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Silencio en la Fiscalía
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Cuando el año 2014 desplegaba sus primeras semanas y Venezuela se prepara para su primer año sin el Comandante vivo en Miraflores, una diputada nacional, una asesora parlamentaria y un abogado, presentaron un escrito jurídico-político ante la Fiscalía General de la Nación.
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Luisa Ortega Díaz, la titular del organismo hizo sellar el recibido del escrito, pero se negó a contestar. Nunca habilitó la investigación solicitada. Argumentó en privado que sólo lo haría si recibía una orden directa del PSUV o de Miraflores. Al mismo tiempo, afirmó que miembros de la familia del expresidente exigieron que no se recogieran ni presentaran firmas para solicitar una investigación sobre las causas de muerte.
Ante esa realidad y con la campaña de firmar realizada, la diputada León y su equipo entregaron las 100 mil firmas certificadas a Williams León en la ciudad al Estado provincial de Barinas.
Para darle carácter oficial a la misión y el
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propósito, la diputada decidió entregar copias del documento-Denuncia con las firmas, a las autoridades de la Constituyente convocada por el gobierno de Maduro y a la nueva Asamblea Nacional.
Tal silencio y embrollo innecesarios llamaron la atención a las tres solicitantes.
La Fiscal era una conocida abogada chavista, con pasado militante en una corriente maoísta. Poco tiempo más tarde se supo que la Fiscal ya andaba involucrada en una de las tantas conspiraciones iniciadas contra el gobierno de Nicolás Maduro desde que tomó posesión en abril de 2013.
El escrito aspiraba algo simple: “…solicitar el inicio de una investigación penal que determine si, como se ha señalado en varias oportunidades de forma pública y notoria, la enfermedad y posterior fallecimiento de nuestro presidente y comandante en jefe HUGO CHÁVEZ FRÍAS ha sido por causas diferentes a las naturales.”
Como cualquier investigación criminal repleta de dudas y sospechas, la solicitud no exigía ningún privilegio, sino una acción judicial que establezca los hechos y evidencias que permitan determinar si hubo muerte provocada o no. Era simple: si la investigación
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confirmaba las sospechas “públicas y notorias” (Denuncia), entonces hubo una conspiración política de Estado, que involucraba colaboración criminal de allegados, o infiltrados externos al exlíder.
El escrito, con 24 párrafos de sustanciación jurídica e histórica, evidenciaba la necesaria participación de gobiernos del Estado norteamericano, dejando al Ministerio Público la tarea de investigar la responsabilidad de los autores materiales indispensables para concretar el acto de crimen. Esos autores materiales no estaban en Washington, sino en Miraflores.
Esa tarea nunca fue realizada. La Fiscal no ordenó abrir un expediente. Al contrario, negó toda colaboración a la iniciativa parlamentaria de la diputada León y sus colaboradores... con el argumento de que no había recibido una orden política, como si los derechos ciudadanos dependieran de la orden de un partido o un gobierno temporales.
La diputada María León fue una ministra del gobierno de Hugo Chávez y diputada del PSUV. Conocida por su pasado, activa insurgente de los “años de plomo” de la década de los 70, sumó a su iniciativa a exministros reconocidos como Rodríguez Chacín,
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Héctor Navarro y Ana Elisa Osorio entre otros. León se apoyó en la denuncia levantada por el candidato presidencial Nicolás Maduro a comienzos de 2013.
El objetivo, como planteó Maduro el día de su toma de posesión, era constituir una misión de científicos y expertos forenses que investigue la causa de muerte y el tipo de cáncer que afectó al presidente muerto. La carta a la Fiscalía registró ese dato con esta pregunta:
“A la conclusión anterior hemos llegado, sobre todo por cuanto el presidente de la república Nicolás Maduro, ha denunciado públicamente los planes de la burguesía para concretar su muerte como sucedió con la del comandante Chávez. Ha denunciado, no solo esa conspiración en su contra, sino además los planes para asesinar al compatriota Diosdado Cabello. ¿Acaso estas denuncias no son lo suficientemente graves como para ordenar la apertura de una investigación penal, aun de oficio, teniendo en cuanta además la figura que las hace? (Párrafo 4to. Denuncia ante la Fiscalía. M. León, B. Centeno, J. Castillo.)
En coincidencia con lo expresado por el científico
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Mauro Brigado en 2020 para la investigación que condujo a este libro, solo un estudio de tipo científico podría verificar o negar las causas de muerte que fulminaron a Hugo Chávez el 5 de marzo.
Como manifiesta el escrito presentado ante la Fiscalía, se trataba de una investigación de carácter penal, pero también de tipo histórica para determinar la identidad de dos tipos de autores: el intelectual, es decir, el/los que dieron la orden, por un lado, y el autor o autores materiales, o sea, los que ejecutaron la acción criminal. En su argumentación histórica, la Denuncia se adelanta unos siete años a lo que desarrollamos en este texto, apenas tratado marginalmente en otros escritos, salvo excepciones como lo publicado por el profesor Atilio Borón. El libro La Muerte de Hugo Chávez, del autor Astolfo Sangronis Godoy, con más de 300 páginas, no desarrolla este aspecto fundamental del contexto sin el cual no es comprensible la acción criminal.
Es tan relevante ese aspecto, que en la Denuncia ocupa casi la mitad de la argumentación, sobre todo ante la ausencia de evidencias forenses que solo pueden
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resultar de una investigación de tipo penal.
Resalto dos conceptos del escrito judicial. Uno, el concepto del odio como instrumento de eliminación de enemigos usado por poderes imperiales y gobiernos conservadores a lo largo de la historia. El nazifascismo se formó con ese elemento. La oposición derechista venezolana igual. El otro concepto fundamental es el del precedente, la continuidad, el antecedente, que permite comprender y confirmar que el odio contra personajes como Hugo Chávez contiene una conducta de Estado, permanente y consustancial con los intereses de clase y de Estado que defienden. No se trata de odio en abstracto. La orden la pudieron haber dado el Presidente Bush o el Presidente Obama. Para los efectos resultaron lo mismo en la medida que expresaban los intereses, el odio y la necesidad del mismo Estado imperial.
“Ese odio no fue más que el instrumento ejecutor de los intereses de las corporaciones mundiales para acabar con la vida del presidente”.
Ahora bien, ¿es tan importante la muerte de Chávez para la burguesía mundial? La respuesta es sí. Por ejemplo, el presidente del Régimen Israelí admitió
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la participación de su administración en la muerte del líder palestino Yaser Arafat, luego que científicos franceses, al exhumar el cadáver de éste, diagnosticaron que había sido envenenado. Fidel Castro sufrió más de 600 atentados contra su vida. Ahora bien, ¿cuales son las coincidencias de estos hechos? Que estos líderes, al igual que el comandante Chávez, tienen ideales antagónicos con el imperio norteamericano. Es decir, todo aquel que ose no ser sumiso con el imperio y tenga la capacidad suficiente para conmover al mundo y hacer tambalear las estructuras ideológicas del sistema y amenace con la verdad la existencia de ese sistema, se convierte en un objetivo militar del establecimiento. La burguesía mundial no perdonó a Trostki y lo fue a buscar a un país lejano, donde, aparentemente no era peligroso y lo asesinaron. Acaso no asesinaron los gringos al único presidente “progresista” que han tenido, Kennedy, porque su conducta, según, guardaba distancia del aparato guerrerista. Cuántos líderes revolucionarios progresistas no han sido asesinados por el imperio norteamericano en nuestros pueblos,
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para distinguir solo enunciaremos algunos: Zamora, Sandino, Torrijo, Bosch, Allende y por último nuestro comandante presidente. (Párrafos 6,7,8. Denuncia, M. León, B. Centeno y J. Castillo.).
Aunque se puede considerar con otra perspectiva los asesinatos de Trotsky y Kennedy, el valor intelectual de estos párrafos es dejar sentado en el temprano año de 2014 que las sospechas sobre la responsabilidad de EE.UU. en el asesinato de Hugo Chávez, tienen fundamento histórico y documental.
Siete años más tarde de ese escrito de Denuncia y solicitud ante la Fiscalía venezolana, el abogado José Castillo y la asistente Blanca Centeno, coautores del escrito, aceptaron reconstruir para esta edición los hechos de aquella iniciativa frustrada de la exdiputada María León.
