Análisis de situación
Año 3, No. 20, 11 de abril de 2012
ENTREVISTA CON
JORGE SANTOS
Coordinador General del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)
“El paquete de Actualización Tributaria no modifica sustancialmente las circunstancias que hoy enfrentan las finanzas públicas del Estado guatemalteco”
Entrevista con Jorge Santos, director de CIIDH
Por Equipo Enfoque
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El paquete de Actualización Tributaria no modifica sustancialmente las circunstancias que hoy enfrentan las finanzas públicas del Estado guatemalteco (…) Es una propuesta que se queda muy alejada del propósito de solventar las finanzas públicas y que muy probablemente, las iniciativas de Ley que se negociaron frente al gran capital puedan, inclusive, profundizar aún más esa crisis”.
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nfoque entrevistó a Jorge Santos, Coordinador General del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), acerca del paquete de impuestos conocido como Actualización Tributaria, que el gobierno de Otto Pérez Molina y del Partido Patriota (PP) aprobó en febrero del presente año y que entrará en vigencia en el año 2013. En su intervención, Santos parte de analizar el contenido del paquete desde una valoración del estado de las finanzas públicas desde finales del año pasado y al inicio del presente, cuando el Partido Patriota (PP) asume la conducción política del gobierno, como una de las causas que da origen al planteamiento de la hoy aprobada Actualización Tributaria, a la vez que enfatiza en las prioridades que este partido tiene en el gobierno para echar a andar sus promesas de campaña. En ese contexto, Santos detalla las dinámicas y el proceso de negociaciones que el paquete de medidas tributarias despertó, tanto hacia adentro del Congreso de la República como con grupos de presión tales como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Financieras e Industriales (CACIF), que fue el único con el cual el gobierno negoció a puerta cerrada el paquete, y pasa revista a los principales puntos de la Actualización Tributaria la cual, el PP ha intentado presentarla como el inicio de un proceso de Pacto Fiscal más integral pero que en la práctica no es así. El Observador: ¿En qué situación concreta y a partir de qué surge la propuesta y aprobación del paquete de actualización tributaria que diseñó el Partido Patriota al asumir el gobierno en enero de 2012, toda vez que durante todo el gobierno de la UNE se quiso
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retomar no sólo una propuesta de Pacto Fiscal sino también, una propuesta concreta de reforma fiscal a través del entonces Ministro de Finanzas, Alberto Fuentes Knight, que al final no pasó? Jorge Santos: Creo que ahí hay que analizar varios factores. El primero de ellos es la situación de las finanzas públicas que, es evidente, va a encontrar el gobierno cuando todavía se está en un proceso electoral. Venimos saliendo de un proceso de crisis económica que todavía no se sienten los signos de recuperación tan plena y se perfila un año 2012 vaticinado por todos los organismos internacionales financieros, como un año donde se puede profundizar o se puede experimentar un nuevo decrecimiento en la actividad económica mundial, con sus efectos en economías tan pequeñas como las nuestras. Estas circunstancias tienen sus efectos en las finanzas públicas. De ahí que en ese momento se reúne lo que se conoce como el Grupo de los 40 -un grupo de economistas que ha estado alrededor del tema- que evalúan la propuesta que se emitió por parte del Grupo Promotor del Diálogo Fiscal en el año 2008. Ésta es una buena propuesta, con un piso mínimo que permitiría no sólo incrementar los ingresos tributarios del Estado guatemalteco sino también, realizar una serie de esfuerzos en el ámbito de la transparencia y rendición de cuentas de manera importante. Eso le es sugerido al entonces candidato presidencial por el Partido Patriota, Otto Pérez, quien se compromete a realizar esta propuesta. Dados los resultados del 6 de noviembre, el Partido Patriota empieza a presentar su escenario en torno a estas condicionalidades que en el ámbito económico y el de las finanzas públicas se están preparando. Se empieza a hablar de una serie de dificultades en cuanto al déficit fiscal que quedaría para el año 2012 que, obviamente, pone en perspectiva las dificultades para darle cumplimiento a dos aspectos fundamentales: uno, la agenda real del Partido Patriota y, el otro, algunos aspectos que desde los compromisos adquiridos en campaña, el Partido Patriota tendría necesidad de implementar para poder agenciarse de cierta legitimidad social. En ese sentido, se da un primer momento en el cual se está analizando la situación de las finanzas públicas. Esto pudiera verse mínimamente transformado o profundizado al sentir de la necesidad inmediata de la aprobación de una propuesta en materia tributaria, cuando en el Congreso de la Republica se den modificaciones sustantivas, en cuanto que hay una disminución considerable de la UNE como una bancada opositora; hay un aumento significativo de la bancada del Partido Patriota pero también, hay un aumento significativo de di-
Dados los resultados del 6 de noviembre, el Partido Patriota empieza a presentar su escenario en torno a estas condicionalidades que en el ámbito económico y el de las finanzas públicas se están preparando. Se empieza a hablar de una serie de dificultades en cuanto al déficit fiscal que quedaría para el año 2012 que, obviamente, pone en perspectiva las dificultades para darle cumplimiento a dos aspectos fundamentales: uno, la agenda real del Partido Patriota y, el otro, algunos aspectos que desde los compromisos adquiridos en campaña, el Partido Patriota tendría necesidad de implementar para poder agenciarse de cierta legitimidad social
Jorge Santos, Coordinador General CIIDH
putados independientes que se conforman en una especie de bancada sin llegar a serlo, la cual aglutina otras expresiones. Sin embargo, tanto la bancada independiente como la que se conoce como la Plataforma Parlamentaria, son bancadas o diputaciones anuentes a recibir las propuestas que desde el capital emerjan y, por ende, hay una circunstancia política favorable a la aprobación de iniciativas de ley de la cual no es excepción la propuesta de actualización tributaria.
Foto: Crosby Girón
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Ese es el contexto tal vez mas importante y relevante en ese sentido, porque entonces al Partido Patriota se le abre una ventana de oportunidad para la búsqueda de una propuesta que le permitiese no sólo agenciarse de nuevos recursos sino también, legitimar su propuesta frente al capital previendo en muchos aspectos que nos parecía a nosotros vital, que estaban contenidas en la propuesta del Grupo Promotor del Dialogo Fiscal y que hoy están prácticamente ausentes de la Ley de Actualización Tributaria. Es en ese contexto, entre los meses de noviembre y diciembre de
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2011 en menor medida, pero ya en enero y parte de febrero, es el momento en el cual se da la aprobación por parte del Congreso de la República. Esto privilegia la negociación o dar a conocer la propuesta que el partido Patriota, ya como autoridades en el Ministerio de Finanzas Publicas y en el Ejecutivo, frente al gran capital aglutinado particularmente en el CACIF y se empiezan a negociar una serie de acuerdos que son parte del resultado de lo que hoy tenemos en la actualización tributaria y, sin lugar a dudas, una serie de iniciativas de Ley -que algunas ya están en el Congreso de la República- pero que van a ser impulsadas como parte de la negociación que se dio. Podemos referir sin entrar al detalle de la propuesta de actualización tributaria, que el proceso en sí mismo fue con poca transparencia, muy opaco en los términos de ser una discusión de interés nacional pero que se remitió con exclusividad a ciertos actores de poder económico en particular y que el Congreso de la República , en tanto constituyó una aplanadora vinculada al capital y a esos intereses, pues obviamente también aplicó los mecanismos de opacidad necesarios para poder sortear el tiempo y poder aprobar lo antes posible el planteamiento del Partido Patriota. Creo que ellos tenían la intencionalidad de aprobarlo lo antes posible porque muy probablemente, ese escenario de privilegio que hoy tienen en el Congreso de la Republica tenga una temporalidad muy corta y que las probabilidades futuras de aprobación de una ley tal cual ellos tenían pensada les fuese más difícil. Hay que decir que el paquete de Actualización Tributaria no modifica sustancialmente las circunstancias que hoy enfrentan las finanzas públicas del Estado guatemalteco. Dependerá mucho de cómo se administre la Ley y las acciones que impulse fundamentalmente la Superintendencia de Administración Tributaria, y cómo las medidas estrictamente tributarias que se aprobaron en el Congreso de la República, rindan más o rindan menos. Sin embargo, modificar la situación de las finanzas públicas, nos parece que es una propuesta que se queda muy alejada de este propósito y que muy probablemente las iniciativas de Ley que se negociaron frente al gran capital, puedan, inclusive, profundizar aún más la crisis de las finanzas. El Observador: ¿Cuáles son a grandes rasgos los principales puntos de la propuesta que el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal perfiló en 2008, y si ésta coincidía o no con los contenidos del Pacto Fiscal del año 2000 que nunca se llegó a concretar?
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Jorge Santos: Creo que ahí hay que ser muy objetivos. El Pacto Fiscal del año 2000 recoge en buena medida, principios básicos que modificarían la estructura de la política fiscal en Guatemala. Es efectivamente una propuesta integral de la reestructura o la reforma que debería tener la política fiscal; porque estamos hablando de una serie de principios que no sólo abordan medidas de carácter tributario, es decir, en cuanto a los ingresos del Estado sino también, hace una propuesta de los egresos o de los gastos e inversión que debe hacer el Estado, así como una serie de principios que también modificarían la forma en la que hoy está estructurada la administración tributaria y una serie de propuestas en el ámbito de la transparencia y de la rendición de cuentas. De esta forma, tenía un contenido mucho más integral. Ocho principios que sin lugar a dudas modificarían sustancialmente la estructura que hoy tenemos en términos de política fiscal. Eso es del pacto fiscal del año 2000.
I.
Los ocho principios del Pacto Fiscal del año 2000
1) Balance fiscal, o la búsqueda de unas finanzas públicas balanceadas que eviten el daño que causan los déficit públicos; 2) Ingresos del Estado, o mecanismos para propiciar el aumento en la carga tributaria; 3) Administración tributaria, o potenciar una mejora apreciable en la administración impositiva; 4) Gasto público, o lograr un gasto público efectivo que justifique el aumento anhelado por el lado de la tributación; 5) Deuda pública, o lograr que Guatemala cuente con un nivel de deuda pública sostenible; 6) Patrimonio público, o evitar que se abuse de la propiedad pública; 7) Evaluación y control, o mejorar la ética en el manejo de los recursos del Estado por parte de los funcionarios públicos; y, 8) Descentralización fiscal, o lograr que otras instancias de gobierno –en particular las municipalidades- también asuman compromisos que se deriven del Pacto Fiscal.
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En el caso de la propuesta del Grupo Promotor de Diálogo Fiscal del año 2008, es un tanto más acotada, y creo que dentro de esta propuesta hay que hacer todavía una escisión de lo que al final de cuentas, el gobierno de Álvaro Colom terminó presentando al Congreso de la República como un paquete de iniciativas de Ley que provenían de esta propuesta. Nos parece que en aquel tiempo habían, si mal no recuerdo, cinco grandes apartados que tenían relación no sólo con medidas de carácter tributario, que se concentraban en la modificación del impuesto sobre la renta fundamentalmente, y la creación de nuevos impuestos en aquel momento. Había un apartado en términos de los destinos que estos nuevos recursos debiesen tener, es decir, el Grupo Promotor hizo una propuesta detallada no sólo de estimación de lo que rendirían esas medidas tributarias, sino que además pone hacia dónde deberían estar destinados esos recursos en los montos a los cuales deberían de estar destinados. Hay un paquete completo respecto del área de administración tributaria a la vez que contiene otro paquete completo respecto de la transparencia y rendición de cuentas.
II. Los puntos principales de la propuesta del Grupo Promotor del Diálogo Fiscal de 2008 1. Reforma integral del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a) Reforma del régimen de trabajadores en relación de dependencia. b) Reforma al Régimen General para personas individuales o jurídicas que realicen actividades mercantiles, no mercantiles o que se dediquen a la prestación de servicios profesionales o de arrendamiento. c) Reforma al Régimen Optativo para personas jurídicas y personas individuales que realicen actividades mercantiles. d) Regularización del Régimen Aplicable a las Rentas de Capital. e) Reforma del Régimen de Retenciones a No Domiciliados o No Residentes: f) Permanencia en regímenes del ISR. g) Rentas afectas. h) Retenciones ISR. i) Revisión de la Política de Incentivos Fiscales. 2. Impuesto al Valor Agregado (IVA) Se propone reformar la ley del IVA para incluir lo siguiente: a) Establecimiento de un sistema de retenciones del IVA Doméstico en aduanas, que tomaría como base las importaciones de bienes finales destinados al consumo humano, realizadas por los contribuyentes.
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b) Establecimiento de un sistema de retenciones del IVA, aplicado en la fuente, para productores y distribuidores mayoristas de productos de consumo masivo. c) Facilitación y control de compras exentas del IVA. d) Fortalecimiento del Régimen Simplificado para Micro y Pequeño Contribuyente del IVA. e) Establecimiento de un impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles. 3. Medidas asociadas al tratamiento impositivo de los vehículos terrestres. a) Duplicar la tasa del Impuesto de Circulación de Vehículos. b) Creación de un Impuesto de Primera Matriculación en sustitución de Derechos Arancelarios a la Importación de Vehículos. a) Establecimiento de nuevas normas para el traspaso de vehículos y el pago del IVA. 4. Código Tributario a) Acceso a información para fines tributarios. b) Establecer la obligación de los bancos y otros entes financieros a informar o confirmar a la Administración Tributaria, a su requerimiento, sobre operaciones financieras específicas de contribuyentes relacionados con las retenciones por ellos efectuadas y pagos de tributos. No se podrá requerir o entregar información de los saldos de las cuentas o nombre de los beneficiarios. c) Establecimiento de la firma para procedimientos electrónicos. d) Creación de la obligación de aviso de cese o suspensión de operaciones. e) Asignación de facultades a la administración tributaria en materia de cierre cautelar. f) Reducción de Q 50,000 a Q 10,000 la obligación de usar medios de pago bancarizados. g) Revisión y depuración del sistema sancionatorio del Código Tributario. h) Interpretación de las normas tributarias. i) Colocación de dispositivos de control a la producción, comercialización, importación, distribución o transporte. j) Legibilidad de los documentos emitidos. k) Estudio para determinación de la factibilidad legal del arbitraje tributario. 5. Aprobación de una Ley del Sistema Aduanero Nacional. 6. Programa de Cultura Fiscal.
Álvaro Colom, al final de cuentas, presentó iniciativas sólo de corte tributario y avanza en una serie de pasos que no significaban pasar por el Congreso de la República en materia de administración tributaria y de
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transparencia. Hay algunos aspectos que se quedan para el Congreso de la República que, inclusive, hasta el momento no han sido aprobados. El Partido Patriota fue en su momento uno de los mayores opositores a la propuesta presentada por el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal porque, efectivamente, en tanto la columna era el impuesto sobre la renta se estaban modificando intereses del capital, de un capital o una elite económica que representa esos intereses, que no identifica la construcción de un Estado de Nación incluyente en donde la política fiscal pueda ser un instrumento también que propicie la producción nacional, el desarrollo y, claro también, la redistribución del ingreso. Creo que el Patriota durante los cuatro años del gobierno pasado, fiel a ese cumplimiento de la defensa de esos intereses, se opone a esa reforma del impuesto sobre la renta, y hoy propone una propuesta de actualización tributaria que contiene única y exclusivamente, medidas de carácter tributario, es decir, impuestos, en donde la columna vertebral sigue siendo el impuesto sobre la renta pero con modificaciones sustanciales a lo que había propuesto el Grupo Promotor y a la propuesta que había emitido el gobierno de Álvaro Colom. El Observador: ¿Cuáles son las principales características de la actualización tributaria presentada por el Partido Patriota? Jorge Santos: Entre las principales diferencias sustanciales que pudieran identificarse en esta propuesta del PP que benefician al capital están, fundamentalmente, la modificación en cuanto al impuesto para no residentes en la entrega de los dividendos; hay una disminución considerable en la tasa del impuesto para el pago de dividendos a empresas no residentes, que del 10% se disminuye al 5%. Creemos nosotros que ese es un beneficio que se deslinda al capital y que, sin lugar a dudas, destrabó muchas de las negociaciones que en Congreso de la República era necesario pasar para aprobar esta ley de Actualización Tributaria. Hay modificaciones importantes también, y eso hay que decirlo, en el régimen de asalariados, al incrementar la renta imponible a los Q. 60 mil. Nos parece un hecho positivo en tanto protege a la población que se encuentra en vulnerabilidad y que en alguna medida era el que estaba y sigue cargando el pago de impuestos en Guatemala. La otra modificación sustancial es la disminución del régimen del 31% a 25%. Una disminución considerable, aún por debajo del 28% que establecía el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, cerrándole un poco las brechas en cuanto a la posibilidad de presentar el porcentaje de utilidades, pero es una disminución considerable y nos parece a nosotros que lo que hay al
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final de cuentas, es una propuesta equilibrada en términos de, en el régimen asalariado, poder ser un poco más progresivo una vez que modifiquemos aspectos del impuesto sobre la renta que sean tendientes al privilegio del capital. Esta es la actualización tributaria.
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Ahí también entra la eliminación de la planilla del Impuesto sobre el Valor Agregado. Digamos que, efectivamente, en tanto que hubo un aumento a la renta imponible para asalariados, consideramos que en buena medida la eliminación de la planilla puede resultar siendo un hecho positivo sí y solo sí, también hay modificaciones importantes en cómo se administra la recaudación tributaria, es decir, la Superintendencia de Administración Tributaria tiene un papel de primer orden y, por lo tanto, el fortalecimiento de las capacidades de la Superintendencia de Administración Tributaria es un hecho relevante; de no darse este fortalecimiento y sólo estar ya aprobada la eliminación de la planilla, puede llegar a tener otros males significativos que implicarán muy probablemente, desde un estancamiento hasta una reducción del pago de impuestos. El resto de propuestas, fundamentalmente la que más rechazo ha generado, son: el impuesto a la primera matricula, muy similar a lo que había establecido el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, sólo que ahora quizá los intereses se develan más drásticamente. Pareciera que esta es una batalla que se ha despertado entre los importadores de vehículos de marcas reconocidas y tradicionales versus los importadores de vehículos usados, y que hace evidente entonces, por ende, que esta batalla hubiese sido ganada por los importadores de vehículos de empresas de marca reconocida o nuevos, digamos para imponer algunas diferencias, y los importadores medianos y pequeños son quienes resultan siendo afectados por esta medida de carácter tributario, fortaleciendo el argumento de que hay un sesgo de beneficio por parte del Partido Patriota al gran capital, desprotegiendo los intereses de los nacionales y de los productores nacionales, aún y cuando el CIIDH si tiene una posición de que estos impuestos resultan siendo favorables si son bien administrados por un lado, pero también, si los efectos de la recaudación son destinados hacia otros aspectos, que es en lo que esta propuesta está totalmente vacía. Nos parece que un impuesto de primera matricula tiene sentido si tiene un destino de fortalecimiento de otros servicios a los cuales la ciudadanía guatemalteca tiene el derecho de gozo: uno, es un sistema de transporte público de masas, que movilice a la ciudadanía guatemalteca y que se vea, de alguna manera forzada para plantearlo así, a eliminar el uso del vehículo cada vez más, y privilegie este sistema de transporte. Sin embargo, observamos que en cuanto esta propuesta está vaciada de este contenido,
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exclusivamente se convierte en un tema de privilegios a un sector en detrimento de otros y, muy probablemente eso ha despertado, sin lugar a dudas, el sentido de lo que el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal proponía, además que ya en la modificación y aprobación que se da en el Congreso de la República, se debilita la propuesta que venía del Ejecutivo y termina siendo al final de cuentas, una sanción drástica a los importadores de vehículos usados y un privilegio hacia el otro sector 1. Otra modificación que nos parece positiva, aunque habrá que esperar cómo lo adopta la Superintendencia de Administración Tributaria, es la que se le hizo al IVA en cuanto a la venta de bienes muebles e inmuebles a partir del segundo procedimiento de compra venta. Cuando se hace la Ley del Impuesto Valor Agregado se intenta eliminar el efecto cascada que tenía el impuesto anterior al consumo y, en el caso particular de las transacciones de bienes inmuebles, pues sí se estaba generando ese proceso de cascada en tanto el crédito y debito en términos de tiempo y espacio tiene una diferencia sustancial en torno a otros bienes y mercancías y, por lo tanto, bajar la tasa del 12 al 3% nos parece un hecho que puede parar beneficiando a quienes adquieren viviendas fundamentalmente de carácter usado. Esas son las propuestas, las cuales tienen un carácter estrictamente tributario y no hay nada todavía en concepto de transparencia, es decir, ahí está pendiente la Ley de Enriquecimiento Ilícito; la Ley de Fideicomisos; hay modificaciones a la Ley General del Presupuesto de Ingresos y Egresos que hay que realizar, es decir, hay una serie de modificaciones que había planteado el Grupo Promotor que hoy están totalmente ausentes. Se prometió presentarlas para mediados de marzo y existe expectativa de lo que el Ejecutivo presentará en esa línea.
1. Entre los principales grupos importadores de vehículos nuevos de marcas conocidas están, fundamentalmente: Grupo los Tres, DIDEA y Cofiño Sthal. El 2 de abril pasado, la SAT, tras dos semanas de protestas y desacuerdos expresados por los importadores de vehículos usados, acordó modificar las tasas y condiciones de la tabla de valores de referencia para el pago del IVA a las importaciones de vehículos usados. Se acordó extender los modelos de un máximo contemplado de 2007 hasta 1992 y aplicar tasas de depreciación del valor imponible del 10% al 5%, de acuerdo con el año de fabricación. Con esta ampliación de la tabla para el cálculo del pago de impuestos de los vehículos que carecen de documentación, se establece un valor de depreciación anual del 10% para vehículos hasta el modelo 2002, y para los modelos de 2002 a 1992, el valor de la depreciación anual será del 5%. La medida será temporal y estará vigente desde el 2 de abril hasta que cobre vigencia el Impuesto a la Primera Matrícula, el cual fue aprobado por el Congreso de la República pero que está pendiente de ser autorizado por el Ministerio de Economía (MIECO).
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III.
Las iniciativas de Transparencia del Gasto Público presentadas por el PP
El 11 de marzo fueron presentadas 11 iniciativas de Ley al pleno del Congreso de la República por parte del Organismo Ejecutivo, conteniendo reformas a las siete leyes siguientes:
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1. Ley Organica del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. Incluye normas presupuestarias que cada ano se plantean en el Presupuesto.
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2. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Plantea la actualización de leyes y sanciones a las entidades que se resistan a entregar información. Amplia su competencia para fiscalizar a todas las entidades y a los fideicomisos. 3. Ley de Contrataciones del Estado. Establece como monto a partir del cual se realizarán licitaciones públicas para la adquisición de bienes por Q. 3 millones. 4. Ley de Probidad y Responsabilidad de Empleados y Funcionarios Públicos. Contempla sanciones y prohibiciones por el retardo de trámites de gestiones y servicios. Además, penaliza a personas particulares que se involucren en la toma de decisiones del Estado. 5. Ley del Ejecutivo. Amplía la capacidad de delegar funciones de gestiones administrativas de ejecución, supervisión de obras y servicios públicos. 6. Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Amplia las funciones de la SAT para combatir el contrabando. Se modifican los requisitos para ser Superintendente. 7. Ley del Sistema Nacional de Planeación y Evaluación. Busca mejorar el sistema de planeación, presupuesto, y ejecución de la obra pública. También contiene la modificación total de las siguientes dos leyes: 8. Ley de Servicio Civil. Propone eliminar la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) y crear la Secretaria Nacional de Servicio Civil ( SENASEC); fortalecer el esquema dentro de los organismos del Estado y modernizar el sistema de recursos humanos; y, regular los regímenes de servicio civil que comprende a los superiores, directivos, profesionales, asistentes, técnicos y operativos. 9. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Propone que después de 6 meses de aprobada la ley, sea creada una Superintendencia de Información Estadística que reemplace al Instituto Nacional de Estadística (INE). Por último, dentro de las 11 iniciativas se propone la aprobación de las dos nuevas leyes siguientes: 10. Enriquecimiento Ilícito. Establece que la CGC vele por su cumplimiento y tipifica el delito de enriquecimiento ilícito determinando que quienes lo cometan, serán sujetos de penas entre 6 a 20 años y de una multa igual al monto de los bienes o beneficios del objeto del delito cometido. Determina también las responsabilidades en un contrato, un negocio, una concesión o un litigio. Abarca a los funcionarios, los empleados y las personas particulares. 11. Fideicomisos Públicos. Como objetivo de la ley se establece que los fideicomisos puedan ser fáciles y susceptibles de auditar así como que son de carácter público y fiscalizable los fideicomisos que sean utilizados para publicidad, probidad y transparencia. El Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Bancos y la CGC serán las encargadas de su fiscalización.
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Muy por el contrario, se está observando cierta intencionalidad de empezar a mover algunas reformas importantes que ya estaban dentro de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República que profundizarían la crisis de las finanzas públicas, pero que son de beneficio para el gran capital. Fundamentalmente estamos hablando de los dictámenes favorables que por parte de la Comisión de Economía y Comercio Exterior tienen las reformas a la Ley de la Zona Libre del Comercio y la Ley de Zonas Francas. De darse estas modificaciones tal cual dictamine favorable la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, lo poco que pudo haber sido ganado con estas pocas y sustanciales reformas que hubo por parte del Partido Patriota en la aprobación de esta Ley de Actualización Tributaria, pudieran verse reducidas a la nada en tanto que el gasto tributario que genera la reforma a la Ley de Zonas Francas y a la Ley de la Zona Libre de Comercio, pudiera ser aún más alto de lo que se recaudará a partir de esta Ley de Actualización Tributaria. Hay un vacío completo en cuanto al destino de esos recursos. La propuesta de Actualización Tributaria -que se publicó apenas como una presentación en power point que se colgó colgada en la página web del Ministerio de Finanzas- que es el único documento al cual la ciudadanía, organizaciones sociales, académicas, tuvieron acceso, plantea cuatro aspectos que van ser priorizados sin detallar montos o porcentajes de cuánto van a ser considerados en esas propuestas, aunque obviamente exponen el programa Hambre 0, desarrollo rural, seguridad y justicia, e infraestructura, pero así nada más. Nos parece que el hecho al que hay que ponerle más atención y el que ha sido menos debatido, pero que el CIIDH quiere plantear en el marco de la importancia que tiene modificar la Política Fiscal, es lo referente a que ésta propuesta que presenta el Ministerio de Finanzas Públicas, tiene un peso de carácter neoliberal importante. Habla de modificaciones tributarias que aportarán al crecimiento económico; que aportarán a mejorar la competitividad del país, volviendo ya a la tesis clásica de la famosa teoría del derrame, comprobada ya no sólo como insuficiente sino que resulta siendo una gran falsedad. Recoge en ese sentido, esa dimensión de que la política fiscal contribuirá al crecimiento económico porque permitirá mejorar los negocios, mejorar la competitividad del país y enfrentarse a los nuevos retos de la globalización; en tanto hay crecimiento económico hay empleo, hay ingresos, y todo mundo feliz y contento. Nos parece que este hecho ya fue claramente delimitado con esta propues-
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ta de competitividad presentada, en donde se fortalecerá con recursos obviamente para el Ministerio de Economía, para el PRONACOM, y que buena parte de los recursos recaudados irá al final de cuentas hacia esa intencionalidad, que nos parece a nosotros resulta un tanto ilógica para las necesidades de una población que se debate ante la pobreza, el hambre y la ausencia de garantías mínimas de derechos humanos. Sin embargo, es muy coherente del Partido Patriota crear una propuesta de medidas tributarias que beneficien al capital, acompañadas de una visión de carácter neoliberal en cuanto a crecimiento económico, derrame, competitividad, etc., y no porque los términos los desechemos en sí mismos sino porque consideramos que la política fiscal -como decía en un inicio- debe de ser un instrumento en su Jorge Santos, Coordinador General CIIDH integralidad, que promueva y Foto: Crosby Girón proteja la producción nacional, que estimule la inversión pero que también permita redistribuir el ingreso, que también permita generar empleo a partir del destino de los recursos para la concreción de infraestructura productiva y de carácter social; que también permita, por ejemplo, fortalecer los programas que están destinados a reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema así como que permita atender necesidades ingentes como la situación del hambre en el país. Estos aspectos no se contemplan en la actualización tributaria.
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Esa es una ausencia total que junto a las otras pareciera ser una ausencia más pero que en nuestro caso particular como CIIDH reviste una particular importancia, porque sino ¿qué sentido tiene una propuesta de modificación de la política fiscal en el país?, es decir, los ciudadanos y ciudadanas que tributamos, que pagamos impuestos, no estamos generando un cheque en blanco; queremos discutir y decir el destino de esos recursos; queremos que se cumpla no sólo con el apartadWo de capacidad de pago que contiene la Constitución Política de la Republica sino que vaya destinado hacia proteger los derechos humanos de la población, particularmente aquella que ha sido históricamente excluida y se encuentra en situación de vulnerabilidad en Guatemala. En resumen, hay una ausencia de justicia tributaria en la propuesta, hay un considerable incremento de los privilegios hacia el capital en ese sentido y un obvio estimulo del pago para ciertos sectores de capas medias, aunque efectivamente no se comparan a lo otorgado al capital privado. El Observador: ¿Cuál puede ser la tendencia en cuanto a este paquete de medidas que tienen que ver con la transparencia y el destino de los recursos que el gobierno del PP presentó a mediados de marzo? ¿Se considera que el gobierno va a abrir la discusión o no? Jorge Santos: Creo que estamos frente a la presencia de un hecho histórico en términos de lo siguiente: generalmente la historia de la humanidad te demuestra que siempre las grandes crisis de carácter económico fundamentalmente, van acompañadas de la asunción al poder de grupos económicos ligados a una visión del mundo de carácter autoritario y del ejercicio del poder desde esa visión. Ahí tenemos la Alemania de 1930 y la asunción de Hitler; la crisis de económica mundial y la asunción de fascistas en Europa, también en Estados Unidos, y Guatemala no fue la excepción tampoco, y creo que hoy está pasando lo mismo en el mundo. Se observa un corrimiento hacia la extrema derecha en Europa y también se observa como aquel Estado de Bienestar que era puesto como ejemplo, de garantías de derechos fundamentales de las poblaciones, se empieza a resquebrajar ante la crisis económica pero también frente al planteamiento de expresiones políticas cada vez más autoritarias y de beneficio al capital. Creo que el Partido Patriota resulta siendo eso: una expresión autoritaria que intenta recomponer el modelo de desarrollo que privilegia al capital, y no es porque el gobierno de Álvaro Colom haya significado algo sustan-
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cialmente diferente a ello, pero no era en cierto sentido tan plegado a esos intereses de modificación de esos modelos de desarrollo que, al final de cuentas refuncionalizara el modelo para permitirle la garantía de acumulación de capital a esta elite económica.
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Creo que el PP tenía esta capacidad política en el Congreso de la Republica de pasar por un proceso de mayor conocimiento público, de mayor nivel de consenso social respecto de esta actualización tributaria; sin embargo, nos parece a nosotros que en tanto esa posibilidad se va debilitando, es aún más peligroso el corte autoritario que pueda revertírsele el Partido Patriota, porque si tuvo esa ventana de oportunidades con una bancada de 62 diputados y con una plataforma parlamentaria que está como satélite al PP aprobando una serie de iniciativas de Ley, cuando estas alianzas empiecen a fragmentarse, tal como ya se ha visto de que empieza a generarse dentro del Congreso de la República, sin lugar a dudas la capacidad de negociación se reduce por un lado y, por otro, la imposición, que es la visión de este partido político, prácticamente va a profundizarse. Además, hay la suficiente evidencia que quienes pertenecen a ese partido y que hoy forman parte de buena parte de la institucionalidad pública, han estado acostumbrados, por formación, a que el consenso social se alcanza a través de la violencia y no del diálogo y el consenso platicado. Por lo tanto, estamos a las puertas del cierre de estos espacios de concertación en donde efectivamente se discuta con mayor profundidad los temas, en donde puedan incorporarse elementos de protección a la población, en donde la misma población participa en el destino de estos recursos, etc., y vamos a estar frente al incremento de que estos grupos, cuando decidamos proponer acciones diferentes a esas visiones imperantes desde el gobierno pues vamos a ser duramente criminalizados sino es que reprimidos, y son las mismas evidencias que se han visto en otros ámbitos que el PP está intentando plantear. Propongo dos ejemplos básicos. Uno es en términos de defensa de territorio. La visión que hay sobre las poblaciones de Quiché, Huehuetenango y San Marcos, es de criminalización vinculándolos con el narcotráfico y crimen organizado, fundamentalmente con cero diálogo y la imposición a sangre y fuego, de un esquema de visión del mundo. El otro es en el tema de los programas asistencia social. Tan sencillo como eso, mal que bien había crecido a unas 850 mil beneficiarias en el programa estrella del gobierno de Álvaro Colom, y hoy de tajo le han reducido el presupuesto y alcanzará para cubrir cuatro pagos de la mitad de beneficiarias, sin que las beneficiarias, tal como lo establece la doctrina de derechos humanos en la aplicación de estos programas,
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Creo que hay que ser claros en cuanto a que estamos frente a un Estado no sólo esquizofrénico por naturaleza, sino que este gobierno pareciera profundizar esa esquizofrenia en términos de lo siguiente: es un gobierno que habla de una lucha frontal en contra del modelo de clientelismo y corrupto del Estado guatemalteco, pero a la vez da demostraciones cotidianas de las intencionalidades, de los actos de corrupción y de ausencia de transparencia y de profundizar el modelo clientelar
Jorge Santos, Coordinador General CIIDH
puedan ser sujetas de su propia decisión y de las modificaciones que el programa en algún sentido pueda llegar a tener. Son dos ejemplos que en materia fiscal ya se dieron. No se discutió prácticamente con absolutamente nadie, más que con el CACIF la propuesta y que frente a un escenario de reducción de la bancada patriota o de poca disponibilidad de la plataforma parlamentaria para apoyar las iniciativas del Partido Patriota, o la solicitud de mayores privilegios hacia otros partidos políticos, o hacia otras expresiones políticas del Congreso de la República se vayan dando, la tendencia de imposición va a hacer aún mayor y la capacidad que haya de alcanzar consensos sea aún menor, y lo estamos empezando a identificar en otros espacios en los que el PP está actuando. De ahí que la posibilidad de alcanzar consensos de carácter nacional y sociales, están muy lejos de alcanzarse. El Observador: Una última reflexión Jorge Santos: Creo que hay que ser claros en cuanto a que estamos frente a un Estado no sólo esquizofrénico por naturaleza, sino que este gobierno pareciera profundizar esa esquizofrenia en términos de lo siguiente: es un gobierno que habla de una lucha frontal en contra del modelo de clientelismo y corrupto del Estado guatemalteco, pero a la vez da demostraciones cotidianas de las intencionalidades, de los actos de corrupción y de ausencia de transparencia y de profundizar el modelo clientelar. Hechos concretos que están ya a la vista con las compras
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que realizó el Ministerio de Salud Pública 2; hay que darle seguimiento el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; lo que está ocurriendo en el Ministerio de Cultura y Deportes así como lo que está ocurriendo en el Registro General de la Propiedad 3. Por otra parte, la negociación con las mineras pues es una negociación no sólo espuria sino ilegitima. Respecto a esto último, creo que no hay ciudadano que tenga esa capacidad de sentarse con las autoridades y decir: fíjese que a mí el 5% del impuesto sobre la renta me parece demasiado pero le voy a pagar el 2.5 durante 6 meses y a partir del próximo mes voy a empezar a crecer en 5 puntos porcentuales para que dentro de dos años ya le llegue 5%. No hay ciudadano que pueda hacer eso, no hay una empresa honorable, honesta, que pueda realizar eso. 2. En el período comprendido entre el 16 al 24 de enero, varias carteras del Sector Público realizaron 362 compras, ya sea a través del mecanismo de compra directa o de contrato abierto, de las cuales, 134 correspondieron al Ministerio de Salud Pública. Esta dependencia erogó Q. 11 millones en el transcurso de una semana por concepto de insumos y medicamentos para hospitales, centros y puestos de salud. Lo que recibió la atención de los medios escritos fue que dichas compras se realizaron a empresas que venían siendo proveedoras del Estado desde 15 años atrás, así como el hecho de que entre las compras se incluyeron embutidos y carnes como chuletas y costillas de cerdo, adquiridas a las empresas Bremen y Santa Lucía, ambas vinculadas o propiedad del hoy ex Ministro de Salud, Francisco Arredondo, quien el 10 de abril de 2012, renunció al cargo, aparentemente por problemas de salud, aunque se habló de diferencias con el Ejecutivo. Debe destacarse que una de las principales o la única patrocinadora del programa televisivo Acción Positiva, fundado por Arredondo y transmitido por Guatevisión, es precisamente Santa Lucía. Las compras fueron justificadas por el Estado de Calamidad en el Sistema Nacional de Salud decretado el 16 de enero por el entrante Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y a decir de la Vicepresidenta de la Republica, Roxana Baldetti, Q. 7 millones de los Q. 11 fueron para pagar deudas del gobierno anterior, en tanto que el resto se destinó a la compra de medicinas y combustibles. Negó que las compras de alimentos se hayan hecho a Bremen. 3. Como dijo un conocido columnista del diario escrito elPeriódico, fue la misma Anabella de León, ex diputada del gobernante Partido Patriota(PP) y nueva Registradora General de la Propiedad (RGP), la que atrajo la atención hacia el RGP cuando anunció que se estaban implementando procedimientos como la ejecución de una auditoría forense, la creación de una Comisión por el Control y la Transparencia así como la contratación de grafólogo para que evaluara y comparara técnicamente las firmas de los expedientes para su trámite, a fin de detectar si hay corrupción y casos de usurpación en la compra y venta de propiedades. Sin embargo, cuando la Contraloría General de Cuentas (CGC) indicó que realizaría una auditoria a esta dependencia, la misma funcionaria intentó bloquear la fiscalización haciendo circular un dictamen de la Comisión Nacional Registral en el que se fundamentaba que los fondos privativos del RGP no eran auditables por parte de la CGC, dado que los ingresos que devenga el RGP, provenientes de la prestación de los servicios registrales, no están asignados al Presupuesto General del Estado, obviando el mandato constitucional que reza que toda dependencia del Estado es susceptible de fiscalización pública y está en la obligación de divulgar sus estados operacionales. Luego de varios días de controversia, la CGC entró a la RGP a realizar la auditoría.
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Es el segundo antecedente: el primero fue con Berger, ahora con el gobierno de Otto Pérez, lo que demuestra no sólo la debilidad del Estado sino prácticamente, lo servil que son las instituciones públicas frente a esas corporaciones transnacionales.
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Por ende, hay que ser muy claros en términos de la exigencia que debe de existir, independientemente de quien esté en el ejercicio del poder, hacia esa institucionalidad pública de construcción del Estado, de la apertura de espacios democráticos y de incremento en la inversión social. Creo que eso va a ser un faltante en este gobierno, que las organizaciones sociales, populares y de derechos humanos, no por estar frente a un gobierno de corte autoritario podemos quitar el pie del acelerador en este sentido, y el llamado es frente a la avalancha que hay, no sólo en este apartado de política fiscal, de inversión pública, sino en muchos ámbitos de la vida y el espacio público y social; lo imperativo que es la organización social y las posibilidades de construcción de organización para, efectivamente, hacerle frente a esta avalancha que se impulsa desde un gobierno que va a fortalecer todo el esquema militar y va a profundizar el esquema oligárquico del Estado guatemalteco.
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ENFOQUE es una publicación mensual de análisis de situación que es producido por la Asociación El Observador. Forma parte de la iniciativa: “Análisis Alternativo e Independiente para la Construcción de una Sociedad Democrática” con la cual se pretende contribuir en el proceso de construcción de una sociedad más justa y democrática, a través de fortalecer la capacidad para el debate y discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia política de actores del movimiento social, organizaciones de la sociedad civil, medios comunicación alternativos y todas aquellas expresiones sociales que actúan en diferentes niveles: local, regional y nacional. Consejo Editorial
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