Papel de la policía y otras fuerzas de seguridad

La policía y otras fuerzas de seguridad desempeñan un doble papel en un entorno electoral. La aplicación efectiva de la ley durante un período electoral requiere un equilibrio entre la necesidad de proporcionar seguridad electoral y mantener el orden y la no interferencia con las libertades fundamentales y los derechos de participación, con el propósito de crear o mantener un clima libre de intimidación.

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979

Artículo 1

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”.

Artículo 2

“En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley49 respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas […]”.

Artículo 7

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán”.

49 Ver Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, artículo 1 a) La expresión “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención.

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios

Encargados de Hacer Cumplir la Ley50

Disposiciones generales

“4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas; d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas. […].

8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios […].

12. Dado que todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas, de conformidad con los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los gobiernos y los organismos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reconocerán que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse solamente de conformidad con los principios 13 y 14.

13. Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario.

14. Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9”.

50 Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana,Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el 4º informe periódico de Guatemala, 7 de mayo de 2018, CCPR/C/GTM/ CO/4, párrafos 8 y 9

Igualdad de derechos entre hombres y mujeres, personas indígenas y afrodescendientes

“[…] el Comité continúa preocupado por el bajo nivel de representación de las mujeres en el Congreso y en puestos ministeriales. El Comité nota además con preocupación la falta de información acerca del nivel de participación de las personas indígenas y afrodescendientes en la vida pública y política. […]

El Estado parte debe: […] b) Adoptar medidas concretas para aumentar la representación de las mujeres, personas indígenas y afrodescendientes, en la vida política y pública, particularmente en los cargos directivos y de alto nivel, incluido a través de medidas especiales de carácter temporal, como el establecimiento de cuotas, y supervisando su plena aplicación; […]”.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre los informes periódicos 8º y 9º combinados de Guatemala, noviembre 2017, CEDAW/C/GTM/CO/8-9, párrafos 26 y 27

Participación en la vida política y pública

“Preocupa al Comité que los principios de igualdad de género, paridad y alternancia de hombres y mujeres en la designación de candidatos dentro de los partidos políticos no se hayan incluido en las recientes enmiendas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a pesar de dos decisiones favorables de la Corte de Constitucionalidad, y que las mujeres que se presentan a cargos públicos, incluidas las mujeres indígenas y las afrodescendientes, sigan haciendo frente a obstáculos. También le preocupa la persistencia de una baja representación de mujeres en puestos de adopción de decisiones tanto electivos como de designación; las mujeres […] representan solo el 27% de los jefes de misión en el servicio exterior, el 16% de los miembros del Congreso y menos del 3% de los alcaldes.

El Comité […] recomienda al Estado parte que: a) Adopte medidas sostenidas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, como la enmienda de la Ley Electoral y de Partidos Políticos para introducir cuotas obligatorias para la representación de mujeres en puestos decisorios tanto electivos como de designación, la aplicación de la alternancia de hombres y mujeres en la designación de candidatos dentro de los partidos políticos y la provisión de incentivos financieros a los partidos políticos a fin de que tengan un número igual de mujeres y hombres en sus listas electorales […] para acelerar la representación de la mujer en todas las esferas de la vida política y pública, en particular en los órganos electivos y los puestos gubernamentales en todos los niveles y en el plano internacional; b) Aumente la disponibilidad de programas de capacitación y creación de capacidad para las mujeres, incluidas las mujeres indígenas y las afrodescendientes, que deseen entrar en la vida política u ocupar cargos públicos; c) Aumente la capacidad de los medios de comunicación para que se abstengan de perpetuar los estereotipos de la mujer en la vida pública y política y para que velen por que las mujeres y los hombres que son candidatos o representantes elegidos reciban la misma visibilidad, especialmente durante los períodos electorales; d) Sensibilice a los políticos, los medios de comunicación, los dirigentes tradicionales y la población en general respecto de que la participación plena, libre y democrática de las mujeres en pie de igualdad con los hombres en la vida política y pública […]”

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales sobre los informes periódicos 14º y 15º combinados de Guatemala, 12 de junio de 2015, CERD/C/GTM/ CO/14-15, párrafo 16

Participación política

“16. El Comité nota con preocupación la escasa representación de personas indígenas y afrodescendientes en cargos altos dentro del ejecutivo, y del órgano judicial en proporción a la población. Nota también con preocupación que de los 158 diputados, solamente 23 son indígenas. A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado, preocupa al Comité las dificultades y los obstáculos para la participación política plena de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, y en particular cuando se encuentren en zonas rurales. El Comité saluda el dictamen emitido por la Corte de Constitucionalidad, en el marco del proyecto de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, respecto a adopción de medidas especiales para asegurar por lo menos una representación de 30% de mujeres y de indígenas. (artículo 5, apdo. c).

[…] El Comité recomienda incrementar la participación de los pueblos indígenas en los Consejos Comunitarios de Desarrollo. El Comité recomienda también reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para mejorar la representación de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes, y para facilitar su participación en zonas rurales. Se recomienda tomar de manera urgente medidas para que todos los ciudadanos cuenten con documentación personal. Se recomienda asimismo la adopción de medidas especiales o de acción afirmativa para asegurar una representación adecuada de indígenas y afrodescendientes en cargos altos […]”.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales sobre los informes periódicos 12º y 13º combinados de Guatemala, 29 de marzo de 2010, CERD/C/GTM/ CO/12-13, párrafo 10

“10. Si bien toma nota de los reiterados anuncios del Estado parte sobre su compromiso de garantizar la participación de los pueblos indígenas en los procesos políticos y particularmente en las instituciones representativas y el Parlamento, el Comité reitera su preocupación ante el hecho de que el número y rango de los puestos gubernamentales ocupados por personas indígenas, especialmente mujeres, sigue en estado de déficit (artículo 5, inc. c).

El Comité, tomando en cuenta el inciso d del párrafo 4 de su Recomendación general N.º 23, aprobada en 1997, relativa a los derechos de los pueblos indígenas, recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de la mujer, en todas las instituciones de toma de decisión, en particular en las instituciones representativas como el Parlamento y en los asuntos públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas participen en todos los niveles de la administración pública. Asimismo, recomienda al Estado parte la aplicación efectiva de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural con el objetivo de otorgar mayor participación indígena en la toma de decisiones”.

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observaciones finales sobre el informe inicial de Guatemala, 30 de septiembre de 2016, CRPD/C/GTM/ CO/1, párrafos 67 y 68

Participación en la vida política y pública

“Preocupa al Comité que haya personas con discapacidad, especialmente las que están privadas de capacidad jurídica, las que residen en instituciones psiquiátricas o las pertenecientes a comunidades indígenas, que no pueden votar y que los procesos electorales no son accesibles. Le preocupa también que la actual papeleta en braille no esté disponible en los centros de votación donde se necesiten y que no se garantice el voto secreto.

El Comité recomienda que el Estado parte tome las medidas necesarias para asegurar que todas las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a votar y a presentarse como candidatas en igualdad de condiciones con las demás personas, entre otras cosas, mediante la facilitación de instalaciones y medios de comunicación accesibles, tanto en zonas urbanas como rurales. El Comité le recomienda también que todos los centros de votación cuenten con suficientes papeletas en braille, las cuales deberán garantizar el voto secreto”.

Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre su visita a Guatemala, 10 de agosto de 2018, A/HRC/39/17/Add.3, párrafos, 7, 76 y 103, mujeres y niñas indígenas, inciso a)

“7. Los pueblos indígenas se enfrentan al racismo estructural en su vida cotidiana, reflejado en la falta de protección […], a la participación política […]. [párrafo 7]. Resulta sorprendente la escasa representación de los pueblos indígenas en la vida política del país. De un total de 158 congresistas, solo hay 18 congresistas mayas (de los cuales 2 son mujeres) y ningún representante xinka ni garífuna. La representación es mayor en las municipalidades, especialmente en áreas de mayoría de población indígena, pero incluso en el ámbito de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural resulta limitada. Es también escasa la presencia indígena en las instituciones del Estado, reflejo de los altos niveles de racismo y discriminación que persisten en la sociedad guatemalteca. Faltan medidas afirmativas para contrarrestar esta escasa representación política.

103. La Relatora Especial formula las siguientes recomendaciones: […]

Mujeres y niñas indígenas a) Deben adoptarse medidas afirmativas para garantizar la participación política y el acceso a la justicia de las mujeres indígenas”.

Informe del Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, misión a Guatemala, 10 de febrero de 2003, E/ CN.4/2003/90/Add.2, párrafo 72

Participación

“72. El Relator Especial recomienda que el Gobierno redoble sus esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas en los asuntos públicos y que instruya a las autoridades para que tomen medidas apropiadas para asegurar que los indígenas participen en todos los niveles de la administración pública. También recomienda que se tomen medidas para facilitar la participación indígena en los Consejos de Desarrollo, proporcionando la información y el apoyo financiero necesarios que permitan a los representantes indígenas participar en igualdad de condiciones. En este sentido, son positivos los pasos tomados por el Gobierno para descentralizar el proceso de toma de decisiones pero es preciso redoblar esfuerzos para que éstos sean realmente efectivos”.