistas en instituciones del gobierno federal, para enriquecer una propuesta de remuneración y prestaciones.

La reforma hacendaria es una mentira: Manuel Bartlett Díaz Por Marco Antonio Velázquez/ MUNDO LEGISLATIVO

La reforma es para proteger a los pobres: LuisVidegaray O modifican su propuesta impositiva o no pasa: E. Cordero El gobierno tiene guardado el dinero que debió gastar: M. Gordillo Con su reforma van a fastidiar al campo en México: Francisco Domínguez

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enadores pidieron al secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, explicaciones puntuales sobre cómo evitará que la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo federal afecte a los micro y pequeños empresarios, productores del campo y a las clases media y baja. En respuesta, el funcionario sostuvo el objetivo de homologar el IVA en la frontera y eliminar beneficios tributarios es evitar la elusión y corrupción de grandes empresas, incluidas trasnacionales. En el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno, durante el cual los legisladores cuestionaron también la pretensión del Gobierno Federal de recurrir a mayor déficit fiscal, así como la imposición de IVA a colegiaturas y vivienda. El senador Manuel Bartlett Díaz, acusó a Luis VIdegaray, de ir a hacerle propaganda a la reforma impositiva, en vez de dar respuesta sobre el Informe presidencial. No obstante, desglosó parcialmente la propuesta de reforma y dijo que era una mentira. Al final, afirmó, todo recaerá en detrimento de los bolsillos de

los trabajadores. Por Nueva Alianza, la senadora Mónica Arriola Gordillo dijo que en el análisis del Primer Informe de Gobierno no se puede ignorar la baja en las expectativas del crecimiento económico, pues pasaron de 3.5 por ciento a 1.8 por ciento por la caída de la demanda externa, el no ejercicio del gasto gubernamental y problemas en el sector inmobiliario. Comentó que recientemente el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, estimó que una aceleración en el crecimiento de la economía global, particular-

mente de Estados Unidos, beneficiaría a México, pero “estos supuestos no nos brindan certidumbre y requerimos de medidas sustentadas en cimientos sólidos, que no dependan sólo de factores externos”. En tanto, la senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, consideró que no se necesitan más reformas ni mayores impuestos en tiempos de crisis sino enfrentar la corrupción, implementar programas de austeridad y “dejar de consentir a sus patrocinadores, que al poco tiempo ya se han convertido en sus patrones”.

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La corrupción, expresó, “se ha metido por todas las grietas y es el ácido más poderoso que carcome y derriba todas nuestras instituciones”, pero su combate “es muy tímido y el cáncer es tan grave que debería haber medidas, planes y escarmientos para limpiarse”. Al iniciar los cuestionamientos del PRI, Manuel Cavazos Lerma preguntó al funcionario sobre los mecanismos para evitar que el déficit propuesto “no se perpetúe” y la deuda que lo financiará “no nos asfixie, no cause crisis recurrentes, ni ponga en riesgo el futuro de México”. Gerardo Sánchez García, aseguró que el PRI quiere una reforma que permita al campo mexicano superar la crisis que padece, al tiempo que solicitó al titular de Hacienda conocer de qué manera la reforma hacendaria ayudará al campo nacional. En representación del PT, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, refirió la gran preocupación ante el planteamiento de eliminar beneficios fiscales a la importación temporal a la manufactura, bajo el argumento de combatir la simulación y corrupción que aplican empresas golondrinas, “sin embargo, esta no es responsabilidad de las empresas y ciudadanos, es una pecata del sistema tributario que así lo permite y que no tiene la suficiente capacidad para detectar quién está utilizando de manera deshonrosa ese sistema”, acotó el legislador bajacaliforniano. Al ratificar la posición del PAN de ir en contra de la reforma fiscal, el senador Francisco Domínguez Servién, sostuvo que la iniciativa planteada por el gobierno federal hará “llover sobre mojado” en el campo mexicano pues su impacto derivará en la pérdida de 247 mil empleos directos y 28 mil en los subocupados, únicamente en e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o .

“Pero las afectaciones por las lluvias no son nada en comparación a las afectaciones por la reforma fiscal propuesta”, sostuvo el legislador albiceleste al exponer que resulta regresiva por el aumento de la tasa del ISR de 21 a 30 ó 32 por ciento, lo cual representa un incremento de 42 por ciento al sector agropecuario. A lo anterior se agrega la limitación al régimen de comprobaciones y la eliminación de la deducción inmediata de las inversiones, como es maquinaria agrícola, ordeñadoras, zahúrdas, sistemas de riego, granjas agrícolas, etcétera, complicará aún más a la actividad productiva del sector. El también panista Carlos Mendoza Davish, refrendó el rechazo al aumento del IVA en la zona fronteriza, pues esta medida “recaudará pronto, destruirá muchos empleos y muestra el olvido del gobierno de la República de esta región del país, que aporta mucho más a la Federación en materia tributaria de lo que ella recibe”. En su turno, el senador Héctor Larios destacó la preocupación por el déficit propuesto, que representa una nueva deuda por 561 mil millones de pesos el año entrante: “Nada más para que dimensionemos, se nos plantea un conjunto de cambios fiscales, que representan sacrificio de la sociedad, para pagar 240 mil millones de pesos en impuestos nuevos y, adicionalmente, se plantea crecer el gasto en otros 241 mil millones, es decir, se habrá de tener otra reforma fiscal en el futuro para poder pagar”. Sostuvo que los intereses del pretendido endeudamiento representarán intereses para el 2015 por 30 mil millones de pesos, “lo cual significa bajar al gasto corriente o pedir nuevamente prestado, “porque el problema de la deuda no es pedir y gastarlas, sino que se debe de pagar primero intereses y

luego la deuda y esta reduce el gasto en el futuro, la deuda no es la panacea para resolver nuestros problemas”, por lo que pidió al titular de la SHCP su perspectiva de déficit para los años 2015 y 2016. El senador Carlos Alberto Puentes Salas ,del PVEM, preguntó al titular de Hacienda, cómo la reforma va a impactar en materia de seguridad social y las medidas en cómo se va a transparentar el gasto. Por el PRD, la legisladora Dolores Padierna Luna, cuestionó el abandono del campo mexicano, celebró el retiro de propaganda del gobierno, pero subrayó que los recursos de ese ahorro deben enfocarse a la reconstrucción y, en cuanto a lo relacionado al impuesto a la vivienda dijo que no se debe gravar por ser un derecho y no un privilegio. Subrayó que el problema de financiamiento en Pemex no es por falta de recursos sino por los malos manejos y la corrupción, en tanto que al hacer referencia sobre el modelo de consolidación fiscal, dijo que se deben eliminar los privilegios a las empresas radiofónicas y televisoras.

Videgaray justifica iniciativa presidencial Al responder a los cuestionamientos de los senadores, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseveró que la propuesta del aumento al IVA en la franja fronteriza, para homologarlo a 16 por ciento que se aplica en todo el país parte, en primer término, de un principio de equidad, ante el reclamo de habitantes de la zona Mixteca de Oaxaca o de Guerrero que no se benefician de la diferenciación actual. Pero el fondo, subrayó, es quién se beneficia con este diferencial de tasas; acorde a

un análisis sobre el precio al consumidor, en la franja fronteriza, Baja California y Quintana Roo los precios no son cinco por ciento más bajos, como se esperaba, “desafortunadamente no es así, es 3.6 por ciento más alto de acuerdo a cifras del Banco de México, y hay artículos y servicios que son francamente más caros, desde el precio de una batería de cocina en una tienda departamental, hasta la telefonía, entonces ¿quién se lleva este beneficio? No son los habitantes de la frontera, no son los consumidores, no son las familias, son las grandes empresas comerciales, son los proveedores de servicios y grandes contribuyentes, quienes absorben este beneficio”. En este mismo sentido se refirió a la eliminación de deducibles por concepto de inversión dentro del sector agropecuario: “En principio se creó este régimen especial para beneficiar a los productores más pobres del agro, pero lamentablemente, en su mayoría ha sido capturado por grandes empresas, muchas de ellas trasnacionales, que amparándose en este régimen disminuyen indebidamente su carga fiscal, eso es injusto y lo podemos corregir. Tan sólo el 85 por

ciento de los beneficios de la deducción inmediata es capturada por las grandes contribuyentes”. Por ello, abundó, el Programa Especial Concurrente del Campo contará el año próximo con 326 mil millones de pesos, que servirán para subsidiar a los productores; por su parte, el régimen de recaudación será de 10 mil millones de pesos, que representan “retirar apenas 3 por ciento de los apoyos que el Estado otorga al campo”; pero además se trabaja con la Cámara de Diputados para encontrar mecanismos que eviten afectar a los pequeños productores. Concerniente al cambio de estructura de las cuotas de seguridad social, sostuvo que se propone reducirlas para quienes ganan hasta cuatro salarios mínimos, lo que fortalecerá la progresividad en el sistema impositivo e indicó que la reforma busca ampliar la base gravable a través del régimen de incorporación a la formalidad del empleo, y adicionalmente, señaló que el gobierno Federal retoma el pago de la nómina magisterial. El responsable de las finanzas del país aclaró que el artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se man-

tiene en sus términos en la propuesta de reforma hacendaria del Presidente de la República. Aseguró “no se ha propuesto se ni propondrá” gravar con IVA la vivienda social, pues en un planteamiento fiscal que busca redistribuir el ingreso y la riqueza “sería una franca inconsistencia”, sobre todo, cuando existe “una situación de debilidad en la industria”, particularmente en la construcción; además se trabaja por incrementar las líneas de crédito para fortalecer la vivienda de interés social. Al responder sobre la perspectiva gubernamental de déficit, Videgaray Caso apuntó que se plantea de forma regresiva, ubicándose en 2014 en 1.5 por ciento del PIB; para el 2015 en 1 por ciento; en 2016 en punto cinco para regresar a cero en 2017; esto permitirá un control sobre la deuda. Finalmente, aseguró que existe confianza en México por parte de las calificadoras internacionales, lo cual se puso en evidencia con la colocación el mes pasado de 3 mil 900 millones dólares de deuda, con una tasa de interés de cuatro por ciento, registrándose la participación de 280 inversionistas.

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Vehículos abandonados en depósitos estarán a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

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a Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de que los vehículos abandonados en los depósitos de guarda y custodia en locales permisionados, puedan ponerse a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). El dictamen, avalado con 419 votos y enviado al Senado de la República, precisa que la autoridad federal, cuando determine la remisión de vehículos para el servicio de depósito de guarda y custodia a locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), deberá notificarlo al interesado o a su representante legal dentro de los 15 días naturales siguientes a su ejecución. En dicha notificación, agrega, se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene, disponga o grave el vehículo, si lo hiciere será nula de pleno derecho. De no manifestar su interés, en los plazos establecidos, los bienes causarán abandono en favor del gobierno federal. Precisa que los vehículos no reclamados por el interesado o representante legal, causarán abandono transcurridos 90 días naturales, contados a partir de la notificación, que en su caso

Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO haya llevado a cabo la autoridad federal; posteriormente, se considerarán abandonados y el permisionario tendrá 30 días naturales para ponerlos a disposición del SAE. El dictamen que adiciona los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, detalla que el permisionario deberá notificar a la Dirección General de Autotransporte Federal el listado de unidades que cumplan con los requisitos para considerarse en el supuesto de abandono. La excepción será para los vehículos que estén sujetos a procedimientos administrativos, jurisdiccionales o cualquier acción de reclamación, bajo protesta de decir verdad y que estén o hayan estado a disposición de autoridades federales. En sus artículos transitorios, precisa que los permisionarios deberán informar a la SCT de conformidad al Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal el listado de unidades que reciban, así como las que sean susceptibles de considerarse en abandono en favor del gobierno federal. La SCT deberá automatizar los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal en un plazo máximo de 18 meses,

de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Al fundamentar el dictamen, el diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández (PRI) señaló que la reforma evitará el desordenado hacinamiento de vehículos, con graves consecuencias en el medio ambiente. Precisó que el abandono inicia por cuestiones legales, pero se agrava por causas financieras derivadas de la estadía en las pensiones o corralones que generan un costo diario, el cual en la mayoría de los casos, en poco tiempo, sobrepasa el valor del vehículo. Ello provoca que el propietario decida no reclamar y obtener su recuperación, ya que le cuesta más pagar el arrastre y la pensión que lo que vale el bien. Refirió que en de acuerdo con el SAE en 2005 un millón de vehículos se encontraban en dichos depósitos de los permisionarios federales, y actualmente son un millón 250 mil vehículos. En su turno, el diputado José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) indicó que el abandono de automóviles en depósitos concesionados ocasiona graves problemas al entorno ecológico, por los aceites, gasolinas y materiales no biodegradables, además de la afectación económica que esto representa.

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El diputado Ricardo Cantú Garza (PT) subrayó que este problema no solo origina gastos de mantenimiento sino que contamina el entorno en que están guardados y “no hay quien cubra los costos”. El legislador José Soto Martínez (MC) refirió que de acuerdo con la UNAM, 38 mil personas murieron por cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares e infecciones respiratorias, entre el año 2001 al 2005, a causa de altos índices de contaminación. Se calcula que el costo de los daños que genera representan el 4.4 por ciento del PIB. El diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) consideró que con la reforma se provee de una solución jurídica sin afectar a los particulares, se mejora el ambiente, se utiliza el

reciclaje y podrá contribuirse de modo eficiente y adecuado a las arcas municipales. Por el PRD, el diputado Luis Manuel Arias Pallares subrayó que se abatirán el desorden, la contaminación ambiental y la delincuencia en torno a estos sitios al llevar un estricto control de operación de los depósitos permisionarios, lo que contribuirá a la mejora y modernización del autotransporte federal. En tanto, el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez (PAN) precisó que se atenderá no sólo un problema económico sino también de seguridad, ya que en estos corralones “se fomenta la delincuencia organizada, la inse guridad y el tráfico de partes de vehículos robados, producto del desorden que los caracteriza. Le estamos dando

certeza jurídica al propietario del vehículo, al que prestó el servicio y a las autoridades para que puedan lograr un desalojo justo y conforme a derecho”, recalcó. El diputado Juan Manuel Carbajal Hernández (PRI) destacó que las modificaciones “no sólo traerán consigo la disposición de los más de un millón de vehículos abandonados, sino que representará una reducción en los niveles de polución al disminuir los agentes contaminantes”. Comentó que la acumulación de vehículos en los patios de los permisionarios federales ha generado una afectación económica por los gastos de arrendamiento, mantenimiento, administración y vigilancia, los cuales tienen que ser cubiertos por los permisionarios.

Agua, infartos, confusion y calambres.

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eguimos con agua en prácticamente todo el territorio nacional. La Conagua ha declarado que este septiembre fue el mes más lluvioso de la historia; y las mismas autoridades empiezan ya a hablar de la corrupción, como una de las principales causas de lo ocurrido en Guerrero. Platicando del tema con Benjamín, uno de mis primos, hemos recordado los comentarios de mis abuelos cuando en 1957, aterrizaron en un bimotor de Aeroméxico en el recién inaugurado aeropuerto de Barra Vieja. Uno Benjamín Orvañanos era arquitecto; el otro, Rafael Gurza, agricultor y ganadero. Pero ambos coincidieron: “este el peor lugar para construir un aeropuerto… que locura, este lugar era un pantano, un manglar, y se va a inundar… acuérdense que los traíamos a ver patos, cocodrilos y gallaretas...” Y aguas, porque si seguimos sin respetar la naturaleza el futuro será peor. Ya lo advirtió la UNAM citando el primer volumen del V Informe (AR5) del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, “en los próximos 100 años habrá más huracanes, sequías, ondas de calor, y precipitaciones severas; y subirá el nivel del mar”. Por lo pronto, miles de compatriotas están rodeados de agua sin poder beberla ni usarla para bañarse, porque está contaminada y llena de lodo; urge que las autoridades les lleven agua potable y limpia porque sin ella no pueden vivir. Desde siempre se sabe que beber agua es indispensable para la vida; y recientes investigaciones afirman que no hacerlo, es la principal causa de confusión mental en la tercera edad. En la red anda circulando un correo firmado por Arnaldo Lichtenstein, médico general del Hospital de las Clínicas y profesor del Departamento de Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, que sostiene que algunos trastornos mentales de los abuelos no se deben a tumores cerebrales, o principios de Alzheimer; sino a diabetes descontrolada, infección urinaria, o “a que la familia pasó el día en un centro comercial, dejándolos en casa”. Explica que esto que parece broma, es por el contrario muy serio; porque después de los 60 se

Por Teresa Gurza/ MUNDO LEGISLATIVO deja de sentir sed y si están solos, los viejos olvidan tomar líquidos suficientes y se deshidratan con rapidez. La deshidratación afecta todo su organismo y puede causarles confusión mental abrupta, caída de presión arterial, aumento de las palpitaciones cardíacas, angina (dolor en el pecho), coma y hasta la muerte. La pérdida de líquidos forma parte del proceso natural de envejecimiento y ocasiona que a partir de los 60 años, el organismo tenga menor reserva hídrica. Es por eso que aún deshidratados, los viejos no sienten necesidad de tomar agua; y como no tomarla, perjudica el desempeño de reacciones químicas y funciones de todo su cuerpo, es indispensable convencerlos que lo hagan. Puede ser agua pura o de coco, jugos, tés, leche, sopas, gelatina y frutas ricas en agua, como sandía, melón, piña, naranja y mandarina. Lo importante es que al menos cada dos horas tomen algún líquido; y que los familiares se den cuenta de que cuando los rechazan, presentan confusión, irritabilidad, y falta de aire y atención. Algunos ancianos se niegan a beber agua antes de dormir, aduciendo que si lo hacen deberán levantarse al baño durante la noche. Y es muy cierto porque la fuerza de gravedad, que mantiene agua en la parte inferior del cuerpo cuando uno está parado --de ahí que las piernas se hinchen más en esa posición—pero estando acostado, esa zona queda al mismo nivel que los riñones, que necesitan sacar el agua acumulada agua con más frecuencia. Pero los cardiólogos afirman que ese, es el mejor momento para tomar agua; porque se maximiza su efectividad y el cuerpo saca más toxinas. Recomiendan también, beber dos vasos de agua al levantarse, para activar los órganos internos; uno, media hora antes de cada comida, para ayudar a la digestión; y uno, antes de bañarse porque reduce la presión sanguínea. Pero insisten en no dejar pasar ni un día, sin beber un vaso de agua antes de acostarse; porque eso evitará infartos y derrames cerebrales y ayudará a prevenir los calambres nocturnos de muslos y pantorrillas.