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La Constitución del 80: El amarre cívico del golpe militar
la constitución del 80 el amarre cívico de la dictadura militar
Eduardo Fuentes Aravena Psicólogo Educacional (c)Magister en Gestión y Liderazgo educacional
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nos cuesta creer que aún vivamos bajo el estandarte de una Constitución que es parte del golpe cívico militar de 1973. Nos cuesta creer que el experimento de Milton Friedman continúe operando, más allá de la teoría del Shock, la que nos dejó una lista de 3.000 chilenos asesinados y desaparecidos. Nos cuesta creer que estemos supeditados aún a la misma mano negra que apoyó la caída del gobierno de la Unidad Popular, que con puño y letra gremialista borro “el Estado Benefactor y de Compromiso, por uno en donde los derechos sociales son manejados por el estado.”
La constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado Miriam Henríquez nos dice que “la Constitución de 1980 no es neutra: promueve un Estado subsidiario que por principio considera como servicios provistos por particulares aquello que se quiere transformar en “derechos sociales”. Por ello, la actual Constitución y las demandas sociales no son compatibles (Henriquez Miriam, 2020).
La Constitución del 80’ deja a un lado el nacional desarrollismo, que era la vía para el adelanto modernizador de cualquier país latinoamericano, consistente en una economía protegida que fortalece la economía interna, por un modelo neoliberal “donde el único orden justo es el que surge de las transacciones entre individuos que se relacionan libremente y fuera del ámbito gubernamental.
El estallido social, junto con el empobrecimiento tras la pandemia del COVID-19, tiene al modelo económico y con ello Constitucional bajo las cuerdas. Los chilenos quieren y exigen lo que es suyo; que no es solo el 10% de los fondos de pensión, sino que es el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a vivir en un medio ambiente digno, a tener agua…entre muchas otras demandas que han sido coaptadas por la actual constitución.
La Constitución vigente convierte los derechos sociales en servicios que son entregados por instituciones privadas, satisfaciendo las prestaciones vinculadas con los derechos sociales. Por lo que no es posible cambiar la legislación actual que la contempla sin modificar la Constitución, no solo en los derechos fundamentales, sino en la propia concepción del rol del Estado respecto de la sociedad.
La Constitución está firmada por la UDI.
Trece días después del golpe militar se formó la “Comisión Ortúzar”, el día 24 de septiembre de 1973 solicitada por Agusto Pinochet - con el claro objetivo de beneficiarse y
beneficiar al grupo de aliados a su dictadura-, dicha participación estuvo lideradada por Enrique Ortúzar Escobar, y fue integrada por : Jaime Guzmán Errázuriz (principal líder), Sergio Diez Urzúa, Jorge Ovalle Quiroz, Enrique Evans de la Cuadra, Gustavo Lorca Rojas, Alejandro Silva Bascuñán, Alicia Romo Román y por el propio Ortúzar. Durante los meses de marzo a mayo del año 1977 salieron de dicha comisión Alejandro Silva, Enrique Evans y Jorge Ovalle, siendo reemplazados por Rafael Eyzaguirre quien fue designado como secretario durante todo el período, Juan de Dios Carmona, Raúl Bertelsen y Luz Bulnes. Durante el periodo que corresponde al 24 de septiembre de 1973 y el 5 de octubre de 1978 se desarrollaron 417 sesiones, el resultado fue un anteproyecto constitucional que se compuso de 123 disposiciones permanentes y 11 transitorias, posterior a la entrega del anteproyecto la comisión se disolvió.
A lo anterior se suma una segunda instancia, el Consejo de Estado, que es órgano consultivo del Presidente de la República en asuntos de gobierno y administración civil. Quienes integran su participación, ex Presidentes y personas designadas por el Presidente de la Republica, tanto civiles como militares, algunos de ellos son: los presidentes Jorge Alessandri Rodríguez y Gabriel González Videla. Además de personas civiles y militares tales como: Juan de Dios Carmona Carlos Cáceres, Juan Antonio Coloma, Juvenal Hernández, Vicente Huerta, Renato García, Diego Barros, Pedro Ibáñez, Oscar Izurieta, Hernán Figueroa, Mercedes Ezquerra, Héctor Humeres, Julio Philippi, William Thayer, Guillermo Medina, Enrique Bahamonde y Enrique Urrutia Manzano. Esta comisión tuvo como composición de sesiones con un número de 57 encuentros, desarrollando un proyecto en paralelo al anterior, siendo entregado el 8 de julio de 1980.
A las dos anteriores instancias de construcción de anteproyectos para la constitución, se realiza una tercera instancia generada por la misma Junta Militar de Gobierno, quienes se basaron en los dos proyectos entregados por la “Comisión Ortuzar” y el Consejo de Estado. El grupo designado para la elaboración estuvo integrado por: el Ministro del Interior Sergio Fernández, la Ministra de Justicia Mónica Madariaga, más los auditores de las Fuerzas Armadas, quienes trabajaron desde el 8 de julio al 8 de agosto de 1980.
Todos los que participaron en el proceso de construcción de las bases y la misma constitución fueron militares, aliados al gobierno y los militantes y partidistas del Movimiento Gremial o “gremialistas”, el Frente Juvenil de Unidad Nacional y el movimiento Nueva Democracia. Todos ellos son los cimientos del actual partido político de derecha conservadora llamado UDI. En pocas palabras, la Constitución de Chile se puede llamar: “Constitución UDI”. En el plebiscito del 11 de septiembre 1980, gano la aprobación de la constitución diseñada por Jaime Guzmán bajo el alero del dictador Augusto Pinochet por un 65,71% de los votantes, que se pronunció a favor de la nueva Constitución, que vino a reemplazar la de 1925. El ex ministro del tribunal constitucional Enrique Navarro manifestó que diversos sectores mostraron la falta de registros públicos, además de considerar que “muchos de los votos blancos fueron destinados a las preferencias del gobierno militar. (Ascanio caballo, Manuel Salazar y óscar Sepulveda, 2008). La total ausencia de registros electorales que permitieran el seguimiento o control de las votaciones y la represión de agentes del estado, como la misma restricción de las libertades públicas en este periodo, son elementos contextuales y de registro que cobran valor como indicadores que declaran la ilegitimidad de los resultados. La Carta Fundamental entró en vigencia el 11 de marzo de 1981.
El corazón de la constitución: Un estado que está imposibilitado para participar de su propia economía.
“El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza” (nos dice el art. 19 n° 21). Eso es 2/3, es decir, tener el 70% de aprobación para que el estado participe con empresas estatales en el mercado. Si solo ponemos como ejemplo lo difícil que fue obtener el 10% de las afp con este cuórum, considere usted esta situación para un estado donde su propia constitución es una limitante para que pueda participar de su propia economía con empresas estatales donde las ganancias de estas empresas beneficien a todos
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los chilenos y no solo a los dueños de la empresas como sucede en el presente.
La constitución solo permitió que capitalistas y empresarios tuvieran ganancias con la nula participación del estado y sus empresas en el mercado. A lo anterior solo se puede enfatizar que el sistema neoliberal impuesto seguirá liderando la economía chilena y el estado seguirá siendo un “Estado subsidiario” con esta constitución; cabe señalar que después de la promulgación de la constitución de 1980, la mayoría de las empresas del estado fueron “entregadas” a privados para su administración.
Un estado subsidiario que no es dueño de sus aguas y no garantiza el derecho a la educación y la salud.
“El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas” (Articulo 19 n° 9). En chile el estado no te garantiza salud pública de calidad, solo es un “coordinador” que garantiza el derecho a elegir, ¿Quiénes pueden elegir salud de calidad? Solo el que tiene dinero para pagar dicha salud, los demás, la que puede ofrecer el estado. “El Estado promoverá la educación parvularia” (Articulo 19 n° 10). En chile La educación parvularia sigue siendo opcional, desconsiderando la importancia de esta para los demás estamentos y la misma sociedad. La educación parvularia es pedagógica, no asistencial. “La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales” (Articulo 19 n° 11). En chile no hay derecho a la educación, se privilegia la libertad de enseñanza, pero ¿Quién tiene la libertad de elegir un centro educativo? Solo los que tienen dinero. Este artículo sobre la educación en chile beneficia a los más ricos, endeuda a la población e incrementa la brecha cultural. El estado sigue subsidiando el negocio de los colegios subvencionados dejando de lado la inversión en la educación pública gratuita y de calidad. Se sigue fomentando la educación privada como un servicio.
“Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos” (Art. 24). En Chile las aguas no son públicas, quien puede obtener agua para la agricultura y su ganado? Solo los que tienen el dinero para hacerlo, a esta altura, el tópico central de la constitución, este articulo ha llevado al agricultor, campesino, a los pueblos aledaños a la minería a la precarización total, sin baños, sin agua para beber ellos y sus animales, menos considerar en plantar algo y vivir de la agricultura, en chile eso solo lo puede hacer el empresario que compro las aguas que provienen de la cordillera libre, pero que al bajar, se privatizan y solo algunos tienen acceso a un insumo tan necesario para la vida como es el agua . ¿Quiénes se benefician de esta situación? las grandes compañías agrícolas y mineras. Chile es el único país del mundo que privatizo sus propias aguas.
Yo apruebo el cambio constitucional.
Hoy más que nunca debemos cambiar la actual Constitución, estamos agotados e indefensos ante un sistema neoliberal, que nos exprime, porque ha determinado la distribución de poderes en un sistema social que solo ha brindado regalías a un sector privilegiado de personas, que son primariamente los que manejan en el mercado, compuesto principalmente por una oligarquía y una elites política de derechas e izquierdas, que nos tienen endeudados y sobreexplotados, gracias a una Constitución que permite el estatus quo de la desigualad.
La Concertación el 17 de septiembre de 2005 hizo vanos intentos con Ricardo Lagos de modificar la Constitución, un proceso realizado en cuatro paredes en el que por decreto supremo se fijó un texto refundido o mejor dicho refrito, que el propio Lagos, tiempo después se refirió a ella como: “La Constitución, ilegítima en su origen, es la de Pinochet. Mi firma está en las reformas que la derecha permitió realizar y nunca dije que fueron ‘por el pueblo y para el pueblo’.(3)
Patrañas!! Concertacionistas. Que hoy gracias a las movilizaciones sociales podemos y debemos cambiar, no queremos más una Constitución neoliberal que nos da la opción de elegir entre un sistema privado u otro. Queremos una Constitución que nos considere como ciudadanos y no como clientes de un servicio. Queremos una Constitución que nos brinde derechos y nos proteja, que sea inclusiva con los pueblos originarios, con las mujeres, con los niños, con los discapacitados con todos y con todas las especies que viven en este terruño. En la actual constitución no hay mención a los derechos de las niñas y niños y adolescentes, tampoco menciona a los pueblos originarios, no se pronuncia hacia la vivienda digna.
Las urgencias de los proyectos de ley los elige el presidente, por lo que no necesariamente representa lo que necesita el pueblo, si lo que quiere el presidente, de este modo, leyes asociadas a salud y educación puedes estar años sin ser revisadas, lo que explica la precariedad de esos estamentos en el sistema público chileno debido al régimen presidencialista que impera.
Se debe cambiar la constitución, través de una Convención Constitucional, la que permite incorporar a todas y todos, a grupos que han sido excluidos históricamente en el país y por la constitución que nos rige. La opción a la hora de votar debe ser constituyente para que la gente participe y se represente en la elaboración.
Es la primera vez en la historia que una constitución tendrá como participantes miembros de la población y no solo expertos constitucionalistas y aliados a un gobierno. Serán 155 personas que serán elegidas por la gente, y tendrá por primera vez la participación igualitaria de mujeres en un 50%. El proceso Constitucional está en marcha y debemos participar, ya que es el acto social más importante de nuestra historia, es la oportunidad de cambio; de dar vuelta la tortilla. Nuestra real oportunidad de sacar a los Chicagos boys y con ello la sombra del dictador Augusto Pinochet. Es la oportunidad de demostrar que la Izquierda Concertacionista con Lagos a la cabeza y la Gran Mayoría, no fueron capaces del desafío histórico de dejar atrás el modelo económico y con ello también las atrocidades de un país desigual.
El 25 de octubre el deber ciudadano es votar APRUEBO y CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.
“Todo tiene que ser consciente para ser bello” -Nietzsche. “Todo tiene que ser consciente para ser bueno” -Eurípides.
