SOCIEDAD Derechos básicos, en riesgo

AP photo / Daniel Cole

Derechos básicos,

en riesgo

La emergencia sanitaria obliga a varias naciones a ceder libertades y derechos básicos, algo que sería impensable en circunstancias normales. Los cierres de fronteras y escuelas, así como la prohibición de circular y reunirse libremente, son algunos ejemplos. Organismos defensores de derechos humanos llaman a estar atentos para evitar que la democracia y las libertades individuales sean víctimas de la actual crisis.

MARCO APPEL B RUSELAS.- Casi un tercio de la humanidad está sujeto a algún tipo de confinamiento domiciliario para intentar contener la pandemia del coronavirus, que hasta este viernes 27 había provocado más de 21 mil fallecimientos y el contagio de casi medio millón de personas. Según la agencia francesa AFP, la decisión del gobierno de India (el segundo país más poblado del planeta) de restringir el movimiento de sus mil 300 millones de habitantes a partir del martes 24 elevó el número de personas recluidas en sus domicilios a dos mil 600 millones.

Conforme el aislamiento y el control social se expanden, cada vez son más los pensadores, políticos o activistas que se preguntan si la democracia y los derechos humanos terminarán siendo víctimas de la actual crisis.

Y es que a causa de la emergencia sanitaria, incluso las sociedades más democráticas, como las europeas, han tenido que ceder libertades y derechos básicos que no hubieran cedido en circunstancias normales.

De un día para otro se cerraron las fronteras, las escuelas y los lugares de esparcimiento y ciudadanos de todo el mundo fueron privados de su derecho de circular y reunirse libremente; y quedaron prohibidas las actividades recreativas en el exterior.

El cumplimiento de las nuevas reglas quedó bajo control de la policía y se ame naza con fuertes multas y hasta penas de prisión a los infractores. Los militares han sido llamados a reforzar la sobrecarga de tareas de logística y abastecimiento du rante la crisis. En Italia también obtuvieron poderes de seguridad pública para que hagan cumplir el confinamiento, en vigor desde el miércoles 11.

Gracias a facultades legales extraordi narias que les han sido otorgadas por los parlamentos nacionales –“estado de emer gencia” en Francia o Italia, “estado de alarma” en España–, los gobiernos han adquirido poderes excepcionales sólo utilizados en tiempos de guerra.

“Esta situación debe ser temporal. Es impensable que nuestras democracias se transformen en seudodemocracias donde los poderes especiales o los estados de ur gencia deriven en regímenes de excepción o dictaduras”, declaró a la televisión belga Olivia Venet, presidenta de la Liga de los Derechos Humanos.

El jueves 26 el Parlamento de Bélgica aprobó una ley que le confiere “poderes es peciales” al gobierno federal para que pueda tomar disposiciones de urgencia durante seis meses, sin pasar por procesos legislativos.

En el contexto de la pandemia del co ronavirus, los Estados han adquirido un poder inusitado que preocupa a la socie dad civil global. Amnistía Internacional (AI) reiteró el pasado viernes 20, cuando muchos países estaban endureciendo sus normas de reclusión social, que “la mane ra en que los gobiernos decidan responder a la crisis sanitaria impactará en los dere chos humanos de millones de personas”. Aunque “son tiempos extraordinarios”, manifestó AI, “es importante recordar que las leyes de protección de los derechos hu manos son aplicables”.

La estadunidense Human Rights Watch, a su vez, estima que el coronavirus “abre nuevas oportunidades para movilizarse por los derechos fundamentales, la dignidad y la igualdad para todos”. AP photo / Jean-Francois Badias

Autoritarismo

Byung Chul-Han, profesor de la Universidad de Artes de Berlín, afirma que los países asiáticos han salido mejor librados de la crisis gracias a su “mentalidad autorita ria”, proveniente de su “tradición cultural” enraizada en las enseñanzas del confu cianismo que profesa el respeto a las jerarquías sociales, a la familia y al Estado.

CORONAVIRUS /SOCIEDAD

En un muy leído y extenso artículo publicado por el diario español El País el domingo 22, el surcoreano Byung plantea que los habitantes de Japón, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur son más “obedientes” que en Europa y forman sociedades estric tamente organizadas, además de que, a diferencia de los europeos, no cuentan con la misma conciencia crítica frente a la extre ma vigilancia digital del Estado, que jugó a favor de la contención de los contagios (con millones de cámaras, drones y servicios de telefonía móvil para identificar y rastrear pacientes a través de los datos personales). El surcoreano responde a un colega su yo, el esloveno Slavoj Zizek, quien sostiene que la epidemia podría generar tanto la caída del régimen chino como del sistema capitalista, al que le seguiría la instaura ción de un “oscuro comunismo”.

Byung pronostica que no será así. “El capitalismo –escribe– continuará aún con más pujanza” porque la epidemia “aísla e individualiza” a la sociedad en lugar de ge nerar un sentimiento colectivo fuerte que promueva un cambio de sistema. Lo mis mo, dice, sucederá con el régimen chino, “que podrá vender ahora su Estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia”, que incluso podría ser replica do en Occidente.

“Si llegara a suceder eso, el estado de excepción pasaría a ser la situación nor mal”, previene Byung citando al filósofo italiano Giorgio Agamben, estudioso y acérrimo crítico de esa figura de gobierno. “Entonces –concluye–, el virus habría logrado lo que ni siquiera el terrorismo is lámico consiguió.”

El historiador israelí Yuval Noah Hara ri refirió en un ensayo publicado el viernes 20 en The Financial Times que el mundo de berá elegir entre dos opciones particularmente importantes. La primera, expone, es “entre la vigilancia totalitaria o el empode ramiento ciudadano”, y la segunda es “entre el aislamiento nacionalista o la solidaridad global”.

Más poder

El portal estadunidense Político reveló el viernes 20 que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado al Con greso la promulgación de una ley que autorizara, durante la emergencia sanitaria, la suspensión del derecho constitucional que tienen los detenidos en ese país de compa recer de inmediato delante de un juez para que evalúe la legalidad de su arresto.

Pidió igualmente que se le permitiera al gobierno negarle asilo a los inmigrantes que resultaran positivos al covid-19. Esa petición, adelanta Político , no pasa rá con un Congreso de mayoría demócrata. Al otro lado del Atlántico se han pren dido las alertas del Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y de grupos defen sores de derechos humanos por la pretensión del primer ministro húngaro, el nacionalista Viktor Orbán, de mantener en vigor por tiempo indefinido los decretos que haya emitido en virtud del estado de emergencia. El proyecto de ley que debe examinar el Parlamento, donde el partido de Orbán tie ne mayoría, prohibiría las elecciones intermedias y los referendos, además de que aumentaría las penas (entre uno y cinco años

París. Asedio a las farmacias

La fiebre ANNE MARIE MERGIER

del Plaquenil

PARÍS.- “¡Es una locura! ¡Después de los supermercados, miles de franceses empiezan a asediar las farmacias!” Gerald B., farmacéutico en el distrito 20 de París, no puede creerlo. Es la primera vez en 15 años de carrera que vive semejante situación. Desde las 09:00 hasta las 20:00 horas su teléfono suena ininterrum

pidamente y 90% de sus interlocutores le preguntan con voz angustiada si tiene Plaquenil. “Apenas les digo que no me queda una sola caja, cuelgan furibundos sin despedir se”, confía a la corresponsal al tiempo que echa una mirada preocupada a la larga fila afuera de su farmacia.

“Estoy seguro de que buena parte de

de prisión) por difundir “hechos falsos o ver daderos distorsionados” de una manera que pueda “impedir o frustrar” la eficacia de las medidas contra el coronavirus, lo que pon dría en riesgo de cárcel a los periodistas que publiquen información distinta a la oficial. Otros gobiernos han logrado implan tar medidas contra la propagación del covid-19 que podrían considerarse desproporcionadas o de uso político.

El gobierno de Israel, uno de los prime ros en tomar medidas drásticas que han contenido la expansión del virus, también ha sido acusado de actuar a favor de in tereses políticos en medio de la urgencia. Aprovechando la coyuntura, el minis tro de Justicia ordenó el cierre de los tribunales para postergar el inicio del juicio contra el primer ministro Benjamin Ne tanyahu, quien está imputado por actos de corrupción.

Los servicios de seguridad, además, estaban utilizando sin el consentimiento parlamentario una tecnología digital al tamente invasora –y reservada a combatir terroristas– para rastrear a las personas infectadas de coronavirus y ordenar a quienes hubieran estado cerca, poner se en cuarentena. Los grupos defensores de las libertades civiles llevaron el caso a la Suprema Corte, que decidió detener el programa hasta que los parlamentarios lo autorizaran.

Como escribió la historiadora Catheri ne Vincent en la edición del viernes 20 del periódico francés Le Monde , “la progresión estas personas me van a pedir lo mismo… De seguir así, voy a tener que pegar un cartel en la vitrina para avisar que ya no tengo Pla quenil y que sigo careciendo de mascarillas de protección y de gel hidroalcohólico.” El de Gerald B. dista de ser un caso aislado. En Francia todos sus colegas enfrentan el mismo incremento de pedidos apremiantes, en ciertos casos histéricos, de Plaquenil.

Según los voceros de Sanofi, laboratorio galo que fabrica ese medicamento, el au mento de la demanda es de 5 mil por ciento. Todo empezó a finales de febrero con la difusión en YouTube de un video en el que el profesor Didier Raoult, director del Instituto de Infecciones del Mediterráneo de Marsella, presentó resultados –que calificó de “alenta dores”– de un tratamiento contra el covid-19 a base de hidroxicloroquina (comercializada bajo la marca de Plaquenil) asociada con el antibiótico azirtromicina. En un experimento con 24 pacientes, 75% de ellos salieron sin huella de infección después de haber toma do durante seis días Plaquenil, medicamento diseñado originalmente contra la malaria, el lupus y la artritis reumatoide.

“El fenómeno creció más cuando el público se enteró de que el ministro de Salud autorizó el uso del fármaco en los servicios de urgencias de los hospitales para atender los casos más graves de covid-19. Y se aceleró de manera vertiginosa a partir del pasado domingo 22, cuando se supo que el

AP photo / Michel Euler fulgurante de la epidemia del covid-19 lo confirma cada día más: el respeto de las libertades públicas de los ciudadanos, el principio en el corazón de las democra cias, es difícilmente compatible con la gestión sanitaria de una crisis de esta amplitud”.

CORONAVIRUS /SOCIEDAD

Plaquenil era probado junto con otros cuatro tratamientos en seis países europeos, dentro del programa Discovery coordinado por la Organización Mundial de la Salud”, explica Gerald B., mientras una de sus asistentes responde con estoicismo a las incesantes llamadas telefónicas.

En Francia el Plaquenil sólo se puede adquirir con prescripción médica, pero repentinamente miles de recetas surgieron en todo el país, denuncian asociaciones de farmacéuticos que sospechan de “una epi demia de prescripciones de complacencia”. “No me consta personalmente –dice Ge rald B.–, pero me enteré por colegas de que médicos generales que atienden diariamen te a sus pacientes sin guantes ni mascarillas se autorrecetan Plaquenil para protegerse y cuidar de rebote a sus familias. Gran parte de la gente que a mí me pide ese medica mento no tiene prescripción. ¡Piensa que les puede servir como tratamiento preventivo!” “La situación amenaza con tornarse dramática”, advierte Johanna Closcard, presidenta de la asociación Lupus Francia, afectada desde hace 17 años por esa enfer medad autoinmune que le ocasiona graves problemas de riñones y piel, además de terribles dolores en las articulaciones.

“Somos 40 mil enfermos crónicos en Francia y todos necesitamos tomar dosis diarias de Plaquenil –enfatiza–. Para algunos de nosotros es una cuestión vital. Desde hace varios días recibo llamadas desespera das de miembros de nuestra asociación: la escasez es absoluta en todo el país.”

Sanofi asegura que ya puso en marcha mecanismos de control –no precisa cuá les– que le permiten eliminar las solicitudes abusivas. Según sus directivos, los pacientes crónicos no tienen nada que temer, muy pronto se surtirá a las farmacias.

“¿Qué tan pronto?”, se pregunta, escéptica, Closcard...

La Agencia Nacional de Medicamen tos y Productos de Salud vigila de cerca la evolución de los pedidos de esa droga cada vez mas cotizada y acaba de prohi bir su exportación por los distribuidores mayoristas.

Por su parte, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude está en pie de guerra. Hasta la fecha no ha detectado ventas ilícitas de Plaquenil, pero las investigaciones que llevan a cabo con la policía de varios países de la Unión Europea le permitieron descubrir un gigantesco mercado electrónico de su puestos medicamentos antivirales, así como de mascarillas de protección y gel hidroalco hólico de pésima calidad.

Y la Interpol afirma haber desmantelado entre el martes 3 y el martes 10 varias redes criminales de venta en línea de antivirales falsificados, entre ellos Plaquenil. En estos operativos se detuvo a 121 traficantes y se decomisaron 14 millones de dólares en pro ductos potencialmente peligrosos.

En Senegal, Benín, Camerún, Burkina Fasso y Níger las multitudes se precipitan a los mercados informales de medicinas para buscar cloroquina, remedio antipalúdico muy conocido en África. No consiguen Plaquenil, sino derivados fabricados en la India y Níger. Pero en la mayoría de los casos se les ven den drogas caducas. Si de casualidad logran comprar un medicamento decente, de igual forma corren peligro porque lo toman fuera de todo control médico.

El 23 de marzo las autoridades sanita rias de Níger dieron a conocer la muerte de dos hombres por sobredosis de cloroquina. El mismo día un estadunidense oriundo de Arizona murió después de ingerir el fosfato de cloroquina que usaba para limpiar su pecera. En los tres casos los familiares de los difuntos explicaron que se habían automedi cado después de haber escuchado a Donald Trump cantar loas al fármaco. O

Imputados por la compra Joaquín Coldwell Ochoa Reza

de Agronitrogenados

Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía; Enrique Ochoa Reza, exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad, y Miguel Messmacher Linartas, exsubsecretario de Ingresos de Hacienda –y brazo derecho de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda–, están imputados desde julio pasado en una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República por la compra fraudulenta de la planta chatarra Agronitrogenados.

MATHIEU TOURLIERE A l igual que Emilio Lozoya Austin y sus excolaboradores en Pemex, integrantes del pri mer círculo del expresidente Enrique Peña Nieto aparecen “imputados” en una denuncia que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso en julio último ante la Fis calía General de la República (FGR).

Entre los señalados figuran Pedro Joa quín Coldwell, exsecretario de Energía; Enrique Ochoa Reza, exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad y expresidente nacional del PRI, y Miguel Messmacher Linartas, exsubsecretario de Ingresos de Hacienda y brazo derecho de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Ha cienda y excanciller.

Según el Dictamen Técnico en el que se basó la denuncia –cuya copia tiene Proceso –, éstos forman parte de un grupo de 37 personajes que “participaron me diante conductas activas o pasivas” en la compra de la planta “chatarra” de Agro nitrogenados a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira Eli zondo, con un sobreprecio inicial de 93 millones 183 mil dólares, la cual desen cadenó pérdidas multimillonarias en Pemex y sigue sin producir fertilizante por falta de gas natural.

El dictamen técnico que soporta la denuncia

CORRUPCIÓN

Messmacher Linartas

La ASF sostiene que Coldwell, Ochoa Reza y Messmacher, junto con los demás integrantes del Consejo de Administración de Pemex que sesionó el 17 de diciembre de 2013, aprobaron una resolución “planchada” por el equipo de Lozoya, la cual establecía un precio de 275 millones de dólares por la compra de la empresa de fertilizantes –basado en avalúos inflados– y un valor inverosímil de 200 millones de dólares para su rehabilitación.

El delito, según la ASF, residió en las cifras y en que el plan de Lozoya y su equipo encargaba la adquisición y operación de Agronitrogenados a una estructura offshore de Pemex –Grupo PMI–, pese a que ninguna de las empresas “tiene relación con el objeto para el cual se haría la adquisición”, y que por ley le correspondía a Pemex Petroquímica asumir el proyecto. La ASF sostiene que los consejeros “tenían el deber de informar de la realización de hechos fuera de la norma que lo regula”; es decir, tenían que rechazar la propuesta de Lozoya, pasar el proyecto al Comité de Estrategia e Inversiones para que lo revisara y, en caso de conseguir luz verde, dejarlo a Pemex Petroquímica. Pero no ocurrió así. La estructura offshore de Pemex opera en completa opacidad, sin rendir cuentas al consejo de administración, a los órganos de vigilancia de la petrolera –mucho menos a la sociedad mexicana–, y usa a discreción sus recursos multimillonarios, según documentó la misma ASF en un informe publicado el pasado 20 de febrero (Proceso 2260). En la sesión del consejo de administración participaron los funcionarios citados más los subsecretarios Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez y José Rogelio Garza Garza, cinco consejeros profesionales, cuatro representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) –entonces dirigido por Carlos Romero Deschamps– y cinco directivos de Pemex. Lozoya les explicó que la operación se canalizaría vía PMI porque “había premura del gobierno federal para realizar la producción de fertilizantes lo más pronto posible”. Aprovechó su ponencia para destacar que “se trataba de un proyecto prioritario para el gobierno de la República” y que “sería muy buen negocio para Pemex”. Además, expresó su agradecimiento a la Secretaría de Energía por “todo el apoyo en su conceptualización”.

Ésta es la segunda denuncia que involucra a Coldwell por supuestos fraudes realizados en Pemex y avalados por el Consejo de Administración de la petrolera mientras él presidía ese organismo.

En marzo de 2019 Martha Edith Rodríguez Acosta, apoderada legal de Pemex, señaló en una denuncia de hechos ante la FGR que el exsecretario de Energía presidió la sesión en la que se aprobó la adquisición a sobreprecio de Grupo Fertinal –un caso que involucró al empresario Fabio Massimo Covarrubias Piffer y al multimillonario Ricardo Salinas Pliego (Proceso 2229)–.

Cadena de mando

Nafinsa y Bancomext El arte de la opacidad

MATHIEU TOURLIERE

En tiempos de la Cuarta Transformación, Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Mexicano de Comercio Exte rior (Bancomext) despliegan esfuerzos legales y financieros para ocultar información clave sobre los dos créditos –por 635 millones de dólares– que otorgaron a Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para la com pra a sobreprecio de Grupo Fertinal.

Desde octubre pasado el Instituto Nacio nal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (INAI) ordenó en cuatro ocasiones a estas dependencias que levanten el secreto ban cario sobre este caso y entreguen los documentos relativos a los créditos, que Proceso solicitó mediante la plataforma nacional de transparencia.

Las cuatro instrucciones del INAI se encuentran congeladas y la información per manece oculta. En dos, Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, consiguió suspensiones mediante juicios de amparo, con el argumento de que entregar la infor mación representaría una “grave violación a

sus derechos sustantivos”; en las otras dos, Bancomext contrató por 600 mil pesos a un despacho de abogados para interponer juicios de amparo en su nombre.

Tanto Banco Azteca como Salinas Pliego estuvieron involucrados en el Proyecto Kimo ra, la operación de compraventa de Grupo Fertinal: el banco y Arrendadora Internacional Azteca, otra empresa de Grupo Salinas, eran unos de los acreedores de una deuda de 406 millones de dólares que Pemex absorbió cuando compró la empresa y el multimillona rio controlaba 29% de sus acciones mediante sociedades de papel instaladas en Suecia y Bélgica (Proceso 2229). En uno de los dos contratos de crédito, celebrados el 22 de diciembre de 2015, Banco Azteca aportó 127 millones 600 mil dólares, mientras Nafin y Bancomext partici paron en los dos contratos y aportaron 507 millones 400 mil dólares en total; el préstamo –del que Pemex se hizo garante– establecía que la empresa de fertilizantes era “solvente” y que sus estados financieros eran confia bles, lo que resultó falso.

delitos, de haber “confabulado” en la adquisición a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados.

En el expediente que la FGR tiene con tra el exdirector de Pemex figura el presunto pago de 3.4 millones de dólares de sobornos que AHMSA habría enviado a Lo zoya mediante la sociedad de papel Tochos Holding; presuntamente, usó parte de ese dinero para comprar una lujosa casa en el fraccionamiento Lomas de Bezares. La FGR sostiene que la adquisición de Agronitro genados fue un “favor” que Lozoya devolvió a Ancira.

Ancira. Fraude en México, captura en España Pemex y la Secretaría de la Función Pú blica (SFP) han documentado que la compraventa de Grupo Fertinal se llevó a cabo con “irregularidades probadas” y que en la operación “se defraudó al Estado”: el 5 de marzo de 2019 la petrolera interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República por un presunto sobreprecio de 193 millones de dólares.

La SFP, por su parte, impuso multas por 3 mil 820 millones de pesos a Édgar Torres Garrido, quien fue asesor de Emilio Lozoya y director de Pemex Fertilizantes, e instruyó a los Órganos Internos de Control (OIC) de Nafin y Bancomext para que “investiguen presuntas irregularidades relacionadas con la participación de esas instituciones financie ras en las operaciones crediticias relacionadas con el contrato”.

En noviembre pasado este semanario documentó que Nafin –entonces dirigida por Jacques Rogozinski Schtulman– pasó por alto su propia normatividad cuando otorgó el préstamo: Su consejo directivo aprobó una “excepción normativa”, ya que “la adquisi ción de acciones y el refinanciamiento de pasivos no están previstos en el manual de crédito” (Proceso 2245).

Obstáculos

En el sistema nacional de transparencia la petición de información se hace entre un ciudadano y un sujeto público obligado bajo el arbitraje del INAI, que es la autoridad que

Pero la denuncia de la ASF va más allá de Lozoya y Ancira. A lo largo de las 152 cuartillas del dictamen técnico el ente fis calizador realizó un análisis minucioso y cronológico de la adquisición de las plan tas chatarra, desnudó la cadena de mando y responsabilidades al interior de Pemex y estableció una lista de 37 personajes a los que “considera como imputados” por su participación en el fraude.

Lozoya y su círculo de confianza fue ron los principales actores de la compra: Édgar Torres Garrido, quien fue su asesor ejecutivo y posteriormente director de Pe mex Fertilizantes; Carlos Roa Rodríguez, su entonces jefe de asesores; José Manuel Carrera Panizzo, director de la estructura offshore , y Mario Beauregard Álvarez, su di rector corporativo de Finanzas.

La ASF también considera imputados a los integrantes de los consejos de adminis tración de tres empresas offshore de Pemex (PMI Holdings BV, PMI Norteamérica SA de CV y PMI Infraestructura de Desarrollo SA de CV), entre quienes aparecen dos ciuda danos holandeses y dos corredores públicos de la Ciudad de México (Gerardo Francisco Saavedra Silva y Alfredo Trujillo Betanzos), titulares de las Corredurías 50 y 65, respecti vamente, por entregar avalúos inflados.

determina la validez de las solicitudes; una reforma de 2014 otorgó a sus decisiones el carácter de “definitivas e inatacables”.

Aparte de los amparos de Banco Azteca, Bancomext tomó iniciativas propias para ocultar la información. Los pasados 28 de noviembre y 8 de enero la dependencia adjudicó dos contratos de 200 mil pesos y 400 mil pesos –más IVA– al despacho de abogados Morales Heyser y Asociados, SC, para “la contestación, atención y seguimien to hasta su total conclusión” de juicios de amparo indirectos contra las resoluciones del INAI, con el único propósito de no entregar los documentos.

De acuerdo con estos contratos, que Proceso obtuvo a través del sistema de transparencia, Bancomext realizó ocho pagos al despacho para llevar a cabo los amparos; en sus “Propuestas de Servicios y Cotización de Honorarios” –que Bancomext entregó prácticamente tachadas del todo–, la firma recordó que la justicia ha determinado en el pasado que las dependencias y funcionarios no tienen “interés jurídico” para interponer amparos contra resoluciones del INAI.

Los obstáculos que puso Bancomext no terminaron ahí: el pasado 17 de febrero el INAI ordenó a la dependencia que, en un pla zo máximo de 10 días hábiles, entregara al reportero los avalúos de Grupo Fertinal con base en los cuales se estableció el precio inflado que Pemex pagó por la empresa.

El plazo para que Bancomext liberara la información vencía el lunes 2; sin embargo,

Por mandato, el ente fiscalizador sólo pudo investigar en los asuntos internos de Pemex y no fincó responsabilidades a ac tores externos a la petrolera. Sin embargo, recordó que la adquisición de Agronitroge nados –y la de Grupo Fertinal– se realizó en seguimiento del Compromiso 59 que Peña Nieto formuló durante su campaña y que quedó plasmado en el Pacto por México, el cual consistía en reforzar el papel de Pemex en la producción nacional de fertilizantes. La ASF tampoco indagó sobre el crédi to de 390 millones de dólares que Nacional Financiera (Nafin) –entonces dirigida por Jacques Rogoziski Schtulman y adscrita je rárquicamente a la SHCP de Luis Videgaray Caso– otorgó a Pemex para la compra de la planta, y sin los cuales la operación no se hubiera concretado.

La “ganga”

La ASF documentó el proceso que llevó a Pemex a pagar 273 millones de dólares por las plantas de Agronitrogenados, cuando todos los documentos, estudios y avalúos anteriores establecían un precio de entre 200 y 250 millones de dólares.

El 19 de julio de 2013, por ejemplo, Arend Van Nieuwland, consejero holandés de la fi el 21 de febrero la subdirectora Jurídica del Corporativo Bancomext solicitó al INAI una prórroga de 10 días hábiles “con la finalidad de estar en posibilidad de dar cumplimiento a la resolución indicada al rubro”. Con el nuevo plazo, la dependencia tuvo hasta el lunes 16 para entregar los avalúos.

De manera inexplicable el jueves 12 un juzgado decidió una suspensión provisional para frenar la entrega de la información. Sin el plazo extra de 10 días, Bancomext no hubiera tenido otra opción que entregar la información, pues ninguna decisión judicial se lo impedía todavía.

Informada sobre la maniobra de Bancomext para ganar tiempo, el OIC del banco de desarrollo tomó cartas en el asunto y el martes 17 abrió la investigación 2020/ BANCOMEXT/DE8.

Secreto bancario

El ocultamiento de la información en Nafin y Bancomext se inició durante la gestión de Eugenio Nájera Solórzano en la banca de desarrollo y continuó con su sucesor Carlos Noriega Romero, a partir del miércoles 4. Ambos son cercanos a Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Las resistencias empezaron a raíz de cuatro solicitudes de información, que Proceso envió a Nafin y Bancomext en julio y octubre pasados: En las primeras dos se pidieron los expedientes de los dos créditos otorgados a Grupo Fertinal, Pemex y PMX

lial PMI Holdings –con sede en Holanda–, expresó sus dudas respecto de los 250 mi llones de dólares que el equipo de Lozoya pedía para comprar la planta, un costo que el consultor consideró “alto”.

Carlos Roa Rodríguez, jefe de aseso res de Lozoya, le aseguró que el precio era

CORRUPCIÓN

Fertilizantes del Pacífico en diciembre de 2015; en las otras dos se pidió copia de ava lúos utilizados para autorizar los créditos.

En su informe 468-DE, publicado en enero de 2018, la Auditoría Superior de la Federa ción observó que entre 2010 y 2013 Grupo Fertinal reevaluó en cuatro ocasiones sus activos, con lo que agregó 690 millones dó lares a su valor de compra. Sin estas revaluaciones, abundó el ente fiscalizador, “el capital contable de la empresa sería negativo”. La consultora PriceWaterhouseCoopers deter minó, previo a la adquisición de la empresa por parte de Pemex, que “no es común que el valor de la maquinaria se revalúe varios años, ya que no hay razones aparentes para que aumente el valor de estos activos”.

En las cuatro solicitudes de información mencionadas, Nafin y Bancomext se negaron a entregar los documentos en primera ins tancia, aludiendo que son “confidenciales” por estar amparados por el secreto bancario. Este semanario impugnó sus respuestas y en noviembre y febrero pasados el INAI analizó los casos.

Tras elaborar amplios alegatos, el orga nismo determinó que existe un “fin constitucionalmente válido para dar a conocer los documentos” y resaltó que “la publicidad de la información debe prevalecer frente a su confidencialidad del secreto bancario”; además, planteó que “la información reviste un interés especial, pues se relaciona con la adquisición irregular de una empresa orienta da a la explotación de recursos naturales”. O producto de un cálculo “conservador” y que “ciertamente estaría sujeto a nuevas negociaciones que posiblemente podrían traer una reducción (significativa)”.

Esta reducción “significativa” pare ció concretarse, pues el 1 de noviembre de 2013 el mismo Roa informó al Consejo de Reuters / Jon Nazca

CORRUPCIÓN

Administración de PMI Holding BV que el “propietario” de las plantas –es decir, AHM SA– calculó el precio de adquisición en 220 millones de dólares; 30 millones de dólares menos que el monto presentado en julio.

Inexplicablemente, el 9 de diciembre de 2013 los consejos de administración de PMI Norteamérica y PMI Infraestructu ra y Desarrollo, en los que Carrera Panizzo y Carlos Caraveo Sánchez tenían asiento, respectivamente, autorizaron crear una sociedad ad hoc para comprar los activos de Agronitrogenados, cuyo precio anun ciaron en 275 millones de dólares.

En otras palabras: en poco más de un mes funcionarios de Pemex avalaron gas tar 55 millones de dólares más que el monto previamente planeado, “sin que se advierta la razón del incremento”, según la ASF. Después de un ligero reajuste poste rior a la firma del contrato, el precio se estableció en 273 millones de dólares por la planta, más 41 millones de dólares de IVA. Este costo fue avalado y confirmado por Gerardo Francisco Saavedra Silva y Alfre do Trujillo Betanzos, dos corredores públicos de la Ciudad de México cuyos estudios correspondían “exactamente” con el mon to pactado y representaban una “condición ventajosa” para el vendedor, según la ASF.

Llama la atención que, tanto en el caso de Agronitrogenados como en el de Gru po Fertinal, en los meses previos a que Pemex adquiera las empresas el valor de éstas subió inexplicablemente en montos que rondan los 50 millones de dólares. Am bas compañías fueron absorbidas por Pemex Fertilizantes, una filial de Pemex que desde su creación –en septiembre de 2015– a la fecha perdió 99.2% de su patrimonio, el cual pasó de 28 mil millones de pesos a apenas 227 millones en 2018, año en el que todavía perdió 2 mil 839 millones de pesos en su operación.

La ASF señaló que el mismo Carrera Pa nizzo pidió de manera explícita al Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Na cionales que inflara el valor de Agronitrogenados antes de que Pemex la comprara. El 27 de noviembre de 2013 solicitó al arquitecto valuador que en sus cálculos considere a la empresa como un “nego cio en marcha”, a sabiendas de que llevaba una década y media sin operar. Esta peti ción no era inocente, pues al considerar la empresa como “negocio en marcha” se dis paró el precio calculado en 61%; de un plumazo pasó de 181 millones 816 mil dólares a 293 millones 794 mil dólares.

Lo más absurdo del caso es que nin guna de las evaluaciones sobre el valor real de Agronitrogenados tenía susten to sólido. Nadie inspeccionó de cerca el estado deplorable en el que se encontra ba la maquinaria, dado que AHMSA nunca otorgó permiso para abrir los equipos. No fue sino hasta un año después de la Agronitrogenados. Estafa con chatarra

compra de Agronitrogenados, entre ene ro y noviembre de 2015, que Pemex realizó las evaluaciones de las condiciones de los bienes y se determinó que 60% de los activos era basura y debía reemplazarse.

Huella del Real Madrid

La denuncia de la ASF y el dictamen técnico abren pistas para que la FGR extienda las investigaciones hacia otras latitudes. Entre los interrogantes figura, por ejem plo, la participación de las empresas Cobra y Avanzia Instalaciones en la reha bilitación de la planta, pues obtuvo el contrato para rehabilitar la plantea con base en una propuesta económica inverosímil. Cobra y Avanzia son filiales del grupo español ACS, propiedad del multimillona rio Florentino Pérez, magnate de la construcción y dueño del club de futbol Real Madrid, cuyas empresas obtuvieron al menos 27 contratos públicos federales por un monto de 84 mil 709 millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (Proceso 2225). En septiembre de 2013 Edgar Torres Garrido envió correos electrónicos a las empresas ICA, Technip y Randall Nelson solicitándoles cotizaciones para las obras de rehabilitación de Agronitrogenados.

La primera mandó una propuesta con varios escenarios –cuyos montos iban en tre 197 millones de dólares y 234 millones–, pero advirtió que “nos resulta complicado determinar un precio alzado para la reha bilitación de la planta sin contar con un cierto grado de avance en la ingeniería a partir de los análisis y diagnósticos que consideramos necesarios”. Además, indi có, “derivado de una serie de compromisos adquiridos previamente no podrían com prometerse con este proyecto”.

Technip de plano contestó que sería imposible cumplir con los plazos y los cos tos de Pemex, pues calculó que las obras tardarían al menos tres años y difícilmen te costarían menos de 525 millones de dólares. Por lo anterior se negó a entregar una cotización técnica-comercial. Randall Nel son tampoco envió su proyección.

Pese a que Torres Garrido no le invitó a participar en el proyecto –o al menos la ASF no lo documentó–, la empresa ACS en vió una cotización el 11 de octubre de 2013 en la cual aseguró que podría rehabilitar la planta en un año por 2 mil 535 millones de pesos, equivalentes a 195 millones de dóla res, poquito más de los 182 millones de dólares que Pemex había imaginado.

Había antecedentes que ponían en ri dículo esta propuesta: en octubre de 2013 la Dirección Corporativa de Operaciones de Pemex calculó el valor de la rehabili tación en al menos 406 millones de dólares; la consultora Booz & Company evaluó el costo en más de 345 millones de dólares y advirtió que era alta la probabilidad de destruir el valor económico de concretar se la compra de la planta.

El 29 de agosto de 2014 Pemex otor gó el contrato a Cobra y, lógicamente, el monto fue insuficiente. El 26 de agosto de 2015 Torres Garrido informó al Conse jo de Administración de PMI Holdings que la empresa española había revisado sus cálcu los y planteaba ahora una inversión de 469 millones de dólares para rehabi litar la planta, por lo que pidió –y obtuvo– que Pemex inyectara 285 millones de dólares adicionales al proyecto.

Mediante tres convenios modificato rios, el monto de la rehabilitación se disparó en al menos 453 millones 199 mil dólares, el plazo de entrega se pospuso más de tres años, se excluyeron varias obras y finalmente sólo se rehabilitaron dos de las cinco plantas.

A la fecha, la empresa –ahora llamada Pro-Agroindustria– sigue con una deuda de 250 millones con Nafin y no produce ferti lizante porque Pemex no tiene gas natural, bióxido de carbono ni amoniaco en canti dades suficientes para abastecerla.

una obsesión Espiar a Julio Scherer,

RODRIGO VERA L a llamada Guerra Sucia en México no sólo implicó la persecución a los disidente políticos que optaron por la lucha armada, sino también un fuerte espionaje a algunos periodistas críticos del gobierno, entre ellos a Julio Scherer García, quien desde años antes de ser director de Excélsior empezó a ser vigilado por agentes de la ya extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), un espionaje que se prolongó hasta bien entrados los ochenta, cuando don Julio era director de Proceso . Esta historia se relata en el episodio que abre la serie televisiva Confidencial. Expedientes de la Guerra Sucia , la cual ten

Durante casi tres décadas, agentes de la Dirección Federal de Seguridad tuvieron una obsesión por espiar a don Julio Scherer García, sobre todo en el sexenio de Luis Echeverría. El periodista siempre lo supo, comenta el exdirector de este semanario Rafael Rodríguez Castañeda, quien conduce los cinco primeros episodios de Confidencial. Expedientes de la Guerra Sucia, una coproducción de este semanario con TVUNAM que se inicia el 1 de abril y se centra en cinco personajes: el director fundador de Proceso , Genaro Vázquez, Heberto Castillo, Rosario Ibarra y Javier Barros Sierra.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

drá cinco episodios y es realizada conjuntamente por Proceso y TVUNAM. El exdirector de este semanario y conductor de la serie, Rafael Rodríguez Castañeda, dice sobre el objetivo de este primer episodio: “Nuestra idea es que la Guerra Sucia no sólo fue la persecución a los disidentes políticos que optaron por la lucha armada, sino que también se extendió a los medios de comunicación, en particular a Excélsior dirigido por Scherer, pues el diario se había convertido en el ojo más crítico del sistema.

“Así, la mano represiva del Estado llegó a extenderse a los medios de comunicación. Y muy particularmente, contra don Julio Scherer se tuvo una obsesión por espiarlo, la cual llegó a convertirse en persecución, sobre todo durante el gobierno de Luis Echeverría”.

–¿Fue entonces su postura crítica la que lo hizo blanco del espionaje?

–Sí, así fue. Y esto lo dicen algunos especialistas entrevistados en ese reportaje televisivo, el cual está sustentado en memorándums y fichas elaboradas por agentes o por los propios jefes de la Federal de Seguridad, las cuales era remitidas al secretario de Gobernación en turno.

Por su lado, Óscar Estrada, director de la serie, refiere que él y otros dos investigadores estuvieron consultando estos expedientes de la DFS y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). “Estos expedientes de la Guerra Sucia están actualmente en el Archivo General de la Nación. Para realizar la serie, estuvimos consultándolos y seleccionando material durante seis meses”, dice Estrada.

Los archivos, agrega, dan testimonio de “la represión, el espionaje y la persecución” que también padeció Julio Scherer.

Guionista de la serie junto con Estrada, Rodríguez Castañeda refiere: “Don Julio Scherer fue objeto de persecución física durante varios años. Los agentes lo seguían paso a paso: se enteraban con quién se reunía, a quién visitaba y de qué hablaban. Fueron muchos los documentos que al respecto se encontraron en el Archivo General de la Nación”.

–¿Desde cuándo existen reportes de espionaje?

–Desde 1959, cuando todavía Scherer era reportero. Por ejemplo, en marzo de ese año el propio director de la DFS reportó su cobertura de un movimiento disidente dentro del sindicato petrolero. También ese año, en una ficha se da cuenta de la reunión que tuvo con Vicente Lombardo Toledano, en el que éste le cuenta sus contratiempos en el extranjero aún cuando disponía de pasaporte diplomático.

Los reportes

De 1973, ya siendo Scherer director de Excélsior, existe el reporte de una comida que tuvo con Víctor Manuel Villaseñor, director de Ferrocarriles Nacionales de México, en el restaurante Normandie, muy frecuentado en aquella época por la clase política.

“En ese reporte se describe minuciosamente cómo Villaseñor llega al restaurante y desciende del automóvil, mientras su chofer se queda esperándolo. También cómo, por otra esquina, llega don Julio caminando a la cita. Relata las cosas intrascendentes que ambos conversan al inicio del encuentro. El agente firmante señala que el resto de la conversación fue en voz tan baja que no la pudo grabar”, comenta Rodríguez Castañeda.

Señala que también hay reportes de agentes de la DFS en los meses previos al golpe contra Excélsior, de 1976, orquestado por Luis Echeverría y que obligó a Scherer a dejar la dirección del diario.

Prosigue Rodríguez Castañeda: “Don Julio siguió siendo espiado en su etapa como director de Proceso por la Dirección Federal de Seguridad y luego por el Cisen, que la sustituyó y continuó con sus prácticas de espionaje”.

De esa época, dice, “existe un documento de cómo lo observan en su encuentro con el embajador de Cuba en México, en el Hotel Aristos”.

Hay otro reporte –dice– relativo a la ocasión en que, en 1983, José Antonio Zorrilla, director de la DFS, llegó a las oficinas de Proceso a amenazar a la revista y a Scherer para que no se publicara un reportaje relativo a la familia de su jefe Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación. “Obviamente que Bartlett, a través de su sistema de espionaje, se enteró de que se planeaba publicar ese reportaje”, dice Rodríguez Castañeda.

Indica que, como titulares de la DFS, Zorrilla, Miguel Nazar Haro y Fernando Gutiérrez Barrios tuvieron “un papel muy importante en materia de espionaje durante la Guerra Sucia”.

–¿A Scherer se le espiaba tanto en su vida profesional como personal?

–Sí, por supuesto, sabían de sus actividades personales. Por ejemplo, los agentes narran su costumbre de ir a nadar al Deportivo Chapultepec. A qué horas llegaba, a qué horas salía, con quién iba después a desayunar.

“En los reportes también se daba cuenta de los viajes que hacía con su familia. Hasta el número de pasaporte que tenían”.

–¿Encontraron reportes de espionaje telefónico?

–Sí, claro. Éste era muy marcado. Dos de los entrevistados en el programa televisivo, Jorge Carrillo Olea y Fritz Glockner, relatan que en aquel tiempo era muy fácil interferir las líneas, sobre todo porque Teléfonos de México era propiedad del Estado y estaba al servicio del gobierno. Los agentes de la Federal de Seguridad llegaban incluso a disfrazarse de trabajadores de Teléfonos de México para manipular las cajas de contactos telefónicos que había en las calles. Así lograban interferir las llamadas.

–¿Puede decirse entonces que hay reportes de Scherer vigilado desde 1959 hasta los años ochenta?

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Archivo Ulises Castellanos Benjamín Flores Archivo

Vázquez, Castillo, Ibarra y Barros Sierra. Espionaje a nuestra historia

–Sí, hasta muy avanzados los años ochenta. En 1985 desaparece la Federal de Seguridad y la sustituye el Cisen, que lo siguió vigilando. Fue una obsesión de los gobiernos en turno el tenerlo bien vigilado. Y Echeverría, recalco, llegó al extremo de convertirse en un verdadero perseguidor de don Julio.

Las entrevistas

Jefe de redacción y luego director de Proceso durante veinte años, Rodríguez Castañeda tuvo muchísima cercanía con Scherer, quien –señala– estaba consciente de que era espiado.

“Don Julio sabía perfectamente que era interferido. Se resignaba a ello, comentando en ocasiones: ‘Así son éstos’”, dice Rodríguez Castañeda.

Para el documental sobre Scherer, refiere, entrevistó a Carrillo Olea, quien fue subsecretario de Gobernación; al historiador y periodista Fritz Glockner, especializado en la Guerra Sucia; al periodista Juan Veledíaz, autor de dos libros sobre las Fuerzas Armadas; a Édgar Paul Ríos Rosas, investigador del AGN; y a Rogelio Flores, encargado del archivo documental de Proceso , ya que el programa recoge material publicado en el semanario, así como en libros del mismo Scherer, como Tiempo de saber y La terca memoria , relacionados con sus recuerdos. Para ilustrar el programa, también se recurrió a material fotográfico del departamento de fotografía del semanario, a cargo de Marco Antonio Cruz. “Es un reportaje televisivo un poco al estilo de la revista, realizado con TVUNAM de manera conjunta”, dice Rodríguez Castañeda. El director Óscar Estrada adelanta que el programa –de media hora de duración– se trasmitirá por TVUNAM el próximo miércoles 1 de abril, a las 20:30 horas. Y el domingo siguiente habrá una repetición a las 19:30 horas.

Estrada, quien concibió la idea original de la serie Confidencial. Expedientes de la Guerra Sucia , relata que su intención es aprovechar los expedientes del AGN y otros documentos relativos a esa etapa de nuestra historia.

“Sigue siendo una tarea pendiente del Estado y de la sociedad mexicana descubrir qué pasó en el periodo de la Guerra Sucia”, comenta. TV UNAM /Proceso

Agrega que, durante las charlas que sostuv o con Rodríguez Castañeda e Iván Trujillo, director de TVUNAM, se fueron definiendo los cinco personajes de los respectivos episodios que comprende la serie: Julio Scherer, Genaro Vázquez, Heberto Castillo, Rosario Ibarra y Javier Barros Sierra.

Apunta al respecto: “Escogimos a estos cinco personajes porque representan a cinco sectores de la sociedad mexicana: un periodista, un dirigente político guerrillero, un dirigente político legal, una luchadora por los derechos humanos y el rector de la UNAM durante el movimiento del 68”.

El esquema de cada episodio –agrega el especialista en medios audiovisuales– es presentar primero una corta semblanza del personaje, luego el reportaje y las entrevistas con sus familiares y personas cercanas.

“La idea es hacer unas cinco entrevistas por episodio. Y nadie mejor que Rafael Rodríguez para realizarlas y conducir la serie, por su larga trayectoria periodística”, comenta Estrada.

En toda la serie, señala, se recurrirá a los archivos de Proceso y a los de la Filmoteca de la UNAM y la videoteca de TVUNAM.

Estrada adelanta que Confidencial. Expedientes de la Guerra Sucia no se quedará sólo en los cinco episodios ya programados, sino que planean alargarlos a 12.

“Todavía no definimos qué otros personajes incluiremos en esa lista, pues hay miles de expedientes de la Federal de Seguridad, que también llegó a espiar a empresarios, artistas, escritores, intelectuales… a mucha gente”, concluye.

A juicio , la libertad de prensa Caso Assange

LEONARDO BOIX

LONDRES.- Estados Unidos lanzó un ataque sin precedente contra el derecho a la libre expresión de Julian Assange, que no sólo pone en peligro las libertades individuales del fundador de WikiLeaks, sino también amenaza con silenciar a miles de periodistas que tratan de divulgar crímenes de guerra o violaciones graves a los derechos humanos cometidos por gobiernos o fuerzas militares. En entrevista con Proceso, Massimo Moratti, director adjunto de Investigación de Amnistía Internacional (AI), denuncia que el proceso judicial en curso para extraditar a Assange a Estados Unidos tiene como uno de sus principales objetivos “amedrentar” a otros comunicadores para evitar que denuncien crímenes de lesa humanidad.

“El tema de las amenazas a la libertad de expresión de Assange por parte de Estados Unidos debe quedar bien claro. El gobierno estadunidense sólo puede invocar el Artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos siempre y cuando considere que las actividades de Assange a través de WikiLeaks ponen en peligro a la población o la seguridad nacional, y siempre que pueda probar esto ante la ley. Dependerá de las autoridades presentar esta evidencia, y demostrar que los cargos contra Julian tienen validez jurídica. Esto es parte del proceso judicial que estamos viendo actualmente en el Reino Unido”, indica el experto.

Para Moratti lo importante “es que la gente se dé cuenta de que Estados Unidos trata de silenciar a alguien porque denunció crímenes de guerra y de lesa humanidad”, cometidos por ese Estado.

INTERNACIONAL /GRAN BRETAÑA

El resultado del juicio que se le sigue en Inglaterra a Julian Assange –y que está momentáneamente detenido– indicará si para el mundo la protección de los secretos de Estado es más importante que la libertad de prensa y el derecho a la información. El director adjunto de Amnistía Internacional explica a este semanario que Washington lanzó una “implacable persecución” contra el fundador de WikiLeaks, lo que no es sino un ataque en regla contra la libertad de expresión, que puede tener efectos amedrentadores para los profesionales de la comunicación.

un juicio de extradición a Estados Unidos por la publicación en 2010, en su sitio Wiki Leaks, de al menos 250 mil cables secretos de las fuerzas militares, diplomáticas y de los servicios de seguridad de Estados Uni dos. Esos documentos revelaron crímenes de guerra cometidos por las fuerzas esta dunidenses durante las guerras de Irak y Afganistán, como también otras violacio nes a los derechos humanos.

El juicio de extradición se lleva a cabo en la corte de Woolwich, y está en manos de la juez Vanessa Baraitser, quien tras una primera semana de audiencias, del 24 al 28 de febrero, decidió suspender el pro ceso hasta mediados de mayo.

El juicio se reanudará con el énfasis en declaraciones escritas y orales de los tes tigos de ambas partes en conflicto. No se prevé que Assange testifique en esta se gunda fase del proceso.

Lo cierto es que Baraitser negó el per miso para que Assange atienda las audiencias desde los asientos de la defensa; en principio seguirá confinado en la “pecera” de vidrio a prueba de balas que está al fon do de la sala 2 del juzgado de Woolwich.

Tanto la parte acusadora como la de fensa tienen derecho a apelar la decisión que tome la juez, en una causa que podría llegar hasta la Corte de Derechos Huma nos de Estrasburgo.

El veredicto indicará si la libertad de prensa tiene prioridad sobre la protección de secretos de Estado, aunque éstos encu bran abusos de poder, como sugieren los documentos difundidos por WikiLeaks y otros medios internacionales.

Assange permanece detenido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh desde septiembre pasado, tras su captura por Scotland Yard en abril de 2019 en la embajada de Ecuador en Londres, donde había permanecido refugiado siete años. El fundador de WikiLeaks había solici AP photo / Qassim Abdul-Zahra

tado asilo en la embajada de Ecuador para evitar ser extraditado a Suecia por acusa ciones de violación a dos mujeres, causa que más tarde fue suspendida.

Assange temía que si era extraditado a Suecia terminaría deportado a Estados Unidos donde, según él, hubiera enfrenta do la pena de muerte.

“Nos preocupa mucho el caso de Assange por las peligrosas consecuencias globales que pueda tener; por ejemplo la posibilidad de que a partir de ahora mi les de periodistas o activistas de los derechos humanos tengan miedo de divulgar información por crímenes de guerra o vio laciones graves de derechos humanos cometidos por gobiernos o fuerzas armadas, por temor a ser enjuiciados y terminar pre sos”, indica Moratti.

“Lo que nosotros decimos es que aquellos periodistas o individuos que es tén en posesión de dicha información de

importancia tienen la obligación de divulgar ese material. Ciertamente, si Assange es procesado por haber divulgado ese tipo de información a través de su sitio, enton ces esto tendrá un impacto devastador en todo el mundo para otros comunicado res sociales y periodistas. Ellos se sentirían bajo mucha presión y su libertad de expresión estará en riesgo”, continua Mo ratti, uno de los monitores externos del proceso de extradición.

“Amnistía Internacional defiende to das las actividades de grupos que busquen revelar violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. No nos importa qué grupo es, si WikiLeaks u otro; lo importan te es el principio que se aplique”, agrega.

Derechos “cercenados”

Assange enfrenta en Estados Unidos 18 cargos por intento de hackeo y violación

a la Ley de Espionaje por la publicación hace una década de cientos de miles de cables diplomáticos que incluían deta lles secretos sobre las actividades de las fuerzas estadunidenses en Irak y Afga nistán, entre otros temas. Si lo declaran culpable podría enfrentar una sentencia de hasta 175 años de cárcel.

Assange está acusado además de ha ber trabajado junto a la exanalista de la inteligencia estadunidense Chelsea Manning para divulgar documentos cla sificados del Ejército.

“Pedimos a Estados Unidos que retire los cargos de espionaje contra Julian Assange. Incluso si esos cargos siguen en pie, Assange no debería ser extradi tado a Estados Unidos y, por el contrario, debería ser puesto en libertad. Esto último es un pedido para las autorida des del Reino Unido. La razón por la que estamos haciendo este pedido es que si es enviado a Estados Unidos, Assan ge enfrentaría allí serias violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, malos tratos y confinamiento indefini do en celdas aisladas. Esto llevaría a serios problemas con un proceso judicial allá que no sería justo, en especial por las condiciones carcelarias para él. E im plicaría además una violación a su derecho a la libertad bajo lo establecido por la Convención Europea de Derechos Hu manos”, subraya el portavoz de AI.

“El proceso judicial en Londres co menzó y ya presenta varios problemas. Uno de ellos es que creemos que los derechos de Assange se han visto cercenados al negársele la comunicación con sus abogados u obligarlo a permanecer en aislamien to”, indica Moretti, quien da cuenta también de denun cias acerca de que el australiano fue esposado al menos 11 veces, desnudado y su do cumentación personal confiscada durante la primera semana de audiencias en la capital británica.

“Estas son señales pre ocupantes. Tengamos en cuenta que fue sólo la pri mera semana del juicio. El proceso de extradición con tinuará en abril y nosotros seguiremos monitoreando el caso. Definitivamente hay mucho que nos preocupa de este caso”, continúa.

Por su parte, la abogada australiana experta en te mas de derechos humanos y consejera legal del equipo de defensa de Assange, Jen nifer Robinson, advirtió sobre los serios peligros que representa la extradición del fundador de WikiLeaks para la libertad de expresión en todo el mundo.

“Enfrentamos la posibilidad de que un periodista y editor enfrente 175 años en prisión por publicar información ve rídica. Estamos hablando de evidencia de crímenes de guerra en Afganistán, en Irak, evidencia por casos de tortura, ma los tratos a detenidos políticos, el asesinato de civiles por parte de Estados Unidos en el mundo. Esos cables diplo máticos revelaron la verdadera cara del imperialismo norteamericano”, afirmó la abogada el pasado febrero.

“Esta es la evidencia por la que hoy Assange está en prisión. Este es el mis mo material por el que WikiLeaks y sus colaboradores en los medios fueron re conocidos en todo el mundo con premios de periodismo. Este es el mismo material que fue citado en la Corte Euro pea de Derechos Humanos para investigar a Estados europeos por complicidad en los llamados vuelos de rendición de la CIA. Fue el mismo material cita do tanto en la Corte Suprema del Reino Unido como en la Corte Internacional de Justicia por el caso de las Islas Cha gos, sentando un precedente acerca de que los cables de WikiLeaks pueden ser utilizados como evidencia fehaciente en casos de abusos y violaciones de dere chos humanos en todo el mundo”, finalizó Robinson. O AP photo / Frank Augstein Robinson. Riesgos para los periodistas

CARACAS.- La batalla diplomática entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro llegó a un nivel sin precedente: El Depar tamento de Justicia de Estados Unidos acusó por narcoterroris mo al líder venezolano y a varios de sus colaboradores y ofrece 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Pero la recompensa es de 10 millones de dólares por el número dos del régimen, Diosdado Cabello, presidente de la Asam blea Nacional Constituyente (ANC), algo que hizo aumentar la tensión entre am bos dirigentes chavistas.

En la lista del Departamento de Justicia, también figuran otros personajes del régi men: El general retirado Hugo Carvajal Barrios, exdirector de inteligencia militar de Venezuela y prófugo; Clíver Alcalá Cordo nes, mayor general retirado quien declaró que se entregaría a la justicia colombiana; y Tareck Zaidan El Aissami Maddah, actual ministro de Industria y Producción Nacio nal. Todos ellos fueron tasados como Cabello, en 10 millones, aunque en la práctica no detenten tanto poder como éste.

Maduro controla las fuerzas armadas y la burocracia venezolanas, tras las eleccio nes presidenciales de mayo de 2018, desconocidas por organizaciones políticas y académicas venezolanas que se oponen al chavismo. Mientras que Juan Guaidó es respaldado por más de 50 países como pre sidente legítimo de Venezuela.

Por la separación de poderes que rige en Estados Unidos, el dictamen del Depar tamento de Justicia no obedece a una directriz política sino a una investigación que ha hecho el poder judicial desde ha ce varios años.

Así lo destacó Julio Borges, canciller de Guaidó. “No se trata de una sanción, es una investigación de 10 años, con prue bas, documentos, articulación y hechos. Es la importancia de tener una justicia in dependiente en un país”, dijo el jueves, tras divulgarse la noticia.

La medida fue celebrada por el De partamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado suscrito por el secre tario de Estado, Mike Pompeo: “Estas recompensas se ofrecen bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado. Más de 75 nar cotraficantes de importancia han sido llevados ante la justicia bajo el NRP desde que comenzó, en 1986. El Departamento ha pagado más de 130 millones (de dóla res) en recompensas por información que condujo a esas detenciones”.

Maduro es ahora el único jefe de Esta do en la lista de los más buscados de Estados Unidos; la recompensa por su captura es la tercera más alta ofrecida actualmen MARJULI MATHEUS HIDALGO