Una década desperdiciada en la construcción de la paz, y dos propuestas ...

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Año 2, No. 5

Guatemala, abril 2007

Editorial

¿Cuál es el estado de la Democracia guatemalteca?

Si en este momento valoráramos la transición política en Guatemala tras 20 años de gobiernos civiles, y luego de 10 años de la vigencia de los Acuerdos de Paz, tendríamos que decir que la etapa de avance institucional hacia formas democráticas superiores que configuren una democracia integral no asoma pronto, y más bien se ha llegado únicamente al reconocimiento formal de derechos de aquellos grupos mayoritarios que históricamente han sido marginados de las decisiones políticas, del acceso a la justicia y a satisfactores básicos vitales –tal es el caso de las mujeres y los pueblos indígenas, por ejemplo-, y a constituir las instituciones que debieran de darle cabida y asegurar el cumplimiento de dichos derechos, pero en la práctica los primeros no se cumplen y las segundas no funcionan.

La primera transición que se vivió formalmente entre 1985 y 1996 se agotó rápidamente en la rutina electoral y en la sucesión de gobiernos civiles con carácter plebiscitario, así como en el reciclaje de los mandos militares que vieron en todo el proceso de negociación de los Acuerdos de Paz, una oportunidad para retener poder y autonomía como poderes fácticos y evitar ser juzgados –hasta la fecha- por las grandes masacres del conflicto armado. La segunda transición que significaría la vigencia de los Acuerdos de Paz no logró modificar sustancialmente la estructura de poder y tampoco la estructura socioeconómica que ha existido en el país durante décadas, y estos compromisos son en la actualidad una agenda de segunda o tercera categoría.

El maestro Edelberto Torres-Rivas hace una primera distinción importante de la democracia guatemalteca, al calificarla más como liberal que democrática, pues se reconocería formalmente la libertad y la autonomía del sujeto y su independencia frente al Estado, los derechos civiles y políticos de los cuales teóricamente es el sujeto principal, tales como libertad de pensamiento y conciencia, de organización y de asociación, y derecho a la propiedad y la justicia, pero este reconocimiento no es más que un acto legal en el interior de una sociedad con profundas diferencias y desigualdades, y que sostiene una democracia plagada de violaciones a los derechos humanos, con un pluralismo escaso y con baja participación electoral.

Contenido Una década desperdiciada en la construcción de la paz, y dos propuestas de apoyo al esfuerzo de retomar la tarea A diez años de la firma de la Paz Congreso de la República: Nudo gordiano de la reforma política en Guatemala – ¿Qué modelo de seguridad impulsó Oscar Berger?

La política de limpieza social y el marco ideológico subyacente

Inserto

El Observador Electoral No. 1: Caracterización de las Elecciones Generales 2007

En su seno se ha ido reconfigurando un Estado que pasó formalmente de ser fuerte en términos contrainsurgentes y 3 autoritarios, a uno débil que articula, refuncionaliza y se subordina más a los intereses privados de las elites económicas y políticas corporativizadas –militares, viejas y nuevas oligarquías, mafia organizada en sus diferentes expresiones-, 8 que a intereses y demandas sociales generales como expresión de la acción política de actores sociales con grados de 15 organización y capacidad para influir en el rumbo e historia de Guatemala. El papel de la ciudadanía y de las instituciones es ahí, por tanto, bastante reducido.

25 Esta situación es más perceptible en áreas estratégicas del 33 Estado como la seguridad y el acceso a la justicia, particularmente porque éstas, al igual que lo hicieron durante la época del enfrentamiento armado interno, cuando fueron subordinadas a la lógica de la contrainsurgencia y al quehacer del Ejército como poder hegemónico, hoy sucumben ante los

Contáctenos: 2a. Calle 4-50 Barrio Moderno Zona 2 Teléfonos: 2250-1072 y 2250-1073 Fax: 2251-4182 Directo 5554-3757 E-mail: elobservador@idegt.org páginawww.idegt.org

Página 2 intereses de estos grupos que utilizan viejas prácticas y estructuras paramilitares incrustadas en la institucionalidad del Estado para controlarlo y se disputan su hegemonía. La contrainsurgencia se refuncionaliza para nuevos tiempos y nuevos contextos, y la justicia no opera igual para todos y es desproporcionadamente excluyente al destacar casos en donde particularmente los actores están débiles frente al Estado, pero no lo hace igual frente a los grupos de poder económico y político comprometidos con la corrupción y la represión encubierta.

Dos ejemplos. El primero: las constantes crisis que se observan en las cárceles del país, dominadas desde adentro y desde afuera precisamente por estructuras paramilitares y del crimen, más no por las autoridades correspondientes que más bien se han remitido a asumir una institucionalidad formal. El segundo: el reciente asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) no sólo evidenció hasta dónde el narcotráfico ha penetrado y se ha relacionado con las dirigencias políticas de ambos países, sino dejó al descubierto que insertos en la estructura de los aparatos de seguridad del Estado operan aparatos clandestinos y paramiltares que, con prácticas de la época de la guerra y de la contrainsurgencia abierta, no sólo están ejecutando una política de “limpieza social” y también cobran facturas entre las mafias, sino de paso continúan desarrollando una función de control social.

Una segunda distinción clave es que la democracia guatemalteca puede ser calificada como electorera pues el sistema político se ha estrechado a la reproducción de una ciudadanía que se ha satisfecho con los derechos políticos pero que no alcanza a incorporar el ejercicio de los sociales, mucho menos los económicos. La democracia es electorera porque el sistema partidario es poco institucionalizado, y los partidos políticos son débiles, desideologizados, altamente volátiles y el transfuguismo de sus miembros constituye una norma más que una excepción, además de que han sucumbido a esos intereses privados y corporativos.

Las elecciones generales 2007, lejos de ser un espacio de práctica política democrática más bien constituyen un ejemplo de ese carácter electorero del sistema político guatemalteco. ¡La democracia política está coja, y a la democracia económica y social le faltan las dos piernas!

Si bien el sistema político necesitaría una reforma de segunda generación, en las dos únicas propuestas de reforma del Estado expuestas hasta ahora, provenientes una, del grupo Pro-Reforma, y otra, del llamado agrupamiento Visión de País –que reedita y reagrupa al grupo Barómetro y al Foro Guatemala-, subyacen y promueven fundamentalmente los intereses de los grupos corporativos privados nacionales, postularían una reforma a su medida y sin una discusión que alcance a diferentes expresiones sociales organizadas. ¿Qué hacer? Para no pecar de funcionalistas y decir que la transición política en Guatemala avanzaría si se trabajara por hacer que las instituciones funcionen en pos de que los derechos sean cumplidos; o para no pecar de simplistas diciendo que ésta es la democracia que tenemos y que debemos conformarnos con ella, dado que la realidad sociopolítica es mucho más compleja y apela a una lectura del poder, debemos decir que no sólo se necesita un cambio estructural profundo sino también la construcción de una nueva ciudadanía y de una esfera pública desde abajo y con protagonismo social fundamentalmente.

Consejo Editorial: Mario Sosa Fernando Solís Alfredo Ankermann Iván Castillo Luis Solano Marco Fonseca Coordinación de información, análisis y edición: Fernando Solís

Esta publicación es posible gracias a la colaboración de: Fondo de Gobernabilidad de la Embajada de los Paises Bajos / IBIS Este glifo representa a K e j, q u e ti en e u n significado de Liderazgo, fuerza, inteligencia.

Koninkrijk der Nederlanden Derechos, educación y desarrollo

Diagramación: Paola Rodríguez

El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía es uno de los componentes del proyecto “Análisis Alternativo e Independiente para la construcción de una Sociedad Democrática”, el cual es una iniciativa de un grupo de profesionales y académicos comprometidos con alcanzar una sociedad justa y equitativa, tal como lo demandan los Acuerdos de Paz. Este proyecto es producido por el Instituto de Estudios Estratégicos por la Democracia (IDE), cuenta con el soporte administrativo de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA) y la colaboración del Consejo de Instituciones de Desarrollo (COINDE).

Una década desperdiciada en la construcción de la paz, y dos propuestas de apoyo al esfuerzo de retomar la tarea

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Por Jorge Fuentes Aqueche1 A manera de introducción

Las guerras son los acontecimientos más traumáticos en la historia de las sociedades. Siempre dejan tras de sí un saldo de destrucción en todo el entorno vital de los seres humanos, en la riqueza acumulada por generaciones enteras mediante su trabajo, en su esfuerzo físico e intelectual, en el patrimonio cultural, en la riqueza natural y geográfica y, sobre todo, en las vidas humanas que se pierden y que son, en sí mismas, pequeños universos de experiencias y potencialidades creadoras.

Se ha celebrado el décimo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz -”Recuerdos de Paz” como Víctor Gálvez Borrell les llama con fina ironía-; ese documento mediante el cual, los contendientes “ dieron por terminado” el violento conflicto interno que asoló al país durante 36 años nominales en detrimento de la población civil, especialmente la del área rural y perteneciente a los pueblos indígenas. No fue, como muchos afirman, una guerra civil. Más bien se trató de “una guerra en contra de la población civil” en palabras del maestro Edelberto Torres-Rivas.

En diciembre de 1996 en Guatemala no se firmó la paz; se pactó una tregua indefinida que pareciera estar agotando su vigencia. Se concretó un cese temporal de hostilidades y, lo más grave, es que las causas que provocaron el conflicto –pobreza, marginación, exclusión, racismo, injusta distribución de la riqueza social, violaciones a los derechos humanos, etc.- siguen estando presentes en la cotidianeidad del país.

De 1996 para acá, estos problemas sociales de carácter estructural han ganado fuerza y presencia, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Será suficiente el aparecimiento de un catalizador, de un detonante para que haya una reanudación de la lucha armada. Probablemente será más cruenta que la anterior en tanto tendrá nuevos actores urbanos: los excluidos y marginados de las ciudades, me refiero a las maras.

Nosotros, los indiferentes urbanitas del pasado conflicto ya no solamente oiremos de guerra: la tendremos en 1

nuestras calles y vecindarios. De testigos lejanos pasaremos a ser protagonistas vulnerables e indefensos.

¿Cuál paz?

Si los compromisos pactados entre insurgencia y Estado estuvieran en la ruta de la concreción efectiva sí podríamos hablar de una construcción de paz. Pero todo aquello que el Estado, a estas alturas, ya debería haber ejecutado en procura de la reconciliación nacional, no tiene visos ni siquiera de iniciarse después de transcurrida una década de estira y encoge. La construcción de la paz sigue siendo una asignatura pendiente en el país. El tema ha dejado de tener actualidad y la irá perdiendo paulatinamente en mayor medida conforme se acerque el evento político que cada cuatro años acapara la atención de todos: las elecciones.

En la agenda de las emergentes opciones políticas ofertadas en los anaqueles partidarios se ofrece paz, aunque ninguna contiene un planteamiento consistente para su construcción. Se insiste en ofrecer seguridad pero lo que verdaderamente se puede alcanzar en ese sentido, es protección. Se ofrece reducir el hambre y la pobreza sin decir cómo. Se oferta democracia y transparencia siendo éstas dos las eternas quimeras para el imaginario social y para la clase política. En otras palabras, la debilidad de nuestros pactos sociales y nuestras instituciones es que están construidas a partir de “mentiras consensuadas”, en palabras de Monseñor Oscar Rodríguez, Arzobispo de Tegucigalpa.

La paz, en tanto fenómeno social, tiene indicadores.

Un indicador permite trabajar con variables, las que a su vez pueden expresarse en términos medibles. No sé quién, con cabal razón, dijo que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y eso ha pasado con el proceso de construcción de la paz. No se ha definido lo que tirios y troyanos entendemos por paz y, por consiguiente, los términos y parámetros dentro de los cuales se tiene que concebir su construcción y quiénes tienen que hacer qué y en cuánto tiempo. Ese 92% de avances del que habla el gobierno no tiene respaldo real; es un cálculo así como quien dice, al ojímetro.

Sociólogo por la Universidad e San Carlos de Guatemala (USAC). Actualmente es Vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar.

Página 4 Algunas acciones pactadas tales como los acuerdos efectivos de seguimiento y verificación, la reducción de los efectivos militares y de la compra de armas, la democratización de las instituciones y el combate a los altísimos niveles de pobreza, han sido ensayados y abandonados como efecto del fracaso de su implementación. Es necesario pensar en nuevas estrategias que permitan un acercamiento efectivo a la ruta correcta en la construcción de la paz. Entre más rápido se reinicien los esfuerzos por identificar y apoyar las estructuras en pro de una paz firme y duradera, menos posibilidades habrá de que el conflicto se reinicie.

Mi participación contiene dos propuestas novedosas que, ensayadas en otros lados donde se trabaja en la resolución de conflictos similares al nuestro, están arrojando resultados efectivos.

En pocas palabras, debe construirse la paz trabajando en dos sentidos: haciendo que lo que es justo sea fuerte y, segundo, que lo que es fuerte sea justo. El primero mediante un esquema de retrospectiva y, el segundo, en prospectiva.

La caracterización e incidencia posible de los esquemas a exponer será superficial toda vez que el tiempo no permite ahondar en los pormenores de sus contenidos.

Sin embargo, el material base está disponible para quienes tengan interés en él.

Para que lo justo gane fuerza es imprescindible sancionar a los culpables materiales e intelectuales del genocidio. No puede viabilizarse una paz eficaz si existe y persiste la impunidad. Hoy estamos siguiendo con renovado interés y con latente frustración los esfuerzos redoblados por procurar la justicia en los casos de crímenes de lesa humanidad, aún impunes en el país. Pero está demostrado que los procedimientos normales de búsqueda de justicia son objeto de sabotaje y bloqueo por parte de los responsables. El resarcimiento Para que lo justo gane económico, opción impulsada fuerza es imprescindible desde el gobierno, no puede ser la sancionar a los culpables única salida satisfactoria. Creer que materiales e intelectuales es posible comprar el olvido del genocidio. evidencia la esencia neoliberal del No puede viabilizarse una planteamiento porque para el paz eficaz si existe y persiste capitalismo todo es mercancía. Por la impunidad. el contrario, se requiere eficacia en

Los enfoques y las propuestas

El primer gran paso en este tortuoso camino hacia una paz viable, hacer fuerte lo justo, debe ser someter al imperio de la ley a quienes, en nombre de intereses de minorías, defendieron éstos a costa de la vida y los derechos elementales de la mayoría. Más adelante detallaré el método implementado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC, por sus siglas en inglés) y que esta institución ha denominado como “justicia transicional”.

Por el lado de hacer justo lo fuerte, me referiré a la necesidad de construir ciudadanía en algunos términos que extraigo del pensamiento de tratadistas latinoamericanos sobre el tema. Debemos pensar en una Guatemala del futuro pero empezando a construirla desde el presente. ¿Qué clase de sociedad queremos para el futuro y qué debemos hacer hoy todos los actores, sectores y estamentos para concretarla en el plazo elegido?

la aplicación de la ley para aquellos casos en los cuales el genocidio no tiene fundamento bélico sino ideológico, es decir, es propio de un sujeto autorizado para ejecutar acciones criminales en forma discrecional y subjetiva en contra de congéneres en estado de vulnerabilidad absoluta.

La propuesta del IDRC a la que aludí antes, propuso en el año 2004 un esquema jurídico apropiado y relevante para los procesos de construcción de la paz: la justicia transicional. Ésta se define como el conjunto de arreglos judiciales y extrajudiciales que faciliten y permitan la transición de una situación de conflicto a una de reconciliación. La justicia transicional “Busca aclarar la identidad y los destinos de víctimas y victimarios, establecer hechos relacionados con violaciones de derechos humanos en situaciones de autoritarismo y conflicto armado y diseñar las formas en las que una sociedad debe abordar los crímenes perpetrados y las necesidades de reparación y resarcimiento”.

El esquema propuesto de justicia es transicional en la medida que busca tender puentes entre regímenes distintos y momentos políticos diferentes. Introduce

Página 5 mecanismos judiciales de excepción aunque se nutre de prácticas judiciales previas y establece las bases para los sistemas judiciales postconflicto. En ese sentido, más que sólo abordar las violaciones de los derechos humanos cometidos durante un tiempo determinado, la justicia transicional tiene también pretensiones fundacionales de nuevos órdenes políticos y judiciales de esencia jurisprudencial.

¿Hubiera sido posible el castigo de los jerarcas nazis en Nuremberg, en tanto sujetos adlerianos, si los aliados hubieran utilizado la legislación elaborada por la misma Alemania hitleriana responsable del Holocausto?

Mientras se insista en tratar de sancionar el genocidio y las desapariciones forzosas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales haciendo uso legítimo de la legislación ordinaria -delitos de lesa humanidad derivados de la política contrainsurgente ejecutada por agentes e instituciones del Estado guatemalteco- no puede haber justicia pronta y cumplida. Las leyes en Guatemala tienen un carácter y un origen heteronómicos; son hechas por y a la medida de quienes las deben cumplir precisamente para no cumplirlas.

Los responsables, actualmente en intentonas de ser juzgados, apelan reiteradamente al debido proceso, a la legitimidad de los procedimientos, al sagrado derecho de defensa y al deber de salvar a la patria de las amenazas externas. Sus víctimas no tuvieron posibilidades de acogerse a esos derechos básicos garantizados por la Constitución. Esto los hace más víctimas y, a los victimarios, más culpables. La responsabilidad no puede ser institucional, es innegablemente personal. A crímenes de índole extraordinaria, justicia extraordinaria.

En segundo término, para que lo que es justo sea fuerte, permítaseme exponer algunos principios vinculados a la categoría que en la actualidad se maneja en la academia como “construcción de ciudadanía”.

Una primera pregunta que se plantean los académicos latinoamericanos respecto del tema es la siguiente: ¿Por qué hablar de ciudadanía hoy? En las respuestas que ha generado tal provocación se percibe la necesidad de que las nuevas democracias de América Latina se legalicen y legitimen desde la sociedad civil.

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Ver fuente en referencias cibernéticas al final del presente documento.

Tres son las tendencias que se identifican entre los tratadistas del tema de construcción de ciudadanía:2 a) Política ideológica No ha habido a la fecha un reconocimiento de la cultura política de los sectores populares, lo que impide concretar el proceso de “otredad”; b) Histórica Hay una modernidad inconclusa en la que conviven muchos sentidos de vida y pluralidad de culturas. En su seno se entrelazan diferentes concepciones y lógicas de desarrollo que no logran ser apropiadas. c) Económica Los altos índices de pobreza hacen que la gente, especialmente la de los sectores populares, se preocupe de satisfacer en primera instancia, sus necesidades básicas más elementales antes que participar y decidir públicamente.

En general, estas tres vertientes evidencian que la ciudadanía en Latinoamérica es el resultado de un proceso sociopolítico que busca en pleno siglo XXI, promover la igualdad de todos con plenas garantías para concretar y dar vigencia a los derechos humanos en la consolidación de sociedades democráticas, justas, equitativas e incluyentes.

Comprender el concepto de ciudadanía permite apropiarse de él y trabajarlo con la vista puesta en un horizonte social común. Por ello, en base a las diferentes nociones de ciudadanía planteadas por autores como Rosa María Alfaro, Germán Rey, Adela Cortina, Fernando Calderón, Silesio López y otros, a continuación resumo un conjunto de elementos básicos que permiten acercarse a sus principales rasgos constitutivos. i)

Ciudadanía es igualdad legal, social y humana Todos somos iguales ante la ley, con derechos que reclamar y deberes que cumplir en tanto miembros de una sociedad y de un Estado. Entre ciudadanos, este elemento supone consideraciones y tratos mutuos de respeto y consideración igualitaria.

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iii)

Ciudadanía es pertenencia activa Esta noción plantea la idea de pertenencia, vinculación y membresía a una determinada comunidad política entre cuyos miembros se establecen relaciones de interdependencia, responsabilidad, solidaridad y lealtad. Esta apropiación por parte del individuo no significa sumisión al sistema existente puesto que conlleva implícita la idea de conflicto, competencia e incorporación crítica.

decir, una expresión de la propia pertenencia a una determinada comunidad política.

Con base en la reflexión de López y Cortina, se establece que la gestación de la ciudadanía comprende tres momentos: a) Un momento jurídico Confiere a los individuos un conjunto de derechos y deberes garantizados constitucional e institucionalmente por el Estado, y que comprende tres elementos: político (ciudadanía política), social (ciudadanía social) y civil (ciudadanía civil).

Ciudadanía es integración social Tal como lo plantean Calderón, Hopenhayn y Ottone, el concepto de ciudadanía se nutre La ciudadanía no es sólo de integralidad manifiesta mediante un status sociopolítico tres equidades determinado por un balance fortalecidas: adecuado de derechos y p r o d u c t i v a deberes sino también una (económica), identidad compartida, es decir, simbólica (cultural) y una expresión de la propia de expresión (libertad pertenencia a una determinada de opinión).

A los anteriores elementos, Cortina agrega los siguientes: Un elemento económico (ciudadanía económica), un elemento cultural (ciudadanía intercultural) y un elemento cosmopolita (ciudadanía universal).

comunidad política.

iv)

Ciudadanía se vincula a ejercicio político y de poder López apunta que la emergencia de la ciudadanía implica un cambio estructural que permite a los gobernados dejar de ser un objeto sometido al poder para convertirse en un sujeto y titular legítimo del poder.

b) Un momento público Los (las) ciudadanos (as) asumen una competencia política, es decir, un conjunto de roles sociales a través de los cuales pueden tomar decisiones, fiscalizar, exigir, demandar y ejecutar aquellas acciones que les permitan defender sus intereses en la instancia política.

v)

Ciudadanía rescata al individuo y a la comunidad de intereses Alfaro reconoce que la ciudadanía destaca que el individuo vale por sí mismo (a), lo (la) inserta como persona individual. El afirmar “yo soy ciudadano (a)”, me compromete a velar por la existencia de algo común que me liga a los otros por medio de la construcción de intereses, espacios e imágenes comunes.

c) Un momento ético Comprende un conjunto de cualidades morales y responsabilidades cívicas necesarias para definir al “ buen (a) ciudadano (a)”. Este momento se asocia con el buen desempeño de los derechos y las responsabilidades en los espacios públicos.

Dentro de la lógica de los anteriores razonamientos, la ciudadanía no es sólo un status sociopolítico determinado por un balance adecuado de derechos y deberes sino también una identidad compartida, es

En síntesis, se construye ciudadanía cuando se brindan a las personas todos los elementos necesarios que les permitan el más amplio desenvolvimiento de la libertad y la igualdad, que se transforman en derechos universales y positivos y responsabilidades a través de su difusión, reconocimiento y protección, así como del

Página 7 desarrollo de las garantías constitucionales y supraestatales con el propósito de garantizarlos efectivamente.

Y bien, quise traer a este espacio un murmullo –que siempre arruina la sinfonía del libre mercado– derivado de la impunidad que prevalece en lo referente a las violaciones a los derechos elementales de la población más vulnerable, y de su exclusión y marginación de la participación efectiva en la vida ciudadana

Opino que si queremos evitar que el carro social siga patinando en la misma vieja cuneta,

es con este material y otros que surjan de actores más calificados, con el que debemos trabajar en el intento de construcción de una paz firme y duradera y de consolidación de los DDHH en Guatemala.

Quienes estamos en esta tentativa nos enorgullecemos de ser los grandes aguafiestas de la indiferencia cómplice. Nuestra tarea, como intelectuales y académicos comprometidos, no debe quedarse, como ocurre muchas veces, en un simple “ sacudir” auditorios. Sin embargo y afortunadamente, sigue habiendo un lugar y un momento para todo.

Referencias documentales: Calderón, Fernando; Martín Hopenhayn y Ernesto Ottone Esa esquiva modernidad, desarrollo, ciudadanía y cultura en América Latina y el Caribe Nueva sociedad, Caracas, 1996, pg. 55.

López Jiménez, Silesio Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú IDS, Lima, 1997. pg. 43.

Cortina, Adela Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía.

Alianza Editorial, Madrid, 1997. pg. 265 Referencias cibernéticas: http://www.razonypalabra.org.mx

¡ Construir democracia es tener acceso al conocimiento de nuestra realidad !

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A diez años de la firma de la Paz Por Edelberto Torres Escobar 1

Consideraciones Iniciales

Breve cronología

Dos décadas de iniciada la transición política pareciera un periodo de tiempo suficiente para que una democracia se consolide, sobre todo cuando la mitad de ese tiempo ha transcurrido sin conflicto armado. Seis gobiernos han sido garantes del proceso de paz en Guatemala2, desde su concepción y convocatoria, el desarrollo de las conversaciones directas entre las partes, la firma de los 13 Acuerdos que le dan contenido al mismo, y el compromiso de afirmarlos como agenda nacional.

El 29 de diciembre de 2006 se cumplieron 10 años de haberse firmado el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. A partir de su firma en diciembre de 1996, se concertaron una serie de medidas destinadas a dotar al conjunto de los Acuerdos de Paz de institucionalidad, para asegurar el avance de los compromisos contraídos.

Sin duda, esta condición ha sido propicia para discutir e incluso concertar ideas acerca de lo que debería ser el país.

De hecho, se han promulgado leyes ampliamente discutidas y de distinta categoría jurídica para normar el funcionamiento de algunas instituciones y la participación social en democracia.

Sin embargo, el entusiasmo general que debería despertar un proceso de esta índole no se aprecia en la ciudadanía, dada la ausencia de su participación en la consumación de los compromisos firmados, al punto que es perceptible una situación como que no se hubiera firmado acuerdo alguno. Todo parece indicar que los lastres del pasado pueden más que las reformas introducidas, y que la causa se encuentra en el origen del surgimiento de la vida democrática y el proceso de paz, como parte de ese curso trazado.

Este ensayo abordará algunas de las dificultades con que el proceso de paz se ha encontrado, llegando a cuestionar la viabilidad de los Acuerdos de paz, como Agenda nacional, tal y como fueron suscritos. En este ensayo se revisan aquellos compromisos que constituirían la base legal de los cambios en la Administración pública.

El Acuerdo de Cronograma, considerado como el itinerario de la paz, y suscrito el mismo 29 de diciembre, estipuló un programa mínimo a ser cumplido en un plazo no mayor de tres años, acordando la figura de la Comisión de Acompañamiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CACAP) como la instancia de consulta para velar por su cumplimiento. Esta Comisión, facultada en su mandato para establecer los plazos requeridos para la puesta en marcha de los distintos compromisos adquiridos, tuvo ocho años de existencia.

Durante el gobierno de Alfonso Portillo (1999-2003), se planteó la recalendarización del proceso de paz ante el abandono del cronograma inicial y la urgencia de cumplir con las promesas hechas a los países donantes aglutinados en el Grupo Consultivo.

A inicios del actual gobierno de Oscar Berger se hizo público el “relanzamiento de los Acuerdos de Paz” al crear otra instancia, política y técnica, encargada de promover su cumplimiento a partir de nuevos plazos y términos: la Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz. En 2005, el Congreso de la República aprobó la Ley Marco para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz la cual, a su vez, dio paso a la instauración del Consejo Nacional de los Acuerdos

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Licenciado en Economía Agrícola por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Con estudios de Maestría en Economía del Desarrollo por la Universidad de Gales, Gran Bretaña. Consultor en temas de conflictividad social. Ha realizado trabajos de investigación para el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG), con sede en el departamento de Huehuetenango.

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El proceso de paz visto en su conjunto puede dividirse en tres grandes etapas. La primera, denominada de Diálogo, tuvo lugar formalmente entre 1986 y 1990 y está constituida por la serie de acercamientos, informales al principio, formales después, entre el gobierno de Vinicio Cerezo y la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), y las organizaciones político-militares aglutinadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), en la que se valoraron, de manera general, las posibilidades y las condiciones existentes para iniciar conversaciones directas para el abordaje del conflicto armado. La segunda es la llamada propiamente de Negociación, formalmente iniciada en 1991 a partir del fallido gobierno de Jorge Serrano Elías y del Movimiento de Acción Solidaria (MAS), y que fundamentalmente va a continuarse hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 abarcando el gobierno emergente de Ramiro de León Carpio (Junio de 1993diciembre de 1996), y el primer año del gobierno de Alvaro Arzú y del Partido de Avanzada Nacional (PAN). Una cronología con valoraciones cualitativas sobre los momentos políticos y contextuales más sobresalientes de estas etapas están contenidas y pueden recogerse en Inforpress Centroamericana. Compendio del Proceso de Paz. Cronologías, análisis, documentos, acuerdos. Tomos I y II, 1986 -1994 y 1995 – 1996, 358 y 347 páginas respectivamente. La tercera etapa formalmente se inicia a partir de la firma de los 13 Acuerdos de Paz en diciembre de 1996 hasta el momento actual. A estas alturas sin embargo, los Acuerdos de Paz han pasado a ser una agenda de segunda o tercera categoría.

Página 9 de Paz (CNAP)3, instancia que desde su creación ha pasado inadvertida en la vida política nacional.

Con la pérdida de la oportunidad de elevar los Acuerdos de Paz a rango constitucional en la Consulta Popular de 1999, la nueva Ley, que goza de rango legislativo, establece un vínculo con la Constitución Política de la República al definir como objetivo: Establecer normas y mecanismos que regulen y orienten el proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz, como parte de los deberes constitucionales del Estado, de proteger a la persona y a la familia, de realizar el bien común y de garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral de la persona (…) sobre (la base de) un desarrollo participativo”.

Este “relanzamiento”, lejos de proponer un nuevo itinerario de la paz, es más bien un recordatorio de su existencia. Si bien la Ley Marco, ya señalada, fue promulgada para regir las acciones del Estado, no establece las modalidades para efectuar el monitoreo y evaluación de las acciones estatales dirigidas al impulso de cambios normativos, institucionales y de políticas públicas en general.

ello es que resulta más retórica que adeudo político, los pronunciamientos realizados por los gobiernos que, a la fecha, han ratificado su disposición de cumplir con los Acuerdos contraídos. Y no ha sido por falta de propuestas de ejecución, pues durante estos diez años las diversas convocatorias a mesas de diálogos con la participación de diversos sectores sociales, así como las propuestas surgidas de comisiones ad-hoc, han rendido sus frutos en iniciativas de política pública, que en el menor de los casos han sido incorporadas por los gobiernos e instituciones de Estado.

La pregunta obligada, diez años después de la firma de la paz es: ¿Hasta qué punto hubo voluntad política en la firma de los Acuerdos de Paz, y hasta dónde no la hubo después? ¿Pecado original?

¿Hasta qué punto hubo voluntad política en la firma de los Acuerdos de Paz, y hasta dónde no la hubo después?

Desde el inicio del proceso de paz se fue manifestando que los distintos acuerdos obedecían, por su naturaleza, a diferentes ritmos de ejecución, y que el avance en el proceso de paz tenía que ser asimilado como un proceso de mediano y largo plazos, dado el carácter transformador que conlleva su cumplimiento. Desde los acuerdos operativos de ejecución perentoria4, hasta los que necesitan de un reconocimiento preciso de rango constitucional5, se extiende toda una serie de propuestas y demandas al Estado, determinadas como necesarias para la modernización política y social del país.

Hoy resulta más claro que nunca, que en todas las reformas iniciadas el lastre del pasado se sigue manifestando. Ante

Los Acuerdos de Paz constituyen, de hecho, un esfuerzo por introducir cambios en la sociedad. Más allá de haberse promulgado como una vía para socavar las bases del enfrentamiento armado, en su espíritu más bien se encuentra la orientación a la modernización del Estado y la participación social. Es por ello que no pueden sustraerse del proceso democrático iniciado diez años antes, y es en esa medida en que la transición a la democracia ha marcado, tanto a la dinámica en torno al cumplimiento de los acuerdos como anteriormente a la misma negociación de éstos.

La negociación de los Acuerdos de Paz, como toda negociación, es el resultado de la articulación de fuerzas que se emplean para alcanzar logros por las partes que intervienen en ella. Una posición de fuerza por parte del gobierno negociador fue, por ejemplo, exigir la preponderancia de la Constitución Política de la República sobre cualquier acuerdo, de lo contrario ésta tendría que ser modificada a través de los mecanismos legales estipulados en ella6.

3 Integran el CNAP: un representante de la gubernamental Secretaria de la Paz (SEPAZ); del partido político Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG); del Organismo Judicial (OJ); del Congreso de la República; de la gubernamental Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN); de cada uno de los partidos políticos o coaliciones con representación en el Congreso de la República; siete representantes del sector social: indígenas, mujeres, sindical, campesino, empresarial, organizaciones de derechos humanos y sector académico. Además, un representante del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), y el representante residente del Sistema de Naciones Unidas (SNU).

4 Los Acuerdos operativos son los que promovieron la incorporación a la vida civil de ex combatientes de las cuatro organizaciones integrantes de la URNG. 5 Dentro de los acuerdos firmados por las partes se consideró que se necesitaban por lo menos realizar 14 cambios constitucionales para poder ser puestos en marcha. El acuerdo considerado de más impacto fue el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), que precisamente reconoce la naturaleza multicultural del Estado guatemalteco, otorgándole rango constitucional a la diversidad étnica del país.

6 Los Acuerdos de Paz resultantes de la negociación en El Salvador fueron aprobados por el Asamblea Legislativa de ese país sin necesidad de una consulta nacional.

Página 10 No se puede obviar que la negociación de los Acuerdos de Paz se inició cuando el proceso democrático en transición ya se había orientado, siguiendo las directrices del convenio entre los grupos de poder, ya fuera que estuvieran representados en la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, de 1984, o que ejercieran su influencia desde afuera de ésta. Tal situación condicionó, de hecho, el entorno “legal” en que fueron discutidos posteriormente los Acuerdos.

En toda transición no violenta del autoritarismo a la democracia, los actores vinculados al poder adhieren los elementos que determinan la dinámica del proceso. Al no haberse iniciado la transición por la fuerza, es decir, por medio de cambios abruptos de poder, el resultado se dio por medio de pactos, no necesariamente sucritos en documentos oficiales en donde, irremediablemente, se prolongó la existencia de esos componentes del pasado autoritario. Esto resultó ser más importante que las condiciones mismas que propiciaron el cambio.

De manera específica se hace referencia al agotamiento de la administración pública por parte del Ejército, las contradicciones de éste con los empresarios, y las presiones externas para modificar el modelo autoritario contrainsurgente por un modelo democrático igualmente contrainsurgente.

Fue así que a las negociaciones de paz en plena transición democrática se llegó con una serie de condicionantes que influyeron su posterior desenvolvimiento, tales como las siguientes: Falta de entusiasmo de los empresarios por apoyar la democracia, empecinados con la reducción del Estado, y considerando únicamente la apertura para la estabilidad política como una condición para la liberalización financiera, estímulo a la inversión privada y flujo de capitales externos;

La supeditación de la razón social de la propiedad a la de propiedad individual; El derecho de veto de grupos de poder en la determinación de la política pública; El sistema político con los partidos autorizados, continuó constituyendo una estructura atrasada y anquilosada; Predominancia de formas ilegítimas de acceso a recursos, amparadas por la justicia y presión ejercida fuera del Estado; Falta de autonomía de los Poderes del Estado.

Por el lado de la sociedad, a estos condicionantes se sumaron las actitudes desarrolladas por la población a consecuencia del enfrentamiento armado, que dejaron como secuela, una inconsistencia en las relaciones y vínculos entre personas, incluso a nivel comunitario, con ausencia de valores comunes. Por ello, las fuerzas manifiestas a través de la llamada sociedad civil, no han contado con el sustento necesario para poder convertirse en proyecto político de cambio. Al final de cuentas, la Asamblea de la Sociedad Civil, ASC, si bien representó a sectores organizados de la sociedad, no incluyó una buena parte de ésta en su seno. Así, la ausencia de fuerzas sociales articuladas bajo una orientación política contundente, que apoyara un proceso efectivo de modernización no figuró, tanto en la coyuntura de la negociación de la paz como en el período pos bélico, y posteriormente. Más bien, sigue faltando la apropiación de los cambios introducidos que se siguen dando al margen de la sociedad.

Todos estos son componentes que al aparecer en un proceso de transición democrática y de modernización, tienen que ser atendidos. En definitiva, esos son los retos que ha tenido que enfrentar el proceso de paz, su razón de ser, y son precisamente los tropiezos los que hacen dudar, a veces, de su consumación; basta realizar una revisión sucinta y superficial de algunos compromisos para ilustrar esta duda.

Acuerdos para la base legal de una nueva sociedad

Desempeño de funciones distintas de aquellas para las que fue construida la institucionalidad del Estado, amparadas en la función contrainsurgente del gobierno; Persistencia de controles militares que quedaron garantizados constitucionalmente;

La opción política para la transformación de las bases de la estructura legal del Estado fue el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, (AFPC). Éste se planteó de acuerdo a una condición de paz y estabilidad para la reconciliación nacional, “Con la participación activa y

¡ Construir democracia es tener acceso al conocimiento de nuestra realidad !

Página 11 permanente de la ciudadanía a través de las organizaciones, fuerzas políticas y sectores sociales del país”, entendiendo que la renovación de la institucionalidad tiene que extenderse desde las autoridades locales hasta el funcionamiento de las instancias de gobierno, para que todos aquellos que sean depositarios del poder público cumplan su cometido al servicio de la justicia social, la participación política, la seguridad y el desarrollo integral de la persona.

parlamentarias, contraviniendo la disposición del AFPC, donde se estipula que los diputados no deberían ejercer la función legislativa por más de dos periodos consecutivos, sin considerar que es en la práctica legislativa en la que un diputado se forma.

Con el transcurso democrático se ha fortalecido el parlamentarismo y con él los controles al Ejecutivo. No obstante, la eficacia del Congreso de la República para realizar su labor en cuanto a promulgación de leyes, el ejercicio del poder que se le ha conferido resulta en una Afianzar los derechos políticos y fortalecer la función de amalgama de intereses políticos partidarios e intereses los poderes del Estado, así como determinar dentro de la particulares, lo que da por resultado el aletargamiento y institucionalidad democrática el papel que le corresponda desnaturalización de leyes propuestas, inclusive desde ejercer al Ejército, son los objetivos del AFPC. No fuera de este Poder del Estado, por sectores que han obstante, su cumplimiento ha puesto de relieve las trabajado arduamente para complejidades del sistema jurídico, lograr consensos, dejando ver político y social del país, por lo que la presencia de intereses ha estado sujeto a las regulaciones Afianzar los derechos políticos precisos desde fuera del legales aprobadas desde el Congreso y fortalecer la función Legislativo, obviando la de la República, o acuerdos de los poderes del Estado, representatividad popular gubernativos y ministeriales, según se así como determinar que define a un diputado. articulan las posibilidades de avance dentro de la institucionalidad y la voluntad política para su puesta democrática b) Sistema de Justicia en marcha. Dada esta limitación, los el papel que le corresponda alcances esperados en la ejercer al Ejército, El sistema de justicia sigue modernización de la gestión son los objetivos del presentando severos atrasos. pública han sido parciales en el AFPC Las reformas en el sistema de conjunto de los tres órganos de poder. aplicación de justicia son una Veamos. de las tareas más apremiantes que señala el AFPC como requisito para avanzar en la a) Congreso de la República consolidación del Estado de derecho.

En referencia al Congreso de la República, su función en En el país predominó durante la época autoritaria, la el pasado estuvo orientada a ratificar las decisiones que se fuerza como forma de resolución de conflictos, y la tomaban desde la cúpula militar fundida en el Poder justicia quedó situada en una condición marginal 7 .

Ejecutivo.

Además, como consecuencia de que desde el gobierno no se recurrió a jueces para sancionar los actos ilegales El funcionamiento del Poder Legislativo no requería de que amenazaran el orden constituido, la represión de los mayores mecanismos y competencias características de mismos ocurrió al margen de la ley. “Así, durante un un régimen parlamentario. Es por ello que se hizo necesario largo periodo, mientras ocurrían atrocidades organizadas introducir medidas administrativas orientadas a enmendar por las autoridades, la justicia miró hacia otro lado”8. un desempeño deficiente por medio de las recomendaciones de la Comisión de Apoyo Técnico y la Aparte de estos dos rasgos del pasado, las competencias respectiva Unidad Permanente de Asesoría Técnica. de jueces y auxiliares ha sido otro de los obstáculos para la aplicación de la justicia. En una evaluación de 494 Entre los resultados a destacar están: una nueva Ley resoluciones emitidas durante la década de 1990, citada Orgánica del Organismo Legislativo, y la elaboración de por Luis Pásara se destacan, entre muchas debilidades, manuales y guías sobre Técnicas Legislativas y la incapacidad profesional, desde la redacción hasta la Procedimientos Parlamentarios. Estas medidas han estado condena sin pruebas, y la carencia de aplicación de acompañadas de programas de formación a diputados con normas constitucionales en los dictámenes emitidos. el fin de crear y/o elevar sus capacidades culturales y 7

Pásara, Luis. Paz, ilusión y cambio en Guatemala . Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Rafael Landívar (URL), 2003, página 194.

Página 12 Fue así que para progresar y fortalecer la modernización de la justicia se crearon sucesivamente dos comisiones: la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia (COFOJUS) y la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia (CONAJUS). Esta última encargada de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la primera, incorporando las observaciones formuladas por el Relator Especial de Naciones Unidas.

En el año 2005, la CONAJUS hizo público el documento “Una nueva justicia para la paz” y el “Proceso de implementación 1998 – 2004”. En dichos documentos se hace una valoración de los avances y atrasos que se han tenido en la ejecución del AFPC, así como del sistema de justicia y seguridad nacional. Asimismo, se incorporan recomendaciones de ejecución y seguimiento para su cabal cumplimiento.

La reforma del sector justicia ha comprendido La ley de la Carrera Judicial, la cual busca establecer los derechos y responsabilidades de los jueces con el fin de garantizar su dignidad, independencia y excelencia en el ejercicio profesional, además de un adecuado nivel de remuneraciones así como el principio de que un juez o magistrado no puede ser investigado y sancionado sino es por quien tiene funciones jurisdiccionales. De acuerdo a la Ley, la selección de jueces se ha vuelto más transparente, y según la CONAJUS, garantiza, en cierta medida, la capacidad y la excelencia profesional de los aspirantes a jueces.

No obstante, en una evaluación que hace la Institución del Procurador de los Derechos Humanos (IPDH), el alcance de la Ley resultó parcial al no ser aplicada a la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Constitucionalidad (CC) y las Cortes de Apelaciones, quedando estos sujetos a la voluntad del Congreso de la República y, por consecuencia, sujetos a la politización de los mismos, lo que deja de lado la valoración de capacidades y experiencia profesionales9.

De igual forma, se enfatiza que la regulación de los ascensos sólo se aplica al paso de Juez de Paz a Juez de Instancia. Esto ha propiciado la continuidad en la concentración de funciones administrativas. En lo referente al nombramiento de jueces y magistrados, ha quedado establecido en un sistema de Carrera Judicial Mixta, 9

permitiendo la participación de profesionales que no necesariamente tengan experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. En cuanto a la duración del mandato, en la Ley de la Carrera Judicial queda establecida la posibilidad de renovación. Por lo tanto, la Ley, si bien ha significado un avance, ha sido un alcance parcial respecto a las metas que se habían planeado en el AFPC. En cuanto al Instituto de Defensa Pública Pena (IDPP)10, creado en 1998, se justificó por la dificultad de la población en el acceso a la justicia por la falta de recursos tangibles e intangibles en que se encuentra. Ante esto, la CONAJUS ha enfatizado en la inexistencia de una norma constitucional que garantice que la población que no cuenta con recursos económicos, pueda ser asistida gratuitamente para la defensa de sus derechos. Al respecto, el PDH11 ha remarcado en que a pesar de los grandes esfuerzos e inversiones para superar las deficiencias en el sistema de justicia, los mecanismos adoptados no han resuelto los obstáculos en el tema de acceso a la justicia para las mayorías y grupos vulnerables, y en el derecho a gozar de un juicio justo por razones extra judiciales que ejercen control sobre el sistema de justicia.

En el AFPC se promueve la generalización de la oralidad en los procesos judiciales, que debe significar una reducción en el presupuesto y el tiempo invertido para cada caso. Sin embargo, se ha observado una estricta tendencia al seguimiento a los escritos como parte de una cultura de ejercicio que resulta de una deficiencia profesional y práctica procesal. Además, la utilización de mecanismos que resultan en el abuso de recursos institucionales tales como el amparo, que a la vez obstaculizan y dilatan la administración de la justicia.

Al respecto de la agilización de los procesos, debe resaltarse que han existido algunos planes piloto particularmente apoyados por la cooperación internacional. Sin embargo, estos ejercicios no han logrado constituirse en mecanismo formales de implementación, lo que puede entenderse como una falta de voluntad política por parte de los organismos del Estado.

Respecto a la apertura a las diferencias culturales y respecto a las características propias en el ejercicio de la justicia, los avances han sido pocos. La aplicación del Convenio 169 en casos específicos no refleja una política de Estado, pese a la total posibilidad jurídica de hacerlo12.

Se cita el caso emblemático de la designación del Contralor de la República , quien había sido electo diputado por el partido oficial.Institución del Procurador de los Derechos Humanos (IPDH). Seguridad y justicia en tiempos de paz, 2006, pag. 32 10 Decreto 129-97.

11 IPDH, op. cit., pag. 40 12 La COFOJUS cita el ejemplo de la resolución dictada por el juez del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delito contra el Ambiente del departamento de Totonicapán, proceso E.312.2003 del 25 de junio de 2003, en el que se decretó sobreseimiento a favor de tres personas sindicadas del delito de robo agravado, en virtud de que dichas personas fueron juzgadas por autoridades indígenas en aplicación de su propio Sistema de Justicia.

Comisión de Fortalecimiento de Justicia, op. cit., página 284.

Página 13 Tanto la CONAJUS como la IPDH acusan deficiencias en la ley en cuanto al tratamiento de la discriminación, por no apegarse a la realidad social. Específicamente, la IPDH plantea “Deficiencia técnica en la descripción del tipo penal, que ha dado lugar a la ausencia de claridad en la definición de las conductas que constituyen el delito de discriminación, dificultando su aplicación práctica. En tal sentido, se requiere una revisión legislativa del tipo penal de discriminación, que para algunos sectores requeriría la emisión de una ley específica que desarrolle la discriminación racial, incluso en aspectos tales como la regulación del derecho de admisión, situación que ha generado la mayor cantidad de denuncias”13.

(v)

La falta de acceso a la información en poder de instituciones como el Ministerio de la Defensa Nacional y la investigación en casos de alto impacto;

(vi)

La concentración de los recursos en el seguimiento a delitos menores y la desatención a los delitos de mayor daño social;

(vii) La subsistencia de instrumentos normativos insuficientes como el Código Penal; (viii) Las propuestas de medidas que viabilizan la impunidad en relación a violaciones de Derechos Humanos, tal es el caso de la iniciativa 2794 del Código Militar, que representa un retroceso en materia de justicia;

A través de la implementación de reformas administrativas se busca ampliar la cobertura de justicia, modernización tecnológica, multilingüismo y protección a testigos y fiscales. De acuerdo con el informe La política de seguridad (ix) La politización de la justicia, entregado por el PDH, la seguida por el Ejecutivo producto de la ausencia de concentración de los recursos de la descansa en el llamado carreras judiciales y fiscales administración de justicia en la adecuadas; persecución y procesamiento de faltas Gabinete de Seguridad y delitos menores conlleva a la donde la participación (x) La posibilidad que abogados criminalización de la pobreza, a la vez del Ministerio de la Defensa nombrados como Magistrados que desvía la atención sobre la Nacional es central, suplentes en Cortes de incapacidad de persecución y sanción relegando al CAS Apelaciones y la Corte de de los delitos graves estipulados en el Constitucionalidad (CC), AFPC como delitos de mayor daño sopuedan seguir desempeñando cial. De acuerdo al PDH, tales su trabajo como abogados; y, reformas deben impedir el encubrimiento de un sistema de impunidad y corrupción. (xi) La ausencia de un sistema gratuito de asistencia letrada en materia civil, laboral y administrativa.

En esa línea, el informe identifica once puntos que minan el sistema de administración de justicia, a saber: c) Seguridad (i) Altos índices de corrupción en la cadena de Para la puesta en marcha de la agenda de seguridad se la administración de justicia; conformó un Consejo Asesor de Seguridad (CAS) 14 , compuesto por representantes de diversos sectores sociales (ii) La infiltración de estructuras paralelas y del que junto a delegados del Estado, asesorarían al Organismo crimen organizado; Ejecutivo. (iii) La inercia de “la cultura del expediente” -en el Sin embargo, la política de seguridad seguida por el cual se obvian los principios procesales de la Ejecutivo descansa en el llamado Gabinete de Seguridad naturaleza de la inmediación y la oralidad, y se donde la participación del Ministerio de la Defensa da seguimiento únicamente a los e x p e d i e n t e s Nacional es central. Con la relegación del CAS se relega por escrito-, y el positivismo jurídico, también el principio de seguridad democrática que implica que limitan la agilización de la administración de el conjunto de condiciones que una sociedad y un Estado justicia; deben proporcionar al individuo y la comunidad para garantizarles una vida digna,. Dicho concepto –seguridad (iv) El litigio malicioso, el abuso de recursos e democrática- ubica en el centro al ser humano. instituciones tales como el amparo; 13 14

IPDH, op. cit., página 98.

Acuerdo Gubernativo 40-2003.

Página 14 En el año 2005, el Ministerio de la Defensa Nacional convocó a la discusión sobre el Sistema Nacional de Seguridad sin tomar en cuenta al CAS. Al respecto, el informe respectivo del PDH señaló: “Esto evidenció, por un lado, un nuevo posicionamiento del Ejército en temas cuya competencia corresponde al poder civil y, por otro lado, que el CAS aún no había alcanzado el reconocimiento y liderazgo necesarios para asumir el papel encomendado en los Acuerdos de Paz”15.

Con la transformación de la agenda mundial de seguridad, la cual se tornó en una política global de seguridad contra el terrorismo, el narcotráfico y la migración, se procedió al endurecimiento y la militarización de los sistemas de seguridad. Otro aspecto se refiere al papel que juegan la globalización y los Tratados de Libre Comercio (TLC), creando condiciones en las agendas de seguridad y justicia que no necesariamente son compatibles con lo estipulado en los Acuerdos de Paz. Esta nueva agenda, aunada a la incapacidad de fortalecer la Policía Nacional Civil (PNC) para enfrentar las tareas de seguridad interna, el aumento al presupuesto del Ejército, contrariando así los Acuerdos de Paz, junto al proyecto de Código Penal Militar en discusión en el Congreso de la República, ponen en tela de juicio uno de los Acuerdos más sensibles de la paz.

Algunas conclusiones Ha habido esfuerzos por mantener la presencia de los Acuerdos de Paz, al menos concediéndole un espacio institucional estableciendo, con la Ley Marco, la ventana jurídica para proseguir con la comprobación del proceso.

Con la salida de MINUGUA siete años después de la firma de 1996, Naciones Unidas se sustrae, exclusivamente a monitorear el estado de respeto a los derechos humanos, dejando fuera la participación directa de la comunidad

15

internacional en el acompañamiento de los acuerdos, suscribiéndose a sugerir desde la cooperación técnica medidas orientadas al cumplimiento de las metas del milenio, las que coinciden en cierta forma con las metas de la paz.

La transformación de la sociedad, de la política y del Estado se debate entre las fuerzas de cambio y las conservadoras. En aras de la estabilidad, desde la administración pública los avances han sido permisibles en la medida en que no se provoque una confrontación con grupos de poder que reaccionen contra la estabilidad del gobierno. Llegando a tener una actitud ambigua de asumir los compromisos sin comprometerse, y sin tener la capacidad de obviarlos públicamente, por no asumir el costo político. En este sentido mas bien ha habido un discurso favorable en donde cada reforma, decreto gubernativo o simplemente la canalización de fondos públicos hacia cualquier acción social entra en el amplio territorio de los acuerdos de paz y de esa forma se justifican.

Si los Acuerdos de Paz siguen siendo agenda nacional dependerá de la sociedad misma. Mientras tanto, asistimos a un cumplimiento aletargado como ha sido la promulgación de la ley de centros penales, que después de figurar en las recomendaciones de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia en 1997 y vuelve a aparecer como parte de las observaciones que MINUGUA realizó en 2000, no fue sino seis años después de ese último señalamiento que se logró aprobar en 2006, como ley de urgencia nacional, después de que la fuerza pública recuperó la administración de la cárcel “Modelo” de Pavón, y después de aniquilar al grupo de presidiarios que la tenían bajo control, mostrando cómo aún se recurre al crimen para poner orden.

IPDH, op. cit., página 27.

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Congreso de la República: Nudo gordiano de la reforma política en Guatemala

Página 15

Por Álvaro Velásquez 1 Preámbulo 1

En esta segunda entrega sobre los dilemas de la reforma política del sistema político en Guatemala, recapitulo mi posición acerca de la reforma política democrática: ésta debería estar orientada a la refundación de la República, del Estado y la Democracia, tal como ya se insinuó en la primera parte2, a partir de una transformación de las desiguales relaciones de poder vigentes en el país. Que el mecanismo idóneo para hacerlo sería mediante una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), puesto que la de 1984 habría sido una ANC contrarrevolucionaria.

No se cuestiona la legitimidad del orden vigente pues éste se ha venido afianzando y ensanchando, tanto porque en el ámbito internacional la democracia ahora goza de buena reputación como porque el sistema avanzó en eliminar el fraude electoral como práctica descarada, y porque el proceso de paz amplió y confirmó la transición a la democracia, dando lugar a un nuevo dinamismo de actores sociales que impulsan, desde abajo, una revolución silenciosa de ciudadanía, pese a los límites del sistema y del proceso actual.

Pero también se dijo que hoy día no es raro encontrar a promotores de una reforma política de corte conservador, cuyo objetivo expreso es hacer más funcional el sistema cambiando aquello que en su momento se juzgó correcto pero que ahora se considera incorrecto – por ejemplo, el procedimiento de elegir a los responsables de los órganos de control- 3. Otros, más radicales, buscan evitar una refundación del Estado hecha por el pueblo, y en su lugar proponen una refundación a su medida.

Como ya se enunció también, el fondo de las propuestas de reforma política democrática consiste, por un lado, en “dar más poder a la gente” y, por parte de los grupos conservadores, podría ser la de “despolitizar la política” hacia una tecnocracia más sensible con las realidades económicas. Ambas metas no tienen por qué ser incompatibles por principio, a condición que se entienda que lo técnico, en tanto conocimiento sistemático de un proceso, tiene una dialéctica de subordinación con dos ámbitos: a) con el poder y, b) con la verdad que se quiere

generalizar. Lo que significa que el conocimiento técnico siempre responde a alguien o a algo, esto es, a un poder político real o formal.

En esa dialéctica, la reforma política del sistema gravita entre dos mundos paralelos: 1) El permanente miedo por lo que Alexis de Tocqueville denominó “la tiranía de la mayoría”, que tiene su lugar desde las elites.

2) La permanente lucha por liberalizar lo que T. Bottomore y otros han descrito como la “ley de hierro de la oligarquía”, y que tiene su lugar desde la llanura social.

La siguiente cita del proyecto Pro Reforma extraída de su sitio web, en la entrada titulada “La democracia no basta”, describe muy bien este dilema: “No se intentará [con su proyecto] resolver problemas de unos disponiendo de los recursos de otros, en contra de la voluntad de los mismos.

Por ejemplo, no podría una mayoría exigir democráticamente a una minoría, en contra de su voluntad, que le provea de vivienda, alimentos, medicinas, diversión, etc., mediante el establecimiento de impuestos discriminatorios, distintos de los que la misma mayoría estaría dispuesta a pagar”4. (El entre corchete es nuestro).

Si la democracia y los derechos individuales son respetados y los grupos radicales aislados -que no eliminados-, siempre habrá espacio para la diversidad y la convivencia ordenada en proyectos sociales comunes.

De otro modo, esa minoría que dicho proyecto quiere salvar, estaría simplemente por encima de las leyes y viviendo bajo sus propias reglas.

En resumen, de lo que se trata en una reforma política democrática es partir del principio de que toda generación tiene el derecho de revisar su Constitución, tal como lo expresa el artículo 28 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1,793: “Un pueblo tiene

1 Analista Político e investigador social guatemalteco. Ha trabajado y publicado distintos trabajos relacionados con la reforma del Estado y la democracia en distintas entidades de investigación guatemaltecas y centroamericanas. Ha sido columnista de prensa.

2 Velásquez, Álvaro. “Razones y dilemas de la reforma política en Guatemala. Primera parte”. El Observador. Análisis sobre Política y Economía No. 2, año 1, septiembre de 2006, páginas 19-24.

3 Llámese así al conjunto de instituciones que de forma autónoma pero subordinada a algunos de los Poderes del Estado, ejercen labor de fiscalización para el cumplimiento de la ley tales como la Contraloría General de Cuentas CGC), el Ministerio Público (MP), las Superintendencias, etc.

4 http://proreforma.org.gt

Página 16 siempre el derecho de reformar y cambiar su Constitución.

Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras”.

Esto ha sido así por dos razones: una de orden institucional y otra de orden político.

En lo institucional, el Congreso de la República no es un ente unívoco y unitario como puede serlo el Organismo Pese a lo anterior, la pregunta obligada es ¿Qué viene Ejecutivo, donde los/las Presidentes (as) de la República después de las reformas? ¿Qué clase de país y de sociedad son la expresión orgánica y personal de las políticas devendría con impulsar tales transformaciones? A nivel gobernantes. La independencia y equidad de poderes no de debate, las respuestas dependen de cuál sea el obsta para que legalmente sea el gobierno el rector de las interlocutor o cuáles los paradigmas usados para dialogar. políticas de largo y corto plazo, con el acompañamiento a Pero a nivel de la práctica política, la respuesta veces subordinado del Congreso. depende de cuánta madurez, espíritu de diálogo y consenso exista entre En lo político, el Congreso no es las elites del poder y las elites de un sólo rostro, ni siquiera tiene la llanura, para heredar una sociedad moderna, en paz y con Pero el Congreso sí ha sido una rostro, y tampoco es una sola política, sino el conjunto de desarrollo a las siguientes caja de resonancia para que voluntades políticas, no su generaciones. las políticas más importantes de sumatoria, que las hacen posibles. liberalización económica y apertura Es decir, el Congreso es, ante En cualquier caso, en este ensayo comercial, se instalen de forma todo, un espacio, un lugar, donde discutiré que la reforma política estructural en la sociedad y varias fuerzas políticas actúan transformadora en Guatemala simultánea y dialécticamente. tendría que tener como pilar para el Estado guatemalteco. Sus el mejoramiento de la democracia fracciones mayoritarias también El Congreso es percibido por la y sus instituciones, han incidido para que los opinión pública como un todo principalmente a aquella compromisos de reforma política único, como un gelatinoso institución que expresa mejor contenidos en los Acuerdos de Paz, personaje de un circo barato. El desde el sentido de la formalidad fuesen deliberadamente retrasándose o comportamiento personal de democrática, tanto la soberanía algunos diputados (as) y las popular como la representatividad tergiversándose lo más posible. posiciones de fuerza de algunas y el pluralismo: el Congreso de fracciones políticas, hace que la República. todos y todas, personas y fracciones, sean tasados por igual. De ahí que ninguna reforma política puede concebirse si no tiene como punto El Congreso de la República: punto de partida de la de partida al Congreso, lo cual incluye una discusión sobre reforma política el tipo de régimen democrático que tenemos y el tipo de régimen electoral y partidario que tenemos.

Es sabido que el sistema político guatemalteco es presidencialista por antonomasia, pero dando lugar a un No obstante, la transnacionalización de la democracia y semiparlamentarismo que se muestra en las amplias el debilitamiento de las instituciones democráticas que el capacidades fiscalizantes y regulatorias que el Congreso modelo neoliberal en boga han ocasionado, o que son de la República de Guatemala tiene. Pero en el balance consubstanciales al sistema político guatemalteco -de del poder, el Congreso o Parlamento guatemalteco ha cuño oligárquico y de democratización no acabada-, ha tenido poca o ninguna incidencia en el rumbo político de traído una serie de problemas o características que a este sistema, precisamente por esta misma configuración continuación analizo para finalmente discutir el desenlace legal. que esta confluencia de factores puede traer.

Pero el Congreso sí ha sido una caja de resonancia para que las políticas más importantes de liberalización La transnacionalización de la Democracia económica y apertura comercial, se instalen de forma estructural en la sociedad y el Estado guatemalteco. Sus En los materiales politológicos suele hablarse mucho de fracciones mayoritarias también han incidido para que la transnacionalización de los Estados-nacionales como los compromisos de reforma política contenidos en los consecuencia de la globalización, lo que en esencia Acuerdos de Paz, fuesen deliberadamente retrasándose o significa la subordinación de los gobiernos nacionales a tergiversándose lo más posible.

Página 17 los requerimientos de organismos financieros internacionales –Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Organización Mundial del Comercio (OMC)-, además de cónclaves de gobiernos poderosos como el G-8 y de las propias empresas multinacionales que, juntos, estandarizan los dictados económico-políticos que el resto del mundo debe seguir.

Intentando una interpretación neutral y optimista de esta realidad, puede decirse que una consecuencia lógica de decisiones que se imponen por lo anterior, es una suerte de transnacionalización de la democracia” porque aun cuando en la práctica imponen una dictadura del mercado y del capital, lo hacen bajo la bandera de la democracia liberal, donde supuestamente las elecciones “libres, limpias y justas”, al seno de los países y la prevalencia de una “ley legítima”5 del derecho internacional se combinan.

Con estas reglas del juego, los distintos gobiernos buscan cómo no quedar fuera de la jugada que los arrastra sin cesar, mientras que los parlamentos nacionales buscan que las agendas parlamentarias y la interconexión de los actores políticos nacionales e internacionales, se armonicen en supraleyes con la ilusión de que leyes iguales hacen países iguales. Es el mismo principio de igualdad ante la ley, que en verdad hace iguales a los desiguales, en un terrible juego de apariencias que todos aceptan como mal menor. La interpretación pesimista de esto es que en el sustrato de esta realidad económica, la reducción de las capacidades rectoras del Estado conduce a un vacío de autoridad generalizado, sin referencias coercitivas y de integración eficaces, que a la larga ha terminado por favorecer la militarización de la globalización por parte de una sola potencia mundial que se erige en guardia pretoriana de sus propios intereses y del capitalismo.

Mientras tanto, los efectos de la globalización y el triunfo del mercado fuerzan a los Congresos de países pequeños a estar pendientes –so pena de desestabilizaciones indeseadas- de agendas extraparlamentarias promovidas desde abajo -asociaciones civiles, empresariales, etc.-, como desde arriba -ámbito internacional-, y horizontal gobiernos, organismos judiciales-, todo lo cual hace cruzar distintos intereses y necesidades provenientes de ciudadanos (as) y no ciudadanos (as), localizados (as) y no localizados (as) que han vuelto la democracia moderna, 5

transnacionalizada, un caldero global de de problemas refractarios.

De ahí la necesidad que tienen los círculos de poder nacionales e internacionales, de que al frente de la cosa pública y en los Parlamentos nacionales haya políticos uniformados al sentir y pensar del modelo económico y político dominante, porque se juzga que esto es lo normal y no la negociación, la disidencia y los pactos libres.

Justamente por eso nacieron los famosos think-tanks, para ayudar a homogenizar a los congresistas en una misma filosofía, en una misma regla para todas las leyes: deslegislar6 y crear otras ad-hoc al recetario dominante.

Puede notarse, entonces, la relatividad de todo proyecto de reforma y la dinámica cuántica de la naturaleza de la democracia actual: muchas entradas y muchas salidas, sin aparente sentido, y al mismo tiempo no inmutable.

La debilidad de la Democracia como causa de la pérdida de la credibilidad del Congreso de la República El Congreso de la República, con sus 158 diputados, lejos de ser un espejo de la sociedad, en el sentido sartoriano7 del término, en alusión del pluralismo social, es más bien una vitrina –en el peor sentido de la palabra- de nuestra democracia. La evidencia es abrumadora: ni las mujeres (14), ni los jóvenes (5), ni los mayas (14), ni garífunas ni xincas -estos últimos grupos ni siquiera cuentan con representantes auto identificados como tales-, constituyen representaciones congresales correspondientes a la sociología estadística del país.

Por su parte, la izquierda política apenas es testimonial, restándole así fuerza al pluralismo y a los necesarios equilibrios de la democracia.

Lo anterior es síntoma de una democracia debilitada, elitista y tradicionalista, cuyo basamento se extrae del innegable poder de compra que tiene el bloque histórico en el poder, mismo que ha usado discrecionalmente para asegurarse cuotas de influencia en los órganos del Estado, además de que con ello ha contribuido a desequilibrar, entonces, la representación política en el Congreso. Por esto, en más de alguna oportunidad he llegado a sostener que el sistema electoral guatemalteco es de corte censitario

Esto es un Estado de Derecho derivado del poder democrático y no dictatorial, donde también hay leyes pero no sancionadas por el pueblo.

6

En efecto, nadie se opone a actualizar o, incluso, abolir leyes obsoletas, ya sea para modernizar un determinado régimen como para eludir innecesarios entrabamientos burocráticos -o tramitología como acostumbra decirse hoy día-. El problema es que con dicho término – deslegislación, se busca eliminar derechos sociales, y re-legislar a favor de las actividades del sector privado, lo cual puede tener el mérito de propiciar un favorable clima de inversiones privadas, pero también de erosionar fundamentalmente los poderes públicos.

7

. Sartori, Giovanni.“Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis”. Madrid: Alianza, 1980, principalmente los capítulos 1 y 3.

Página 18 de facto, precisamente porque el principio democrático de “una persona, un voto”, se ha tergiversado por “un dólar, un voto”.

Aparte de lo anterior, que ya revela la necesidad de reformas, se añade la persistencia de un régimen electoral desfavorable a las proporcionalidades políticas, y por el contrario, muy favorable al mayoriteo, mismo que no ayuda en la ampliación de las opciones electorales del votante, ni al control individual de los parlamentarios en su ejercicio público.

debo nada”-. Esto les permite a los candidatos venderse al mejor postor o invertir en otros partidos, según cálculos económicos y no políticos, pues el sistema no está hecho para los partidos políticos, sea instituciones de derecho público, paraestatales, sino clubes organizadores de candidaturas individuales para cargos públicos.

La causa de esta negativa consecuencia hay que buscarla en el sistema electoral orientado a la preeminencia de los capitales privados y reglas del mercado que impiden consolidar partidos políticos.

Es decir, el régimen electoral guatemalteco, que también Y en río revuelto ganancia de pescadores: al esquema ya es aplicable al Congreso de la República, es del tipo: lista descrito se ha añadido el poder corruptor del crimen cerrada/bloqueada, cuyo propósito original es favorecer organizado y narcotráfico, que no han dudado en lavar la consolidación de partidos, pues el elector se ve obligado sus ganancias o asegurarse coberturas por medio de la a votar por partidos no por personas. influencia directa en la política.

Sin embargo, la tendencia del debate y la realidad política Ambas situaciones: alineamiento actual muestra un voluntario o involuntario de los cuestionamiento a este representantes a los intereses Se ha debatido -y seguramente modelo, porque la dominantes, y la prostitución consecuencia ha sido que el personal hacia la riqueza fácil de continuará esta discusión- que las mayoriteo de los partidos otros varios, hace que muchos reformas electorales deberían puede armarse fácil cuando el diputados simplemente pierdan el enfatizar un sistema más mercado y los capitales respeto de la ciudadanía. ¿Podría ser privados dominan el juego de de otra manera? Sí, si lo que proporcional y favorecer también la política electoral, con el importara para los representantes candidaturas independientes o consiguiente efecto de fabricar fueran los electores, la ética y el país. uninominales, al estilo de cómo resultados electorales de Y si el financiamiento público dudosa legitimidad y con alcanzara al menos el 70% del funciona el sistema mixto alemán candidatos sin disciplina financiamiento estándar de los partidaria. partidos. De ahí que no sea raro comprobar lo que denuncia la Se ha debatido –y seguramente escuela de The Public Choice continuará esta discusión- que abanderada por J. M. Buchanan, quien no llega a decir que son los pudientes los que las reformas electorales deberían enfatizar un sistema más proporcional y favorecer también candidaturas mercantilizan la cosa pública. independientes o uninominales, al estilo de como funciona el sistema mixto alemán.

Un caso revelador de esta situación en el Congreso de la República sucedió el 31 de marzo del año 2006, cuando Como se sabe, la forma en que hoy día se elige a los un grupo de diputados logró meter, a última hora del proceso legislativo, una enmienda al artículo 3 de la Ley diputados no ha favorecido la disciplina partidaria sino el transfuguismo, generándose con el argumento de que sus contra el Crimen Organizado 8, lo que fue todo un escándalo. Esto es más común de lo que parece en el respectivos partidos constriñen su libertad individual -su lógica sería: “el partido invisiliza” o bien “a éstos no les proceso legislativo, pues la producción de una ley admite 8

Medios escritos del país dieron cuenta de una revisión que a última hora efectuó el Congreso de la República en la aprobación de la Ley contra el Crimen Organizado que tuvo lugar el 30 de marzo del año 2006. Los cambios introducidos en esa oportunidad se dieron sobre el artículo 3 de esta normativa, cuando los diputados agregaron como parte del crimen organizado, los delitos de robo de vehículos en el extranjero para su comercialización en el país y el contrabando aduanero. Sin embargo, solo se plasmó lo relacionado con la comercialización en Guatemala de los vehículos que fueran robados en el extranjero, y no los que fueran robados dentro del país. El otro aspecto a resaltar de este fondo de revisión de última hora sobre el mismo artículo, es que los legisladores no modificaron la redacción de uno de sus párrafos que reduce a la mitad las penas para delitos de alto impacto. Prensa Libre. “Diputados enmendaron a medias”, 31 de marzo de 2006.

Página 19 varios pasos formales, tres de los cuales son públicos: las denominadas “tres lecturas”, pero hay otros pasos colaterales que si bien no son pasos ilegales, pueden a veces responder a oscuros intereses, y en los que pueden tomar el pelo al resto de diputados con menos experiencia o con buena fe.

Dichos episodios no siempre se denuncian porque no ocurren el ciento por ciento de las veces, ni siempre de manera tan descarada, amén de que los que finalmente se benefician de esas maniobras exhiben altos niveles de uso discrecional de los hilos del poder.

Otrora han sido famosos los casos del fracaso de la implementación del Pacto Fiscal y también el de la adulteración de la Ley de Bebidas Alcohólicas9 que se cometieron durante la pasada legislatura que tuvo vigencia en el período 2000-2003.

Lo notorio de este otro episodio fue que dio la impresión de ser parte de una conspiración para favorecer, no sólo a los grupos de poder tradicionales como estamos acostumbrados, sino a las mafias, imposible de comprobar, puesto que el Ministerio Público (MP) no tiene libertad de investigación sobre el Congreso ni sobre los diputados.

En cualquier caso, insinúa que estamos ante la presencia de una sutil alteración de las relaciones de poder tradicionales por la vía corta de la incursión de ciertos grupos en actividades ilícitas de gran envergadura. ¿Más democracia o menos democracia?

Con un presupuesto aproximado de Q270 millones, correspondiente al 0.01% del Producto Interno Bruto (PIB), y que por comparación interna y externa no es abultado, el Congreso de la República no ha podido situarse como un verdadero foro de la diversidad política y la representación democrática del país.

Tanto porque la política como tal todavía no se recupera del descrédito de la época contrainsurgente, o no se ha convertido aún en un canal privilegiado de resolución de conflictos -lo que implica, explicitación de intereses grupales; debate de ideas y de proyectos políticos, disensos y consensos, etc.-; ni tampoco los partidos son vistos como mediadores de intereses y necesidades

sociales; ni el número de diputados ni sus salarios ni su comportamiento individual, parecen tener correspondencia con lo que se esperaría de un alto organismo y de sus honorables representantes, lo cual justifica todavía más la necesidad de reformas para alcanzar estos cometidos y erradicar las anomalías.

La pregunta es: ¿Es esta tarea una cuestión política o técnica?

La respuesta es, desde luego, ambas. Veamos.

Un hecho poco valorado es que el Congreso de la República ha venido avanzando en materia de transparencia y que cuenta con importantes programas de apoyo externo para el fortalecimiento de sus funciones orgánicas y la de los congresistas. Hace falta ciertamente institucionalizar esos cambios a través de la creación de programas e institutos que estén al servicio de las comisiones parlamentarias, así como de la sociedad civil e investigadores.

El palco parlamentario de prensa siempre está abierto y cubierto por la prensa, y hoy día es posible seguir en directo una sesión plenaria desde la página web del Congreso. Pese a esto, el Congreso de la República y los congresistas suelen aparecer encabezando las listas de impopularidad de los funcionarios públicos, no obstante que entre jueces, policías, alcaldes y ministros hay cada personaje digno de Macondo.

Más allá de las realidades políticas, las falencias del Congreso deben buscarse en la falta de reformas integrales que deberían abarcar la Constitución Política de la Republica; la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y la misma Ley Orgánica del Congreso, además de otras leyes como la de Servicio Civil del Congreso, para determinar con claridad cuáles son los alcances y límites así como la labor parlamentaria que la ciudadanía y el electorado pueden y no pueden esperar de este Poder del Estado.

Pero buena parte de las críticas hacia el Congreso parecería que no van dirigidas a reformar y reforzar a este alto organismo de la democracia, sino a desgastar deliberadamente su presencia y funciones.

9 Los distintos pasajes de la polémica que tuvo lugar alrededor de la discusión de esta ley fueron ampliamente divulgados por los distintos medios de comunicación escritos, radiales y televisivos del país, particularmente en un contexto en el que la prensa empezaba a asumir una posición cuestionadora frente al entonces gobierno de Alfonso Portillo y del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), sus diputados en el Congreso de la República como principales protagonistas de las oscuras negociaciones que se dieron en torno a dicha iniciativa, y de Efraín Ríos Montt, principal jerarca y caudillo de este partido y entonces Presidente de ese poder del Estado. La prensa no dijo sin embargo, y muy pocos lo analizaron desde esta perspectiva, que la otra parte de esta negociación tras bambalinas, fue el grupo de empresarios guatemaltecos que monopolizan la producción de bebidas alcohólicas en el país, ligados a por lo menos dos de las grandes familias de la oligarquía guatemalteca: los Botrán y los Castillo, así como de comerciantes vinculados a la importación de bebidas alcohólicas. La adulteración de la normativa, burda por cierto, tuvo relación en uno de sus puntos, con la modificación de impuestos que dichas empresas debían pagar al gobierno luego de que fracasara, por lo menos un año atrás, el Pacto Fiscal.

Página 20 Destaquemos algunas de las características y ejes de esas críticas:

2) La denuncia constante de la improcedencia del número actual de diputados:

a) Destruir la importancia de la política en la vida pública;

Suele invocarse por parte de los sectores oligárquicos y algunos analistas bienintencionados, que reclaman, en nombre de la gobernabilidad, la eficiencia y la b) Achicar las funciones, roles y tamaño del transparencia, este cometido. Pero su razonamiento es Organismo Legislativo, al estilo de lo que ya se contrario a la democracia, en ultima instancia populista, ha hecho con los Organismos Ejecutivos. pero en el mejor de los casos ingenuo sobre el régimen electoral, pues la reducción del numero de diputados para c) Destruir la capacidad del Parlamento de generar promover la gobernabilidad, la eficiencia y la una razón de Estado, esto es, de ser el principal transparencia, supone un mecanismo de atajar los efectos foro donde se concibe la economía, la política y y no las causas de los problemas que se señalan y que la la sociedad guatemalteca del hoy y del mañana. reducción ayudarían a reducir. Sería el equivalente a aplicar la pena de muerte para una delincuente o lo que llamaría la Tres diatribas son blandidas “solución taliónica” –por ejemplo, constantemente en función de tales cortar las manos del hampón en vez La ruta democrática objetivos: de su rehabilitación-, de ahí, acaso, su popularidad. para cambiar la 1) La permanente amenaza de correlación de fuerzas depurar diputados: en los Parlamentos en La reducción del tamaño de escaños democracias modernas, Suele ser sólo un chantaje promovido no es conveniente ni en materia de por gobiernos o círculos cercanos al representación ciudadana, ni para el es la de elecciones poder interesados en la principio de igualdad del voto; ni para de medio término desestabilización de la oposición. las izquierdas –o el equilibrio ideológico-; ni siquiera para el tal como ocurre Si bien la experiencia guatemalteca de Congreso de la República; pues el la depuración de 1993 gozó de amplia ahora mismo en método comparativo 10 demuestra popularidad, es bien sabido que el que aún con diferentes El Salvador, por ejemplo sistemas procedimiento usado no empalmó con electorales, los lo legal. La ruta democrática para organismos legislativos de cambiar la correlación de fuerzas en diferentes países, sin importar su los Parlamentos en democracias tamaño interno (100 ó 1000 modernas, es la de elecciones de medio término tal como diputados), evidencian las mismas falencias que se le ocurre ahora mismo en El Salvador, por ejemplo. imputan a nuestro Congreso11. No significa esto que, “mal de muchos consuelo de tontos”, sino que los Congresos Por tanto, la constante amenaza de depuración de son al mismo tiempo: a) Poder del Estado, fiscalizador; diputados indeseables está atravesada por realizarse la b) Parlamento de diferentes fuerzas políticas y c) Órganos siguiente pregunta: ¿Indeseables para quiénes y para qué Emisores de Leyes, y de esas tres calidades, los conflictos cosa? políticos, técnicos y administrativos son frecuentes y naturales, por lo que su descrédito deviene de aparentes Una vez resuelta esta interrogante, lo que sigue es producir lentitudes respecto de la opinión pública, o, de la tensión los cambios que el procedimiento democrático liberal- de diferentes intereses sociales extramuros que exacerban institucional indica: elecciones libres. su imagen.

10 Cf. Nohlen, Dieter; Picado, Sonia; y Zovatto, Daniel (Comps.), (1998). “Tratado de derecho electoral comparado de América Latina”, México DF, Fondo de Cultura Económica. Este y otros materiales relacionados, demuestran que los procesos de reforma electoral son tremendamente complejos pues suponen altos conocimientos técnicos y muchas tensiones políticas, por lo que la mayoría de regímenes democráticos suelen optar por fórmulas donde vale más lo viejo por conocido que lo nuevo por conocer. Sin embargo, en estos días es evidente que el protagonismo de nuevos actores sociales en la política latinoamericana está haciendo pujar el sistema hacia arriba, mientras que la baja calidad del desempeño electoral hace cuestionar la forma tradicional de hacer las cosas en nuestros países.

11 Marx alabó el sistema de la Comuna de París cuando ésta eliminó en 1848 el Parlamento, estableció un sistema de asambleas donde los diputados obtenían un salario no mayor que el de cualquier obrero, y en algunos casos los miembros del gabinete eran voluntarios. No es el caso de los parlamentos en democracias representativas.

Página 21 Esto es así, al menos en los regímenes democráticos, contrario a los parlamentos dóciles y de fachada de los regímenes autoritarios. Por tanto, hay que preguntarse siempre de dónde provienen las críticas y qué sectores están interesados en debilitar la democracia. La República de Weimar en Alemania (1917-1934) es el mejor ejemplo de cómo la crítica populista contra la democracia, tarde o temprano se convierte en dictadura, por el afán controlador de un sólo sector.

Suele argumentarse, además, que los Acuerdos de Paz estipularon que hubieran únicamente 80 diputados en el Congreso, pero esto fue sólo uno de los elementos más del exceso de realismo político o de falta de imaginación que privó en muchos de los aspectos negociados en el proceso de paz, tales como dejar que la problemática de la propiedad de la tierra se resolviera por la vía del mercado, o el caso del sistema de Consejos de Desarrollo que sigue sin ser funcional, así como el tema de la impunidad de los crímenes de guerra, entre otros.

Desde luego que hoy día, ese concepto tradicional de hacer progresiva la representación electoral colisiona con las políticas de austeridad y de Estado mínimo que maneja el modelo económico imperante dominado por el mercado.

Hablar de que el Congreso guatemalteco tenga al menos 500 diputados, asusta debido a una serie de factores reales como el costo-beneficio y de gerencia política, pero que no debe esquivarse.

Cual sea la fórmula que esta sociedad se dé a sí misma para asegurar una adecuada representación de la ciudadanía y sus fuerzas políticas, debe tener al menos tres prerrequisitos.

• Ordenamientos equitativos y predefinidos acerca de cómo se debe alcanzar el poder –en democracia desde luego -;

• Ordenamientos fáciles y seguros acerca de cómo se ejerce dicho poder; e, • Igualdad y efectividad del voto y de la representación12.

Lo primero asegura la participación ciudadana, en tanto que o segundo, el control ciudadano con parámetros democráticos, y el tercero, un régimen electoral que promueva programas políticos y no sólo intereses inmediatos.

3)La propuesta del grupo Pro-Reforma13, que literalmente le quita todo poder al actual Congreso de la República: La propuesta del Grupo Pro Reforma pretende ir más allá del mero desgaste cuantitativo del Congreso. Quieren quitarle –aunque de una forma sutil- todo poder a este órgano para dejarlo en lo utilitario y simbólico.

Nótese, por ejemplo, en los tres párrafos siguientes extraídos de su propuesta14: “En el afán de evitar los costos inherentes al progreso [se refiere a la desigualdad provocada por el mercado], se han sobrereglamentado todas las actividades ciudadanas, al grado de sofocar las iniciativas, causando así mayores costos innecesarios que disminuyen la productividad del país entero”. (El entre corchete es nuestro).

Trátese entonces de promover una democracia que esté: “… Ajena a los intereses de grupos [si no] estaremos siempre sujetos a la imposición de la

12 Un punto de distinción entre los sistemas electorales es el principio de representación. Los principios ordenadores del sistema electoral buscan objetivos diferentes en la conversión de votos a puestos de representación. Si un sistema electoral sigue el principio de representación mayoritario, busca crear mayorías para favorecer la gobernabilidad y evitar la fragmentación partidaria. En cambio, si sigue el principio proporcional, intentará reflejar la pluralidad real de las tendencias políticas en el electorado. El nuestro corresponde a un régimen electoral de mayorías relativas, que pesan más en las circunscripciones electorales más pequeñas. Es decir, es esta la regla: a mayor plurinominalidad (más de cinco escaños por circunscripción, por ejemplo), menos porcentaje de votos necesarios para la representación de los partidos pequeños y a la inversa. Entonces, nuestro dilema es este: la mayoría es importante ante Estados débiles, pero el policentrismo de esta sociedad es evidente, por tanto sería mejor el factor proporcional. ¿Pero cómo conciliar la proporcionalidad con un Estado débil para no acentuar el centrifuguismo?

Esa es una tarea científica y política de constante reflexión y que políticamente pasa por fortalecer la autoridad política del Estado y la justicia.

13 Entre algunos de los integrantes del grupo Pro-Reforma, además de Manuel Ayau quien lo encabeza, están conocidos miembros de la ultra conservadora Liga Pro Patria tales como José Luis González Dubón. A la liga Pro Patria se le ha atribuido cierta cercanía con el Frente Republicano Guatemanteco (FRG) cuando este partido estaba en el gobierno. También están en Pro Reforma, viejos políticos de la derecha más conservadora al igual que Ayau, como Juan Carlos Simons, quien en el pasado estuvo ligado al desaparecido partido anticomunista Movimiento de Liberación Nacional (MLN). A Simons se le recuerda como Constituyente por el MLN en 1984, y después como diputado al Congreso de la República por el mismo partido durante el período 1986-1990 cuando el MLN hizo alianza con el también desaparecido Partido Institucional Democrático (PID). Junto con Ayau y otros políticos como Danilo Roca, quien también perteneció al MLN, Simons emigró a la desaparecida Unión del Centro Nacional (UCN), siendo también diputado al Congreso de la República por dicho partido durante 1990-1994.

14 http://proreforma.org.gt op.cit. Los tres párrafos en cursilla se tomaron de aquí.

Página 22 última ocurrencia del funcionario o pequeño grupo de personas que controla el Gobierno, presionados por todos los diversos grupos de intereses específicos, con un cuerpo legislativo incongruente, arbitrario y discriminatorio”. (El entre corchetes es nuestro).

Ya que: “Es un hecho demostrado que la democracia no basta, y que lo importante es la definición de las funciones propias de un gobierno democrático y su manera de hacer las normas”.

La deducción que hago de la frase “la democracia no basta”, concatenada a la lógica de los otros razonamientos ya citados, es que en las mentes más extremistas del libertarismo se concibe a la democracia liberal como un potencial peligro contra el orden económico autorregulado extremo que proponen, por lo que su idea parece ser la de convertir al Gobierno y a los Parlamentos en minúsculas y manipulables gerencias de segunda clase, funcionales a los intereses oligárquicos y del mercado.

Por lo anterior, no resulta raro que la parte medular relativa al Congreso que dentro del proyecto de Pro Reforma pueda leerse, simplificado, es lo siguiente: Debe existir en Guatemala un sistema bicameral donde el Senado, compuesto por notables de entre 50 y 65 años y en un número no mayor de 45 senadores, sin derecho de reelección, se integre para que el derecho privado se mantenga lo más intacto posible sobre la base del principio de “reglas claras y estables” para la actividad privada.

Su más insigne promotor, Manuel Ayau, ya explicó15 que la naturaleza de este Senado sería semejante a la de un Consejo de Estado, acaso sin percatarse que esa figura es típica de dictaduras que suelen requerir de algún órgano

de consulta –que no de deliberación- corporativa. Su diferencia es que no se trataría de un Consejo de Estado colegiado, sino representativo, generacional, “porque no se trata de buscar consensos ni de conciliar intereses, sino únicamente de buscar justicia”16.

Al mismo tiempo, el Senado tendría la responsabilidad de tutelar la labor de la Cámara de Diputados o Cámara Baja, compuesta por no más de 46 representantes electos de manera tradicional, que tendrían capacidad de incidir en el derecho público, pero estrictamente en lo administrativo, y siempre a contrapelo de lo que pueda sancionar el Senado o la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando haya conflictos de interés. En resumen, ni el Senado ni el Congreso tendrían poder sino como figuras decorativas/protocolarias. Este bicameralismo sui-generis, sin comparación internacional, no es más que el sueño paleoliberal guatemalteco hecho realidad.17

Tal sería la famosa democracia limitada que pregonan -quizás a falta de contexto favorable para una dictadura abierta-, sobre la cual acusan a los políticos y los partidos de no querer apoyar la reforma política, aduciendo que ya están acomodados a sus privilegios, puesto que si se los quitan serían “los ciudadanos” los que más ganan, es decir: ¡guerra contra la política!

Este parece ser es el mismo razonamiento con el que se promueven las privatizaciones: “son los consumidores los que más ganan”, aunque en verdad son los capitales privados los que ganan al controlar mercados donde antes había competencia pública.

Si la democracia se fortalece, se profundiza y se amplía, estaría en condiciones de sujetar y aprovechar al mercado a los requerimientos económicos y sociales actuales y futuros del país.

15

Manuel Ayau Cordón. “Una propuesta concreta”. Prensa Libre, 24 de septiembre de 2006, página 27.

16

Pro Reforma op.cit. en la entrada: “Algunas características del sistema que derivaría de la reforma constitucional”.

17

El Grupo Pro Reforma anunció a principios de marzo del presente año, el inicio de una campaña para recolectar firmas para promover cambios en el Estado mediante una consulta popular para enmendar la Constitución Política de la República. Durante este anuncio, Manuel Ayau, Presidente de este grupo, dijo que se pretendía incluir a miles de guatemaltecos a esta tentativa de presentar esta iniciativa de ley cuya principal propuesta pretende reformar sustancialmente entre 36 y 42 artículos de la Constitución Política de la República a fin de promover, entre otros, la reducción del Congreso de la República a 91 diputados mediante la creación de un sistema bicameral en el Legislativo: Una cámara de Senadores y otra de Diputados. Esta última cámara sería electa cada dos años. Otra propuesta sugiere la renovación del Presidente de la República por demostrada incompetencia, corrupción, extralimitación del ejercicio de sus funciones o intromisión grave en los otros organismos del Estado.

¡ Construir democracia es tener acceso al conocimiento de nuestra realidad !

Página 23 ¿Hacia un parlamentarismo?

Como ya he sostenido antes, la debilidad del sistema político guatemalteco y sus instituciones es producto del actual contexto internacional orientado al debilitamiento de la cuestión pública y mezclado con las falencias autóctonas diacrónicas ya descritas a lo largo de estos ensayos.

Pese a lo anterior, la reforma política en clave democrática debería estar orientada en lo mínimo a:

La defensa de la democracia electoral-liberal, como mínimo parámetro de convivencia frente a las tentaciones autoritarias pro mercado o pro dictadura que están presentes en la coyuntura. De la consigna de radicalizar la democracia a la que C. Mouffe; Laclau y otros han promovido como arma movilizadora frente a la democracia formal El Congreso de la República no escapa a dicha realidad.

De ahí que no sea raro ver recurrentemente, facetas burguesa, ha de contextualizarse en nuestro caso a la radicalidad en favor de la democracia particularmente irritantes que ocurren con este alto vigente, debido a los muchos peligros que ésta organismo, pero que por el momento se exhiben en un enfrenta; contexto adverso a la democracia plena: La defensa de la soberanía 2. popular defensa de las instituciones democráticas, a) La constatación de que frente a la concentración del los Congresos o los poder imperante y frente a las Parlamentos son los sitios La debilidad del sistema político amenazas de restringir donde cada vez menos se guatemalteco y sus instituciones derechos ciudadanos y toman las decisiones más es producto del actual contexto sociales adquiridos; importantes del país. A internacional orientado al menudo, es extramuros La promoción de un régimen 3. donde se terminan de debilitamiento de la cuestión electoral que motive las cocer arroces precocidos, pública y mezclado representaciones ampliadas, reduciendo su labor de con las falencias autóctonas equilibradas y proporcionales vigilancia de la de los distintos grupos de Democracia. diacrónicas ya descritas a lo largo electores y pueblos de la de estos ensayos. sociedad guatemalteca. b) Que la minimización del Ponderar la eliminación de tamaño, roles y una parte sustantiva del capacidades del Estado, se método de elección por han visto también planilla, e introducir reflejados en la situación paulatinamente las del Congreso, dando lugar a que los diputados se nominaciones uninominales. conviertan, virtualmente, en microministerios de gestión y ejecución de obras públicas Además de lo macro, también que aborde detalles tales comunitarias, con la consiguiente suplantación como: de funciones que el Organismo Ejecutivo y Aumento del financiamiento público a los Municipalidades deben ejercer, pero que a su vez partidos políticos; no pueden realizar por falta de cobertura y recursos; Efectiva fiscalización de los fondos públicos dados a los partidos políticos por parte de la c) La perversa confusión entre los componentes Contraloría General de Cuentas (CGC) y Tribunal administrativos y legislativos de los diputados al Supremo Electoral (TSE); seno del Organismo Legislativo y que da lugar al uso y abuso de los privilegios presupuestarios del Efectivo control de las campañas electorales; Congreso. d) El desvirtuamiento del rol de la fiscalización por el del clientelismo y chantaje.

1.

Propaganda gratuita y equitativa para todos los partidos políticos;

Página 24 Clara tipificación de los delitos electorales y su forma de calificarlos y sancionarlos; Actualización de leyes como la de Declaración Patrimonial, de Probidad y otras; Fortalecimiento de los instrumentos e instituciones de vigilancia y participación electoral.

Por aparte, proseguir con las medidas técnicas tales como: •

Promoción de la transparencia y eficiencia presupuestaria en el Congreso de la República;

•

Modernización y separación de las funciones político-administrativas del Congreso de la República;

•

Obligar a las Juntas Directivas, en coordinación con Bancadas y Comisiones, a que elaboren agendas legislativas y planes por resultados anunciados públicamente año tras año, a fin de facilitar el monitoreo ciudadano;

•

Romper todo vínculo entre los diputados y las bancadas relacionadas con la ejecución del Presupuesto Público.

Cuestión pendiente a seguir desarrollando es el asunto de si la República y la democracia guatemalteca han de dar el salto hacia un Parlamentarismo estilo europeo.

Ciertamente no es una tradición política en el continente americano y hay bastantes argumentos a favor y en contra del mismo. Además, la historia política comparada no da información concluyente acerca de si el presidencialismo o el parlamentarismo son por su lado, la condición esencial para la prosperidad y el desarrollo.

Está claro que la democracia es la que debe ampliarse, lo que implica que tanto partidos políticos como territorios y pueblos -lo que algunos han denominado “soberanía popular más soberanía de los pueblos”-, ha sido parte de la tradición en los sistemas bicamerales en países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos o Alemania.

Un sistema bicameral en Guatemala debería erigirse ateniéndose a las lecciones prácticas de otros países, o sea: estar constituido por un Congreso de la República con suficiente y equilibrada representación política. Y también por un Senado o Cámara Alta integrado por representantes electos de los territorios o pueblos de este

país -sin siquiera discutir todavía si ello sería en el marco de un país federalizado o no-, como ocurre ahora mismo con las comunidades autonómicas en España, por ejemplo.

La presencia de 23 grupos étnico-culturales autóctonos en Guatemala, con regiones de prosperidad diferenciada, más tradiciones culturales y topográficas diferentes, indicaría la pertinencia de establecer en nuestro país, un sistema bicameral que dote a la sociedad y los a pueblos de cierta mancomunidad de instituciones con particularidad de atenciones para la diversidad.

En cambio, no parece aconsejable un país federalizado siendo éste un territorio tan desnutrido políticamente hablando, tan falto de Estado, e identidad e integración social. Un territorio federalizado en este país sería una fácil presa de fuerzas centrífugas o de aviesos fines contra la libertad de la ciudadanía, además de la escasez de recursos como para mantener diferentes asambleas en cada departamento. Una eventual unión con toda o con parte de los países de Centroamérica podría cambiar esta situación para hacer viable el federalismo.

Conclusión parcial Debido a que Guatemala es una sociedad compleja, donde deben encajar el libre mercado y una cierta orientación estatal de la economía, así como ejercer la soberanía de la mayoría, ha de debatirse estos temas de la forma más plural y participativamente posible, a efecto de encontrar los muchos puntos medios y oscuros que seguro hay.

Si llega a establecerse eventualmente una ANC, ésta ya llevaría avanzada su labor, puesto que desde ya se discute la forma y alcance de la refundación del país que queremos.

El Congreso de la República es el blanco más fácil del tiroteo de la antipolítica y al mismo tiempo, principal cuna de ella. Su reforma pasa por institucionalizar partidos políticos que: a) Respeten y cumplan la Ley; b) Respeten a los adversarios políticos; y, c) Respeten a las minorías parlamentarias.

Desde luego, estas tareas caen en el terreno de lo deontológico, pero también del diseño de un régimen electoral democrático, que aunque lento en su reforma, debe hacerlo aunque sea a fuerza de crisis recurrentes.

¡ Construir democracia es tener acceso al conocimiento de nuestra realidad !

¿Qué modelo de seguridad impulsó Oscar Berger?

Página 25

Por Claudia Virginia Samayoa 1 Los hechos que conmovieron la opinión pública

dicho asesinato.

El 19 de febrero de 2006, los cuerpos calcinados de los parlamentarios salvadoreños arenistas, Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, diputados de El Salvador al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su piloto Gerardo Napoleón Ramírez, aparecieron en la Finca La Concha propiedad de Lilia Marina Pivaral Rodríguez y Gustavo Midence Rivera (ya fallecido), quienes son hija y padres de conocidos emelenistas guatemaltecos2.

Ese lunes 26 de febrero parecía ser el momento cúspide de la pesadilla ciudadana pero no se contaba con que apenas empezaba la historia a complicarse y uno a uno los nuevos escándalos empezaron a aparecer y las investigaciones del Federal Bureau Invetigations (FBI, por sus siglas en inglés), y de otros grupos empezaron a prosperar. Entre el 19 de febrero y finales de marzo se destapó a la opinión pública la existencia de por lo menos dos grupos de ejecuciones extrajudiciales que operan dentro del Ministerio de Gobernación (MINGOB), a la vez que se descubre una casa de tortura manejada por ex miembros del Ejército de Guatemala, y visitada por autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC). Ya sin ninguna máscara se devela la existencia de la estructura institucional creada para el ejercicio de la violencia como medio de proveer seguridad. El aparato clandestino de seguridad convertido en fuerza regular de seguridad pública.

Dos días después eran capturados cuatro agentes policiales, entre ellos oficiales pertenecientes a la Unidad contra el Crimen Organizado de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen (DINC): Luis Arturo Herrera López, José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez. La inusual investigación pronta y científica basada en el seguimiento del GPS y la toma de las cámaras de seguridad, daba como resultado inmediato la captura de los implicados. “Cometimos una burrada” le dijo al Comisario Víctor Soto, entonces jefe del DINC, uno de los autores materiales del crimen, al verse implicados.

Los agentes puestos a disposición de los tribunales guardaron prisión en el Preventivo de la zona 18 durante un día. El Director del Sistema Penitenciario, Víctor Rosales, ex coronel del Ejército de Guatemala con formación en España y también administrador de empresas, decide trasladarlos el viernes de esa misma semana, dos días después de su captura, al Boquerón, la cárcel de máxima seguridad ubicada en el departamento de Santa Rosa, al sur de la ciudad capital. El traslado es ilegal, en tanto que sólo el juez contralor de la causa podía ordenar el mismo. Y es así como en plena luz del día, el domingo 25 de febrero, delante de las visitas, entra un comando al Boquerón con la aquiescencia de la guardia penitenciaria y de los dos círculos de seguridad –incluida la del ejército- y ejecuta a los cuatro policías. La escena del crimen es alterada y los cuerpos sufren heridas postmortem para hacerles parecer como víctimas de las maras que están capturadas en dicha cárcel. Éstas se amotinan para que esté claro que ellas no son las responsables de 1

Para entender este complejo fenómeno de seguridad que vivimos hoy y cómo se relaciona con los cambios económicos y financieros que El Observador ha estado analizando en sus últimas entregas, es importante tomar dos pasos atrás y no caer en la tentación de realizar un análisis criminalístico de quién lo hizo y por qué. Es más importante explicarnos, las causas y circunstancias que rodean las razones por las que el gobierno de Berger profundizó la conformación de un modelo de seguridad que se fundamenta en la ilegalidad y en la respuesta autoritaria, por ende permitiendo la existencia de grupos policiales que son capaces de eventualmente cometer asesinatos como los descritos anteriormente.

La Doctrina de Seguridad Nacional Cuando nos referimos a modelos de seguridad, debemos reconocer que para muchos guatemaltecos y guatemaltecas el referente más claro lo constituye el modelo instaurado en Guatemala a partir de 1961 y vigente hasta 1995: la Doctrina de Seguridad Nacional. Este modelo se inspira en la visión anticomunista del inicio de la guerra fría, en donde la seguridad interna de un país estaba supeditada a

Filósofa por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y activista de Derechos Humanos.

Inforpress Centroamericana. “De fincas, ARENA, anticomunismo y escuadrones”, edición No. 1,694, 2 de marzo de 2007. En referencia a la Finca La Concha, poco después de los asesinatos de los diputados salvadoreños, el Ministro de Gobernación, Carlos Vielman, dijo a la prensa“En esta finca aparentemente estuvo asilado (D’Aubuisson) pero estamos viendo si tuvo conexión del Movimiento de Liberación Nacional, quien fue quien lo apoyó.” Vielmann fue miembro del desaparecido partido político MLN, y según un reporte de la Fundación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (FUNDADESC), era encargado de tramitar carnés para comisionados militares. Informe Guatemala del 16 de marzo de 2007, FUNDADESC; y Solano, Luis. “Guatemala: petróleo y minería en las entrañas del poder”, Inforpress Centroamericana 2005, páginas 130 y 131.

2

Página 26 la seguridad ante las amenazas externas que planteaban aquellos países que abrazaban la ideología comunista.

De hecho, el impulso de la Doctrina de Seguridad Nacional por parte de Estados Unidos en Guatemala, significó la inclusión del concepto del “enemigo interno” en las fuerzas públicas de seguridad y en los organismos de Inteligencia3.

de violaciones a los derechos humanos, logrando establecer cómo se desarrollaron claramente una serie de operaciones de Inteligencia y operaciones psicológicas contra “los enemigos internos”, y cuáles fueron sus consecuencias.

A continuación se describen brevemente algunos tipos de operaciones relevantes al día de hoy, utilizadas por el Estado durante el conflicto armado interno4:

El concepto de enemigo interno impulsado por la Doctrina de Seguridad Nacional fue aplicado no sólo a los miembros de los grupos guerrilleros alzados en armas, sino también a todos aquellos que pudieran promover la doctrina considerada comunista. Para finales de la década de los 50 del siglo XX, todos aquellos que no apoyaban el régimen eran etiquetados de ‘comunistas’; en consecuencia, el efecto fue que la persecución del enemigo interno se convirtió en la razón de ser del Ejército y una política de Estado. Asimismo, esto significó la supeditación de las actividades de las instituciones del Estado al control del Ejército, garante de la seguridad externa.

Operaciones de control de población.

En el área rural, el mecanismo más exitoso fue la creación de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), que eran manejadas por los Comisionados Militares. En el área urbana, el control se realizaba a través de la infiltración de los organismos del Estado, organizaciones y actividades de la sociedad civil, la vigilancia clandestina a través del control por manzana, la vigilancia encubierta, el espionaje telefónico y otros;

Los resultados de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional son conocidos por todos y todas, fueron cuantificados por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) en 1998, que señaló las graves violaciones de derechos humanos y los actos de genocidio cometidos en su nombre. Las dos manifestaciones de la Doctrina de Seguridad Nacional durante el conflicto armado interno fueron la violencia masiva y la violencia selectiva. La violencia masiva tuvo su máxima expresión en los actos de genocidio, conocida también como política de tierra arrasada. Sus secuelas aún persisten y lo más grave es que existe una política oficial del Estado de negar la existencia del hecho. Por otra parte, la violencia selectiva se conoce también como terrorismo de Estado, y se observa particularmente en la aplicación de una serie de acciones de Inteligencia Militar orientadas al control, desarticulación y eliminación del enemigo interno.

Las víctimas del terrorismo de Estado fueron, entre otros, los políticos, los defensores y defensoras de derechos humanos, los y las líderes sociales, y las personas estigmatizadas por su condición social. La CEH investigó y sistematizó los manuales de operación contrainsurgente, manuales de Inteligencia y planes militares y luego los contrastó con las denuncias recibidas

Operaciones de Inteligencia. Se utilizó la confección de listas negras, la tortura, las desapariciones y otras prácticas típicas de este tipo de operativos; Operaciones psicológicas. Uso planeado de la propaganda y otras acciones diseñadas para influir en las emociones, actitudes, opiniones y/o conducta de los grupos de personas. Las operaciones psicológicas fueron ampliamente asistidas por Estados Unidos, y entre las técnicas más utilizadas están: la propaganda, el rumor, los prisioneros exhibidos públicamente, la amenaza del uso de fuerza, etc.; Actos de extrema crueldad. Conocido también como terror ejemplificante. Era cuando realizaban actos crueles a la vista de las personas para dejar constancia de lo que podía pasar.

Para el impulso de las operaciones antes señaladas y otras, el Estado guatemalteco diseñó un sistema de Inteligencia Militar. En otras palabras, el sistema de Inteligencia guatemalteco responde al diseño de la Doctrina de Seguridad Nacional que se impulsó en toda Latinoamérica.

3 La Doctrina de Seguridad Nacional es un cuerpo teórico de pensamiento político militar estadounidense, elaborado principalmente en el National War College de Washington. Para el caso de Guatemala, se conoce que fue incorporado en 1961 con la decisión de la administración Kennedy, en su Política de Defensa Interna de Ultramar, de “ayudar en el establecimiento o fortalecimiento de las organizaciones de Inteligencia y seguridad interna, de tal manera que sean capaces de enfrentar la amenaza de la subversión”. Para más información ver: Guatemala: Memoria del Silencio, Tomo I numerales 347-363. Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH).

4

CEH. Guatemala: Memoria del Silencio, Tomo II numerales 774 – 831.

Página 27 La Inteligencia Militar guatemalteca fue diseñada no sólo para la búsqueda e interpretación de la información que sirviera para la lucha contrainsurgente, sino también funcionó como eje conductor de la política de control de la población, de la sociedad, del Estado e, incluso, del propio Ejército.

A continuación se listan algunas características de la Inteligencia Militar guatemalteca que constituyen “anomalías” para un aparato de Inteligencia, y que permiten la comisión de violaciones de derechos humanos5: La utilización del refrán “quien no está conmigo está en mi contra” como criterio para definir al enemigo. Esto contempló, incluso, miembros dentro del mismo Ejército; La identificación de organizaciones juveniles, obreras, estudiantiles, gremiales, políticas, comerciales, sociales y benéficas, y de sus empleados como posibles simpatizantes de la guerrilla y, por ende, sujetas a la infiltración. En particular, los planes de campaña identificaban a las organizaciones populares dentro de esta categoría; La utilización de operaciones no convencionales de carácter irregular, en lugar de dejar que las operaciones sean desarrolladas por otro cuerpo del Ejército; Las operaciones ilegales de la Inteligencia fueron clandestinas, tanto en su planeación como en su desarrollo. Esto permitía que la autoría criminal e intelectual del hecho no condujera hacia las autoridades del Estado y asegurara la impunidad de los perpetradores; La Inteligencia utilizó escuadrones de la muerte para realizar una serie de operativos; también utilizó a la desaparecida Policía Militar Ambulante (PMA), la entonces Policía Nacional (PN) y a la desaparecida Guardia de Hacienda (GH).

El sistema de Inteligencia militar guatemalteco fue conformado por dos estructuras: la Dirección o Sección de Inteligencia del Ejército -conocido a través 5

de sus siglas D2, S2 y G2 6-, y la Regional o Archivo del Estado Mayor Presidencial (EMP).

A lo largo del tiempo, la capacidad logística y operativa de la Regional o Archivo fue mayor a la del Sistema de Inteligencia, porque el apoyo estadounidense se orientó más hacia el primero.

Según la CEH, a partir de 1986 la Inteligencia tuvo una división entre sí, dejando las actividades de Inteligencia más militar a la D2, y las de Inteligencia más política al Archivo. Incluso, se dice que “El Archivo prefirió el trabajo contra los opositores políticos y los activistas de derechos humanos”7.

El análisis realizado por la CEH sobre las operaciones de los aparatos de Inteligencia da la siguiente sentencia introductoria: “Si bien el análisis se refiere al pasado, la Inteligencia es un sistema que sigue existiendo y que todavía goza de muchas de las características que tuvo durante el enfrentamiento armado interno”8.

En diciembre de 2003, el EMP fue disuelto, desapareciendo con él una de las estructuras militares que había sido señalada de ser actor de operaciones clandestinas o ilegales.

La Seguridad Democrática El 15 de diciembre de 1995, los Estados de Centroamérica firmamos el Tratado Marco de la Seguridad Democrática, en donde nos comprometimos a desarrollar un modelo de seguridad que se sustenta en la creación de condiciones de desarrollo personal, familiar y social de la ciudadanía en un ambiente de paz, libertad y democracia.

Según el artículo 2 de dicho tratado, los principios que debían sustentar las transformaciones de nuestro modelo de seguridad eran: a) El Estado de Derecho; b) El fortalecimiento y perfeccionamiento de las instituciones democráticas con el fin de fortalecer el poder civil;

Tomado de Guatemala: Memoria del Silencio, Tomo II numerales 945 – 1054, CEH, 1998, Guatemala.

La Sección de Inteligencia del Ejército fue denominada así hasta 1983, cuando cambió su denominación hacia Dirección. En la jerga militar, su código de identificación era D-2 para la estructura nacional adscrita al Estado Mayor de la Defensa, o S-2 en los destacamentos militares. A aquellos elementos que estaban asignados a las funciones de inteligencia se les denominaba como G-2. En la jerga común, se conoce como G-2 a todas las personas que pertenecían a una estructura de inteligencia, cualquiera que fuera su ubicación jerárquica.

7 Ver CEH. Guatemala: Memoria del Silencio, Tomo II, Numeral 1079, página 110.

8 Ver CEH. Guatemala: Memoria del Silencio, Tomo II, Numeral 948, página 75.

6

Página 28 c) El principio de subordinación de las Fuerzas Armadas, de policía y de seguridad pública a las autoridades civiles; d) El mantenimiento del diálogo flexible, activo y la colaboración en materia de seguridad para mantener la democracia en la región.

En el tratado se establecen criterios claros para abordar preocupaciones en torno a la supeditación de las fuerzas militares y de seguridad pública a las autoridades civiles, el combate a la corrupción como amenaza a la seguridad, la erradicación de la impunidad, las consideraciones sobre la seguridad democrática como una acción de mejoramiento de la calidad de vida y del respeto de la dignidad humana, y el principio de que la pobreza y la extrema pobreza constituyen las amenazas más importantes a la seguridad de los habitantes y a la estabilidad de las democracias9.

El Tratado Marco de Seguridad Democrática que se impulsa desde la Secretaría de Integración de Centro América (SICA) y desde los espacios regionales parlamentarios, interministeriales, militares y policiales, recoge los resultados de los procesos de paz y democratización que buscan una nueva visión y modelo desde el cual refundar nuestros Estados y, particularmente, la Doctrina de Seguridad Nacional que tuvo caudas tan altas en el sufrimiento humano en los países centroamericanos.

Este Tratado Marco es lo que inspira los contenidos del Acuerdo de Fortalecimiento de Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática firmado en 1996, y las diversas propuestas de reformas al sistema de justicia, policial, leyes de seguridad y del marco regulatorio del Ejército de Guatemala realizadas durante los primeros cinco años del proceso de paz, e impulsadas desde entonces por organizaciones de la sociedad civil guatemalteca.

Para muchos guatemaltecos y guatemaltecas pasó desapercibida la importancia del Tratado Marco, debido a que tendemos a supeditar nuestra seguridad a las preocupaciones económicas; sin embargo, el Tratado Marco fue de vital importancia porque reconoció que no hay seguridad posible si no se garantiza la calidad de vida y el bienestar a la ciudadanía. En otras palabras, pone en primer plano el combate a la pobreza y extrema pobreza como medidas para la consecución de la seguridad, juntamente con acciones claras de control civil de las

fuerzas militares y de la seguridad pública, el fin de la impunidad y el combate a la corrupción.

Para ser justos, con las autoridades guatemaltecas de la época hubo avances durante los primeros años de la paz en la dirección correcta para la implementación del Tratado Marco; sin embargo, no se llegaron a realizar las reformas legales necesarias para afianzar la institucionalidad en materia de inteligencia civil, control de armas y reforma del Ejército que garantizara un efectivo control civil sobre el poder militar.

Por otra parte, el déficit en materia de impunidad se mantuvo e incluso profundizó durante los primeros años de la paz. Es durante el gobierno de Álvaro Arzú en donde se denuncia la creación de las estructuras del “Grupo Salvavidas” y “La Oficinita”, que se convierten en aparatos paralelos de impunidad dentro del Ministerio Público (MP) y el MINGOB. ¿De qué estamos hablando?

El Grupo Salvavidas El Grupo Salvavidas se integró por abogados y oficiales del MP que apoyaron en las actividades de obstrucción de la justicia en el caso de Alfredo Moreno. El resultado fue que el proceso se vició al punto que varios años después, Moreno fue declarado inocente de todos los cargos, pese a contar con pruebas al inicio del procedimiento10.

La Oficinita Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, el número de secuestros por dinero se incrementó. En 1997, se denunció la existencia de una “oficina” dirigida presuntamente por Luis Alberto Mendizábal, que funcionaba dentro del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), entonces dirigido por Marco Tulio Espinoza, en donde se realizaban investigaciones paralelas de inteligencia militar sobre los secuestros y se coordinaban con el MINGOB de la época11.

De esta forma en Guatemala, el modelo de seguridad democrática se quedó a nivel institucional en su arranque.

Por su parte, el modelo se convierte en un ideal para las organizaciones de la sociedad civil, quienes parten de éste para desarrollar sus propuestas de políticas públicas y legislativas.

Del modelo de seguridad democrática el Estado de Guatemala se ha ido separando poco a poco, y en la

9 Ver “Tratado Marco de Seguridad Democrática” en CD con documentos para Seminario “Conociendo el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Guatemala”, organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el FOSS en noviembre de 2006.

10 WOLA. “Poderes Ocultos”, en www.wola.org 11 WOLA, op. cit., e Inforpress Centroamericana, op. cit.

Página 29 medida en que los cambios institucionales no se han dado, el poder militar se ha ido afianzando, y más importante: el cambio del modelo económico ha arrojado más personas a la pobreza y las elites económicas no están interesadas en ser parte de la solución de los altos niveles de pobreza y extrema pobreza.

El viejo modelo nuevo El 11 de septiembre del 2001 provocó un profundo retroceso en materia de seguridad, ya que la respuesta al atentado terrorista a las torres gemelas de Nueva York trajo consigo de regreso el concepto de enemigo interno.

En octubre de 2001 se crea una Comisión Antiterrorista que basa su paradigma en la idea de enemigo interno que viola el precepto del Tratado Marco de Seguridad Democrática.

La primera acción desarrollada por el comisionado Miguel Ángel Calderón fue la solicitud a Inteligencia Militar del listado de “terroristas” que se tenía desde hace 30 años.

Esto implicaba un listado que supuestamente no existía o ya no debía existir.

La gráfica 1 muestra la continuidad de los ataques en contra de este sector de la población.

En una mirada global a los tipos de ataques hacia defensores y defensoras de derechos humanos, se puede observar cómo la mayoría de ataques son actos típicos de operativos de inteligencia como lo son las amenazas, los allanamientos, intimidación y vigilancia.

La violencia en contra de defensores y defensoras de derechos humanos ha aumentado significativamente durante los últimos dos años, particularmente desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y la República Dominicana (CAFTA, por sus siglas en inglés). Este aumento se evidencia con un salto cuantitativo de ataques contra defensores del derecho al desarrollo, sindicalistas y líderes campesinos.

En otras palabras, en 2005 se da una expansión del concepto terrorista hacia el clásico activista social y comunitario que emerge a la palestra pública resistiéndose al cambio del modelo económico que estábamos experimentando desde 2004, vía el impulso de la minería extensiva de metales a cielo abierto, el ingreso del cultivo de caña para producción de etanol en la región del Polochic y la consecuente reforma solapada de la propiedad en las Verapaces, la extensión del cultivo de la palma africana y sus consecuencias en la precarización de los derechos laborales, el ecoturismo y los conflictos de tierras y el desarrollo de una política de concesiones para el desarrollo de la infraestructura para negocios como los anteriores, y otros como puertos, aeropuertos, represas para hidroeléctricas y carreteras.

Esta Comisión Antiterrorista sigue existiendo y debemos presumir que la inteligencia sobre ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas que se presumen terroristas también. La cuestión de fondo a discutir en este momento es el criterio utilizado en países como Guatemala sobre el perfil del terrorista. Hay pocos elementos desde el Estado para establecer este extremo ya que se esconden bajo el secreto de Estado. Sin embargo, existen las declaraciones de los consecutivos Ministros de Gobernación -Byron Barrientos, Eduardo Arévalo Lacs y Carlos Vielman- señalando a los defensores de derechos humanos y activistas sociales como Gráfica 1 terroristas y desestabilizadores que pueden darnos una idea sobre por Ataques a defensores y defensoras en Guatemala por año dónde empezar.

278

De esa cuenta, si el Estado ha recuperado su viejo discurso ante el opositor político, el disidente, el que cuestiona el status quo, también tendrá que haber recuperado sus prácticas de inteligencia y operaciones, al menos de manera similar a como ocurría en el pasado. Y esto es lo que se demuestra con siete años de monitoreo de la situación de los defensores de derechos humanos12.

Número de ataques

300 224

250 200 150 100

115

127

127

81 59

50 0 Serie1

Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 59

81

115

127

127

224

278

Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - MNDH

12 Se considera defensor o defensora de derechos humanos a toda persona u organización que defiende o promueve uno o un conjunto de derechos o libertades fundamentales reconocidos en el derecho internacional o en la legislación interna.

Página 30 pero un análisis más profundo no permite establecer esta explicación, ya que estudios del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y Grupo Guatemalteco

Paralelo a este fenómeno de violencia política, el país ha experimentado un incremento de la violencia expresada en muertes violentas. Durante la década de los noventa,

Gráfica 2

Tipo de Delitos cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos 2000-2006 171

180 160

130

140

128 113

120

113

100

Número de Delitos

59

57

60 40 20

80

74

80

25

20 6

1

0

Serie1

Agresión Física

Allanamiento

1

130

Amenazas en persona 128

Amenazas Amenazas escritas telefóncias 57

171

Asesinato

Daños a la propiedad

Denuncia judicial

74

20

59

2

Desapari- Difamación Intento de de ción Asesinato Funcionari Forzada 6

2

21 8

25

2

1

Intento de Secuestro

Intimidación

Persecución

8

113

80

Secuestro 21

Tortura

Vigilancia

Violación Sexual

1

113

2

Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - MNDH

se sabía que los poderes ocultos utilizaban a los cuerpos ilegales y a los aparatos clandestinos de seguridad para desestabilizar a los gobiernos a través del incremento, a su antojo, de la violencia del crimen organizado expresada en secuestros, robos de bancos, robos de vehículos, etc.

Por ejemplo, en 1997, luego del desmantelamiento de la banda de contrabandistas de Alfredo Moreno, en donde aparecieron en los archivos nombres de oficiales del Ejército como Francisco Ortega Menaldo y Jacobo Salán Sánchez, el número de secuestros por dinero aumentó vertiginosamente.

En este contexto, en el año 2001 empieza a aumentar el número de muertes violentas de mujeres. El fenómeno empieza a atraer la atención no sólo por la cantidad sino también por las características de las muertes, pues un porcentaje significativo ha evidenciado señales de tortura y presenta mutilaciones. Para el 28 de febrero de 2007, de acuerdo con el Sector de Mujeres, el número de muertas ascendía a 2,800. Sólo entre enero y febrero de 2007 fueron asesinadas 90 mujeres, es decir, una relación de 3 mujeres muertas por cada dos días.

El fenómeno tiene una tasa de impunidad altísima, ya que sólo 20 casos han sido resueltos judicialmente, pues las autoridades quieren presentar estos asesinatos como resultado de la violencia de las maras o pandillas juveniles, 13 14 15

de Mujeres (GGM), las investigaciones que se realizan no arrojan información para deducir esta información. De hecho, sólo el 36% de los casos tenían una amenaza previa que podía estar relacionada con situaciones de violencia familiar y no necesariamente a temas de maras13 . Según Alba Estela Maldonado, diputada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), el fenómeno del feminicidio está vinculado a la acción de los aparatos clandestinos de seguridad14. Este extremo, a mi juicio, aún debe de comprobarse aunque efectivamente existen elementos que apuntan hacia esta hipótesis.

El fenómeno de feminicidio se da en el marco de un incremento dramático de las muertes violentas en el país.

Según datos de la PDH, donde se compara la tendencia de hechos delictivos y muertes violentas entre los años 2001 y 2005, se puede observar la tendencia de las muertes violentas. Como datos de actualización, en 2006, según la PNC, la tasa de muertes violentas fue de 5,88515.

La Gráfica 3 es ilustrativa.

A inicios de este año, el entonces Director de la PNC, Erwin Sperinsen, anunció la disminución de los hechos delictivos del país como resultado de sus políticas de seguridad y prevención del delito. Sus resultados eran que

CALDH. “Asesinatos de Mujeres: Expresión del Feminicidio en Guatemala”, diciembre 2005.

Comisión de la Mujer del Congreso de la República. “Análisis del Feminicidio en Guatemala”, abril de 2006.

CALDH, ICCPG y SEDEM. “Ejecuciones Extrajudiciales de Jóvenes Estigmatizados”, marzo de 2006.

Página 31 La mayor parte de los alegatos oficiales y de los medios de comunicación en torno a las pandillas son basados en generalizaciones falsas sobre el fenómeno, y más grave aún, esconden la realidad del verdadero crimen organizado y de los poderes ocultos que sólo utilizan a jóvenes pandilleros como soldados en su guerra, sicarios a sueldo, distribuidores para el narcomenudeo, etc.

el 14.1% de robos a residencias y el 20.6% de los robos a vehículos había disminuido. Sin embargo, matizó el aumento del 9.3% de las muertes violentas ya que 1,337 asesinatos fueron de delincuentes16.

Estas declaraciones esconden la naturaleza de la política de seguridad que ha impulsado el gobierno de Berger: la represión del delincuente y la persecución de la pobreza.

Gráfica 3

30369

Total de hechos delictivos

31000 30000 29000 28000 27000 26000 25000

Homicidios

5338

28661 27084

6000

30130

4507

4237

5000 4000

3631

3000

3230

2000

24000 23000 22000

1000 0

2001

2002

2003

2004

2005

Años

Homicidios

Total de hechos delictivos

Y, mientras no se impulsan verdaderas políticas preventivas para evitar el continuado deterioro de la situación de la juventud guatemalteca a través de la educación, salud, cultura y deportes, lo que evidentemente se ha impulsado es una política de la mal llamada ‘limpieza social’, es decir, de ejecuciones extrajudiciales.

Según la PDH, en febrero de 2006 existían claras evidencias de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes estigmatizados y algunas de ellas vinculadas a la PNC.

Fuente: Informe sobre características de las muertes violentas en Guatemala-PDH

Desde 2004, el gobierno empezó a instalar en la opinión pública la percepción de que los poderes ocultos denunciados por las organizaciones de derechos humanos y relacionados a estructuras de inteligencia militar, eran grupos de crimen organizado que se movían exclusivamente en los intereses del narcotráfico. En este sentido, se tiende a sobresimplificar el fenómeno. Luego, poco a poco se hizo una igualación entre el crimen organizado y las maras, lo que ha generado entre la ciudadanía la percepción de que todos los males del país los produce el conglomerado de jóvenes tatuados que viven en áreas marginales de las zonas urbanas del país.

La policía y los medios de comunicación empezaron a generar perfiles sobre los mareros, generalizando la idea de que son jóvenes de pelo largo, que usan piercing y tatuajes.

Luego, se ha dejado de utilizar estos signos externos y la mara se invisibilizó detrás de los jóvenes pobres y de apariencia indígena de las barriadas populares.

En 2005, en los medios de comunicación empezaron a aparecer las caracterizaciones de las pandillas juveniles como grupos dedicados al satanismo, construyendo así un imaginario social que fundamentó la necesidad de “eliminar” a cualquier costa a esa “lacra social”.

16 17

En esa misma época, hubo una campaña pública de apoyo a la limpieza social. La investigación realizada por las organizaciones de derechos humanos sobre esta situación mostró que hay claras evidencias de que el fenómeno se está dando debido a que el estigma está construido históricamente y reforzado desde el Estado; las personas ejecutadas son ya sea personas que han cometido delitos o que pertenecen al entorno social de éstas; las ejecuciones se realizan por grupos que las comunidades identifican como miembros de la PNC o con personas que actúan con su aquiescencia; la PNC y el MP no realizan investigaciones al ver los cuerpos, ya que por su apariencia se decide que son delincuentes y se les trata como ciudadanos de segunda categoría, y el aparecimiento de sus cadáveres generan miedo en la comunidad17.

El número de víctimas del fenómeno de ejecuciones extrajudiciales es debatible. Según cifras extraoficiales dadas a conocer a través de medios de comunicación escritos del país, sobre la base de un conteo de cadáveres registrados, en el segundo semestre de 2006 se registraron más de 900 víctimas de este tipo de delito. El gobierno de

En http://www.prensalibre.com/pl/2007/enero/10/160425.html CALDH, ICCPG y SEDEM. “Ejecuciones Extrajudiciales de Jóvenes Estigmatizados”, marzo de 2006.

Página 32 Guatemala estuvo negando que la práctica sistemática de las ejecuciones extrajudiciales de personas estigmatizadas fuera una política de Estado; sin embargo, los incidentes narrados al inicio de este artículo muestran con claridad la existencia de por lo menos un grupo que estaba articulado para realizar “operaciones especiales” contra la delincuencia18.

El descubrimiento del centro de torturas en la Finca La Parga, en donde presuntamente el militar Armando Melgar Padilla facilitó un lugar de entrenamiento para el ex Subdirector de Investigaciones de la PNC, Javier Figueroa, y donde se veía llevar a pandilleros para ser torturados, confirma públicamente la existencia de este fenómeno y su relación con la PNC, y arroja veracidad sobre las denuncias sobre otros centros de tortura en otros espacios públicos y privados19.

Así, poco a poco ha ido configurándose un modelo de seguridad en donde la ejecución extrajudicial de personas estigmatizadas como delincuentes, que en general son aquellas viviendo en extrema pobreza, constituye un mecanismo impulsado desde los organismos de seguridad del Estado para controlar las consecuencias de un modelo económico que empuja a las grandes mayorías a la marginalización.

A modo de conclusión En materia de seguridad, Guatemala ha estado dando pasos en falso para terminar en donde empezó en 1995, esto es, un modelo de seguridad que asegura que los intereses de aquellos que ostentan el poder se garanticen. El mantenimiento del modelo del enemigo interno recreado a través de la figura del terrorista/defensor de derechos humanos y del

narcotraficante/pandillero juvenil/joven estigmatizado, permite a varios actores satisfacer diversos intereses, a saber: • Mantener el control de la población empobrecida por las políticas económicas y los cambios del modelo de producción como producto de la violencia y el miedo hacia el otro, desarrollado por los medios de comunicación; • Distraer la atención social de las redes del crimen organizado y poner presión social para el combate de fenómenos de delincuencia común y de delitos de bagatela; • Debilitar la institucionalidad de la seguridad pública involucrándola en actividades delictivas como las ejecuciones extrajudiciales, lo que la vuelve corruptible tal como lo han evidenciado los asesinatos de febrero.

• Empujar a la ciudadanía a las respuestas individuales y violentas ante la inseguridad, dándole la espalda tanto a las respuestas comunitarias y solidarias, pero más importante al Estado como respuesta organizada y búsqueda del bien común.

• Imposibilitar la acción social colectiva a través del terror generado tanto a nivel general como la que sufren los defensores y defensoras de derechos humanos como producto de los ataques específicos.

18 Otto Pérez Molina denunció públicamente la existencia de otros dos grupos funcionando bajo el mando de Víctor Rivera, Asesor del entonces Ministro de Gobernación, Carlos Vielman, y de la Inspectoría de la PNC. El estudio de las estructuras que actuaron en el operativo del asesinato de los diputados salvadoreños, y posteriormente de los policías que supuestamente los asesinaron, será motivo de la siguiente entrega de El Observador.

19 elPeriódico. “La capilla donde se ejecutaron las torturas de los diputados y su piloto”, 9 de marzo de 2007. La Finca La Parga tiene un largo historial. Su primer dueño, el general Juan Francisco Padilla, fue una figura político-militar durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, a principios de la centuria pasada. Fue defensor de ese gobierno y también se desempeñó como alto funcionario del Ministerio de Guerra durante el período gubernamental del general José María Orellana (1922-26). Cafetalero de gran influencia, Padilla tuvo mucho poder en esos años en la región de Villa Canales, área compartida por otros militares como Ovidio Pivaral Herrarte, dueño de la Finca La Concha. El café y el partido Movimiento de Liberación Nacional (MLN) fueron factores que agruparon a sus herederos en la rica zona agrícola de Villa Canales. Su actual dueño, Rafael Alberto Padilla Paz, es primo del teniente coronel Armando Melgar Padilla, quien fue responsable de Asuntos Civiles (S5) de la zona militar de Quiché en 2004. En 2005, el entonces viceministro Administrativo de Gobernación, capitán Guillermo Gramajo, contrató a Melgar Padilla como su asesor y para el cargo de Jefe de Compras de Armamento de la PNC. En junio de 2006, Gramajo y Melgar Padilla fueron destituidos por actos de corrupción. En el caso de Melgar Padilla, estaría desempeñándose en la actualidad como asesor del diputado eferregista por Quiché, Mario Rivera. Respecto a Gramajo, se le recuerda por haber sido catedrático la Universidad Francisco Marroquín, por haber desempeñado importantes cargos dentro del Ministerio de la Defensa Nacional, y como gerente de Seguridad y Riesgos de los bancos Reformador (BANCOR) y de la Construcción (CONSTRUBANCO), ya desaparecido al ser absorbido por el primero. En ambos bancos los principales accionistas han sido los primos Dionisio Gutiérrez y Juan Luis Bosch, jerarcas del consorcio Multi-Inversiones. Hoy, la Finca La Parga es parte del conjunto de fincas de los Pivaral Rodríguez emparentados con los Midence Pivaral, fundadores del MLN.

¡ Construir democracia es tener acceso al conocimiento de nuestra realidad !

Página 33

La política de “limpieza social” y el marco ideológico subyacente

Por Luis Solano Si algo ha caracterizado al gobierno de Óscar Berger ha sido el sello especial que le ha impuesto a su política de seguridad. Ésta, a su vez, no puede verse aislada de factores históricos e ideológicos que, en última instancia, determinaron la forma tan particular de cómo se decidió enfrentar la aguda problemática de inseguridad ciudadana.

Acosados por crecientes niveles de violencia común y por el crimen organizado, los gobiernos de los últimos 20 años apostaron cada vez más por la privatización de la seguridad pública. No sólo le abrieron las puertas a las empresas de seguridad privada que se reprodujeron de manera incontrolable de la mano de militares provenientes de un ejército al que se arrebataba poco a poco el poder político, sino también se apoyaron en esas empresas o en estructuras paralelas financiadas por poderosos empresarios y grupos de familias acaudaladas para contraatacar a aquellos que amenazaban sus propiedades y sus familias.

Pero fue la administración de Berger uno de los gobiernos que mejor desarrolló estos andamiajes de corte paramilitar o parapolicial. Y fue en este gobierno en el que la tasa de asesinatos superó la experimentada en los períodos presidenciales que le antecedieron.

El gobierno de Berger llegó al poder con un amplio respaldo del sector privado, lo que lo llevó a catalogarlo como “el gobierno de los empresarios”. Pero en éste no sólo se aglutinaron empresarios como tales, sino las viejas familias de la oligarquía y sobre todo, los grupos corporativos que reúnen a lo más granado de la elite empresarial.

Se trazaron no sólo el claro objetivo de impulsar sus propios proyectos económicos sino además, la idea de contrarrestar, fuera como fuera, la “piedra en el zapato” de la violencia común y organizada que les afectaba directamente. Y su respuesta no tenía nada de coyuntural, pues el fenómeno de la violencia se arrastra desde hace varios lustros. La reacción se sustentó en marcos ideológicos que subyacen en las prácticas históricas de racismo y discriminación que han caracterizado a las familias que controlan el poder económico. Pero igualmente, se respaldó en los lineamientos ideológicos de la economía de mercado, en donde destaca la máxima: “la inversión en los pobres no es rentable”.

1

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Desprovista del componente social y partiendo de que las causas de la pobreza son estructurales y que requieren de un compromiso de Estado de largo plazo, la política de seguridad tuvo otros objetivos e intereses: atajarla donde políticamente era inconveniente y afectaba grupos sociales en los que el partido gobernante fundamentó el voto que lo llevó al poder. Combatir la inseguridad ciudadana en general no entraba en los planes, sólo aquella donde el sistema de propiedad se veía afectada.

Las graves denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y existencia de escuadrones de la muerte que hicieran diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos durante este gobierno, explicaban cuál había sido la ruta por la que se apostó para contrarrestar la creciente ola de violencia común y organizada. Sin embargo, fue el asesinato de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su chofer, y sendos informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y del Relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, los que pusieron al gobierno contra la pared al evidenciar plenamente la existencia de esas estructuras ilegales enraizadas en los organismos de seguridad pública. Que el gobierno insista en no reconocerlo, es otro asunto.

Esa actitud quizá se explica en el espaldarazo político de la Cámara de Industria a las entonces autoridades de seguridad pública, el mismo día en que se decidía el voto de falta de confianza que los diputados dieron al ex Ministro de Gobernación, el industrial y agricultor Carlos Vielman. Aunque previamente hubo varios comunicados de prensa en los que los empresarios respaldaron a Vielman, no fue sino hasta el comunicado de prensa del 21 de marzo que se aclaró con plenitud el trasfondo del apoyo de los industriales. La reducción de los delitos a la propiedad, es decir robo de automóviles, robos a turistas, asaltos a buses y agencias bancarias se valoraron para señalar que “Una eventual salida de Vielman contribuiría al debilitamiento de la institucionalidad del país, debido a la penetración del crimen organizado en la sociedad”.

En absoluto se mencionó nada sobre la enorme acumulación de asesinatos ocurridos en el período de gobierno de Berger, estimados en más de 17 mil. Y no importó que fuera el Director de la Comisión Presidencial

Economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Investigador y analista en temas políticos y sociales.

Página 34 de Derechos Humanos (COPREDEH), Frank LaRue, quien confirmara que ha ocurrido “limpieza social”. El gobierno y los empresarios son los únicos que no lo reconocen. El costo político de hacerlo es enorme, sin importar que sea una perogrullada. ¿Por qué no se reconoce? La corresponsabilidad empresarial en la definición y apoyo a la política de seguridad se selló en enero de 2005, cuando en una reunión convocada por la Cámara de Industria los industriales ofrecieron un abierto apoyo a las autoridades de seguridad pública y persecución penal. El énfasis en las prioridades de seguridad se puso en el contrabando de mercadería, narcotráfico y respeto al Estado de Derecho, no sin antes externar los agremiados sus quejas sobre los gastos de Q. 3 mil millones en seguridad privada en los que habrían incurrido, dado que la Policía Nacional Civil (PNC) no había cumplido su papel.

Y fue en esos días también que el entonces Director de la PNC, Erwin Sperisen, y el Viceministro Administrativo de Gobernación, el capitán Guillermo Gramajo, se dieron a la tarea de contratar decenas de militares retirados o en situación de retiro para copar puestos clave dentro de sus estructuras. Entre estos militares se encuentra el teniente coronel Armando Melgar Padilla, señalado de tener participación en el montaje de una casa de seguridad en la Finca La Parga, lugar donde fueron torturados los diputados salvadoreños y su chofer.

Pero la carga de las ejecuciones extrajudiciales es insoportable. Denunciada casi a diario en los últimos meses, la política de “limpieza social” que hoy por hoy apunta cada vez más a que ha sido institucional, sin temor a equivocación, contó con la venia empresarial y se buscó encubrirla en lo inaudito. Como bien apuntó un Columnista: “Los funcionarios de gobierno han de creer que los embajadores acreditados aquí son poco menos que fronterizos cuando niegan lo evidente. Expertos traídos por la embajada de un país europeo han concluido que el 90 por ciento de las muertes violentas es atribuible a esa limpieza social. Hay indicios de la existencia de escuadrones de la muerte bien articulados con nombres tan sugestivos como “Los caballeros negros.” Y hay motivos para pensar que la Policía Nacional Civil ha

subcontratado servicios de personas y empresas dispuestas a aplicar la pena de muerte con base en su propia convicción. Apenas resulta lógico que toda esta vorágine de ajusticiamientos no brinde una sensación de seguridad a los ciudadanos sino lo contrario. Y tampoco disuade a los delincuentes, que encuentran más razones para la violencia extrema dados los riesgos en que se incurre”2 .

La privatización de la seguridad muchas veces denunciada, también abarcó la instauración de estructuras paralelas de investigación -cuyos resultados hasta hoy se desconocen- con el apoyo financiero del empresariado.

Esas estructuras, implementadas durante el gobierno de Álvaro Arzú, fueron una experiencia que se recogió y se pulió durante el gobierno de Berger, y que ha tenido en el investigador Víctor Rivera, la figura central hasta hoy.

Hace una década, cuando Rivera fue contratado por empresarios y el Ministerio de Gobernación (MINGOB), dirigido en esos días por Rodolfo Mendoza3, Rivera fue muy claro en una entrevista sobre el papel que él empezaba a desempeñar en el país: “Nosotros somos una fuerza de tarea muy pequeña, un grupo de personas muy reducido; un grupo local formado eminentemente de ciudadanos guatemaltecos donde tengo la suerte de participar y hacer equipo. Como lo comentábamos anteriormente, fueron algunas personas del sector privado quienes nos contactaron y, por supuesto, al implementarse la fuerza de tarea local, eso implicaba gastos de personal y funcionamiento que son sufragados por el sector privado (…) Estrictamente hablando, la tarea es como asesor del Ministerio de Gobernación, y en buena medida los gastos que conlleva esa función se sufragan con aportes del sector privado”4 .

Hoy Rivera es el centro de atención no sólo por las investigaciones alrededor del caso de los diputados salvadoreños, sino por sus estrechos vínculos con empresarios. Su historial, sin embargo, se remonta a los años de la contrainsurgencia y represión en El Salvador y Guatemala, cuando recién dejó la dirección de inteligencia del gobierno democristiano del COPEI en Venezuela. Su presencia en El Salvador le llevó a crear enemistades con los grupos ultraconservadores del ahora gobernante partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), al

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elPeriódico. “Los paras guatemaltecos”, 19 de febrero 2007.

Mendoza formó parte del llamado Club de París durante el gobierno del PAN, junto con Arabella Castro, hoy actual Registradora de la Propiedad Inmueble y ex candidata Vicepresidencial de ese partido durante las elecciones de 1999 junto a Berger; También formaba parte de este gurpo, Luis Flores Asturias, ex Vicepresidente de la República durante el gobierno del PAN, y hasta enero del presente año, candidato presidencial de ese partido para las próximas elecciones de septiembre. También estaban el hoy Vicepresidente de la República, Eduardo Stein, Ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del PAN. Mendoza sigue estando dentro del PAN y aunque mantiene un bajo perfil y ya no se habla del Club de París como antes, el grupo que integra continúa teniendo una buena influencia dentro de este partido.

4 Siglo Veintiuno. “Rivera: Buscamos que personas secuestradas vuelvan a casa”, 6 de agosto de 1997.

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¡ Construir democracia es tener acceso al conocimiento de nuestra realidad !

Página 35 mando en ese entonces de su fundador, Roberto D´Aubuisson, mientras Rivera trabajó para el gobierno democristiano de Napoleón Duarte, al igual que para el de Alfredo Cristiani, a principios de la década de 1990. La captura de altos mandos militares vinculados al fallecido dirigente ultraderechista resonó en los años 80. Pero en Guatemala se le empezó a conocer durante el gobierno del también democristiano Vinicio Cerezo, y no fue sino hasta el gobierno de Ramiro de León Carpio que su presencia se hizo más visible. De ahí en adelante, su figura ha pasado de enigmática a pública.

por familiares de víctimas de secuestro. Tampoco que a su figura más visible, Adela Camacho Sinibaldi de Torrebiarte, se le haya nombrado al cargo de Ministra de Gobernación, tras aceptarse la renuncia de Vielman el 27 de marzo pasado. Madres Angustiadas defendió hace varios años a Víctor Rivera, pues consabido es su papel para esclarecer varios casos de secuestros para esa organización.

De ahí que, una primera conclusión es que la política de seguridad, ante el acelerado repunte de la violencia y la importancia política de sus costos en áreas clave como los centros urbanos y la capital, llevaron a la inmediatez sin valorar las profundas raíces sociales del fenómeno. Por ello, analistas apuntan “A que la línea de Gobernación, antes que institucional, fue la búsqueda de resultados inmediatos: recuperar una sensación perdida de seguridad entre la gente de negocios y las clases medias”5.

La nueva Ministra de Gobernación llega con el beneficio de la duda. No se sabe a ciencia cierta cuánto pesó su trayectoria en su lucha contra el crimen organizado para su nombramiento a un cargo que se ha tornado más político que nunca. Tuvo que soportar el secuestro de uno de sus hijos en 1996, y el de su sobrino Andrés Torrebiarte Novella en 2001, y por lo mismo se levantaron expectativas tras asumir el cargo. Pero el abstenerse a reconocer la existencia de ejecuciones extrajudiciales, más el espaldarazo que el sector industrial y empresarial le brindó, hace que el beneficio de la duda se comience a diluir.

No extraña en absoluto que entre los defensores de Vielman se encontrara el colectivo Madres Angustiadas, fundada

Sin duda, hay otros factores que influyeron para ese nombramiento.

Algunos datos interesantes sobre las nuevas autoridades de seguridad Los hermanos de la ahora Ministra pertenecen a la misma generación del mandatario Berger, y uno de ellos es de la misma promoción del Liceo Javier donde el mandatario estudió. Otro es un diplomático del actual gobierno. Pero Adela Camacho de Torrebiarte también representa intereses económicos de grupos empresariales que han sido sustento del gobierno. Uno de ellos es el Grupo Cobán, el cual está integrado por la Hulera Centroamericana S.A., y la Industria de Calzado Cobán.

El esposo de Camacho de Torrebiarte es Luis Pedro Torrebiarte Lantzendorffe, psicólogo graduado de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala pero actualmente es un importante académico del Departamento de Psicología de la Universidad Francisco Marroquín. También destaca por su actividad empresarial, pues ha sido Presidente de la Gremial de Exportadores de Cardamomo y posee junto a sus hermanos la Industria de Calzado Cobán.

Uno de los hermanos de Luis Pedro Torrebiarte es Juan Miguel Torrebiarte Lantzendorffe, Presidente del Banco Industrial (BI); otro, Carmelo Torrebiarte Lantzendorffe, es uno de los Directores del Centro para la Responsabilidad Social Empresarial (CENTRARSE), y Presidente de la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA). El tercero de los hermanos, Carlos Torrebiarte Lantzendorffe, es el actual Presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y alto ejecutivo de la Hulera Centroamericana. Uno de los principales directivos de la Hulera Centroamericana es Diego Torrebiarte, Presidente de la Gremial de Industriales Exportadores.

Los Torrebiarte Lantzendorffe están emparentados estrechamente con la familia Novella.

Para dirigir la cartera de Gobernación, Camacho de Torrebiarte ha recurrido a personas allegadas y de confianza; incluso, los vínculos que se le señalan con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) desde las elecciones generales de 2003, parecen pesar para que la hoy Ministra nombrara al nuevo Viceministro de Seguridad, Carlos Vinicio Gómez Ruiz. Ese cargo llevaba vacante casi un año desde que Julio Godoy Anleu lo dejó a mediados de 2006. En una entrevista realizada por el diario estadounidense The Boston Globe, Godoy Anleu, siendo aún Viceministro se refirió 5

Callejas Vargas, Juan “Estado fallido (I)”, Prensa Libre 22 de marzo de 2007.

Página 36 al narcotráfico en Guatemala en los siguientes términos: “Hoy, los nexos del narcotráfico pueden ser más fuertes que el Estado (…) Hay áreas donde el Ejército, la policía y funcionarios locales trabajan conjuntamente con los narcotraficantes, como en Colombia en los años 80 (…) Los narcos abusan y matan y nadie dice nada porque los jueces, investigadores, comandantes militares y gobernadores están sobornados”.

Adela de Torrebiarte era la carta bajo la manga del candidato presidencial de la UNE, Álvaro Colom, para ocupar ese cargo en caso ganaran aquellas elecciones. No obstante, a la fecha se le sigue ligando a dicho partido, con el que estaría contribuyendo en el diseño de la política de seguridad a implementar en caso que Colom sea electo Presidente de la República en las elecciones generales de este año.

Por eso no extraña el nombramiento de Gómez Ruiz como Viceministro de Seguridad, pues a pesar de ser odontólogo de profesión, tiene una extensa carrera en materia de seguridad al haber ocupado cargos como Subdirector de la desaparecida Guardia de Hacienda (GH) durante el gobierno de Ramiro de León Carpio; Inspector General de la PNC con el gobierno de Álvaro Arzú, y asesor del Ministerio Público (MP). Su último cargo fue el de Jefe de Seguridad del Banco Internacional, y con insistencia se le menciona como alguien estrechamente vinculado a la UNE. Otro de los nombramientos es el de Carlos Roberto Arenas Bianchi como Viceministro de Apoyo Comunitario.

Arenas Bianchi es un empresario del turismo, ex dirigente del desaparecido partido Unión Nacional (UN), y últimamente se desempeñaba en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) en los programas de descentralización y educación, dependencia a la cual representaba en los organismos internacionales. Se le vincula a la organización Familiares y Amigos de Desaparecidos y Secuestrados (FADS), de la cual Camacho de Torrebiarte también fue fundadora en la década de 1990.

Como Viceministro de Apoyo a la Justicia se juramentó a Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, un abogado miembro del bufete Díaz-Durán & Asociados. Fue Fiscal de Casos Especiales en el MP, entre ellos, el de Xamán y el BarranecheArgueta, así como del caso de Jorge Carpio Nicolle. Además fue juez civil y penal de Primera Instancia en Suchitepéquez, Escuintla y Guatemala.

El nombramiento más interesante fue el del general retirado Julio Balconi, quien ocupará el cargo de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), entidad creada a mediados de abril para coordinar la inteligencia civil y las instituciones de seguridad, así como la promoción de cambios a la legislación sobre seguridad ciudadana.

Balconi era hasta hace poco miembro del venido a menos Consejo Asesor de Seguridad (CAS), entidad que impulsó el CNS tras la crisis en Gobernación, y al cual también pertenecía Camacho de Torrebiarte. A Balconi se le recuerda por haber integrado la Comisión de Paz que negoció los Acuerdos de Paz con la insurgencia durante el gobierno de Arzú, cuando fue Ministro de la Defensa. Fue Subdirector de Inteligencia en 1984, y Subjefe de Estado Mayor de la Defensa con el gobierno de Ramiro de León Carpio. Igualmente, integró el desaparecido partido Movimiento Principios y Valores (MPV) para las elecciones generales de 2003, cuando se impulsó la candidatura vicepresidencial de Juan Francisco Bianchi Castillo, dentro de la alianza con la Unión Democrática (UD). A Balconi se le reconoce una trayectoria de carácter académico en el tema de la seguridad nacional, y un papel fundamental dentro del sector militar que integró la denominada línea institucional dentro del Ejército y que apostó por la tesis de la Estabilidad Nacional, impulsada por el fallecido general Alejandro Gramajo en 1982.

Bajo esta nueva estructura, Camacho de Torrebiarte deberá contrarrestar la creciente corrupción y penetración del crimen organizado dentro del cuerpo policial, y hacer frente a las fuertes denuncias sobre escuadrones de la muerte organizados desde altas esferas de poder. El reconocimiento de su existencia e integración por agentes policiales, constituye uno de los principales desafíos para la nueva funcionaria, pero resolver la autoría intelectual del asesinato de los parlamentarios salvadoreños y su piloto es la tarea más escabrosa que tiene por delante, sobre todo cuando el mandatario salvadoreño, Antonio Saca, presione con más fuerza la llaga al declarar que “Lo que es cierto es que hay asesinos, hay gente de alto nivel en Guatemala a la que se está encubriendo”.

Los artículos son responsabilidad de los autores y de El Observador

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Guatemala, abril 2007

Caracterización de las elecciones generales 2007 Por Fernando Solís 1

El proceso electoral 2007 está por arrancar formalmente a partir de la convocatoria oficial del 2 mayo del presente año por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se elegirá un Presidente y un Vicepresidente de la República, 158 diputados al Congreso de la República, y 332 Alcaldías y Corporaciones Municipales correspondientes al igual número de municipios que integran Guatemala, para el período 2008-2012. En total son más de tres mil cargos de elección popular los que estarán en disputa en las elecciones generales de este año, las cuales, de acuerdo con el calendario electoral diseñado por el TSE para el efecto, concluirán formalmente el 9 de septiembre cuando tenga lugar la primera vuelta electoral, o el 4 de noviembre si es que deba realizarse una segunda vuelta electoral para definir al próximo Presidente de la República.

Estas elecciones generales constituyen las séptimas en su género que se realizan desde que se inició formalmente la apertura a la transición política en la década de 1980 y desde que se abrió nuevamente en 1985, la época de gobiernos civiles electos mediante comicios libres y periódicos.

Se prevé que la veintena de partidos políticos que están reconocidos hasta ahora ante el TSE participen en la carrera por los cargos, lo que posiblemente obligue a múltiples alianzas a distintos niveles. ¡El cuadro político electoral todavía no está rayado!, lo que obliga a señalar que puede pasar cualquier cosa. Por de pronto, ya hay por lo menos 15 candidatos presidenciales, cantidad que de concretarse su participación, superaría el número de contendientes que se presentaron a competir por la máxima magistratura en el proceso electoral 2003.

Una diferencia fundamental entre el proceso electoral 2003 y el presente, lo que a la vez lo caracteriza, es que estos comicios ya están regidos por una Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que ha sido reformada, y pese a

que las reformas electorales introducidas no modifican sustancialmente el sistema político guatemalteco en cuanto a las formas de representación, la democratización de los la democratización de los partidos políticos, y la forma de financiamiento de las organizaciones políticas, entre otros puntos cruciales, sí introducen algunas novedades como por ejemplo: la descentralización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) a través de la creación de circunscripciones electorales rurales2, lo que ha creado una expectativa sobre el TSE en el sentido de si podrá cumplir con la logística necesaria para echar a andar esta descentralización sin causar sobresaltos.

Por otra parte, como parte de las reformas el TSE introdujo un tope de Q. 44 millones a los gastos de campaña electoral de los partidos políticos, y además ahora éstos deben hacer públicas sus aportaciones privadas en aquellos casos que sobrepasen los US$ 10 mil o su equivalente en quetzales. Aquí se cierne otra expectativa sobre el TSE en el sentido de si podrá lograr que los partidos políticos divulguen sus fuentes privadas de financiamiento y cumplan con este límite de gastos, pues se quedó corto frente al adelanto ipso facto de la campaña electoral por parte de los partidos políticos. De ahí que el TSE estaría estudiando si este tope de campaña comienza a correr desde el 2 de mayo cuando se convoque oficialmente a las elecciones generales, o desde antes. En todo caso, la anticipación pronunciada de la campaña electoral ha generado la expectativa de que el monto de estos gastos duplique los que se realizaron y pudieron monitorear en el proceso electoral 2003, y superen los Q. 500 millones.

La contienda electoral ya se percibe violenta y sucia, no sólo por los discursos descalificadores que los contendientes vertirán entre ellos, sino porque ya se están observando hechos de violencia hacia y entre activistas políticos de los diferentes partidos en contienda.

1 Economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), analista político e investigador social. Este artículo fue construido con la colaboración de Paola Rodríguez, Polítologa por la Universidad Rafael Landívar, y Luis Solano, economista por la USAC. 2 Ver El Observador Electoral versión electrónica No. 2, 13 de abril de 2007, en www.idegt.org

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2 Consejo Editorial: Mario Sosa Fernando Solís Alfredo Ankermann Iván Castillo Luis Solano Marco Fonseca

Edición: Fernando Solís Diagramación Paola Rodríguez Esta publicación es posible gracias a la colaboración de: Fondo de Gobernabilidad de la Embajada de los Paises Bajos / IBIS

Koninkrijk der Nederlanden Derechos, educación y desarrollo

Contáctenos: 2a. Calle 4-50 Barrio Moderno Zona 2 Teléfonos: 2250-1072 y 2250-1073 Fax: 2251-4182 Directo 5554-3757 E-mail: analisis@idegt.org idegt@idegt.org www.idegt.org El Observador Electoral desarrollará a partir de la presente edición, un seguimiento analítico del proceso electoral 2007, como una sección del boletín El Observador.

Análisis Alternativo sobre Política y Economía, el cual constituye un componente del proyecto “Análisis alternativo e Independiente para la construcción de una sociedad democrática” producido por el Instituto de Estudios Estratégicos por la Democracia - IDE-, y cuenta con el soporte administrativo de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad -CEIBA- y con la colaboración del Consejo de Instituciones de Desarrollo -COINDE-.

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Indudablemente que el proceso electoral 2007 también será un escenario de competencia y disputa entre las distintas elites económicas ligadas a las principales familias de la oligarquía guatemalteca –hoy aglutinadas en los siete grupos corporativos económicos y financieros del país-, y entre éstas y las distintas expresiones del crimen organizado, ambos bloques incrustados en la institucionalidad del Estado y con mucho poder de influencia y decisión. En el caso de los seis o siete grupos económicos y financieros corporativos que hemos venido identificando a lo largo de las entregas de El Observador, hoy no tienen a un opositor como el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) a quien necesiten arrebatarle el poder político del Estado tal como sucedió en el proceso electoral de 2003 cuando confluyeron emergentemente en la fundación de la Gran Alianza Nacional (GANA), sino tienen al crimen organizado que se ha ido tornando en un actor político y con capacidad de disputarles la hegemonía. Si bien hoy no confluyen de manera militante en una sola expresión partidaria, lo harán participando y diseminando su capital simultáneamente en las distintas fuerzas políticas que compiten, por lo regular, las que van punteando y/o son proclives a su influencia. Y el crimen organizado hará lo mismo. ¿Por qué lo hacen? El poder político del Ejecutivo y el espacio político en el Congreso de la República no sólo son claves para que distintas iniciativas les beneficien, sino también les granjean cuotas y espacios de poder en un contexto en el que el próximo gobierno, sea quien sea, deberá implementar la mayor cantidad de iniciativas relacionadas con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA por sus siglas en inglés), o las que se deriven de los acuerdos comerciales que ya se están negociando con la Unión Europea (UE), así como deberá continuar el impulso de los mega proyectos que hoy han quedado varados por la expectativa electoral, y las alianzas en torno a inversiones estratégicas.

Campaña electoral adelantada como tendencia de la población a probar con el voto y como crisis del sistema político Al igual que en anteriores procesos electorales, en estas elecciones generales se expresará nuevamente el voto castigo, el cual, de acuerdo con Héctor Rosada, “Tendrá menos intensidad del que se observó con Portillo, en el sentido de que el FRG perdiera por un mal gobierno de éste, o el voto que se dio de castigo al PAN por un gobierno arrogante y prepotente como el de Arzú. O sea, el voto castigo siempre está presente y siento que se va a presentar otra vez (así como) la tendencia sociológica del voto guatemalteco a probar: ‘no hemos probado con este’; pero ese ‘no hemos probado’ es un voto de elite, es un voto de burguesía, es un voto de oligarquía, porque es como que nosotros compramos el derecho a definir quién es el candidato”3.

El voto castigo hacia la GANA y la gestión de Berger vendrá seguramente, a partir de factores como por ejemplo, la pérdida del paso del gobierno sobre la medición del pulso de la coyuntura política del país y del tratamiento torpe de temas fundamentales sucedidos del año pasado para acá particularmente, tal es el caso, por ejemplo, del cierre del Banco del Café, S.A. (BANCAFÉ), en donde el delfín del

Entrevista con el Dr. Héctor Rosada, febrero de 2007. Rosada condujo la representación gubernamental durante el corto gobierno de Ramiro de León Carpio (junio de 1993-enero de 1996), en la mesa de negociación del proceso de paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), la que concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996 durante el primer año de gobierno de Álvaro Arzú, cuando el jefe de la delegación gubernamental en la mesa de negociación era Gustavo Porras.

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mandatario y principal candidato presidencial, quedó mal parado; el cierre posterior del Banco de Comercio, S.A. (BANCOMER); el asesinato de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y sus consecuencias, y la presión a la que fue y está siendo sometido por colectivos sociales por demandas sectoriales.

Otra de las características del actual proceso es, precisamente, que al voto castigo se unirá la tendencia del electorado guatemalteco a probar con el voto, y otorgarlo a un determinado candidato (a), ya sea a nivel nacional en el caso de la elección presidencial y los diputados por lista nacional, o más local en el caso de las Alcaldías y corporaciones municipales así como de los diputados distritales, más en función de sus necesidades y los temas más inmediatos, así como de las percepciones que se hayan desarrollado en su imaginario respecto de las promesas vertidas durante la campaña política por los contendientes, que en función de un voto meditado e ideológico, pese a que hay una parte del electorado que vota de esta forma por su partido político, en función de la identificación ideológica o de principios. El llamado voto duro.

De ahí se deriva una de las principales explicaciones de por qué casi seguramente, tal y como ha sucedido en los procesos anteriores, el partido que se encuentra actualmente en el gobierno: la Gran Alianza Nacional (GANA), no repetirá por segunda vez para el siguiente período, lo que se une a las distintas valoraciones que pueda tener el electorado respecto del desempeño de la actual gestión de Oscar Berger.

Aunado a ello hay que valorar que, tanto los grupos económicos de la vieja oligarquía como de la nueva, no confluirán mayoritariamente en una sola opción partidaria tal como sucedió en 2003, cuando las principales elites económicas del país y las familias que representan se aglutinaron de manera emergente para conformar la GANA a través de los tres agrupamientos que originalmente la integraron. Por el contrario, en estas elecciones 2007, luego del desgrane de la GANA, los grupos económicos y sus capitales se dispersarán en varias opciones políticas a la vez, y fundamentalmente en los partidos políticos cuyos candidatos vayan punteando o en los que tengan mayores posibilidades, o en los que sean más afines.

Otra característica importante del actual proceso, más que en otros eventos recientes, es el adelanto pronunciado de la campaña política por parte de los partidos contendientes, unos más otros menos, respecto de la convocatoria oficial a las elecciones generales que será el 2 de mayo próximo.

“El adelanto de la campaña electoral es normal en países como Guatemala donde no se respeta la ley, y donde el 4

3 proyecto ideológico de gobierno no está lo suficientemente dibujado, pero tampoco está suficientemente dibujado el proyecto ideológico de oposición, porque lo que debería de ser una controversia sana entre propuesta oficial y de oposición, para que con esa dialéctica se creara un ambiente de decisiones políticas que favorezcan a la mayoría, es reemplazado con divisiones al interior del partido gobernante, y con oposiciones que esperan que se sitúe el partido gobernante para no entrar en desventaja en una confrontación política. Y este hecho de uno, que dirime las diferencias dentro del partido de gobierno públicamente, y que utiliza fondos del gobierno para anticipar una campaña electoral, versus una oposición que se queda esperando hasta que el otro se desgaste, es una característica de una campaña electoral anticipada”4.

Realmente la campaña electoral arrancó desde 2004, cuando, por un lado, ya se sabía que era un compromiso dentro del partido gobernante, en ese tiempo todavía como alianza GANA, que a Eduardo Gonzáles se le cediera la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) para que desde ahí impulsara su candidatura presidencial.

A esta situación se sumó tempranamente, una serie de dimisiones y deserciones, tanto de funcionarios como de los partidos políticos que originalmente fundaron la GANA. Otto Pérez Molina renuncia en mayo de 2004 al cargo que ostentaba como Comisionado Presidencial de Seguridad.

Su partido, el Patriota (PP) y la bancada de nueve diputados en el Congreso de la República que habían logrado en las elecciones generales de 2003, salió junto con él para pasar a la oposición. Le siguió semanas después, Arturo Soto Aguirre, entonces Ministro de Gobernación, quien fue sustituido por Carlos Vielman, quien recién ha salido de la cartera tras el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN)5.

Después de esto, lo que se observó durante 2005 y 2006 fue el acelerado desgrane de la GANA, ahora convertida en partido, respecto de lo que había sido su conformación original, incluyendo la salida del Partido Solidaridad Nacional (PSN) y del Movimiento Reformador (MR); la renuncia de Luis Flores Asturias del cargo que ostentaba dentro del gobierno de la GANA como Director del Fondo de Inversión Social (FIS), para pasar a ser el precandidato presidencial de su antiguo partido, el PAN; y la salida de González no sólo de la lucha final por la candidatura presidencial del partido oficial sino su desaparecimiento de la vida pública política nacional tras el cierre del BANCAFÉ, del cual era uno de los principales socios, sino también el fracaso del proceso de las primarias organizadas por la GANA como ejercicio de legitimación de su candidatura presidencial6.

Rosada, op. cit.

Ver en la presente edición de El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, los ensayos de Claudia Samayoa y Luis Solano que contienen un análisis inicial sobre este hecho, en el marco de un análisis de la política de seguridad.

6 Ver Solano, Luis. “El juego económico y político detrás de la liquidación de BANCAFÉ”; y Ankermann, Alfredo. “El bloque en el poder y las elecciones generales 2007". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 3, noviembre 2006, páginas 25-35 y 15-24, respectivamente.

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4 Entre otros elementos que configuraron la lectura de una campaña electoral anticipada están: el hecho de que Álvaro Colom, segundo en las elecciones presidenciales de 2003 frente a Berger, se haya mantenido en campaña política en el interior del país desde 2004. O, por ejemplo, el hecho de que la ciudad capital y los principales centros urbanos del país hayan sido inundados desde 2006 con publicidad y propaganda de los partidos políticos hasta ahora punteros, a través de vallas publicitarias, spots de radio y televisión así como anuncios en los principales medios de comunicación escritos, pese a la prohibición expresa que estipula la legislación electoral vigente.

En una evidente posición oportunista de los partidos, un factor que contribuyó y dinamizó el adelanto de la campaña electoral, fue la urgente necesidad de éstos de obtener los 15,220 afiliados que la legislación exige como un requisito fundamental para ser reconocidos como tales ante el TSE, y cuyo plazo venció el 25 de mayo de 2006, pues utilizaron el proselitismo electoral para ganar afiliados, lo que sí era permitido, mezclándolo con una promoción de la imagen del candidato presidencial.

Respecto a ello, el TSE perdió la batalla frente a los partidos políticos en la prohibición y sanción por adelantar la campaña político-electoral y realizar propaganda y proselitismo político, sin que hubiera una convocatoria oficial a elecciones generales. Por ejemplo, sus resoluciones iniciales en los meses finales de 2006 contra el Partido Patriota (PP), por haber inaugurado vallas y spots televisivos con evidente propaganda electoral, rápidamente se vieron superadas por un recurso que esta organización interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el cual aún no ha sido resuelto. Se prevé que cuando sea resuelto, posiblemente el proceso electoral haya concluido. En el caso del resto de partidos políticos, incluyendo el oficial, sucedió una situación similar, no solo desacataron lo que estipula la LEPP vigente y las resoluciones del TSE, sino que a medida que la fecha a las elecciones se ha acercado, la propaganda partidaria ha ido en aumento. El TSE solamente logró que el partido Encuentro por Guatemala retirara sus vallas publicitarias.

“Yo lo he dicho varias veces, que aquí el fenómeno se vio desde finales del 2004, cuando Guayo González empieza a hacer campaña. Yo no sé si empezó a hacer campaña para garantizar su inmunidad, como que ya estaba visualizando por dónde iba la cosa, adónde iba a llegar la cosa. Pero el problema es que eso es un desgaste, no sólo para él y para el partido de gobierno, sino para el sistema político en general. No hay partido que aguante una campaña electoral 7 8

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de tres años porque paralelamente va desgastando la opción de gobierno, porque está lanzando el mensaje de ojalá que esto se termine rápido; eso sí es una característica de la cultura política del guatemalteco”7.

Rosada advierte que “El guatemalteco tiene una mentalidad de fin de semana a partir de que los problemas del viernes ya no los resuelve porque talvez el lunes ya no van a estar, y como sábado y domingo descansa, espera que ya el lunes ya no esté el problema. No se preocupa por analizar cómo los resuelve el viernes y continúa pensando el sábado y domingo al respecto, sino que espera a que otro lo resuelva. Sin embargo, el problema va a estar ahí. Esa constituye una actitud que demuestra incapacidad y evasión de enfrentar problemas complicados, fundamentalmente estructurales. Y, dentro de este contexto, evita enfrentar el problema: La manera más fácil de procesar un mal gobierno, o al contrario, la manera más fácil de no enfrentar una mala decisión electoral, es anticipar las elecciones. ‘Ya fallé con éste, ya salió mal este pobre, que buena gente éste. Tenía razón Arzú, mejor se hubiera quedado cuidando sus cochitos y sus vaquitas, sí pero ya está de Presidente pero no lo podemos quitar, que termine pues, entonces pensamos la contienda electoral’. Y esto se ha repetido, claro, en los gobiernos militares no, porque en los gobiernos militares la competencia era ideológica, era la contrainsurgencia y la competencia ideológica, quién va a seguir en la rueda de caballitos para dominar al Estado. Allí está la gran diferencia”.

Concluye este punto señalando que de alguna forma, la campaña anticipada lo que está expresando es la propia incapacidad del sistema para saber respetar los tiempos, porque realmente la campaña electoral debería ser exactamente los cuatro meses que la ley manda, y debería penarse a cualquiera que entre en campaña, sobretodo cuando el Presidente de la República ha salido haciendo propaganda directamente, en una abierta violación a una instrucción del TSE. “No sólo demuestra que les vale el cumplimiento de la ley, sino que al mismo tiempo expresa la actitud de impunidad, de saber que no los van a castigar”.

Este no es un fenómeno que sea lógico pero sí sociológico, es decir, es parte de la naturaleza guatemalteca que de alguna manera tendría que terminar. ¿Cómo? “Yo diría que la forma como puede terminar es, uno: estableciendo claramente cuáles son los márgenes de la ley, cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances y cuáles son sus penalidades; número dos: cumpliéndolos; número tres: no permitiendo que el acceso a cargos de elección siga interpretándose como acceso a un botín político”8.

Rosada, op. cit.

Ibidem.

¡ Construir democracia es tener acceso al conocimiento de nuestra realidad !

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El proceso electoral 2007 y la lucha por la hegemonía política y económica Gustavo Berganza caracteriza las elecciones generales 2007 a partir de ubicarlas en los siguientes tres ámbitos.

“El primero es estrictamente el plano nacional, en el que hay una batalla entre el capital emergente, que tiene fundamentalmente como origen el crimen organizado en su versión de narcotráfico y el contrabando, y el capital denominado ‘legítimo’, que proviene de los grandes grupos empresariales. El segundo se ubica en el plano internacional en el actual contexto de globalización, y se refiere al hecho de cómo este proceso electoral va a acentuar, a intensificar y a acelerar procesos de incorporación en Guatemala a la esfera económica de Estados Unidos. El tercer plano se ubica como una subvariable de ese contexto internacional, y estamos hablando de en qué medida esta elección va a alejar aún más a Guatemala del eje Nicaragua, Venezuela, Ecuador, es decir, allí hay varias cosas en juego”9.

Berganza pone como ejemplo la pasada elección que tuvo lugar para los puestos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues ahí se vio que la postura de Guatemala está más cerca de la de Estados Unidos. En términos económicos, enfatiza en que es un momento en el que se están acentuando mucho las inversiones, y pone como ejemplo la compra que realizara el Citibank de las redes regionales centroamericanas del Banco Uno y del Cuscatlán10.

En términos de lo que él llama esa disputa entre capital emergente y legítimo, señala que durante el anterior gobierno los grandes grupos empresariales recuperaron el poder político al derrotar en las urnas al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y ahora no estarían dispuestos a dejarlo ni a soltarlo, y de esa forma en el presente proceso electoral 2007, va a existir una batalla con el narcotráfico y el contrabando por ocupar espacios otra vez dentro de aquellos partidos políticos que tienen opción de ganar las elecciones.

“El problema viene en cuanto a las necesidades propias de los partidos políticos, en el sentido de que puede ser que no les alcance el financiamiento que le dan los llamados grupos ‘legítimos’. Y luego, por otra parte, la propia legislación electoral que todavía no es lo suficiente controladora para que permita dilucidar la procedencia del financiamiento electoral. Hasta el momento se ha sabido que ya dentro de alguno de los candidatos viables, hay grupos que están vinculados al contrabando, y que los están apoyando”11 .

9 10 11 12 13

5 ¿Estado fallido o Estado mafia?

La impunidad existente en el sistema político y electoral guatemalteco que provoca que no sean sancionados los partidos políticos y los políticos que, por ejemplo, han adelantado la campaña político-electoral, entre otras cosas, no sólo puede ser interpretado desde la inoperancia del sistema político guatemalteco en su conjunto, una de cuyos resultados es la debilidad institucional y sancionatoria que tiene el TSE, sino también desde la perspectiva de que el Estado guatemalteco puede ser calificado como un Estado mafia, y las mafias tienen dos características, a saber: corrupción e impunidad, aparte de la secretividad con que funcionan. La corrupción les daría tanto dinero que son capaces de comprar a cualquiera, y la impunidad les garantizaría que la ley no los alcance.

“Es complicadísimo porque nos hemos acostumbrado a hablar del famoso Estado de derecho pero éste no es más que la tapadera de la cloaca. Eso es exactamente porque debajo de eso hay corrupción y hay impunidad, y en este juego de corrupción e impunidad hay factores de las estructuras de poder clandestinas incrustadas dentro del Estado que ven la conveniencia de: ‘adelantemos el proceso electoral porque entonces aprovechamos el desgaste de un gobierno que sabemos que cada día va a ser más débil”12.

Gustavo Porras lanzó recientemente en un medio de comunicación para el que escribe13, algunos criterios interesantes relacionados con esta discusión, a propósito del caso del asesinato de los tres diputados salvadoreños al PARLACEN y su chofer ocurrido en nuestro país en febrero del presente año, y el posterior asesinato también, de los policías de la Dirección de Investigaciones Criminales (DINC) que habrían sido los ejecutores materiales del cuádruple crimen.

Porras cita una entrevista que le hicieron al todavía Ministro de Gobernación, Carlos Vielman, en donde el ex funcionario hace una serie de referencias con relación al llamado “poder oculto”, a propósito de la manipulación de información en este citado caso de asesinato.

Una primera consideración de Porras es que a su juicio, este asesinato y sus secuelas no es nada más que una reedición del caso Gerardi en el sentido de que, una cosa es quiénes fueron los asesinos y por qué, y la otra es la explotación del hecho con fines inconfesados por parte de un aparato de inteligencia. ¿Cuál?, pregunta, respondiendo a la vez, “Pues el ‘poder oculto’ (y) ese llamado ‘poder oculto’ es un aparato de inteligencia cuyo origen es la inteligencia militar”.

Entrevista con Gustavo Berganza, febrero de 2007.

Solano, Luis, op. cit; y Solano, Luis, y Solís, Fernando, op. cit.

Berganza, op. cit.

Rosada, op. cit.

Porras, Gustavo. “¿A quién sirve el poder oculto”, diario Siglo Veintiuno del 11 de abril de 2007, página 18.

6 Por su parte, Rosada identifica tres bloques de grandes intereses que rodean el proceso electoral 2007.

Un primer bloque son los intereses identificados con la oligarquía y la burguesía nacional, que irían en la línea de que las cosas sigan igual, es decir, que no les toquen sus sistemas de privilegios, sus sistemas de exenciones fiscales, que no les aumenten impuestos, etc. “Y allí va a correr dinero para los diputados corruptos que los apoyen; hay una historia grande en este país, y va a haber legislaciones a la medida o van a haber fuertes oposiciones a cualquier cambio legal o institucional que pueda poner en peligro la sobrevivencia o el crecimiento de esos intereses ortodoxos”14 .

En segundo lugar se encontrarían los intereses mafia, y ahí sostiene que el asunto se complica porque constituyen los intereses que tienen que ver con los capitales mal habidos o sea narcoactividad, y pone como ejemplo las actividades bursátiles y las quiebras de bancos que han tenido lugar recientemente, pues se ha comprobado que los que han salido implicados no son tales. “…Estos cuates lo que han hecho es que han captado los fondos de minorías para especular con ese dinero, y se meten a navegar en mercados de especulación donde se requiere saber manejar las grandes ligas y perdieron (…) El problema está en que la narcoactividad sí tiene las posibilidades de perder lo que sea porque lo que quiere es legalizar el dinero, no le interesa cuánto, porque de todos modos la tasa de rendimiento para el narco es altísima. Entonces ese bloque va a ser un bloque de interés. ¿Qué es lo que les interesa?

Cuando se acercan a un partido ya no se acercan los capos, los identificados, porque ya los tienen controlados, y han habido mensajes a los partidos de fulano de tal aquí, de mensajes para acá, y eso les puede destartalar completamente la estructura de la oferta electoral. Por ejemplo, ha habido pretensiones: ‘Éste es un aporte para la campaña y pueden haber otros aportes, y lo único que te pido es que no se metan conmigo’. No meterse con ellos es muy fácil porque eso es prácticamente dar un cheque en blanco para liberar territorios, y nuestros treinta y tres mil kilómetros cuadrados de Petén es un bonito ejemplo. Y diría yo que ya Las Verapaces, Izabal y buena parte del oriente está cayendo en ese esquema”.

El tercer bloque de intereses es el de la inversión globalizada legal que está conectada con intereses transnacionales.

Sostiene que lo que se necesitaría ante este esquema, es generar un cuarto bloque de interés que sería el bloque de la economía popular. “Cómo lograr un equipo estadista que sea capaz de manejar con lógica los mecanismos de la economía globalizada para que los diferenciales de rendimiento permitieran alimentar las finanzas de un 14

Rosada, op. cit.

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Una segunda consideración que hace Porras es el señalamiento que para algunos no hay tales de ‘poder paralelo u oculto’, sino que sería la S-2 la que cumpliría esa función como tal, así como que para otros si bien el origen está en la inteligencia militar, el aparato en cuestión actuaría por propio interés. El analista destaca que algunos han dicho que esa estructura sería La Cofradía, cuya actuación originalmente estuvo enmarcada en función de la contrainsurgencia y de objetivos institucionales, pero luego se “privatizó” y opera actualmente al margen de la institución armada. Otros más, sostiene Porras, dicen que ese “poder oculto” no es meramente un ente nacional sino de él forma parte o formó parte la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), aunque a estas alturas este aparato se habría “independizado” y de ahí la preocupación estadounidense por impulsar la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales de Guatemala (CICIG).

Para Rodas, una cuestión fundamental a resolver es la relación de ese aparato con el Ejército, pues aunque se diga que opera al margen de la institución armada, indudablemente gozaría de una especie de tolerancia por parte de los mandos militares, dado que es ese mismo aparato el que controlaría los mecanismos de la impunidad, el que inventaría pruebas desvaneciéndolas posteriormente, el que subordinaría a jueces, fiscales, policías, testigos, políticos, etc., en un contexto en el que ese tema sí toca al Ejército en su conjunto, el cual se sentiría amenazado por los juicios y demandas entablados contra militares, y porque la Ley de Reconciliación Nacional originada en los Acuerdos de Paz, deja la puerta abierta para tales juicios en el caso de delitos de lesa humanidad.

La otra parte de esta discusión en su relación con el análisis del Estado, apunta a que su institucionalidad está totalmente cooptada, copada y responde a los intereses de las familias y los grupos económicos de poder que históricamente han gobernado al país, llámense viejas y nuevas oligarquías, o burguesía industrial, comercial y financiera que surgió como una simbiosis de las primeras, primero en alianza con los militares, y después compitiendo con ellos, y entre ellas, tal como lo hemos venido argumentando en entregas anteriores.

“A nivel de sociedad civil, a nivel de actividad económica fuera de la institucionalidad del Estado, pero con fuerte influencia sobre ésta a través del manejo del mercado, yo logré contar 11 ó 12 familias que se intersectan en los diferentes bloques pero que casi siempre son los mismos actores; más son redes donde las alianzas familiares van permitiendo la construcción del capital criollo, del poder criollo, La Patria del Criollo de Severo Martínez allí está,

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Estado que tiene como propósito la redistribución del ingreso en condiciones de igualdad, y que aplica lógica economía mercantil simple para poder atender a los grandes segmentos de población que están bajo la línea de pobreza (…) No combatir la pobreza porque la pobreza es un dato, sino frenar el proceso de empobrecimiento en este país, porque ese es el verdadero problema”15.

Según Berganza, las elecciones también serían importantes para Estados Unidos. Advierte como una gran paradoja, que en la medida que se vaya acercando este modelo mucho más al modelo capitalista exportador vinculado al proyecto de comercio de Estados Unidos, en esa misma medida se va a ir reduciendo el espacio de los grupos de capital emergente, de los grupos ilegítimos. “También para los estadounidenses son fundamentales estas elecciones porque, aparte de lograr una mayor influencia en el área económica y política, logran también, de alguna manera, disminuir el poder que tienen esos grupos de narcotraficantes contra los que ellos invierten tanto capital”.

Rosada señala que la tendencia, tal y como ha sido históricamente, es a un entendimiento entre el bloque de la oligarquía y burguesía nacional y el bloque transnacional, en donde la hegemonía de esta relación la tiene este segundo. Desde su perspectiva, la confrontación se daría entre el bloque transnacional y el bloque mafia, porque el bloque mafia también está filtrado dentro de lo transnacional y, contradictoriamente, depende en mucho de esos capitales, aunque no los soporta. “Se lo pongo como complejidad, cómo entre lo transnacional y lo mafia hay límites, hay zonas grises que uno no sabe, y creo que si lo transnacional expone hegemonía abiertamente, en el caso de Guatemala a futuro, en mucho el bloque transnacional ya tiene espacios prohibidos con la mafia (…) En un contexto en donde Guatemala se ha convertido ya en un gran lavandería y en donde sin embargo, la narcoactividad tiene aún un eslabón débil que es el lavado”.

Partidos van, partidos vienen Un total de 21 partidos están a la fecha reconocidos como tales ante el TSE, luego de que han llenado por lo menos, dos de los requisitos que estipula la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) vigente, a saber: contar con 15

7 y cada vez son mayores las alianzas. Una de las últimas alianzas fue el matrimonio de la hija de Ríos Montt con alguien del propio imperio, y eso se viene reproduciendo: cómo esas redes logran establecer puntos de soporte en otros ecosistemas financieros para garantizar que esa red familiar les garantice a ellos sobrevivencia en condiciones complicadas y adversas. Yo pienso que a ese nivel las confrontaciones se dan en los términos en que históricamente hemos teorizado. A mí no se me olvida ese concepto genial de Gramsci16 de bloque en el poder, de convergencia estratégica de intereses contradictorios: ‘lo que yo no gano, lo gana el otro’, pero ese otro es el marido de mi prima, o ese otro es el abuelo de mi mujer, o ese otro es mi suegro, y ese mi suegro es el abuelo de mis nietos, y mucho de mi consistencia va a depender de que él acepte que yo utilice tantos millones en el momento en que quiera, porque él es el dueño del banco. Esa es la red”17.

La característica básica actual del bloque hegemónico y los bloques en el poder en Guatemala, que se puede generalizar para América Latina con sus propias características y matices para cada país, es que estas familias, estos bloques, ya no son simplemente nacionales sino ya están globalizados, transnacionalizados, y se han ido corporativizando.

“Los Gutiérrez-Bosch ya no están pensando en lo nacional, ya se esparcieron al mundo, y la aldea global la hacen ellos. Si antes pensaban en Miami ahora piensan en el mundo (pues) sus intereses son continentales y no nacionales. Ese es su contenido, o sea, un sector en el poder, un bloque en el poder que piensa planetariamente. Ahora mismo ya están armando –no estoy muy seguro de que haya madurado, pero algo se ha hablado al respecto-, de alianzas con Slim18 , por ejemplo, que viene siendo el capo o tuti capi de América Latina, el más grande de los grandes, el jefe de jefes, así como con otros.

Ese bloque de sociedad civil, de la base que define supraestructura, porque allí se entiende perfectamente la genialidad de entender estructura y supraestructura, porque definen ley, definen educación, definen ocio, porque con la cajita esa, el alienante de la televisión y el Internet, le meten cualquier porquería en la cabeza a

Rosada, op. cit.

Las ideas centrales de Antonio Gramsci sobre el Bloque Histórico, Bloque Hegemónico y Bloque en el Poder, categorías por él formuladas, están contenidas en: “El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce”, una de sus obras maestras, y que posteriormente dio paso a otra: “Gramsci y la revolución de Occidente”, de María Antonieta Macciochi. Los conceptos del Bloque Hegemónico y del Bloque en el Poder continuaron siendo desarrolladas más tarde con mayor profundidad por Nicos Poulantzas en “Poder político y clases sociales en el Estado capitalista”. Una interpretación para Guatemala desde este marco categorial puede verse en: Solano, Luis; y, Solis, Fernando. “El bloque histórico y el bloque hegemónico en Guatemala”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 2 y 3, año 1, septiembre y noviembre 2006, páginas 2-11, y 3-14, respectivamente; también en Ankermann, op. cit.

17 Rosada, op. cit.

18 Se refiere al mexicano Carlos Slim, uno de los más ricos del mundo, dueño, entre otras cosas, de la cadena Televisa, y que ahora, de acuerdo con medios locales, estaría pensando en invertir unos cuantos millones de dólares en minería, petróleo, hidroeléctricas y generación de energía en varios países latinoamericanos. A Slim se le atribuye haber comprado cierta parte de las acciones del diario local Prensa Libre, conjuntamente con otro grupo de acciones que habría adquirido Dionisio Gutiérrez, uno de los jerarcas del consorcio Multi Inversiones, y el mexicano Ángel González.

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8 organización partidaria en 50 municipios del país, y haber llegado a registrar 15,220 adherentes legalmente confirmados y reconocidos por la máxima autoridad electoral.

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los niños, a los jóvenes, a la gente. Es el nuevo pan y circo”21.

Respecto de los 22 partidos que se encontraban vigentes para el proceso electoral 2003, para 2007 desaparecieron formalmente siete de ellos, a saber: el Partido Solidaridad Nacional (PSN)20; la Unión Nacional Auténtica (UNA); Transparencia; el Movimiento de Principios y Valores (MPV); la Unión Nacional (UN); Democracia Social Participativa (DSP); y el Movimiento Social y Político Cambio Nacional (MSPCN).

Ese bloque frente al Estado tiene ahora una peculiaridad clave: ya no ejerce el poder abiertamente. “Ya no les interesa, es más, ya ni las cámaras empresariales ni CACIF son importantes pues ahí ahora van los gatos, sus empleados. Primero estuvieron ellos muchos años atrás, después estuvieron sus hijos, después sus nietos, después sus gerentes y ahora sus empleados, ya no importa. Ya las cámaras empresariales vienen siendo un recurso folclórico del poder de la gran burguesía, pero que no toma decisiones para nada, simplemente es un espacio de articulación hacia determinados segmentos que ellos no controlan o que no controlan del todo, y las tienen alimentándolas porque es una especie de espacio para trasladar qué es lo que quieren. Y le pongo un caso concreto, cuando la cámara empresarial falla en establecer una correlación política con el Congreso de la República, cuando falla como operador político, los grandes propietarios accionan otro mecanismo que en Guatemala se llama Visión de País: ‘Convoco a los secretarios generales de los partidos políticos directamente; nadie va a ser tan tonto de no llegar porque aunque digan que no van a dar plata, de todos modos la pueden dar: indirectamente acciono y coopto dentro de este grupo a sectores que en su vida van a llegar a tener el poder económico y político que tengo yo. Aparecen uno o dos de los grandes, y aparecen uno o dos de los intermedios desde el más poderoso hasta la quinta categoría y sale la propuesta’. Estoy seguro que igual actúan con las grandes decisiones”22.

Pero, así como han desaparecido partidos políticos –tal como ha sido la tendencia en estos 20 años de transición

En resumidas cuentas, ya no hay que preguntarse cómo estos grupos se vinculan con el Estado porque ellos son

De esos 21 partidos políticos, uno, el Partido Libertador Progresista (PLP) propiedad del ex Procurador General de la Nación y candidato vitalicio de esta organización en varias oportunidades, Acisclo Valladares Molina, se encuentra en situación especial y en proceso de resolución si permanece vigente como tal o no. Resulta que sigue registrado como partido político debido principalmente a que dos recursos de amparo interpuestos ante la CSJ se encuentran sin resolver. El primero de dichos recursos fue presentado para que fuera nula la disolución del partido político como tal que correspondía después del 26 de mayo de 2006. El otro recurso se originó a partir de que el TSE no conoció de la celebración de una de las asambleas de este partido. Otro es el partido Los Verdes, el cual, aunque también debió desaparecer como partido político desde mayo de 200619, sigue reconocido como tal debido a que continúan celebrando asambleas como la LEPP vigente lo establece.

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El TSE informó a principios del presente año, que el Registro de Ciudadanos emitió el 26 de junio de 2006 una resolución en donde notificaba al PLP y a Los Verdes que no habían cumplido con el requerimiento de contar, al 25 de mayo de 2006, con un total de 15,220 afiliados, de acuerdo con el artículo 150 del Decreto 10-2004 del Congreso de la República de fecha 24 de mayo de 2006, que otorgaba un plazo de dos años para que los partidos políticos pudieran cumplir con dicho requerimiento para poder estar vigentes, de lo contrario serían sujetos de causal de cancelación. La resolución del Registro de Ciudadanos ya mencionada, otorgaba un plazo de 30 días a ambos partidos para que hicieran uso de su derecho de defensa ante la causal de cancelación de la que eran objeto. En el caso del partido Los Verdes, Rodolfo García-Salas, representante del mismo, interpuso un recurso de apelación ante dicha resolución del Registro de Ciudadanos, argumentando que ésta constituía resolución definitiva. Dicha apelación fue declarada sin lugar por parte del TSE porque la resolución del Registro de Ciudadanos no era definitiva. Los casos de ambos partidos entonces, están vigentes.

20 El PSN surgió inicialmente en el contexto de las elecciones generales de 2003 para lanzar y apoyar la candidatura de su fundador, Ricardo Castillo Sinibaldi, vitalicio Presidente del Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA). Ya como candidato, Sinibaldi buscó una alianza electoral con la DCG que no fructificó. Finalmente declinó cuando este partido se alió a otros dentro del proyecto GANA para impulsar la candidatura de Oscar Berger.

Como PSN desapareció en 2005, al ceder su ficha para la inscripción de la GANA como partido político. Debe recordarse que la GANA surgió formalmente para las elecciones generales de 2003 como una coalición formal de tres partidos: el PSN, el MR y el PP, aunque en ese proceso electoral finalmente se le sumaron, por lo menos, tres agrupamientos más, a saber: el partido UD, el hoy partido Centro de Acción Social (CASA) y el llamado M-17. Este último agrupamiento estuvo constituido por secretarios departamentales del Partido de Avanzada Nacional (PAN) que no se alinearon a Leonel López Rodas en 2003 cuando éste, siendo Secretario General del partido, quedó al frente del mismo tras la salida de Oscar Berger y su grupo para unirse a la naciente GANA. Cuando Berger y la GANA asumieron el gobierno, la bancada de diputados se dividió en cuatro grupos: los del PSN, los del MR, los del PP, y los del M-17. Los diputados de este último grupo particularmente se aglutinaron alrededor de la figura de Eduardo Gonzáles, entonces Secretario Ejecutivo de la Presidencia. Tanto el grupo de diputados del PSN –que ahora se denomina Bancada Solidarista en el Congreso de la República- así como Ricardo Castillo Sinibaldi, su figura más conocida y fundador, terminaron saliendo de la GANA en mayo de 2006 por pugnas internas alrededor de la candidatura presidencial del partido oficialista. Ver Ver Solano, Luis, y Solis, Fernando. “Tres décadas después… Viejas y nuevas oligarquías, redes militares e intelectuales orgánicos de la contrainsurgencia participan en las elecciones generales de 2003". El Observador Electoral No. 4, año 1, octubre 2003; y, Ankermann, Alfredo. “El bloque en el poder y las elecciones generales de 2007". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 3, año 1, noviembre de 2006.

21 Rosada, op. cit.

22 Ibidem.

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política-, han aparecido otros. Respecto de 2003, se han sumado al espectro partidario hasta ahora cinco más, siendo éstos: el Frente por la Democracia; la Unión del Cambio Nacionalista (UCN); el Partido Socialdemócrata Guatemalteco (PSG), Bienestar Nacional (BIEN) y Encuentro por Guatemala (EG). A estos estarían por sumarse otros dos: Visión con Valores (VIVA) y el Frente Nacional de Convergencia (FNC), que a la fecha se encuentran todavía como Comités Pro Formación de Partido Político. Según el TSE, estas agrupaciones ya habrían cumplido con el requisito que exige la LEPP, de haber reunido a 15,220 afiliados, y han entrado en el proceso de celebrar asambleas.

En el caso de estos dos últimos agrupamientos mencionados, no sólo lograrían su inscripción en un tiempo record –más o menos unos tres meses-, sino que también, como un medio de comunicación local dejó entrever, existiría un cierto favoritismo hacia éstos por parte del TSE en el sentido de la facilitación para que obtuvieran su reconocimiento como partidos políticos. Los criterios de favoritismo surgen luego de una comparación con el caso de otros partidos a los que les llevó más tiempo, tal es el caso de Encuentro por Guatemala (EG), sobre quién además pende una demanda por parte del TSE por haber inscrito en sus listados a un simpatizante muerto, algo que el máximo tribunal electoral del país no habría reparado, a la vez que tampoco actuó de manera similar con otros

el Estado y el poder en sí mismo, llámese oculto o fáctico.

“Lo que pasa es que ahora tienen que compartir el Estado con los nuevos ricos, producto de la corrupción dentro de la carrera estatal, que hay muchos, y ahora tienen que compartir con la narcoactividad, con el narcocapital que se filtró dentro del Estado y que no siempre es visible, pero que más o menos pueden intuir en dónde andan.

Es seguro que los organismos del Estado no van a atentar en contra de ellos, pero se dan cuenta cuándo los organismos del Estado toman decisiones a favor de otros que no son ellos.

Y ese segmento es el que dicen: ‘Ese es el capital mafia, y allí no me meto, o si me meto, estoy dispuesto a pagar el costo o voy a tener un buen entendimiento con ellos’, porque ahora ya viven en sus colonias, en sus desarrollos inmobiliarios, y ya son vecinos de sus fincas”23.

En conclusión, constituye una nueva estructura de poder completamente diferente, con una enorme ventaja para ellos, que ahora con la globalización y las facilidades tecnológicas del internet, traslada capitales en un segundo.

“Me temo que mucho de lo que pasó aquí tuvo que ver con eso, o sea, esa actitud de entrar a grandes ligas con capital especulativo, pero también una enorme lavandería que fue deliberadamente diseñada para quebrar los bancos. Talvez no eran ésos, eran otros, pero éstos fueron los que cayeron”24.

Guatemala: Partidos políticos vigentes hasta el 25 de abril de 2007 Elecciones Generales del 9 de septiembre de 2007 Partido político Secretario General 1. Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) Vinicio Cerezo 2. Desarrollo Integral Auténtico (DIA) Edgar Sotomayor 3. Frente Republicano Guatemalteco (FRG) Efraín Ríos Montt 4. Partido de Avanzada Nacional (PAN) Rubén Darío Morales 5. Movimiento Reformador (MR) Juan José Cabrera 6. Unión Democrática (UD) Manuel Conde 7. Los Verdes Rodolfo Rosales 8. Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) Héctor Nuila 9. Partido Patriota (PP) Otto Pérez Molina 10. Gran Alianza Nacional (GANA) Alfredo Vila 11. Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Álvaro Colom 12. Partido Unionista (PU) Fritz García-Gallont 13. Alianza Nueva Nación (ANN) Pablo Monsanto 14. Bienestar Nacional (BIEN) Fidel Reyes Lee 16. Frente por la Democracia (El Frente) Alfonso Cabrera 17. Unión del Cambio Nacionalista (UCN) Sydney Shaw Arrivillaga 18. Centro de Acción Social (CASA) Mario Mazariegos 19. Partido Socialdemócrata Guatemalteco (PSG) Roger Velenzuela 20. Encuentro por Guatemala (EG) Nineth Montenegro 21. Partido Libertador Progresista (PLP) Acisclo Valladares Fuente: Elaboración propia sobre la base de informaciones del TSE. 23

Ibidem.

24 Ibidem. Además ver: Solano, Luis; y, Solís, Fernando. “Más allá de la consolidación bancaria: las luchas por el control bancario y el poder económico”, El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 4, año 2, febrero 2007, páginas 3-37.

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10 partidos como el PP, el mismo VIVA, el PU, y UCN, respecto de la propaganda político-electoral que han propagado sin haber convocatoria, cuando sí lo hizo con EG. Precisamente, EG obtuvo su membresía como partido político el 16 de abril del presente año, con lo que el total de partidos vigentes llega a 21, y de sumarse VIVA y FNC ascendería a 23.

Vale la pena mencionar que la mayoría de partidos políticos nuevos que han ido apareciendo en el tinglado político nacional, constituyen una especie de reciclaje de otras viejas agrupaciones o partidos políticos que se han constituido en pasados procesos electorales, y que han terminado por desaparecer. En esa línea también es interesante señalar que, por lo tanto, estos partidos políticos, nuevos de nombre muchos, integran entre sus filas a viejas figuras y políticos que ya participaron por lo tanto, con otras agrupaciones en el pasado.

Este fenómeno de la multiplicación partidaria ha sido explicado por varios estudios de teoría política25 desde la perspectiva, por un lado, de la alta volatilidad existente en el sistema de partidos políticos en Guatemala, al punto de que, con excepciones, el promedio de vida o de vigencia de un partido político en el país es de 10 años. Aunado a ello o parte del fenómeno es el marcado transfuguismo que se da en los partidos políticos, lo que ha quedado evidenciado más en el caso de los diputados al Congreso de la República.

Dada esta situación, vale destacar el efecto contrario que aparentemente estaría provocando aumentar la cantidad de afiliados de cuatro mil a 15,220 que estipula ahora las reformas a la LEPP para que un agrupamiento político sea reconocido como partido político, pues en lugar de reducirse el total de organizaciones políticas se están multiplicando más. Un ejemplo es que, de acuerdo con los registros recientes del TSE respecto de las organizaciones políticas, a marzo del presente año existían un total de 15 Comités para la Constitución de Partidos Políticos, en tanto que se reportaban otros tres grupos promotores para la constitución de partidos políticos.

A diferencia del proceso electoral de 2003, cuando de los 22 partidos políticos que fueron reconocidos como tales, sólo 13 postularon a los 11 candidatos presidenciales que finalmente participaron, para el presente proceso electoral ya hay más partidos políticos que están postulando candidatos presidenciales, no obstante que faltan definiciones.

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Partidos que han surgido desde 2003 Frente por la Democracia El Frente como se le denomina abreviadamente, surgió después de las elecciones generales de 2003 cuando algunos de los principales cuadros del desaparecido partido Transparencia26, tales como Pedro Chitay y Juan Pablo Cabrera Navia, que fueran respectivamente sus Secretarios Generales, emigran a este partido.

Chitay pasó a ser uno los Secretarios Generales Adjuntos de este partido, junto con otros conocidos ex militantes de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) tales como el principal fundador de esta organización, Alfonso Cabrera Hidalgo, quien como se recordará, fue Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo, o Claudio Coxaj, diputado por la DCG en 1990.

En el caso de Cabrera Navia, es el Secretario de Organización del partido y es hijo de Cabrera Hidalgo, quien no sólo es el Secretario General de este partido sino también candidato a encabezar el listado nacional de diputados para las elecciones de septiembre próximo.

Unión del Cambio Nacionalista Surge de la alianza de algunos militantes de la desaparecida Unión del Centro Nacional (UCN) tales como su actual Secretario General, Sydney Shaw Arrivillaga, con algunos ex diputados del FRG tales como Mario Estrada y Leonel Soto Arango que inicialmente, al separarse del eferregismo después de las elecciones generales de 2003, pasaron a formar parte de la llamada Bancada Integracionista que se formó en el Congreso de la República.

Como se recordará, Mario Estrada no sólo fue electo como diputado por Jalapa con el FRG en las elecciones generales de 1999 cuando este partido ganó la Presidencia de la República con Alfonso Portillo, sino también fue durante ese gobierno, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), dependencia que sólo estuviera habilitada durante el primer año del gobierno y cerrada tras graves denuncias de corrupción y malversación de fondos. Estrada estuvo muy ligado al grupo de Portillo dentro del FRG y hoy se dice que es uno de los mandamases del departamento de Jalapa. Se separó del FRG cuando ganó por segunda vez la diputación por ese departamento en las elecciones generales de 2003.

25 Véanse entre otros trabajos académicos en esta línea, el interesante planteamiento de Paola Rodríguez en su tesis de graduación como politóloga por la Universidad Rafael Landívar: “La volatilidad de los partidos políticos en Guatemala: Los casos de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y del Partido de Avanzada Nacional (PAN)”.

26 Algunos de los fundadores de Transparencia tuvieron cargos en el gobierno de Alfonso Portillo y del FRG, tal es el caso de Antonio Monzón, quien fuera Viceministro de Gobernación en los inicios de la gestión eferregista. Llegó a la gestión del FRG con otros asesores y consultores de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (ASIES), tal es el caso de Luis Linares, quien ocupó el cargo de Ministro de Trabajo en dicho gobierno.

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11 Guatemala: Candidatos presidenciales y vicepresidenciales definidos hasta el 25 de abril de 2007, por partido político.

Elecciones Generales del 9 de septiembre de 2007

Partido político Candidato presidencial 1. Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) Vinicio Cerezo Blandón 2. Desarrollo Integral Auténtico (DIA) Andrés Girón 3. Frente Republicano Guatemalteco (FRG) Luis Rabbé 4. Partido de Avanzada Nacional (PAN) Francisco Arredondo 5. Movimiento Reformador (MR) Jorge Briz 6. Unión Democrática (UD) Manuel Conde 7. Los Verdes* Rodolfo Rosales 8. Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) Miguel Ángel Sandoval 9. Partido Patriota (PP) Otto Pérez Molina 10. Gran Alianza Nacional (GANA) Alejandro Giammatei 11. Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Álvaro Colom 12. Partido Unionista (PU) Fritz García-Gallont 13. Alianza Nueva Nación (ANN) Pablo Monsanto 14. Bienestar Nacional (BIEN) 16. Frente por la Democracia Edgar Gutiérrez 17. Unión del Cambio Nacionalista (UCN) Mario Estrada 18. Centro de Acción Social (CASA) Eduardo Suger 19. Partido Socialdemócrata Guatemalteco (PSG) 20. Encuentro por Guatemala (EG) Rigoberta Menchú 21. Partido Libertador Progresista (PLP)

Candidato Vicepresidencial Pablo Werner Haroldo Quej

Ricardo Castillo Sinibaldi Alfredo Vila Rafael Espada

Fuente: Elaboración propia sobre la base de informaciones del TSE.

Por ejemplo, ya Jorge Briz fue confirmado como el candidato a la alcaldía metropolitana con los Patriotas. A Briz seguramente lo acompaña su partido Movimiento Reformador (MR)27. También ya fue confirmado Ricardo Castillo Sinibaldi como el candidato vicepresidencial del PP para acompañar a Otto Pérez Molina en la fórmula presidencial 28. Prácticamente los tres partidos que de manera emergente inicialmente conformaron la alianza GANA en 2003, volverán a confluir en otra coalición liderada por el PP, haciendo casa aparte.

En el caso de Leonel Soto Arango, fue electo diputado por primera vez por el FRG durante las elecciones generales de 1999 y por segunda vez en 2003. Hombre muy influyente dentro de la bancada de diputados de dicho partido durante el período presidencial de 2000-2004, aunque terminó por separarse en 2004 para integrarse también a la bancada Integracionista, denominada así porque llegó a aglutinar a por lo menos una docena de diputados provenientes de varios partidos. Soto Arango inclusive, fue el jefe de dicha bancada durante el período de enero de 2006 a enero de 2007.

Uno de los aspectos a destacar dentro de las candidaturas presidenciales, es que sólo una mujer, Rigoberta Menchú, se postula a la Presidencia de la República, lo que a la vez también hace la única candidatura indígena en este proceso electoral. La Premio Nóbel llegó a esta posición tras concretarse la alianza entre su movimiento Winaq29 y EG. Aunque se había mencionado que el académico y miembro de la Junta Directiva de EG, Juan Alberto Fuentes Knight, acompañaría a Menchú en la fórmula como candidato vicepresidencial, éste se ha retirado argumentando razones personales, aunque ha transcendido que su retiro se debió a incompatibilidades dentro de las dos agrupaciones.

En la UCN actual también se ha mencionado la presencia de Eduardo Arévalo Lacs, quien primero fuera Ministro de la Defensa, y después Ministro de Gobernación, ambos cargos en el gobierno de Alfonso Portillo y del FRG. Partido Socialdemócrata Guatemalteco Su principal fundador es su actual Secretario General, Roger Valenzuela, quien fuera Ministro de Agricultura y Ganadería (MAGA) durante el primer año de gobierno del FRG. Valenzuela fue el primer titular de esta cartera de los tres que tuvo el FRG, y durante su gestión se fundó la actual Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA).

27 Briz y el MR salieron de la GANA en julio de 2006 denunciando presiones para que se sumara al apoyo de la candidatura presidencial de Eduardo González, el entonces ungido para el cargo por los grupos de poder dentro del oficialismo. Sin embargo, esto fue antes de que el BANCAFÉ, del cual Gonzáles era uno de los principales accionistas, fuera liquidado en octubre de 2006, lo que provocó el fin de sus aspiraciones presidenciales. Ver Annkermann, op. cit.

28 Prensa Libre. “PP, con Castillo y Briz”, 24 de abril de 2007, página 8.

29 Para un análisis inicial sobre lo que representaría el surgimiento de Winaq, ver: Ba‘ Tiul, Kajkoj. “El movimiento Winaq en el escenario político actual”.

El Observador Electoral versión electrónica No. 1, 30 de marzo de 2007.

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12 Un factor a recalcar dentro de las candidaturas presidenciales que se han conocido hasta ahora, es que, como ya dijimos anteriormente, aparecen viejas figuras políticas nuevamente compitiendo. Están los casos de Álvaro Colom, quien lo hace por tercera vez consecutiva, dos de ellas con su partido la UNE. Otro caso es el del médico Francisco Arredondo, quien compite por segunda vez consecutiva. Esta vez lo hace con el PAN y antes lo hizo con la UN. Por su parte, Eduardo Suger también lo hace por segunda oportunidad. Antes lo hizo con el DIA y hoy lo hace con CASA. En el caso de Fritz García-Gallont, quien finalmente anunció que competirá como candidato presidencial de los Unionistas al fracasar las pláticas para una alianza con VIVA, lo hará por segunda vez consecutiva. Ésta sería la segunda vez que el PU fracasa en concretar una alianza, pues antes de VIVA, en enero del presente año, hizo contactos con el PAN para lo mismo, y hasta se especulo de acercamientos con el FRG. No obstante, todavía existe expectativa de si García-Gallont finalmente participará como candidato del PU, pues aunque ya confirmó que sí y que el accidente de su esposa no será impedimento, declaraciones recientes de los diputados Pablo Duarte y Mariano Rayo dan cuenta que han tenido problemas con el financiamiento. Lo único seguro hasta ahora con el PU, es la candidatura nuevamente de Álvaro Arzú para la alcaldía metropolitana, en donde hasta ahora competiría con Roberto González Díaz-Durán de la GANA; Raúl Romero del DIA; Jorge Briz con el PP; y Manfredo Marroquín, a quien se le mencionó primero como el candidato de Encuentro por Guatemala, y ahora se le menciona con la UNE. No obstante el multipartidismo y la multiplicidad de candidaturas presidenciales que se observan en el presente proceso, se prevé que, al igual que ha sucedido en los otros comicios generales que han tenido lugar desde 1985, al final serán cuatro o cinco partidos los que concentrarán alrededor del 80% de los votos válidos así como de los puestos de elección popular en disputa.

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Bienestar Nacional Surge como partido político en mayo de 2003, aunque su génesis se ubica a inicios de 2001, cuando un grupo de agrónomos encabezados por Fidel Reyes Lee, uno de los fundadores de la Universidad Rural, deciden aglutinarse. No participó en las elecciones generales 2003. A inicios de 2004 se suman a sus filas diputados de la UNE que recién habían sido electos al Congreso de la República por este partido: Rafael Barrios Flores, Fernando Flores Ortiz, Carlos Guerrero Dumani y Conchita Mazariegos.

Encuentro por Guatemala La génesis de lo que hoy constituye EG se remonta a la separación de la ANN, de tres de los seis diputados que obtuvo este partido en las elecciones generales de 2006, a saber: Nineth Montenegro, Alfredo de León e Hilda Jeannette Pérez. Posteriormente, surge ya como agrupamiento político que va a buscar convertirse en partido político, tras fracasar los llamados encuentros de Quetzaltenango, Totonicapán y Zacapa –de donde tomó su nombre el EG- adonde habían confluido diferentes agrupamientos y expresiones de izquierda, incluyendo militancia y ex militancia de la URNG así como de ANN, para discutir inicialmente, las causas de los magros resultados obtenidos por la izquierda partidaria en las elecciones generales de 2003, y posteriormente la posibilidad de conformar un sólo frente político de izquierda.

El esfuerzo de estas reuniones o encuentros se diluyó cuando surgieron dos posiciones bien marcadas sobre el futuro o la vía que las distintas expresiones de izquierda debían asumir de cara al futuro. Por un lado, los que proponían que el norte inmediato de la izquierda debía ser la participación electoral en las elecciones de 2007. Por otro, los que decían que si bien no se descartaba la lucha electoral, ésta debía enmarcarse dentro de la estrategia de conformación de un frente político de largo plazo. Ahí es donde surge EG, nucleado y encabezado por la diputada Nineth Montenegro, y de otra parte surge un agrupamiento que hoy se aglutina en el Movimiento Político y Social de Izquierda (MPSI), integrante del Movimiento Amplio de Izquierdas (MAIZ).

Desde nuestra perspectiva, todos los candidatos presidenciales que hasta ahora han aparecido en el espectro político, tenderán hacia el centro y su discurso será una combinación de posiciones del centro a la derecha con matices, algunos, de socialdemócratas de izquierda. Por lo tanto, no se espera que haya una confrontación ideológica seria.

Centro de Acción Social

Rosada cree que no existirá confrontación ideológica como la que desde su perspectiva sí se dio entre Portillo y Berger en 1999. “Aunque eran entre sectores de derecha, porque

Su Secretario General, Mario Mazariegos, fue miembro y candidato a diputado por el Distrito Central en las elecciones generales de 1999 por el partido Alianza

¡ Construir democracia es tener acceso al conocimiento de nuestra realidad !

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el discurso de Alfonso era un discurso de izquierda apoyado por un partido de ultra derecha, y sin embargo Portillo mantuvo ese discurso de izquierda, y allí sí había confrontación ideológica, y creo que el fracaso del gobierno de Portillo tuvo mucho que ver con haber continuado con una actitud de estar en campaña en lugar de estar gobernando, y de haber sostenido el mismo discurso de confrontación con lo que él llamaba la oligarquía de este país. Eso no lo veo ahora”.

Para que en el presente proceso electoral, y dadas las actuales condiciones, tuviera lugar un nivel de confrontación ideológica, la derecha debiera estarse preparando para tener un discurso ideológico y no lo está haciendo ni lo va a hacer. Hoy puede decirse que todos los grupos económicos estarían más tranquilos porque, a diferencia de lo que sucedió en las elecciones generales de 2003, no existe un grupo como el FRG que los cuestione, tal y como lo hizo en aquel momento. Es más, hoy el FRG está más preocupado –y hacia ahí está enfocando sus baterías de la campaña electoral-, a generar base y aglutinamiento social de sus bases para ganar la mayor cantidad de diputados al Congreso de la República así como alcaldías.

Rosada sin embargo cree que la izquierda sí va a tener un discurso ideológico aunque no va a confrontar con la derecha. Lo argumenta como sigue: “La izquierda lo que va a hacer, por ejemplo, es hacer la diferencia, es decir, la derecha va a salir exactamente con el mismo discurso, con las mismas ofertas de izquierda: combatir la pobreza, que haya trabajo, que haya vivienda, todo el montón de mentiras pues cuando ya están en el gobierno no las cumplen, en tanto que la izquierda va a plantear cuáles son las demandas y va a decir qué es lo que cree que puede llevar a adelante. Creo que un proyecto de izquierda tiene que ser auténtico, y para un proyecto de izquierda sería fatal pararse en una tribuna a decir las mismas mentiras que dice la derecha, y que a la hora de ganar tuviera que cumplirlas, entonces no se puede. Yo creo que parte de la construcción de un proyecto de izquierda es ser auténtico e identificarse con la población, como una opción política que dice la verdad”.

13 Reconciliadora Nacional (ARENA). La existencia de ARENA fue efímera, ya que se fundó para estas elecciones y desapareció después de este proceso por no haber logrado ni un diputado y tan sólo el 0.12% de los votos válidos.

Visión con Valores La figura más visible de VIVA es Harold Caballeros, ex pastor vinculado a la iglesia protestante neopentecostal El Shaddai y fundador de la Universidad San Pablo. Fue asesor espiritual de Jorge Serrano Elías al igual que Francisco Bianchi durante el gobierno del MAS en el período 1991-mayo 1993. Los unía profesar la misma ideología religiosa evangélica y su militancia en la misma iglesia.

Es casi seguro que, de lograr VIVA finalmente el reconocimiento como partido político por parte del TSE, Caballeros sea el candidato presidencial de esta agrupación, ahora más al haber fracasado la alianza electoral que se discutía con los Unionistas, en donde el ex pastor iba a fungir como el candidato presidencial de la coalición. Al fracasar este intento, se rompió la posibilidad de que se aliaran electoralmente hablando, dos de las tendencias religiosas más conservadoras, una católica y otra evangélica protestante: el Opus Dei representado en el jerarca del PU y actual alcalde capitalino, Álvaro Arzú, y los neopentecostales representados en Caballeros.

Frente Nacional de Convergencia El FNC estaría siendo fundado por un grupo de viejos militares de la contrainsurgencia que se aglutinaron en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA)30 después de la firma de los Acuerdos de Paz. Pese a que todavía oficialmente no es partido, ya fue anunciado como el candidato presidencial del FNC, el viejo dirigente anticomunista, Lionel Sisniega Otero.

Como se recordará, Sisniega Otero fue uno de los fundadores del desaparecido Movimiento Liberación

26 AVEMILGUA está integrada por unos 1,200 militares retirados. Fue fundada oficialmente el 7 de septiembre de 1995 por los generales en retiro: Domingo García Samayoa, Ministro de la Defensa durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, y uno de los artífices del autogolpe que éste dio durante su gobierno en mayo de 1993; Kjell Eugenio Laugerud García, ex Presidente de la República durante el período 1974-1978; Edgar Godoy Gaitán, Jefe del Estado Mayor Presidencial durante el Gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991), y Jefe del Estado Mayor de la Defensa en los inicios del gobierno de Serrano Elías hacia 1991-1992, y acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Myrna Mack ocurrido en septiembre de 1990, aunque absuelto; Manuel Antonio Callejas, Sub jefe del Estado Mayor de la Defensa con el gobierno de facto de Humberto Mejía Víctores (agosto 1983- enero 1986), y Jefe de esa misma área en los inicios del Gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo; Oscar Humberto Mejía Víctores, Ministro de la Defensa durante el gobierno de facto de 1982 encabezado por Ríos Montt, López Gordillo y Maldonado Schaad, y Jefe de Estado durante el gobierno de facto que encabezó tras ser la figura más visible del golpe de Estado contra el gobierno también de facto de Ríos Mont en agosto de 1983; los coroneles Mario Paiz Bolaños, Director de la Policía Nacional (PN) durante el gobierno de Serrano Elías, y Manuel Chinchilla Estrada. Otros militares relacionados con AVEMILGUA son: Edgar Ovalle, Yashira Herrera viuda de Coronado, quien ha sido Presidenta de la Asociación de Liderazgo Femenino de Evangelistas Guatemaltecos; coronel Héctor Rosales Salaverría; general Carlos Enrique Pineda Carranza; general Víctor Manuel Argueta Villalta; general Luis Miranda Trejo, quien fuera diputado por el FRG durante el período 2000-2004, y Director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) durante ese gobierno; Mario Enrique Paiz,; Mario Mérida González, actual columnista del diario elPeriódico, y se ha mencionado como el Ministro de Gobernación de un posible gobierno de Álvaro Colom y la (UNE); coronel Romeo Atahulfo Ortíz Reyes; y Quilo Ayuso.

14 “Entonces no veo confrontación. Vería confrontación si, por ejemplo, la izquierda planteara la función social de la propiedad de la tierra, y que ellos (la derecha) estuvieran planteando defensa a ultranza de la propiedad. Y no lo pueden proponer porque el discurso de este gobierno ha sido medio gato pardo, igual que con los gobiernos anteriores, de tener un sector de izquierda incrustado dentro del gobierno. Antes eran portillistas ahora son steinistas, y uno no sabe. Entonces no se va a dar una confrontación ideológica. Puede ser que se dé, y eso me preocupa mucho, puede ser, no estoy seguro: descalificación y violencia a sus extremos, eso sí creo que se va a dar en todos los sentidos. Va a haber violencia en contra de argumentos, va a haber descalificación, y me temo que el capital mafia, que ya se ha ubicado en varios partidos, se va a seguir ubicando en varios partidos, va a cobrar facturas en el momento en que vea que está siendo desplazando o en el momento en que intenten desplazarlo. Esa para mí va a ser la diferencia”.

En ese contexto, Berganza advierte que, por ejemplo, en la cuestión de la economía existe un marco ideológico dominante que ninguno de los candidatos participantes, salvo alguno de la izquierda que en realidad no es relevante, cuestiona, es decir, no estaría en discusión ni disputa el modelo globalizante capitalista hacia el cual se está orientando el país. “Ahora todos los candidatos tienen un discurso uniforme con respeto a la propiedad privada y a la necesidad de que el país respete la inversión extranjera”.

Entre los candidatos y partidos punteros que hasta ahora son la UNE, el PP, y la GANA, existen grandes coincidencias en los principios, y quizá en lo que haya un cambio es que en términos de discurso puede observarse un énfasis en el desarrollo y la inversión social, especialmente en la UNE. Sin embargo, no hay certeza de en qué medida esto se vaya a traducir en planes específicos y tomen cuerpo en un Plan de Gobierno. Por lo demás, ahí se tiene que la UNE ha estado haciendo grandes esfuerzos por acercarse a los grupos empresariales.

Es destacable como Colom fue invitado, al igual que Pérez Molina, por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) en octubre de 2006 31 , a que explicara sus planes en caso se hiciera con la Presidencia de la República, así como se especula cómo se ha acercado al grupo que lidera Juan Arturo Gutiérrez, tío de Dionisio Gutiérrez, uno de los principales jerarcas del Grupo Multi Inversiones, y con quien mantiene un litigio por el control de las inversiones de este consorcio.

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Nacional (MLN), y posteriormente también del Partido de Unificación Anticomunista (PUA)32, entre noviembre y diciembre de 1983, del cual fue su candidato presidencial para las Elecciones Generales de 1985. De ahí que no sea la primera vez que participe como tal.

Sisniega Otero es el papa de Rodolfo Lionel SisniegaOtero Cordero Windsor Saboya y Borbón, quien es General de Brigada y actualmente es comandante de la Brigada Guardia de Honor. Éste fue uno de los militares que intentaron en 1989 mediante golpe de Estado, derrocar al entonces gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo y la DCG, además de que estaría comprometido en el saqueo que se dio en el Instituto de Previsión Militar (IPM) durante el gobierno de Alfonso Portillo, en el marco de la absorción del Banco del Ejército (BANEJER) por parte del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), por problemas financieros del primero.

No obstante, debe anotarse que en 1983 lo que se da es el resurgimiento del PUA como partido político, pues durante el período de la Revolución de Octubre (19441954) surgió como PUA por primera vez y llegó a convertirse en uno de los pilares ideológicos del futuro MLN. De ahí que el resurgimiento del PUA en 1983 se da como un desprendimiento de viejos militantes anticomunistas del MLN, que confluyen con otro grupo de militantes de la desaparecida Central Auténtica Nacionalista (CAN), fundada originalmente como Central Auténtica Aranista (CAO) en 1970 por el entonces coronel Carlos Manuel Arana Osorio, quien gobernó al país durante el período 1970-1974. A Arana se le conoció con el mote de “El Chacal de Oriente” no sólo por ser originario de esa zona, sino también por las matanzas que tuvieron lugar en su gobierno así como por haber iniciado de forma sistemática la contrainsurgencia organizada.

Para Berganza “Todo este tiempo Colom ha estado tratando de crear y tender redes, de crear plataformas de entendimiento, etc. (…) Porque entendió que no puede pelearse con los otros Gutiérrez (y) El hecho de que haya sido recibido por CACIF, muestra que éste ya no es un candidato satanizado por el sector privado, y evidentemente para ganar ese tipo de aprecio por parte de los grandes empresarios, es obvio que ha tenido que ceder, aunque mantenga ese componente que le da el tinte socialdemócrata”.

Y en el caso de los otros candidatos como Giammatei y Pérez Molina, su proveniencia y origen ha estado ligada

Akermann, op. cit.

Realmente, el PUA surgió inicialmente unos meses antes de aparecer públicamente entre noviembre y diciembre de 1983, como Movimiento Democrático Nacionalista (MDN), el cual, cómo se recordará, fue el primer nombre con el que surgió el MLN en 1955. No es rara entonces la vinculación de Sisniega Otero con el hoy Frente por la Convergencia y AVEMILGUA, pues el PUA surge como caldo de cultivo para la Contrarrevolución de 1954, y resurge en plena época de la nueva contrainsurgencia durante el gobierno de facto de Oscar Humberto Mejía Victores, uno de los fundadores y miembros de AVEMILGUA. 32

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al accionar del sector privado organizado. En el caso del partido EG, Berganza advierte que “Alguien que viene del movimiento popular se ha estado corriendo mucho más al centro e, incluso, ha incorporado a elementos de la derecha empresarial como es el caso de Presidentes de ANACAFÉ33 (…) Entonces vemos que la parte fuerte en el espectro político sigue estando en la derecha, y (aunque) hay un montón de figuras tratando de hacer un movimiento34 , es ya sin

15 mayores perspectivas porque lamentablemente este es un país conservador”.

Para Rosada, algo clave sería saber, aunque los partidos no lo dicen, quiénes están en cada partido, quiénes forman sus equipos, porque ahí se podría valorar qué tipo de continuidad de políticas existiría de cara a favorecer los intereses de ese bloque conservador, del bloque mafia o del bloque transnacionalizado.

Una aproximación preliminar a los financistas de los partidos La GANA En el partido oficial confluyen en este momento, los intereses de por lo menos cinco familias de la oligarquía guatemalteca: los Berger Widmann, los Vila, los Castillo, los Leal Pivaral y los Botrán.

Los Berger Widmann no sólo es la familia presidencial sino que en su proyecto de catapultarse y sumarse como el octavo grupo familiar corporativo del país, la GANA constituye uno de los instrumentos principales. Los Widmann son dueños del ingenio Guadalupe, y como familia Berger Widmann poseen intereses en la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), en Montana Exploradora y Petrolatina Corporation.

En el caso de los Vila, uno de sus representantes, Alfredo Vila, no sólo es el Secretario General de dicho partido sino también funge como el candidato vicepresidencial del mismo para el presente proceso electoral, acompañando a Alejandro Giammatei. Son propietarios de los ingenios San Diego y Trinidad.

En el caso de la familia Castillo, uno de sus representantes, el ex Ministro de Comunicaciones hasta enero del presente año, Eduardo Castillo, encabeza ahora los candidatos a diputados por el listado nacional del partido oficial para los comicios de este año, y aunque Ricardo Castillo Sinibaldi y la bancada solidaridad en el Congreso de la República, rescoldo del desaparecido PSN, ya no se encuentran formalmente en la GANA, sin embargo se mantienen muy cercanos.

Tanto a Eduardo Castillo como a Ricardo Castillo los une una amistad de muchos años con Berger.

Los Leal Pivaral como se sabe, mantienen una activa e importante participación en el Banco del Quetzal (BANQUETZAL), junto a los Berger Widmann y los Díaz-Durán, estos últimos, una de las familias clave y con un peso importante dentro de la oligarquía guatemalteca. No es casual que Roberto González Díaz-Durán haya sido funcionario público con el actual gobierno, primero como Ministro de Energía y Minas, luego como Gerente de la Presidencia y de la Reconstrucción post Stan, y que su nombre haya sonado como candidato a Vicepresidente en la formula presidencial de GANA acompañando a Giammatei, inclusive antes de Vila, y hoy sea el recién nombrado candidato a la alcaldía metropolitana por el partido oficial. Los Leal Pivaral son considerados como una familia emergente de azucareros y son propietarios del ingenio Magdalena. Una de las funcionarias del actual gobierno a quien se ha vinculado a este grupo, es a María Antonieta de Bonilla, actualmente Presidenta del Banco de Guatemala (BANGUAT), pues en el pasado no sólo fue gerente de este grupo financiero sino tendría un parentesco muy cercano con un accionista principal del mismo.

Respecto de la familia Botrán, uno de sus representantes, Andrés Botrán, es funcionario del actual gobierno al frente de la Secretaría de Seguridad Alimentaria (SESAN).

Aunque con bajo perfil, dentro de la GANA continúan presentes los intereses de Eduardo Gonzáles, defenestrado el año pasado como principal candidato presidencial por el caso BANCAFÉ; los de la Asociación de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT), uno de cuyos exponentes es Álvaro Aguilar, ex Ministro de Agricultura en el actual gobierno, ex precandidato presidencial por este partido en 2006, antes del fracaso de las primarias que la GANA celebraría en noviembre de ese año, y confirmado recientemente dentro del CEN del partido.

La UNE Una de las características de la UNE en el actual proceso electoral es el acercamiento que su jerarca y candidato 33

Se refiere a Fernando Montenegro Castillo y a José Ángel López, ambos ex Presidentes de la Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ). En el caso del primero, es miembro del directorio del partido EG, en tanto que el segundo es actualmente el Presidente del Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL). A ambos se les mencionó, junto al abogado Mario Fuentes Destarac, como posibles candidatos presidenciales por este partido. Esto fue sin embargo, antes de que se produjera la alianza electoral entre el Movimiento Winaq y el EG que postulará a Rigoberta Menchú como candidata presidencial para este proceso electoral.

34 Se refiere a la conformación del Movimiento Amplio de Izquierdas (MAIZ) en donde está incluida la URNG como único partido político legal, y a través del cual la alianza participará en las elecciones actuales.

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presidencial, Álvaro Colom, ha realizado con Arturo Gutiérrez, tío de los primos Juan Luis Bosch, Dionisio Gutiérrez y Juan José Gutiérrez, con quienes mantiene un litigio desde hace varios años por las acciones del consorcio Multi Inversiones.

Colom también se ha acercado al grupo de industriales que ha venido liderando la dirección de CACIF, uno de cuyos representantes más visibles es el hasta hace unas semanas Ministro de Gobernación, Carlos Vielman, mano derecha de Berger en el gabinete de Gobierno. No es casual que cuando Colom fuera invitado por el CACIF en 2006 a que expusiera las líneas principales de su plan de gobierno, el líder de la UNE haya dicho públicamente que uno de los compromisos que había adquirido en esa oportunidad con el empresariado organizado, era la posibilidad de que propusieran al candidato vicepresidencial. De ahí que no sea casual que el vicepresidenciable de la UNE sea Rafael Espada, no sólo por ser hermano de Vielman sino también porque estaría muy vinculado a esta jerarquía empresarial.

Otro de los financistas importantes de la UNE sería Ricardo Cortés, propietario de King Express y miembro del comité político de este partido. Tiene a su cargo el contrato petrolero de US Oil Guatemala, subsidiaria de US Oil Recovery, en el campo petrolero Paso Caballos en el norte de Petén, y está estrechamente ligado a Oscar Francisco Berger Widmann, hijo mayor del presidente Berger. Desde King Express, Cortés ha tendido una alianza con el Banco Industrial (BI) para el manejo de remesas del exterior.

Otro de los posibles financistas de la campaña de la UNE es el mexicano Ángel González, dueño de los cuatro canales de televisión locales y varias radios de fm., particularmente a raíz del acercamiento que Roberto Arzú provocó en octubre de 2006 entre aquel y Colom.

El PP En el PP confluirían como financistas los intereses de la familia Novella así como del consorcio Multi Inversiones.

Debe recordarse que el PP surge bajo la tutela de Dionisio Gutiérrez en el año 2002, y tras separase este partido de la GANA, el jerarca empresarial continuaría siendo uno de sus principales soportes.

Ahora que Jorge Briz y su MR, y Ricardo Castillo Sinibaldi y su bancada Solidaridad se han sumado al PP, los capitales de una expresión de la familia Castillo, y de un segmento de los comerciantes, fluirá seguramente hacia los Patriotas.

El PU Los Unionistas han tenido nexos fundamentalmente con la familia García Granados, los principales importadores de piezas de pollo al país en las marcas Tyson y Hudson, y acérrimos competidores económicos y políticos de los BoschGutiérrez, principales productores del Pollo Rey. Entre los García Granados y el principal jerarca de los Unionistas, Álvaro Arzú, hay, inclusive, nexos de parentesco pues el ex Presidente de la República estuvo casado con Silvia García Granados, hermana de Jorge y Raúl García Granados, y madre de Luis Arzú. De los García Granados también puede decirse que están cercanos a la GANA a partir de su íntima amistad de años atrás con Berger.

Los García Granados también han estado cercanos al FRG y a la UNE, y por ello no es casual que hace algunos meses se mencionara a Raúl García Granados como posible candidato de los eferregistas para las elecciones de este año.

Los Vila también tendrían algún tipo de vinculación con los Unionistas. Hay que recordar que Fraterno Vila, padre de Alfredo Vila, el Secretario General de la GANA, acompañó como candidato presidencial a Arzú dentro de la fórmula que el PAN presentó para las elecciones generales de 1990.

EG En EG aparecen como principales financistas, Fernando Montenegro Castillo, miembro del comité político de este partido, ex Presidente de la Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ) y ligado al grupo corporativo del Banco G&T Continental. Su primo, Flavio Montenegro Castillo, es el Presidente de este banco. Otro visible es Mario Fuentes Destarac, quien ha sido abogado de CACIF, miembro del directorio del diario elPeriódico y hoy recién nombrado Presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON).

Es lógico pensar que los recursos que la Premio Nóbel de la Paz obtiene a través de las franquicias en Guatemala, de la cadena de las Farmacias Similares, pues sustenten su candidatura presidencial.