
1 minute read
Batallan años; logran justicia
Dos mujeres de zonas marginadas, una de Guerrero y otra de Veracruz, ambas abusadas por elementos militares, consiguen tras largos litigios que el Estado repare, aunque sea en parte, el daño que se les causó
JORGE RICARDO
Estas fueron las palabras de Inés Fernández Ortega, una mujer indígena me’phaa (o tlapaneca) que fue violada el 22 de marzo por militares, dos días antes de cumplir 25 años: “Yo no quiero que otra mujer viva esto, que sus hijas, que mis hijas, enfrenten en una situación como la que yo viví. Por eso hoy 8 de marzo quiero decir que una mujer me’phaa ganó la batalla al poder militar”.

Sólo entonces, mientras la traductora lo decía en español, Inés se puso a llorar. Se limpiaba las lágrimas con las manos, hasta que le pasaron una servilleta. El 24 de marzo cumplirá 46 años, y quizás tenga apenas un poco de descanso: el 1 de marzo, uno de los 11 militares que la atacaron, el sargento segundo de infantería Hugo Humberto García de León, fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Segundo de Distrito de Guerrero. El informe oficial dice que el Ejército realizaba un operativo en Barranca Tecoani, en Ayutla de los Libres, donde 81 por ciento de la población vive en pobreza. Inés estaba en su cocina cuando los militares entraron acusando a su esposo, Fortunato, de haber robado la carne de res que se secaba en su patio. Enfrente de él la violaron.
Tardó 21 años pidiendo justicia. En el Ministerio Público de Ayutla se burlaron de ella. El Gobierno mexicano buscó que los militares –sólo dos detenidos– fueran juzgados en tribunales militares. El Ejército presionó al pueblo para que la convenciera de que desistiera. Su hermano Lorenzo fue asesinado. A su esposo lo golpearon cuando ella fue a denunciar a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2010 condenaron al Estado de mexicano, obligándolo a sancionar a los responsables. A sus hijos los acosaban, y ella andaba ocho horas