14) Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos (15) Marco de Acción de Belén - VI Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI)

Garantizando la individualización de la pena, los sujetos encarcelados deben ser respetados y mantenidos en prisiones separadas de los sujetos condenados, teniendo en cuenta su género y edad, los antecedentes penales, los motivos de la detención y las medidas necesarias que deben aplicarse. En cuanto a la educación, el sistema adoptará medidas para mejorar la educación de todos los presos. La educación de los presos analfabetos y jóvenes será obligatoria y la administración penitenciaria le prestará especial atención. Según el documento, en la medida de lo posible, la educación de los presos debe integrarse en el sistema educativo del país, de modo que tras su liberación puedan continuar sus estudios sin dificultad. En todos los establecimientos penitenciarios se organizarán actividades recreativas y culturales en beneficio de la salud mental y física de los reclusos, y se dispondrá que cada establecimiento penitenciario cuente con una biblioteca para uso de todos los sujetos privados de libertad, debidamente provista de libros recreativos e instructivos, y que se les aliente a hacer pleno uso de ella. Según el documento, el tratamiento penitenciario "no debe acentuar la exclusión de los presos de la sociedad, sino hacerles comprender que siguen formando parte de ella". Para ello, se debe recurrir, siempre que sea posible, a la colaboración de organismos comunitarios destinados a ayudar al personal penitenciario en la reinserción social de los reclusos".

(14) Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos

La Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos fue aprobada en la V Conferencia Internacional de Educación de Adultos (V CONFINTEA), en julio de 1997, defendiendo que la educación de adultos se convierte, más que en un derecho, en una consecuencia del ejercicio de la ciudadanía como condición para la plena participación en la sociedad. La educación de adultos, según el documento, "abarca todos los procesos de aprendizaje, formales o informales, en los que las personas consideradas "adultas" por la sociedad desarrollan sus habilidades, enriquecen sus conocimientos y mejoran sus cualificaciones técnicas y

profesionales, orientándolas a satisfacer sus necesidades y las de su sociedad". Según el documento, también tiene la función de promover la participación en las actividades sociales, económicas, políticas y culturales, además de ser un requisito básico para la educación continua a lo largo de la vida. En este sentido, es fundamental que el reconocimiento del derecho a la educación continuada durante la vida, vaya acompañado de medidas que garanticen las condiciones necesarias para su ejercicio.

(15) Marco de Acción de Belén - VI Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI)

La VI Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI), celebrada en Belén, Brasil, en 2009, reiterando el papel fundamental del aprendizaje y la educación de adultos establecido en las cinco Conferencias Internacionales de Educación de Adultos celebradas desde 1949, presenta, entre sus recomendaciones, que "las políticas y las medidas legislativas para la educación de adultos deben ser globales, inclusivas e integradas en una perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida, basadas en enfoques sectoriales e intersectoriales, que abarquen y articulen todos los componentes del aprendizaje y la educación". Según el documento, "la educación inclusiva es fundamental para lograr el desarrollo humano, social y económico". En este sentido, "no puede haber ninguna exclusión derivada de la edad, el género, la etnia, la condición de inmigrante, la lengua, la religión, la discapacidad, la ruralidad, la identidad u orientación sexual, la pobreza, el desplazamiento o el encarcelamiento". En el caso de la educación para jóvenes y adultos detenidos, el documento subraya que "es esencial ofrecer una educación para adultos en las prisiones, adecuada a todos los niveles".

Car tografía de la política de ejecución penal en América del Sur

En las últimas décadas, América del Sur está experimentando, además de los problemas económicos, políticos y sociales -que empeoran cada vez más el desarrollo humano de la región-, una enorme crisis en la política de seguridad pública, con el aumento de la violencia y la delincuencia, poniendo en jaque su sistema de justicia penal. Fuera de las zonas de guerra, la región está considerada como la más violenta del planeta, sin respetar los derechos humanos fundamentales de su población. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017), la región tiene el 9% de la población mundial, pero registra cuatro veces más homicidios que la media mundial. Aunque no existen sistemas de información consolidados con datos seguros y de calidad sobre la política de seguridad pública y la realidad del sistema penitenciario, especialmente sobre el perfil de la llamada población criminal y detenida y las condiciones reales del sistema de justicia penal, algunos documentos publicados en los últimos años por importantes organizaciones internacionales sobre la situación del sistema penitenciario en algunos países, estiman que hoy en día hay más de un millón y medio de personas en situación de restricción y privación de libertad en la región, denunciando incluso que los presos viven en situaciones totalmente inhumanas. Cada año se produce un aumento considerable del número de presos, que no va acompañado de la construcción de nuevas unidades penitenciarias y, en consecuencia, de la creación de nuevas vacantes en el sistema. Además de la superpoblación carcelaria, la región experimenta varios problemas en el sistema de justicia penal que desafían las políticas de seguridad pública de los gobiernos. Con las unidades penitenciarias llenas de presos a la espera de sentencia, el sistema penitenciario no puede ni siquiera cumplir las condiciones mínimas de atendimiento a los presos previstas en los marcos legales nacionales e internacionales. Al no contar con unidades adecuadas que respeten la individualización de la pena, los presos ni siquiera están separados entre provisionales y condenados, así como de acuerdo con sus respectivos

niveles de peligrosidad. Muchas carecen de espacios adecuados para la convivencia, sin iluminación apropiada, agua potable y condiciones mínimas de higiene, incluso para recibir visitas familiares y para realizar las actividades laborales, educativas, culturales, deportivas y religiosas previstas en la legislación como parte del tratamiento penitenciario. Aumentando la desigualdad social, con enormes inversiones en la política de seguridad pública de tolerancia cero, los gobiernos de la región, disminuyendo cada vez más los recursos para políticas sociales, han valorado en sus discursos políticos, como solución a los problemas de violencia y criminalidad, el endurecimiento de las leyes y el encarcelamiento masivo de una población considerada en riesgo social y potencialmente criminal. Las reformas legislativas han garantizado la aprobación de leyes más duras y severas para hacer frente a la violencia y la criminalidad en muchos países, que rara vez han dado los resultados deseados para la sociedad. Sólo ha aumentado el flujo de nuevos presos en un sistema arcaico, improvisado y mal equipado, sin las condiciones mínimas para atenderlos. En el ámbito de la ejecución penal propiamente dicha, las reformas de la legislación se han limitado a menudo a meras revisiones de artículos, transformando algunas leyes en colchas de retazos. Ha sido muy común la aprobación de normas complementarias sin la revisión efectiva de la ley principal que tiene la función de regular la ejecución penal. Sin una revisión en la columna vertebral de la legislación, se crean paralelamente reglamentos que comprometen la comprensión de los operadores de la ejecución penal y de las instituciones responsables del seguimiento y control de la aplicación de la política. Las cárceles de todo el mundo, especialmente en Sudamérica, se han convertido en verdaderas sociedades paralelas. Sin el control del Estado, convertidos en una de las principales incubadoras de la desigualdad social y, en consecuencia, del llamado crimen organizado, contribuyen cada vez más a la crisis de la seguridad pública. Los presos que viven en condiciones deplorables e inhumanas son vulnerables a la coacción y al reclutamiento de facciones y milicias que se vuelven más sofisticadas para actuar en el crimen. En algunos países, se han convertido en verdaderas instituciones, con normas que controlan las relaciones internas y la gestión de las unidades penitenciarias.

En los países sudamericanos existen numerosos fallos institucionales, legislativos y operativos que agravan esta situación. Cada vez más, las prisiones son espacios olvidados por los poderes públicos donde el control y la capacidad de gestión del Estado son limitados. Las razones por las que América del Sur tiene tantos presos en comparación con muchos países que tienen cifras e indicadores más altos de delincuencia, desigualdad y conflicto social es algo que está fuera del alcance de este trabajo, pero que sin duda necesita un estudio más profundo. ¿Cómo podemos pensar en desarrollar políticas públicas de calidad sin un mínimo de datos e información sobre quiénes están en las cárceles y qué ocurre dentro de ellas? ¿En qué datos se basan las decisiones para aplicar las políticas de seguridad pública y la ejecución penal?

Con la ausencia de respuestas a estas preguntas, por ser un espacio invisible e invisibilizado por el poder público y la sociedad, es posible imaginar el escenario de la negligencia y la improvisación en la implementación de políticas públicas de justicia penal y ejecución penal. Teniendo en cuenta la ausencia de sistemas públicos con información fiable para obtener datos en tiempo real y con calidad sobre la situación del sistema penitenciario en los países sudamericanos investigados (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), presentaremos en esta parte del estudio un cuadro cartográfico con algunas informaciones recogidas en diferentes documentos con datos ya consolidados producidos por los países sobre su realidad penitenciaria. Los datos utilizados en esta investigación no reflejan con exactitud la situación de los sistemas de privación de libertad en Sudamérica, pero permiten una aproximación a la realidad actual. Es fundamental tener en cuenta que la realidad del sistema penitenciario varía de un país a otro, de una región a otra y de una unidad penal a otra. Los datos consolidados sólo nos presentan una fotografía panorámica que, cuando nos acercamos demasiado, revela imperfecciones en su resolución. Los datos sobre el sistema penitenciario son indicadores complejos que merecen atención, tanto en el aspecto conceptual, como en la metodología a utilizar para obtenerlos. Entre los principales problemas metodológicos identificados en los documentos analizados, además de la ausencia de sistemas informatizados con datos en tiempo