la constitución del 80
el amarre cívico de la dictadura militar Eduardo Fuentes Aravena
Psicólogo Educacional (c)Magister en Gestión y Liderazgo educacional
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os cuesta creer que aún vivamos bajo el estandarte de una Constitución que es parte del golpe cívico militar de 1973. Nos cuesta creer que el experimento de Milton Friedman continúe operando, más allá de la teoría del Shock, la que nos dejó una lista de 3.000 chilenos asesinados y desaparecidos. Nos cuesta creer que estemos supeditados aún a la misma mano negra que apoyó la caída del gobierno de la Unidad Popular, que con puño y letra gremialista borro “el Estado Benefactor y de Compromiso, por uno en donde los derechos sociales son manejados por el estado.” La constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado Miriam Henríquez nos dice que “la Constitución de 1980 no es neutra: promueve un Estado subsidiario que por principio considera como servicios provistos por particulares aquello que se quiere transformar en “derechos sociales”. Por ello, la actual Constitución y las demandas sociales no son compatibles (Henriquez Miriam, 2020). La Constitución del 80’ deja a un lado el nacional desarrollismo, que era la vía para el adelanto modernizador de cualquier país latinoamericano, consistente en una economía protegida que fortalece la economía interna, por un modelo neoliberal “donde el único orden
justo es el que surge de las transacciones entre individuos que se relacionan libremente y fuera del ámbito gubernamental. El estallido social, junto con el empobrecimiento tras la pandemia del COVID-19, tiene al modelo económico y con ello Constitucional bajo las cuerdas. Los chilenos quieren y exigen lo que es suyo; que no es solo el 10% de los fondos de pensión, sino que es el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a vivir en un medio ambiente digno, a tener agua…entre muchas otras demandas que han sido coaptadas por la actual constitución. La Constitución vigente convierte los derechos sociales en servicios que son entregados por instituciones privadas, satisfaciendo las prestaciones vinculadas con los derechos sociales. Por lo que no es posible cambiar la legislación actual que la contempla sin modificar la Constitución, no solo en los derechos fundamentales, sino en la propia concepción del rol del Estado respecto de la sociedad. La Constitución está firmada por la UDI. Trece días después del golpe militar se formó la “Comisión Ortúzar”, el día 24 de septiembre de 1973 solicitada por Agusto Pinochet - con el claro objetivo de beneficiarse y
